Procesos de Covid-19 en Ecuador: cuando la distopía se convierte en realidad

El mundo cambia, pero muchos de los problemas siguen siendo los mismos: pobreza y desigualdad. En América Latina además de las ya conocidas circunstancias congénitas como son las disputas de poder y apropiación de sus recursos naturales de manera continua, se añade un nuevo enemigo a batir, la pandemia del Coronavirus (Covid-19). Esta situación producirá para la región una contracción económica de al menos el 5,3%, porcentaje que aumentará de manera continua mientras se prolongue la pandemia junto a restricciones políticas, económicas y sociales generadas de manera consustancial a la misma; cabe recordar que la pandemia también es un buen momento para recortar todo tipo de derechos teniendo presente que con ello los ricos cada día serán más ricos y los pobres cada día más pobres puesto que los recortes siempre pivotan en base a procesos de asimetría constante, ese es su leitmotiv. Argumento bien

alimentado por determinados gobiernos, organismos supranacionales, empresas y medios de comunicación (tra)vistiendo todo tipo de recortes y restricciones inherentes a la pandemia en base al “nuevo” principio de solidaridad, es decir, externalizando cualquier tipo de riesgo y responsabilidades a pesar de contar con programas de responsabilidad social -corporativa- repletos de voluntariedades, pero sin ningún tipo de exigibilidades.

Cualquier recorte se hará por el bien de su empresa, por el bien de su patria o simplemente

Cualquier recorte se hará por el bien de su empresa, por el bien de su patria o simplemente por el bien de Ud. mismo. Por lo tanto, no asumir la debilitación de cualquier tipo de derecho adquirido a base de cualquier tipo de conquista (incluso proveniente de generaciones previas), convierten al ciudadano en un mal trabajador o en un mal patriota. Nada más lejos de la realidad, la situación actual en América Latina producirá al menos 11,5 millones de nuevos desempleados lo que supondrá la pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo (aspecto que equivaldrá la pérdida de 31 millones de empleos de 8 horas) aumentando más si cabe la tasa media de informalidad existente en la región hasta el 54%.La pobreza aumentará en 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema un 2,6 respecto al año 2019. Esto implica que la pobreza alcanzará al 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema al 13% (83,4 millones de personas). Se impone la desigualdad como norma y no como excepción en toda América Latina estableciendo incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0% (CEPAL OIT, 2020a). Por otro lado, más de 160 millones de estudiantes de la región han dejado de tener enseñanza presencial debido al Covid-19 aumentando más si cabe la brecha de conocimiento con especial incidencia en la población migrante e indígena (UNESCO, 2016; Messina y García, 2020), todo ello a pesar de las campañas publicitarias de buena parte de las compañías de tecnología (internet) que más allá de subirse al carro de la unidad ciudadana ante la pandemia, hacen poco por facilitar internet a precios justos en zonas rurales y desfavorecidas gobiernos de todo signo político dando fe. Cabe tener presente la práctica inexistencia de cobertura social por parte de los poderes públicos latinoamericanos dejando buena parte de la ciudadanía al destino de la providencia, sin indemnizaciones o en el mejor de los casos siendo estas muy escasas y repletas de subterfugios legales tras la avalancha de despidos continuos; sin procesos de cobertura de renta básica y con anémicos programas de desempleo que en lugar de fomentarse y tecnificarse en base al control de sus beneficiarios así como meritocracia y esfuerzo asociados, se tildan en ocasiones de parasitarios, gastos sin control y en definitiva siendo uno de los enemigos a batir. Cabe señalar que una sociedad cuando más justicia concentre y mayor igualdad conforme, mayor paz desarrollará. Además de proveer un mayor ahorro de costos de manera preventiva al Estado que vincule todas sus políticas desde un prisma social (Wilkinson & Pickett, 2011).

Las transformaciones actuales de la era de la inmediatez en favor de los procesos de mundialización han producido en la región cambios y adaptaciones de todo tipo que no han incidido únicamente en la economía, sino en el día a día de la población y por tanto afectando los pilares de la sociedad a través del cambio de sus hábitos y conductas. El mantra generalizado de tierra, trabajo y capital se ha volatilizado. En la actualidad es posible generar recursos económicos sin trabajo, es decir, con la especulación -financiera-a través de una economía de casino (deuda incluida). Todo ello unido a procesos de hiperconsumo ilimitado donde la presión de las grandes empresas junto a la genuflexión de los órganos de control nacionales y supranacionales desplazan a buena parte de la ciudadanía de su clase social e incluso de territorios imponiéndole, tanto por acción como por omisión, la condición de ser meros clientes en lugar de ser sujetos activos de la democracia. De hecho, en ocasiones parece que el nivel de democracia otorgada a un ciudadano depende principalmente de su nivel de gasto convirtiendo a elementos esenciales como el Parlamento, las políticas públicas o la ética pública en características accesorias, circunstancia que el Covid-19 ha profundizado en toda América Latina.

Los procesos de colonización cultural en América Latina han emergido de manera amigable pero siempre en favor de intereses económicos preponderantes anulando con ello buena parte de la identidad propia de cada Estado laminando con ello de manera endógena valores y hábitos propios de latitudes del Cono Sur (Hall 2001). De hecho, tan débil es una sociedad sin acceso a servicios básicos de calidad a precios objetivamente justos (luz, agua, internet), como esta misma sociedad con teléfonos de última generación y redes sociales en su recámara. Circunstancias que en la actualidad acercan de manera inexorable la implantación y despliegue de procesos de economía sociala una realidad donde el lucro no debe ser el único elemento a ponderar, es decir, el modelo actual hace aguas, es necesario reescribir las reglas de juego empezando por las económicas desde un punto de vista más justo, más ético y más solidario. En América Latina la sociedad aunque conoce buena parte de sus patologías, su estado ha quedado licuado; no existen herramientas de cambio accesibles en favor de la consolidación de los pilares democráticos, así como del establecimiento de procesos de redistribución de riqueza de manera efectiva (Bauman 1999). Pilares muchos de ellos terciarizados en favor de gestiones con intereses particulares (no exentos de responsabilidad pública) a partir de la existencia de contratos perfectamente diseñados y ejecutados a través de tiralíneas jurídicos (ej. tratados de libre comercio). Estos pueden guillotinar la esencia del interés general mimetizando la calidad de la gestión política y la buena gobernanza en favor de la maximización del crecimiento (y lucro) continuo a pesar de tener presente que los límites del Planeta Tierra son finitos. De hecho, los procesos de extractivismo nunca debieran estar por encima del derecho a la vida o del interés general. Ni si quiera ganar unas elecciones debe otorgar un cheque ilimitado a los gobernantes de turno. En el caso del Covid-19 las costuras políticas y sociales de buena parte de América Latina han saltado por los aires a pesar de concentrar un determinado porcentaje de modernidad, conectividad y biodiversidad, véase el caso de Ecuador como caso de estudio (CEPAL-UNESCO, 2020b).

Ecuador: cuando la distopía se convierte en realidad

Ecuador es uno países de América Latina más golpeados y doblegados por la pandemia del Covid-19. Las dantescas imágenes de cremaciones de personas por sus familiares en las calles de Guayaquil, la segunda ciudad del país, recorrieron y conmocionaron a la opinión pública ecuatoriana,así como a nivel internacional. Ante la realidad de semejante distopía cabe preguntarse ¿Qué ocurrió para haber llegado a tal punto de incapacidad de reacción el Estado ecuatoriano?

La pandemia llegó pronto a Ecuador, tan solo unos días después de México y Brasil, la “paciente cero” de Covid-19 fue declarada oficialmente el 29 de febrero en la ciudad de Guayaquil y fue una persona que viajó desde España quien trajo la enfermedad al Ecuador. Las autoridades trataron de generar un cerco inmunológico declarando la emergencia sanitaria el 11 de marzo y dos días más tarde se conformó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para combatir la pandemia. Para entonces había 20 personas contagiadas y la “paciente cero” había fallecido. En los inicios de la pandemia hubo una lentitud excesiva en la aplicación y procesamiento de las pruebas para detectar el nuevo virus, los laboratorios ecuatorianos no estaban preparados para lo que se les había venido encima; la pandemia se propagaba mucho más rápido que la capacidad para rastrearla,circunstancia que tuvo funestas consecuencias. Esto dio lugar a que el 17 de marzo se reportaron oficialmente 111 casos cuando existían ya 1.628 personas enfermas (Primicias, 2020). Esta será desde entonces la tónica habitual. Falta de transparencia en el levantamiento de datos con unas cifras oficiales que no se corresponden con los acontecimientos que sufre el país y corrupción mediática a través de una clara distinción entre los medios de comunicación que apoyan al Gobierno de Ecuador y los escasos medios que se arriesgaron a cumplir con el deber de informar como Radio Pichincha Universal, determinados medios internacionales (incontrolables para el Gobierno) junto a buena parte de la ciudadanía a través de las redes sociales.

En estos días también empezaron a tomarse medidas para tratar de crear un cordón sanitario en torno a Ecuador e impedir importar más casos de Covid-19 cerrando las fronteras. Se debe tener presente que desde los lugares de Europa donde residen una mayor cantidad de ecuatorianos se anunciaban por aquellos días datos poco

optimistas. El 12 de marzo ya se habían producido 827 muertes en Italia y 84 en España. En consecuencia, Ecuador tomó la decisión desde el 15 de marzo de impedir la entrada de extranjeros a Ecuador y un día después la medida rigió también para los ecuatorianos en el exterior. Durante varias semanas este cierre drástico y repentino de fronteras generó caos y desconcierto entre los miles de extranjeros que quedaron atrapados en Ecuador y buena parte de la ciudadanía ecuatoriana varada en distintos países, en ambos casos en situación de indefensión. En cuanto a los extranjeros, la situación llegó a su clímax el 19 de marzo cuando ante la llegada de un vuelo humanitario, la alcaldesa de Guayaquil en el marco de una coyuntura de infodemia[1] y en un arranque de xenofobia aprovechó para dar un golpe de efecto populista; en aras de una supuesta defensa de la salud de sus ciudadanos, ordenó invadir las pistas de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad con vehículos municipales para impedir el aterrizaje que dos vuelos humanitarios fletados desde España y Países Bajos con la finalidad de repatriar a ciudadanos europeos. Cabe señalar que los vuelos venían vacíos con únicamente la tripulación, por lo que la argumentación de venir repletos de personas contaminadas quedó en una mera estrategia de lawfare apoyada por determinados mass media. Los vuelos tuvieron que ser desviados a Quito donde después de sortear todo tipo de obstáculos pudieron abordarlos los ciudadanos que serían repatriados. Ante las críticas la alcaldesa afirmó que haría lo mismo “una y mil veces” (EFE, 2020a).Sin duda que podría, pues hasta el momento no se ha derivado ninguna consecuencia legal de estos actos a todas luces compatibles con un ilícito penal.

El incremento exponencial de los contagios tuvo como respuesta la toma de medidas drásticas por parte del gobierno ecuatoriano en un intento desesperado e infructuoso por contener la pandemia. Primero, el 17 de marzo se instauró un toque de queda nocturno entre las 9 pm y 5 am, que se extendió y aplicó desde las 2 pm hasta las 5 am desde el 24 de marzo con la finalidad de restringir totalmente cualquier tipo de desplazamiento no justificado. En Ecuador se optaba por un confinamiento radical basado en medidas coercitivas ante la imposibilidad de lograr un distanciamiento social voluntario circunstancia que tiene una relación directa con los altos niveles de informalidad laboral y dificultades de la población para conseguir un sustento mínimo por la falta de apoyo desde el Estado.

A finales del mes de marzo se producen en Ecuador dos eventos destacados en el preludio de la terrible crisis sanitaria que afectaría a Guayaquil solo días más tarde. En primer lugar, el 21 de marzo renuncia la ministra de Salud, Catalina Andramuño, quien acusó al gobierno de no haber colocado los medios suficientes para hacer frente a la pandemia y poniendo a personal incompetente al frente de la toma de decisiones para combatirla; para ese momento el número de contagiados ya había subido a 532. Apenas 72 horas después el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anuncia el pago de capital de los bonos ecuatorianos 2020 por 325 millones de dólares. Haber priorizado el pago de deuda externa en medio de la crisis por el Covid-19 reforzó los argumentos esgrimidos en la renuncia de Andramuño ante la opinión pública. Circunstancia nada desdeñable invirtiendo de nuevo la pirámide de derechos anteponiendo cualquier circunstancia económica a los derechos humanos.

En los últimos días del mes de marzo aparecieron en redes sociales imágenes apocalípticas de lo que estaba ocurriendo en Ecuador: personas rogando a las autoridades que recojan los cuerpos de las personas fallecidas de sus domicilios; incineraciones de cadáveres en las calles; mortajas abandonadas y dejadas a su suerte en la vía pública; o camiones frigoríficos utilizados como morgues móviles. La deplorable situación que se estaba viviendo en Ecuador pasó de las redes sociales a los titulares de los medios de comunicación internacionales. Hasta ahora no se han visto en todo el mundo imágenes tan duras relacionadas con la pandemia, nital incapacidad de reacción de un Estado ante ella. Pero además, muchas de las muertes que se produjeron por aquellos días y posteriormente fruto de la pandemia nunca fueron declaradas como tal. Así lo habría denunciado el diario The New York Times que establece que la cifra de muertes en Ecuador es 15 veces más alta que el registro oficial de víctimas de coronavirus, señalando el reportaje que “la verdadera dimensión de la crisis ha quedado oculta” (León & Kurmanaev, 2020). Las dantescas imágenes de la ciudad portuaria de Guayaquil (capital económica del país), retrataron la falta de medios sanitarios junto al oscurantismo existente por parte de determinados medios de comunicación al servicio de intereses particulares. Estos estuvieron en clara connivencia con el Gobierno teniéndose que enterar la ciudadanía de las consecuencias de la pandemia a través de redes sociales o medios contra hegemónicos externos (Kueffner, 2020; Luque et al., 2020a).

Pero lo ocurrido en Guayaquil no es obra del infortunio o el destino, sino consecuencia de la enorme vulnerabilidad en la que se encontraba el sistema de Salud ecuatoriano en su conjunto al ser golpeado por el Covid-19. De hecho, en los años anteriores a la pandemia se había ido reduciendo sistemáticamente el Presupuesto General del Estado destinado a Salud, que, según la disposición vigésimo segunda de la Constitución vigente desde el año 2008, debía ser incrementado en medio punto porcentual del Producto Interior Bruto (PIB) anualmente hasta llegar a un 4%. Esta cifra se alcanzó en el año 2016, cuando el PIB destinado a Salud fue el 4,29%, pero para el año 2019 el monto se habría reducido al 2,78%. Como consecuencia de estos drásticos recortes en el presupuesto en Salud, en marzo del año 2019 se denunció el despido de entre 2.500 y 3.500 servidores públicos del sector salud (El Universo, 2019); en noviembre de ese mismo año se rescindió el convenio de cooperación con Cuba, circunstancia que provocó que salieran de Ecuador 400 galenos cubanos, los mismos que fueron a combatir la pandemia en Italia en los meses más duros (Oppmann, 2020), e incluso se produjeron despidos de médicos en medio de la pandemia (El Universo, 2020a).

El desmantelamiento del sistema de salud se corresponde con la aplicación de una política de debilitamiento de la presencia del Estado en Ecuador en los últimos años, lo que se ha traducido en un incremento de la pobreza después de haber sido reducida paulatinamente durante toda una década 2007-2017, de hecho, hasta el año 2016 fue el país de América Latina que más redujo la desigualdad, pobreza (de 37,6% a 22,9%) y la pobreza extrema (de 16,9% a 8,7%) con una caída asociada del índice Gini en 8 puntos creciendo un promedio de un 3,2% hasta finales del año 2015. Para el año 2019 la tendencia quedaba revertida al incrementarse la pobreza hasta el 25%, y eso que todavía no se han revelado las cifras relacionadas con el impacto de la pandemia, pero que al igual que en toda la región no son nada halagüeñas las proyecciones ya realizadas.

La falta de ayudas a las personas más vulnerables durante la pandemia ha sido casi absoluta y cuando se produjeron, estas fueron insuficientes. En los primeros meses de la pandemia se concedieron a 400 mil familias cuyos ingresos no alcanzaron los 400 dólares del salario mínimo a razón de un bono por 60 dólares mensuales. Pero incluso estas ayudas básicas cuando fueron concedidas se entregaron con altos niveles de desorganización; a principios de abril cuando la situación era más grave en la ciudad de Guayaquil se produjeron aglomeraciones en las entidades en las que se realizaba su cobro contribuyendo de manera directa a la propagación de la pandemia (El Universo, 2020b).

El parón económico a nivel mundial afectó profundamente a la República del Ecuador, el cierre temporal de gran parte de las empresas, la desaparición del turismo y la caída estrepitosa de los precios del petróleo dejaron al borde del cataclismo a un país que antes de pandemia estaba atravesando de por si una difícil situación.

La pandemia habría acabado con un millón de empleos y dejado a 5,3 millones de personas en condiciones laborales precarias, por lo que en la actualidad el 83% de la población económicamente activa no tiene un trabajo que cumpla con los requisitos mínimos legales (España, 2020). La situación en Ecuador antes de la pandemia Covid-19 sobre el empleo informal según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo, (2020) asciende a un 62,6%. Trabajan en la informalidad el 80% de la población que no presenta nivel de instrucción alguno y el 68 % de las personas que no han culminado la instrucción primaria, situación agravada por los procesos de población migrante no contabilizada. Cabe señalar que los procesos migratorios bien enfocados resultan ser infinitamente beneficiosos. En el caso de Ecuador no se han sabido reconfigurar como oportunidades las extraordinarias capacidades del pueblo venezolano migrante en Ecuador, de hecho, el 88% de los migrantes venezolanos gana menos del salario mínimo, en la atualidad el número es de 385.042 personas

(Organización Internacional del Trabajo, 2019; Oliván & Luque, 2019). Aspectos que conforman parte de la (necro) política es decir, la criminalización de la población migrante, aspectos que en Ecuador no ha dejado de producirse y amplificarse por determinados colectivos incluso a nivel estatal (Hernández y Ramiro 2019). Situación que más allá de generar tensiones puntuales, reconfigura la vida social en base a la búsqueda de un enemigo, el migrante, que bien enfocado podría ser la solución perfecta de hecho, su criminalización se convierte en la contrafigura de lo que promulga su Estado como es la igualdad. Con ello se deja la puerta abierta al ejercicio de la informalidad y por tanto reduciendo de manera consustancial la calidad y medios de su trabajo al tener que competir con ciudadanos (no solo migrantes) dispuestos a todo por conseguir el sustento de sus familias, situación que puede no ser legal, pero si cumple a cabalidad todas las reglas de moralidad, de acuerdo con Villacís & Reis (2015: 75):

En Ecuador al medir las dimensiones de vulnerabilidad laboral para la población ocupada de 10 a 65 años, en conjunto, apenas el 1% del total de la población ocupada tiene un trabajo decente, mientras el 67,6%, tiene un trabajo considerado como no decente en el cual los ingresos laborales no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Además, el 17,8% corresponde a la tasa de subempleo, el 20% tasa de empleo no pleno y el 10,9% a la tasa de empleo no remunerado. Siendo un 46,7% la tasa de informalidad en Ecuador, la generación de trabajo decente en Ecuador es un desafío en materia de política pública. Se han impulsado iniciativas por parte del gobierno para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a través de reformas laborales en base a normativas internacionales con resultados muy dispares. Michael Ryan, director ejecutivo de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, afirmó el 10 de junio que la “situación en América Central y del Sur es la más compleja que enfrentamos a nivel mundial”, dicha situación estaría directamente relacionada con la incapacidad para respetar las medidas de confinamiento dados los altos niveles de economía informal (Guerrero, 2020).

La salida a esta crisis ideada por el gobierno a través de la llamada “Ley humanitaria” o “Ley Covid” consiste en implementar una mayor flexibilidad y liberalización económica permitiendo despidos intempestivos y masivos, el cierre de empresas públicas(Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento y TAME) y reduciendo los salarios en el sector público, además del “regalo” impuesto de vacaciones por buena parte de la ciudadanía a sus patronos, o eso o el despido. Todo ello ocurre mientras el Ministerio de Trabajo (junto a la inspección de trabajo) callan. A todo ello se añade el retraso continuo en el pago de salarios, pensiones, indemnizaciones y proveedores por parte del Estado, lo que agrava la situación de precariedad económica de millones de familias. Adicionalmente, el gobierno a mediados de mayo tomó la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles, algo que se había comprometido a no hacer después de llegar a un acuerdo con los representantes indígenas tras las protestas de octubre de 2019, las mayores en los más de 40 años del actual periodo democrático del Ecuador que se saldaron con 11 manifestantes muertos, personas mutiladas junto a miles de heridos y detenidos (Luque et al., 2020b). A todo este desmantelamiento del Estado del bienestar por parte del Gobierno ecuatoriano en medio -y aprovechándose- de la pandemia le ha costado críticas de organismos internacionales como Amnistía

Internacional (2020). Pero la tragedia de Guayaquil no sería la única que viviría Ecuador, pues la pandemia también ha golpeado duramente otras ciudades del país. Quito, la capital, fue incrementando el número de contagios hasta superar en agosto a Guayaquil, aunque nunca padeció un desasosiego comparable al de principios de abril. El sistema de salud, aunque alcanzó su máximo de capacidad y hubo personas que tuvieron que esperar su turno por una unidad de cuidados intensivos, no llegó a colapsar como en los inicios de la pandemia en Guayaquil.

En junio, Ecuador fue azotada por otra grave pandemia, la corrupción, probablemente de más calado y más difícil solución que la derivada del Covid-19. Se hizo público un escándalo que reveló la participación de asambleístas del Poder Legislativo ecuatoriano en actos de venta de votos a cambio de cargos y reparto en hospitales púbicos (los cuales mueven ingentes cantidades de recursos económicos para las compras de insumos, maquinaria, etc.), donde se encontraron también hechos de sobreprecio de productos necesarios para hacer frente al coronavirus como medicamentos, guantes y mascarillas, hechos demuestran las carencias del sistema democrático en Ecuador.

En septiembre la curva de los contagios empezó a aplanarse generando por fin un desahogo para el sobrecargado sistema de salud ecuatoriano al que la pandemia, al menos por el momento, ha dado una tregua. Sin embargo, hasta ahora el coste por el Covid-19 para el Ecuador en vidas y reputación ha estado entre los peores resultados del hemisferio. Entre el 29 de febrero y 5 de septiembre se han reportado un total de 109.089 infectados y 6.724 fallecidos según las cifras oficiales, pero lo cierto es que es altamente contrastar estos datos. De hecho, la agencia de noticias EFE estima a fecha de 31 de julio de este año 2020, tomando como referencia los datos del registro civil,que se habría producido un incremento en las cifras de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior en más de 25.000 personas, cuando la única causa para explicar dicho incremento es el coronavirus (EFE, 2020b), o muertes vinculadas al colapso del sistema sanitario aparejado a la pandemia. Estas cifras sitúan hoy a Ecuador en el tercer puesto en cuanto a la tasa de fatalidad en el continente americano con un 6,5 %, solo detrás de Canadá y México, pero si tomamos como referencia las cifras de probables fallecimientos por Covid-19, ocuparía el segundo puesto (La Jornada, 2020).

En la actualidad existen condiciones objetivas para una nueva escalada de protestas en el Ecuador, sin embargo, las medidas de alejamiento aún vigentes y el ritmo electoral en que ya está entrando el país han derivado en que las energías estén puestas en el cambio de gobierno y la renovación institucional. De hecho,el desprestigio gubernamental es tan alto que ni su presidente se presenta a la reelección ni avala a ningún candidato. Es más, la candidata a presidenta por el partido en el gobierno, Alianza País, niega al actual presidente, miembro del mismo partido. Las expectativas y esperanzas están puestas en la fecha de celebración de las elecciones el próximo 21 de febrero del 2021, para ver cuál es la deriva que toma un país paralizado por completo. Si profundizará en las políticas neoliberales bajo la consigna de un Estado mínimo, o si retomará la senda de un Estado más social que refuerce en primer lugar el precario sistema de salud, excesivamente vulnerable durante la pandemia junto a un fortalecimiento de coberturas prioritarias como educación, trabajo y economía.

Hoy más que nunca, es necesario tener presente como señala Rouquié, (1989) que ganar las elecciones en

Latinoamérica, no significa ganar el poder. En Ecuador, el poder y sus intereses circundantes destruyeron y condenaron el país por encima del interés general a la vez que determinados grupos de interés se repartían el botín. A pesar de eso, los procesos de solidaridad, economía social e informalidad(a pesar de su criminalización constante) en Ecuador, lograron contener moderadamente parte del tsunami socioeconómico actual.

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Notas