1. Introducción y justificación

El 14 de marzo de 2020, ante el incremento de los contagios por la pandemia del COVID-19, el Gobierno de España declaró el estado de alarma en todo el territorio. A tal efecto, publicó un Real Decreto (RD)¹ que establecía las condiciones de confinamiento.

Las restricciones de movilidad y funcionamiento exceptuaron las actividades básicas como la producción y distribución de alimentos. El artículo 15 del RD (“Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario”) establecía que las autoridades delegadas debían garantizar el abastecimiento alimentario, asegurando el funcionamiento de los centros de producción y de distribución. En su punto 1.b, el artículo indicaba que la excepción de movilidad y funcionamiento incluía “granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos”. De esta manera, el artículo 15 especificaba algunas de las excepciones establecidas en el artículo 7 (“Limitación de la libertad de circulación de las personas”). Circular por vías y calles solo era posible para, entre otras cosas, adquirir alimentos (art. 7.1.a) y acudir al lugar de trabajo (art. 7.1.c). En un país en el que las comunidades autónomas tienen amplias competencias, el estado de alarma comporta la recentralización temporal del poder legislativo y administrativo, y así lo recordaba el artículo 4.1 del RD. Esto convirtió a los gobiernos autónomos en entidades subordinadas a las decisiones de las delegaciones de gobierno, los representantes del gobierno central en cada comunidad autónoma. Tres días después de la publicación del RD, el gobierno anunció otra con rango de Decreto-Ley, destinado a enfrentar los problemas económicos y sociales del confinamiento². Este nuevo decreto fue parco en materia agraria y consumo alimentario: solo daba instrucciones sobre el funcionamiento del sistema de créditos agrarios (art. 35) y establecía una línea de crédito para garantizar el acceso a la alimentación a población dependiente (art. 1.2.a).

La diversidad de circunstancias locales obligó a las delegaciones de gobierno y, en la medida que mantenían algunas competencias, a gobiernos autónomos y locales, a interpretar el RD. Algunas formas de producción y comercialización de alimentos quedaron en un limbo legal, al albur de la decisión de estas instituciones. Y determinadas decisiones afectaron a la agricultura familiar. Organizaciones agrarias y entidades sociales denunciaron estas limitaciones que consideraron urbanocéntricas, como el cierre de mercados no sedentarios donde los agricultores venden directamente su producción, la prohibición de trasladarse a los huertos de autoconsumo, o el cierre de mataderos municipales donde los pequeños productores pecuarios sacrifican su ganado (Fernández, 2020).

Estas restricciones incrementaron otros problemas con el que se enfrentaba la producción familiar y la de carácter agroecológico; especialmente, la pérdida de dos de sus vías de comercialización: los comedores escolares, por la clausura de toda actividad educativa, y los servicios HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías). El surgimiento de nichos de mercado turísticos y de restauración en los que la gastronomía es el principal valor, ha creado en las últimas décadas un mercado para la producción de proximidad que valora las variedades locales y la producción campesina (Hjalager y Richards, 2003; Gascón, 2018). Pero el RD cerró hoteles y restaurantes.

Esta situación no ha sido exclusiva de España. El International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC), que agrupa más de 6.000 organizaciones de pequeños productores, trabajadores rurales y movimientos sociales del planeta, afirmaba que la mayoría de los países estaban dando prioridad a las empresas alimentarias corporativas y dificultando la producción y comercialización campesina (IPC, 2020). En la misma línea se manifestaba la Coordinadora Europea de La Vía Campesina (ECVC, 2020).

En España, la respuesta se canalizó a través de la plataforma SOScampesinado. Creada por un grupo de mujeres que trabajan en agroecología y feminismo, consiguió coordinar más de 700 organizaciones campesinas, ONG y movimientos sociales para denunciar el impacto de las medidas gubernamentales y reclamar cambios urgentes a favor de la pequeña producción (Begiristain et al., 2020). El 30 de marzo enviaron una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), firmada por 150 organizaciones, reclamando, entre otras cosas, la apertura de los mercados no sedentarios de proximidad y la autorización de los desplazamientos a los huertos de autoconsumo (Carta al MAPA, 30/3/2020). El MAPA respondió tres días después (Carta del MAPA, 2/4/2020). Las entidades que coordinaron la reclamación definieron esta respuesta como “poco clara y evasiva”; se trataba de una réplica formal que no aclaraba las dudas que generaba el RD, ni planteaba actuaciones concretas (Soberanía Alimentaria, 2020).

El 8 de abril, en los mismos términos, se enviaron sendas cartas a los Ministerios de Sanidad y de Consumo. Esta vez las firmaban 700 organizaciones sociales. En ella se aseguraba que:

El papel del sector agroalimentario y las pequeñas producciones es clave, pero su actividad se está viendo discriminada, con consecuencias muy graves, por desgracia muy difícilmente reversibles, en las actividades económicas a corto plazo y con gran probabilidad a nivel sociodemográfico y medioambiental a medio y largo plazo (Carta al Ministerio de Sanidad y de Consumo, 8/4/2020).

El Ministerio de Consumo emplazó a una reunión con representantes de SOScampesinado. La plataforma consideró que el encuentro se realizó en un marco de buena predisposición, pero sin resultados prácticos (SOScampesinado, 2020).

Al mismo tiempo, y de forma descentralizada, las organizaciones que conformaban SOScampesinado realizaban peticiones a las instituciones locales y regionales con éxito desigual. La falta de concreción del RD y de las respuestas ministeriales propició que algunos ayuntamientos y comunidades autónomas negociaran con las respectivas delegaciones de gobierno con diferentes resultados. El resultado fue un mapa heterogéneo de reglamentaciones, muchas veces divergentes entre territorios.

El presente trabajo analiza las repercusiones que la aplicación del RD tuvo en dos ámbitos de la agricultura familiar: el cierre de mercados no sedentarios de venta directa, y la prohibición de trabajar los huertos de autoconsumo en las zonas rurales. Estos dos casos ejemplifican esta diversidad de decisiones políticas, y la respuesta de la población campesina y de las organizaciones que defienden la pequeña agricultura. Más allá de la situación coyuntural que supuso la epidemia, nos preguntamos si las políticas de emergencia en el ámbito agrario evidenciaron ese sesgo urbanocéntrico de las que fue acusado por diferentes organizaciones sociales y campesinas, y una apuesta práctica a favor de la agricultura industrial en detrimento de la de carácter familiar.

2. Bases teórico-conceptuales

Durante los primeros meses del 2020, y a nivel global, la pandemia del COVID- 19 generó la publicación de estudios que podríamos denominar “de emergencia” sobre sus efectos en la producción y distribución de alimentos. La mayoría analizaba los diferentes escenarios que podía generar la pandemia. Algunos afirmaban que la estructura agroalimentaria estaba abasteciendo los mercados, aunque ciertos sectores tenían pérdidas (Hart et al., 2020) y las restricciones obstaculizaban el transporte de alimentos (FAO, 2020a). Esto llevó a aventurar que la pandemia no tendría repercusiones sustanciales en el futuro (Brewin, 2020; Vos et al., 2020). Pero la mayoría vislumbró un futuro incierto. Concluían que restricciones en las exportaciones y nuevas normativas sanitarias encarecerían los costos de producción y distribución (Barichello, 2020; Deaton y Deaton, 2020; McEwan et al, 2020; McKibbin y Roshen, 2020; Weersink et al., 2020). También, que a ello coadyuvaría la dificultad de acceder a mano de obra jornalera emigrante por el mayor control fronterizo (FAO, 2020a, 2020b; Richards y Rickard, 2020). Aunque estos autores no lo consideraron, tampoco se puede obviar el riesgo de encarecimiento de precios por especulación, a la cual el sector agroindustrial es muy vulnerable; la desestabilización de los mercados favorece prácticas que rompen con la lógica de la oferta y la demanda (Holt-Giménez y Patel, 2009; Magdoff y Tokar, 2009). Fuera por esta u otras razones, en marzo ya se observaba una alta volatilidad en los precios agrarios (Vercammen, 2020). Como es común en estos escenarios (Lang, 2010; Bello, 2012), esta situación iba a afectar especialmente la seguridad alimentaria de los países del sur (FAO, 2020b; Zurayk, 2020) y de la población más vulnerable del norte que, inmersa en una predecible crisis económica, vería reducido sus ingresos (Siche, 2020).

Los trabajos que analizaban el impacto de la pandemia y de las medidas sanitarias que se estaban implementando sobre la agricultura familiar y de proximidad fueron escasos, y planteaban escenarios diferentes. Mientras que algunos afirmaban que la producción familiar era especialmente vulnerable a la crisis (Mhlanga y Ndhlovu, 2020), otros consideraban que se abrían expectativas interesantes, ya fuera por las dificultades que padecerían los mercados globales en los siguientes años, ya por un mayor interés del consumidor en productos saludables (Hobbs, 2020; Kolodinsky et al., 2020; Worstell, 2020).

La poca atención prestada a la pequeña agricultura contrasta con su papel en la alimentación global. La agroecología y la ecología política han demostrado que no solo son la base de modelos de producción más eficientes que la agroindustria en el uso de la energía y los recursos (Sevilla y González de Molina, 1990; Altieri et al., 2012), sino que, a nivel mundial son esenciales para cubrir las necesidades alimentarias de la población (Altieri y Toledo, 2011; Shiva, 2016). Necesidades que se cubren, en buena medida, mediante la producción de autoconsumo (Van de Ploeg, 2010). Como veremos, esto no es solo característico de países del sur; España presenta una amplia red de huertos de autoconsumo, urbanos y rurales, que garantizan la seguridad alimentaria de parte de la población (Tendero, 2017).

3. Objetivos, casos de estudio y metodología

3.1. Objetivos

Como hemos señalado anteriormente, el objetivo del presente trabajo es analizar cómo afectaron las medidas establecidas por el gobierno español durante el estado de alarma debido a la pandemia en la agricultura familiar. Kerr (2020) y Orden (2020) planteaban la posibilidad de que, frente a la vulnerabilidad de los mercados globales, los gobiernos optasen por políticas proteccionistas que favorecieran la agricultura de circuito corto. Nuestro análisis ha ido en sentido contrario: creemos que el estado español hizo una apuesta por asegurar el suministro de alimentos a través de la cadena agroindustrial y en detrimento de las de carácter alternativo. El artículo también estudia la respuesta del pequeño campesinado, que en algunos lugares consiguieron que las instituciones locales y regionales aceptaran una interpretación flexible de la normativa jurídica del estado de alarma, y en otros, no.

Para analizar estas políticas gubernamentales, el artículo se centra en dos aspectos concretos: el cierre de los mercados no sedentarios y de venta directa al consumidor, y la prohibición de trabajar en los huertos de autoconsumo en zonas rurales.

3.2. Caso de estudio (I): mercados campesinos en el ámbito urbano (Barcelona)

Los mercados no sedentarios o campesinos son espacios donde, con periodicidad, el productor y elaboradores artesanales venden su producción, o parte de ella, directamente al consumidor (Soler, 2013). Son un nicho de mercado marginal en la estructura agroalimentaria, pero su papel en las economías campesinas que participan en ellas es importante. Por parte del consumidor, su aceptación se debe fundamentalmente a la existencia de una clientela que valora el acceso a productos frescos (Connell et al., 2008; Kirwan, 2004). Por parte del productor, el interés se debe a que se trata de una estrategia que entra dentro de lo que Van der Ploeg denomina recampesinización (2008; con Jingzhong y Schneider, 2012); es decir, la búsqueda de mayor independencia de un mercado que les relega a una situación de vulnerabilidad (Akram-Lodhi y Kay, 2010). No olvidemos que, en los meses anteriores a la detección de los primeros casos de COVID-19 en España, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) medio agrícola giraba alrededor de 5 (COAG, 2020a)³. El papel hegemónico de la gran distribución y la industria alimentaria les facilita acaparar la mayor parte del margen comercial e imponer condiciones en el proceso de producción (controles de calidad, volúmenes, etc.). La venta directa, por tanto, incrementa los beneficios del agricultor por unidad de producto al quedarse el margen comercial, y le da autonomía en el manejo de la explotación. La viabilidad de numerosas fincas pequeñas se consigue gracias a que los recursos disponibles se destinan tanto a la producción como a la comercialización (Mauleón, 2012). La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calcula que, en España, más de 25.000 explotaciones venden a través de mercados y otras formas de venta directa, lo que supone aproximadamente un 2,7 % del total (COAG, 2020b).

La capacidad que tienen los mercados campesinos de fortalecer una economía rural en declive explica el apoyo institucional que reciben en diferentes países (Carey et al., 2011; Soler, 2013). En España, este apoyo se ha vehiculado a través de los ayuntamientos. Barcelona es un ejemplo. En la década pasada, los mercats de pagès se multiplicaron. La Xarxa de Consum Solidari (Xarxa), una ONG que defiende la soberanía alimentaria, es la entidad que más las ha impulsado⁴. En 2012 coordinaba un mercado de periodicidad mensual. Inicialmente no fue fácil conseguir productores interesados en participar, porque pocos creían que las ventas fueran a compensar el transporte y el tiempo invertido, pero el mercado funcionó bien. Con una mejor cartera de productores, y tras establecer acuerdos con asociaciones de otros barrios, se abrieron dos nuevos mercados, también de periodicidad mensual. El crecimiento se aceleró en la segunda mitad de la década. En 2019, la Xarxa coordinaba siete mercados, ahora de carácter semanal. Los productores que ponen parada en estos mercados van rotando: en parte, porque tienen que realizar labores en sus fincas; en parte, por política de la Xarxa, que tiene una lista de espera de agricultores interesados en participar.

En este proceso también jugó un papel el Ayuntamiento de Barcelona: no solo asistió a los mercados facilitando espacios, logística o aprobando proyectos para cubrir sus costos, sino que presionó a la Xarxa y otras entidades para crecer y establecer una red tupida de mercados campesinos. Pero este idilio entre Barcelona y el mundo rural quedó suspendido con la pandemia.

3.3. Caso de estudio (II): huertos de autoconsumo en el mundo rural (Alcaine, Teruel)

La agricultura de subsistencia, aquella que se destina a cubrir las necesidades básicas de la unidad doméstica y genera pocos excedentes o ninguno, supone un porcentaje elevado de la producción mundial de alimentos (Warton, 2017), pero al no pasar por el mercado monetarizado, a menudo queda oculta para los sistemas estadísticos y se infravalora su papel económico (Rennie, 1991). Es común identificar esta forma de producción con los países del Sur (Kostov y Lingard, 2004; Sibhatu y Qaim, 2017). Pero también es habitual en los países del Norte. Y no es una actividad marginal; los estudios de caso muestran que, en determinadas circunstancias, en estos países la producción para el autoconsumo se incrementa incluso cuando los mercados modernos están plenamente establecidos (Ascione, 2015) o en vías de consolidación (Iorga y Toma, 2013). Es el caso de los huertos urbanos. En las últimas décadas, la agricultura urbana ha crecido sustancialmente en Europa. Aunque muchas veces se identifica como una actividad de ocio, pedagógica o política (De Zeeuw et al., 2011; Fernández y Morán, 2012), su papel en el autoconsumo familiar no es desdeñable (De Bon et al., 2010).

Menos atención se ha prestado a los huertos de autoconsumo en los espacios rurales. Sin embargo, en España es habitual encontrar zonas agrarias conformadas por pequeños huertos desligados de cualquier explotación agrícola, trabajados por emigrantes que han regresado a su lugar de origen tras la jubilación o por residentes que se dedican a actividades no agrarias. Alcaine, un pequeño pueblo situado en la comarca de Cuencas Mineras, en el norte de Teruel (Aragón), e históricamente muy afectado por el éxodo rural, es ejemplar. La pandemia encerró en el pueblo a una treintena de personas, muchos de los cuales completaban sus ingresos con la producción hortícola, que fue tajantemente prohibida.

3.4. Metodología

El método de investigación utilizado ha sido el etnográfico, dirigido a conocer y comprender el comportamiento social utilizando técnicas de investigación cualitativas; concretamente, la observación participante, y entrevistas formales y no formales. Los dos casos analizados se conocen en profundidad. El autor formó parte de la entidad que coordina los mercados campesinos de Barcelona durante quince años, y ha participado en su organización. En Alcaine hacemos investigación de campo desde el 2016. Dada la situación de confinamiento, el seguimiento de la situación generada por el estado de alarma se realizó mayoritariamente a través de medios telemáticos (etnografía virtual).

4. Resultados

4.1. Mercados no sedentarios de venta directa. El caso de Barcelona.

Con la pandemia, la mayor parte de los países europeos cerraron o restringieron los mercados no sedentarios. Solo Rumanía y Austria optaron por mantenerlos (ECVC, 2020). En España la situación fue contradictoria. En la mayoría de comunidades autónomas se cerraron, pero algunas, como Baleares o el País Valenciano, los mantuvieron abiertos. Paula Valero, directora de la Dirección General de Soberanía Alimentaria del Govern de les Illes Balears, afirmaba que el cierre de mercados semanales en otras comunidades se debía a un “mal entendimiento” del RD (Carne Cruda, 2020).

Cataluña refleja las contradicciones de las órdenes institucionales. El 13 de marzo, un día antes de la promulgación del estado de alarma, la Generalitat de Catalunya emitió una resolución sobre las medidas a establecer por la pandemia. Su punto 1.h indicaba que era necesario garantizar la continuidad de los mercados campesinos, aunque cumpliendo medidas de distanciamiento social⁵. Las organizaciones campesinas valoraron positivamente esta normativa, ya que algunos ayuntamientos habían decretado la suspensión de los mercados en los días anteriores (Diari de Girona, 2020). Pero la recentralización de competencias por el estado de alarma anuló la resolución de la Generalitat y subordinó todas las medidas al RD. La indefinición de esta norma jurídica estatal hizo que cada municipio estableciese sus propias regulaciones. Aquellos que habían clausurado previamente los mercados, no los abrieron, y otros optaron por cerrarlos; entre estos, Barcelona, el mismo día que se inició el confinamiento. Toda la red de mercats de pagès que se había creado con el apoyo del Ayuntamiento se desmanteló temporalmente. En otros municipios, en cambio, se mantuvieron abiertos. La Generalitat volvió a dictaminar la apertura de los mercados a principios de abril (DARP, 2020), pero con éxito relativo, ya que sus decisiones, ahora, no eran vinculantes.

La clausura de mercados campesinos se sumó a la pérdida de otros canales de venta directa por el cierre de comedores escolares y de los servicios HORECA. Al tratarse de alimento fresco, difícilmente almacenable, esta situación comportaba la pérdida de la producción. Pero el temor de la agricultura familiar iba más allá: se sospechaba que estas políticas coyunturales que beneficiaban a los supermercados podían afianzarse y volverse permanentes terminado el estado de alarma.

Este sector productivo reaccionó mediante dos estrategias. Una, reclamando al gobierno central medidas específicas a favor de la agricultura familiar y agroecológica, y que aclarase que el RD no prohibía los mercados no sedentarios, a la vez que presionaba a instituciones locales y regionales para que hicieran una lectura no restrictiva del RD. La presión hacia el gobierno central se basó, a partir del mes de abril, en mostrar cómo en determinadas autonomías y municipios los mercados seguían funcionando con protocolos de higiene apropiados, y que lo hacían acatando el RD. Se pedía al gobierno que dictase instrucciones a las delegaciones de gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para que buscasen soluciones a los mercados no sedentarios (Carta al Ministerio de Consumo, 8/4/2020).

Como ya se ha explicado, el Ayuntamiento de Barcelona cerró la red de mercados al iniciarse el estado de alarma. Los mercados intentaron negociar con el Ayuntamiento, asegurando que el RD no obligaba a ello y que podían establecer mejores medidas sanitarias que los supermercados al situarse en espacios abiertos (Montagut, 2020). No tuvieron éxito. El 9 de abril, organizaciones sociales de la ciudad hicieron pública una carta dirigida a la alcaldesa en similares términos, añadiendo que se estaba dificultando a sectores de la población a acceder a alimentos de buena calidad. Finalmente, mostraban su extrañeza por la clausura de mercados cuando la Generalitat y la Diputación de Barcelona habían elaborado normativas que permitían su continuidad, y que se estaban aplicando en otras localidades (Carta a l’alcaldessa de Barcelona, 9/4/2020). La presión social, poco a poco, fue logrando que la mayoría de los municipios de Cataluña reabriesen los mercados campesinos (Unió de Pagesos, 2020). En Barcelona volvieron a funcionar el 18 de abril, más de un mes después de su clausura.

La segunda estrategia implementada por las explotaciones familiares y agroecológicas ante el colapso de sus canales comerciales fue de carácter económico, creando o potenciando otros sistemas de venta directa (Batalla et al., 2020). Básicamente, mediante la venta por internet o a grupos y cooperativas de consumo. A tal efecto, algunas organizaron plataformas virtuales de comercialización. Otras, ya las tenían.

Los productores que participaban en los mercados coordinados por la Xarxa se beneficiaron de que esta organización contase con una red de grupos de consumo.

Esta red había sido amplia en la década de 2000; la mayor de Barcelona, con cerca de 300 unidades de consumo (Riutort, 2011). Los grupos y cooperativas de consumo habían crecido exponencialmente en Cataluña a lo largo de esa década (Vivas, 2010), pero entraron en crisis a principio de las siguiente (Pérez-Suárez y Márquez, 2018). La Xarxa no fue una excepción, y el número de grupos de consumo y de socios se había reducido, pero siguió manteniendo la red. Esto permitió activarla, con relativo éxito, como solución de urgencia ante la clausura de los mercados. En aquellos mercados situados en barrios donde la Xarxa no contaba con punto de distribución, las cestas se repartían a domicilio.

Las ventas por estas vías de comercialización crecieron rápidamente. Esto permitió dar salida a parte de la producción que ahora no se podía destinar a HORECA, escuelas y, especialmente, mercados campesinos, pero no era una solución exenta de problemas. La venta a domicilio comportaba una logística que encarecía la comercialización y reducía los márgenes de beneficio. En algunos casos, cuando los clientes estaban excesivamente distanciados unos de otros, no era rentable. Además, la preparación de los pedidos incrementó el trabajo del productor en la explotación; aquellos que tuvieron más éxito acabaron desbordados. Pero la mayoría de los agricultores, que nunca habían trabajado por esos medios y/o no formaban parte de estructuras organizativas más amplias, no se pudieron articular. En estos casos, al agricultor no le quedó otra opción que dirigirse a las vías comerciales convencionales sacrificando el margen comercial, o ver como su producción se agostaba en el campo o el almacén (Bandera, 2020; Molero, 2020).

4.2. Huertas para el autoconsumo en el mundo rural. El caso de Alcaine (Teruel)

Alcaine es un pueblo afectado por el éxodo rural y la despoblación: en 1910 superaba los 1.200 habitantes; en 2019 tenía censados solo 59⁶. Sin embargo, más del 95 % de las casas que existían en el momento de mayor esplendor demográfico se mantienen en pie. La paradoja se explica porque son segundas residencias; sus propietarios son los emigrantes y sus descendientes. Alcaine se convirtió en destino turístico para esta población a medida que consolidaron su economía, se generalizó el coche particular y mejoró la red de carreteras.

El rol de Alcaine como destino turístico para sus emigrantes reactivó la huerta. En 1926, las mejores tierras cerealistas del pueblo fueron anegadas por el pantano de Cueva Foradada. La vida agraria quedó reducida a la actividad pecuaria, al olivo, la apicultura, y a una rica huerta que ya había sido ensalzada por Madoz (1845). Huerta de aluvión, fértil y tempranera, fue abandonada resultado del éxodo, pero en la década de 1980 empezó a ser recuperada por aquellos emigrantes que practicaban el turismo residencial en su lugar de origen. A medida que alcanzaban la jubilación, algunos alargaron sus estadías, y eso les permitió dedicarse con mayor esmero a la huerta y aprovechar mejor las temporadas agrarias. Por su parte, se creó una economía alrededor de la actividad constructiva, en la rehabilitación de las casas de segunda residencia, que permitió a algunas familias no emigrar; éstas también hacían uso de la huerta. De esta manera, en el momento en el que los censos de Alcaine marcaban su nivel demográfico más bajo, la huerta era aprovechada en su totalidad (Cañada y Gascón, 2016). Con el inicio de siglo, la primera generación de emigrantes entró en la ancianidad o fallecieron, y parte de la huerta fue abandonada. No obstante, para aquellos que la siguen trabajando, juega un papel importante en sus economías: el autoconsumo supone un complemento a sus ingresos.

El 9 de abril de 2020, el Diario de Teruel publicó una carta al director escrita por una residente en Alcaine. La carta denunciaba que, en un pueblo en el que viven habitualmente solo una treintena de persona, se les prohibía acceder y cuidar el huerto. La Guardia Civil, dependiente de la Delegación del Gobierno, patrullaba para asegurar que se cumplía esta restricción. La autora, enfermera jubilada, incidía en la contradicción que suponía no poder hacer labores de autoconsumo en unos espacios en el que es difícil encontrarse con nadie, pero tener que desplazarse, para adquirir productos hortícolas, a un concurrido supermercado situado a decenas de kilómetros. Finalmente se preguntaba “¿qué comeremos dentro de unos meses si nadie va al huerto?” (Gascón, 2020).

No era un caso y reclamación particular. La prohibición de acceder a los huertos de autoconsumo se generalizó en toda España, y se convirtió en una de las reclamaciones de SOScampesinado. El RD establecía medidas para asegurar “el funcionamiento de los servicios de los centros de producción”. Pero en buena parte del territorio se entendió que la producción de alimentos era una actividad exclusivamente profesional, de tal manera que solo se permitió la movilidad a quien estaba dado de alta en el Régimen Agrario, tenía un contrato laboral con alguna finca, o era propietario de tierras. Cabe señalar que, en el mundo rural, es común que el usufructo de las huertas se establezca mediante acuerdos no formales.

De nuevo se evidenció el carácter urbanocéntrico del RD. Por un lado, imponía medidas de confinamiento apropiadas para espacios con alta densidad poblacional, pero incoherentes en espacios rurales con una población relativa tan baja que se han definido como vacíos (Sanz, 2016). Por otro, no consideraba que en el mundo rural se practican actividades no remuneradas, pero con un papel relevante en la economía doméstica. Finalmente, tampoco contemplaba la existencia de mecanismos consuetudinarios de tenencia y usufructo de tierras.

A su carácter urbanocéntrico hubo que añadir, de nuevo, la falta de claridad del RD y que el gobierno estatal no aclarase las dudas que generaba su aplicación. Así, el 15 de abril, el Ministerio de Interior dictó una instrucción que establecía que “el cuidado o recolección de huertos de consumo solo se puede considerar autorizado de manera excepcional en los casos en los que el consumo del producto de los mismos resulte imprescindible para atender a su subsistencia” (Muñiz, 2020). Pero, ¿qué se entiende por imprescindible? ¿Situaciones de pobreza alimentaria extrema? Como en el caso de los mercados, la aplicación dependió de la interpretación de las delegaciones de gobierno y en la capacidad de las instituciones autonómicas para influenciar en ellas si consideraba que su interpretación no era la adecuada. En Extremadura y Euskadi, por ejemplo, se permitió acudir a los huertos de autoconsumo al poco tiempo de iniciarse el confinamiento (Díez, 2020; Ecologistas en Acción, 2020). Igual sucedió en Baleares, Galicia, Valencia y Cataluña, impulsados por la presión social. Sin embargo, la proscripción se mantuvo en Castilla y León (Agronews Castilla y León, 2020) y en Castilla-La Mancha (Alh, 2020).

En Aragón, la prohibición fue drástica (Ruiz, 2020). Sin embargo, la Diputación General de Aragón (DGA), el gobierno autónomo de esta comunidad, presionado por la ciudadanía rural, intentó negociar su flexibilización: el 12 de abril, el presidente de la DGA solicitó sin éxito al presidente de gobierno que se levantase la restricción (Díez, 2020); a mediados de mes, el consejero de Agricultura de la DGA afirmaba que seguían negociando con el MAPA, pero que por el momento debían acatar la normativa nacional (C. García, 2020); a finales de marzo, la DGA reclamaba al gobierno estatal que se acelerase el desconfinamiento del medio rural, dada su baja densidad de población y la necesidad de atender el campo (A. García, 2020). Las sucesivas medidas de desconfinamiento decretadas a mediados de abril por el gobierno español, que permitió acudir a los trabajos considerados no esenciales, no afectaron a las restricciones al acceso a los huertos. A finales de abril, un mes y medio después de iniciarse el estado de alerta, la prohibición seguía vigente. El riesgo ya no era la pérdida de la producción que estaba madurando en la huerta, sino la de la cosecha estival que se debía estar sembrando.

5. Discusión

Durante el estado de alarma, la pequeña producción de carácter familiar o agroecológico se enfrentó a situaciones que pusieron en riesgo su viabilidad. Hemos visto dos casos. Uno, el de aquellas fincas que explotan relativamente pocos recursos, pero obtienen el margen comercial vendiendo directamente al consumidor. Al cierre de escuelas y de servicios HORECA, a los que muchos suministraban, se sumó su principal vía de comercialización: los mercados campesinos. En algunos casos, pudieron establecer vías alternativas de comercialización, como la venta a domicilio o a cooperativas de consumo. En otros, en cambio, como nos comentó algunos productores, parte de la producción se echó a perder o tuvieron que venderlo por vías convencionales, sacrificando el margen comercial. En el caso de los productores rurales de autoconsumo, muchos no pudieron desplazarse a sus huertas o asumían el riesgo de una multa. No solo perdieron la producción de primavera; tampoco pudieron preparar adecuadamente la siguiente cosecha.

La clausura de mercados campesinos y las restricciones a los hortelanos de autoconsumo se levantaron durante la segunda mitad de abril e inicios de mayo. Aunque el estado de alarma establecía la centralización de poderes, el proceso tuvo un calendario diferente en unas comunidades y en otras, y en unos u otros municipios, dependiendo de la interpretación de la normativa legal que hicieron los poderes públicos locales y autonómicos, del éxito de la presión social y de organizaciones agrarias, y de la voluntad de negociación de cada delegación de gobierno. En Barcelona, los mercats de pagès volvieron a funcionar cinco semanas después del cierre decretado por el Ayuntamiento, pero nunca fueron clausurados en otras localidades catalanas; en Alcaine y en toda Aragón, los productores debieron esperar hasta el 2 de mayo para desplazarse legalmente a sus huertos⁷, cuando en otras comunidades no se dieron esas restricciones o duraron mucho menos.

Movimientos sociales y organizaciones campesinas definieron de urbanocéntricas las normativas estatales del estado de alarma (Batalla et al., 2020). Ciertamente, y a diferencia de lo que vaticinaban algunos estudios sobre los efectos de las políticas anti-pandemia en la agricultura (Hobbs, 2020; Kolodinsky et al., 2020; Worstell, 2020), en España se establecieron en base a las necesidades y las características de las ciudades. En el mundo rural, donde los índices de pobreza son importantes (Izcara, 2002), ya hemos visto como puso en riesgo los mecanismos tradicionales de autosuministro. Pero también se puede hablar de industriacentrismo: las medidas favorecieron el modelo agroindustrial en detrimento de sistemas de producción y de comercialización alternativas. Los supermercados aumentaron la facturación en establecimiento entre un 12 % y un 15 %, aunque tuvieron que destinar parte de los beneficios a establecer nuevas medidas higiénicas (Salvatierra, 2020). Y el crecimiento de sus ventas online alcanzó un 74 % (Lema, 2020). Más allá del incremento de ingresos, la situación consolidó, al menos temporalmente, su predominio en la cadena agroalimentaria.

La agricultura familiar y agroecológica, en cambio, no solo tuvo que enfrentar cambios en los protocolos de higiene de producción y comercialización. Tuvo, también, que multiplicar esfuerzos para buscar formas de venta alternativa, creando, por ejemplo, plataformas de comercialización online. Y aún con eso, la mayoría vio reducido sus ingresos, incluso poniendo en riesgo la viabilidad de la explotación. Aún más, se vio abocada a destinar tiempo y esfuerzos a organizarse para plantear acciones de presión política. Durante la primera fase de la pandemia, se observó la capacidad de respuesta y resiliencia de este tejido productivo, aún con todas estas limitaciones, si bien aún no se puede saber si supondrán transformaciones en sus estructuras organizativas y comerciales, y si todas las explotaciones podrán enfrentar estos cambios.

6. Conclusiones y orientaciones futuras

Las medidas políticas tomadas mientras duraron las fases más duras del confinamiento supusieron un ataque a la sociedad rural que busca alternativas independientes. Pero no parece que fueran dirigidas a favorecer expresamente el modelo de producción y comercialización agroindustrial. De nuevo, el caso de los mercados campesinos en Barcelona es ejemplar. El Ayuntamiento llevaba años impulsándolos, entre otras medidas destinadas a favorecer formas de consumo alternativas que beneficiaban a la pequeña producción. Sin embargo, los clausuró en cuanto se inició el confinamiento. Más que un giro político, habría que entenderlo como la persistencia de una ideología de crecimiento que coloniza mentalidades, y que se activa en situaciones de crisis, cuando no hay tiempo para la reflexión; una demostración del concepto gramsciano de hegemonía cultural (Gramsci, 2009).

La recentralización de competencias durante el estado de alarma también fue resultado de esta situación. La falta de concreción sobre la producción no agroindustrial generó ineficiencias que tuvieron diferentes repercusiones en el territorio dependiendo de la capacidad de actuación de las instituciones descentralizadas y de organización de la sociedad civil; en aquellos casos en los que ésta era más potente, la interpretación de la normativa jurídica tendió a ser más flexible en interés de la agricultura familiar. Se ha de destacar la capacidad de organización del sector agroecológico y familiar para responder a las políticas gubernamentales a través de la plataforma SOScampesinado. Una acción tan amplia no se había visto desde los mejores momentos de Plataforma Rural, la coordinadora de organizaciones sociales y sindicatos agrarios que asumió la representatividad de La Vía Campesina en España en la década de los 2000. Plataforma Rural fue perdiendo fuerza a medida que se fue ahondando la crisis del 2007; el frente común fue sustituido por acciones y estructuras de carácter sectorial y territorial. Habrá que ver si SOScampesinado se mantendrá tras la emergencia.

Igualmente, se habrá de seguir las medidas y efectos que puedan tener posibles restricciones a la movilidad o nuevos confinamientos en esta agricultura alternativa, cuando aún no se ha conseguido controlar el Covid-19. Y observar si al finalizar la pandemia se ha incrementado la vulnerabilidad de las pequeñas explotaciones agrarias, si se han mostrado resilientes, o si, como se atisbó en el periodo analizado, el sector sufre una restructuración en detrimento de las más independientes y a favor de aquellas inmersas en redes que facilitan la comercialización y la acción política.

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Notas