1. INTRODUCCIÓN

Con la llegada del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, empieza una nueva etapa en la dinámica política nacional. La visión del manejo social, político y económico de los factores de poder se presenta contrapuesta, lo que generó, desde el comienzo, una alta conflictividad que pronto llevaría a claras confrontaciones.

Durante el año 2001 el gobierno de Hugo Chávez inició una serie de acciones que causaron malestar tanto internamente, como en el ámbito internacional: trató de someter la educación pública y privada a los designios de su gobierno, quiso conquistar la dirección de las y sus aportes para la paz organizaciones empresariales y buscó avasallar a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, mientras en política exterior construía fuertes lazos con Cuba y se colocaba (según fuertes indicios) como aliado o por lo menos, simpatizante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de países como Irak, Libia o Irán. Lo más significativo fue que, en noviembre de ese año (2001), logró promulgar un “paquete” de 49 decretos-leyes de marcado corte estatista que, en algunos casos como el de la Ley de Tierras, resultaban de definida orientación comunista. Todo esto, unido al control casi absoluto de los cinco poderes del Estado, y del poder sobre grandes sectores de actuación ciudadana, desencadenó, primero, malestar y luego los francos enfrentamientos entre el oficialismo, representado por el presidente y los partidos políticos que lo apoyaban, entre ellos los llamados Círculos Bolivarianos por un lado, y por el otro, los partidos tradicionales, las clases medias, los grupos oligárquicos y sectores, incluso, de la Iglesia venezolana.

Los medios de comunicación se convirtieron en verdaderos líderes de la oposición venezolana, cansada de los partidos tradicionales. Los días precedentes a los sucesos del 11 de abril de 2002, se produjo un exitoso paro general de trabajadores en todo el país, con el endurecimiento de las posturas de ambos bandos y el papel estelar de los medios privados de comunicación social.Es así como los acontecimientos de abril de 2002, sumergieron al país en un denso conflicto entre el gobierno y la oposición, que no parecía solucionarse internamente, por lo cual se hizo necesaria la presencia de mediadores internacionales que bajaran las tensiones y trajeran de nuevo la frágil paz que se había presentado en el país.

Este trabajo aborda la problemática que vivió Venezuela a raíz del golpe de Estado de abril de 2002, la presencia internacional, y la mediación que ofrecieron,(y el gobierno y la oposición aceptaron), organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y otros. Del análisis del entorno que lo caracterizó, de las variables implícitas y de los esfuerzos concretos de los actores involucrados, se establecen los resultados que la mediación supuso para Venezuela, que si bien intentó bajar la presión interna, no supuso garantía de paz duradera, ya que las pugnas entre sectores de poder se mantendrán por años en el país.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

El Derecho Internacional Público cuenta con figuras como la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y el arbitraje, entre otros, para la regulación de conflictos. Cabe destacar que la mayoría –por no decir la totalidad– de los instrumentos que las norman se orientan por denominarlos medios, métodos o mecanismos de “solución”. Pero, a los efectos de esta investigación, acogemos la teoría desarrollada al respecto por el Profesor Francisco Muñoz, que más adelante señalaremos.

La regulación pacífica de controversias está presente en dos instrumentos fundamentales, como son la Carta de las Naciones Unidas como en la Carta de la Organización de Estados Americanos. La Carta

y sus aportes para la pa

de las Naciones Unidas, en su artículo 1° señala que uno de los principios del organismo es: “lograr (la paz) por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional” (ORGANIZACIÓN DE LAS NACCIONES

UNIDAS,1998)

Estos medios pacíficos a que hace referencia el artículo 1° se recogen en el artículo 33 de dicho documento. Por otra parte, la Carta de la OEA establece, en el encabezado de su artículo 24 que: “Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta

Carta.” (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

1993). Se mencionan dichos procedimientos en el artículo 25: “...la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que específicamente acuerden en cualquier momento las partes...”(ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

1993)

La mediación no ha sido objeto de tratamientos homogéneos en las normativas legales y reglamentarias de muchos países de América. Sin embargo, siguiendo al autor Acosta Mesas, la mayoría de los teóricos coinciden en que “…la mediación es un tipo de negociación en que las partes en conflicto siguen las sugerencias de un tercero durante el proceso de establecimiento de acuerdos, pero las decisiones y compromisos siempre los establecen las partes…”. (ACOSTA,

2004:216)

Por su parte, Muñoz, a diferencia de Acosta Mesas, por un lado define a la mediación como un procedimiento ante todo voluntario porque, a pesar que las partes hayan convenido en someter una controversia a la mediación, no están obligadas a continuar dicho procedimiento, sea cual sea el momento del mismo; y, por otro lado, al tercero interviniente (el mediador) le atribuye el carácter de intermediario neutral, quien no tiene autoridad para imponer una solución a las partes.(MUÑOZ,2004:190)

Es de destacar, a los efectos del presente trabajo, los dos tipos de mediaciones que distingue Muñoz, atendiendo al papel que desempeñe el mediador y ratificando que serían las partes quienes deciden cuál modelo desean seguir. En este sentido, reconoce “…la mediación-facilitación, [como] aquella en la que [el mediador] se esfuerza por facilitar la comunicación entre las partes y por ayudar a cada una de ellas a comprender la perspectiva, posición e intereses de la otra en relación con la controversia…” (MUÑOZ,2004:190)

Dentro de este tipo pudiera subsumirse el desempeño desarrollado por la OEA, en el caso venezolano, como se esbozará más adelante. El otro tipo de mediación que identifica Muñoz es el de “… mediación–evaluación, en la que [el mediador] realiza una evaluación no vinculante de la controversia, que luego las partes están libres de aceptar o rechazar…” (MUÑOZ, 2004:190)

En el caso bajo examen, de algún modo marcó un momento crucial de las negociaciones la propuesta dicotómica formulada por el

Centro Carter, donde se circunscribía la salida electoral, uno e los aspectos en discusión, sólo a dos mecanismos viables en el marco del ordenamiento jurídico patrio: El referéndum revocatorio o la enmienda constitucional. CENTRO CARTER. 2005:94).

3. ORÍGENES DE LA CONFLICTIVIDAD EN VENEZUELA: ELECCIONES DE 1998, POLARIZACIÓN Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA

Venezuela era un país que había logrado construir la que era, probablemente, la democracia más sólida de toda Iberoamérica, estabilidad ésta que se fundaba, en gran parte, por los altos ingresos del petróleo, lo que facilitó durante varias décadas la modernización del país y el ascenso del nivel de vida de sus habitantes.

El fallido golpe de Estado que dio el Teniente Coronel Hugo Chávez, actual Presidente de Venezuela, en febrero de 1992 recibió, en ese contexto, un apoyo que resultaba sorprendente para una nación que se había opuesto al militarismo y la dictadura con sólida convicción durante varias décadas; convicción alimentada por la clase dirigente luego de la caída del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez, en 1958. Chávez se convirtió así en una figura nacional y, luego del gobierno de Rafael Caldera, que le concedió una amnistía, alcanzó a vencer en las elecciones de 1998 con un mensaje que supo despertar las esperanzas del electorado. Chávez prometió un cambio radical del sistema político que tenía su base en una Asamblea Constituyente, criticó duramente a la corrupción y a los partidos políticos en sí mismos.

Su discurso electoral y político contenía un mensaje populista de izquierda en el que sobresalía la prédica de la lucha de clases, el odio a la oligarquía y la promesa de un reparto general de la riqueza como vía para acabar con el empobrecimiento de las mayorías. Ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos y, acto seguido, desconociendo en la práctica la constitución vigente, propuso un referéndum que le permitiera convocar la constituyente prometida. La antigua Corte Suprema de Justicia, inclinándose ante la mayoría, dio luz verde a esta propuesta, que contradecía de plano el ordenamiento jurídico vigente.

Luego de un período de elecciones se aprobó la constitución de 1999 (72% del electorado a favor) aunque apenas un 56% del padrón electoral votó, lo cual implica que de todos los posibles votantes sólo la aprobó el 40% del total. El gobierno de Chávez, con apoyo popular, con todos los resortes del poder en sus manos que le permitían manejar el poder, pudo gobernar con éxito sumando las mejores voluntades y con amplísimas posibilidades que le otorgaba, además, el aumento de los precios del petróleo (principal producto venezolano), a nivel mundial Sin embargo, durante el año 2001 el gobierno de Chavez inició una serie de acciones que causaron malestar tanto internamente, como en el ámbito internacional.

La crisis política desembocó en los confusos sucesos del 11 de abril, cuando fue detenida a tiros una multitudinaria manifestación que se encaminaba hacia el Palacio de Gobierno (Miraflores), provocando casi una veintena de muertos. Chávez fue desconocido como gobernante legítimo por el alto mando de las fuerzas armadas y, aparentemente, presentó su renuncia; un grupo de militares entregaron entonces la presidencia al dirigente de los empresarios, Pedro Carmona. Su efímero gobierno intentó detener a algunas figuras del chavismo y desconocer los poderes públicos vigentes; se produjeron serias divergencias en el campo opositor, y, finalmente, Chávez retornó al poder dos días después, acontecimientos que serán abordados con mayor profundidad en el aparte que sigue.

4. EL GOLPE DE ESTADO DEL 11 DE ABRIL DE 2002

Muchos estudiosos y analistas consideran que en Venezuela se produjo un golpe de Estado. Quienes alegan ello aducen tres aspectos principales: (THOMASZ, 2002:1)

−El presidente fue privado de su libertad por un grupo de militares que le exigieron su renuncia.

−La renuncia del Presidente nunca se produjo, al menos no se oficializó, pero se intentó convencer al país de lo contrario. −El mencionado grupo de militares decidió escoger a un nuevo Presidente.

Siendo así los hechos, la única conclusión inevitable que sigue de estos tres aspectos, es que el 11 de abril se produjo en Venezuela un golpe de Estado. También es absolutamente cierto que durante el efímero gobierno de Pedro Carmona, se tomaran decisiones alarmantes, entre ellas:

−Disolvió todos los poderes públicos de la República, eliminó la Constitución vigente, con lo que se atribuyó poderes supraconstitucionales, declarándose a sí mismo Autoridad Suprema y absoluta en todo el territorio nacional.

−Fueron despojados de sus cargos, muchas veces de manera violenta, algunos gobernadores y alcaldes oficialistas que habían llegado a esos cargos por vía de elecciones populares.

−Los cuerpos de seguridad del Estado, bajo el mando de Carmona, iniciaron una cacería de políticos y funcionarios públicos vinculados al gobierno de Chávez. Se realizaron allanamientos y detenciones que no cumplían ningún procedimiento legal y eran llevados a cabo por personas que carecían de toda autoridad para efectuarlos.

Según Olavarria (2003), el “Acta de Constitución del Gobierno de Transición democrática y unidad nacional presidido por Carmona, fue la prueba de una acción subversiva del orden constitucional que se materializó en ceremonia pública el día 12(de abril de 2002), en la cual se instituyó un gobierno de facto”.

La sublevación del general Raúl Isaías Baduel, comandante de la IV División de Infantería y Guarnición de Maracay, sumada a la protesta popular y al apoyo de algunos militares leales en Fuerte Tiuna y Miraflores, creó un clima de presión que obligó a Carmona a renunciar y a los militares que mantenían al presidente prisionero en la isla caribeña de La Orchila a liberarlo.

En la madrugada del 14 de abril y ya restituido en el poder, el presidente Hugo Chávez ofreció una alocución al país en la que admitió que había cometido muchos errores y prometió rectificar. A pesar de los acontecimientos descritos, sorprendentemente, el 14 de agosto de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia, aprobó la ponencia del magistrado Franklin Arrieche, que certifica la postura opositora de que no hubo golpe de estado el 11 de abril de ese año. Los Magistrados votaron en una relación de 11 a favor y 8 en contra del Antejuicio de Mérito contra Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez, Pedro Pereira y Daniel Comisso Urdaneta, quienes habían sido acusados por el Fiscal General de la República de Rebelión Militar, y de ser autores principales de la ruptura constitucional del 11 de abril.

La decisión del máximo organismo judicial abrió más grietas en el contexto político venezolano y puso al descubierto las fisuras entre los distintos magistrados, en el único ente del Estado Venezolano (aparte de la Asamblea Nacional) que,(hasta la reciente designación de nuevos y mayor número de Magistrados, hecho avalado por una muy discutida ley aprobada para esos fines), no estaba compuesto absolutamente por miembros del oficialismo. (LA FUENTE Y MEZA, 2003)

4.1. Reacciones de la Comunidad Internacional

La Comunidad Internacional condenó estos hechos, caracterizados por el quebrantamiento de las libertades fundamentales y el irrespeto a los derechos humanos, la persecución política y quizás la furia contenida de una parte de la población opositora que veía con alivio la caída del gobierno de Chávez, sin considerar el vacío jurídico e institucional con el que el gobierno de facto de Pedro Carmona, dirigió el país durante cuarenta y ocho (48) horas.

Los Jefes de Estado de los países miembros del Grupo de Río, reunidos en San José de Costa Rica, el 12 de abril de 2002, cuestionaron la ruptura del orden constitucional, e instaron a la normalización de la institucionalidad democrática. Asimismo, solicitaron la convocatoria a una sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, conforme al artículo 20 de la Carta

Democrática Interamericana. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

AMERICANOS, 2001) Este foro político, reunido el 13 de abril en la ciudad de Washington D.C., adoptó la Resolución CP/RES.811 (1315/02) titulada “Situación en Venezuela”, mediante la cual también condenó la alteración del orden constitucional y convocó a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS ,2002a).

El día 18 de abril de 2002, se realizó, en Washington, D.C., el Vigésimo Noveno Período Extraordinario de Sesiones de la O.E.A. Los Ministros de Relaciones Exteriores y los jefes de Delegación, aprobaron la Resolución AG/RES.1 (XXIX-E02) denominada: “Apoyo a la Democracia en Venezuela”, mediante la cual expresaron su “satisfacción por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del Presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela”. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS,2002b).

Mediante dicha resolución, respaldaron “la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones”, y exhortaron “a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela...” (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS,2002b).

En vista de ese llamado a diálogo del presidente Chávez y mediante decreto del 28 de abril de 2002 se estableció la “Comisión para el Diálogo”, que él mismo presidente Chávez presidiría.

Para su debida consideración e implementación, el decálogo de la Comision se distribuyó en cinco Comisiones de Equilibrio: Político, Social, Económico, Territorial e Internacional. Al mismo tiempo, se propuso fomentar el diálogo en las regiones con el apoyo de las universidades, gobernaciones y alcaldías.

En la agenda del Diálogo se plantearon cuestiones fundamentales para alcanzar un amplio acuerdo político que evitara el caos.

Por otra parte, también se crearon “Comisiones de Mediación” con diversos sectores, para procurar el acercamiento con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y la Federación de Cámaras de Industria y Comercio del país (FEDECÁMARAS), Medios de Comunicación y la Iglesia; todos sectores adversos al gobierno.

5. LA O.E.A. EN VENEZUELA: FACILITACIÓN Y MEDIACIÓN

Como se ha mencionado, la O.E.A., dictó la Resolución de la Asamblea General AG/Res.1 (XXIX E/2) del 18 de abril de 2002, donde se acuerda: “Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela requiriera para la consolidación de su proceso democrático”. El 13 de Abril de 2002 el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos había condenado la alteración del orden constitucional en Venezuela y los hechos de violencia que causaron la pérdida de vidas humanas e instó a la normalización de la institucionalidad democrática, y envió una misión encabezada por el Secretario General de la OEA para investigar los hechos y adelantar las gestiones que considerara necesarias para restablecer el orden constitucional.

El 18 de Abril de 2002 el Secretario General presentó el informe de su visita. Ese mismo día, en reunión extraordinaria, la Asamblea General de la OEA por medio de la Resolución AG/RES.1 (XXIX/02) acordó brindar el apoyo y la ayuda de la Organización de Estados Americanos que el Gobierno de Venezuela requiriese para la consolidación de su proceso democrático. Asimismo, la Declaración AG/DEC.28 (XXXII-0/02) reiteró el ofrecimiento de apoyo y ayuda, en tanto la Resolución CP/RES.821 (1329/02) saludó la iniciativa del

Gobierno de Venezuela de impulsar y realizar un proceso de diálogo que contara con la participación de todos los sectores del país y con el apoyo de la comunidad internacional y alentaba el Gobierno y a todos los sectores de la oposición, así como a los sectores sociales e instituciones de Venezuela para que a través del diálogo y en estricto apego a la constitución de la República, se lograra la reconciliación nacional esperada por el pueblo venezolano y la comunidad internacional (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS,

2002b)

Como objetivo principal se planteó facilitar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno Venezolano y representantes de la Coordinadora Democrática, mediante el establecimiento de una “Mesa de Trabajo, Diálogo y Negociación”. Dicha Mesa tendría una duración de aproximadamente un mes (hasta el 4 de diciembre), plazo que podría ser prolongado por acuerdo de las partes. Sería conducida por un Facilitador Internacional, y apoyada por un equipo técnico especializado en el campo de la negociación y resolución de conflictos a través de los organismos internacionales que componen el Grupo Tripartita.

Como objetivos específicos se señalaron los de discutir el tema electoral como mecanismo para resolver la problemática política; discutir temas adicionales de interés recogidos en una agenda de trabajo, que conlleven a acciones e iniciativas que el Estado y la oposición puedan cumplir, contribuyendo con ello a establecer un mínimo grado de confianza mutua, y estimular a las partes a lograr acuerdos concretos y medibles para avanzar en los temas escogidos, y

para evaluar la conveniencia de una posible continuidad de este esfuerzo.

La propuesta establecía como enfoques prioritarios de la facilitación:

−a) los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos sólo por los venezolanos, dentro del marco de la constitución política y de las leyes, como lo han reiterado en diversas ocasiones tanto el Gobierno como la Oposición; b) que la negociación se propiciaría desde la perspectiva de prevalencia del interés nacional por sobre los intereses sectoriales y sobre la base de la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela, firmada por el Gobierno y por la Coordinadora Democrática; c) que la instancia de facilitación tendría márgenes de flexibilidad procesal para el desempeño de sus funciones, las partes y de la atención a los insumos aportados por éstas; d) que la comunidad internacional, a través de la Misión Tripartita, tendrá una participación activa en el proceso, pudiendo asumir tres papeles básicos (i) brindar acompañamiento político al Facilitador Internacional de la Mesa de negociaciones y Acuerdos con el apoyo de un equipo operativo, (ii) servir de Observador, Verificador y/o Garante de las reglas del juego, del proceso de negociación y del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue, a través de los mecanismos que se acuerden con las partes y, (iii) apoyar la difusión de los avances en la Mesa de Negociación y Acuerdos, principalmente en el ámbito hemisférico e internacional. (ORGANIZACIÓN DE ESTADO AMERICANOS, 2003: 9).

.

Las gestiones de facilitación del Secretario General dieron como resultado acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática relativos a aspectos mínimos de funcionamiento sobre los cuales se enmarcaría el desarrollo de la Mesa de Negociación y Acuerdos:

−El papel del Facilitador Internacional de la Mesa sería desempeñado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria.

−La Mesa se integraría por seis representantes de ambas partes.

Los representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática debían ser designados por el acto administrativo o político que correspondiese.

−La OEA, el Centro Carter y el PNUD, continuarían participando en el proceso de negociaciones.

−Se solicitaría a la Conferencia Episcopal Venezolana la facilitación de una Sede.

−Solamente el Facilitador tendría a su cargo el “reporte oficial” al público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte podría expresar libremente sus consideraciones, aceptando explícitamente que las mismas no comprometieran a la Mesa sino que fueran reflejo de sus propias opiniones.

−La Mesa buscaría acuerdos para solucionar la crisis del país por la vía electoral, así como también sobre los siguientes temas: fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.

−En la primera reunión las partes trabajarían con el facilitador sobre la definición de los procedimientos, el orden y secuencia de las sesiones y la elaboración de criterios para organizar el funcionamiento de la Mesa.

−Se propuso el establecimiento de Mesas de Trabajo Complementarias, con delegados de ambas partes, para elaborar propuestas y recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego llevarlas a la Mesa principal.

−La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme sus respectivos mandatos, desarrollarían un papel de garantes del proceso para lograr el cumplimiento de los acuerdos.

−Si cualquiera de los acuerdos a que se llegara por medio de este proceso requiriese ser considerado en el seno de la Asamblea Nacional, se encontraría un mecanismo adecuado, previamente acordado entre las partes, para que este cuerpo tuviese oportuno conocimiento de ellos y pudiera actuar conforme a sus atribuciones constitucionales.

En un contexto de violencia y diatriba política las partes acordaron iniciar las rondas de negociaciones el 8 de noviembre de 2002, así como la designación de sus respectivas representaciones para dicho proceso. El 16 de diciembre, tras más de 5 semanas de reuniones en el marco de la Mesa, el Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/Res. 833 (1348/02) respaldando la institucionalidad democrática en Venezuela y la gestión de facilitación del Secretario General de la OEA.

Las conferencias de prensa diarias después de cada día de negociaciones proporcionaban mucha munición y obstáculos para avanzar en las conversaciones del día siguiente. La oposición entonces comenzó a hablar sobre organizar una huelga general a principios de diciembre de ese año, lo cual causó que los negociadores del gobierno se retirasen diciendo que se negarían a llegar a cualquier acuerdo mientras que la oposición intentase chantajear al gobierno con una huelga. Por su parte, el gobierno enrareció más las negociaciones cuando tomó el control de la policía de Caracas, una fuerza controlada por el ahora ex Alcalde Alfredo Peña, que es uno de los más acérrimos opositores del gobierno. Finalmente, la oposición respondió haciendo realidad su amenaza y convocando una huelga general para el 2 de diciembre.

Gaviria solicitó en vano a la oposición que al menos pospusieran la huelga durante unos pocos días más, ya que se había presentado a la mesa de negociación con un plan de ocho puntos que confiaba podría haber resuelto el conflicto, pero la oposición ignoró esta petición. En respuesta, el Gobierno anunció que no participaría más en las negociaciones mientras durase la huelga y que organizaría actividades populares para contrarrestar los efectos de la huelga. Otra actividad que el gobierno planeó fue una gran movilización progubernamental para el 8 de Diciembre. (WILPERT, 2002:2)

El lunes 2 de Diciembre se inició la huelga planeada conjuntamente por la federación de sindicatos reunidos en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las cámaras de

comercio (Fedecámaras) y la coalición de la oposición llamada Coordinadora Democrática, aunque esta oposición, internamente dividida, nunca pudiera ponerse de acuerdo en cuanto a su duración o sus objetivos últimos, pero mucho más importante que la huelga fueron las protestas que los miembros de la oposición escenificaron por la tarde de ese día frente a la compañía estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) .

La huelga, que se mantendría más de dos meses, tendría inéditas repercusiones nacionales e internacionales y el gobierno enfrentaba la urgente movilización de fuerzas y recursos que éste aplicaba, sin control ni medida para conjurarla, conforme a un guion de diligencias y actuaciones con las cuales se proponía desmontar cuanto antes la organización del conflicto, activando al respecto el plan de contingencia que había sido previsto para situaciones emergentes o accidentales.

La huelga “general” que terminó siendo esencialmente petrolera, se diluiría casi por generación espontánea, dejando a la industria petrolera venezolana debilitada, con 20.000 trabajadores de la misma expulsados por sumarse al paro, a la oposición desorientada y derrotada, y al gobierno fortalecido, incluso como para tomar medidas económicas radicales, como el control cambiario, culpando a la oposición de todos los males de la Nación.

La situación venezolana hizo necesarias nuevas acciones para tratar de remediar la crisis imperante, por lo cual surge la constitución del “Grupo de Amigos” del Secretario General de la O.E.A. Dr. César Gaviri

6. 2004: LA OEA Y EL REFERENDUM REVOCATORIO.

A partir de enero de 2003, se comenzó un trabajo con las partes para tratar de desmontar el paro. Este trabajo encontró un gran obstáculo en la marcada diferencia entre la visión de ambas partes de la realidad. El gobierno argumentaba que no era necesario tratar ese tema ya que no existía paro, y se trataba de un simple sabotaje a la industria petrolera. Y la oposición mantenía su esquema de mantener parados el comercio y la mayoría de industrias del país.

Una vez se normalizó la situación en lo referente al paro parcial, la Mesa comenzó a trabajar en un acuerdo contra la violencia. Adicionalmente, las partes solicitaron a la facilitación que presentara una propuesta sobre la instrumentación de la Comisión de la Verdad Así el día 18 de febrero de 2003, se suscribió la “Declaración contra la violencia por la Paz y la Democracia” firmada por los dos grupos antagónicos en acto formal, presidido por el Secretario General de la OEA, el Vicepresidente de la República y los demás miembros de la Mesa.

Luego de este primer acuerdo suscrito por la Mesa el proceso se vio influido nuevamente por el entorno. La Mesa comenzó a trabajar en uno de sus objetivos centrales, como era el de encontrar un acuerdo para solucionar la crisis del país por la vía electoral, tal como lo consagra la Síntesis Operativa de la misma. Para este propósito, y con

el fin de impulsar la mesa en un momento determinante, ya que las partes no encontraban un tema común de discusión, el Presidente Jimmy Carter presentó dos propuestas. Por una parte la posibilidad de una enmienda constitucional con el propósito de adelantar las elecciones; y por otra parte la posibilidad de realizar un referendo revocatorio, con acuerdos sobre fecha y forma de realizarlo. A partir de esta propuesta la Mesa tomó una dinámica diferente, y las partes se centraron en la discusión del tema de una salida electoral. Cada una de las partes presentó sus comentarios a la propuesta del presidente Carter, y con base en esos insumos comenzó el trabajo. El gobierno mantuvo su posición con el Referendo Revocatorio como única salida, y la Coordinadora Democrática asumió las dos propuestas Carter, privilegiando finalmente el Referendo Revocatorio.

No obstante se comenzaron los trámites para la realización del referéndum, se comenzaron los preparativos para la actuación del grupo de observadores internacionales de la Misión de la OEA el cual estuvo compuesto por 55 personas procedentes de 16 países del hemisferio (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), además de observadores procedentes de España, Japón y Noruega, seleccionados en base a criterios de capacidad técnica, profesionalismo y experiencia. El grupo base de la Misión, por su parte, estuvo integrado por 12 especialistas en las diversas áreas de interés de la observación electoral.

Con el objeto de coordinar las tareas de observación en el interior del país, y establecer su presencia en el territorio nacional, la Misión instaló 17 sub-sedes. Debido a la particular trascendencia del área informática en el proceso, la Misión delegó en un grupo de expertos informáticos la responsabilidad de conocer y evaluar las metodologías elaboradas para los procesos de votación, el software y el hardware de los sistemas seleccionados por el CNE, evaluar las tecnologías para la transmisión de los resultados de la votación e interactuar con los proveedores involucrados y con los técnicos del

CNE. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2003)

El objetivo que la Misión se fijó para esta área comprendía establecer la seguridad del sistema, respaldos en caso de contingencias, confiabilidad en la transmisión de la información, calidad de los sistemas, las tecnologías y los proveedores seleccionados por el CNE, así como la evaluación de su confiabilidad.

El día del Referendo, 15 de agosto de 2005, la Misión desplegó su cuerpo de observadores internacionales en 22 de los 24 estados de Venezuela. De acuerdo al Plan de Observación establecido por la Misión, los observadores presenciaron la instalación de las mesas de votación a partir de las 5:30 de la mañana, observaron luego las diversas etapas del proceso de votación durante la jornada electoral y acompañaron posteriormente los procedimientos relativos al cierre de la votación, incluyendo el conteo de votos y la transmisión de resultados. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2003)

Para la transmisión de la información recogida por los observadores en el campo al centro de Operaciones, y el posterior procesamiento de esa información, la Misión utilizó un sistema de

transmisión que tenía la capacidad de realizar envíos de mensajes a observadores individualmente o a la totalidad del grupo de observadores. Realizado el referéndum revocatorio, donde obtuvo la victoria el Presidente Hugo Chávez Frías, los observadores de la Misión aseguraron que el proceso se desarrolló normalmente.

En cuanto al sistema electrónico implementado para la votación, los observadores pudieron constatar que el mismo funcionó de acuerdo a lo previsto, presentando escasos casos de mal funcionamiento. En varios casos se reportaron casos de personas que, a pesar de exhibir sus respectivos comprobantes, no aparecían ni en la lista de electores colocadas fuera del recinto ni en los cuadernos. Los observadores, sin embargo, no pudieron comprobar si estas personas figuraban en las listas de otros centros, cercanos al lugar, y solo un caso se comprobó que quienes no aparecían en un centro habían sido trasladados a otro centro cercano.

CONCLUSIONES

En Venezuela, la participación de la OEA brindó un poco de seguridad en un país caracterizado por una alta polarización política y un clima de conflictividad que ha llevado al país al borde de la anarquía , con una pérdida de vidas apreciable y preocupante. En ese marco no puede obviarse la labor realizada por la OEA, el Grupo de Países Amigos de Venezuela, la Mesa de Negociación y Acuerdos y , especialmente , del secretario General de la Organización de Estados Americanos, Dr. César Gaviria, quienes tuvieron la alta responsabilidad de mediar entre dos posturas diametralmente opuestas y antagónicas.

No obstante, la realización del referéndum no trajo la tan ansiada paz; la oposición lanzó temerarias acusaciones de fraude y el gobierno siguió avanzando en su proceso político, sin oponentes verdaderamente organizados. El inicio de la campaña electoral, a mediados de 2004, para la elección de Gobernadores, Alcaldes y Cuerpos deliberantes de ambas instancias regionales y municipales, solo contribuyó a caldear más los ánimos, y dejó a los grupos opositores en la disyuntiva de ir a tales elecciones, a pesar de haber manifestado que el árbitro electoral no era confiable. La victoria del gobierno en la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, terminó de hundir a una oposición que no ha sabido articular una respuesta concreta que genere simpatías populares entre los adversarios del gobierno.

A pesar de la situación explosiva de Venezuela, entre 2002 y 2004, la actuación de la OEA puede considerarse positiva; fue mediador en el marco de una de las más grandes crisis políticas venezolanas de la última centuria, quizás, sin tal mediación, el curso de los acontecimientos hubiera sido distinto.

No obstante, la realización del referéndum no trajo la tan ansiada paz; la oposición lanzó acusaciones de fraude, y el gobierno siguió avanzando en su proceso político, sin oponentes verdaderamente organizados. A pesar de la situación explosiva de Venezuela, entre 2002 y 2004, la actuación de la OEA y demás facilitadores

internacionales, en esta primera aproximación, pudiera considerarse positiva; fue mediador en el marco de una de las más grandes crisis políticas venezolanas de la última década y quizás, sin tal mediación, el curso de los acontecimientos hubiera sido distinto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA MESAS, Alberto. 2004. “Regulación de conflictos y sentimientos”. (Apartado 8) En: Manual de Paz y Conflictos. Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ). Granada, p.216. Disponible en: http://www.ugr.es/~eirene/publicaciones/manual/Regulacion_de_Confl ictos_y_Sentimientos.pdf Consultado: 07/04/2013.

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