1. Introducción

El objetivo de este artículo consiste en explorar diferentes hipótesis que podrían explicar por qué las sociedades “toleran” el deterioro de determinados bienes culturales antiguos, aún cuando en ocasiones se escuchan tibios reclamos que no logran evitar su desaparición a corto, mediano o largo plazo. Se pretende abordar el tema desde el lugar en el que subyacen las causas posibles del problema, que consideramos tienen mucho más que ver con una actitud cultural que con la falta de normas, pues, aunque existen, se ignoran sistemáticamente, ya sea por desidia, por desconocimiento o por ambas cuestiones.

Aquí proponemos efectuar una síntesis de algunas reflexiones que fueron surgiendo a lo largo de más de diez años de investigación en materia de gestión patrimonial, y que hoy nos permiten plantearnos otro tipo de preguntas y ensayar un nuevo grupo de hipótesis. En este sentido, el abordaje metodológico se realiza a partir de un enfoque interdisciplinario que busca articular dichas hipótesis desde una mirada empíricamente situada, así como teóricamente fundada y articulada.

En relación con las múltiples definiciones que existen sobre patrimonio, en este trabajo vamos a abordar especialmente aquellas que lo vinculan con el pasado con vistas a analizar el patrimonio arqueológico. PEARCE (2000: 59) propuso que “el Patrimonio es la autoridad cultural del pasado”, y constituye una riqueza particularmente frágil y no renovable (ver ICOMOS, 1990). En este sentido, el patrimonio arqueológico incluye a los bienes más antiguos que poseen las sociedades y los territorios. En el área de estudio que abordamos, estos se ven afectados por una suerte de proceso de descuido crónico que va generando daños irreversibles. Acerca de este tema han escrito numerosos autores, tanto de la región como en general, que se han ocupado de asuntos relativos a la gestión del patrimonio y su valoración

(BALLART HERNÁNDEZ y TRESSERRAS, 2007; CARMAN, 2012; para la región investigada ver DEGELE et al., 2018; CONFORTI et al., 2016; GIACOMASSO et al., 2014), así como el estudio del largo proceso a través del cual un bien llega a convertirse en digno de ser cuidado (UNESCO, 2008; ICOMOS, 1990; LOWENTHAL, 1985; HALL y Mc ARTHUR, 1996, etc.; ver también MARIANO y CONFORTI, 2013).

Para contextualizar las ideas que aquí se plantean, vamos a proporcionar ejemplos concretos tomados de diferentes investigaciones llevadas a cabo por los integrantes de una línea de investigación destinada a los Estudios Interdisciplinarios de Patrimonio (PATRIMONIA), dependiente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA), Unidad Ejecutora de CONICET - UNICEN. Dicho equipo sistematizó la información disponible de 118 yacimientos arqueológicos del centro de la provincia de Buenos Aires (MARIANO, 2013). De este conjunto de sitios, tomaremos diferentes ejemplos para sustentar las ideas que se plantean (desde hornos caleros del siglo XIX hasta yacimientos con evidencia arqueológica del poblamiento temprano de la región). Se intentará analizar la manera en que se conjugan conceptos tan amplios como el de identidad, patrimonio, comunicación, valoración social, participación, comunidad, conservación y legislación, entre otros.

2. Perspectivas Teóricas

A continuación, se presenta un análisis de la temática, a través de tres apartados en los que se pretende abordar el debate desde perspectivas complementarias: la arqueológica, la antropológica y la comunicacional.

2.1. El patrimonio y su vinculación con el pasado

El valor no es algo inherente al bien, sino que es algo aprehendido y socialmente asumido (LIPE, 1990). Podría afirmarse que el pasado mismo es una construcción social basada en aquello que las diferentes comunidades consideran digno de ser recordado y puesto en valor. Esto sin duda impactó en ámbitos académicos y científicos, ya que la idea de un pasado subjetivo y cambiante (MERRIMAN, 2000: 302) y una cultura material que flota libremente (UCKO, 2000: 83) implican poner en cuestionamiento la autoridad intelectual sobre la interpretación arqueológica.

Ello también tuvo su impacto en los documentos (e.g. cartas, directrices) elaborados por organizaciones internacionales vinculadas con el patrimonio. Así, a lo largo del tiempo se han establecido diferentes criterios como, por ejemplo, los que se explicitan en la Carta de Venecia elaborado por el ICOMOS (1964) para juzgar la “autenticidad” de los bienes patrimoniales. Posteriormente estos criterios fueron cuestionados, sobre todo a partir de los debates iniciados con la Carta de Burra sobre la significación cultural de los sitios vinculados con los Aborígenes australianos (ICOMOS, 1999a) y luego retomados en las Recomendaciones de la Conferencia de Nara, convocada por UNESCO en 1994 (ver LARSEN, 1995). Estos dos últimos documentos muestran que se ha reconocido a nivel internacional el rol de los juicios de valor de las diferentes comunidades acerca del Patrimonio y la importancia de considerar el contexto cultural en el que se inserta cada bien cultural al momento de efectuar evaluar su significación cultural o su autenticidad (Larsen, 1995; UNESCO, 2006). De este modo, el Patrimonio Cultural ha sido definido como la expresión externa de la identidad (PEARCE, 2000) y, por ende, no debe considerarse como algo estático sino como dinámico, sujeto a los cambios permanentes que realizan las generaciones sucesivas por medio de constantes procesos de resignificación (LOWENTHAL, 2000).

En 1982, la UNESCO estableció que el Patrimonio Cultural de un pueblo está constituido por

…las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 1982: 2).

El Patrimonio Arqueológico, por su parte, forma parte del acervo Cultural, y se ha definido como “el legado histórico y social de generaciones anteriores, que pervivió a lo largo del tiempo y que es preciso preservar para las generaciones futuras” (GONZÁLEZ MÉNDEZ, 2000: 135). Está constituido por todos los restos materiales de culturas del pasado que puedan ser estudiados con metodología arqueológica a partir de su contexto de depositación y de toda información que pueda obtenerse en dichas investigaciones (ENDERE, 2000). Físicamente, estos recursos culturales participan del presente y participaron del pasado, lo que les confiere un valor único (LIPE, 1990).

La legislación argentina estableció que el Patrimonio Arqueológico está formado por vestigios “que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes”, es decir últimos 100 años (Ley 25.743 art. 2 y Dec. Regl. 1022). Se observa aquí que lo que se valora es el potencial informativo y científico de los yacimientos y materiales encontrados.

Los cambios significativos de los últimos tiempos en materia de recomendaciones de organismos internacionales, así como de los especialistas del Patrimonio, tienden a considerar la dimensión participativa de las comunidades locales en su vinculación con los bienes culturales. Ya en la década del ´90, la Carta Internacional de ICOMOS para la Protección del Patrimonio Arqueológico declaró que la preservación del Patrimonio es una responsabilidad colectiva y, por lo tanto, la actitud activa del público en general debe formar parte de las políticas de protección (ver ICOMOS, 1990, 1999b; UNESCO, 2008).

Parece claro que si el patrimonio es una construcción social y su investigación y conservación son, sobre todo, prácticas en las cuales los profesionales no deben desconocer los contextos sociales y culturales (AVRAMI et al., 2000), su dimensión pública es un eje de análisis ineludible (SALERNO, 2013). Además, el involucramiento de las comunidades locales es un aspecto que podría resolver potenciales conflictos de interés en torno del Patrimonio, a la vez que contribuir en su conservación y desarrollo (ALONSO, 2014; CASTILLO, 2015, 2016; CONFORTI et al., 2015; WATERTON, 2015; ATALAY, 2012, entre otros).

2.2. La dimensión antropológica del patrimonio

La noción de patrimonio ha sufrido un notable proceso de expansión que le ha dado un carácter omnicomprensivo, pero a la vez diverso y multivocal, a tal punto que, como señala ROTMAN (2015: 21), se ha ido produciendo “un desdibujamiento en su concepción y una flexibilidad que torna imprecisa su definición, contenidos y usos sociales”. Por ello, en términos de la autora se vuelve necesario construir nuevas preguntas que habiliten una discusión actualizada y un esfuerzo intelectual que apunte a “sustentar y viabilizar la capacidad analítica de la categoría” (p.21). Pero no sólo eso, sino que, al mismo tiempo, “tienda a mantener, a asegurar su capacidad como estrategia, como recurso de confrontación, de demanda, de sectores sociales que bregan y disputan por su reconocimiento y legitimación” (p.21). En suma, se propone entender al Patrimonio como un campo permeado por las desigualdades, los conflictos y el poder.

Mucho se ha discutido desde las diferentes perspectivas teóricas sobre la viscosidad del concepto de patrimonio y sus usos contemporáneos (HEWISON, 1987; LOWENTHAL, 1996, ver también RIVOLTA et al., 2014; etc.). Como lo expresa ENDERE (2016: 48) el patrimonio cultural ha comenzado a ser, en este siglo, “objeto de múltiples miradas, críticas y reclamos. Lejos de la tradicional visión monolítica que suele ser sustentada en la normativa, la noción de patrimonio se expande conceptualmente, al tiempo que es cuestionado por diferentes actores sociales” (p.48).

En esta línea, se recuperan los aportes de SÁNCHEZ CARRETERO (2012), quien sugiere utilizar el concepto de patrimonialización como marco analítico en vez del de patrimonio. Esta decisión se inscribe en el marco de las “fracturas conceptuales” sobre modelos teóricos aplicados al Patrimonio Cultural. Esta autora hace un repaso de definiciones en torno de la idea de patrimonialización y afirma que no existen allí tales contradicciones. Por el contrario, existe un consenso respecto del carácter procesual de la patrimonialización. En este sentido, comparte la postura de DAVALLON (2010), quien expresa que es preferible usar la noción de patrimonialización como concepto operativo en vez de la de patrimonio, ya que este último se usa para designar realidades diferentes y contradictorias, “mientras que patrimonialización como concepto operativo no implica esas contradicciones” DAVALLON (citado en SÁNCHEZ CARRETERO, 2012: 200)

Esta última autora señala otra fractura dentro del campo patrimonial que tiene que ver con “lo que se entiende por Patrimonio desde un ámbito de política y lo que las poblaciones locales consideran que es digno de conservarse y que pertenece a todos” (SÁNCHEZ CARRETERO, 2012: 202). A esto se suma la brecha con lo que los investigadores entendemos por Patrimonio. En general, si bien la construcción social del Patrimonio es un punto de partida que se da por hecho, esto no sucede en el campo de la gestión de políticas patrimoniales donde “el objetivo para muchos es únicamente la conservación y, en todo caso, la llamada puesta en valor del patrimonio como objetos” (SÁNCHEZ CARRETERO 2012: 197). Así, las teorías críticas señalan la importancia de articular esfuerzos para que la visión antropológica se integre a los programas de formación de gestores patrimoniales y se faciliten cauces de comunicación entre diversas áreas de investigación. Por ello se considera imprescindible un cambio de perspectiva que deje de asignarle a la sociedad civil el mero rol de receptora de los productos culturales para convertirse en el eje en torno a la cual se articulan las políticas culturales.

Por su parte, LACARRIEU (2008) afirma que “aunque la dimensión política del Patrimonio ha sido históricamente omitida (...) es el resultado del campo de la política y en ese sentido, es necesariamente constituido en el marco de políticas públicas de cultura” (2008: 17). En consecuencia, “el patrimonio (...) requiere ser pensado como un instrumento político que se constituye en la esfera del espacio público. (p.17), que se institucionaliza desde el Estado y con el que diferentes actores sociales cooperan y/o confrontan.

En este contexto es interesante retomar la idea de la multivocalidad, que adquirió vigencia en los ‘90s ante la necesidad de abrir las interpretaciones y criterios de expertos y admitir voces alternativas provenientes de círculos no académicos (LEONE et al., 1995; BENDER, 1998, etc.). El reconocimiento de la otredad en los debates patrimoniales^[1] impuso además la necesidad de una auto-reflexión sobre el rol de los propios expertos. Como señaló HODDER (1999: 19) para el caso de la arqueología, esta comenzó a verse menos como una disciplina bien definida con límites claros y más como un conjunto fluido de interacciones negociables, menos como una cosa y más como un proceso.

No obstante, el concepto de multivocalidad no ha estado tampoco libre de controversias, se ha cuestionado que no todas las voces posibles son las que emergen y que las que surgen, no lo hacen en un plano de igualdad, sino atravesadas por condiciones de producción corpo-políticas de los saberes (CURTONI, 2014; ver también ALONSO GONZÁLEZ, 2014; RIVOLTA et al., 2014). Desde las teorías y enfoques decoloniales, sin embargo, se ha afirmado que la multivocalidad tiene “potencial desconolonizador”, en la medida que constituya un posicionamiento y un compromiso; así como una práctica situada y caracterizada por ser inclusiva y abierta, capaz de considerar las valoraciones y significados que las comunidades le atribuyen a los paisajes, lugares y territorios (GIANOTTI GARCÍA et al., 2014).

2.3. Patrimonio, comunicación y ciudadanía

La cuestión de la patrimonialización, vista desde una perspectiva de la sociedad civil activa (en el marco de políticas públicas), permite realizar un abordaje analítico desde la dimensión comunicacional del proceso y, así mismo, su vinculación respecto del ejercicio de la ciudadanía. Esto implica tomar postura sobre qué comunicación estamos pensando. El concepto de comunicación que se pone en juego es aquel que, en términos de Uranga (2013: 26), se entiende como

…intercambio y producción de sentidos en el espacio público. Esto contribuye a la construcción y consolidación de estrategias de generación de conocimiento colectivo y de procesos comunicacionales que aporten al diseño de políticas públicas para el desarrollo. Pero fundamentalmente, la comunicación es el intercambio relacional fundante de lazos sociales y culturales, que contribuye a configurar sentidos comunes, a construir la pertenencia a una comunidad, a una sociedad (p.26).

Esta definición relaciona criterios fundamentales como el de participación, diálogo y responsabilidad. En este sentido, también entra en juego la categoría de “movilización” asociada a la posibilidad de generar bienes públicos en cualquier escenario histórico social.

La mirada analítica no debería confundir la movilización (social) con una manifestación (social) como acción aislada, sino que se la entiende como un proceso contingente basado en la identidad de los actores sociales, es decir, situados en un determinado contexto. En este marco, URANGA (2013: 36) propone que “La movilización social alimentada desde la comunicación es un proceso colectivo que interrelaciona sujetos, organizaciones y comunidades para la construcción de bienes públicos desde una perspectiva de derechos. El sujeto de estos derechos es el ciudadano..

Este enfoque puede ser abordado para tratar de comprender los procesos de patrimonialización en el área de estudio a partir de analizar la comunicación desde las prácticas sociales, a partir de los sentidos que incluyen tanto las acciones como también las omisiones y los silencios de los actores en una situación social (URANGA, 2007).

En términos de MASSONI (2011), la comunicación sería ese momento relacionante de la diversidad cultural, que se retroalimenta en la movilización social, y se constituye en fuente de ciudadanía. Si pensáramos la acción de patrimonialización desde una perspectiva estratégica de la comunicación en el espacio público, deberíamos poder aportar a la generación de procesos de movilización social en pos de los bienes públicos, ya que ello permitiría fortalecer y empoderar las identidades diversas y alentar la participación. En este sentido, ciudadanía, poder y política no pueden aislarse, ya que existen tensiones y disputas de sentidos, espacios y roles, “no es posible aproximarnos a una construcción de lo público, sino bajo una comprensión del ciudadano, de la organización institucional y del tejido social” (URANGA, 2007: 18).

La problematización de la cuestión ciudadana no es abordada de manera completa si la entendemos sólo como un problema teórico, se convierte en un desafío concreto cuando se la interpela desde marcos empíricos capaces de analizar la vida social y política. En suma, al hablar de un proceso de patrimonialización, nos referimos al intercambio y producción de sentidos en la sociedad, espacio de disputa simbólica y material, tal y como lo plantea URANGA (2013). La ciudadanía supone comunicación, porque lo ciudadano se construye desde el diálogo social en el espacio público (entendido como el escenario del consenso y del conflicto, de la disputa y la negociación), en una interacción creativa que es multinacional y multisectorial.

3. El Área de Estudio

Con el objetivo de ejemplificar las ideas que aquí se proponen,tomamos el centro de la provincia de Buenos Aires (actuales partidos deTandil, Olavarría y Azul, en adelante TOA) como área de estudio (Figura1). La misma abarca una superficie total aproximada de 20.000 km2.

Gracias a un importante corpus de investigaciones se ha podido determinar que este territorio ha sido poblado por seres humanos a lo largo de 12000 años AP aproximadamente (POLITIS et al., 2019 y POSTH et al., 2018). Se encuentra ubicado en la subregión Pampa Húmeda, que constituye una extensa llanura relativamente baja de relieve suave (FIDALGO et al., 1975). El clima que presenta es templado, con leve amplitud térmica y una estación seca escasamente marcada. Las geoformas más características están constituidas por serranías de baja altura y amplias llanuras que cuentan con una red de drenaje bien desarrollada (GENTILE, 2009: 78). Los tres partidos que conforman el TOA se hallan atravesados por el Sistema Serrano de Tandilia, que se extiende desde la costa atlántica hasta el centro-norte del partido de Olavarría.

Desde el punto de vista geológico, la región presenta grupos de rocas datados en aproximadamente 2.600 millones de años, lo que las ubica entre las más antiguas del planeta. De acuerdo a numerosas investigaciones arqueológicas, se pudo demostrar que estas rocas fueron explotadas por grupos cazadores recolectores desde mucho antes de la colonización. Posteriormente, hacia el siglo XIX, comenzaron a ser utilizadas para la actividad minera, artesanal primero, de la mano de poblaciones inmigrantes, e industrial después, lo que paulatinamente ha ido generando un proceso destructivo importante de los paisajes serranos (PAZ, 2009: 283).

En este sentido, resulta interesante revisar las fuentes escritas disponibles para tratar de caracterizar el antiguo paisaje pampeano y la particular dinámica social de sus pobladores a lo largo de los primeros años de ocupación que siguieron al tiempo del avance sobre el territorio por parte del Ejército argentino. Entre los primeros exploradores se destaca el naturalista Charles Darwin, quien viajó en 1833 por la zona de estudio y realizó numerosas observaciones acerca de escenario natural pampeano (ZÁRATE y FOLGUERA, 2009). En su descripción general del paisaje mencionó la homogeneidad y la enorme extensión de la llanura bonaerense, afirmando que “esta llanura es como un océano” (DARWIN, 1839).

Por su parte, fue Estanislao Zeballos quien, varios años después que Darwin, atravesó la pampa hasta las orillas del Río Negro. Sus observaciones quedaron registradas en un libro titulado “Viaje al país de los Araucanos”, editado por primera vez en 1881. Zeballos se refiere a la pampa como “un panorama monótono, uniforme e interminable…” ([1881] 1994: 77). En este libro se publicó una de las primeras fotografías del pueblo de Olavarría (Figura 2).

El origen de las actuales ciudades de Tandil, Olavarría y Azul se remonta al siglo XIX, principalmente con la creación de una serie de fuertes y fortines militares que constituyeron la llamada “línea de fronteras” en la avanzada sobre los territorios ocupados por grupos indígenas, quienes fueron cambiando progresivamente sus economías y formas de organización, basando su economía en la cría y el comercio del ganado. De hecho, para esta época MANDRINI (1987) plantea la conformación de una sociedad indígena-pastoril en el área interserrana bonaerense.

Para ese entonces, ya se trataba de un territorio densamente habitado y “buena parte del mismo era fértil, una extensa llanura de gramíneas, apta para la agricultura y la ganadería” (GÓMEZ ROMERO. 2007: 14).

A mediados del siglo XVIII, la población criolla de la provincia de Buenos Aires rondaba los 10.000 pobladores y llegaba territorialmente hasta el Río Salado. Después de la caída del gobierno de Rosas en el año 1852 se produjeron rotundos cambios políticos que implicaron el fin del

“Negocio Pacífico con los Indios” (PEDROTTA, 2005), proceso que desembocaría en una avanzada militar sobre los territorios ocupados por los grupos originarios que concluyera con una ofensiva violenta en la década de 1880.

Actualmente, el área de estudio se compone de amplias zonas agrícolas y zonas urbanas donde se concentra la mayor cantidad de la población. De acuerdo con el Censo Nacional de 2010, la población de Tandil es de 123.520 habitantes, la de Olavarría 111.500 y la de Azul 65.280 (INDEC, 2010). Las principales actividades de desarrollo económico del territorio se basan en la agricultura y la ganadería. Por su parte, la minería también cumple un rol importante, ya que origina una secuencia productiva con fuerte impacto regional y extra-regional.

La actividad minera generó la aparición de nuevos actores sociales, así como nuevas formas de trabajo, el uso de tradiciones técnicas y laborales venidas desde Europa que dieron como resultado culturas industriales que se desarrollaron ampliamente en las localidades serranas de la región (PAZ, 2012). Actualmente, la explotación predominante es la extracción de áridos y rocas de aplicación como la dolomita y el granito.

4. Discusión de hipótesis y casos

Como se mencionó en la introducción, en este artículo se plantean tres hipótesis troncales que nos interesa discutir a la luz de algunos de los resultados obtenidos en el marco de nuestras investigaciones.

La primera de ellas se toma de la idea de HALL y McARTHUR (1996: 9), cuando proponen que “lo económico es el árbitro final que decide qué cosas son conservadas y qué cosas no” en el campo del Patrimonio. A partir de esto es posible desagregar como hipótesis secundaria, que el .Patrimonio arqueológico pampeano no es económicamente redituable y, si miramos hacia el pasado precolombino argentino, remite a culturas subvaloradas”.

El objetivo, reiteramos, es discutir y poner en tensión nuestros propios presupuestos y aquellos aprendizajes que ha aportado la propia experiencia. En el centro de la provincia de Buenos Aires, el Patrimonio Arqueológico difícilmente representa un recurso de uso económicamente rentable. Casi se podría decir que, por el contrario, a veces las estructuras antiguas que “hay que” conservar, como los antiguos hornos o los corrales de piedra localizados en los partidos de Tandil y Azul (ver Figura 1), implican “un estorbo” para productores mineros y agropecuarios actuales, así como para dueños de fábricas o canteras, que deben conservar esas viejas estructuras en desuso, patrimonio de pueblos fundados por inmigrantes en el siglo XIX, etc.

Por otra parte, en esta región bonaerense el “valor” patrimonial es predominantemente informativo desde el punto de vista científico, o simbólico en tanto recrea aspectos de la identidad de comunidades locales (GURÁIEB y FRERE, 2008). Debido a su falta de monumentalidad dentro de los monótonos paisajes pampeanos (salvo en escasas excepciones), el Patrimonio Arqueológico no representa un recurso turístico significativo que conlleve la potencial obtención de un rédito económico acorde con las inversiones que deberían realizarse para recibir a potenciales visitantes (CONFORTI et al., 2014).

En el área de estudio, la escasa visibilidad del patrimonio, particularmente el arqueológico, sumada a la idea de que las pampas no tienen historia anterior a la llegada de los criollos e inmigrantes, fue gestando una suerte de subvaloración de todo lo que refiriera a la forma de vida de las sociedades que habitaban la región en tiempos previos.

Por su parte, HALL y McARTHUR (1996: 9) sostienen que la preservación de los bienes patrimoniales depende de lo económico; en sus propios términos: “economics is all too often the final arbiter of whether or not Heritage is preserved”. Tomamos esta cita que, a pesar de haberse escrito hace muchos años, mantiene una vigencia sorprendente en todos los ámbitos que hemos tenido la posibilidad de analizar. Algunos investigadores, siguiendo la tradición anglosajona referente a la gestión del Patrimonio argumentan que desde el punto de vista práctico no es posible protegerlo todo, por lo que es necesario definir adecuados criterios para la selección de sitios y establecer niveles de protección, así como medir grados de vulnerabilidad a fin de establecer prioridades (ENDERE y PRADO, 2009). Ahora bien, para llevar adelante todas estas acciones hace falta la voluntad del Estado en materia de financiamiento. Este es un problema de muy difícil solución en el área de interés, ya que la provincia de Buenos Aires no tiene una política de protección patrimonial que trascienda la letra escrita y pueda alcanzar el plano de lo real y concreto.

Estudios previos han abordado la cuestión de la legislación en esta provincia y han señalado la carencia de una ley de patrimonio arqueológico, así como la desactualización de la norma de patrimonio cultural vigente (Ley 10.419/86); la diversidad de normativas que hacen referencia al patrimonio arqueológico (además de la norma mencionada,

la Ley 10.907/90 y sus modificatorias, regulan las reservas naturales, parques y monumentos provinciales, entre los que se incluyen las áreas arqueológicas); la desarticulación entre los organismos provinciales de aplicación de dichas normas (e.g. Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y Organismos Provincial para el Desarrollo Sustentable), así como la falta de controles suficientes por parte de las autoridades competentes, sobre todo en temas de estudios de impacto arqueológico (ver ENDERE y PEDROTTA, 2010; ENDERE et al., 2015; ENDERE, 2018).

Para brindar un ejemplo, en una campaña arqueológica realizada en el año 2010, pudimos comprobar cómo se había “barrido” un conjunto pequeño de corrales de piedra en la zona de Gardey (Tandil, Buenos Aires) con el objetivo de liberar las áreas cultivables. Para esto, el dueño de la propiedad agropecuaria nos relató informalmente que había comprado una topadora usada a la Municipalidad y había corrido las piedras fuera de los valles fértiles aptos para el cultivo, “total, hay más allá arriba del cerro” (Propietario 1, com. pers., abril 2010). Los corrales de piedra constituyen entidades patrimoniales que han sido georreferenciadas principalmente en el sector serrano y presentan buen nivel de visibilidad en el paisaje (Figura 3). En nuestra base de datos SIG, hemos ingresado más de 65 sitios con construcciones de pirca o “corrales de piedra” en las sierras de Tandil y Azul. Estos han sido estudiados previamente (PEDROTTA et al., 2011, etc.), sin embargo, aún prevalecen interrogantes acerca de su funcionalidad específica, cronología y adscripción cultural, por lo que requieren mayores estudios.

La ubicación de los “corrales de piedra” podría estar relacionada con la abundante disponibilidad de agua y de pasturas en el área de emplazamiento, así como la buena visibilidad que brindan las sierras respecto del paisaje circundante (PEDROTTA et al., 2011). Actualmente “existe cierto consenso en adjudicar su origen a la población indígena posthispánica” (PEDROTTA et al., 2011: 111). Esto significa, sencillamente, que ya se está destruyendo un tipo de Patrimonio del cual todavía no se sabe todo lo necesario para su comprensión, y cuando los bienes arqueológicos desaparecen, ya no hay vuelta atrás.

Volviendo a nuestra hipótesis, aquellas estructuras arqueológicas sobre las cuales aún hay mucho por aprender, ubicadas en áreas productivas, fueron destruidas por cuestiones que tienen que ver con lo económico, mientras que los corrales de piedra ubicados en zonas no fértiles (como las cimas rocosas de las sierras) están conservados de manera intacta.

Por otro lado, podemos ver que esto que planteamos anteriormente no se da en todos los casos por igual. En la localidad de Sierras Bayas (Olavarría) existe un rico Patrimonio Industrial compuesto por restos de antiguas caleras, canteras y fábricas. Estos vestigios se visualizan hoy en la maquinaria de molienda en desuso, viejos hornos caleros, sistemas de transporte (vías, carros y vagonetas), en espacios que funcionaban como áreas de depósito, así como en las herramientas, e incluso en las unidades habitacionales que conformaron las llamadas “villas obreras” o comunidades de fábrica. Todos estos elementos constituyen un Patrimonio histórico situado temporalmente a finales del siglo XIX, y que transformó (y sigue transformando en la actualidad) el paisaje serrano (PAZ, 2009). Se trata de un Patrimonio que también es inmaterial, vinculado a la memoria de los pobladores de las sierras y a los trabajadores de la piedra, que rescata tradiciones y formas laborales extintas al interior de las microsociedades mineras. La desaparición de estos primeros sistemas de producción gracias al progreso tecnológico dio por resultado una urbanización fabril a gran escala que provocó la inactividad de estos espacios industriales, como es el caso de la Calera La Libertadora, ubicada en Sierras Bayas, Olavarría; una propiedad privada que fue cedida en comodato al municipio para su puesta en valor.

Como consecuencia de todo esto, los restos materiales remanentes de los primeros procesos productivos le han otorgado a esta región un valor que tiene que ver con la conformación de identidades que perduran en la memoria colectiva de los habitantes de las sierras (PAZ, 2009).

El edificio de la calera mencionada se mantuvo en excelente estado de conservación y se convirtió, desde el año 2005, en el primer museo de sitio industrial del partido de Olavarría. El museo incluía una exhibición permanente sobre la historia de la localidad, la instalación de los primeros hornos, el proceso de extracción artesanal de la piedra, la vida minera y el asentamiento de inmigrantes europeos en torno a ella. El lugar era utilizado, además, para diferentes actividades culturales, tales como exhibiciones temporales y festivales. No obstante, en la última década, el Museo de Sitio comenzó a presentar serios problemas de infraestructura que generaron la necesidad de invertir una importante suma de dinero para su mejora, por lo cual la Municipalidad decidió no restaurarlo y devolverlo a la familia propietaria, quedando en desuso y en un estado de deterioro progresivo hasta la actualidad. Aquí lo económico volvió a arbitrar en contra de lo patrimonial.

La segunda hipótesis que planteamos sostiene que “el Patrimonio representa aquellas cosas que queremos conservar del pasado, pero las razones por las cuales queremos conservarlas son muy diversas y están altamente determinadas por procesos diferenciales de valoración” (HALL y McARTHUR, 1996; ver también ENDERE, 2007). A partir de esto, proponemos como idea desagregada que, en términos generales, “la comunidad no se identifica con el Patrimonio Arqueológico del TOA”. Asumimos aquí el riesgo de estar escribiendo ideas que generan cierta incomodidad intelectual, pero que consideramos que deben ser discutidas.

Detrás del valor de los bienes siempre existen procesos identitarios que generalmente remiten al pasado. CARMAN (1996: 21) sostiene que “la valoración es un proceso esencialmente social y dinámico”. El Patrimonio Arqueológico es valorado por su capacidad única de brindar información acerca de un tiempo pretérito; y como si perteneciera a “otro mundo” (CARMAN, 1996: 25); tiene el aura de lo público: no se ignora, no se compra o vende, no se usa ni se descarta. Precisamente, la Carta de ICOMOS de Patrimonio Arqueológico (1990) afirma que “La protección del patrimonio arqueológico debe constituir una obligación moral para cada ser humano. Pero también es una responsabilidad pública colectiva. Esta responsabilidad debe hacerse efectiva a través de la adopción de una legislación adecuada y mediante la provisión de fondos suficientes para financiar programas que garanticen una gestión eficaz del patrimonio arqueológico (art. 3)”. Por su parte nuestra propia normativa establece el carácter de inenajenables, inembargables e imprescriptibles de los “yacimientos arqueológicos” por tratarse de bienes públicos del Estado (art. 237 Código Civil y Comercial de la Nación).

Es por ende interesante contrastar esta fuerte protección legal con la cotidianeidad de nuestros bienes patrimoniales. No debe dejar de destacarse que los paisajes actuales están repletos de relictos materiales del pasado susceptibles de ser considerados patrimonio y a todas luces desprotegidos.

Para discutir nuestra sub hipótesis, a lo largo de las investigaciones realizadas por este equipo hemos podido demostrar que aquellos bienes patrimoniales que son valorados son los que se preservan, como en el caso de los hornos caleros de Sierras Bayas, y que cuya valoración estaría, en parte, vinculada a percepción como “monumento histórico”^[2] .

En el centro de la provincia de Buenos Aires, la fortaleza de una estructura no es lo que garantiza su preservación a largo plazo, sino que es la valoración social el factor que asegura la sustentabilidad de este patrimonio. No hay método de conservación más eficaz que la complicidad de la gente. PRATS (2007) propone que uno de los factores para definir el Patrimonio Cultural es su capacidad para representar una identidad y, en esta frase, se congregan y entrelazan tres de las ideas claves que sustentan esta hipótesis: el patrimonio, su valoración y las identidades. Todas ellas constituyen construcciones sociales que llevan a cabo los diversos actores en contextos de disputa y espacios de poder. Se trata de categorías sociales con una alta capacidad de variación y plasticidad, que están en estrecha relación con aquellos bienes culturales, materiales e inmateriales, que los grupos consideren como significativos en un tiempo y un espacio determinados. No obstante, no puede dejar de contemplarse que esa valoración comunitaria podría eventualmente entrar en conflicto con los intereses de los actuales propietarios de las tierras donde se emplazan los hornos.

La tercera hipótesis que proponemos refiere a que “las prioridades sociopolíticas de la provincia de Buenos Aires son tantas y tan básicas, que el Patrimonio no ha encontrado aún una oportunidad”. Tampoco existe una voluntad política interesada en efectuar un fiel cumplimiento de las normas patrimoniales vigentes en la creencia de que ello podría ser un obstáculo para el desarrollo regional. Asimismo, se hace una selección de qué pasado se va a proteger, donde están en juego cuestiones que van más allá de lo puramente económico y donde se entrecruzan intereses, percepciones y valoraciones que, por acción y omisión, generan un impacto sobre el patrimonio en su conjunto.

Un claro ejemplo lo constituye la exhibición “ADN Olavarría. Raíces Mineras”, organizada en Olavarría por la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal. En la misma se propuso realizar un recorrido por los orígenes del partido a través de sus actividades productivas mineras, con el objetivo de “poner en valor el patrimonio histórico e industrial local”. A través de dicha muestra pudo analizarse cómo se hace hincapié en que el “ADN olavarriense” está intrínsecamente ligado a “lo minero”. Se observa un énfasis en la narrativa oficial en reforzar la identidad minera local, partiendo de aquellos “pioneros picapedreros”, “visionarios industriales del siglo XIX”, para luego reafirmar la idea de una identidad cementera contemporánea vinculada al imaginario de Olavarría, “ciudad del cemento”, o “del trabajo” (GRAVANO, 2005). Estas ideas estarían yendo a contramano de la preservación de otros bienes culturales o patrimoniales, como el arqueológico y paleontológico (además del natural, obviamente), que desaparecen a través de la explotación en las canteras a cielo abierto y en fábricas, sin que se implementen medidas efectivas para mitigar el impacto de manera preventiva ni paleativa (a pesar de la existencia de normas que lo exigen como el Decreto 968/97 que regula el impacto Ambiental Minero dispuesto en la Ley 24.585/95). De hecho, el atractivo principal de esta muestra fue el uso de realidad virtual y realidad aumentada a través de la cual el público podía “vivenciar” la detonación de un cerro local que en el presente es utilizado cotidianamente como fuente de materia prima minera.

Otra cuestión no menos interesante es el lugar que ocupa el patrimonio intangible, del que todos hablan, pero rara vez ese discurso decanta en medidas concretas. Cabe destacar, por ejemplo, que en el partido de Olavarría rige la Ordenanza Nº 3934/16 que tiene como objetivo “la determinación, preservación, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión del Patrimonio Histórico Cultural del Municipio de Olavarría”. Esta norma plantea una visión amplia del patrimonio al incorporar “el conjunto de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, materiales y simbólicos que fueran generados o se encuentren ubicados en el ámbito territorial del distrito de Olavarría, urbano o rural, y que, por su significación definan la identidad y la memoria de sus habitantes, con independencia de la titularidad y régimen jurídico de los mismos” (art. 2).

Sin embargo, en el mismo artículo mencionado se especifica que los bienes sujetos a clasificación son bienes inmuebles; yacimientos arqueológicos y paleontológicos; piezas de arqueología, antropología, etnografía, paleontología y zoología, botánica, mineralogía y anatomía; bienes muebles; libros, periódicos e impresos; obras de arte; piezas de artesanía y muebles de uso personal o familiar. De modo que se excluye aquellas representaciones y prácticas correspondientes al patrimonio inmaterial. Asimismo, el resto de los artículos refieren al patrimonio material.

5. Conclusiones

Como se expuso anteriormente, tanto estos organismos como diferentes sectores académicos han promovido el compromiso de las poblaciones locales, demandando su participación activa en acciones de protección, conservación, gestión y salvaguarda respecto del patrimonio. Así, se “planteó la integración de proyectos sostenibles de las comunidades en las actividades de planificación patrimonial” (ROTMAN 2015: 20). No obstante, esto no sucede ni se traduce en ejemplos empíricos en el centro de la provincia de Buenos Aires, y esta es una de las razones por las cuales decidimos pensar nuevas preguntas con relación con las posibilidades reales que las comunidades locales tienen de poder contribuir con proyectos sostenibles, el rol del Estado y también de quienes generamos conocimiento científico en torno de estos temas.

En este marco planteamos las tres hipótesis troncales, que se articulan entre sí, para incorporar tres nuevos ejes de discusión: lo económico, las valoraciones e identificaciones sociales y las necesidades sociopolíticas.

Una de las principales conclusiones a las que hemos llegado es que el abordaje del Patrimonio Cultural requiere de lecturas multicausales y de una descentralización de la mirada “profesional experta”. Es necesario poner en tensión nuestro presupuesto acerca de cómo y por qué los diferentes actores deberían participar, apropiarse del patrimonio y protegerlo en el marco de un ejercicio pleno de la ciudadanía. Si bien ya hay un camino recorrido, es interesante abordar este problema de una manera más global, integral, teniendo en cuenta la diversidad, complejidad y dinámica del tema.

En algún punto, como investigadoras observamos que siempre estamos corriendo detrás del problema y nunca anticipándonos. Tal vez se deba a que las tradicionales respuestas no conducen a soluciones reales respecto del deterioro y la desaparición de bienes patrimoniales. Quizás sea el momento de pensar que, si las viejas respuestas no sirven, habrá que hacer preguntas nuevas.

Consideramos que una de las claves es la diversidad de intereses que existen al interior de cada comunidad y frente a determinado tema: los nuestros en tanto investigadoras, el del Estado con lo económico y sus políticas, y el de la comunidad en general. Sobre los dos primeros hay mucho trabajo escrito y estudiado, en relación con el último, su complejidad radica en que las comunidades actuales difieren en su modo de apropiación con los bienes patrimoniales, sobre todo con aquellos que están más alejados en el tiempo y en el territorio. Paradójicamente, mientras debatimos estas cosas, el tiempo sigue transcurriendo y los bienes patrimoniales esperan deteriorándose.

En suma, si la economía es la que arbitra en última instancia, si las prioridades políticas están lejos de las necesidades de protección del patrimonio y las comunidades lo ven como algo distante de su circunstancia cotidiana. ¿Hay algún futuro posible para el patrimonio regional? ¿Cómo hacer para que lo que “es de todos” deje de ser “de nadie”?. Estos son nuevos interrogantes frente a los desafíos que nos propone el TOA.

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