La prueba de los hechos es esencial en todo proceso judicial y está compuesta por diversas etapas probatorias. Ellas han sido un terreno fértil para indagar en la manera en que los operadores jurídicos ejecutan sus funciones al momento de probar hechos. Mientras algunas investigaciones analizan la etapa de preparación para examinar problemas sobre admisibilidad o carga probatoria (Meneses 2008; Palomo 2013; Duce 2018), otras se enfocan en la etapa de producción y justificación analizando conceptos de credibilidad, valoración o estándar de prueba (Reyes 2012; Carnevali y Castillo 2011; Larroucau 2012). Sin embargo, a lo largo de esas etapas, el componente discursivo carece de investigaciones claras que analicen al rol e incidencia de los intervinientes procesales (partes y tribunal) en la determinación de los hechos probados en el marco de los procesos judiciales. Si bien existen otras investigaciones que han vinculado el uso del análisis del discurso con la criminología (Fernández 2013) la identificación del componente cultural de las sentencias (Agüero y Zambrano 2009), la presencia de estereotipos (Agüero y otros 2020) y de creencias ideológicas (Zambrano y Lira 2022, 2023), ninguna se ha detenido en la investigación y análisis de los discursos construidos en la gestión probatoria latinoamericana. De esta manera, a partir de lo resuelto en una conocida sentencia chilena, este trabajo identifica el rol discursivo de cada medio de prueba, su utilidad e impacto en la determinación de los hechos probados. El estudio evidencia que heterogéneos aspectos confluyen en la prueba de los hechos, principalmente las declaraciones discordantes de la víctima, el auxilio del conocimiento científico para explicar conductas, la valoración de la prueba con perspectiva de género, y el desacuerdo entre los jueces que conocen del caso.

La necesidad para realizar un análisis discursivo probatorio se justifica porque el derecho (y las decisiones judiciales) mayoritariamente se estudian de manera intrasistémica, desde y para sí mismas, sin la ayuda de otras disciplinas y perspectivas. De este modo, este trabajo amplifica el estudio mediante un análisis textual de una sentencia judicial al momento de determinar los hechos probados. El análisis responde a la sugerencia de Bayón (2010: 27), cuando indica que ha llegado el momento de ocuparse de la prueba no sólo desde la epistemología, y Taruffo (2002: 23), cuando sostiene que los análisis estrictamente jurídicos del fenómeno probatorio son parciales al referir a una sola dimensión del objeto analizado.

El camino a seguir es el siguiente. Primero, se detallan las características institucionales, socioculturales y narrativas del género discursivo de las sentencias judiciales. Segundo, a partir de tales características, se analiza la construcción de discursos en la gestión de la prueba y en la elaboración de razonamientos. Tercero, se expone la metodología necesaria para analizar el discurso probatorio contenido en una sentencia judicial. Cuarto, se ejecuta un análisis del discurso sobre un conocido ejemplar de sentencia judicial chilena. Quinto, en razón del impacto de las sentencias judiciales en el mundo desde un punto de vista discursivo, se reflexiona sobre la importancia de vincular al derecho con aspectos interdisciplinarios. Finalmente se ofrecen conclusiones a partir del estudio realizado.

El derecho y el lenguaje son herramientas que permiten que la sociedad se constituya a través de distintas comunidades. Cada comunidad cuenta con una red terminológica compartida por los agentes que pertenecen a ella. En el caso de la comunidad jurídica, ella está dominada por agentes que ocupan, generalmente, un lugar privilegiado en la sociedad al definirse operacionalmente como un grupo de expertos. Estos expertos comparten un acervo disciplinario que utilizan al ejecutar sus labores, y que representa un vasto número de conceptos y prácticas reproducidas constantemente en distintos textos orales y escritos. La mayoría son textos considerablemente regulados por la propia comunidad jurídica, compartiendo el mismo contenido semántico, estructura textual y funcionamiento pragmático, lo que demuestra la existencia de un continuum que crea, fija y transmite conocimientos (García y Agüero 2014: 71).

Algunos textos forman lo que se conoce como género discursivo, es decir, una forma de producción lingüística (verbal o escrita) que ha estereotipado su contenido, recursos lingüísticos y forma de producción. Esta noción es relevante pues permite observar cómo un tipo de texto contiene saberes integrantes de la comunidad que, al mismo tiempo, inciden en lo social (Parodi 2008; Agüero 2014: 13). La sentencia judicial, en particular, es un texto que forma parte de un género discursivo propio del campo jurídico (Agüero 2014: 23-24). Tal género cuenta con tres características relacionadas: (i) es un documento institucionalmente legitimado que justifica la aplicación de una norma jurídica; (ii) encarna la composición del acontecimiento juzgado, que refleja una comprensión sociocultural de eventos con relevancia jurídica; y (iii) cuenta con propiedades narrativas que revela lo que entienden los operadores jurídicos (y el derecho a través los tribunales) sobre una persona o hecho.

En primer lugar, el carácter institucional implica que las sentencias son actos jurídicos procesales capaces de generar consecuencias normativas en sus destinatarios. En caso de que se declare la prueba de un hecho en un procedimiento legalmente establecido, las sentencias tienen el poder de imponer sanciones o constituir declaraciones. Por ello, las decisiones judiciales, en principio, permanecen dichas y establecidas para generar seguridad jurídica alineada con valores protegidos a nivel social. Así, para los efectos de esta investigación, se entiende que la decisión que determina los hechos probados (decisión probatoria) elimina la incertidumbre por medio de una reconstrucción narrativa elaborada por el tribunal desde los datos probatorios disponibles. Esta idea de reconstrucción narrativa proviene de la asunción de que, en rigor, en el proceso, no se lidia con hechos entendidos como entidades empíricas objetivas, sino con cadenas de enunciados (o proposiciones) que hablan sobre hechos.

En segundo lugar, el carácter sociocultural proviene de que los tribunales (encarnados en la figura de los jueces) ejecutan prácticas para consagrar una visión unificada y legitimada del mundo social por medio de sus decisiones (Bourdieu 2000: 160). El derecho es un fenómeno social institucionalizado al contener prácticas sociales y discursivas desplegadas a través del lenguaje y que reflejan una serie de patrones socioculturales ² . Esas prácticas representan una mentalidad y forma ‘común’ para resolver un caso, de modo que la sentencia judicial es un texto que encarna las representaciones sociales, creencias, deseos e intenciones de quienes las emiten (Zambrano y Lira, 2022) ³ . De ahí que las sentencias judiciales, además de sus consecuencias jurídicas-institucionales, manifiesten cómo el derecho comprende y define a la sociedad, donde lo expresado por ellas se da por verdadero. Así, son textos representativos de una cultura específica que comunican cómo, desde un campo social específico, se construye lo racional y lo irracional, lo bueno y lo malo (Mackie 2000; Agüero y Zambrano 2009: 30).

En tercer lugar, las propiedades narrativas indican que el juez no sólo juzga la adecuación de la conducta a normas jurídicas, sino también retrata textualmente el carácter del acusado, víctima, testigos e intervinientes. La sentencia, como si fuera una crónica, resume lo ocurrido mediante una reproducción de las perspectivas de cada interviniente, sus peticiones, síntesis de cada medio de prueba, para luego explicitar los hechos probados, calificarlos y vincularlos a una o varias normas jurídicas (Agüero y Zambrano 2009: 34; Agüero 2014: 13; Zambrano y Lira 2022).

El carácter narrativo de las sentencias judiciales, especialmente en el discurso de los hechos, da cuenta que los enunciados fácticos pueden ser relatados de distintos modos. Se puede acudir a enunciados simples, o también a narraciones largas y complicadas. En este sentido, en razón del carácter adversarial (confrontativo) de los procesos judiciales, las sentencias judiciales contienen narraciones “construidas por sus autores, a menudo por medio de complejas y sofisticadas actividades creativas (…)” (Taruffo, 2010: 56 y 67). Así, y como la sentencia se elabora en un contexto de escritura, hay riesgo de que lo enunciado por el tribunal no sea siempre completamente fidedigno a lo ocurrido.

Dicho lo anterior, este trabajo considera predominantemente al discurso de los hechos como un razonamiento holista, en virtud del cual se definen acontecimientos evaluando un cúmulo de evidencia y argumentos en conjunto ⁴ *. La investigación adopta una concepción descriptiva del razonamiento probatorio judicial pues, a través del análisis de fragmentos discursivos de una sentencia judicial, reconstruye y analiza la forma en que razonan los intervinientes. Además, considerando a los hechos como artefactos lingüísticos cuya función es adscribir acciones u omisiones jurídicamente relevantes (Coloma 2017: 83-84), se asume que la sentencia judicial se despliega en un marco socio-cultural que narra el significado de la conducta juzgada a la luz de los fines procesales. Así las cosas, el análisis del discurso probatorio pretende indagar en los aspectos considerados relevantes para conocer lo ocurrido y, sobre todo, para vislumbrar qué fue considerado valioso por un grupo humano privilegiado en un tiempo determinado (García y Agüero 2014: 61).

En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre en la cotidianidad, donde se realizan actos sin requerir una específica competencia lingüística y social, en el derecho no cualquiera puede emitir válidamente una sentencia judicial. Se deben respetar roles institucionales (intervinientes procesales), normas jurídicas (procesales, sustantivas y probatorias) hasta convenciones sociales y morales (como obedecer lo decidido). Así, el proceso judicial se asimila a un escenario ritual, es decir, a una instancia de comportamiento normalizado y repetitivo que da sentido a su existencia (Austin 1962; Dunn 2003:494; Ho 2006: 6-13; 2008: 15, 70). De ahí que el rol de los tribunales sea clave: son competentes para consagrar una visión oficial y definitiva del asunto juzgado considerando distintas evidencias y normas jurídicas. Solo los tribunales, como autoridad normativa competente, puede (o debe), por ejemplo, declarar la filiación o condenar, y así sellar la disputa sobre la verdad en el proceso para continuar con la trayectoria institucional. Así las cosas, lo decidido impone una hegemonía discursiva que presupone haber ejercido un rol institucional para sellar el conflicto judicial. Aquella hegemonía manifiesta al derecho como un elemento definitorio de la realidad social, ya que determina cómo las personas (intervinientes procesales y ciudadanos) discutirán y pensarán sobre lo decidido (Zambrano y Lira 2023: 15). Mientras algunas decisiones representarán formas tradicionales de entender la prueba de los hechos, otras mostrarán nuevas maneras de utilizar ciertos conceptos y de valorar la prueba. En este sentido, las estrategias de construcción de los significados o valoraciones cambian a lo largo del tiempo, permitiendo desglosar la posición del hablante y las necesidades que requería el intercambio comunicativo concreto (Agüero 2014: 9). Y como el tribunal establece imágenes e identidades sobre la realidad que se expande a todos los campos sociales, el proceso judicial cumple con más funciones que la simple resolución de conflictos. Una de ellas es la construcción de confianza en el derecho a través del vínculo social que elabora entre los miembros de la sociedad. Así, las personas que acuden al sistema procesal consideran que la administración de justicia (y la comunidad jurídica) no se encuentran separada ni hermética ante lo que ocurre afuera.

El proceso judicial es un espacio donde la palabra (oral y escrita) está ubicada al centro. Además, se trata de un caso privilegiado en que el rol y actitud de los participantes está regulada, por lo que es posible saber sus intenciones de antemano (Perelman y Olbrechts-Tyteca 2000: 82). La justificación de los hechos probados realizada por el tribunal, en particular, provee de esquemas discursivos cuya finalidad es comprender lo ocurrido o, al menos, otorgarle un significado entre varios a los eventos y objetos que nos rodean. Para ello, se valoran y organizan dispersos fragmentos de información (medios de prueba) útiles para consolidar la prueba de una proposición fáctica en una sentencia judicial. Así, como se anticipó, este trabajo asume que el debate sobre los hechos en el proceso se desarrolla a través de narraciones que unen piezas de información fragmentarias y dispersas para dar sentido al mundo.

Las narraciones se construyen desde diferentes puntos de vista, hacen tangible los peligros de lagunas, manipulaciones y reconstrucciones incorrectas de los hechos, que incluso pueden generar errores en la decisión final. Punto que no es baladí toda vez que establece una tensión entre la formulación de una descripción acertada de la realidad empírica y la creación de una realidad fantástica donde la verdad deja de ser relevante (Taruffo 2010: 49-52) ⁵ .

El razonamiento probatorio se ejecuta acorde al auditorio para informar las tesis que motivan la posterior acción a realizar (condenar, embargar, indemnizar, etc.). Esto implica entender que elaborar razonamientos es una práctica social y discursiva donde los operadores jurídicos plasman, consciente o inconscientemente, sus creencias personales y profesionales, estereotipos e ideologías. Tal como indica Perelman (1979: 163-164) “la argumentación se inserta necesariamente en un contexto, que no se puede separar enteramente de las fuerzas subyacentes”. Por esto, el funcionamiento del derecho, a través de los procesos judiciales, también depende de la adhesión de las partes y de la opinión pública: no solo basta indicar que la decisión se ha tomado siguiendo una disposición legal (Perelman 1979: 207).

Por su parte, los litigantes cumplen un rol fundamental en la acreditación de lo ocurrido. Gestionan los medios de prueba invitando al tribunal a que valore la evidencia de una manera en vez de otra; a que reconstruya el pasado en un sentido en vez de otro. Hay un encadenamiento de distintos medios probatorios y estrategias argumentativas, lo que supone un proceso de edición, exclusión, y rescate de elementos coincidentes con lo defendido. Se individualizan los posibles significados de la evidencia, evaluando cada uno de ellos para escoger la versión más oportuna en vista de un fin preestablecido.

Lo anterior es propio de la idea de un modelo adversarial, donde litigantes presentan la evidencia para acreditar hechos cuyas consecuencias jurídicas serán diferentes a las esperadas por la parte contraria. En el mismo sentido, no sólo los hechos serán narrados y/o calificados de varias formas, sino también se resaltarán unos y se ocultarán otros para los efectos de alcanzar un fin deseado (Perelman 1979: 209-210). Así, los razonamientos que gestionan la evidencia se construyen con la finalidad de generar la creencia de lo comunicado. Intentan demostrar que el probandum final es alcanzable, mediante una determinada estrategia discursiva, suministrándola como input en los procesos de comprensivos del espectador (Sperber y Deirdre 1994: 251). Esto quiere decir, primero, que cada razonamiento es complejo porque las partes enfrentan la situación a su manera, en circunstancias concretas y con los recuerdos de su propia historia (Nussbaum 1995: 55). Segundo, que los razonamientos probatorios no están aislados, sino que se manejan según contextos interdisciplinarios, sociales e históricos. Recíprocamente, dichos contextos limitan la propia práctica probatoria y destacan la manera en que la sistematización o categorización de un razonamiento puede enfatizar una determinada información (Fernández 2013: 492-493).

En este frenesí informativo, el tribunal debe evaluar la fuerza probatoria de cada elemento para inclinarse en favor de alguna conjetura (Anderson y otros 2015: 107). Sobre el tribunal recae el peso de enfatizar un discurso que atenúe todos los puntos que podrían desafiar la decisión. Para ello, puede llegar a fragmentar un medio de prueba extrayendo parcelas que serán consideradas y otras que no: en general, son libres para narrar sus discursos de la manera en que estimen conveniente y puede ocurrir que el tribunal se incline por un relato o que construya uno completamente distinto (Espinosa 2004, 2005: 421). En cualquier caso, la decisión difícilmente aborda un solo evento, sino una narración que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, con una serie de sucesos y de conductas. Además, no solo hay una variedad y multiplicidad de factores relevantes para construir una narración, sino también una variedad indeterminada de narraciones sobre la misma situación. Por esto, se espera que la decisión probatoria reproduzca una narración verdadera y más adecuada para resolver la controversia e imponer consecuencias selladas autoritativamente (Taruffo, 2010: 65).

Sumado a lo anterior, la decisión del tribunal tiene la peculiaridad de ser definitiva. Impone una visión de lo real que deja de ser objeto de discusión una vez se cumplen los requisitos y plazos para impugnar la decisión. Desde ese momento, lo dicho por el tribunal se considera como una fiel expresión de la realidad, por lo que la autoridad judicial debe reafirmar argumentativamente cómo ha usado de su poder (Perelman 1979: 174-175, 207). Y es por esto que los términos en que se redacta la decisión se escriben de una manera binaria fundamentada. Bajo la noción de todo o nada, el tribunal disipa todo vestigio de duda sobre el curso de acción adoptado (Coloma 2010: 88).

En este marco, el análisis de las representaciones probatorias reproducidas en las sentencias constituye un terreno fértil para analizar cuáles fueron los elementos relevantes para el tribunal al enfrentarse con medios de prueba contradictorios. Esto es significativo si se considera que el razonamiento probatorio permite comprender cómo razonan los jueces, cómo valoran los medios de prueba y cómo administran su poder decisivo (Thornburg 2020). De hecho, lo resuelto por el tribunal estructura lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, y la manera en que nos relacionamos con otras personas, desempeñando un papel central en la definición de la realidad (Lakoff y Johnson 1995: 39). Además, como las sentencias judiciales deben satisfacer auditorios simultáneos (las partes, los operadores jurídicos y la opinión pública), los argumentos dependen “de su medio social, de su entorno, de la gente con la que trata y entre la que vive”. Cada razonamiento se caracteriza “por sus opiniones dominantes, por sus convicciones no discutidas, por las premisas que admite sin vacilar”, concepciones que “forman parte de su cultura”. Además, una argumentación dirigida a un auditorio universal debe convencer al lector del carácter apremiante de las razones aducidas, de su evidencia, de su validez intemporal y absoluta (Perelman y Olbrechts-Tyteca 2000: 56-57, 72 y 111).

La metodología de este trabajo busca fundar fragmentos de una teoría transferible a otros casos similares de estudio. Es una investigación cualitativa al estudiar problemas de investigación en contextos donde las teorías son escasas (Coloma y Agüero 2014: 382). Asimismo, es una aproximación exploratoria porque el lenguaje probatorio latinoamericano, y particularmente el chileno, no ha sido estudiado desde una perspectiva discursiva, lo que manifiesta la carencia de un lenguaje conceptual-investigativo. Por ello, y reconociendo que las investigaciones jurídicas se centran casi exclusivamente en una perspectiva interna del derecho (normas e instituciones), esta investigación sostiene que esa forma de investigar olvida que el derecho es una disciplina donde lo social y lo discursivo se relacionan entre sí (Fairclough y Wodak 2000; Fairclough 2003).

Estudios recientes han justificado la aplicación del análisis del discurso a sentencias penales (Zambrano y Lira, 2022 y 2023), lo que abre la posibilidad de especificar el análisis en sus aspectos probatorios. En particular, el análisis del discurso probatorio presenta ventajas porque proporciona información sobre cómo se conciben ciertos medios de prueba y la reconstrucción narrativa de los hechos. Se enfoca en discursos institucionales que podrían llegar a constituirse en instancias de violencia invisible, de evaluación moral o de la representación socio-cultural (Agüero y Zambrano 2010: 35).

La metodología asume que la sentencia judicial engloba un conjunto de factores discursivos que comunica algo más que su significado literal, orientándose, por ello, al análisis exhaustivo del texto (Agüero y Zambrano 2010: 30). Esto implica analizar todos los componentes textuales para interpretar cuándo un medio de prueba constituye el estatus de hecho probado. Así las cosas, el principal desafío de esta metodología es lograr el diálogo entre sistemas intelectuales diferentes (lingüística y derecho) para mostrar la manera en que convergen distintas disciplinas para analizar los discursos en sus lugares institucionales (Agüero 2014: 8).

En razón de que otras investigaciones han procedido con resultados exitosos (Agüero y Zambrano 2010; Agüero y otros 2020; Zambrano y Lira, 2022 y 2023), la elección de la sentencia fue realizada de modo intencionado. Sin embargo, ninguna de esas investigaciones analiza el discurso probatorio para dotar de contenido a la evidencia; no analizan la forma en que se atribuye sentido a la prueba desde una perspectiva discursiva. Por lo mismo, esta investigación ejecuta el análisis para mostrar la textualización de distintas valoraciones probatorias en el marco de un proceso penal de gran impacto público. La idea de alto impacto tiene una correlación directa con que la idea de que el número de oyentes (el auditorio) condiciona los procedimientos argumentativos (Perelman, 1979: 61). Agüero y Zambrano (2009: 31) han agrupado la estructura de las sentencias penales en segmentos. Cada segmento está compuesto por distintas unidades de párrafos conocidas como considerandos: unidades formales de escrituración propia del campo jurídico donde los jueces entregan las razones de su decisión. Si bien la escritura de una sentencia requiere cumplir con ciertos requisitos formales exigidos por ley, todavía hay una especie de libertad en la forma textual, lo que garantiza que su contenido sea dinámico y variable (Zambrano y Lira, 2022). Así, las sentencias penales se componen de 12 segmentos que pueden apreciarse en el siguiente cuadro elaborado por dichos autores:

Cuadro 1.

El análisis combina los segmentos Nº 3, 4, 5, 6 y 12. En ellos se encuentra la argumentación de los jueces en torno al debate probatorio. Respectivamente, el segmento 3 resume la exposición de lo ocurrido desde la perspectiva de cada uno de los intervinientes. Inicia con la versión de los hechos expuesta por el Ministerio Público, la argumentación asociada al delito cometido, la calidad que le cabe al acusado, el grado de ejecución (tentado, frustrado o consumado), la procedencia o no (a juicio de la parte acusadora) de atenuantes y/o agravantes y la pena solicitada, cerrando con la versión de la Defensa (Agüero y Zambrano 2009: 33). El segmento 4 sintetiza cada uno de los medios de prueba aportados por las partes señalando sus afirmaciones principales. El segmento 5 es aquel donde los jueces toman una postura acogiendo una de las versiones de las partes, o elaboran una propia para responder definitivamente a la pregunta ‘¿Qué pasó?’ explicitando los hechos, reconstruyéndolos a partir de los medios de prueba y vinculándolos a una o varias normas jurídicas (Agüero y Zambrano 2009: 34). El segmento 6 consiste en la argumentación de la decisión probatoria del tribunal, detallando los medios de prueba que le permiten sostener la versión de los hechos elegida. En este momento, los medios de prueba son tenidos como razones para la acción y se deja constancia de por qué se desestimó la versión alternativa sobre lo ocurrido (Agüero y Zambrano 2009: 35). Finalmente, el segmento 12 implica que alguno de los jueces expuso su valoración probatoria con diferencia de la decisión mayoritaria.

Analizar el discurso probatorio combina una vertiente descriptiva y otra reflexiva. La primera identifica los hechos objeto de imputación, los relatos elaborados por los intervinientes, y los medios probatorios. La segunda explica la manera en que los discursos elaborados por las partes y jueces gestionan la prueba. Ambas permiten evaluar el discurso bajo una relación coherente de enunciados que intentan explicar sucesos pasados. En ese sentido, el análisis se dirigirá a las estrategias discursivas llevadas a cabo por las partes y por el tribunal al analizar medios probatorios contradictorios. Estas estrategias constituyen el principio que permite adentrarse en un análisis discursivo, en la medida que son los recursos que utiliza el texto para producir su discurso (Martín y Van Dijk 1999; Menéndez 2000; Wodak 2000). Se enfatiza en dichas estrategias en relación con el contexto porque, al alero de la teoría bajtiniana, se concibe que las palabras son portadoras de memoria habitadas por otros discursos (Bajtin 1998; Segovia y otros 2018).

Primero, se hará referencia a los alegatos de apertura realizados para generar convicción en el tribunal. Segundo, se analiza la forma en que las partes gestionan las declaraciones contradictorias realizadas por la víctima. Tercero, se analiza cómo el tribunal valora la presencia de peritajes disímiles en la acreditación de un hecho de relevancia jurídica. Cuarto, se analiza el voto disidente y sus principales razones para no condenar.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique Rol 1-2017, de 2 de mayo de 2017 retrata lo ocurrido en la ciudad de Coyhaique, ubicada en la zona austral de Chile, donde dos jóvenes realizaron un llamado a funcionarios policiales pidiendo auxilio en favor de una mujer que estaba siendo agredida en la calle. Al llegar al sitio, los funcionarios policiales se percataron que ella estaba gravemente herida, rodeada de un charco de sangre, con sus dos globos oculares extraídos. Cercano a su cuerpo, se encontraron llaves ensangrentadas de un vehículo marca Suzuki del conviviente de la víctima. Dicho sujeto se constituyó como el principal sospechoso de la comisión del delito de femicidio frustrado, previsto y sancionado por el artículo 390 del Código Penal.

Se evidenciaron dos hechos materia de imputación, pero por motivos de espacio, se estudiará la prueba del Hecho Nº2:

“En la madrugada del día 14 de mayo de 2016 el imputado don Mauricio Orlando Ortega Ruiz se encontraba al interior de su domicilio ubicado en calle Lautaro N°1030 de Coyhaique en compañía de un grupo de personas entre las que se encontraba su conviviente doña N.M.R.R. con quien tiene dos hijos en común de iniciales K.O.R. de 4 años y M.O.R de 3 años. Debido a la ingesta alcohólica, en ese lugar se inició una discusión entre ambos donde el imputado la insulta, la amenaza, se descontrola y la agrede, lo que provoca que alrededor de las 06,00 horas de la mañana la víctima N.M.R.R. huya del lugar por calle Lautaro hacia el oriente siendo seguida por el imputado Mauricio Orlando Ortega Ruiz, quien luego de cruzar calle Monreal le dio alcance procediendo a golpearla en reiteradas oportunidades en la cabeza y tronco con dos trozos de concreto que portaba en sus manos causándole las siguientes lesiones: a.Fractura occipital derecha. b.Fractura de macizo facial en arco cigomático y piso órbita derecha. c.Trauma auricular derecho que requirió cirugía de reconstrucción. d.Múltiples lesiones contuso cortantes en cabeza, rostro y extremidades.

Todas estas lesiones provocaron compromiso de conciencia shock hipovolémico y riesgo vital. Después de golpear a la víctima, el imputado se retira del lugar volviendo casi inmediatamente sobre la víctima y con un elemento punzante procedió a introducirlo en sus ojos y remover ambos globos oculares cortando el nervio óptico y causando la enucleación total bilateral que provocó en la víctima la pérdida total e irreversible de la vista. Producto de las lesiones provocadas a la víctima ésta resultó con riesgo de muerte que de no mediar atención médica oportuna hubiere fallecido, lo que se evitó por la intervención de equipos médicos del SAMU y Hospital Regional de Coyhaique”

Esta sección vislumbra dos ejes de discusión a partir del análisis del discurso probatorio ejecutado. En primer lugar, se destaca y profundiza la idea de que el derecho no está aislado del contexto social en que se toman decisiones. En segundo lugar, se analiza brevemente la tensión entre el racionalismo epistemológico (que niega la presencia de aspectos retóricos y persuasivos en la acreditación de hechos) y algunas características de la racionalidad argumentativa que pueden ser rescatados.

Con respecto al primer punto, la complejidad actual de las relaciones jurídicas y sociales impide mirar al derecho de manera aislada suponiendo que únicamente existe un interés interpartes (Hunter 2011: 85). En todo proceso existe un interés social comprometido donde muchos ojos observan lo que se resuelve. Hay una presión y vigilancia de distintos campos y agentes en la determinación de los hechos probados (lo que en algunos casos se manifiesta peligrosamente en la presión de condena sobre ciertos individuos). Por ello, la idea de que la determinación de los hechos probados tiene que acercarse fielmente a lo ocurrido debe considerar el vínculo del proceso con otras disciplinas; vinculación que puede dar o quitar mérito a la evidencia para que sirva como una representación del mundo compartida a nivel social. Solo a modo de ejemplo, la investigación de Mardones (2020: 345-346) estudia el mismo caso judicial desde la perspectiva político criminal y mediática. Enuncia que hubo “un juicio paralelo llevado por los medios de comunicación: mientras testigos y peritos presentaban el caso en el tribunal, los medios sometieron a un intenso escrutinio todo lo que fue dicho en el juicio, emitiendo opiniones sin conocimiento legal y sin que todos los antecedentes fueran presentados”.

Como los intereses de cada campo están vinculados a los disputados en otros y asumiendo que el derecho es una práctica social, no es descabellado asumir que la acción de juzgar es una práctica judicial influenciada por componentes externos (Bourdieu 1983: 120). La acción de juzgar fija representaciones sociales e institucionales, y muestra que la valoración de la prueba está determinada por representaciones que el campo jurídico tiene de otros campos, siendo una institución que coexiste y dialoga con otras. En el caso analizado, esto se distingue al acudir a la prueba pericial o a la perspectiva de género para reconstruir el pasado, evidenciando que la decisión del tribunal forja un vínculo interdisciplinario para tomar decisiones. Dentro de todo, se busca asegurar las condiciones para que el tribunal pueda emitir un pronunciamiento sobre la situación y se abra paso entre requerimientos ciudadanos e iniciativas provenientes de instituciones públicas como privadas (Carretero 2015: 83).

A mayor abundamiento, el lenguaje utilizado por los operadores judiciales provoca que los márgenes del campo jurídico se transformen, y que la neutralidad se difumine, porque las sentencias comunican con claridad, aunque no expresamente, cuál es su compromiso con ciertas situaciones sociales (Zambrano 2015). Incluso, como la sentencia judicial da sentido definitivo a la complejidad del mundo, se asemeja a un discurso epidíctico en la medida que “producen un efecto serio, como es el de crear una comunión alrededor de ciertos acontecimientos, personas o realizaciones cuya puesta en valor caracteriza la cultura de una sociedad” (Perelman, 1979: 145). Por esto “su papel es importante, pues sin estos valores comunes, ¿en qué podrían apoyarse los discursos deliberativos o judiciales?” (Perelman y Olbrechts-Tyteca 2000: 102).

Sumado a lo anterior, como el establecimiento de los hechos probados es sincrónico a su contexto, donde los tribunales son competentes y discrecionales para fijar una visión definitiva del pasado, analizar la valoración probatoria permite entender cómo se establecen acontecimientos definitorios de la sociedad ⁶ . Por ello es posible asumir que, luego del pronunciamiento de los hechos probados por parte de la autoridad judicial, “el auditorio ya no es exactamente el mismo que al principio” (Perelman, 1979: 60).

En relación al segundo punto (tensión entre epistemología y retórica), habitualmente se espera que la decisión sobre los hechos coincida con lo efectivamente ocurrido en la realidad. Para ello, desde un punto de vista filosóficoideológico, se ha asumido que la acreditación de hechos por parte de los tribunales no debe estar conectada, de forma determinante, a técnicas retóricas, subjetivas ni valóricas en sentido moral o axiológico. Se trata de una perspectiva loable e intuitiva porque espera que las decisiones adscriban responsabilidad a sujetos que verdaderamente cometieron los actos ilícitos. En otras palabras, el racionalismo es parte de un programa que le resta importancia a la esfera retórica generada en la práctica probatoria y plantea, con ello, que la argumentación llevada a cabo en los procesos judiciales tiene un alcance que sobrepasa la creencia meramente subjetiva. Se mantiene, así, una noción objetiva en la aplicación del derecho, cuyo lenguaje debe obedecer a características neutras, impermeables y exentas de valores morales. En efecto, la mayoría de los jueces aclaman la imparcialidad, neutralidad e independencia de razones políticas en sus decisiones (Taruffo, 2010).

Sin embargo, el racionalismo epistemológico es optimista respecto a la posibilidad de disociar al sujeto cognoscente de sus intereses y juicios de valor. A juicio de Perelman (1979: 140-149), “al proponer la evidencia como punto de partida, los racionalistas se desinteresaron de los problemas que suscita el manejo de un lenguaje” y, sobre todo, del uso la función argumentativa para obtener la adhesión a la solución propuesta. Además, si bien el papel de la experiencia es innegable para controlar y corregir nuestras ideas, ellas también dependen de la tradición, la educación y la existencia de una lengua común como síntesis y símbolo de una cultura. En consecuencia, no sólo los juicios empíricos son expresiones racionalmente bien fundadas, sino también las perspectivas argumentativas que, a pesar de ser subjetivas, pueden ser analizadas y estudiadas bajo el prisma de la racionalidad argumental.

En simple, toda investigación epistemológica presupone adherir a “juicios de valor implícitos o explícitos, que permitan concentrarse sobre lo que es esencial, importante, pertinente, fecundo o sencillo, descartando lo que es accidental, intrascendente, irrelevante, estéril o inútilmente complicado (…)” (Perelman 1979: 174-175). Por esto, al situar a los juicios de valor en el campo de lo arbitrario e irracional, el racionalismo epistémico niega los efectos de la deseabilidad del fin a alcanzar por medio del pronunciamiento de la decisión.

Por supuesto, lo anterior no implica adherir a un escépticismo epistemológico radical (como aquellas perspectivas que se apoyan en la intuición, reacciones individuales o valoraciones irreductiblemente subjetivas). Ni tampoco se trata de exagerar la absolutización de la posición racionalista ni, por el contrario, de que el aspecto retórico agote completamente el campo del razonamiento probatorio. Solo se trata de destacar que el debate sobre los hechos también puede ser analizado con instrumentos propios de las disciplinas discursivas que se aparten de las tradicionales metodologías de los juristas. De hecho, Taruffo (2002: 55) ha sostenido que “no hay duda de que, en el problema del juicio del hecho, una vez insertado en la dinámica del proceso, existe una interesante y relevante dimensión semiótico-lingüística”. Con todo, no es conveniente sostener que los aspectos semióticos o narrativos son la única dimensión del problema, pues aquello invita a pensar que el valor de la verdad carece de significancia en la toma de decisiones judiciales, y ello puede implicar una desconexión total del derecho con la realidad.

En este trabajo se ha pretendido desarrollar un análisis discursivo de las sentencias judiciales. El objetivo ha consistido en dilucidar cómo los tribunales construyen un hecho probado a partir de la gestión de la evidencia, imponiendo, con su decisión, un modo de clasificar y comprender la realidad. En este sentido, al ser un género discursivo de la comunidad jurídica, la sentencia judicial consagra la manera en que fueron valorados ciertos medios probatorios para declarar la prueba de un hecho en un proceso judicial.

Las sentencias judiciales manifiestan la forma en que los agentes jurídicos despliegan y ejecutan sus labores plasmadas en estrategias discursivas que, al incrustarse en un documento oficial, son capaces de moldear representaciones cognitivas en el auditorio. En el caso analizado, esto se ha patente en el análisis de la declaración de una víctima de violencia de género, la prueba pericial o científica, y el desacuerdo entre pares judiciales. Este punto no carece de relevancia toda vez que el derecho no está aislado de la sociedad, sino impacta constantemente en las relaciones humanas y sociales.

La presente investigación también funciona como una invitación para reflexionar sobre los aspectos narrativos (holistas) de las decisiones judiciales, sin dejar de lado la relevancia individualizada (atomista) de la prueba. También invita a realizar concepciones normativas (prescriptivas) sobre los elementos que debieran ser considerados (o desechados) en una justificación probatoria holista, y así poder hablar de razones o componentes válidos al momento de construir una narración.