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1. Introducción

La vulnerabilidad laboral, se ha configurado como el incumplimiento de los derechos de los trabajadores, manifestado mediante la precariedad de las condiciones laborales a las que se enfrentan los individuos en sus contextos de trabajo. Actualmente en América Latina, la noción de vulnerabilidad laboral, se relaciona directamente con los problemas de pobreza y desigualdad; combinado con los impactos de los modelos económicos, sociales y los diferentes marcos regulatorios de cada gobierno (Villacís y Reis, 2015).

Debido a lo mencionado, se constituyen diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales se enuncian en el siguiente orden: 1. Erradicar la pobreza en todo el mundo, 2. Poner fin al hambre, 3. Garantizar una vida saludable, 4. Garantizar una educación de calidad, 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento, 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas, 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente, 9. Desarrollar infraestructuras resilientes,

10. Reducir las desigualdades, 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles, 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Estos objetivos, representan las metas más importantes de las Naciones Unidas hasta el 2030, con la finalidad de potenciar el crecimiento económico y todos los aspectos de interés público; esto sin mencionar su papel fundamental en el desarrollo de medidas que erradiquen el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud, la pobreza entre otros (Gómez, 2017).

En este contexto, dentro de los principios de la Carta de las Naciones Unidas (1945), se insistió en la necesidad de establecer mejores condiciones laborales para las personas. sin embargo, al tratarse de un tipo de normas que Barona y Espinoza (2018:19) definen como soft law, no son de cumplimiento obligatorio, ni tampoco tienen una condición jerárquica importante, pero suponen un imperioso compromiso para los Estados no solo por cumplir lo allí establecido; sino que también, han servido de antecedentes para el desarrollo de los ODS, lo que permitió la reafirmación de la confianza en los derechos fundamentales de las personas; y en la misma condición humana, para garantizar además, la igualdad en todos los sentidos, la promoción y desarrollo de la sociedad (Murillo y Duck, 2017).

Es pertinente mencionar que los ODS, abarcan esferas de interés social como la economía, el empleo y el ambiente. En el proceso que conllevó a su posterior adopción, la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus Estados miembros establecieron mecanismos de acción para hacerlos cumplir (Organización de las Naciones Unidas, 2015); sin embargo, aunque los ODS no son jurídicamente obligatorios, su principal debilidad consiste en que se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para el logro, toda vez que se trata de propósitos que provienen de la Carta de la Naciones Unidas del año 1945.

Así mismo, se observa que producto de la pandemia del COVID-19, ha impactado significativamente la aplicación de los ODS por parte de los gobiernos, especialmente en lo relacionado con el crecimiento económico y el trabajo decente.

En el caso específico de Ecuador, la perspectiva de trabajo decente representa un desafío en materia de políticas públicas y de normativa laboral. Por consiguiente, en este estudio el objetivo que orientó el proceso fue determinar las diferentes implicaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 en relación con el trabajo decente y el crecimiento económico en Ecuador. En este país, existen desigualdades marcadas en el contexto del trabajo. Una de ellas, se encuentra en el importante sector de la economía informal, cuestión que impide que exista una correcta fiscalización de esas formas de empleo y que a su vez aumenta el riesgo de que esas personas no cuenten con condiciones laborales óptimas o mínimas para desarrollar sus actividades.

2. Consideraciones metodológicas de la investigación

Para el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología cualitativa según Cadena et al. (2017: 1606) ofrece “resultado información o descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de documentos, correspondencia, registros y estudios de casos prácticos”. En ese sentido, para el desarrollo de esta investigación, se realizó un estudio exploratorio, a partir de una revisión documental que implicó la recolección, selección, análisis y presentación de la información a partir de revistas científicas, documentos legales y normativas relacionados con los conceptos propios de la investigación (Delfín y Acosta, 2016). Desde esta perspectiva, implica el empleo objetivo de métodos y técnicas de investigación científica orientados a recopilar, organizar y analizar el conjunto de información extraído del objeto de estudio (Pulido, 2015). El cuadro 1 resume la metodología aplicada:

Asimismo, se incluye en el cuadro las unidades de muestreo y registro de 2, las categorías centrales de análisis y datos

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo de Desarrollo Sostenible número

Los ODS, son el espejo a través del cual todas las naciones se ven reflejadas en sus propias políticas y en su desempeño (Kroll, 2015). Estos destacan por su carácter universal con una visión holística e interrelacionada en la que cada objetivo se superpone y se refuerza mutuamente, con una actuación multinivel simultánea en los espacios locales, regionales, nacionales y globales (Gómez, 2017).

En el cuadro 3, se describen los objetivos aplicados para efectos de esta investigación; sin embargo, adicionalmente se hará mención al ODS1, correspondiente a la erradicación de la pobreza, al ODS- 2 sobre poner fin al hambre en el mundo y finalmente

se mencionará el ODS-10 que plantea la reducción de las desigualdades. Es importante destacar, que dichos objetivos fueron seleccionados de los 17 ODS debido a que responden a criterios que se relacionan con el trabajo decente y el crecimiento económico.

Como se observa en el cuadro 3, los ODS incorporan elementos novedosos en su diseño, entre los que destacan la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental, priorizando la lucha contra la pobreza y el hambre, pero con un fuerte anclaje en la defensa de los derechos humanos, abordando la reducción de las desigualdades. Así mismo, aglutinan una visión del crecimiento económico incluyente y sostenible.

En cuanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, este se, se orienta principalmente a formular criterios que permitan potenciar el crecimiento de la economía a través del trabajo decente, por lo que el cuadro 4 describe las metas específicas de dicho objetivo:

En el contexto del ODS-8 se proyecta para el año 2030, con la idea de alcanzar un mayor índice de innovación y de diversificación productiva; a su vez, contar con empleo para toda la población. Con la finalidad de ofrecer una perspectiva real sobre el cumplimiento que los ODS han tenido en el país se ha tomado en cuenta en este estudio las directrices emitidas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (2020) en donde se describen las formas en las que cada ODS se ha materializado hasta

la actualidad en Ecuador. No obstante la realidad demuestra que a pesar de los esfuerzos por parte del Estado para el cumplimiento del ODS-8, han sido insuficientes para generar el crecimiento económico del país y lograr el trabajo decente para la población.

3.1. Trabajo Decente

En relación con el trabajo decente Fernández (2015:9) indica que “se define precisamente como: “Trabajo

i) productivo para hombres y mujeres en condiciones de ii) libertad, iii) equidad, iv) seguridad y v) dignidad humana”. En ese sentido Villacís y Reis (2015:163) consideran que integra múltiples aspectos del mercado laboral: “a nivel macro relaciona a la economía con la sociedad y a nivel micro, a las empresas y sus trabajadores, con lo cual es necesario establecer una matriz de indicadores que abarque cada una de sus dimensiones”. El trabajo decente, es entendido como la existencia de condiciones laborales idóneas a cualquier ocupación, que versen sobre los necesarios lapsos laborales y de descanso para todos los trabajadores de una organización (Gil, 2017).

Desde una perspectiva más concreta el trabajo decente, es aquel que favorece al trabajador en cuanto a: organización del trabajo (intensidad, estabilidad, salario); prevención de riesgos laborales; seguridad social; inclusión, diversidad y equidad; autonomía para la libertad sindical y posibilidad de negociación colectiva (Gallo et al. 2019).

Por otra parte, producto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las naciones implementaron acciones que han generado grandes cambios en las sociedades en todos los aspectos, principalmente: económico, social y por supuesto el laboral. Actualmente, el trabajo se ha revalorizado, la pandemia demostró que la gran mayoría de los trabajadores mejor pagados en las sociedades no son esenciales priorizando el servicio público, especialmente el sanitario y las prestaciones sociales (Mendizábal, 2020).

De acuerdo con Lanza y Narváez (2020), en el contexto internacional los Estados miembros de la ONU proporcionalmente, han venido aumentando esfuerzos a los fines implementar los ODS. Sin embargo, es cierto que unos más que otros son los que han conseguido significativos avances considerando algunos factores de especial atención, sobre todo en los criterios económicos que los rigen.

En líneas generales el avance que han tenido los ODS para el 2019, la ONU presentó un estudio denominado “Informe de los Objetivos del Desarrollo

Sostenible 2019” que permitía evidenciarlos hasta esa fecha. Para los fines de esta investigación, en el cuadro 5, se considerarán los resultados en el contexto Mundial

A partir de lo expresado en el cuadro 5, si se relacionan estas medidas tomadas en el contexto internacional con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se puede hacer referencia a los Convenios Fundamentales de la OIT suscritos y ratificados por Ecuador.

En este tema, Ecuador ha ratificado el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) número 111 de 1958, adoptado en la Conferencia General de la OIT convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina internacional del trabajo del 4 junio 1958 ratificado por Ecuador el 10 de julio de 1968. Este Convenio resalta por hacer referencia en su artículo 1.B a las formas de discriminación en el empleo por razón de sexo y a la igualdad de oportunidades en materia laboral.

En Ecuador, en una primera aproximación es importante indicar que la Constitución de la República (CRE) del 20 de Octubre del 2008 última modificación del 13 de Julio del 201,1 hace referencia a la igualdad y no discriminación. Según lo indica el artículo 11.2 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (...) El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.

Al respecto de la discriminación la norma establece en el artículo 66.4 que “se reconoce y garantiza a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”. En cuanto al derecho al trabajo, el artículo 38 hace referencia a que se trata también de un deber de carácter social y que todas las personas tienen derecho a un trabajo justo. Por otra parte, el artículo 23 hace referencia a que los derechos de los trabajadores son de carácter irrenunciable y que es nula cualquier estipulación en contrario.

Por otra parte, se adopta también la Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato del 25 de junio de 1975. Dicha disposición normativa indica en su artículo 1 que “Las trabajadoras gozarán de las mismas oportunidades y del mismo trato que los trabajadores. Es inaceptable y se tiene que eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres que niegue o limite esta igualdad”. En ese sentido, Ecuador ratifica el Convenio número 100 el 11 de marzo del 1957, sobre la igualdad en remuneración. Dicha normativa, promueve la igualdad de remuneración en el empleo por igual trabajo para hombres y mujeres. Esto, se refuerza en la disposición normativa 1.a de la recomendación número 90. En este aspecto, se procederá ahora a analizar el cumplimiento de dicho ODS en el contexto jurídico ecuatoriano.

En armonía con estas normativas y políticas públicas, Ecuador ha suscrito y ratificado estos tratados internacionales, ratificando también su compromiso con el trabajo decente y el crecimiento económico. Por tal motivo, antes de la pandemia existía una tendencia normativa a fomentar espacios para todo tipo de trabajadores, entre ellos lo más vulnerables. Este tipo de normativas permitían crear políticas para el trabajo especialmente de las personas que se ocupan del sector informal.

Todas estas iniciativas se vieron considerablemente comprometidas en el contexto de la pandemia COVID 19 en especial en Ecuador, toda vez que si en el contexto internacional se dictaron normas de confinamiento para evitar la propagación del virus, en este país se dictaron también medidas que alteraron el funcionamiento estructural del contexto laboral y que están recogidas en la Ley de Apoyo Humanitario (2020). Cabe destacar, que esa normativa flexibiliza el mercado laboral fomentando atribuciones al empleador, como la modificación de las condiciones laborales de sus empleados atendiendo a la crisis. En el cuadro 6 se presentan las consideraciones más importantes:

Lo expresado en el cuadro 6 evidencia que, a pesar de las políticas, tratados, convenios y estrategias formuladas por diversos organismos, en Ecuador existen concretas desigualdades con respecto al cumplimiento de los ODS que se traducen en que las condiciones socioeconómicas de los Estados han impedido que exista uniformidad en su cumplimiento. Todo esto, se profundiza en el contexto de la pandemia, que solo ha dejado entrever que la situación económica de los países, para hacer frente a la crisis sanitaria.

En Ecuador, se atraviesa la crisis sanitaria a través de la implementación de medidas jurídicas que no vienen a tomar en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que, más allá de formular políticas públicas adecuadas, se han constituido como verdaderas trabas para su cumplimiento, toda vez que promueven, entre otras cosas, condiciones de trabajo flexibilizadas.

3.2. Crecimiento Económico

Por otra parte se aborda el concepto de crecimiento económico, que desde una perspectiva puntual constituye la dinámica de los mercados y, a su vez, de las empresas privadas las cuales, representan uno de los agentes principales del desarrollo económico de las naciones, reformas económicas, apertura económica (Morán, 2015) así como, la transferencia de conocimiento entre las empresas y la sociedad civil contribuye a la creación de unas reglas de juego equitativas, de igualdad y de cooperación potencial entre diversos agentes sociales (Van Cranenburgh, 2017). La empresa privada (y en su forma más moderna: la corporación), se creen portadoras de una misión de trascendencia histórica: asegurar el cumplimiento de una de las promesas más caras de la modernidad capitalista: el progreso económico en condiciones de libertad individual (Yagual et al. 2019:188 y Tóala, Navarro y Hablich, 2018).

El crecimiento económico en un país, se establece con referencia a su mayor o menor productividad; este aspecto, condensa el problema central de la economía: hacer un mejor y mayor uso de los recursos disponibles; así pues, todo sistema económico tendría como objetivo obtener una mayor productividad (Delfín y Acosta, 2016). A su vez, la idea del crecimiento económico también se sustenta en las bases del establecimiento del trabajo decente, toda vez que factores como el trabajo infantil, el trabajo forzoso de las personas y las formas de discriminación en el empleo, son algunos de los mayores obstáculos que afrontan los Estados para la consecución de ese tipo de crecimiento y empleo (Navarro, 2019).

En el caso específico de Ecuador, el crecimiento económico está representado por la concentración del ingreso manifestado principalmente por el PIB Per-cápita; así mismo, constituye una variable de interés para establecer el comportamiento de la política pública (Quinde, et al. 2020). En este país, de acuerdo con Yagual, et al. (2019:188)

“El crecimiento económico se ha visto dinamizado por el desempeño logístico de las ciudades portuarias como en el caso de la ciudad de Guayaquil, Machala, Manta y Esmeraldas. Los sectores de transporte, almacenamiento y comunicación se destacan desde el punto de vista social, así como económico y el desempeño logístico, contribuye en la manufactura y en el comercio nacional e internacional”.

No obstante, es importante indicar que, por lo menos en relación con el ODS8 se ha establecido que la productividad laboral se ha visto afectada al pasar de 14.000 $ USD en el 2014 a 13.492 $ USD en 2019. El informe demuestra que en el contexto del débil crecimiento económico del país, los datos laborales indican un deterioro del sector empleo, bastante generalizado (Organización de las Naciones Unidas, 2019).

En el indicador presentado puede evidenciarse que las especies monetarias en circulación en relación con PIB, tuvieron un ascenso desfavorable de 5 puntos porcentuales y pasaron del de 9,4% en el 2014 a 15,8% en el año 2019 (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2020). En tal sentido también destaca el sector turístico que es la tercera fuente de ingresos del país y tuvo un considerablemente incremento en el número de entradas internacionales de viajeros extranjeros que fue variando desde 1,56 millones de visitantes en el año 2014 hasta alcanzar incluso los 2,43 millones de visitantes en el año 2018, cuestión que supuso la creación de considerables ingresos económicos en su momento. Sin embargo, a pesar de esta realidad la recaudación neta de impuestos respecto al PIB tuvo una disminución importante ya que fue pasó de ser de 13,6% en el año 2014, a 12,2% en el año 2019.

Aunado a esa realidad, a finales del año 2019, todos los Estados se vieron en la obligación de dictar medidas jurídicas para hacer frente a la pandemia COVID-19, y la afectación que eso produjo en las economías mundiales si bien fue significativa aún no se conoce en su totalidad, toda vez que la pandemia continua en curso actualmente. Acuña (2021) señala, que la aparición de una pandemia global, en un escenario mundial desmanteló sistema económico y social que debilito y marco con nuevos modelos y adopción de mecanismos de intervención en todos los órdenes de la vida.

Por tal motivo, debido a su rápida propagación los Estados, entre ellos Ecuador, se vieron en la obligación de restringir, entre otras cosas, la movilidad de las personas, cuestión que influyó desfavorablemente en la economía impactando negativamente en el crecimiento económico del país, generando lo que Llorente (2020:3) denomina “un estado de excepción” (…) provocando la consecuente caída de la demanda interna (…) junto con la ausencia de la producción u oferta nacional de actividades no esenciales”.

Ahora bien, para tratar la forma en la que Ecuador ha hecho frente a la pandemia COVID 19 en una primera aproximación debe decirse que inicialmente el Estado Ecuatoriano adapta el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-077 de 15 de marzo de 2020. Esta disposición normativa contenía importantes limitaciones a la movilidad de las personas e incluso la paralización de actividades en todos los ámbitos y sentidos. Por último, la norma también contenía considerables sanciones administrativas y punitivas para las personas reincidentes en la violación de estas medidas, todo esto comprometió considerablemente las actividades presenciales y también los puestos de trabajo de quienes no podían ejercer ocupaciones por modalidad de teletrabajo y también supuso una paralización del crecimiento económico del país toda vez que se migró la naturaleza de las ocupaciones o muchas de ellas dejaron de poder realizarse y los ingresos económicos se vieron mucho más comprometidos en este contexto.

Con el desarrollo de la pandemia el Estado Ecuatoriano dicta el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094 de 03 de mayo de 2020 en donde se relajan paulatinamente estas medidas, permitiendo que algunas partes del sector público se incorporen a sus funciones presenciales. Al respecto de otros sectores, la norma promovía el uso del teletrabajo siempre que fuera posible

Ahora bien, para responder a una medida legislativa más consistente el Estado Ecuatoriano dicta la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19, Registro Oficial 0 Suplemento 229 del 22 de junio del 2020. La norma contiene disposiciones que buscan flexibilizar el mercado del trabajo para aliviar las consecuencias económicas de la pandemia y es de posible aplicación para algunas empresas que consideren estar dentro de los supuestos de hecho señalados por la ley por lo que la norma no impone la flexibilización del mercado ni de las condiciones de los trabajadores pero si permite que esto pueda hacerse, de cumplir las empresas con los supuestos de hecho que allí se prescriben.

En relación con, la relajación de las normas laborables la normativa contiene un apartado que se denomina “medidas para apoyar la sostenibilidad en el empleo” al respecto, el artículo 16 indica que se pueden “modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Los acuerdos no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales (…)”.

Con este enunciado, la norma permite la reducción de jornadas laborales y la posibilidad de contratar de forma “emergente por motivos de crisis”, una modalidad que permite que el empleador contrate por tiempo definido y determinado a su personal. Adicionalmente contiene también un apartado sobre “medidas solidarias” que permiten evitar el cobre de pensiones por motivo de educación o inquilinato o la prohibición de la terminación de pólizas de salud por falta de pago, entre otras.

4. Conclusiones

Lo observado a través, de la revisión documental permite determinar que si bien existe una relación entre los gobiernos estatales y las estructuras supraestatales como la ONU, que han establecido como meta el cumplimiento de determinados objetivos, para potenciar el desarrollo económico de los países, el trabajo decente y fomentando la calidad de vida de sus habitantes, la misma realidad problemática de cada nación manifestada en incapacidad de sustentar económica, política y socialmente esa agenda. En todo caso lo que se va apreciar es el logro parcial de algunos objetivos; más aún, cuando existe una crisis mundial generada por la pandemia, se considera cuesta arriba la consolidación de todos los ODS.

En relación con, el cumplimiento del ODS-8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, ha tenido a través del tiempo una serie de marcadas adversidades para todos los Estados y específicamente en el caso de Ecuador. En un primer contexto, la misma noción de decente implica que se cumplan con una cierta condición tanto jurídica como social, para que todos los trabajadores puedan desempeñar sus funciones bajo esta consideración. Sin embargo, como se ha visto, existen aún marcadas matices que sugieren que la consecución del ODS-8 es de distante cumplimiento.

En el ámbito internacional, por ejemplo, se mantienen marcados indicadores con respecto a las desigualdades sociales, a las personas que viven en pobreza extrema y a las fuentes del trabajo irregulares. Este contexto, impide el trabajo decente y además ofrecer una estadística fidedigna sobre el crecimiento económico, toda vez que factores como las ocupaciones que se ejercen en el sector informal impide que se conozcan realmente los ingresos y egresos económicos de los Estados. Ciertamente, se está en presencia de un tema que se ha desarrollado jurídicamente de forma individual por cada Estado e impide que se cuente con un criterio homogéneo por parte de las organizaciones internacionales como la ONU o la OIT sobre estos indicadores.

Finalmente, en el caso de Ecuador, si bien se sigue una serie de procesos para dar cumplimiento a todos los ODS, es cierto la constante preocupación sobre los efectos del aspecto COVID-19 no muy bien abordado por el gobierno ecuatoriano; que más allá de legislar para promover el empleo, de manera efectiva y bio-segura, ha implementado de manera coercitiva medidas poco eficientes en el mercado laboral, cuestión que crea inseguridad en la población.

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