1. INTRODUCCIÓN: LA INYECCIÓN DE CAPITAL SOCIAL COMO ALTERNATIVA

El estado de bienestar, asumiendo la herencia del welfare statate proveía a su ciudadanía de las garantías de bienestar a que era exhortado. Paulatinamente, la ineficacia del estado en la prestación de servicios, lleva a apostar por sectores privados. La lógica social da paso así a una lógica pseudocomercial que se sustenta en el mercado. Algunos de los pilares del bienestar de las últimas décadas (Servicios Sociales, Sanidad, Educación…) no quedan a salvo de éste esquema actual y aparecen en un futuro próximo como nuevas candidatas a la liberalización, aunque la voluntad para consumar este hecho quede soterrada en el discurso político (Mätzke y Olstner, 2010).

El aggiornamiento de las políticas sociales en los noventa, a partir del denominado welfare mix¹ (estado pluralista), paradigmas emergentes, etc. nos trasladó desde una concepción estatal monopólica de provisión de servicios sociales a una tríada: mercado, estado, sociedad civil, con funciones específicas. El nuevo enfoque destaca la constitución de actores y la generación de movimientos sociales para plantear una agenda territorial con nuevas prioridades centradas en el desarrollo sostenible, la participación y un sentido de justicia global.

La focalización conlleva la idea de asistencia a individuos o grupos sociales que son vulnerables o carentes de determinadas condiciones para participar del desarrollo social, pero sigue sin reconocer que en el sistema social provoca la existencia de fuerzas que provocan la exclusión (Del Pino, 2009). Ello evidencia que asistir la precariedad no es suficiente, sino que es necesario vincular estas acciones con otro tipo de políticas. Sería ilusorio pensar que las políticas sociales por sí solas, conlleven a la solución de la pobreza y el crecimiento. Como reza el informe de CEPAL 2015, el desarrollo social no puede ser responsabilidad exclusiva de éstas, sino que además es necesario dinamizar la inversión y la productividad. No debemos ocultar el indiscutible rol que siguen desempeñando las políticas sociales, ya que cumplen tres funciones fundamentales: la inversión en capital humano, de compensación social y de integración social (Bourdieu, 2004). Por ello, podemos apuntar a modo introductorio, la necesidad de nuevas formas para el crecimiento social, que deben integrarse en sumatorio al compromiso de los gobiernos.

1.1. ESTADO Y CIUDADANÍA: COMPROMISO COLECTIVO

La reacción que la sociedad civil y los poderes públicos, han tenido frente a las necesidades sociales, ha sido muy diversa. La respuesta por parte de los poderes públicos, a través de su política social, se ha ido configurando desde una organización liberal que potencia las relaciones de mercado como espacio privilegiado para la satisfacción de las necesidades, hasta una concepción intervencionista propia de un modelo de Estado de Bienestar que supone la garantía pública de la atención a la ciudadanía (Tittmus, 1981).

La alternativa a la crisis del Estado sólo tiene sentido si se inscribe en un triple movimiento que consiste en reducir la demanda del Estado, reintegrar la solidaridad a la sociedad y producir una mayor transparencia social (Cabra de Luna, 1993). Por ello, no hemos de pensar que la crisis del Estado de Bienestar lleva sin más a una transferencia de servicios y a su sistemático desmantelamiento, sino a una reestructuración del Estado de Bienestar (Casado, 1995). La incertidumbre sobre del Estado de Bienestar ha generado un replanteamiento tanto del papel del estado, como del mercado y de la ciudadanía, tendiéndose hacia una gestión plural de Bienestar (Johnson, 1990), hacia la corresponsabilidad social (Guillen y Petmesidou, 2008) o la responsabilidad compartida Estado-Sociedad (Schut y Van den Berg, 2010).

Estas posturas plantean compartir el bienestar entre el Estado, el Mercado y la Iniciativa Social con el objetivo de la extensión de los derechos sociales, su personalización y la promoción de la participación social en su gestión, y ello supone, la democratización del Estado y la reconstrucción de la sociedad civil (Bauman, 2000). En este sentido, el Estado juega un papel menos dominante, no asumiendo bajo esta nueva situación el protagonismo en lo que a provisión de servicios sociales de bienestar. Ello, produce por consiguiente el aumento progresivo del papel de la Iniciativa Social. En definitiva, se trata de devolver a la sociedad lo que en justicia le corresponde y de asentar las bases para que la persona se desarrolle libremente; caminar a un mayor compromiso de los poderes públicos en la lucha contra la pobreza y la marginación en permanente colaboración con los agentes sociales (Lasheras y Cortajarena, 1986). Siguiendo esta línea Ascoli plantea:

Si queremos superar las crisis del estado social y de Bienestar, debemos plantearnos el siguiente objetivo: el problema es político y cultural a la vez, hay que formar una nueva cultura civil en la cual el individuo debe tener derecho a las mismas oportunidades de los otros ciudadanos, pero debe también aportar a la comunidad (Ascoli, 1989: 117).

Ahora bien, no se trata simplemente que la iniciativa social recoja sin más todo aquello que el Estado va desechando. Esto supondría una utilización interesada que no modificaría el origen de los problemas (Uroz, 2010), regresando al asistencialismo o la caridad de tiempos pretéritos, o lo que sería peor, un negocio a costa de la precariedad (García-Alonso y Buendía, 2002).

Es en la corresponsabilidad social, donde cada sector actúa contribuyendo a la mejora del Estado de Bienestar, donde la Iniciativa Social encuentra un amplio espacio de actuación y desarrollo de sus mejores galas. Espacio que debe asumir, que le corresponde por derecho propio y que en los últimos años le ha sido negado. Es evidente que esta recuperación del espacio social propio, no constituye una concesión gratuita, sino una retirada estratégica del Estado ante demandas que no puede cubrir (Ashford, 1989). Ante esta situación, en algunos sectores puede existir la tentación de una vuelta hacia ideologías liberales, en donde el Mercado estaría llamado a cubrir ese espacio que poco a poco es abandonado por el Estado, presentado al Mercado como el sector que debe abanderar las nuevas estrategias de bienestar por su probada eficacia y rentabilidad, en detrimento del papel de la Iniciativa Social (Delshey y Rumb, 2013).

No podemos olvidar que el mercado capitalista realiza una inadecuada asignación de recursos, ya que el propio mercado genera desequilibrios que impiden su correcta distribución (Galbraith, 1980). Por ello, ante ese alegato a la privatización del bienestar habría que resaltar al menos tres campos en los que el Mercado es claramente peligroso (García-Serrano y Malo, 2001):

• El Mercado ideal es ficticio pues los protagonistas de los mercados, las empresas, eternizan en sus organizaciones y mecanismos decisorios los mismos sesgos y errores que el Estado.

• La expansión global de la economía no ha producido una aldea global, sino una sociedad fragmentada y de múltiples variables, donde las desigualdades sociales se acrecientan entre otras cuestiones, por el desequilibrio del sistema capitalista que impulsa a su vez el desarrollo económico.

• En cuanto a la gestión de los servicios sociales, corre el riesgo que el Mercado identifique erróneamente las esferas de bienestar adecuando estas a los intereses de la ciudadanía adoptando su concepto genérico, olvidando los diferentes perfiles de exclusión.

La reivindicación del papel de la sociedad civil, de la iniciativa social como una forma adecuada y válida de las sociedades contribuye a la mejora del bienestar. Como espacio lícito para proyectar la solidaridad de la ciudadanía (García Roca, 1996), de considerar a la persona como objetivo de la acción y como mecanismo de control del Estado y del Mercado por parte de los individuos. Es este bienestar compartido como se adecúa el estado de bienestar a un pluralismo compartido. Ahora bien, no se trata de asumir sin más aquellos espacios que abandona el Estado o que no son suficientemente rentables para el Mercado, sino de compartir, favoreciendo en este sentido un reparto de responsabilidades efectivas y de toma de decisiones en los aspectos que los afecten (Urra, 2010).

Figura 1
Escenarios de producción del bienestar

Dos aspectos íntimamente ligados al pluralismo del bienestar, y que no pueden relegarse a otros espacios, son la descentralización y la participación. La descentralización no implica solamente poner el énfasis en el gobierno local, transfiriendo competencias a los ayuntamientos, sino que estos a su vez deben descentralizar funciones y decisiones a la iniciativa social (Klein y Bloom, 1990; Nye, 2005; Aliena, 2012). Sólo en un sistema descentralizado los ciudadanos se imaginan capacitados para asumir compromisos. En esta línea, Siligianni, Anastasiou y Antonopoulou (2013) refieren que unicamente en unidades pequeñas, los individuos son capaces de influir sobre la política y la distribución de servicios.

Con la participación, los ciudadanos se corresponsabilizan de su bienestar en particular y del de la sociedad en general². Bajo estos supuestos el sector asociativo se convierte en el espacio idóneo para la participación desde una doble vertiente³, por ello, debiera verse ampliado de forma considerable y progresiva en los próximos años (Gómez-Gil, 2004), posiblemente a costa del Estado, asumiendo cada vez más responsabilidades y campos de actuación.

Para lograr este pluralismo del bienestar es necesario que los ciudadanos asuman de un modo solidario, con todo interés, la consecución de fines públicos. Y esto implica realizar un enorme esfuerzo en iniciativa, imaginación y creatividad en el servicio de esos fines colectivos, excepcional en su alcance e integración social que estas iniciativas determinan (Enli y Skogerbo, 2013; Iglesias, 2014).

En ningún momento el pluralismo del bienestar pretendió que desapareciese la acción social del Estado, pero este debía tener como uno de sus objetivos favorecer la organización de los grupos sociales. Se produce de este modo un hecho paradójico, el Estado debe potenciar movimientos reivindicativos hacia sí mismo y al mismo tiempo las asociaciones deben presionar a la Administración para que facilite los recursos que hagan posible su existencia (Peschard, 1996).

Se trataría de este modo que a través de la participación de los ciudadanos en la iniciativa social, el Estado asuma eficazmente los intereses sociales de las clases más populares y desfavorecidas (Harvey, 2012).

2. DIAGNÓSTICO: INICIATIVA SOCIAL COMO FUENTE DE BIENESTAR EN TIEMPOS DE DECRECIMIENTO

Debemos tener en cuenta que la incidencia de la crisis sobre la iniciativa social es esperanzadora. El decrecimiento permite regenerar, oxigenar el tejido social e incrementar la participación para lograr el cambio desde una posición macro hacia propuestas microestructurales. Hessel (2011) entiende que la proliferación y auge de las asociaciones tiene una estrecha relación con la caída del empleo y con la precariedad de las políticas de gasto público de los países, ya que una población desempleada pero deseosa de estar activa podría volver sus ojos hacia la participación en la gestión política, asociativa y de interés común. Cuando aparece la crisis económica, se producen las restricciones del gasto público y se ponen en cuestión los pilares mismos del Estado de Bienestar (Bornstein y Leetmaa, 2015), resurgiendo el interés por el voluntariado y el desempeño de las ONG. Quizá no responda a una casualidad, sino a una causalidad. Como plantea Donati (1997), la sociedad civil debe reformar el Welfare State pues se trata de una sociedad hecha de ciudadanos libres y responsables, iguales y solidarios, que trabaja en el silencio laborioso de una vida cotidiana vista como continuo desarrollo ético a las propias capacidades autónomas de respuesta. Por tanto, el desarrollo social del siglo XXI, debe pasar por un adecuado y equilibrado crecimiento en bienestar social. Sólo así, con la participación de la sociedad civil en la corresponsabilidad social podremos mantener un Estado de Bienestar para todos (Errejón, 2015).

Por otro lado, el hogar es el principal agente redistribuidor de la renta y del cuidado mediante la convivencia de distintas generaciones (Kingsley y Parton, 1999). Este modelo, lógicamente se produce cuando existe una fuerte subordinación económica de los miembros, sobretodo de los hijos a sus padres. Además, las tareas de cuidado constituyen un gravamen a las familias y sobre todo en las mujeres (Pérez-Orozco, 2014). Del mismo modo, los jóvenes también dependen de los ingresos del cabeza de familia retrasando su proceso de autonomía (Dolado, 2015; Serrano y Soler, 2015). Partiendo de estas estrategias de redistribución familiar se puede explicar el hecho de que altas tasas de desempleo en los años ochenta y mediados de los noventa, no dieran lugar a fuertes procesos de polarización social. En este país, el desempleo anteriormente y la precariedad en la actualidad, se distribuyen principalmente entre esposas e hijos que dependen de los ingresos estables del cabeza de familia con el que conviven (Carabaña y Salido, 2007). Sin embargo, existen importantes consecuencias sociales negativas de este modelo en términos de descenso de fecundidad o escasa participación femenina en el mercado laboral y sobrecarga familiar.

2.1. DESCENTRALIZAR PARA PARTICIPAR

A lo largo de los últimos años han merecido un amplio interés tanto las cuestiones relacionadas con la reforma del Estado del bienestar como las que tienen que ver con la descentralización del sector público. Cada una de ellas, examinadas por separado, ha recibido una atención innegable. En cambio, se ha habla poco de las implicaciones mutuas entre ambos aspectos (bienestar y centralización). Ello no deja de resultar sorprendente, porque el proceso de consolidación del Estado del bienestar ha ido asociado históricamente, en muchos países, a un importante proceso de descentralización del sector público; o, para ser más precisos, a la aparición de los gobiernos regionales y locales como una importante realidad, responsables de una parte muy significativa de la actividad del sector público, especialmente en el campo de lo que podemos considerar como las políticas sociales.

Así ha ocurrido, evidentemente, en los países federales, como Estados Unidos, Canadá, Suiza o la República Federal de Alemania, pero también en países unitarios como Suecia o Dinamarca, donde los gobiernos locales son los principales protagonistas de áreas sensibles de la actividad pública. Se trata, tal como plantea Espina (2007), de un proceso desigual, que se manifiesta con formas diversas y a ritmos distintos. En algunos de estos países, los gobiernos estatales y locales han desempeñado históricamente un papel muy activo, y en muchos aspectos la consolidación del Estado del bienestar ha supuesto más bien una concentración del poder hacia el gobierno federal. De manera que podemos afirmar que durante estos años se han producido en realidad dos procesos de signo contrario por lo que a la descentralización del sector público se refiere:

• de una parte, los gobiernos intermedios y locales han asumido un peso y una capacidad de gestión como nunca antes habían tenido en áreas vitales de la actividad del sector público.

• por otra parte, el poder central ha concentrado al mismo tiempo una muy importante capacidad de decisión.

La problemática de la descentralización de las políticas sociales en el Estado de bienestar nos conduce a plantearnos numerosas cuestiones: ¿cuál es el nivel de gobierno más adecuado para suministrar los servicios de protección social, educación, sanidad o de atención a la familia?, ¿la descentralización contribuye a aumentar o a disminuir el gasto público en estos servicios?... La cuestión que se plantea es ¿en qué medida estas innovaciones son adecuadas al ajuste, descarga de tareas y responsabilidades del Estado y los gobiernos locales hacia descentralización de sus estructuras?, posibilitando mayor participación y accesibilidad de los ciudadanos a través de las gestiones locales. A nivel global, las transformaciones estructurales de fines del siglo XX representan graves amenazas a la integración social⁴ porque la ciudadanía, realidad inacabada, se enfrenta a situaciones cada vez más restringidas por diferencias socioeconómicas y políticas crecientes. Estos límites pueden, sin embargo, ser visualizados como desafíos en tanto obligan a reformular el ámbito de las prácticas sociales y abren oportunidades para una reorganización social, planteando condiciones favorables para que el eje de la participación pueda despegar, adquiriendo según Seijo y Áñez (2008) mayor autonomía en la gestión del bienestar. Aun cuando el Estado entra en una situación de decrecimiento, se percibe un espacio para el surgimiento de nuevas formas de democracia directa o participativa consustanciadas con los movimientos sociales y en variadas formas de participación ciudadana, reproduciendo la solidaridad y fortaleciendo la articulación entre Estado y sociedad civil (Whitaker, 2006).

2.2. EL COMPROMISO DEL TERCER SECTOR

Al analizar la situación del estado de bienestar, es preciso destinar un lugar a la especial configuración del tercer sector en los países desarrollados. En las últimas décadas han proliferado multitud de organizaciones sin ánimo de lucro, grupos de autoayuda, ONG’s, que trabajan con diferentes problemáticas o necesidades sociales. En esta línea, Gómez-Gil (2004) sostiene que las Organizaciones no Gubernamentales se han convertido en un elemento más de la mundialización y la extensión de una sociedad neoliberal, siendo utilizadascon dos claros propósitos; por un lado, para la provisión de bienestar y por otro, para facilitar la implantación y, el avance de este proceso de mundialización por sus instituciones responsables (gobiernos), tanto en la esfera estatal y local, como en el ámbito internacional y multilateral.

Las grandes entidades de larga tradición en intervención con la pobreza, conviven en el sector con pequeñas y medianas iniciativas en el nivel local (Gutiérrez-Resa, 2010). Estas entidades trabajan con todo tipo de grupos sociales: jóvenes, tercera edad, disminuidos físicos o psíquicos, inmigrantes, personas toxicómanas, transeúntes, minorías étnicas, mujer excluida, etc. Con el paso de los años, muchas de estas entidades no lucrativas han sufrido un elevado grado de desarrollo y especialización en la provisión de atención a determinados colectivos. Desde los servicios sociales de la red pública se deriva habitualmente a las personas en situación de exclusión a estas entidades en calidad de servicios especializados, bien en temas de empleo, vivienda, inserción, bien en el trabajo con colectivos específicos: discapacidad, inmigrantes, mujer, minorías étnicas y otros. De hecho, en el sector de atención social a colectivos excluidos, la presencia de la iniciativa social es central en contraste con un menor desarrollo del sector público en este campo. A diferencia de la respuesta que ofrece la administración en la provisión y gestión directa de servicios a personas mayores, familia y menores etc., la responsabilidad de la atención especializada a colectivos como el de las personas sin hogar, minorías u otros, recae principalmente en las entidades sociales (Aguilar, Laparra y Pérez Eransus, 2009).

Sin embargo, a pesar de que el sector no lucrativo viene realizando, desde hace años, una importante labor en la provisión del bienestar, esta acción no siempre se traduce en una relación de reconocimiento y coordinación con el sector público (Homs i Ferret, 2009). Mientras que en los países europeos del norte, la relación entre estado y tercer sector se basa en la negociación y concertación de la política social, en los modelos de bienestar mediterráneos, el tipo de relación establecida es de carácter personalista y basada más en el clientelismo y el paraguas de las subvenciones, que en la concertación. Por tanto, la financiación de las ONG sigue basándose mayoritariamente en las aportaciones de las diversas administraciones públicas, desde las locales hasta las trasnacionales, aunque la proporción que representa la financiación pública ha descendido notablemente, fruto del déficit público y la presión de la troika por controlar el gasto (Castells, Esteller y Soler, 2012; Camargo, 2013).

La relación clientelista que se establece entre el estado y las entidades y la gran fragmentación que existe entre ellas, son características que también influyen en la debilidad del sector y su caracterización en los modelos de bienestar mediterráneos y occidentales. Cada entidad negocia por separado su subvención o concierto, en contraste con los modelos escandinavos donde son más frecuentes las prácticas corporativas de concertación entre las grandes federaciones de entidades y las administraciones, instaurándose mecanismos de participación, no sólo en la negociación de presupuestos y actividades, sino en la planificación y gestión de la política social (Hajighasemi, 2004; Molin y Amark, 2009; Erickson, 2011).

3. RESULTADOS - DISCUSIÓN: EL PLURALISMO EN LA GESTIÓN: LOS SERVICIOS SOCIALES

La provisión pluralista de Servicios Sociales puede ser utilizada para expresar el hecho de que la atención social que un individuo recibe se obtiene a través de cuatro sectores diferentes: el sector público, el sector privado no lucrativo (voluntario), el sector privado lucrativo (comercial) y el sector informal. De forma que esta versión heterogénea de la prestación de servicios, debe necesariamente incluirse en el denominado pluralismo del bienestar; un debate anglosajón, iniciado y mantenido en países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Los pluralistas parten de una situación básica en la que el bienestar deriva de las cuatro fuentes que hemos señalado con anterioridad; por tanto, el bienestar social, como responsabilidad de todos, conforma la suma de estos cuatro sectores, generando diferentes métodos para la provisión de recursos (Alemán, Alonso-Seco y García-Serrano, 2011).

El pluralismo del bienestar según García Santos (2007) asume la responsabilidad de transferir la gestión de servicios, desde el Estado a los otros sectores, manteniendo el primero funciones de inspección muy concretas. La equidad, la fidelidad familiar, el altruismo, la capacidad de asumir costes, etc. La frontera entre los dominios público y privado es polémica, cambiante y se halla en muchas ocasiones, mal definida. Cada cultura, guiada por los valores de los que ella misma se dota, construye sus propias estructuras institucionales para crear y distribuir riqueza y bienestar (Aparicio, 2014). Esta estructura institucional se ve muy influenciada por la tradición, la ideología y las inercias. En las sociedades capitalistas pueden distinguirse tres principios organizativos para la producción y el intercambio:

• El Gobierno, donde son las decisiones políticas, respaldadas por la autoridad, más que por la benevolencia o los precios, son las que finalmente determinan qué se produce y cómo se distribuye. En una cultura democrática, el gobierno es un mecanismo de coordinación, un dispositivo para detectar necesidades y asignar recursos.

• El sistema de precios, donde el principio organizativo es el intercambio recíproco (oferta / demanda), en interés propio y en cuya interdependencia media un precio -el Mercado- que opera en todas las culturas (Rosales, Duran y Sáez, 2007).

• El voluntarismo, por el que la gente actúa en interés de otros, sin compensación y sin coerción, impulsada ya sea por la tradición, ya sea por un sentido del deber familiar, social o religioso, por simple empatía o por el poder implícito de la generosidad.

3.1. PLURALISMO Y BIENESTAR

El pluralismo del bienestar implica que el estado juegue un papel menos dominante (López Rey, 2006), desconsiderando a éste como único instrumento posible para dar una provisión colectiva de servicios sociales y mantener y maximizar el bienestar. Son numerosas las críticas que se alzaron contra el pluralismo de bienestar, porque con su intervención no había conseguido incrementar la solidaridad y la igualdad como se barruntaba. Los ataques se concentraron en los errores de la provisión estatal, obligando con ello a exigir protagonismo a las organizaciones sociales y plataformas cívicas, a modo de devolver el protagonismo y la responsabilidad a la población, impulsando organizaciones sociales, grupos de ayuda mutua, y recuperar las redes naturales, familiares y comunitarias como principal vía de apoyo, ayuda y asistencia. Pero un sistema pluralista conlleva también según Ariño (2008), un papel para el sector comercial (mercado privado) y las organizaciones de voluntariado

Estas críticas se enclavan en la tesis de que con el Estado de Bienestar los individuos lo esperan todo de los estados y poco de la sociedad en la que viven (Maynzt, 2001). Se potencia el individualismo, se incrementa la tolerancia hacia las desigualdades, pérdida de civismo, y se realizan reivindicaciones categóricas no objetivas. Hay otro motivo por el que se propugna un sistema de provisión pluralista y es por el fundamento antropológico y moral del mismo, en cuanto a diferenciar entre el concepto de necesidadque se contrapone a aspiraciones, deseos y preferencias (Muguerza y Verde, 2006). Las necesidades son básicas, fundamentales; no pueden ser elegidas y no pueden eludirse. Las preferencias, aspiraciones y deseos son secundarias, representan demandas subjetivas que responden a imperativos funcionales.

Dos temas estrechamente ligados con el pluralismo del bienestar son la descentralizacióny la participación (Ochoa, 2015).

El término descentralización significa desplazamiento de las responsabilidades del gobierno central al regional y de este al local, porque la filosofía del pluralismo parte del escenario local que ha de equilibrar y adecuar sus servicios. La descentralización está vinculada con la participación, la cual es un instrumento del principio de solidaridad y se fundamenta en que la persona, a través de la actividad responsable de la participación se perfecciona a sí misma, asumiendo las consecuencias de sus actos.

La construcción del pluralismo del bienestar se diseña sobre tres enfoques que se muestran independientes pero que también pueden encontrar puntos en común:

• Conservadora: que focaliza la política social sobre los grupos primarios (la familia, el voluntariado, las organizaciones solidarias), ya que la intromisión del Estado daña y erosiona la fortaleza de las otras instituciones. Proponen una reducción de los gastos sociales, disminuyendo las demandas hacia el sector público (Bornstein y Leetmaa, 2015). Esta vía sugiere que la iniciativa social pueda desempeñar las funciones del sector público en el ámbito del bienestar social con una mayor eficacia. Aunque a esta postura se le puede hacer una objeción y es que el Estado de Bienestar surge, porque ni el sector mercantil ni el sector no lucrativo satisfacían adecuadamente las necesidades sociales sentidas por los ciudadanos.

• Liberal: que se opone por principio a cualquier regulación de la actividad económica por parte del Estado. Se interesan básicamente por el mercado, en el que descubren la panacea de la creación de riqueza y de protección social (Dubet, 2012), siendo el puro mecanismo del mercado el que resolverá todos los problemas. Este modelo ha sido objeto de fervientes críticas, dado el error en el pronóstico que otorgaba al mercado como agente regulador de desarrollo y por ende, promotor del bienestar (Oliveres, 2008); esto, junto con las falsas promesas de crecimiento han conducido a una fragmentación social difícil de ser reorientada a pesar del empeño del modelo.

• Estatista: que focaliza la atención social sobre la exclusiva responsabilidad del Estado. Opuesto a cualquier iniciativa que suponga una promoción del papel de la iniciativa social o del mercado; el argumento está cargado de prejuicios ideológicos, basándose en según García Roca (1996: 62-63) en “efectos que colisionarían con una política de bienestar eficaz y equitativa”. La réplica a esta postura estatista, es que ello supone una forma de totalitarismo social, contrario a los principios democráticos y al pluralismo.

En este sentido pues, observamos como el pluralismo del bienestar se concibe no como la superación y cancelación del Estado de Bienestar sino como reajuste en el rumbo del mismo (Ramonet, 1999); una nueva configuración del modelo para solucionar los problemas que le habían hecho entrar en crisis. En definitiva, la perspectiva pluralista formulada en muchas ocasiones resaltando sus términos iniciales, ha tenido una amplia aceptación puesto que aboga por la descentralización, la participación de los ciudadanos y la gestión menos burocrática de los servicios sociales, como hemos señalado, desde diferentes perspectivas tanto ideológicas como estratégicas. El desacuerdo surge cuando se trata de diferenciar las vías de solución y su implementación. Aun así, esta nueva gestión mixta, proporciona a las administraciones públicas por un lado, y a la textura social por otro, la eficacia y rentabilización de recursos suficientes para satisfacer las demandas de la ciudadanía (Espina, 2007), valiéndose de modos de organización no jerarquizados y descentralizados, y de la coordinación, la corresponsabilidad y la participación de los distintos actores.

3.2. TRES SECTORES EN EL OBJETIVO DEL BIENESTAR

Veamos ahora más detenidamente las características y diferencias entre los sectores que intervienen en los servicios sociales, desde estructuras institucionales.

· Sector público

Está representado por las administraciones públicas, así como sus organismos autónomos. El control de estas corresponde a los representantes elegidos por la sociedad, o por individuos o grupos legitimados por el poder político. Las formas de intervención pública son varias: la acción propia directa, acción concertada, subvenciones, desgravaciones, etc. El sector público se enfrenta a la necesidad de compatibilizar un conjunto de demandas sociales que implican la extensión y la calidad de los servicios públicos y su aceptación a las nuevas necesidades (Garrido y González, 2008), con la contención global del gasto público, para evitar disfuncionalidades.

La administración tiene un carácter instrumental, puesta al servicio de los intereses generales de los ciudadanos; pero, aunque tenga la responsabilidad, no interviene en todos los sectores de actividad de los servicios sociales; por tanto, si ésta no interviene, alguien lo deberá hacer. Es ahí donde se abre una brecha para la intervención de otros sectores a través de distintas fórmulas. Siguiendo a Roffman (2007), planteamos algunos de los factores que motivan la participación o no de los poderes públicos en la provisión y gestión de servicios sociales:

• Escasez de recursos personales, económicos y materiales de la administración que tendría responsabilidad y competencia para asumir los costes.

• Falta de voluntad o interés político por los problemas sobre los que debe actuarse. Paralelamente a ello se ha señalado que una causa podría vincularse al menoscabo intelectual o técnica de los funcionarios políticamente responsables del diseño de políticas públicas, unido a los desequilibrios entre cohesión social y PIB (Mújica y Rincón, 2006).

• Una legislación o reglamentación defectuosa o inexistente sobre el tema que dificulta una actuación eficiente.

• La presión por parte de los medios de comunicación o de sectores afectados por problemas particulares, que insisten en traspasar al sector público los costes de su problemática sectorial.

En general, un problema nuevo forma parte de la actuación pública cuando:

• El tema ha llegado a una situación crítica y es difícil que siga siendo ignorado.

• El tema provoca una situación emotiva que atrae la atención de los medios de comunicación.

• El problema adquiere una importancia global, teniendo en sus inicios unas dimensiones y efectos muy limitados (García Roca, 2010).

• Los problemas alcanzan gran notoriedad pública por conectar con tendencias o valores vigentes en la sociedad.

En relación a las ventajas de los servicios estatales, Johnson (1990) señala, entre otros:

• La oportunidad para una planificación social amplia. El Estado está en situación de adoptar, mejor que ningún otro sector, una visión completa de la dirección de la política social y de establecer prioridades para su desarrollo futuro.

• El término responsabilidad sugiere la idea de considerar las consecuencias de las acciones de los individuos sobre el bienestar de los demás. La importancia que ha de concederse a los intereses de los demás dependerá de la cultura, el contexto y la naturaleza de la relación.

· Sector privado mercantil (lucro)

Representa el mercado y el capital. Desarrolla actividades con fin lucrativo y son controladas por propietarios privados. Homs i Ferret (2009) plantea que el sector privado lucrativo tiene una característica muy singular respecto a los otros sectores, y es que responde a la demanda solvente, no a la necesidad. El interés por la ganancia lleva a interesarse por satisfacer cualquier clase de demanda solvente. Es más, puede llegar a correr el riesgo de perpetuar o crear necesidades para auto-sostenerse.

Una de las virtualidades que se le adjudican al mercado es la libertad de elección, pero ésta realmente sólo la tienen quienes poseen ingresos suficientes, y ello es hoy complejo, dados los elevados índices de paro y la inestabilidad y precariedad de los empleos⁵. La libertad de elección sólo existe si hay capacidad económica, quedando excluidos los que no la tienen.

Pero si la libertad individual depende de la capacidad de participar en el mercado, habría que cuestionarse qué ocurre con los que están excluidos por falta de recursos. La libertad de hacer sin los servicios esenciales es una libertad a la que la mayoría de las personas no tendrán acceso. La intervención estatal es esencial para garantizar la libertad de los pobres, los desempleados, los enfermos crónicos, la infancia desasistida, los sin techo, etc.

La dinámica y la lógica del mercado tiende a mostrarnos continuamente sus carencias,no satisface necesidades vitales importantes para todos los ciudadanos: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, protección del medio ambiente, protección civil, transporte público, actividades e instalaciones culturales y deportivas, protección del patrimonio histórico, etc., sus limitaciones, como lo demuestra la competencia desleal, la protección del consumidor, la legislación sobre publicidad engañosa, la legislación antimonopolios, etc., y sus desigualdades, porque el mercado por sí sólo no garantiza una situación de empleo, o un sistema de subsistencia digno, como tampoco garantiza una enseñanza o salud básica o especializada, para la totalidad de los ciudadanos que la requieran (Isuani, 2009).

· Sector privado no lucrativo (voluntariado)

Representa la solidaridad, que constituye el compromiso colectivo. Ahora bien, los sentimientos y los compromisos morales tienen como sujetos en último término a los individuos, de ninguna forma a las organizaciones; de hecho, la solidaridad es una virtud, que debe ser entendida como condición de justicia y como aquella medida que viene a compensar las imperfecciones de esta, en tres segmentos:

• Atender las necesidades e intereses generales.

• Compensación de la justicia a través de sentimientos de ayuda, amistad, colaboración, reconocimiento del otro, etc.

• Desmitificación del concepto igualdad natural como parte intrínseca a la justicia.

A este respecto rescatamos dos tipos de solidaridad que define Hernández (2011):

• Subjetiva, que nace de la persona misma, que se compromete en acciones solidarias porque se siente interiormente empujada a ello y decide hacerlo libremente. Esta sería una responsabilidad individual y colectiva que correspondería a la sociedad civil, que ha de completar las carencias dejadas por la solidaridad objetiva en materia de justicia social.

• Objetiva: por la que se impone a los ciudadanos algo que han de cumplir, con independencia de que se sientan o no solidarios con los demás a hacerlo. Esta es responsabilidad pública.

La solidaridad responde al perimundo de las “relaciones privado-sociales” (Ascoli, 1999), donde son los sujetos formales que constituyen el área de las “solidaridades asociativas”, que tienen un reconocimiento público y donde es posible también encontrar una relación contractual. En general, este sector es muy complejo y heterogéneo y las entidades que lo componen suelen definirse por exclusión de la provisión pública y el mercado.

Las entidades pertenecientes a este sector tienen denominaciones muy diversas: entidades privadas sin fin de lucro, organizaciones no gubernamentales (esta es la denominación que parece haberse impuesto en el ámbito internacional), entidades de iniciativa social, tercer sector, entidades socio-voluntarias, entidades asistenciales, entidades solidarias, y, además, pueden tener una naturaleza jurídica muy variada, ya que pueden constituirse en asociaciones, fundaciones, federaciones, cooperativas, etc.

Por tanto, las esferas de la gestión de bienestar son distintas en función del interés lucrativo / no lucrativo) con el que se integre el producto final en la forma de servicio prestado.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La ciudadanía, en los albores del siglo XXI se caracteriza por su enorme complejidad. El incremento de los flujos migratorios, con su consecuente convivencia multicultural, el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información, las recientes crisis económicas que implican el aumento del desempleo y la desesperación de los que lo sufren, la globalización en cualquiera de sus formatos, la tecnología de la información y comunicación que marcan el pulso generacional, la escasa capacidad de intervención y de influencia en áreas claves como el empleo o la vivienda… son algunos de los rasgos que marcan el momento actual.

En este contexto, los profesionales y las organizaciones deben prever estos vaivenes para afrontar los cambios vertiginosos, con creatividad y eficacia, mejorando la calidad de vida de las personas y las comunidades a las que apoyan (Hajighasemi, 2004). Las nuevas conformaciones familiares rompen con el sistema tradicional de distribución de papeles genéricos, reclamando modelos de bienestar participativos, creativos, flexibles… El fenómeno de la globalización implica la actualización de factores económicos, culturales, sociales y políticos. En el presente documento hemos repasado la necesidad de la participación de la ciudadanía y de las organizaciones en el desarrollo de la calidad de vida, con el objetivo de hacer efectivo el pluralismo de bienestar.

Con estos mimbres, los Servicios Sociales deben ser capaces de encontrar nuevas líneas de crecimiento y desarrollo que promuevan el bienestar personal y social, en diálogo con los actores, en contacto vivo con el tejido social, apoyando y apoyándose en redes sociales, fortaleciendo los servicios profesionales y las personas que reciben la atención, capacitándoles para promover cambios positivos en su propia situación, sabiendo crear canales de cooperación y establecer alianzas con otros agentes que intervienen en el ámbito del bienestar y las políticas sociales. Es fundamental concebir un modelo de responsabilidad pública, centrado en las personas, sus vivencias y expectativas, que renueven su compromiso por la convivencia y la calidad de vida. Se hace necesaria una estrategia de mejora continua, de gestión eficaz y eficiente de los servicios sociales, de sus equipos de trabajo, la sistematización de sus procesos y la asunción de la cultura de calidad en la provisión de bienestar.

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Notas