Entre lo público y lo común. Comedores comunitarios y política pública ante los desafíos de la pandemia en la ciudad de Córdoba, Argentina

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Entre lo público y lo común. Comedores comunitarios y política pública ante los desafíos de la pandemia en la ciudad de Córdoba, Argentina

María José Magliano*, María Victoria Perissinotti**

Recibido: 01 de junio de 2023

Aceptado: 19 de febrero de 2024

Resumen:

Este artículo analiza la trama de relaciones que se establece entre la política pública y la gestión de lo común en la ciudad de Córdoba, Argentina. Con base en una metodología cualitativa que combina entrevistas en profundidad y análisis documental, reflexiona sobre el “saber hacer” comunitario en el que se apoya la gestión de lo común en las periferias urbanas. Muestra que, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, ese “saber hacer” fue movilizado por las mujeres de sectores populares para responder a nuevos desafíos, al mismo tiempo que fue “incorporado” por distintas políticas públicas para acompañar estrategias de sostenibilidad de la vida.

Palabras clave: Gestión de lo común; comedores comunitarios; políticas públicas; Estado; Argentina.

Clasificación JEL: D6; D63; I3; I32; I38.

Between the public and the common. Community kitchens and public policy in the face of the challenges of the pandemic in the city of Córdoba, Argentina

Abstract:

This article analyzes the relationship between public policy and the management of the common in the city of Córdoba, Argentina. Based on a qualitative methodology that combines in-depth interviews and documentary analysis, it reflects on the community “know-how” that supports the management of the common in urban peripheries. It shows that, in the context of the Covid-19 health emergency, this “know-how” was mobilized by women from popular sectors to respond to new challenges, while at the same time it was “incorporated” by different public policies to support the strategies of sustainability of life.

Keywords: Management of the common; community kitchen; public policies; State; Argentina.

JEL Classification: D6; D63; I3; I32; I38.

1. Introducción

Este artículo se propone reflexionar sobre la trama de relaciones que se establece entre la política pública y la gestión de lo común en la ciudad de Córdoba, Argentina. El foco puesto en esa trama de relaciones implica considerar las múltiples formas que adquieren los procesos de autogestión comunitaria –los cuales

^* Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), CONICET y UNC. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. majomagliano@unc.edu.ar

^** Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), CONICET y UNC. Argentina. vperissinotti@gmail.com

Autor para correspondencia: majomagliano@unc.edu.ar

suelen recaer sobre las mujeres– y los modos en que el Estado se apoya en ellos y los reproduce. Entre esos procesos, nos vamos a detener en los comedores comunitarios que se extienden en las periferias urbanas de Argentina, en sus lógicas de organización y dinámicas de aprovisionamiento.

Los comedores comunitarios poseen larga data en el país, remontándose hasta la década del ochenta. Apoyados en redes de cuidado conformadas por mujeres de barrios populares, se han orientado especialmente a resolver la cuestión alimentaria –sobre todo de la población infantil– en contextos de “relegación urbana” (Wacquant, 2001). La pandemia por Covid-19 impactó fuertemente en la organización comunitaria: en el marco del recrudecimiento de la crisis social y económica por la emergencia sanitaria, personas de diferentes edades que hasta ese momento no habían resuelto sus necesidades alimentarias en comedores comunitarios, comenzaron a demandar su atención. Esto derivó en un aumento de asistentes a los comedores ya existentes, así como en el surgimiento de nuevos espacios. En el caso de Córdoba, se calculaba que en agosto de 2022 el número de comedores comunitarios ascendía a 1580, triplicando la cantidad del contexto pre-pandémico. Esta expansión, reflejo del índice de pobreza y exclusión social que en Córdoba afecta al 40,4% de las personas (INDEC, 2022), interpela de diferentes formas al Estado. En este marco, desde el Municipio se promovieron distintas acciones, como la creación en junio de 2021 del Registro Municipal de Comedores y Merenderos georreferenciados y el otorgamiento de fondos a comedores a través de Activa, una tarjeta de compra que involucra al Estado, los comedores, los comercios de la ciudad, la banca y organizaciones sociales como parte de un programa de economía comunitaria.

La premisa que organiza este texto es que el Estado y sus políticas, ya sea a nivel local, provincial o nacional, se sostienen en las redes comunitarias que son de largo alcance en Argentina en particular y en América Latina en general. Como indicamos en investigaciones previas (Magliano & Perissinotti, 2021), la gestión de lo común en contextos de relegación urbana no depende solo de una decisión estatal, sino que anuda trayectorias diversas, en las que el “saber hacer” de las mujeres que gestionan cotidianamente los espacios de cuidado (un “saber hacer” que es parte de un aprendizaje procesual que se va construyendo, sedimentando y retroalimentando con los años) resulta imprescindible. Dicho de otro modo: los comedores comunitarios que proliferan en las periferias urbanas argentinas preceden a la llegada del Estado y sus políticas. Cuando éstas llegan, lo hacen en función y a partir del entramado comunitario previo.

En el contexto nacional, las formas y características de los espacios comunitarios han recibido una creciente atención académica en los últimos años. Los estudios de Fournier (2017), Ierullo (2011, 2013), Zibecchi (2014, 2015, 2018) son una muestra de ello. A su vez, otra línea de indagación que ha ganado visibilidad recientemente se centra en las particularidades que tiene la participación de mujeres migrantes que forman parte de los sectores populares en espacios de cuidado comunitario en Argentina (Gavazzo & Nejamkis, 2021; Magliano, 2018; Rosas, 2018) y el modo en que esa participación resulta una expresión del ejercicio de la ciudadanía (Magliano & Perissinotti, 2021; Magliano & Arrieta, 2021). A partir de la emergencia sanitaria por Covid-19, la mayor presión ejercida sobre los espacios comunitarios en los barrios populares ha sido objeto de estudio (Aliano, Pi Puig & Rausky, 2022; Sanchís, 2020; Zibecchi, 2022), mostrando los procesos de reproducción social que recaen especialmente sobre las mujeres. Menos explorado aún está el análisis de las relaciones que se establecen entre el Estado –y sus políticas– y la gestión de lo común en contextos de relegación urbana.

Precisamente, este artículo intenta ser un aporte en esa dirección, contemplando como marco temporal el contexto de la pandemia. Es que, tal como señalan Martínez Buján y Vega Solís (2021), la emergencia sanitaria reavivó “la necesidad de reorganizar los esquemas de bienestar y cuidados a través de una distribución más equitativa de la provisión y la atención social entre la familia, el Estado y el mercado pero sin obviar el relevante valor del polo comunitario” que, en las periferias urbanas, cumple un papel fundamental en la sostenibilidad de la vida. Inspiradas entonces en el marco conceptual de la economía feminista, el artículo repone la centralidad del conjunto de tareas que hacen posible la continuidad de la vida, en términos humanos y sociales (Bosch, Carrasco & Grau, 2005), por fuera de las lógicas que pasan estrictamente por el mercado, así como los vínculos que se establecen entre el Estado y los espacios comunitarios.

El artículo se organiza en tres apartados, uno metodológico y los otros dos de resultados. En el primer apartado describiremos los principales instrumentos de recolección de datos en los que se apoya la investigación. En el segundo, reflexionaremos sobre el carácter autogestivo del cuidado comunitario en los barrios populares. Con esto, nos interesa especialmente dar cuenta que lo común se gestiona con cierta independencia de las lógicas y las políticas estatales.^[1] Se trata de espacios que surgen y se crean “desde abajo”, a partir de la acción de las propias vecinas quienes, frente a la ausencia del Estado, se organizan comunitariamente para dar respuestas a las distintas necesidades que se demandan. En el último apartado, analizamos cómo, en el contexto de emergencia que supuso la pandemia, el “saber hacer” adquirido a partir de esta organización “desde abajo”, fue movilizado por las propias vecinas para responder a nuevos desafíos, al mismo tiempo que fue “incorporado” por distintas políticas públicas locales que descansaron en él para implementar y acompañar estrategias de sostenibilidad de la vida en barrios populares.

2. Herramientas metodológicas

Con base en una metodología cualitativa que combina el análisis de documentos con trabajo de campo en espacios comunitarios de la ciudad de Córdoba, este artículo busca visibilizar y reconstruir el carácter autogestivo de los comedores comunitarios, así como la trama de relaciones que desde esos espacios se establece con el Estado. Por un lado, recurrimos al análisis de contenido (Cáceres, 2003) de un corpus documental conformado por un conjunto de normativas, políticas, artículos periodísticos, declaraciones mediáticas de funcionarios y material de divulgación relativo a las políticas municipales que proponemos analizar. Por otro lado, el trabajo de campo se desarrolló entre octubre de 2021 y abril de 2023 y consistió principalmente en la realización de entrevistas en profundidad con mujeres referentes de comedores comunitarios que abrieron sus puertas en el transcurso de este siglo, antes de la pandemia. En la mayoría de los casos, para contactar a nuestras interlocutoras, apelamos tanto a recomendaciones de organizaciones sociales con presencia en los territorios donde se localizan esos espacios como a contactos propios de investigaciones previas que desarrollamos en barrios populares de Córdoba.^[2] Con base en esos contactos, seleccionamos comedores ubicados en diferentes puntos de la ciudad tratando de conformar una muestra con cierto grado de heterogeneidad espacial. Realizamos un total de 12 entrevistas, todas se desarrollaron en los espacios donde funciona el comedor comunitario y se orientaron a recabar información sobre la génesis del espacio, las relaciones establecidas con el Estado y el territorio barrial, el impacto de la pandemia y las estrategias de aprovisionamiento desplegadas en pos de gestionar lo común en contextos de crisis social y económica.^[3] Finalmente, las entrevistas en profundidad se complementaron con cinco jornadas de observación participante en uno de los comedores comunitarios con los que nos contactamos. Allí acompañamos las jornadas de trabajo de las mujeres que lo sostienen y presenciamos algunos intercambios con funcionarios del gobierno local.

Es importante destacar, tal como señala Zibecchi (2022), que las organizaciones territoriales que proveen cuidados comunitarios en el contexto argentino constituyen un mapa muy heterogéneo, con diversas tradiciones, orígenes, grado de institucionalización y perfiles: religiosas, de la sociedad civil, auto gestionadas por mujeres referentes de los barrios, de la economía popular, –en particular, del sector de servicios sociocomunitarios–, entre otras. En nuestro caso, justamente, se trata de espacios autogestionados por mujeres de sectores populares que residen en los mismos barrios donde funciona el comedor comunitario.

En general, la motivación para la apertura de los comedores apunta a resolver, aunque sea parcialmente, cuestiones urgentes como la alimentación, en especial de la población infantil. Sin embargo, las actividades que nuclea el comedor comunitario desbordan la cuestión estrictamente alimentaria para abarcar distintas problemáticas que afectan la vida cotidiana de los sectores populares. Así pues, apoyo escolar, asistencia y cuidado de personas, ya sean adultas como niños/as, son algunas de las tareas que se gestionan desde los comedores. La pandemia de Covid-19 modificó tanto las dinámicas de organización del comedor comunitario como su composición: si hasta ese momento se centraron en niños y jóvenes, a partir del 2020 debieron incluir también a población adulta y adulta mayor, históricamente precarizada, que había quedado excluida de las ayudas que el Estado puso a disposición en el escenario de la emergencia sanitaria. Es que la mayor parte de los habitantes de los barrios periféricos vive del trabajo en el sector de la economía informal, el cual sufrió la mayor caída del empleo durante el primer año de pandemia. En este marco, los comedores comunitarios vieron incrementar la cantidad de asistentes, alcanzando a distintas generaciones: abuelos, padres e hijos alimentados comunitariamente.

3. Lo común en el centro de la subsistencia autogestiva

En las ciudades de América Latina, los orígenes de los espacios comunitarios son fundamentalmente autogestivos. Son los propios vecinos, y en especial vecinas, quienes han asumido la tarea de poner en funcionamiento espacios orientados a dar respuestas a las necesidades que se presentan en los barrios de relegación urbana. Entre esas necesidades, la cuestión alimentaria emerge como prioritaria. Como adelantamos, en Argentina los comedores comunitarios comenzaron a conformarse a fines de la década del ochenta, en el contexto de la crisis hiperinflacionaria. Entre 1989 y 1991, diversas organizaciones barriales y religiosas de las principales ciudades del país (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) respondieron a esta crisis con la creación de comedores comunitarios y ollas populares que asistían a personas “necesitadas” (Aliano et al., 2022; Boivin & Rosato, 1998; Ierullo, 2011; Manzano, 2013). Como señala Ierullo (2011: 53), se trató de las primeras “estrategias de colectivización” de la alimentación, iniciativa que proliferó durante la década del noventa, como respuesta al progresivo empobrecimiento de las clases trabajadoras argentinas y al creciente abandono de estas poblaciones por parte de un Estado neoliberal. En este contexto, los entramados comunitarios se multiplicaron, a lo largo y ancho del país, como una alternativa autogestiva y “territorializada” (Merklen, 2010) para garantizar colectivamente la satisfacción de las necesidades básicas y hacer frente a las ausencias estatales.

Asentándose sobre este recorrido, en 1991, las políticas públicas de alimentación –que, hasta ese momento, se habían concentrado más bien en programas de asistencia a familias, vía la provisión directa de módulos alimentarios– tomaron como uno de sus principales destinatarios a los comedores comunitarios emplazados en barrios populares.^[4] A mediados de 1991, el gobierno nacional presidido por Carlos Menem (1989-1999) creó, mediante la Ley 24049, el Fondo de Políticas Sociales Comunitarias PROSOCO-PROSUNU, a través del cual transfería dinero a las provincias para que, desde las gestiones locales, realizaran la entrega de alimentos a comedores comunitarios (Aguirre & Pautassi, 2022). En 1995, se sumaron a este Fondo dos nuevos programas que apuntaban a reforzarlo: Programa de Alimentación y Nutrición Infantil (PRANI, destinado a la población infantil que asistía a comedores comunitarios en zonas con más del 30% de la población con necesidades básicas insatisfechas) y Programa Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA, orientado a adultos mayores de 60 años con alta vulnerabilidad socio-económica). Ambos programas consistían en la entrega de módulos alimentarios para los comedores comunitarios que ya venían alimentando a estas poblaciones, como una estrategia estatal para reforzar su alcance y sostener su continuidad. Como argumenta Ierullo (2011: 56), estas intervenciones estatales –limitadas a subsidiar parcialmente la provisión de alimentos– “pueden vincularse al proceso que Jelin denominó ‘privatización del bienestar’, por medio del cual se responsabilizó a las unidades domésticas y a las organizaciones comunitarias de la gestión de estrategias” para hacer frente a las necesidades de supervivencia y de sostenibilidad de la vida.

Este panorama se intensificó tras la crisis del 2001, cuando la “masividad y profundidad que adquirieron los procesos de empobrecimiento” favorecieron la multiplicación de los comedores comunitarios como una respuesta autogestiva desde los barrios populares (Ierullo, 2011: 62). Al calor de la crisis, estos espacios fueron uno de los dos pilares (junto con la entrega directa de módulos y/o bolsones de alimentos a familias) que sostuvieron la política pública vinculada a la alimentación (Aguirre & Pautassi, 2022). Pero, además, durante este período los comedores comunitarios se consolidaron también mediante la implementación de una serie de políticas sociales que, implícitamente, fomentaron el trabajo de mujeres que habitan las periferias en espacios comunitarios anclados territorialmente. Nos referimos a las “políticas activas de empleo”, promovidas desde los organismos internacionales de crédito como una forma de resolver el problema de la pobreza en países como Argentina. Estas políticas se basaron en la entrega de subsidios (también conocidos como “transferencias condicionadas de ingresos”) a los sectores más empobrecidos de la sociedad, exigiendo una contraprestación a cambio del dinero entregado. Como sostiene Manzano (2013), fue en este contexto que los espacios comunitarios se consolidaron entre las mujeres de sectores populares como una de las formas más aceptadas para ejercer la contraprestación a la que las políticas de empleo obligaban a sus beneficiarios.

Claro que, como venimos señalando, un amplio conjunto de las mujeres que comenzaron a recibir esa contraprestación ya trabajaba previamente y se había involucrado de manera activa en esos espacios sin ningún tipo de remuneración. Ocurre que, como nos han enseñado las pensadoras feministas, en la medida en que se asocia a la “naturaleza” femenina y se realiza –mayoritariamente– en ámbitos domésticos, el trabajo de cuidados ha sido históricamente invisibilizado y desvalorizado. La consecuencia más radical de este proceso ha sido que el trabajo de cuidados no sea considerado una forma de trabajo, sino que aparezca como un servicio “natural” que las mujeres realizan por fuera de las relaciones del mercado laboral. Y así es como se entendía –tanto desde las políticas públicas, como desde el discurso social hegemónico– el trabajo que estas mujeres llevan a cabo en espacios sociocomunitarios. En diálogo con Aguirre y Pautassi (2022: 306), podemos decir que las políticas públicas vinculadas al cuidado comunitario (y, dentro de ellas, a la alimentación) siempre terminan recurriendo “a la mujer-madre-cocinera, sin cuestionar las relaciones sociales de género” ni la invisibilización de estas formas de trabajo. Su incorporación como un modo de ejercer la contraprestación de las políticas activas de empleo, tampoco resolvió esta cuestión: en efecto, gran parte de la opinión pública cuestionaba (y sigue cuestionando) la remuneración (incluso si mínima) de las tareas de cuidado comunitario.

Durante el transcurso del siglo XXI, y al compás de los procesos de autoconstrucción de asentamientos populares en las periferias urbanas que se aceleraron hacia finales de la primera década de los 2000 (Magliano & Perissinotti, 2020), los espacios de cuidado comunitario autogestionados por mujeres volvieron a expandirse, conforme se renovaban las necesidades de los sectores populares. Durante la administración del gobierno nacional de Cambiemos (2015-2019), en el marco de la profunda crisis social y económica que azotaba al país, el presupuesto destinado a fortalecer comedores comunitarios creció casi tres veces. El dato es llamativo en la medida en que todas las otras áreas presupuestarias (incluidas algunas políticas de asistencia alimentaria, como las transferencias directas a familias vulnerables para la compra de alimentos) habían sufrido serios recortes. Asimismo, durante este período, una serie de programas sociales (tanto nacionales, como provinciales y municipales) vinculados a la inserción laboral de los sectores desafiliados del mercado salarial formal (entre los que cabe destacar el Salario Social Complementario, hoy Potenciar Trabajo),^[5] volvieron a fomentar el trabajo de mujeres en espacios sociocomunitarios.

Fue durante este período (entre 2008 y 2018) que se crearon los comedores con los que trabajamos en esta investigación. En todos los casos, se trata de iniciativas que tienen como protagonistas a vecinas mujeres que, frente a la necesidad y apelando a sus propios saberes y trayectorias, se las ingeniaron para “abrir” un nuevo espacio desde donde garantizar un plato de comida para sus vecinos. Y es que nuestras interlocutoras conocen de primera mano no solo las necesidades de los barrios que habitan, sino también lo que significa estar en un comedor comunitario. “Toda la vida fuimos a comedores. Nosotros somos 12 hermanos, entonces veníamos de comedor en comedor. Y un día le dije a mi vieja y a las chicas, ‘¿y si armamos una copa?’” (Carla, barrio Las Violetas, Córdoba, marzo 2022).^[6] Al igual que Carla, Natalia conoció desde pequeña lo que era un comedor comunitario: “Toda mi vida vivimos siempre en una villa^[7] y yo veía a mis tías que siempre estaban metidas en los comedores, hasta que cuando fui grande y dije yo, ¿por qué no? [...] Tenían hambre los chicos o se sentían mal, les dolía la panza entonces optamos con un grupo de amigas y mis hermanas a tomar la decisión de que íbamos a hacer una copa de leche” (Natalia, barrio Cabildo Anexo, Córdoba, abril de 2022). Como los testimonios de Carla y Natalia muestran, se trata de un “saber hacer” que se retroalimenta de generación en generación entre los sectores populares en el marco de las barreras que encuentran estas poblaciones para generar mecanismos de movilidad social, en especial debido a sus trayectorias laborales informales y precarias.^[8]

Entre esos saberes, destaca especialmente uno: la capacidad de estas mujeres para conseguir fondos. Es que la autogestión de los espacios comunitarios plantea un dilema clave para las mujeres encargadas de su organización: su financiamiento económico. En nuestra investigación pudimos constatar que la insuficiencia de fondos para sostener los comedores es una problemática histórica y sostenida en el tiempo. En parte, esta problemática se debe a la falta de universalidad y coordinación de las políticas existentes: los espacios comunitarios resultan escenarios privilegiados para observar el solapamiento y la intermitencia de políticas y programas cuyo propósito apunta al sostenimiento, directo o indirecto, de esos espacios. Siguiendo a Aguirre y Pautassi (2022: 304), podemos decir que estas políticas resultan fragmentarias, asistenciales y polarizadas, y no se ven respaldadas por presupuestos suficientes. Es por ello que, en general, no sólo no llegan a la totalidad de los comedores comunitarios ni de las personas involucradas en su atención, sino que además muchas veces no se mantienen en el tiempo.

Asimismo, que estas políticas lleguen al territorio depende, en buena medida, de los vínculos que las mujeres entablan y construyen con organizaciones sociales con presencia barrial y con agentes estatales. Un relevamiento de comedores populares realizado en 2022 en la ciudad de Córdoba (Tomatis, 2022) nos brinda algunos datos para poder dimensionar esta cuestión. Según este informe, el 76% de las personas que trabajan en los espacios sociocomunitarios relevados perciben ingresos por su actividad a través del Potenciar Trabajo. Sin embargo, en la percepción de ingresos, se observa un rol importante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la organización gremial que representa, en Argentina, al conjunto de trabajadores que se desempeña por fuera del sistema salarial formal: mientras que, en los espacios vinculados a la UTEP, el 90% de sus trabajadoras perciben ingresos, ese porcentaje cae al 42% en espacios que no se vinculan a esta organización.

Pero, aún en los casos en que estos espacios están vinculados a organizaciones sociales y/o gremiales, las políticas nunca resultan suficientes para sostener la totalidad de sus actividades y necesidades. Es por ello que el entramado comunitario no abandona nunca la autogestión. Según el informe referido (Tomatis, 2022), la estrategia más recurrente para sostener estos espacios consiste en el aporte económico que realizan mensualmente sus mismas integrantes. Al respecto, una de nuestras entrevistadas nos comentaba: “Desde que abrimos el comedor, nosotras todos los meses aportamos a un fondo común que tenemos para tener disponible para comprar por ejemplo carne y verduras, porque del Movimiento solo nos dan los secos.^[9] Al principio eso era voluntario, cada una de las chicas dejaba lo que podía. Ahora, que la mayoría cobramos un Potenciar por el trabajo en el comedor, todos los meses dejamos $500 de ese Potenciar para ese fondo común” (Marta, barrio Los Artesanos, abril de 2023).^[10] La segunda estrategia más recurrente registrada por este informe es la autogestión de materiales e insumos. Tal como señalaban nuestras interlocutoras, las donaciones de particulares forman una parte nodal del repertorio de formas de financiamiento.

Algo que esta breve reconstrucción histórica nos permite señalar entonces es que la existencia de políticas públicas destinadas a “fortalecer” estos espacios comunitarios –ya sea mediante el subsidio parcial de los alimentos que entregan o mediante programas destinados a (sub)remunerar el trabajo de las mujeres–, convive con una realidad ineludible: el entramado comunitario sigue siendo principalmente autogestivo. Esto implica reconocer que el Estado y sus políticas llegan una vez que el espacio comunitario ya se encuentra en pleno funcionamiento. La gestión de lo común, entonces, se apoya particularmente en un “saber hacer” de las mujeres que se nutre de un esfuerzo, que es propio pero a la vez familiar y barrial, y de formas de creatividad popular desplegadas para sortear las múltiples dificultades y carencias que se les presentan: desde conseguir un espacio físico y formas de financiamiento para sostener el lugar, hasta las estrategias para armar un menú que contenga a la mayor cantidad de gente posible, sin dejar de ser lo suficientemente nutritivo y variado. En el siguiente apartado veremos cómo, en el contexto de emergencia que supuso la pandemia, este “saber hacer” fue movilizado por nuestras interlocutoras para responder a nuevos desafíos, al mismo tiempo que fue “incorporado” por distintas políticas públicas locales que descansaron en él para implementar y acompañar estrategias de sostenibilidad de la vida en barrios populares.

4. Lo público y lo común frente a los desafíos de la pandemia y la postpandemia

Como venimos señalando, y como los testimonios de nuestras interlocutoras lo indican, históricamente los comedores comunitarios tuvieron como destinatarios principales, en la mayoría de los casos, a las poblaciones infantiles. No obstante, en los últimos años, el universo de personas que demanda atención comunitaria se amplió. El recrudecimiento de la crisis socioeconómica que acompañó a las medidas sanitarias implementadas para mitigar los efectos de la pandemia –“quedate en casa”–, se vio acompañado por un aumento de asistentes a los comedores comunitarios, entre ellos personas adultas y adultas mayores. “Empezamos trabajando con niños, pero ahora vienen de todas las edades, cada vez tenemos más abuelos”, señaló Marta, referente de un comedor comunitario en barrio Los Artesanos (Marta, barrio Los Artesanos, Córdoba, noviembre de 2022). La pandemia desnudó la fragilidad a la que están expuestos los adultos mayores que forman parte de los sectores populares de Argentina. De hecho, un 26% de esa población sufre “pobreza estructural”, entendida como la privación de dos o más necesidades básicas (Amadasi, Rodríguez Espínola & Garófalo, 2022). Pero, además de los adultos mayores, la emergencia social desatada junto con la pandemia, obligó a familias y personas que nunca habían recurrido a estos espacios, a solicitar su ayuda. De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, la totalidad de los comedores duplicó (y en algunos casos incluso casi triplicó) el número de asistentes.

En esta dirección, una de nuestras entrevistadas señalaba: “Gente que nunca había pedido ir al comedor, empezó a buscar comida. Porque había gente que tenía trabajo y que no trabajó más. Ni la empleada doméstica, ni la changa, ni nada” (Patricia, barrio Familias Unidas, Córdoba, noviembre de 2021). Algo similar indica Analía: “A nuestro comedor venían chicos, ahora vienen también personas grandes, embarazadas a buscar la comida, y bueno, primero era para los chicos, pero ahora la demanda es muy alta” (Analía, barrio Villa Angelelli, Córdoba, mayo de 2022). Incluso algunos adultos varones en edades económicamente activas, para los cuales, como sostienen Aliano et al. (2022), asistir a un comedor formaba parte de un “límite simbólico”, tuvieron que recurrir a ellos. Al respecto, un vecino de barrio Familias Unidas, de unos 45 años, nos comentaba: “Con la pandemia tuve que dejar de trabajar, porque no se podía salir a la calle. Los primeros 15 días me las arreglé, pero ya cuando dieron 15 días [de aislamiento] más, ya no aguanté más. No tenía un peso, no tenía ni para hacerme una taza de té. Estuve como tres días sin comer, hasta que un amigo me dijo que su mujer hacía comida para los chicos en un comedor, que me llevara una olla y la llenara, así podía comer dos o tres días. Y ahí fue que empecé a ir” (Darío, barrio Familias Unidas, Córdoba, octubre de 2022). El pudor con el que Darío nos relató esta situación habla de la vergüenza social que supuso, para estas personas, cruzar ese “límite simbólico” sobre el que reflexionan Aliano et al. (2022).

Junto con el aumento de la cantidad de familias a las que asistían alimentariamente, durante la pandemia los comedores comunitarios desempeñaron un rol fundamental a la hora de garantizar las medidas sanitarias: en los barrios populares, fueron mayoritariamente las mujeres que trabajan en espacios sociocomunitarios quienes repartían entre sus vecinos los kits sanitarios que entregaba el gobierno nacional, quienes se encargaban de contactar con las autoridades sanitarias en caso de sospechas de enfermedad y quienes acompañaron los trámites para garantizar la vacunación y el testeo. Según el relevamiento de comedores de la ciudad de Córdoba (Tomatis, 2022), el 71% de los espacios relevados realizaron este tipo de tareas. Además, en muchos casos, nuestras interlocutoras participaron de manera activa en las campañas de vacunación, formándose para tal fin.

Es en este marco que sostenemos que la emergencia sanitaria impactó fuertemente en el entramado comunitario, no sólo en relación al aumento de la demanda de atención, sino también en relación a la gran cantidad de responsabilidades que debieron afrontar. Este impacto que generó la pandemia se resolvió a partir de estrategias que combinaron una fuerte sobrecarga de trabajo para quienes gestionan lo común con nuevas formas de vinculación con el gobierno local a partir de la implementación de políticas tendientes a apuntalar el sostenimiento de esos espacios.

Por un lado, apelando a ese “saber hacer” sedimentado con los años, nuestras interlocutoras desplegaron distintas estrategias para poder responder a la creciente demanda. Una de ellas fue ponerse de acuerdo entre los distintos comedores y merenderos del barrio, para que cada espacio sirviera una comida distinta. “Por ejemplo, nosotras preparábamos el almuerzo, la Andrea preparaba el desayuno y la Marisel la cena. Así los vecinos tenían para ir a buscar todas las comidas del día” (Marta, barrio Los Artesanos, abril de 2023). “Antes”, agrega Marta, “también pasaba mucho que si tú ibas ponte al comedor de la Andrea, después la Marisel no te daba, te decía que ya ibas al de la Andrea; pero con la pandemia eso cambió, había muy mucha necesidad, entonces empezaron a aceptar que fueras a distintos comedores en el mismo barrio. Hablamos entre todas [las referentes de estos espacios] y acordamos que, si había necesidad, podían ir a todos los comedores” (Marta, barrio Los Artesanos, abril de 2023). Esto significó, como señalábamos, una gran sobrecarga para quienes trabajan en esos espacios, pues en la gran mayoría de los casos, tuvieron que duplicar la cantidad de raciones que preparaban y aumentar la frecuencia semanal de entrega.

Por otro lado, el impacto que generó la pandemia obligó también a los distintos niveles del Estado a implementar medidas y políticas específicas para sostener estos espacios y apuntalar el trabajo de quienes allí se desempeñaban. Una de las políticas con mayor repercusión a nivel nacional fue la Ley Ramona, sancionada en diciembre de 2020 frente al reclamo que venían haciendo las organizaciones sociales para que se les reconociera a estas trabajadoras el valor de su labor. El nombre de la ley es un homenaje a Ramona Medina, una trabajadora comunitaria y referente territorial de la Villa 31 –famosa villa de la ciudad de Buenos Aires–, que murió de Covid el 17 de mayo de 2020 luego de haber denunciado insistentemente la falta de agua y el recrudecimiento de las condiciones de precariedad en su barrio. La ley contemplaba el pago, durante un año, de un bono de $5 mil pesos mensuales para todos aquellos titulares del Potenciar Trabajo que declarasen, como su tarea principal, el trabajo en un comedor comunitario.^[11] En el acto público en el que el presidente Alberto Fernández (2019-2023) anunció el pago de este bono, agradeció a las trabajadoras del sector por su “epopeya” y destacó que con su “compromiso y responsabilidad” habían logrado “salvar muchas vidas”. Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas, lo cierto es que la ley tuvo una injerencia muy acotada: finalizado el plazo originalmente estipulado, el refuerzo mensual para estos trabajadores y trabajadoras se discontinuó.

En lo que respecta a las políticas locales, como mencionábamos en la Introducción, la Municipalidad de Córdoba respondió –algo tardíamente– a la coyuntura desatada por la pandemia a través de dos acciones: la creación (en junio de 2021) del Registro Municipal de Comedores y Merenderos georreferenciados y, posteriormente, la implementación en esos mismos comedores y merenderos de la tarjeta Activa, destinada a la compra de alimentos, utensilios y elementos de higiene. La primera de estas políticas apuntaba, según señaló el funcionario responsable del área a cargo del programa, a poder trazar un mapa con la localización de estos espacios, a los fines de poder generar “una trazabilidad de los sectores vulnerables, un mapa social que no sólo nos dice la situación, dónde están, sino la prioridad para hacer el abordaje, saber si hay trabajo en el lugar, si llega el Estado y las organizaciones presentes” (Suppo, 2021). En lo concreto, la política consistió en un censo llevado a cabo desde la Municipalidad: empleadas de la oficina de “Abordaje y Gestión Territorial” de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia, se acercaban a los comedores y realizaban una breve encuesta sobre las condiciones en las que se desarrollaba (infraestructura edilicia y de equipamiento, cantidad de personas trabajando, cantidad de asistentes, frecuencia semanal en la que ofrecían alimentos, entre otras preguntas). Una vez finalizada la encuesta, las empleadas otorgaban a las trabajadoras de este espacio un carnet de color azul con el nombre del comedor, el barrio al que pertenecía y el número que le había sido asignado en la georreferenciación. Prontamente, entre las trabajadoras de esos espacios, dicho carnet comenzó a ser (re)conocido como “el DNI del comedor”, es decir, su documento de identidad. Al recibirlo, como pudimos constatar durante nuestro trabajo de campo, las vecinas encargadas de sostener estos espacios se emocionaban visiblemente, muchas veces hasta las lágrimas. Y es que, de alguna manera, recibir ese “DNI” significaba recibir un reconocimiento institucional (e intersubjetivo) de la existencia de ese espacio. De un modo análogo a un documento de identidad para un recién nacido, el “DNI del comedor” implicaba darle existencia estatal a estos espacios históricamente informalizados. Esta analogía nos permite también reforzar aquello que venimos sosteniendo a lo largo de este texto: los espacios comunitarios preceden (e, incluso, exceden) a las políticas públicas que buscan fomentarlos y/o sostenerlos.

A partir de esta política de georreferenciación –a través de la cual localizaron 982 merenderos y comedores, algo más de la mitad de los que se calculaban activos en Córdoba en 2022–, la Municipalidad de Córdoba implementó otro programa orientado a “fortalecerlos”. Se trata de la implementación, en estos espacios, de la Tarjeta Activa, una tarjeta de débito a nombre de la referente de cada espacio, que viene pre-cargada con un monto fijo mensual (en 2023 es de $15.000 pesos argentinos, equivalentes a $32 dólares americanos) con el que pueden comprar (sólo en comercios adheridos) alimentos, utensilios de cocina y productos de limpieza para garantizar el funcionamiento del comedor. Claro que, en un contexto de alta inflación como el que vive la sociedad argentina, ese monto resulta extremadamente bajo. Solo para darnos una idea de lo poco que significa, una de nuestras interlocutoras nos comentaba: “Imaginate que una garrafa nos cuesta $1600 y usamos dos por mes. El kilo de carne nos cuesta $2.000 pesos… ¡no alcanza para nada!” (Marta, Los Artesanos, abril de 2023). Además, según hemos podido registrar, la carga del dinero mensual suele tener muchas demoras. Por ejemplo, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2023, ninguna de las tarjetas recibió los fondos prometidos. “Nos depositaron todo junto recién en mayo”, nos comentó Marta. Esto repercute en una marcada (pre)ocupación por parte de las referentes de estos espacios, por saber si van a contar o no con el dinero correspondiente. “Todos los meses nos matamos llamando al 0-800 de la Activa para saber cuándo van a depositar. Siempre te dicen entre 24 a 48 horas, pero sabrá Dios entre qué 24 y 48 horas será, porque muchas veces pasan días y días y nada” (María, barrio Yofre, Córdoba, abril de 2023). Por eso, una vez más, nuestras interlocutoras nos recuerdan la importancia de no abandonar sus propias estrategias autogestivas. Son estas las que les permiten, frente a la intermitencia, las irregularidades y la insuficiencia de las políticas estatales, seguir sosteniendo sus espacios.

5. Conclusiones

En este artículo mostramos el entramado de relaciones y saberes que sustenta la gestión de lo común en las periferias urbanas argentinas. A partir de reponer las voces de aquellas mujeres que se ocupan diariamente del cuidado comunitario en los comedores, buscamos visibilizar un doble proceso: en primer lugar, las estrategias autogestivas que se sitúan en la base de la gestión de lo común; y, en segundo lugar, los modos en que el Estado y sus políticas se apoyan en esas estrategias para asegurar su presencia en los barrios de relegación urbana. La gestión de lo común, como enfatizamos a lo largo de estas páginas, se nutre de un “saber hacer” que las mujeres que pertenecen a sectores sociales populares aprenden, retroalimentan y reproducen generacionalmente. Se trata de un “saber hacer” que no puede pensarse por fuera de la reproducción de ciertos roles y relaciones de género: son las mujeres, en una extensión de sus responsabilidades en la esfera doméstica, quienes están detrás del sostenimiento de la vida comunitaria. Es el trabajo cotidiano que estas mujeres realizan el que viene garantizando, en la práctica, la continuidad de espacios e infraestructuras de “bienestar” (Fernández Álvarez, 2016) “que suplantan las funciones estatales disminuidas, desbordadas, al tiempo que se constituyen en gestoras de derechos, servicios y soportes sociales fundamentales” (Tomatis, 2022: 11).

La pandemia de Covid-19 transformó y tensionó las condiciones de existencia de los espacios de cuidado comunitario. La proliferación de los comedores y el aumento de asistentes de todas las edades que sufrieron estos espacios son una expresión de ello. En ese escenario, distintas estrategias de gestión de lo común fueron movilizadas y puestas en funcionamiento por las mujeres para responder a las nuevas demandas en torno a la subsistencia que la emergencia sanitaria generó. Como viene sucediendo desde el propio surgimiento de los espacios de cuidado comunitario a fines del siglo pasado, el Estado repara en algunas de esas estrategias, reproduciéndolas a través de la implementación de políticas públicas orientadas a sostener, aunque sea parcialmente, esos espacios. Se trata de una suerte de reconocimiento político –como sucedió en términos simbólicos con el otorgamiento de un DNI para comedores comunitarios– a la indispensabilidad de las acciones que sustentan la gestión de lo común para contener el día a día de quienes habitan las periferias urbanas. Con esto queremos resaltar que el Estado no trasciende ni transforma lo que la autogestión comunitaria propone y puede hacer. Los espacios comunitarios preceden a las políticas públicas que apuntan a su continuidad: cuando éstas llegan, lo hacen en función y a partir del entramado comunitario previo. Y no solo eso, tal como señala Narotzky (2015: 69) para el caso español, cuando el Estado llega, lo suele hacer desde una lógica neoliberal que estimula los vínculos comunitarios como otro de los modos de tornar responsables a los individuos de su propio bienestar. Es decir, a través de políticas públicas como la que analizamos en este artículo, el Estado usufructúa y se nutre de los vínculos comunitarios en la medida en que le resultan valiosos para proveer cuidados que, de otra manera, debiera garantizar.

Dedicado a la memoria de Alejandra Bustos, vecina de barrio Los Artesanos, quien murió de Covid el 13 de junio de 2021 mientras cumplía con su trabajo en uno de los muchos comedores comunitarios que funcionan en el barrio.

Clasificación JEL: D6; D63; I3; I32; I38

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