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Viviendas colaborativas autogestionadas de personas mayores: motivaciones, desafíos y demandas

Noelia Teijeiro Cal*

Recibido: 30 de octubre de 2023

Aceptado: 11 de julio de 2024

Resumen:

Este artículo explora el auge de las viviendas colaborativas entre personas mayores en España. Estas iniciativas, emergentes de movimientos sociales, reflejan un modelo de convivencia "desde abajo" que lucha por redefinir el proceso de envejecimiento a través de una autogestión colectiva de este ciclo vital. Mediante una metodología cualitativa, se estudian cinco cohousings en distintas regiones, abarcando zonas rurales con desafíos demográficos. El artículo aborda la relación entre el concepto de "comunes" y las teorías feministas de reproducción social. Se examinarán estas viviendas en términos de su dinámica, demandas, limitaciones e interacciones con sectores públicos y privados.

Palabras clave: Vivienda colaborativa; comunidad; envejecimiento; cuidados.

Clasificación JEL: J14.

Self-managed collaborative housing for older people: motivations, challenges and demands

Abstract:

This article explores the rise of collaborative housing among older adults in Spain. These initiatives, emerging from social movements, reflect a grassroots model of living that aims to redefine the aging process through collective self-management of this life cycle. Using a qualitative methodology, five cohousing communities in different regions, including rural areas facing demographic challenges, are studied. The article addresses the relationship between the concept of "commons" and feminist theories of social reproduction. These housing arrangements will be examined in terms of their dynamics, demands, limitations, and interactions with both public and private sectors.

Keywords: Collaborative housing; community; aging; care.

JEL Classification: J14.

1. Introducción

Este artículo explora el auge de las viviendas colaborativas entre personas mayores en España y se centra, específicamente, en los valores que han promovido su puesta en práctica, las estrategias seguidas para su implementación y las características de su composición. Se denomina como “viviendas colaborativas” a las soluciones habitacionales basadas en la creación de espacios y recursos compartidos, siguiendo valores de solidaridad y apoyo mutuo y, aunque las personas residentes mantienen instalaciones

^* Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento. Facultad de Sociología, Campus de Elviña. Universidad de A Coruña. España. noelia.teijeiroc@udc.es

Autor para correspondencia:noelia.teijeiroc@udc.es

privadas, su configuración y diseño se ha realizado para promover la interacción social entre las mismas. El análisis se ha focalizado en iniciativas creadas por personas mayores que tienen una base autogestionada en su organización y, habitualmente también en su financiación, es decir, en donde la administración y el coste se distribuyen de forma colaborativa y participativa entre las personas usuarias.

En España, el número de viviendas colaborativas ha experimentado un notable aumento en los últimos cinco años. Según estimaciones de Hispacoop (Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios), desde el año 2001, cuando se inauguró la primera vivienda colaborativa, hasta el 2015, se establecieron 7 comunidades para personas mayores. Sin embargo, a partir del año 2020 se han registrado ya 20 iniciativas en diferentes etapas de construcción e implementación. Este reciente auge en España contrasta con la presencia más arraigada de este fenómeno en otros países de Europa, como los Países Bajos y Suecia, donde se contabilizan más de 2.100 viviendas colaborativas en el primer caso y se estiman cerca de 2.800 en el segundo (Choi, 2004). Las motivaciones que animan la configuración de estas iniciativas son bastante comunes en todos los territorios y están relacionadas con la creación de formas alternativas de convivencia ante el incremento de los precios del suelo (Angeras, 2015) y el interés por compartir recursos de forma comunitaria (Firth, 2012). No obstante, en el caso de España su expansión mantiene también algunas especificidades propias ya que su emergencia ha estado especialmente vinculada a los valores políticos defendidos por los movimientos sociales de base ciudadana derivados de la Gran Recesión de 2008.

Es en este contexto cuando entre algunos grupos sociales se ensayan nuevas fórmulas de convivencia que se articulan en torno a ciertos valores colectivos que resaltan la cooperación y que intentan trascender a las opciones de convivencia institucionalizadas, tradicionalmente ancladas en torno a la familia nuclear y al concepto privativo de vivienda que ésta lleva asociada (Martínez-Buján y Vega, 2021; Artiaga, 2021). La articulación en España de las viviendas colaborativas con estos procesos de crítica sistémica las ha convertido en ejemplos paradigmáticos de transformación social, ya que predominan experiencias creadas “desde abajo”, es decir, a partir de las acciones de colectivos de personas mayores afines en la crítica hacia los límites que plantea la acumulación económica capitalista y, por lo tanto, no asociadas a programas promovidos por administraciones públicas o entidades mercantiles, tal y como se han originado tradicionalmente en otros territorios europeos (Turok, 1993; Diaz-García, 2023). Precisamente de esta forma asociativa en su implementación ha derivado también el carácter independiente y de autogestión de estas experiencias ya que son ajenas de la financiación pública o privada para su mantenimiento contando únicamente con las inversiones realizadas por las personas residentes.

A partir de un trabajo de campo cualitativo, que cuenta con 18 entrevistas en profundidad semi-estructuradas y 8 talleres participativos, en este documento se examinan cinco iniciativas de viviendas colaborativas auto-gestionadas por personas mayores. Se incluyen en el análisis iniciativas de diferente recorrido y trayectoria, tanto de nueva creación, como ya veteranas en su configuración, con la finalidad de explorar las dimensiones que han caracterizado su creación, sus modos de organización y los valores que han animado su promoción. Se defiende que estas iniciativas extienden su impacto más allá del mero edificio residencial en el que se ubican ya que, mediante la interacción y la organización de diversas actividades con el entorno local, se fomenta la cohesión social. Así mismo, no solo han emergido como espacios alternativos para aquellos que buscan una vida compartida y comunitaria, sino también como epicentros de reflexión y acción en torno al cuidado durante el proceso de envejecimiento. Se muestra cómo, con el devenir de los años, estas experiencias han experimentado una notable evolución, proponiendo incluso enfoques que reformulan las políticas públicas actuales de cuidados. Pero la convivencia en común no está exenta de desigualdades y tensiones que se tejen entre la posición social y económica de partida de sus integrantes, los límites jurídicos sobre los que se construye su configuración y los retos que plantea su mantenimiento a largo plazo.

Se argumenta que el reciente auge de las viviendas colaborativas de personas mayores se articula entre la filosofía de “lo común” (Laval y Dardot, 2015) y las reflexiones feministas más críticas sobre la familia, la reproducción social y los cuidados (Carrasco, 2016; Federici, 2013). El marco de “lo común” ofrece a este modelo de convivencia nuevas lógicas de organización social que superan los criterios individualistas y mercantiles hegemónicos al romper con el carácter lucrativo de la vivienda, el concepto de familia nuclear predominante y las desigualdades de poder que operan en su interior conforme al género y a la generación (Rendueles y Subirats, 2016). Las posiciones críticas feministas aportan, en este sentido, consideraciones alternativas a cómo organizar los cuidados durante la vejez, presentan opciones de supervivencia diaria ancladas en los territorios y en las comunidades que permiten buscar soluciones colectivas de cuidados que se propagan en vínculos no únicamente familiares o mercantiles, sino en las redes de apoyo diario en las que se articulan nuestras existencias (Vega, Martínez-Buján y Paredes, 2018). Es en torno a las reflexiones que plantea la convivencia colectiva y los retos asociados a una provisión de cuidados de larga duración con base comunitaria donde se sitúa la contribución de este artículo.

La estructura del documento es la siguiente: tras esta introducción, se realiza una revisión bibliográfica que profundiza en el concepto de los "comunes" y la literatura feminista. A continuación, se describe el diseño metodológico adoptado. En la siguiente sección, se investiga el contexto emergente de estas iniciativas, su dinámica operativa y las demandas asociadas. Posteriormente, se evalúan las limitaciones de este modelo y se analizan sus interacciones con diversos sectores, tanto públicos como privados.

2. Viviendas colaborativas, comunidad y cuidados

La historia europea de las viviendas compartidas, colaborativas o intergeneracionales, el fenómeno que en la literatura académica occidental se denomina como “cohousing”, asienta sus raíces en Dinamarca en la década de los sesenta (Bamford, 2005). Fue en esta época cuando un conjunto de familias tomó la innovadora decisión de vivir en una infraestructura compartida, donde podrían colectivamente criar a sus hijos y compartir gastos. No es hasta finales de los años ochenta cuanto se construye la primera experiencia de cohousing para personas mayores (Durret, 2005), también en Dinamarca, proceso que alcanza máxima popularidad internacional a mediados de los años noventa, cuando el libro, "Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves" (Mccamant et al., 1994), divulga las experiencias las convivencias compartidas de daneses en Estados Unidos. En España, esta fórmula aparece bastante más tarde, registrándose el primer proyecto conocido en el año 2001 en Málaga bajo la denominación de “Residencial Santa Clara”.

De esta manera, en los países del Norte de Europa, las convivencias colectivas surgen con la finalidad de compartir las tareas de crianza entre progenitores de diferentes núcleos familiares y de promocionar actividades comunitarias entre las personas residentes. En España, sin embargo, estas iniciativas se han orientado desde sus orígenes en torno a las especificidades de las personas mayores y, aunque se conocen algunas iniciativas intergeneracionales (como “Brisas Canarias” en La Palma), predomina la tendencia de ser creadas por y para personas que desean compartir su proceso de envejecimiento de forma colectiva (Pinazo, 2020). En Dinamarca, Finlandia, Suecia, Alemania y Reino Unido, las viviendas colaborativas han recibido un fuerte apoyo institucional por parte de las administraciones públicas (Thompson, 2020). Sus gobiernos las han promovido y financiado al considerarlas como un recurso efectivo para abordar la exclusión social y evitar la soledad no deseada, ya que, en estos territorios, gran parte de las personas que las integran están en situación de precariedad social y económica (Pedersen, 2015). De esta manera, su creación ha estado relacionada con una estrategia para garantizar viviendas dignas, donde se puedan compartir gastos y responsabilidades, luchar contra la especulación inmobiliaria, reducir la pobreza y combatir la gentrificación en las grandes ciudades (Carriou, 2015). Por ello, ha sido habitual que, en la literatura académica, este fenómeno se haya vinculado a las políticas neoliberales de vivienda y a la creciente crisis de asequibilidad (Thompson, 2020).

En contraste, en España, el impulso hacia esta forma alternativa de convivencia se ha realizado desde grupos sociales auto-organizados, afines en valores políticos y económicos, muy conscientes de desear una forma de envejecimiento activa y autónoma, alejándose de la soledad y de las barreras de las grandes urbes, y promoviendo actividades que les permitan mantener una interacción social basada en la colaboración. Se trata de colectivos de personas mayores muy bien posicionados en la estructura social y económica, que ya tenían una vivienda previa en propiedad, y que es frecuente que tengan un elevado nivel educativo. Es habitual, además, que estas iniciativas surjan para combatir el modelo imperante de cuidados durante la vejez muy centrado en las aportaciones de la familia nuclear, con escasas posibilidades de convivencias comunitarias durante el proceso de envejecimiento y con débiles respuestas de los servicios sociales públicos (Means, 2007; Monton, Recio y Alcover, 2022). De esta manera, las viviendas colaborativas entre personas mayores en España, presentan las especificidades de haber sido creadas “desde abajo” y tienden hacia la autofinanciación, sin intromisiones de las administraciones públicas o entidades mercantiles en sus valores y objetivos. Por ello, su análisis puede encauzarse desde marcos teóricos distintos a los puramente económicos y habitacionales y acercarse a los postulados que desafían, por un lado, la organización social individual, tal y como se propone desde el paradigma de “lo común” (Laval y Dardot, 2015; Moulaert et al., 2017), y, por otro lado, aquellos que exploran las posibilidades de los cuidados comunitarios durante la vejez (Vega, Martínez-Buján y Paredes, 2018; Martínez-Buján y Vega, 2021).

El enfoque de “lo común” es aquel que defiende la construcción de nuevas formas de gestión democrática basadas en la organización colectiva de la ciudadanía y cuyo germen contemporáneo parte de las aportaciones de Garret Hardin (1968) y Elinor Östrom (1990). Este paradigma se ha revitalizado en el Sur de Europa a través de las acciones de los movimientos de protesta ciudadana desencadenados por la Gran Recesión. En España, el movimiento de los indignados y de ocupación de las plazas, Stop desahucios, Marea Verde o Yo sí Sanidad Pública, son algunos ejemplos de esta respuesta cívica, muy centrada en reivindicar alternativas económicas ante la dura situación laboral, la corrupción política y la aminoración de presupuesto público destinado a los servicios sociales durante esta etapa (Roitman, 2012; Standing, 2017). Es en ese contexto cuando surge un intenso debate sobre fórmulas comunales y cooperativas opuestas a la lógica individualista, mercantil y financiera hegemónicas. Desde estos movimientos aparece una defensa de recuperar formas directas de gestión, formas directas de acción y formas más comunitarias de convivencia. Surgen, por tanto, nuevas ideas de economía social y economía colaborativa, que han generado, a su vez, una serie de prácticas reales de auto-gestión que han puesto en cuestión la economía tradicional y la organización social que de ella se deriva con respecto a la sostenibilidad de la vida (Martínez-Buján y Vega, 2021).

En estos movimientos sociales, se destaca la participación activa de grupos de jubilados que, preocupados por el rumbo del país, deciden involucrarse en el activismo social. Conocidos como "yayoflautas", estos ciudadanos han sido parte de numerosas protestas callejeras con el objetivo de resaltar la importancia de incluir a los mayores en las decisiones políticas. Este grupo, reconocido por su enérgica acción colectiva, lucha principalmente por defender las libertades, proteger los logros sociales alcanzados y fomentar el respeto hacia los derechos colectivos (Alonso-González, 2015). En 2011, durante las movilizaciones de los indignados, surgió en Barcelona la primera asociación de yayoflautas. Este grupo de mayores, vestidos con chalecos amarillos, tomó las calles principalmente para reivindicar el derecho a la vivienda, dado que la burbuja inmobiliaria había provocado un aumento en los desahucios. A raíz de esto, el movimiento se expandió a otras ciudades de España y se sumó a otras causas como la sanidad, el empleo, la corrupción, la educación, la violencia de género, las pensiones y el cambio climático (si en otras ciudades tienen nombre asociativo quizá ponerlo también). En un momento en que la jubilación se veía como una etapa plácida, la crisis económica estalló, y preocupados por el futuro de sus nietas y nietos y de la sociedad en general, estos mayores han demostrado cumplir una doble función: señalar los problemas sociales existentes y mostrar un nuevo modelo de envejecimiento (Benvenuty, 2012). En este nuevo modelo de envejecimiento, marcado por la lucha y la solidaridad, se encuentra arraigado el espíritu de las viviendas colaborativas.

Y es que estos espacios nacen de un espíritu de solidaridad y de compartir operando al margen de las estructuras convencionales estatales y de mercado y han sido ideados para transformar la concepción tradicional de la vejez (Fernandez-Arrigoitia et al., 2023). Generan un ambiente de vida que prioriza el apoyo mutuo, particularmente a través del fomento de las relaciones sociales entre sus miembros y las actividades recreativas que se desarrollan en su interior (Avilla - Royo et al., 2021). La oportunidad de evadir el aislamiento y establecer conexiones con personas afines son razones primordiales que atraen a muchos hacia esta modalidad de vivienda (Gummà y Castilla, 2017). En su funcionamiento cotidiano operan a través de la participación activa y cooperación de sus miembros, dimensiones novedosas en las prácticas europeas de viviendas colaborativas y que van más allá de las personas que los habitan, ya que su intención es ejercer influencia pública mediante actividades externas, participación en debates públicos e intervención en políticas gubernamentales (Bresson y Denéfle, 2015). Entre estos programas en los que buscan una transformación se encuentran los centrados en la provisión de cuidados de larga duración.

En este contexto, adoptamos un enfoque teórico arraigado en la literatura feminista y de reproducción social. En España, la provisión de cuidados a los adultos mayores ha dependido en gran medida del trabajo no remunerado de las mujeres dentro de los hogares, con una relevante mercantilización mediante la contratación de trabajadoras de hogar y con el apoyo de programas públicos de carácter residual y de corte individual. Gran parte de la literatura sobre lo común y la perspectiva feminista de la reproducción social ha explorado el trabajo doméstico y la naturalización del papel de las mujeres como cuidadoras, promoviendo formas colectivas de organización social (Federici, 2013), en consonancia con las ideas de las feministas utópicas del siglo XIX que abogaban por la comunalización del trabajo doméstico (Sangregorio, 2010) para impulsar las responsabilidades domésticas compartidas. Las viviendas colaborativas se perfilan como una alternativa al sistema patriarcal-capitalista en el cual los cuidados y las responsabilidades del hogar están arraigados, ya que la co-habitación permite compartir las labores de cocina, limpieza y cuidado de personas, transformándolas en preocupaciones colectivas y democráticas (Tummers y MacGregor, 2019).

Estos hogares son concebidos y demandados por una generación de personas mayores que buscan vivir de manera digna y autónoma, participando activamente en los procesos de cuidado y bienestar (Huertas & Ortega, 2018). 2018). Estas iniciativas están cobrando una creciente relevancia política, reflejando una mayor conciencia sobre la importancia de reformular los modelos de atención a los cuidados de larga duración en concordancia con un modelo de cuidados anclado en el territorio y en el entorno de influencia. Se trata de tejer nuevas fórmulas de apoyo durante la vejez centradas en el apoyo mutuo, pero también en programas públicos de asistencia que incorporen la participación activa de las personas usuarias en la gestión y en el diseño, tal y como reclaman los nuevos paradigmas de democratización de la vejez (Keller y Ezquerra, 2021). Este enfoque implica otorgar a las personas mayores un mayor control y participación en las decisiones relacionadas con su cuidado y bienestar. En lugar de depender exclusivamente de servicios institucionales o familiares, las personas mayores tienen la oportunidad de colaborar entre sí y compartir recursos. Dentro de las viviendas colaborativas, estas iniciativas se apoyan en las redes sociales y los vínculos comunitarios que se crean con el fin de promover la autoayuda y una distribución equitativa de los cuidados. Este enfoque contrarresta la dependencia de las familias y mitiga la contratación precaria de trabajo femenino, como han evidenciado Artiaga (2021) y Keller & Ezquerra (2021) en sus investigaciones. En este contexto, las viviendas colaborativas en España emergen como medios para redefinir el concepto de vejez y cuidados, impulsando modelos de autogestión basados en valores colectivos que trascienden las opciones institucionales. De esta manera, se revitaliza la colectividad como un elemento fundamental para la lucha y el bienestar social.

3. Metodología

Los resultados de este artículo forman parte del proyecto PID2020-114887RB-C33 “El modelo de cuidados de larga duración en transición: estrategias políticas, familiares y comunitarias para afrontar las consecuencias de la pandemia Covid-19” ayuda PRE2021-098178, financiado/a por MICIU/AEI/ 10.13039/501100011033 y según proceda, por “FEDER Una manera de hacer Europa”, por ”FEDER/UE”, por la “Unión Europea” o por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR. La metodología cualitativa utilizada se ha basado en una combinación de técnicas etnográficas, tales como entrevistas en profundidad semiestructuradas, observación y talleres participativos, que se han llevado a cabo durante el período comprendido entre octubre de 2022 y mayo de 2023. En éstos últimos se ha mantenido un enfoque de co-creación con el fin de incorporar a las personas participantes en el diseño de la investigación (Brandsen y Honingh, 2015). La investigación se ha realizado en tres etapas.

En una primera fase se llevó a cabo un exhaustivo mapeo de las diversas propuestas de viviendas colaborativas en España identificando un total de 30 proyectos que fueron clasificados según una serie de dimensiones, entre las que se incluyen: el estado actual de la iniciativa (ya en funcionamiento o aún en desarrollo), la ubicación geográfica (entornos rurales, semiurbanos o urbanos), y su composición interna (senior, intergeneracional, exclusivamente femenino, LGTBI+ o dirigido a personas con discapacidad). La selección estuvo marcada por su orientación hacia la convivencia de personas mayores pero, también se siguió como criterio, que entre sus misiones se encontrase la transformación social. Por ello, las viviendas colaborativas objeto de investigación se han creado “desde abajo”, están organizadas bajo principios de autogestión y entre sus objetivos se encuentra el fomento de actividades de cooperación con el entorno local y el desafío de valores hegemónicos en torno a la posición de las personas mayores en la sociedad. Se escogieron como objeto de estudio cinco viviendas colaborativas de entre todas las clasificadas y que son: Residencial Santa Clara (Málaga), Axuntase (Asturias), Convivir (Cuenca), Resistir (Valencia) y Las Crisálidas (Zaragoza). Ha coincidido que todas las iniciativas escogidas se encuentran ubicadas en entornos rurales.

Tabla 1.

Características de las viviendas colaborativas objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia.

En la segunda fase de investigación se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad semi-estructuradas que estuvieron orientadas a personas residentes con al menos un año de antigüedad y/o integrantes de las comisiones de organización. Se adoptó un enfoque participativo permitiendo a las personas entrevistadas abordar temas cruciales. Se elaboró un guión temático preestablecido para organizar las conversaciones pero que contase con la suficiente flexibilidad como para introducir preguntas emergentes (Valles, 1997). Los diálogos se centraron en recopilar experiencias, perspectivas, motivaciones y necesidades de las personas participantes, revelando detalles prácticos sobre la estructura organizativa, el funcionamiento y los procesos de toma de decisiones. La Cooperativa Axuntase desempeñó un papel central en esta etapa. Siendo la primera experiencia de vivienda colaborativa analizada sirvió de enlace facilitando el acceso a otras iniciativas como Convivir y Santa Clara cuyo acceso estaba más restringido.

En total se realizaron 18 entrevistas en profundidad, 12 a mujeres y 6 a hombres, de edades comprendidas entre los 60 y 75 años, con la excepción de una persona que tenía 88 años. La primacía femenina entre las personas entrevistadas está justificada por la mayoritaria presencia de mujeres, ellas han sido la principal fuerza impulsora de estas iniciativas. En cuanto a la composición de la muestra predominan mujeres solteras o viudas, mientras que los hombres involucrados se han unido más por la influencia de sus parejas femeninas, que por voluntad independiente. Así mismo, las personas entrevistadas poseen una elevada posición social y económica: 12 personas habían sido funcionarias en los tramos superiores de cotización, 6 habían ocupado cargos de poder en empresas relevantes y todas ellas tienen estudios universitarios. Las entrevistas, con una duración media de 90 minutos, fueron llevadas a cabo por la autora y posteriormente transcritas y anonimizadas para garantizar la confidencialidad.

Finalmente, durante la tercera etapa de la investigación, desarrollada entre enero y mayo de 2023, se implementaron 8 talleres con la Cooperativa Resistir (Valencia) con la finalidad de incluir un enfoque participativo. Siguiendo los principios establecidos por Israel et al. (1998) para la investigación basada en la comunidad, hemos facilitado sesiones colaborativas en todas las etapas de la investigación, promoviendo la participación y creando un proceso de co-aprendizaje para compartir las experiencias de las personas participantes, reconociendo tanto las fortalezas como las debilidades de la investigación. Basándonos en estos principios, diseñamos una serie de talleres con diferentes objetivos. El primer taller se enfocó en la presentación y familiarización del grupo que permitió conocernos mutuamente. En el segundo, titulado “La investigación del cohousing”, reflexionamos sobre los potenciales objetivos de la investigación que finalmente se configuraron de manera conjunta y colectiva. En los talleres 4, 5 y 6, bajo el epígrafe “Evaluación y diagnóstico”, se identificaron las fortalezas y debilidades de los resultados que se estaban obteniendo. Los talleres 6 y 7 se enfocaron hacia las demandas de las personas integrantes en torno a las políticas sociales de cuidados y los cambios en la legislación autonómica con respecto a esta forma jurídica de convivencia. En el último taller, el número ocho, se trabajó en la formulación de un plan interno de apoyo mutuo y cuidados que todavía sigue en proceso. En el primer semestre de 2024 seguirán realizándose estos encuentros en los que se discutirán los resultados finales de la investigación.

4. Los desafíos de la implementación: la titularidad jurídica, la financiación y la salvaguarda de los valores cooperativos

Las motivaciones para formar parte de una vivienda colaborativa o, incluso, convertirse en parte del grupo promotor de una de las iniciativas, son comúnmente compartidas en todas las experiencias analizadas. Las narrativas resultado del trabajo de campo realizado indican la existencia de dos valores básicos que modelan el interés por este modelo de convivencia. Ambas dimensiones están relacionadas con una forma alternativa de vivir el proceso de envejecimiento: por un lado, el anhelo de una autogestión colectiva de este ciclo vital y, por otro lado, el deseo de evitar la institucionalización en residencias geriátricas que, si bien proporcionan cuidados y servicios, son percibidas como espacios donde se pierde privacidad y capacidad de decisión. Es habitual que las personas integrantes de estas iniciativas busquen en esta convivencia mantener el control sobre su cotidianidad desafiando la noción tradicional de que el envejecimiento implica inevitablemente una pérdida de agencia.

“Me horrorizaba la idea de que alguien más gestionará mi vida y decidiera por mí, sobre todo en una residencia. Por lo tanto, esta propuesta me parecía una oportunidad para estar con gente conocida, afín, solidaria y participativa” (Convivir. Mujer, 77 años)

“Esto es una prolongación de nuestro hogar, donde evitamos la soledad y estamos asistidas hasta morir (…) aquí no tenemos habitaciones compartidas, no estamos en un salón sentadas en los sillones, aquí tenemos la libertad de entrar y salir (…) y lo más importante es que esto lo eliges tú, no te trae nadie”. (Santa Clara, Mujer, 88 años)

Las viviendas colaborativas surgen, por tanto, como un contraste ante los modelos hegemónicos de vejez y cuidados y se configuran como espacios, incluso ante situaciones de dependencia, donde las personas pueden sentir que siguen formando parte de una comunidad y manteniendo una cierta autoridad sobre su vida. Por ello, aunque las estrategias de implementación presentan divergencias asociadas, tanto al contexto territorial en el que se desarrollan, como a las voluntades de las personas que las impulsan, es posible identificar pautas similares en los procedimientos para su configuración. De esta manera, durante la fase de implementación, tanto el acceso al suelo como el régimen de construcción y la financiación, son identificados como los primeros desafíos que se presentan a la colectividad. Es habitual que la construcción se ubique en áreas rurales, debido al elevado precio de los solares en las localizaciones urbanas, y que se constituyan bajo la fórmula de “cooperativa” para proceder a la edificación ya que es la única modalidad que asegura igualdad jurídica a todas las personas integrantes situándolas en la misma posición ante la toma de decisiones y de propiedad. Normalmente se procede a la “cesión de uso” de la vivienda a la “cooperativa” convirtiéndose ésta en la titular de la propiedad para evitar potenciales especulaciones inmobiliarias entre las personas participantes. “Hemos optado por la estructura cooperativa con una visión clara: evitar que alguien especule con el esfuerzo colectivo. Como cooperativa, todos somos socios con igualdad de condiciones y derechos” (Axuntase. Hombre, 67 años).

De esta manera, una de las principales reivindicaciones entre las personas participantes es la creación de regulaciones estatales y/o autonómicas que reconozcan las viviendas colaborativas como espacios compartidos de convivencia con el objetivo impulsar su desarrollo. De hecho, se observa que la presión ejercida por sus integrantes en las administraciones locales ha propiciado el avance de algunas normativas concretas a este respecto, como es el caso de la “Ley 3/2023, de 13 de abril, de viviendas colaborativas” de la Comunitat Valenciana, que establece un marco legal específico para este tipo de viviendas, reconociéndolas como una forma legítima de convivencia y proporcionando pautas para su desarrollo, gestión y financiación. A pesar de que cada una de estas normativas presenta características únicas, todas convergen en objetivos esenciales: respaldar la autonomía de estas viviendas, fomentar una vejez activa, potenciar la vida en comunidad e incentivar la auto-gestión.

“Necesitábamos una ley que nos respaldara, que nos otorgara reconocimiento, que reconociera nuestra autonomía (…) No fue fácil; llevábamos alrededor de 7 años trabajando en esto y nadie nos hacía caso. Por lo tanto, decidimos agruparnos y empezar a manifestarnos frente a las Cortes Valencianas (..) Las manifestaciones en la calle han sido clave para impulsar una Ley de Viviendas Colaborativas. Fue ahí donde conseguimos captar su atención, no querían manifestaciones civiles en la calle y, sobre todo, de un colectivo como el nuestro. Quedaba socialmente mal vernos allí con nuestra edad y fue por eso que nos hicieron caso” (Taller número 6)

La financiación suele ser ajena a las subvenciones públicas o a las percepciones privadas de filántropos por lo que las personas participantes deciden integrarse en las viviendas colaborativas con su propio capital, en algunos casos apoyadas por préstamos bancarios. La inversión inicial para formar parte de una cooperativa de viviendas oscila entre 10.000 y 50.000 euros, con un costo promedio de apartamento de 180.000 euros, según la información recabada durante el trabajo de campo. A esto se suman cuotas mensuales de alrededor de 1.000 euros por diversos servicios y recursos (servicio de comedor, electricidad, agua, actividades dentro del centro y mantenimiento de las instalaciones). Para sufragar estos costes es frecuente la venta de las viviendas propias para destinar esos ingresos a la financiación del proyecto por lo que la composición de los grupos que las conforman suele incluir a personas con buenos recursos económicos y educativos o, al menos, con la posesión de un patrimonio anterior.

Habitar en una de estas iniciativas requiere, por tanto, poseer un capital inicial que pueda destinarse para su creación y un nivel de ingresos mensual estable con el que sufragar los costos asociados. Aunque la auto-financiación es el esquema más habitual de mantenimiento, se ha encontrado entre algunas viviendas de reciente creación, la apertura a nuevas formas de obtención de ingresos. De esta manera, los resultados de la etnografía muestran que las viviendas colaborativas menos consolidadas o que están en fase de implementación, tales como “Las Crisálidas” y “Resistir”, están empezando, o bien a colaborar con promotores privados para obtener apoyo financiero, o bien, a articular demandas económicas a las administraciones públicas, tales como: la cesión de terrenos públicos para el desarrollo de sus proyectos, una revisión y clarificación del régimen fiscal que se aplica a este tipo de cooperativas así como acceso a financiación preferencial y a subvenciones estatales para su implementación. La finalidad en ambos casos es reducir las cuotas iniciales de las personas integrantes. Las viviendas más consolidadas como “Santa Clara” y “Convivir”, a las que se une también otras recientes como “Axuntase” prefieren, sin embargo, mantener la auto-financiación como medio para continuar su auto-organización sin intromisiones y sin depender de agentes externos que podrían inmiscuirse en los valores o misiones que encauce la propia colectividad. Es aquí en donde se están abriendo nuevos debates relacionados con los espacios de colaboración público-privados, con el proceso de mercantilización o privatización que podría fraguarse entre estas iniciativas o, incluso, con la democratización de estas experiencias a personas de diversas posiciones económicas o sociales.

"Me molesta que haya gente en el cohousing que tenga una vivienda en propiedad y un sueldo de 3-4 veces el IPREM, y que pidan ayudas al Estado o a inversores para financiar esto, sobre todo cuando hay jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Esto es una opción, no un derecho; vender la casa para autofinanciarnos es lo que se debe hacer”. (Convivir, Mujer, 77 años)

5. Las demandas a corto plazo: la provisión de cuidados de larga duración en comunidad.

Las personas participantes en las iniciativas incorporadas en el trabajo de campo mantienen, por el momento, niveles de salud que les permiten una convivencia basada en la autonomía e independencia. De hecho, ha sido habitual encontrar proyectos en los que se han aplicado restricciones de edad para formar parte de los mismos con la intención de que se produjese un nivel de envejecimiento escalonado y evitar la confluencia simultánea de personas que requieren cuidados de larga duración mientras todavía se está en las primeras etapas de funcionamiento de la vivienda colectiva. Organizar los cuidados es viable cuando pocos miembros requieren apoyos cotidianos ya que es posible focalizar los recursos y atenciones en ellos. Pero, el verdadero desafío surgirá cuando una proporción significativa de sus participantes presente necesidades intensas de asistencia, particularmente si se deben a condiciones neurodegenerativas, y encauzar su provisión sin desviarse de la filosofía fundamental de colaboración, apoyo mutuo y autogestión. Tal y como manifiesta una de las personas integrantes:

“Me preocupa pensar en el futuro, especialmente si mi marido o yo perdemos la cabeza. Confío en que mis amigos de aquí nos cuiden, pero ¿qué pasa si llega un momento en que no haya nadie para ayudarnos?” (Resistir. Mujer, 60 años).

En este sentido, la principal demanda está vinculada a que las viviendas colaborativas sean reconocidas jurídicamente como espacios proveedores de cuidados de larga duración para las personas que las integran. Las reivindicaciones clave en este aspecto están relacionadas con que, por una parte, sean acreditadas como un servicio social prestador de cuidados y, por otra parte, que las normativas sobre cuidados a la dependencia adapten sus criterios a formas de convivencia no centradas en personas cuidadoras familiares dentro de un hogar nuclear. De esta manera, si las viviendas colaborativas se consideran un servicio social de provisión de cuidados podría determinarse, con los mismos cánones que los espacios profesionales de cuidados, la plantilla sanitaria necesaria para la atención directa. Además, la adaptación de las normativas sobre prestación de servicios de cuidados a las convivencias ajenas a familias nucleares permitiría que puedan percibir algunas prestaciones que ahora están vedadas. Éste es el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que requiere la identificación de una persona cuidadora principal, o la Prestación Económica de Cuidados para el Entorno Familiar, que también está centrada a las personas que conviven en hogares individuales y que son cuidadas por sus parientes.

“Necesitamos una normativa que nos respalde. No es viable que, ante una persona con deterioro cognitivo, debamos recurrir a una empresa externa para servicios. Con esta normativa pedimos que, dado nuestro derecho al SAD, se designe un único trabajador para el centro y que al igual que en las residencias, se nos proporcione un subsidio para gestionar la dependencia” (Las Crisálidas. Hombre, 69 años)

Algunas Comunidades Autónomas, como Asturias y Madrid, han implementado medidas legislativas para abordar la provisión de cuidados en las viviendas colaborativas debido a la presión que han ejercido sus integrantes. En el caso de Asturias, según el criterio interpretativo Nº 6/2019 de la Consejería de Bienestar, Servicios y Derechos Sociales del Principado, se reconocen las viviendas colaborativas como centros de servicios sociales. Esto permite que sus residentes reciban los servicios y recursos del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, ya sea individualmente o como centro residencial. Por su parte, en Madrid, la Resolución 940/2022, de 1 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social también aborda este tema. En ella se establecen los criterios que deben de cumplir las viviendas colaborativas destinadas a promover la autonomía personal y atender las necesidades de personas mayores dependientes.

Vamos a servicios sociales y nos dicen que no podemos atender la dependencia en nuestro centro, a no ser que nos convirtamos en un geriátrico. Y digo yo: “¿Cómo es eso y por qué?”. Y dicen: “Porque no sois un recurso social”.. Entonces les dije: “¿No les parece que somos un recurso y además el mejor?”. Ahí nos dimos cuenta de que necesitamos cambiar la ley regional. Y empezamos a hablar de convertirlo en un recurso para tratar la dependencia. (Axuntase. Mujer, 72 años)

La situación es crítica en aquellos territorios que todavía no han avanzado en estas legislaciones y donde las viviendas colaborativas ya necesitan proveer cuidados de larga duración en sus instalaciones. De hecho, en alguna de las iniciativas estudiadas, como en “Convivir” (Cuenca) y “Residencial Santa Clara” (Málaga) se han comenzado a buscar soluciones alternativas. “Convivir”, ante la falta de una legislación autonómica que la reconozca como entidad proveedora de atención a la dependencia, decidió inscribirse en la Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha bajo la categoría de “Residencia para personas mayores”. Tal decisión trajo consigo ciertos imperativos, incluyendo la necesidad de incorporar a su plantilla personal sanitario, específicamente, una persona geriatra, una médica, una enfermera y una fisioterapeuta. “Residencial Santa Clara”, por su parte, ha recurrido al sector privado para gestionar cuidados crónicos contratando a un equipo de personas trabajadoras como gerocultoras disponibles las 24 horas del día, personal médico privado que visita el centro semanalmente y servicios de fisioterapia.

“Hemos perdido a socios con Alzhéimer e ictus. Por eso, creamos un “Departamento de atención terapéutica” compuesto por la directora, un fisioterapeuta y una enfermera que está constantemente en el cohousing y fueron contratados directamente por nosotros” (Convivir. Mujer, 77 años)

La contratación de estos servicios privados de cuidados eleva los costos de mantenimiento y amenaza la cohesión y la estabilidad financiera, como ya se observa en “Convivir”. Si la persona requiere atención especializada por dependencia, la cuota mensual puede subir entre 350 y 800 euros. A largo plazo, esto podría derivar en la institucionalización de los miembros afectados, cuestión que entraría en contradicción con los principios con los que fueron creados estas viviendas (Lebrusán, 2023). Además, también podría derivarse en una restricción de la accesibilidad para aquellas personas socias con recursos económicos limitados ya que el coste se sitúa en 2.000€/mes por persona en concepto de gastos comunes y atención a la dependencia. Frente a los desafíos económicos mencionados, el espíritu solidario de la comunidad surge como solución. La mayoría de iniciativas exploradas han instaurado un fondo solidario, alimentado por contribuciones regulares de los residentes, que se destina a garantizar el acceso a cuidados para quienes enfrentan situaciones de dependencia. Este fondo asegura que los miembros más vulnerables de la comunidad reciban el apoyo necesario en momentos de adversidad.

Además, otro de los retos que se plantean es que, si bien un grupo reducido de residentes podría asumir estos cuidados, éstos no reemplazan al apoyo familiar o a los servicios privados, especialmente cuando se requieren cuidados especializados. Las familias, si existen, enfrentan la decisión de ofrecer cuidados en el entorno de convivencia colectiva o trasladar a los afectados a centros residenciales. En ausencia de una familia próxima, los amigos y los otros residentes podrían brindar soporte temporal, pero también aquí hay límites en el compromiso. Estos desafíos subrayan la importancia de implementar herramientas y estrategias efectivas que mantengan la filosofía comunitaria de estas iniciativas vinculada a garantizar los cuidados de larga duración. Por tanto, es crucial se anticipen estos escenarios y se diseñen estrategias proactivas para garantizar su viabilidad al modelo en el futuro.

Estas dinámicas visualizan la complejidad de proveer cuidados más allá de los cánones institucionalizados en lo público, lo mercantil o lo familiar y las paradojas a las que se enfrenta la esfera comunitaria como agente de cuidados. Por una parte, mientras que las viviendas colaborativas se han creado buscando autonomía y autogestión, cuando se trata de cuidar de forma prolongada a sus integrantes, requieren de la contratación privada y mercantil de servicios externos. Esta situación será esencial abordarla para examinar la capacidad de sostenibilidad de estas iniciativas y para evaluar qué funciones es capaz de suministrar cuando no se convive con parientes próximos. Según las propias personas entrevistadas, "lo común" en los cuidados, se manifiesta primordialmente en el cuidado emocional y en el apoyo mutuo. Como expresó una participante: “Yo no te lavaré el culo, pero estaré ahí cuando lo necesites” (Resistir, mujer, 65 años). Desde esta óptica, el cuidado trasciende la mera asistencia física, evolucionando hacia una filosofía de acompañamiento integral del individuo, pero también visualiza cómo los cuidados pueden ser considerados como un sacrificio personal difícil de configurarse en las comunidades colectivas formuladas al final de la vida y no a través de vínculos entrelazados durante todo el ciclo vital.

Hay mucha gente que se cree que lo de ser una comunidad cuando alguien se ingresa tienes que estar con él. (…) Vamos a ver el estar en un hospital es muy agotador, por el estrés emocional, físico, por todo lo que sufres, eso lo haces por alguien por el que quieres mucho no por cualquiera persona de la comunidad, y más cuando eres mayor (…) yo puedo ayudarles a hacer la compra o lo que sea, ir a la farmacia, etc. (Convivir, Mujer, 77 años)

6. Conclusiones

En la última década hemos sido testigos del surgimiento y expansión de las viviendas colaborativas para personas mayores en España, un modelo inspirado en el Norte de Europa, donde estas iniciativas tienen ya un largo recorrido y cuentan con un sólido respaldo institucional. En esas latitudes, las viviendas colaborativas han surgido en su mayoría por parte de los gobiernos para dar respuesta a la problemática del acceso a la vivienda. Sin embargo, en el contexto español, las viviendas colaborativas han surgido y surgen de forma autónoma a través de la auto-organización de colectivos de personas mayores quienes, a través de estas iniciativas, buscan transformar el modelo de vejez imperante y un sistema público de cuidados residual y de corte individual.

La autodeterminación, la participación activa y la provisión de cuidados en la dependencia son elementos fundamentales de este modelo de convivencia, pero su abordaje presenta desafíos significativos. Uno de los principales obstáculos radica en la ausencia de legislación que regule y reconozca estas alternativas residenciales como fórmulas legales de convivencia colectiva, de ahí que ésta sea una de las principales demandas de estos grupos sociales. En territorios como la Comunidad Valenciana o el Principado de Asturias, gracias a las movilizaciones y presiones sociales llevadas a cabo por los miembros de las viviendas colaborativas, se ha logrado la legislación y el reconocimiento de este modelo de convivencia. Esto ha facilitado su desarrollo y acceso a recursos y servicios públicos de cuidados de larga duración. Sin embargo, aún existen Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha y Andalucía, que cuentan con viviendas colaborativas arraigadas desde hace años, donde estas leyes están pendientes. Aunque la auto-financiación es común, algunas viviendas más recientes están explorando nuevas formas de obtener ingresos, como colaboraciones con promotores privados o demandas económicas a las administraciones públicas.

Tanto en su implementación como en su funcionamiento, este modelo difiere notablemente del cohousing europeo. Su principal objetivo es abordar los cuidados en la dependencia, alejándose de la institucionalización en residencias o del cuidado ofrecido en el hogar por parte de familiares. Aquí es donde cobra importancia el aspecto comunitario: estas iniciativas buscan transformar la sociedad y las políticas públicas relacionadas con la vejez, promoviendo la autodeterminación y la democratización en este ámbito. Desde la perspectiva del enfoque comunitario y la economía de cuidados feministas, estas iniciativas se basan en la premisa de que el cuidado es responsabilidad de todos y cada uno de sus integrantes, priorizando el cuidado emocional y el apoyo mutuo. No obstante, en la actualidad se observa como en las viviendas colaborativas la comunidad no es capaz de dar respuesta a los cuidados más prolongados y formales necesitando recurrir a la contratación de servicios externos asistencia personal.

Integrarse en una vivienda colaborativa requiere tener capital para invertir lo que limita su alcance a personas con patrimonio previo e ingresos estables. Es decir, las personas integrantes pertenecen a estratos sociales y económicos pudientes. Aun así, y para preservar la llegada de personas de diferentes status sociales, algunas de las iniciativas estudiadas han decidido blindar y proteger a sus miembros socios estableciendo fondos solidarios que tienen como objetivo salvaguardar a los miembros ante el aumento considerable en los costos mensuales, especialmente aquellos asociados con la contratación de servicios privados de cuidado en situaciones de dependencia, garantizando así el acceso a cuidados de calidad en momentos de vulnerabilidad, destacando así el espíritu solidario inherente a este modelo de convivencia.

Las viviendas colaborativas en España están activamente involucradas en lo que se ha denominado la "nueva economía de los cuidados", estableciendo un modelo de provisión mucho más cercano al individuo, personalizado y en base a una economía solidaria entre las personas residentes. Sin embargo, analizar la sostenibilidad de estas iniciativas y comparar las diversas experiencias resulta complicado debido a lo reciente que es este modelo de convivencia en nuestro país. Se sugiere que futuros estudios aborden estos aspectos. No obstante, en este documento se ha resaltado que las viviendas colaborativas en España mantienen características específicas, ya que surgen desde la base y ejercen una notable influencia en las diferentes administraciones públicas. Esto se evidencia tanto en su implementación, a través de la búsqueda de formas públicas de promoción y financiación, como en su integración en los servicios sociales.

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