1. Introducción

La puesta en práctica de eficientes labores académicas y científicas dentro de las universidades se ve reflejada en muchos ámbitos de influencia, entre ellos, por supuesto, la sociedad. El impacto en sus principales áreas de trabajo, como la investigación, docencia y extensión, proyecta una imagen, beneficiosa o poco favorable, no solo en la calidad individual de profesores o estudiantes, sino también en la magnitud de cada alma máter y –por escalada− de sociedades y países.

En este sentido, si bien es cierto que se requiere un acorde aporte económico para las publicaciones universitarias, afectadas en los últimos años por recortes presupuestarios (Hernández, 2016), se torna de carácter superlativo su provecho y la eficiencia por encima de la eficacia. Para ello, es fundamental que se establezcan normativas que controlen y garanticen un desempeño acertado de los recursos por parte de los cuentadantes, más que en términos administrativos o contables, en concepto de asignación de roles y cumplimiento de funciones del personal que hace vida en los recintos académicos acorde con el contexto actual, caracterizado en el campo editorial, según Rodríguez y Tejada (2013), por el uso de la tecnología y redes sociales.

En Venezuela, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) es el ente encargado de la gerencia nacional de los centros de estudios superiores y ha desarrollado el Manual de Cargos de la OPSU., en el que aparecen caracterizados los distintos cargos gerenciales del sector universitario; lamentablemente, no aparece el cargo de editor científico; el más cercano es el coordinador de publicación (CÓDIGO: 19054 / NIVEL: 7), pero con un perfil desactualizado.

Dado que las revistas de investigación arbitradas constituyen el medio tradicional para que los encargados de realizar la producción científica hagan públicos sus nuevos conocimientos, en este manual o en el interno de cada universidad debería encontrarse regulada la figura del director/ editor, quien debe velar por todo el proceso editorial de este y otros tipos de productos académicos, pues las publicaciones periódicas son el “principal recurso para la divulgación del conocimiento generado en los centros e institutos de investigación de las universidades” (Díaz y Ortiz, 2014:92).

Dicha particularidad se justifica tanto en el consenso que de ellas se tiene a nivel mundial como en los exigentes sistemas de evaluación a los cuales se subordinan estos medios de comunicación, bien sea en aquellos procedentes de lengua extranjera–Web Of Science (WOS), el Scientific Electronic Library Online (Scielo), el Directorio de Revistas en Acceso Abierto (DOAJ, por sus siglas en inglés), entre otros− o de la lengua castellana –el Sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), el sistema de información de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades (RESH), entre otros−.

Así, a mejor posicionamiento en índices, bibliotecas y hemerotecas científicas, mayor reputación y fortalecimiento de la imagen institucional en la que ella es editada. Es decir, una publicación periódica manejada efectivamente, en primera instancia, aseguraría recepción en los sistemas de información especializados, a su vez, generaría atractivo de autores y colaboradores y, en consecuencia, aumentaría el reconocimiento internacional con el robustecimiento del puntaje de las universidades en rankings de valoración de escala planetaria, como Webometrics, Times Higher Education World University Ranking, The QS World University Rankings, SCImago Institutional Ranking (SIR), Academic Ranking of World Universities, CWTS Leiden Ranking (Texier,2016)

Por consiguiente, el objetivo que orienta esta investigación es analizar el perfil de un editor científico, desde el contexto de una universidad autónoma como la Universidad de Los Andes (ULA)..

Desde la perspectiva metodológica, ceñidos a los argumentos de Vasilachis (2006), este trabajo se ajusta dentro del paradigma de la investigación cualitativa, ya que es pragmático, interpretativo y parte de la base previa de los autores con respecto al tema tratado. Para sustentar lo anterior, se fundamentó el mismo con el empleo de un diseño de carácter documental, en consonancia con los planteamientos de Arias (2006).

Para Atkinson (2005), la información disponible para ser recolectada y analizada en este tipo de estudios se encuentra en la revisión de narrativas o experiencias personales, en la consideración de historias o testimonios de vida, en la observación de imágenes y productos audiovisuales −como películas o videos−, en la atención del discurso oral, en la exploración de artefactos tecnológicos y en la lectura de textos y materiales documentales.

El presente artículo, justamente, se cimentó en la búsqueda y examinación de contribuciones hechas por investigadores especializados plasmados en este último tipo de fuentes, pues se detectaron, discutieron e interpretaron descriptivamente a autores que ilustraran el funcionamiento interno de las revistas científicas y el rol de los editores como ejes centrales dentro del manejo y la realización de ellas.

El ambiente del estudio, por consiguiente, fue la institución universitaria; y el contexto, la realidad venezolana percibida en cuanto a la ausencia de un perfil actualizado del editor científico y de políticas editoriales que regulen todo el proceso inmerso dentro de estos canales de divulgación, específicamente, en la ULA y otras casas de estudios autónomas con características similares.

Por tales razones, siguiendo los lineamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010), se recurrió a un tipo de muestra no probabilística, documental orientada a la investigación cualitativa, por medio de la cual se rastrearon datos que ayudaron a comprender la actividad de las personas encargadas de producir los medios especializados y se seleccionaron, como lo indica el precepto, aquellos que por sus atributos ofrecen no solo la exploración de la opinión de los expertos y el conocimiento de los antecedentes, sino que además contribuyen a aportar nuevos conocimientos, finalidad de la producción científica; en este caso, primeramente, la clasificación de las tareas editoriales en cinco grandes conjuntos, pero, sobre todo, la construcción de un perfil actualizado de este profesional que demanda requisitos, competencias y funciones de los responsables para tales labores.

2. Revistas científicas: responsabilidades esenciales de sus miembros

Tomando en cuenta la complejidad de los procesos que hay detrás de la creación de una revista científica, conviene rememorarlos con la descripción de Ruiz (2012:s/p), para tomar conciencia sobre la enorme responsabilidad que reposa en los editores universitarios:

En sus comienzos requiere de alguien (persona o grupo) que identifique su necesidad y logre concretar la idea en un proyecto, lo cual implica respaldo institucional, la definición de objetivos, identificación de la audiencia, el estudio de costos, la organización de la producción (espacio físico, equipo editorial, personal administrativo de apoyo, árbitros, normas de publicación), la visualización de las características del diseño (selección de un nombre con significado institucional, diseño del formato, extensión, orientación temática, periodicidad), la estimación de los recursos financieros y tecnológicos, y los canales de distribución o comercialización.

En las publicaciones periódicas universitarias, los comités editoriales conforman sus ejes centrales. Estos grupos de personas son los encargados de desarrollar gran parte del trabajo para que las entregas de las ediciones sean posibles puntualmente; y son tan diversos como revistas científicas hay; sin embargo, cada uno de ellos guarda puntos coincidentes entre sí, tales como la necesaria profesionalización de sus componentes y la ineludible vinculación de varios participantes. Al respecto, LópezCozar et al, (2006:64) exponen que:

el tamaño y la composición – especialmente del Comité Editorial o de asesores– en términos de procedencia geográfica (local, nacional o internacional) o institucional (endogámica o no), son indicadores indirectos del prestigio de que goza la revista en tanto en cuanto ponen de manifiesto la capacidad de atraer hacia ella a científicos reputados y de abrirla al exterior, con lo que se puede asegurar una mayor objetividad y neutralidad, un mayor acierto en el diseño de la política editorial y una mayor proyección de la revista.

Empero, sobre todo, a esto falta sumar una parte sustancial: la direccionalidad que un editor, a cargo de todo este andamiaje, ejerza para el éxito o el fracaso de los medios especializados. Como lo sintetiza Hernández (2012:203), “es un equipo donde todos son de vital importancia, pero entre los que destaca con supremacía el rol del editor, quien se constituye en el capitán y brújula en la gestión”.

En una línea similar, Aguirre (2006:s/p) exalta que es este individuo, prácticamente en primera persona, quien publica la revista, pues la “administra, coordina, decide, selecciona, reproduce y distribuye”. Igualmente, PaniguaRoldán (2016:49) expone que él “debe conocer todo el proceso editorial (…). A él corresponde ser el intermediario entre el Comité Editorial y los autores. Corresponde también realizar las gestiones para que la revista que edita ingrese a los índices y bases de datos”. Sin duda, de su buen trabajo, y el del resto de los participantes administrativos, depende en cierta medida la reputación de cualquier medio especializado, de ahí la importancia de que sus funciones estén establecidas con precisión.

3. Los roles editoriales

Se presentan en secciones subsiguientes, aspectos centrales del rol del editor de revistas científicas, tomando en consideración la gestión encaminada por este actor fundamental en procesos específicos del quehacer editorial

3.1. Manejo de aspectos editoriales en la publicación

Rozemblum et al, (2015) discuten que la mayoría de los sistemas de evaluación valoran más aspectos relacionados con la “calidad editorial” y no así con la “calidad científica”, siendo, para los autores, una situación digna de mejorar, pues “la producción científica, que ha tenido ya una revisión por pares, se ve sometida a una nueva evaluación, más centrada en los formatos que en los contenidos” (Rozemblum et al, 2015, s/p). Esto, por ejemplo, se ve claramente definido en algunas instituciones, como LATINDEX, Scielo, REDALYC, WOS o

Scopus, las cuales confieren un connotado grado de importancia a la implementación de buenas prácticas en este aspecto.

No obstante, más allá de algunos cuestionamientos, se trata de una tendencia que responde a necesidades básicas establecidas por parte de la comunidad especializada a fin de normalizar las publicaciones y que, no obstante, pueden o no ser acatadas. Se considera importante que en las revistas científicas en línea se disponga la constancia de la dirección electrónica, del e-ISSN, del depósito legal digital, de sus reseñas históricas, de un consejo (o varios: editorial, de árbitros y de asesores) y un corrector de estilo. (también para los resúmenes traducidos a lenguas extranjeras) de cada número, así como de la lista de árbitros partícipes en los ejemplares y la tabla de contenidos en dos idiomas.. Igualmente, debido a los múltiples beneficios de la aplicación del Digital Object Identifier (DOI) sobre los artículos publicados y la utilización del Open Journal System (OJS) –cfr. García, 2014−se valora actualmente sobremanera su uso. Aunado a todo ello, las características propias dentro de las buenas prácticas editoriales, como las fechas de recepción y aceptación de los artículos o la adscripción institucional y los datos de contacto de los colaboradores, las cuales son examinadas continuamente por las instituciones correspondientes de la indexación.

3.2. Manejo de la comunicación entre autores, árbitros y evaluadores

Gómez (2001) estipula que el contacto entre todas las partes implicadas de los manuscritos debe estar asignado a la Secretaría de las revistas científicas, la cual, evidentemente, cumple las directrices de los editores. De ella depende, según la autora, la recepción y el acuse de recibo de las colaboraciones, su posterior envío a los revisores, la recolección de los dictámenes de estos y su pertinente respuesta a los autores. Cabe mencionar que hay medios especializados en los que esta función falla y los autores no reciben respuesta o la tienen tardíamente.

Como es visto, los evaluadores ejecutan parte fundamental en el proceso de aceptación de los artículos; y ellos, naturalmente, es atribuible la calidad científica de los materiales publicados. Estos expertos se rigen por sistemas de arbitrajes instaurados según las necesidades de cada publicación periódica y pueden ser ciegos o doble ciegos. En la Guía de Buenas Prácticas de las Publicaciones Periódicas y Unitarias de la Agencia Estatal Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (2016), al respecto, se explica que en el primero de ellos se guarda anonimato de quienes hacen la revisión; mientras que en el segundo se reserva la información a ambas partes, es decir, ni el investigador ni sus jurados conocen sus identidades. Además, es posible recurrir al sistema abierto, por medio del cual los participantes están al tanto entre sí.

Los revisores son un grupo conformado por dos o tres personas y la aceptación de las contribuciones depende del consenso de sus valoraciones. A su vez, ellos son internos, pues están enlazados “a la estructura editorial [de la revista]; o externos, esto es, seleccionados ad hoc (…) y sin ninguna vinculación con la Redacción de la revista. Un sistema mixto, sería el que emplea revisores internos y externos simultáneamente” (López-Cózar et al, 2006:188). En el caso de que algún miembro de la institución a la que pertenece la revista presente un manuscrito convendría establecer en la política editorial que sea evaluado solo por árbitros externos, para evitar sesgos en la evaluación, lo cual constituiría una conducta antiética (Aluja y Birke, 2004).

Se estima que para evaluar íntegramente este aspecto dentro de las publicaciones periódicas no basta con revisar la descripción del tipo de sistema de arbitraje declarado por las mismas, sino que debería tomarse en cuenta la opinión de los autores sobre el grado de satisfacción en relación a cómo se han gestionado sus artículos, objetivo que podría cumplirse a través de una encuesta en línea o creando una instancia administrativa / designando a un funcionario que monitoree las buenas prácticas comunicativas en las revistas de toda la universidad, sería una especie de instancia de atención al cliente.

En resumen, el editor debe poseer facilidad para relacionarse con los miembros del Comité Editorial, autores, árbitros y gestores de los índices o bases de datos.

3.3. Manejo de los aspectos jurídicos y legales

Una exigencia común en la comunidad científica es que los artículos enviados para su consideración en las revistas científicas deben ser inéditos y sin infracción de plagio. En relación a este último cabe mencionar que los editores, en algunos casos, carecen de herramientas electrónicas que les permitan verificar, previo al envío del manuscrito a los árbitros, si hay fallas de este tipo; no obstante, en el caso de ser detectado, puede ser retirado el artículo con un llamado de atención al autor o incluso a la institución a la cual está adscrito (Miguel, 2012). Amén a ello, se estila, cada vez más, la fijación de plazos que eviten la publicación frecuente de autores en una revista, por consiguiente, un editor debería revisar el índice acumulado de autores de la publicación y advertir al Comité Editorial sobre la lista de autores a quienes no deben aceptárseles manuscritos hasta que se cumpla el plazo aprobado, especialmente si se trata de autores de la misma institución a la que está adscrita la revista, para evitar la endogamia.

Del mismo modo, es importante que los editores tengan conocimiento en cuanto a la cesión de los derechos de autor y de la política de acceso abierto a las cuales se someten los autores cuando hacen su contribución a una publicación periódica. Para ello, las revistas disponen de formatos digitales que deben ser firmados y por medio de los cuales los investigadores declaran estar conformes con las respectivas condiciones. El editor debe atender que esto se haga para evitar conflictos con los autores sobre el uso de la publicación e incluso posibles demandas legales hacia la universidad que avala la obra.

3.4. Manejo de los procesos de indexación

Las revistas indexadas, como defiende Aguado (2016:36), están sujetas “a un sólido proceso de evaluación que incluye criterios cuantitativos y cualitativos distribuidos en los módulos de admisión, calidad y gestión”.

Para el logro de esto, es fundamental el cumplimiento de requisitos como la periodicidad, la evaluación por parte de expertos o bajos índices de endogamia. Concretar esto atraería la atención de investigadores y colaboradores, facilita los trámites de financiamiento, provee la posibilidad de coedición con otras universidades y garantizaría, sin menoscabo, la inclusión en catálogos, bibliotecas o hemerotecas especializadas.

De ahí la importancia de que los editores y comités editoriales tramiten con celeridad la incorporación en registros científicos de consulta nacionales –Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT)- e internacionales - DIALNET, DOAJ, LATINDEX, REDALYC, Scielo-.

3.5. Manejo del marketing

Para lograr estándares de alta calidad es elemental añadir una visión de emprendimientos en los procesos que pasan puertas adentro del mundo científico. Esto, para que se incorpore una concepción más amplia acerca del tratamiento que los medios especializados deben tener. Navarro y Vanegas (1996) avizoraban este principio: para los autores, una amalgama entre un acabado detallado en la realización de las revistas, la reducción de costos y la combinación armónica entre la audiencia, las necesidades reales humanas y la publicación de saberes, asegurarían el éxito de las revistas científicas.

En este sentido, en la actualidad, aunque no hay consenso en relación a la responsabilidad del editor para el cuidado de la marca de los productos editoriales, es incuestionable que en la denominada era de la Web 2.0 y las Redes Sociales (RRSS) los hacedores de una publicación periódica que tengan como meta posicionar el producto en la comunidad científica internacional deben formarse para desarrollar un trabajo de promoción eficaz en estos medios de comunicación.

Orizaola y Valdés (2015) elogian los beneficios que generan estas herramientas digitales a este tipo de revistas que pueden llegar a convertirse en “un objeto de difícil circulación (los cuales solo) se distribuyen a bibliotecas de universidades e institutos especializados” (Romero, 2005:s/p).

Por consiguiente, conviene que los editores gestionen la presencia de las publicaciones periódicas en las RRSS de mayor envergadura y penetración científica y social, a saber, Facebook, Twitter y YouTube (cfr. Collins, Shiffman y Rock, 2016).

3.6. Calidad de los aportes científicos

Este apartado remite a una serie de opiniones encontradas en los autores revisados. Esto, pues subjetivamente, por un lado, el grado de la misma puede ser atribuido por el lector, pero el juicio tanto por parte del Comité Editorial como de las instancias evaluadoras de la calidad científica de los artículos debe realizarse sin falta y discriminación, ya que los manuscritos que ven luz pública repercute directamente en el impacto de la imagen institucional. Según Terán (2013:s/p), a propósito del I Encuentro de Coordinadores de Promoción y Difusión de la Investigación y de Editores de las Revistas de la UPEL (realizado en 2010), los editores:

“debían ser más críticos a la hora de evaluar el nivel de precisión técnica, investigativa y científica con el que era abordada una temática determinada en los artículos postulados. La vinculación que tiene el artículo en su campo disciplinario, sus repercusiones e impacto en el contexto nacional e internacional. La secuencia lógica y la conexión entre los componentes del artículo. La propiedad con la que el artículo recoge el estado del conocimiento sobre el tema o la representatividad de los títulos consultados en los que se sustenta el trabajo, entre otros parámetros”.

Por supuesto, para que estas personas puedan operar con dichos criterios deben tratarse de investigadores reconocidos en el área disciplinar de la política editorial de las publicaciones periódicas, aunque en la práctica, como argumenta Cetto (2013), “normalmente los editores de las revistas académicas son personas que de buena voluntad han accedido a encargarse de la dirección o de la edición de una revista, sin tener realmente lo (sic) antecedentes para ello” (citado por Santillán-Aldana, 2013:53).

Vistas, grosso modo, las tareas que debe ejecutar este profesional es evidente el requerimiento de una supervisión y formación sobre cómo desarrollarlas, pues no resulta beneficioso ni es suficiente aprender el oficio de forma fortuita, como suele ocurrir en la mayoría de los casos.

4. Aspectos institucionales que afectan el desempeño de los editores

Normalmente, la función de estas personas es poco reconocida y no muy bien valorada, “incluso se le otorga un escaso puntaje a la realización de dictámenes para artículos científicos, al igual que a la tarea de editores académicos (o directores de revista) en las evaluaciones formales de estímulos” (Panigua-Roldán, 2016: 46).

En Venezuela, el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, es la política nacional encargada de acreditar a los investigadores, mas allí no se reconoce el papel de los editores científicos, como sí en Programa de Estímulo al Investigador (PEI), de la ULA, en donde se otorgan 15 puntos dentro del baremo de evaluación, así como ocho puntos a árbitros y componentes de consejos editoriales.

A pesar de tales reconocimientos administrativos y académicos, es posible que algunos de los implicados los consideren insuficientes. Por esto, si se toman en cuenta las funciones que deben cumplir estas personas, ellas deberían ser respaldadas con la atribución nominal de una carga académica igual a la de un jefe de departamento. y contar con un equipo de apoyo institucional que garantice el cumplimiento de estas tareas. Al igual que dentro de un consejo de departamento, uno de los miembros ejerce las funciones de secretaría, esto podría trasladarse a la dinámica de un comité editorial y, en ese caso, quien funja como secretario/ ale correspondería gozar de una carga académica reconocida de mínimo cuatro horas semanales.

Lo conveniente es que todo este personal esté integrado por miembros de la comunidad científica de distintas universidades nacionales e internacionales, porque representaría a una verdadera comunidad científica y, sin duda, disminuiría los sesgos en la aceptación de manuscritos y en el proceso de selección de árbitros. Por otro lado, para cumplir con las labores dentro de un comité editorial no se demanda hoy de la presencia física, sino que, por el contrario, se solventa a través de una frecuente comunicación a través de las plataformas electrónicas, de ahí que sea factible contar con miembros de diferentes casas de estudios.

Bajo esta perspectiva, si bien no cabe duda de la necesidad de un cambio organizacional institucional, como en la gestación del diseño de competencias profesionales para cada uno de los cargos ocupados en los productos editoriales, también es cierto el requerimiento de condiciones claras, de rigor y actualizadas para el funcionamiento de las revistas. Al respecto, Terán (2013:s/p), en defensa de los editores de la UPEL, en donde desarrolla su vida laboral y académica, describe una situación similar a la que experimentan, desde nuestra experiencia investigativa, algunos profesionales de la ULA:

“las autoridades rectorales e institucionales deben brindar atención y apoyo a los editores de cada una de las revistas, sin hacer excepciones, ya que cada una de ellas es un medidor de cómo está marchando la actividad de investigación, de docencia y extensión en nuestra universidad. Esta atención y apoyo debe estar dirigido a designar un personal administrativo exclusivo para el montaje de la revista, al pago oportuno para los traductores de los resúmenes, en las diferentes lenguas en las que circula la publicación y para su divulgación en los índices nacionales e internacionales, asimismo, para obtener la versión impresa y concretar la distribución y el canje en el ámbito nacional e internacional. La mayoría de los editores tienen asignado un sinnúmero de responsabilidades dentro de su carga horaria, aunado a ello, la labor editorial que llevan a cabo consume innumerables horas de trabajo y ésta no es considerada dentro de su horario y mucho menos recompensada económicamente.. Vale decir, (sic) que no todos los editores cuentan con un espacio, inmobiliario y equipo acorde con la naturaleza del trabajo que realizan (la negrita es nuestra)”.

Por estas razones, las universidades deben diseñar políticas editoriales definitorias que permitan la regularización de las publicaciones periódicas y de sus hacedores, a fin de asegurar un reparto equitativo de actividades y evitar el posible recargo de responsabilidades solo a la figura de quien está al frente de todo el proceso editorial, como reseñan Blanco y Bogarín (2014), en el caso de una revista científica de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Dicho instrumento legal, además, podría –por extensión− servir como antecedente para su aplicación en otras instituciones académicas nacionales, al igual que lo expresa Ovelar (2009), en un llamado similar a las autoridades de la UCV.

5. Propuesta para un perfil de editor científico

Artigas y López (2016:603) denuncian que “algunas universidades no tienen claramente definidas las características que debe tener el editor de las revistas que posee”. Esta situación podría vincularse directamente en el caso de la ULA, pues no hay un

documento en el que se establezca su perfil y a qué instancias debe rendir cuentas, aun cuando voces como la de Zamora, Castejón y Fuenmayor (2011:468) puntualizan que “los perfiles representan una instancia de definición que traduce en términos operativos, los esquemas que se pretenden a determinado nivel”. Esta ausencia de directrices gerenciales para los editores puede conllevar a prácticas laborales ineficientes.

Debido a dichas falencias, esta persona debe invertir un tiempo valioso descubriendo lo que se espera que haga y, a veces, podría pasar que cuando ya ha adquirido el dominio de las competencias del cargo por distintas razones debe dejarlo y quien es nuevamente asignado reinicia el ciclo de aprendizaje, pues no siempre se hace una transferencia idónea entre quien se va y quien llega.

Tampoco suele haber de manera transparente informes de gestión en los que haya registro escrito de lo hecho por las gestiones anteriores; es decir, algunas revistas carecen de una memoria administrativa de su funcionamiento e incluso histórica sobre cómo ha evolucionado la publicación.

En aras de contribuir con lo que consideramos debería ser el perfil de un editor de una revista científica, a continuación, se presenta una propuesta con requisitos, funciones y competencias, tomando en cuenta lo propuesto por los autores antes mencionados en el apartado 4, así como sobre la base de nuestra reflexión del contexto de la ULA (cuadro 1).

6 En el caso venezolano, se conoce, sin dictaminar que solo exista este caso, en La Universidad del Zulia (LUZ), los editores de sus revistas científicas reciben compensación económica por sus labores.

7 Cabe mencionar positivamente que en la política editorial de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín se señala que el editor y el coeditor (opcional) deben cumplir con los siguientes requisitos: 1) haber publicado un mínimo de cinco de artículos en revistas arbitradas reconocidas nacional o internacionalmente y 2) contar con postgrados en el área disciplinar del medio especializado (cf. Artigas y López 2016:603). Así también en la Universidad del Zulia (CONDES, 2014), se establece que debe ser asistente, investigador activo y solvente en los ascensos y

en los trámites administrativos del CONDES. Fuente: elaboración propia

Las universidades deberían velar por la permanencia de las publicaciones periódicas, pues estas no solo dependen del soporte económico, sino sobre todo de la generación de relevo que dé continuidad a esos proyectos manteniendo e incluso aumentando la calidad del producto, por ello, “hay una necesidad de profesionalizar la tarea editorial; de formar cuadros integrales, multidisciplinarios, para asegurar la calidad del proceso, y permitir una justa valoración de esta actividad en el mundo académico” (Paniagua-Roldan, 2016: 46).

6. Conclusiones

Este trabajo tuvo su eje central, como se ha visto, en el análisis de los expertos sobre los requerimientos de la labor editorial vinculada con la producción de las revistas científicas y en la observación de la misma en el contexto de una universidad pública venezolana, por considerar que de ella depende en gran medida el éxito de una publicación periódica, y que en buena parte de las instituciones de educación superior no hay un documento (tampoco en el Manual de Cargos de la OPSU), en el que se defina con precisión el perfil que deben cumplir quienes asumen la responsabilidad de dirigir un medio especializado.

Empero, estamos conscientes de que la propuesta aquí hecha no solucionará los diversos obstáculos que en algunas ocasiones deben sortear los productos editoriales y sus hacedores; esta debe estar acompañada de una política editorial en la cual se establezcan los criterios de calidad editorial y de contenido, así como la ubicación y funciones del personal administrativo que dará apoyo a los editores, los procesos transparentes de acceso al financiamiento, entre otros.

Convendría discutir con los editores en reuniones o consultarles a través de un instrumento en línea la propuesta de perfil presentada, de manera que una vez cuente con el aval institucional, sea aplicada en la designación de los editores.

Se trata de salvaguardar el patrimonio científico del país y ello solo será posible si las universidades planifican y ejecutan la formación de los editores científicos e incluso de los miembros de los comités editoriales.

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