ete El trimestre económico El trimestre econ 2448-718X 0041-3011 Fondo de Cultura Económica 10.20430/ete.v91i363.2459 00004 Artículos Los medios de pago en el largo plazo. El caso de Buenos Aires, del dinero virreinal al dinero bancario Means of payment in the long term. The case of Buenos Aires, from viceregal money to bank money Wasserman Martín * Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), República Argentina (correo electrónico: martinwasserman@hotmail.com). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina martinwasserman@hotmail.com Jul-Sep 2024 91 363 563 601 16 05 2024 23 05 2024 Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Resumen

El propósito del artículo consiste en evidenciar que todo medio de pago admitido como dinero conlleva tanto la materialización de un compromiso asumido por su emisor como beneficios potenciales resultantes de la provisión de instrumentos transaccionales admisibles. Consecuentemente, los cambios materiales e institucionales experimentados en el largo plazo por los medios de pago han implicado modificaciones en los modos de formular aquellos compromisos y en la manera de negociar la distribución de los beneficios reportados. El caso del Río de la Plata, una economía carente de producción metalífera local, ofrece un observatorio para comprender el modo en que distintos gobiernos materializaron sus compromisos en medios de pago y distribuyeron los beneficios obtenidos de su provisión, lo que demuestra los cambios experimentados entre el periodo hispánico y el posrevolucionario a fin de focalizar, entonces, en el cambio que abrió la puerta a un periodo cuya matriz se sostiene desde entonces: la irrupción del sistema bancario y sus instrumentos de pago.

Clasificación jel:E42, E51, N16.

 Abstract

The article seeks to show that every means of payment admitted as money entails both the materialization of a commitment assumed by its issuer and potential benefits resulting from the provision of admissible transactional instruments. Consequently, the material and institutional changes experienced in the long term by the means of payment have implied modifications in the ways of formulating those commitments and in the way of negotiating the distribution of the reported benefits. The case of the Río de la Plata, an economy lacking in local metalliferous production, offers an observatory to understand how different governments materialized their commitments in means of payment and distributed the benefits resulting from their provision, demonstrating the changes experienced between the Hispanic and post-revolutionary periods to focus, then, on the change that opened the door to a period whose matrix has been sustained ever since: the irruption of the banking system and its payment instruments.

jel codes:E42, E51, N16.

 Palabras clave: Moneda dinero medios de pago Buenos Aires historia económica Keywords: Currency money means of payment Buenos Aires economic history Introducción

Los medios de pago dotan de materialidad a la moneda, lo que habilita la concreción de los intercambios a los actores económicos. Gracias a su admisibilidad, ciertos medios de pago logran identificarse como dinero, ofreciendo de este modo mejores términos de intercambio que otros instrumentos y reportando, a su vez, un beneficio al actor social que los provee. Puesto que tanto los gobiernos soberanos como algunos actores de la economía comercial son capaces de suministrar medios de pago admisibles, aquellos beneficios son materia de negociación.

Todo intercambio conlleva una obligación (Mitchell-Innes, 1913/2004; Graeber, 2003). Identificada como deuda, la obligación económica creada entre quien accede a valores y quien los acredita vuelve a todo comprador un deudor y a todo vendedor un acreedor.

A fin de computar la deuda creada, la moneda ofrece la unidad de cuenta empleada en cada coordenada social: unidades diferenciadas regional e históricamente, que nominan en precios la magnitud de las deudas emergentes en el intercambio económico, y dan lugar a la conformación de comunidades de cuenta (Théret, 2013).

Calculada cuantitativamente en términos monetarios, la deuda es entonces pagada. Pagar implica reconocer una obligación económica, aunque no necesariamente extinguirla. Para ello, en el acto de pagar se emplean dispositivos materiales, o medios de pago, que permiten al deudor redimir la obligación en el acto o sostenerla en el tiempo a cambio de un costo que puede tomar diferentes formas históricas.

Al brindar al deudor un instrumento para reconocer ante su acreedor la deuda creada, los medios de pago habilitan la transacción. Ahora bien, si un dispositivo habilita la transacción al vehiculizar su pago, es porque en dicho instrumento se materializa un compromiso: garantizar al acreedor la preservación del valor pactado en el intercambio. Los medios de pago, por lo tanto, materializan un compromiso asumido por quien los produjo. Consecuentemente, la admisión de un medio de pago y la resultante habilitación del intercambio conllevan la aceptación por parte del acreedor del compromiso que dicho instrumento materializa. De este modo, para que exista intercambio, el dispositivo debe ser admitido por el acreedor como medio de pago.

En tal sentido, la admisión de un medio de pago resulta del crédito que el acreedor confiera al compromiso materializado en el dispositivo, sea éste producido por el deudor de manera directa involucrado en el intercambio o por terceras partes no involucradas directamente: actores particulares o agentes gubernamentales. Y ese crédito dependerá de la reputación que el productor de los medios de pago logre construir sobre su capacidad para cumplir el compromiso contenido en el instrumento. En otros términos, la admisibilidad de los medios de pago dependerá de su capacidad para construir credibilidad en el compromiso materializado.

Una vez admitido, el medio de pago no sólo habilita al deudor el acceso a bienes y servicios, también ofrece a su productor los beneficios derivados de la provisión de instrumentos para gestionar las obligaciones económicas en los intercambios. Desde la modernidad temprana, los gobiernos de Occidente procuraron preservar como prerrogativa soberana la capacidad para definir unidades de cuenta y proveer los medios de pago sobre el territorio gobernado, e intentaron a un mismo tiempo reservarse los beneficios derivados de dicho privilegio (Cano Borrego, 2015). Sin embargo, las dificultades experimentadas para garantizar el suministro de los medios materiales que habilitasen intercambios en términos favorables a los acreedores, o los contratiempos para obtener los recursos necesarios con los cuales cumplir los compromisos sobre los que se sostenían los medios de pago soberanos, condujeron en ocasiones a la difusión de medios de pago particulares, así como a la consecuente negociación entre sus proveedores y el poder soberano por los beneficios derivados (Sargent y Velde, 2001).1

Puesto que los medios de pago pueden ser provistos por actores de la economía comercial, así como por agentes de un poder soberano, los réditos derivados de la provisión de medios de pago pueden tomar formas heterogéneas: desde recursos económicos propiamente dichos (resultantes de la diferencia entre el costo de producir el medio de pago y la capacidad adquisitiva que éste porta una vez puesto en circulación), hasta herramientas para la intervención macroeconómica (allí cuando la autoridad monetaria logra concentrar sobre el territorio, de manera excluyente, la prerrogativa de emitir medios de pago). De esta manera, los beneficios reportados por la provisión de medios de pago son materia de negociación entre gobiernos soberanos y actores de la economía comercial.

Si los instrumentos de pago materializan el compromiso asumido por su productor, los cambios materiales experimentados por los medios de pago implican inflexiones históricas en los modos de construir ese compromiso o de garantizarlo, en los mecanismos con los que se captan los beneficios derivados de la producción de los medios de pago, y en la capacidad de negociación que la distribución de esos beneficios puede reportarle al proveedor (Baubeau, 2016).

La historia de Buenos Aires permite observar los mecanismos de negociación que, en el terreno de los medios de pago, desplegaron el gobierno hispánico y los primeros gobiernos republicanos para acceder a financiamiento por parte de los acreedores locales, necesario para consolidar la soberanía sobre el territorio.

El gobierno monárquico hacía participar a las oligarquías de Buenos Aires de los beneficios resultantes de su provisión de medios de pago metálicos, con miras a generar una convergencia de intereses que garantizase la defensa de la soberanía monárquica sobre el Río de la Plata. Carentes del control jurisdiccional sobre la provisión del circulante metálico, los gobiernos posrevolucionarios de Buenos Aires perdieron aquella herramienta de negociación, y su incapacidad fiscal para proveer medios de pago admisibles fue un terreno fértil para que sus acreedores locales tomaran en sus manos la gestión de los medios de pago locales; sin embargo, ello no retroalimentó la soberanía gubernamental.

Buenos Aires constituía una pequeña economía abierta que carecía de la posibilidad de producir medios de pago locales globalmente admisibles, pero era capaz de absorberlos y redistribuirlos. Cuando los cambios institucionales tomaron forma tras la Revolución, esa restricción monetaria incentivó innovaciones financieras que dieron lugar, a su vez, a nuevos términos de negociación entre el gobierno y los actores económicos en torno a los beneficios de la emisión monetaria.

Este trabajo se centrará menos en la evolución de la capacidad adquisitiva de los medios de pago, en su expresión en precios o en sus tasas de intercambio, que en las implicancias políticas que conllevaba su implementación. Quién produce los medios de pago en una coordenada histórica definida, qué compromiso se materializa en ellos y cómo se negocia la distribución de los beneficios resultantes de su provisión constituyen, por lo tanto, tres tópicos relevantes para abordar las repercusiones sociopolíticas de la historia monetaria. Las transformaciones que los medios de pago experimentaron en Buenos Aires entre las últimas décadas del siglo XVI y el primer cuarto del XIX ofrecen un mirador excepcional para indagar las implicancias políticas del decurso monetario a la luz de estos interrogantes.

 I. Los medios de pago en Buenos Aires durante su antiguo régimen <bold>1. <italic>El dinero virreinal en Buenos Aires: medios metálicos soberanos</italic> </bold>

Hasta el proceso revolucionario, los medios de pago metálicos gestionados por la Corona constituyeron en Buenos Aires el instrumento dinerario.

Desde su establecimiento definitivo en 1580, la economía temprana de Buenos Aires nominaba sus precios en las principales unidades de cuenta hispánicas: maravedíes, reales, escudos y sus respectivos múltiplos. Sin embargo, la ausencia de yacimientos en su entorno geográfico inmediato impidió la acuñación local de piezas metálicas para dotar a la economía porteña con los medios de pago correspondientes a la moneda soberana. Por lo tanto, ese circulante llegaba a Buenos Aires mediante circuitos comerciales y fiscales que conectaban a este puerto rioplatense con Potosí, que desde el establecimiento de su casa de moneda en 1573 constituyó la principal fuente de acuñación argentífera en la jurisdicción virreinal (peruana hasta 1777 y rioplatense desde ese año).

Todavía hacia 1560 en el espacio peruano circulaban rústicos tejos y rudimentarias callanas: piezas de plata (y, menos frecuentemente, de oro) labradas a cincel en talleres particulares limeños y potosinos, que incorporaban a las piezas elevadas proporciones de plomo, cobre o estaño (Cunietti-Ferrando, 1995; López Beltrán, 2015: 85). El establecimiento de la Casa de Moneda en Potosí en 1573 fue la vía que la Corona allanó para intentar un monitoreo sobre las condiciones de fabricación y uso de las piezas metálicas sobre el espacio peruano, mientras procuraba garantizar su privilegio exclusivo sobre la emisión al penalizar las contravenciones a sus normas y fiscalizar el proceso de acuñación con objetivos asimismo recaudatorios.2

Las piezas de la ceca potosina comenzaron entonces a arribar a Buenos Aires por dos vías interconectadas: las redes de comercio interregional enlazadas por particulares y, desde el primer cuarto del siglo XVII, las transferencias fiscales entre las tesorerías de la Real Hacienda ubicadas en Potosí y Buenos Aires.

Tras un rodeo de intercambios con Potosí y con distintos mercados enlazados a éste (entre los que sobresalían de manera cambiante Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba o San Luis), las piezas de plata potosina circulaban hacia el puerto en pago de mercancías y personas esclavizadas que habían sido introducidas por Buenos Aires desde diversas plazas europeas, brasileñas y africanas, y reenviadas hacia aquellos mercados mediante mecanismos crediticios -en los cuales se insertaban asimismo otros productos agropecuarios generados en el hinterland bonaerense y remitidos a crédito hacia el norte, como el ganado mular (Assadourian, 1982; Moutoukias, 1988; Wasserman, 2018)-. De este modo, el peso de plata potosino era recibido en Buenos Aires por su admisibilidad como medio de pago para el saldo de las importaciones atlánticas, una función que fortalecía su atributo como reserva de valor, a pesar de las prohibiciones que la Corona disponía sobre el comercio de Buenos Aires en respuesta a las solicitudes del comercio limeño.3

La preservación del compromiso que la Corona asumía en sus piezas metálicas experimentó desafíos. En efecto, modificaciones en los criterios de su producción impactaban en el frente externo del mercado porteño, que motorizaba su admisibilidad. Ello se puso en evidencia por primera vez cuando en 1648 se develó una inusitada defraudación en la Casa de Moneda que condujo a la acuñación de piezas con un contenido de plata muy inferior al admitido por la ley regia, lo cual derivó en una devaluación de su circulante potosino en 25%, y a mermar su admisión en mercados como el de Brasil (Soria Aillón, 2015: 91; Lane, 2015). Si ello vulneraba la potestad monetaria inherente a las prerrogativas soberanas de la Corona, también implicaba una disputa en torno a la apropiación de los beneficios económicos derivados de la provisión exclusiva de medios de pago (Cunietti-Ferrando, 1995: 134).

Tras implementar mejoras en el control administrativo sobre las cecas y perfeccionar la tecnología de acuñación, la Corona procuró articular la misma estrategia en su favor: en 1728, 1772 y 1786 el gobierno español dispuso reducciones en la proporción de metal noble incorporado a cada pieza, con miras a licuar parcialmente el gravamen de su déficit (Burzio, 1958; Muñoz Serrulla, 2015: 28). El intento por mantener en secreto las últimas dos modificaciones no impidió la depreciación del circulante, que volvía a evidenciar el componente crediticio de su solidez metálica. Es que lo que el Atlántico demandaba no era plata: era plata monetizada por un poder que garantizase procedimientos de acuñación y el logro de medios de pago que asegurasen la estabilidad en la preservación del valor.4

Así, la capacidad adquisitiva de la moneda soberana se alteraba en función de la heterogénea calidad material que portasen los medios de pago en los que aquella se objetivaba. En efecto, existía una diferenciación de circuitos monetarios con arreglo a la heterogénea calidad de las piezas metálicas circulantes: las piezas de alta denominación y mejor factura (moneda de plata doble o fuerte) arrojaban un premio sobre las de baja denominación y elaboración rudimentaria (moneda sencilla o corriente), y ello reportaba mejores términos de intercambio a sus portadores (Tandeter, 1975). De esta manera, los comerciantes porteños vendían las piezas metálicas de baja denominación, recolectadas en los mercados regionales, a cambio de piezas de alta denominación que reportaban mejores términos de intercambio en el frente externo. Era en este punto donde el circuito comercial de las piezas metálicas se enlazaba con su circuito fiscal.

Los gastos implicados en la defensa del puerto de Buenos Aires ante las recurrentes amenazas portuguesas, inglesas, holandesas y francesas, así como los recursos necesarios para sostener la administración gubernamental en el puerto requirieron desde el segundo cuarto del siglo XVII el envío de remesas desde otras tesorerías (Wasserman, 2022b). Así, desde las Reales Cajas de Potosí (cuya recaudación era elevada en virtud de los gravámenes sobre la actividad minera, el proceso de acuñación y los tributos de indios) se enviaban periódicamente a la Real Caja de Buenos Aires cuantiosas sumas de metálico en piezas de moneda doble, que tras la Guerra de los Siete Años llegaron a representar casi 80% de los ingresos totales a dicha tesorería.

Sin embargo, la movilización de estos caudales fiscales estaba organizada por las redes interregionales y la infraestructura de los grandes comerciantes porteños. Ello les reportaba beneficios económicos de diversa naturaleza: al realizar negocios particulares con la moneda doble que conducían desde Potosí con fines fiscales; al adelantar a la guarnición del presidio de Buenos Aires el alimento, la vestimenta y otros víveres cuyo suministro no podía aguardar al arribo de los caudales, que a su llegada les eran girados por la Real Caja de Buenos Aires, o al comprar a la Real Caja la moneda doble arribada con el Situado, que pagaban con moneda sencilla a un tipo de cambio definido por el premio establecido entre unas y otras (Segreti, 1975: 17; Saguier, 1989: 290).

Por ello, el sideral incremento de los montos conducidos por vía del Situado a Buenos Aires desde la década de 1760 -cuando aumentó la gravitación económica y geopolítica de la ciudad- conllevaba concomitantemente un aumento de los negocios interregionales encarados por los comerciantes porteños, el endeudamiento de la Hacienda local con éstos y, en suma, su capacidad para capturar medios de pago metálicos. Así, los medios de pago metálicos penetraban en la economía de Buenos Aires mediante conductos mercantiles y fiscales que, movidos por los actores porteños con injerencia en el comercio atlántico, enlazaban a este puerto rioplatense con los centros de acuñación.

De esta manera, era la admisibilidad de las piezas metálicas en el frente atlántico la que estimulaba su persistente demanda local, al promover al mismo tiempo una confluencia entre los intereses económicos de los comerciantes locales y los intereses defensivos de la Corona: mediante el financiamiento a la Hacienda de los gastos defensivos de la soberanía monárquica en el territorio, los grandes comerciantes de Buenos Aires accedían a los medios de pago que brindaban mejores términos de intercambio. Pero esta convergencia reposaba, a su vez, en la capacidad que la Corona tuviese para sostener el crédito contenido en el circulante que materializaba su moneda y cuya provisión ejercía como privilegio soberano.5

Al preservar el crédito de sus medios de pago con base en el control sobre su producción, la Corona conservó a un mismo tiempo los beneficios derivados de ella y logró articularlos como herramienta para negociar la defensa de su soberanía territorial en el Río de la Plata.

 2. <italic>El intercambio por otros medios: del algodón a la palabra</italic>

Otros medios materiales, provistos por el entorno productivo y comercial local, fungieron como instrumentos de pago para los actores rioplatenses del periodo. Identificados como “monedas de la tierra” por aquéllos, la vara de lienzo de algodón, fanegas de trigo, cueros, hierro y carnes suplieron parcialmente al circulante metálico en los intercambios locales (Molina, 1966: 185; Garavaglia, 1983/2008: 391). A ellos habrían de adicionarse más tarde las contraseñas, fichas o latones que acreditaban a trabajadores de unidades productivas rurales los salarios devengados, para su uso en las tiendas del propio establecimiento.6 Puestos en relación con el circulante metálico, la instrumentación de aquellos medios de pago arrojaba un premio en favor de aquél o, en otros términos, un costo de transacción derivado de la relativa iliquidez de dichos medios.7

Sostener la deuda en el tiempo era, desde luego, otro modo de gestionar las obligaciones. Si la ausencia de circulante metálico en el comercio menudo conducía al empleo de monedas de la tierra, también incentivaba el empeño de la palabra como medio de pago. En efecto, las obligaciones derivadas del endeudamiento daban lugar a instrumentos que, al garantizar al acreedor el cumplimiento del compromiso asumido en un plazo determinado, constituían en sí mismos medios de pago, toda vez que habilitaban al deudor el acceso a mercancías, dinero, personas esclavizadas o servicios. Declaraciones testamentarias otorgadas en Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII permiten comprender que instrumentos públicos (como las escrituras notariales de obligación de pago) y privados (carentes de la rúbrica notarial, tales como vales, cédulas, libranzas, libros de cuentas, memorias, misivas, entre otros) eran ampliamente utilizados para documentar el compromiso económico en distintas órdenes del intercambio comercial. Eran instrumentos cuya heterogeneidad respondía, a su vez, a una pluralidad de circuitos relacionales y ordenamientos normativos diferenciados.8

Desde comienzos del siglo XIX, un instrumento privado con larga tradición en las economías europeas cobró impulso como medio de pago en el comercio atlántico de Buenos Aires: la letra de cambio (Roover, 1944: 261; Neal, 1993: 6 y ss. ). En efecto, hacia 1802 se advierte una frecuencia creciente de protestos de letras en los protocolos notariales de Buenos Aires.9 A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XIX, el circulante metálico comenzaba a compartir su papel protagónico con los cueros como retorno de las importaciones desde el Río de la Plata. Por ello, el uso de letras de cambio se expandió en Buenos Aires, inicialmente en aquellas operaciones comerciales que enlazaban la ciudad con los mercados de Río de Janeiro, Montevideo y Cádiz (con los cuales existía por entonces un intenso flujo comercial) (Amaral, 1982: 47).

Apoyado en la larga experiencia atlántica que detentaban las letras de cambio y el tradicional uso regional de las libranzas, desde comienzos del siglo XIX adquirió dinamismo en Buenos Aires el uso de letras “secas”: documentos comerciales girados entre mercaderes afincados en la misma plaza mercantil (Amaral, 1990: 108-109). Desde entonces, su papel como instrumento de crédito incentivó su uso como medio de pago en las transacciones locales.

 3. <italic>Las deudas de la Hacienda Real de Buenos Aires: la palabra del erario como instrumento</italic>

El erario regio de Buenos Aires apeló, asimismo, al endeudamiento local y regional para sostener sus finanzas; ello implicó la circulación de papeles pagaderos en su Real Caja. Por caso, recibos y libranzas documentaban buena parte de las acreencias que la Real Hacienda de Buenos Aires sostenía con aquellos proveedores y acreedores que brindaban local y regionalmente los recursos necesarios para el funcionamiento de la maquinaria defensiva. Y la circulación de aquellos recibos y libranzas pagaderos en la Real Caja de Buenos Aires se dinamizó con el aumento que desde la década de 1760 experimentó la remisión de fondos del Real Situado, los cuales respaldaban dichos documentos (Wasserman, 2021b).

Los desfalcos padecidos por la Real Caja de Buenos Aires como resultado del desorden administrativo en la gestión de esta deuda flotante se conjugaban, hacia la primera década del siglo XIX, con las urgencias de una coyuntura crítica en el frente atlántico.10 Y ambos fenómenos drenaban a la Hacienda Real de Buenos Aires de unos fondos que la crisis monárquica volvía indispensables, mientras las incertidumbres comenzaban a materializarse como invasiones y guerras. En efecto, en 1808 el virrey interino Santiago de Liniers intentaba girar libranzas contra los deudores de la Hacienda y en favor del Cabildo de Buenos Aires, para pagar con el crédito del erario los suplementos que el ayuntamiento porteño -nuevo protagonista en el financiamiento agónico a la Hacienda- había provisto para hacer frente a las ocupaciones inglesas de 1806 y 1807 (Moutoukias, 2015; Grieco, 2018: 240 y ss.).

Aquel mismo año de 1808, Liniers elevaba al ayuntamiento porteño la iniciativa de emitir en Buenos Aires cinco millones de pesos en vales patrióticos, a imagen y semejanza de los vales reales iniciados en la península hacia 1782, a fin de afrontar los apremios del erario y promover a un mismo tiempo su difusión como medio de pago (Torre Revello, 1933/1934); el decurso experimentado por la cotización de los vales reales en la Península, y el posible conocimiento sobre el impacto que su consolidación estaba teniendo en América desde que se incorporaron los bienes americanos en el proceso de desamortización en 1804 pudieron mover al Cabildo a la prudente oposición que impuso al proyecto (Álvarez, 1938: 346; Wobeser, 2014). La monetización de los compromisos de la Hacienda Real de Buenos Aires ya resultaba, sencillamente, inadmisible.

 II. Revolución y deudas: el dinero en la construcción estatal de Buenos Aires

Los efectos de la Revolución incentivaron, en el mediano plazo, la monetización de los instrumentos de la deuda gubernamental.

Los flujos de circulante metálico hacia Buenos Aires habían comenzado a descender notablemente desde 1802, en función de la crisis que el centro minero potosino atravesó entre 1801 y 1805 como resultado de sequías y falta de mercurio y de fuerza de trabajo (Mira y Gil Lázaro, 2003: 41; Galarza, 2023). Así, entre 1806 y 1810 los fondos del Situado representaban sólo 29.63% de los ingresos a la Real Caja porteña (Tandeter, 1991: 199), lo que restaba a la tesorería de Buenos Aires accesibilidad al crédito.

El proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires en mayo de 1810 generó profundos cambios en el sistema monetario local y, particularmente, sobre los medios de pago en uso local. Los conflictos desplegados sobre el territorio del extinto Virreinato del Río de la Plata afectaron la actividad productiva y los intercambios comerciales a escala interregional, pero también detuvieron la circulación fiscal de las piezas metálicas: en junio de 1811 dejaban de llegar a Buenos Aires las remesas fiscales de circulante metálico que hasta entonces eran anualmente enviadas mediante el Real Situado. Esto conllevó la desaparición del principal recurso fiscal, que había suministrado al gobierno de Buenos Aires con circulante desde el temprano siglo XVII.11 Aunque las alternancias de la guerra revolucionaria dieron al gobierno de Buenos Aires un acceso intermitente a la casa de moneda potosina, desde 1815 ésta quedaría bajo control realista hasta la independencia de Bolivia (Segreti, 1975: 14-18).12 De este modo, las interrupciones en los circuitos comerciales y fiscales agravaron la escasez de piezas metálicas en un puerto desprovisto de fuentes argentíferas o auríferas locales (Irigoin, 2010).

Carente de estos recursos fiscales y con la insuficiencia relativa de la recaudación aduanera sobre impuestos a las importaciones, el gobierno revolucionario en Buenos Aires comenzó a exigir contribuciones y a levantar préstamos para financiar los gastos y la lucha armada. Desde 1813, los empréstitos fueron acreditados mediante la emisión de títulos, que el propio gobierno aceptaba como instrumento para el pago de obligaciones aduaneras (Amaral, 1982). De esta manera, entre 1813 y 1818 el gobierno de Buenos Aires emitió pagarés, billetes de amortización y, aun, un “papel moneda” (cuya novedosa distinción consistía en ser emitido con antelación a la deuda que cancelaba) (Amaral, 1981; Moutoukias, 2018; Wasserman, 2022c). Al ser negociables, estos bonos comenzaron a funcionar como medios de pago en los intercambios comerciales, así se suplió la escasez metálica en el mercado local. Por ello, estas emisiones de títulos públicos implicaron en los hechos una expansión de la oferta monetaria (Irigoin, 2000a: 13).

Debido a las incertidumbres sobre la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos, el comercio aceptaba aquellos títulos por debajo de su valor facial en las transacciones (les aplicaba descuentos de hasta 70%), mientras que la tesorería de la Aduana los admitía por la totalidad de su valor nominal. Por esta razón, la principal fuente de recursos fiscales rápidamente se colmó de papeles emitidos por el propio gobierno.13

La Revolución implicó, por lo tanto, la aparición de títulos de deuda emitidos por el gobierno, y esto conllevaba la aparición de un nuevo instrumento para el pago de los compromisos, tanto entre actores económicos como entre éstos y el gobierno. En este sentido, la aparición de la deuda pública implicó la monetización del compromiso gubernamental, el cual circulaba con altas tasas de descuento en el mercado ante la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos al carecer de bases fiscales sólidas.14 La monetización de la novedosa deuda pública implicaba, por lo tanto, la circulación de sus papeles por debajo del valor nominal.15

Con miras a revertir esta dinámica, el gobierno dispuso algunos cambios institucionales. Desde abril de 1814, autorizó las letras comerciales como medio de pago para cancelar impuestos a la importación (Amaral, 1982). De esta manera, intentaba evitar que las arcas de la Aduana se llenaran con sus propios papeles, y admitía en su lugar títulos de crédito privado mejor posicionados en el mercado. Y la admisión oficial de las letras comerciales estimuló, entretanto, la monetización local de dichos documentos privados.

El gobierno implementó otras innovaciones institucionales para amortizar la creciente deuda pública. La primera consistió en la creación de la Caja Nacional de Fondos de Sud América (en adelante, CNFSA) hacia 1818, cuyo objetivo consistía en absorber la deuda pública circulante en aquellos papeles para evitar su ingreso a la tesorería de la Aduana. Para lograrlo, la CNFSA ofrecía tasas de interés a los depositantes. Sin embargo, no logró su cometido, ya que las tasas ofrecidas no eran lo suficientemente atractivas para los principales tenedores de los títulos gubernamentales (Wasserman, 2022a).

Esta experiencia fue pedagógica para el gobierno de Buenos Aires, cuyas autoridades concluyeron que, para continuar accediendo al crédito local, debían adaptar la racionalidad de su administración financiera a los intereses de los principales acreedores, garantizándoles beneficios en el corto plazo.16

Tras la batalla de Cepeda en febrero de 1820, el gobierno centralista del Directorio en Buenos Aires cayó, y cada una de las 14 Provincias Unidas pasó a constituir su propio gobierno autónomo, mientras reservaban para sí los atributos soberanos (Goldman, 2014: 49; Souto, 2017: 273-275). La Provincia de Buenos Aires, también autonomizada del resto de las provincias, estableció su propia cámara legislativa con sede en la ciudad portuaria de mismo nombre. Y, siendo urgente la amortización de la creciente deuda pública, la legislatura porteña tomó nota de las experiencias previas: en 1821 cerró la CNFSA y estableció la Oficina de Crédito Público, junto con su correspondiente Caja de Amortización, un complejo institucional desde el cual el gobierno comenzó a recomprar los títulos a precios de mercado, adaptando así los objetivos del Tesoro a los intereses de sus depositantes (Amaral, 1982).17 Sin embargo, los billetes de fondos (como se conocían los títulos entregados al público en el acto de compra de títulos previos) volvieron a experimentar la depreciación en el mercado como medios de pago: si en abril de 1822 cotizaban a 65%, en octubre de ese año lo hacían a 31%, en concordancia con la debilidad de las bases fiscales y el gravamen que representaba la deuda pública acumulada por el gobierno.18 En esta ocasión el peligro era mayúsculo, pues la tasa de descuento aplicada en el mercado ahora operaba como barómetro del crédito público detentado por el gobierno.19

III. La emergencia de la banca en Buenos Aires: la consagración de las deudas privadas como medio de pago

Fue en 1822 cuando ocurrió la más radical innovación monetaria local: el establecimiento del Banco de Buenos Aires, primer banco en Hispanoamé­rica.20 A fin de dotar a la plaza con medios de pago, el ministro de Hacienda había decretado el 15 de enero de 1822 la creación de un banco de descuentos que rescatase letras de cambio y aumentase la liquidez en el mercado local al entregar billetes convertibles contra dicho rescate.

Para ello, el ministro Manuel José García convocó a los principales comerciantes de Buenos Aires con el objeto de elaborar su estatuto: un grupo protagonizado por comerciantes británicos asentados en Buenos Aires, que desplazaban a los actores porteños tradicionalmente vinculados con la intermediación entre el Atlántico y el mercado potosino. Se trataba, en efecto, de un selecto grupo nutrido por algunos de los más relevantes acreedores del gobierno: Diego Brittain, Sebastián Lezica, Juan José Anchorena, Félix Castro, Guillermo Cartwright, Roberto Montgomery, Miguel Riglos, Juan Pedro Aguirre y Juan Molina (Casarino, 1922: 10-11; Amaral, 1995: 129). Con excepción de este último, los restantes conformarían el primer Directorio del Banco de Buenos Aires, electo por la primera junta general de accionistas realizada el 1º de marzo de 1822. Todos fueron igualmente accionistas fundacionales del establecimiento y tanto Cartwright como Aguirre ocuparían asimismo la presidencia de la institución.21 Así, este grupo fundacional que diseñaba institucionalmente el banco se conformó de acreedores del gobierno surgidos de una renovada élite comercial y agropecuaria, con protagonismo en el directorio y en la junta de accionistas de la institución.

Establecido como una sociedad por acciones, este primer banco contaba con la autorización exclusiva del gobierno para la emisión de billetes pagaderos a la vista al portador, denominados en pesos y convertibles a la par en moneda metálica en la caja del banco, a un tipo de cambio según el cual un peso de papel equivalía a un peso de plata, mientras 17 de éstos equivalían a una onza de oro.22 La emisión de billetes bancarios se realizaba, entretanto, sobre el descuento de letras (tanto aquellas giradas entre comerciales de Buenos Aires como las que el gobierno giraría para el descuento desde la tesorería de su Aduana); de esta manera, el banco retenía la letra descontada y entregaba al deudor el monto neto en billetes (Garrigos, 1873; Casarino, 1922). Por lo tanto, tuvieron lugar dos profundas innovaciones: la emergencia de la institución bancaria y la aparición de sus dispositivos monetarios.

Los principales acreedores de la deuda pública se instituían bancariamente al gobernar el banco desde su directorio y formar las filas de sus principales accionistas. De esta manera, los acreedores del gobierno procuraban obtener los beneficios de corto plazo que la CNFSA no había sido capaz de ofrecerles como contraprestación del financiamiento al gobierno (Wasserman, 2022c). Al habilitar el establecimiento del banco con aprobación parlamentaria, el gobierno de Buenos Aires garantizaba a la institución el monopolio sobre la emisión de billetes de banco convertibles a metálico por 20 años; los beneficios de un virtual señoreaje, materializados en las ganancias derivadas del descuento de letras sobre el que se emitían los billetes (sin condicionamiento de coeficiente de liquidez alguno); la potestad de constituirse como agente financiero del gobierno, y el monitoreo de los recursos fiscales del gobierno (mediante el depósito de algunos de sus recursos en las arcas de la institución, como ocurrió cuando en 1823 las letras giradas en favor de la Aduana co­menzaron a depositarse en el banco). Como contraprestación, los acreedores instituidos bancariamente garantizaban al gobierno la continuidad del acceso al crédito, proveyendo asimismo los medios de pago que la economía de Buenos Aires requería con urgencia.

De este modo, a cambio de preservar su acceso al crédito local, el gobierno garantizó al grupo de sus principales acreedores locales el ejercicio de la prerrogativa monetaria y la captación de los beneficios de ella derivada. Por lo tanto, la negociación financiera entre el gobierno y sus acreedores encontró una nueva expresión institucional en la creación del Banco de Buenos Aires (en adelante, BBA).

En este sentido, la escasez de circulante metálico de curso legal fue una condición necesaria, pero no suficiente, para la emergencia de los billetes bancarios convertibles en Buenos Aires: los billetes bancarios emergieron no sólo por la escasez de metálico con curso legal, sino porque la emisión de dichos medios de pago de papel implicaba un beneficio potencial para sus emisores privados, un incentivo que se adosaba a aquella constricción.23

La aparición del billete de banco logró proveer un nuevo medio de pago ante la escasez de circulante metálico, lo que generó una caída en la tasa de interés (pues el banco comenzó a descontar a tasa de 1% mensual), gracias a la monetización de deudas comerciales en el mercado de Buenos Aires (Amaral, 1988; Segreti, 1975: 141; Olarra Jiménez, 1968: 24). A su vez, el billete de banco removió las funciones monetarias de los títulos de la deuda pública, lo cual contribuyó a la consolidación local de los pasivos del gobierno: los billetes de fondos públicos recuperaron su cotización, que llegó a 44% a fines de 1822 (El Argos de Buenos Aires, 1822: 2). Comenzaba la era bancaria en el Río de la Plata.

Ello implicaba la transición desde una monetización de la deuda pública hacia una monetización del crédito privado, en la forma principal de billetes de banco convertibles a metálico a la vista, y emitidos contra el descuento de letras comerciales. Dichos billetes, de todos modos, todavía no contaban con curso forzoso. Sin embargo, la garantía implicada en su convertibilidad a moneda metálica estimuló inicialmente su aceptación, al conferirles liquidez en el mercado. Su admisión los dotaba con la capacidad de habilitar transacciones, de manera que los billetes convertibles se constituyeron como un medio de pago protagónico entre los sectores de la economía local vinculados con el comercio externo.

1. <italic>La aparición del dinero bancario en Buenos Aires: los cheques del Banco de Buenos Aires</italic>

No obstante, el billete de banco no fue el único instrumento que hizo su aparición en Buenos Aires. Los cheques bancarios emergieron simultáneamente como un nuevo medio de pago en la economía local. El artículo 11 del Estatuto del Banco de Buenos Aires le permitía tomar depósitos en cuentas corrientes (cuentas a la vista que no devengaban interés) cuyos fondos podían ser empleados por los tenedores para realizar pagos mediante “letras a la vista”, más coloquialmente llamadas libranzas o cheques, diseñados a imagen y semejanza de los checks, que ya eran conocidos en Inglaterra y en los Estados Unidos (Redlich y Christman, 1967: 290).

Estos primeros cheques bancarios de Buenos Aires constituían órdenes de pago emitidas por el tenedor de una cuenta corriente contra el contador del banco. No devengaban interés y sus beneficiarios solían cobrarlos en el banco un día después de su emisión. Por defecto eran emitidos en favor del portador, pero el emisor podía asimismo incorporar de manera manuscrita el nombre de una tercera parte, a fin de individualizar al beneficiario en el documento. Al ser emitidos al portador por defecto, su posible circulación no requería ningún endoso.24

Evolución general de los cheques en el Banco de Buenos Aires(1822-1826)
Año Número de cheques Monto (en pesos)
1822 109 209642.594
1823 1 361 2 571 475.84
1824 2 763 6 947 068.43
1825 4 003 10 736 555.80
1826 665 1 812 801.25
N. D.a 117 192 043.531
Total 9 018 22 469 587.50

No disponible. Algunos cheques no cuentan con fecha de emisión, debido a la omisión durante su confección o por su deterioro material.

Fuente: elaboración propia con base en el AMHBPBA, 1000-32-1; 1000-32-2; 1000-32-3.

El cheque bancario era un instrumento igualmente novedoso para el mercado de Buenos Aires y expresaba la aparición local del dinero bancario, es decir, del uso de las cuentas corrientes como medio de pago (Keynes, 2010).

La totalidad de los cheques preservados en el Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, AMHBPBA) asciende a 9 018 unidades, las cuales han sido emitidas a lo largo de la existencia del BBA (desde septiembre de 1822 hasta febrero de 1826) y movilizaron un monto total de 22 469 587.46 pesos.25

Unas 223 firmas, entre compañías y personas físicas, emitieron aquellos 9 018 cheques.26 Sólo 21 firmas (9.41%) emitieron 75.7% de los documentos (6 830 cheques) y movilizaron 79% del valor total pagado. De manera concomitante, más de 90% de los emisores produjeron el restante 24.3% de los cheques, al movilizar 21% del monto total abonado con ese instrumento.

Al considerar a los beneficiarios de los cheques, es posible agruparlos en cuatro categorías según el propósito del libramiento: cheques emitidos en favor de agencias gubernamentales;27 cheques emitidos en favor del portador (sin identificación manuscrita de beneficiario alguno);28 cheques emitidos en favor de terceras partes identificadas de manera manuscrita en el documento (individuos o compañías),29 y cheques emitidos en favor del mismo banco.30

Propósitos de los cheques bancarios emitidos (Buenos Aires, 1822-1826)
Propósito Número de cheques Porcentaje de cheques Monto Porcentaje de monto
Medio de pago a terceros 4 157 46.10% 8 926 234.38 39.73%
Pagos al banco 2 636 29.23% 9 006 626.54 40.08%
Retiro de efectivo 2 012 22.31% 4 050 173.88 18.03%
Pagos a agencias del gobierno 113 1.25% 275 758.62 1.23%
Ilegible 100 1.11% 210 794.03 0.94%
Total 9 018 100.00% 22 469 587.50 100.00%

Fuente: elaboración propia con base en el AMHBPBA, 1000-32-1; 1000-32-2; 1000-32-3.

Como se advierte, entre los usos dados a los cheques figura su empleo para realizar pagos al mismo banco: más de 29% de los cheques fue empleado para ello, y se movilizó 40% del total de los montos girados. En otras palabras, los depositantes usaban papeles contra el banco para cancelar compromisos sostenidos con el establecimiento mismo.

Eran tres los tipos de compromisos abonados al mismo banco mediante cheques. Y, en todos los casos, el uso de cheques viene a evidenciar el endeudamiento que los titulares de cuentas corrientes sostenían con el banco. En primer lugar, algunas firmas usaban cheques para pagar al banco letras comerciales que habían sido descontadas por el establecimiento, pero que se encontraban pendientes de cancelación (siendo los titulares de las cuentas los aceptantes de dichas letras); de esta manera, los activos que respaldaban a los billetes puestos en circulación contra el descuento de letras consistían, al menos parcialmente, en papeles. En segundo lugar, se usaban cheques para pagar cuotas pendientes de las acciones suscritas, con las cuales el banco había integrado su capital fundacional, de manera que los activos que conformaban el capital integrado consistían, en cierta medida, en papeles. En tercer lugar, se usaban cheques para pagar al banco por los desembolsos que el establecimiento previamente había realizado en favor de terceros que presentaron cheques para su cobro; así los activos que el banco empleaba para pagar cheques a terceros consistían, al menos en parte, en papeles antes que en depósitos: sobregiros o descubiertos autorizados por el banco. De este modo, a la seguridad que estos instrumentos conferían a los fondos movilizados se sumaba el incentivo del descubierto para su uso como instrumento para facilitar las transacciones (Paula, 1997: 49).

Evolución de depósitos y saldo entre depósitos existentes y cheques pagados (años de 1800)<sup>a</sup> a Los depósitos netos de libranzas pagadas representan el saldo que cada semana arrojaba la diferencia entre depósitos existentes y libranzas pagadas. De esta manera, saldos negativos expresan montos pagados por libranzas superiores a los depósitos existentes durante la misma semana. Los depósitos (evolución neta) representan la existencia de depósitos durante la semana más los movimientos de depósitos (adición o deducción) acumulados durante las semanas anteriores. Fuente: elaboración propia con base en el AMHBPBA, Libro Diario, 1000-3-1.

Al limitar la observación al descubierto que el banco proveía cuando pagaba los cheques que las firmas habían librado en favor de sus acreedores, se advierten rasgos de discrecionalidad en la concesión de márgenes.

La observación sobre las 23 176 partidas contables del libro diario del banco permite comprender la evolución de los depósitos y de los pagos que éste realizó por cheques presentados para su cobro.31 En términos globales, durante 71 de las 141 semanas operativas (50.35% de las semanas) el banco se encontró pagando cheques por montos superiores a los existentes esa misma semana como depósitos en las cuentas corrientes. Entretanto, 69% del monto que el banco pagó por cheques presentados en el establecimiento para su cancelación fue abonado mediante los depósitos existentes en las cuentas corrientes de los clientes. Correlativamente, 31% del monto abonado por el banco era pagado por éste sin que existieran fondos suficientes en las cuentas corrientes de los libradores. En otros términos: el banco ofrecía, efectivamente, un margen de sobregiro o descubierto a sus clientes, quienes entonces empleaban los cheques como un modo de liquidar sus compromisos comerciales al endeudarse con el banco.

A su vez, los pagos en sobregiro se realizaban a distintas tasas de descubierto: un agrupamiento semanal de depósitos existentes y cheques pagados permite observar que mientras 17% del monto abonado por el banco se realizó sobre un descubierto de entre 10 y 19% (es decir, cuando el banco contaba con depósitos suficientes para pagar entre 81 y 90% de los montos que estaba abonando), sólo 0.01% del monto total abonado por cheques presentados para su cobro se realizó sobre un descubierto de entre 90 y 100% (es decir, cuando el banco sólo contaba con depósitos equivalentes hasta a 10% de los montos que estaba abonando para liquidar cheques de sus clientes).

Circunscribir la observación a un conjunto de operadores del banco permite comprender que, en ciertos casos, el establecimiento ofrecía márgenes de descubierto mayores que el observado en la media general. Dos grupos de actores son relevantes en este punto: aquel grupo fundacional compuesto de acreedores del gobierno con elevado giro comercial, que había diseñado institucionalmente al banco y lo gobernaba tanto desde su directorio como desde la junta de accionistas, y el grupo de los máximos libradores de cheques, compuesto de operadores del banco que, aun cuando contaba con acciones del mismo, no participaba de su directorio ni formaba parte de los acreedores del gobierno.

El grupo fundacional -cuyos atributos fueron explicados anteriormente- se compone en la muestra de siete firmas: Diego Brittain (y su firma Winter Brittain & Co.), Sebastián Lezica & Hnos., Roberto Montgomery, Miguel de Riglos, Guillermo Cartwright (a través de su firma Tayleur Cartwright & Co.), Juan Pedro de Aguirre y Félix Castro. Entretanto, el grupo conformado por los principales libradores de cheques se compone de tres firmas que acumularon la emisión de 33% del total de cheques empleados para el pago a terceros: Bertram, Armstrong & Co., Stewart McCall & Co. y Guillermo Ford & Co., tres compañías establecidas por comerciantes británicos en Buenos Aires y dedicadas al comercio atlántico como importadoras, exportadoras y consignatarias.32

En promedio, las firmas de ambos grupos operaron con cheques sobre descubierto durante 53.82% de las semanas en que cada una operó con el banco (Cuadro 3), algo por encima del porcentaje global señalado previamente. Este elemento permite comprender la agilización operativa que detentaba desde un comienzo el empleo de cheques para el funcionamiento cotidiano de los negocios comerciales. Un elemento común caracteriza asimismo a las firmas seleccionadas: en todos los casos, el margen de descubierto superaba 31%, que arrojaba la media global del banco: desde 43.51% otorgado a Miguel de Riglos, hasta 66.64% otorgado a Sebastián Lezica y Hnos.

Descubierto en el uso de cheques. Banco de Buenos Aires (1822-1826)
Segmento Firma Suma total girada mediante cheques Descubierto total concedido por el banco Porcentaje de semanas en descubierto
Principales libradores de cheques Bertram, Armstrong & Co. 3 208 528.81 50.21% 50.73%
Guillermo Ford & Co. 1 812 425.84 47.06% 57.14%
Stewart McCall & Co. 1 679 453.09 51.20% 57.28%
Grupo fundacional Winter Brittain & Co. Diego Brittain 1 244 796.31 51.27% 51.90%
Sebastián Lezica & Hnos. 801 748.094 66.64% 58.20%
Roberto Montgomery 732 378.531 52.94% 43.61%
Miguel de Riglos 612 911.031 43.51% 51.61%
Tayleur Cartwright & Co. 473 647.938 56.07% 52.13%
Juan Pedro de Aguirre 157 924.031 58.60% 63.26%
Félix Castro 147 071.906 63.70% 52.38%

Fuente: elaboración propia con base en el AMHBPBA, Libro Diario, 1000-3-1.

Sin embargo, las distinciones entre ambos grupos son significativas (Cuadro 4). En primer lugar, se advierte una diferencia entre el grupo fundacional y el de principales libradores en cuanto al porcentaje medio de montos girados sobre descubierto: mientras que el banco pagó con descubierto 56.1% del monto promedio librado mediante cheques por el primer grupo, la tasa media desciende a 49.5% cuando los cheques fueron librados por el segundo grupo.

Usos de descubierto en cheques. Banco de Buenos Aires (1822-1826)
Firma Porcentaje del monto girado según tasa de descubierto
0.1 a 20% 21 a 30% 31 a 40% 41 a 50% 51 a 60%
Segmento: principales libradores de cheques
Bertram, Armstrong & Co. 9.68% 17.64% 8.29% 3.92% 4.81%
Guillermo Ford & Co. 11.68% 10.23% 3.69% 5.91% 5.49%
Stewart McCall & Co. 9.04% 6.43% 13.45% 1.44% 12.80%
61 a 70% 71 a 80% 81 a 90% 91 a 100%
Bertram Armstrong & Co. 3.86% 1.59% 0.00% 0.43%
Guillermo Ford & Co. 4.57% 1.56% 2.38% 1.55%
Stewart McCall & Co. 1.89% 0.94% 1.17% 0.44%
Segmento: grupo fundacional
0.1 a 20% 21 a 30% 31 a 40% 41 a 50% 51 a 60%
Winter Brittain & Co./Diego Brittain 1.98% 6.36% 13.29% 7.84% 11.75%
Sebastián Lezica & Hnos. 7.45% 3.65% 11.91% 13.52% 1.13%
Roberto Montgomery 4.41% 4.41% 5.88% 5.88% 4.41%
Miguel de Riglos 10.64% 16.84% 1.27% 1.95% 5.33%
Tayleur Cartwright & Co. 3.72% 14.26% 6.08% 2.38% 1.54%
Juan Pedro de Aguirre 4.66% 4.60% 9.20% 3.12% 1.71%
Félix Castro 2.97% 0.00% 12.79% 0.00% 5.23%
Banco: media general 17.07% 7.22% 4.56% 0.38% 0.92%
61 a 70% 71 a 80% 81 a 90% 91 a 100%
Winter Brittain & Co./Diego Brittain 3.33% 0.00% 3.29% 3.44%
Sebastián Lezica & Hnos. 7.14% 0.50% 1.71% 19.63%
Roberto Montgomery 2.94% 1.47% 2.94% 20.59%
Miguel de Riglos 0.00% 3.78% 0.00% 3.70%
Tayleur Cartwright & Co. 1.65% 8.46% 3.84% 14.12%
Juan Pedro de Aguirre 6.87% 4.51% 0.00% 23.93%
Félix Castro 4.41% 0.00% 1.84% 36.47%
Banco: media general 0.69% 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: elaboración propia con base en el AMHBPBA, 1000-32-1; 1000-32-2; 1000-32-3.

En segundo lugar -aquí la distinción entre ambos grupos pareciera ser más clara-, la tasa de descubierto concedida por el banco tendía a diferir entre los cheques librados por el grupo fundacional y los cheques librados por el grupo de principales emisores: mientras que el banco tendía a pagar cheques emitidos por el grupo fundacional con tasas de descubierto que oscilaban entre 91 y 100%, las tasas raramente superaban 50% de descubierto cuando los cheques pagados eran librados por el grupo de los principales emisores.

En otros términos, si bien el margen de descubierto ofrecido por el banco brindó un beneficio a todas las firmas que recurrían al uso de cheques como medio de pago en sus transacciones cotidianas, los beneficios resultaron más acentuados para las firmas de los actores involucrados en el gobierno del establecimiento.33 En estos casos, los cheques puestos en circulación materializaban la palabra, antes que los depósitos, de sus libradores: el cheque bancario ponía en circulación al pasivo que los propios directores del banco sostenían con la institución.

Considerando que los acreedores del gobierno diseñaron institucionalmente el banco, con el cual procuraban no sólo dotar a la economía local con medios de pago, sino, asimismo, obtener beneficios de corto plazo con los privilegios que el gobierno concedía al establecimiento, se comprende que las formas que adquirían esos beneficios consistían no únicamente en el señoreaje representado por el descuento de letras, sino también en la monetización de los pasivos sostenidos con el propio banco.

Conferir a las deudas de sus acreedores el privilegio de constituirse como medio de pago era la vía que, en el terreno monetario, un gobierno carente de bases fiscales sólidas allanaba para generar una confluencia de intereses con quienes dominaban los recursos financieros locales.

Sin embargo, aquella confluencia se apoyaba sobre un establecimiento con bases patrimoniales endebles. Como se señaló previamente, el capital suscrito estaba sólo parcialmente integrado con metálico (El Argos de Buenos Aires, 1824: 5; Vedia, 1890: 71; Burgin, 1960: 91; Cuccorese, 1971: 52; Perticone, 2022: 99-100; Wasserman, 2022c). Las letras descontadas eran a su vez pagadas a su vencimiento con nuevas letras o con cheques en favor del banco, que crecientemente recibía estos papeles en pago de sus propias acreencias (Gráfica 2). Y, en ausencia de normas que pautasen un coeficiente de liquidez mínimo, la convertibilidad de los billetes se tradujo en una acelerada caída de las reservas metálicas del banco.34 Para recomponerlas, el gobierno de Buenos Aires accedió a transferir al banco 500 000 pesos del crédito que el erario público había contratado en Londres con Baring Brothers & Co. (Amaral, 1984: 577).35 Sin embargo, cuando la guerra contra Brasil fue declarada en diciembre de 1825, los apremios sobre el metálico del banco se agudizaron, debido al incremento de su demanda pública y privada.36 En enero de 1826 la legislatura de Buenos Aires autorizó el pedido de inconvertibilidad de los billetes del banco, y cuatro meses más tarde era declarado su curso forzoso, ya con una nueva unidad de cuenta: el peso moneda corriente. El Banco de Buenos Aires era absorbido por una nueva entidad, el Banco de las Provincias Unidas (conocido también como Banco Nacional).37

Montos movilizados según finalidad de los cheques. Buenos Aires (1822-1826) Fuente: elaboración propia con base en el AMHBPBA, 1000-32-1; 1000-32-2; 1000-32-3.

En una coyuntura políticamente turbulenta y económicamente crítica, la rápida depreciación de sus billetes, ya inconvertibles y de curso forzoso, se volvió inevitable.38 La confluencia de intereses entre el gobierno y sus acreedores, lograda en el terreno de los medios de pago, no garantizó la estabilidad financiera necesaria para afrontar las alternancias de la guerra.

 IV. Conclusiones

Una economía abierta y de estrechas dimensiones, carente de medios de pago admisibles propios, pero capaz de absorber y distribuir el circulante aceptado globalmente, encontró en la restricción monetaria un incentivo para sucesivas innovaciones institucionales. Sobre éstas se desplegaron, en efecto, los cambiantes términos de la negociación en torno a los beneficios reportados por la provisión de medios de pago: un recurso que habilitaba o condicionaba la capacidad gubernamental para sostener el ejercicio de la soberanía política en el territorio.

El gobierno monárquico lograba producir medios de pago metálicos altamente demandados en el comercio global. Si el control sobre la producción de esos instrumentos le proveyó a la Hacienda Real los beneficios económicos derivados del señoreaje, también le ofreció el cauce para lograr una confluencia de intereses entre los agentes de su Hacienda en Buenos Aires y los comerciantes porteños que contaban con los recursos financieros necesarios para garantizar la defensa de la soberanía monárquica en el estuario rioplatense. Esta sinergia entre la preservación de la integridad de la soberanía monárquica en el Río de la Plata y los intereses del comercio porteño se apoyaba en una premisa elemental: la preservación del crédito detentado por el circulante metálico, en el cual se monetizaba el compromiso monárquico de preservar la capacidad adquisitiva de sus tenedores. Desafiada en diversas ocasiones, la Corona logró sin embargo sostener en el largo plazo el crédito materializado en el peso de a ocho reales de plata. De este modo, los medios de pago controlados por la Corona le permitieron instrumentar sus beneficios como una herramienta para negociar con las oligarquías locales la defensa de su soberanía sobre el territorio rioplatense.

Puesto que las piezas metálicas soberanas circulaban primordialmente por los canales interconectados del comercio interregional y atlántico, su penetración era menor en los circuitos de intercambios locales orientados al consumo cotidiano: allí se apeló a una diversidad de medios producidos por el comercio local, tan hábiles para la interacción económica como costosos por su relativa iliquidez. A ellos se adosaban los instrumentos derivados del endeudamiento hacendario local, que aun reportando endebles términos de intercambio a sus tenedores, podía contar con un alcance regional como medio de pago.

Atravesado el umbral de 1810, el gobierno revolucionario de Buenos Aires no logró mantener bajo su jurisdicción la producción de medios de pago metálicos, controlada hasta la independencia boliviana por el gobierno monárquico. Para suplirlo, el circulante provisto por el gobierno porteño consistió inicialmente en la monetización de su creciente deuda, materializada en una diversidad de pagarés, billetes y otros papeles que documentaban sus obligaciones. Sin embargo, el compromiso gubernamental no lograba sostener su crédito público debido al socavamiento de los ingresos fiscales que permitieran cumplirlo. El nuevo gobierno no podía hacer de su compromiso un activo plenamente admisible, ni por lo tanto obtener beneficios que derivados de su provisión le permitieran negociar con una renovada oligarquía local la consolidación de su débil soberanía sobre el territorio.

La economía de Buenos Aires sólo recuperaría su liquidez gracias a medios de pago provistos por los principales comerciantes de Buenos Aires, quienes lograron monetizar su crédito privado con el aval del gobierno y del poder legislativo. Apoyado sobre débiles bases fiscales, el gobierno de Buenos Aires buscaba generar una nueva confluencia de intereses con el renovado grupo de actores locales capaces de financiar la defensa de una nueva soberanía estatal. Conceder al Banco de Buenos Aires el privilegio para proveer medios de pago fue un cauce para abrir esa negociación. De este modo, la monetización del crédito privado como billetes convertibles, entregados por el banco privilegiado contra el descuento de letras, venía a materializar aquella negociación desde 1822. También lo harían los cheques, que ponían en circulación no sólo los fondos depositados en el establecimiento, sino también el descubierto o sobregiro que éste concedía discrecionalmente a distintos actores. Así, en los medios de pago bancarios porteños tempranos circulaban no sólo los activos de los principales comerciantes de Buenos Aires, sino también las obligaciones que éstos sostenían con el propio banco. De esta manera, los medios de pago controlados por los acreedores privados con capacidad financiera lograron estatuirse como dinero local, pero los beneficios derivados de su provisión quedaban fuera del control del gobierno, que declamaba una soberanía todavía endeble.

Como pudo observarse, la colateralización de aquellos medios de pago bancarios se apoyó crecientemente en los compromisos asumidos por los propios comerciantes. Capital accionario integrado con promesas de pago, letras canceladas con nuevos papeles o un elevado descubierto en el giro de cheques usados como medio de pago en el comercio contribuyó a socavar los pilares metálicos del establecimiento. La primera coyuntura crítica, desatada por la guerra contra Brasil, demostraría la incapacidad del banco para sostenerse. La institucionalización bancaria de los acreedores del gobierno se había demostrado más eficazmente funcional a los horizontes de corto plazo de sus principales operadores, que a los horizontes de estabilidad financiera que la Hacienda de Buenos Aires requería para consolidar políticamente la soberanía que declamaba.

Al perder el control sobre la acuñación de plata y la movilización del circulante, el gobierno posrevolucionario de Buenos Aires perdía no sólo la capacidad para gestionar la provisión de medios de pago admisibles, sino también los beneficios derivados de su emisión. Careciendo de un recurso que había permitido a gobiernos virreinales negociar el financiamiento del aparato defensivo y administrativo con los actores locales económicamente dominantes, el nuevo gobierno decidió conceder directamente la prerrogativa de la emisión a sus acreedores. Socavada la reputación del gobierno para monetizar su compromiso público, los billetes bancarios y los cheques pusieron en circulación los compromisos privados del sector comercial y dotaron de liquidez a la comunidad de pago porteña. Sin embargo, el gobierno fue requerido para fortalecer las reservas del banco emisor en el que se instituyeron sus acreedores. Mientras las bases metálicas del establecimiento eran administradas con liberalidad, el gobierno comprometió su crédito público externo para sostener la credibilidad del dinero bancario emitido por sus acreedores.

Cuando una guerra puso en crisis a la nueva soberanía sobre el territorio, se evidenció que la cesión de la potestad monetaria no había garantizado, sin embargo, los recursos necesarios para sostener la estabilidad financiera.

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Sobre los desafíos persistentes a las prerrogativas soberanas de emisión monetaria, véase Huber (2017).

Ya desde 1497 la Corona había pretendido hacer valer sus prerrogativas soberanas sobre el régimen monetario en todo el ámbito monárquico mediante la Pragmática de Medina del Campo (Muñoz Serrulla, 2015).

Los intentos de la Corona por evitar que el metálico saliera por Buenos Aires y dinamizara su comercio en competencia con Lima encuentran registro en la provisión de Felipe IV dictada en febrero de 1622 (García, 2022).

Irigoin (2024: 59) explica que aquello que la demanda asiática requería era “monedas de plata acuñada en Hispanoamérica” más que “plata per se”: era la demanda de “un medio de pago reconocible y estable”, antes que de “metal”, la que generaba su tracción en última instancia. Sobre el peso de plata hispanoamericano como moneda universal, véanse Marichal (2017), así como Irigoin y Millmore (2021).

Las aristas fiscales de esta convergencia fueron dilucidadas por Irigoin y Grafe (2008).

Romano (1998) apela a la categoría de “pseudomonedas” para dar cuenta de esa pluralidad de medios de pago (antes que de unidades de cuenta). Sobre la pluralidad en el Río de la Plata, véanse Djenderedjian, Martirén y Moyano (2021); sobre el fenómeno a escala latinoamericana, Irigoin (2010).

En efecto, Felipe III ordenaba en 1618 que lo que se tasare por un peso en monedas de la tierra equivaliese a seis reales (y no a ocho), lo que generó la referencia de “peso hueco”, una unidad de cuenta 25% inferior al peso corriente (Levene, 1916: 13-14 y 17).

López (1891: 19) sugiere que en esta extendida práctica se comprende que la aceptación de medios de pago de papel “echase entre nosotros tan profundas raíces desde el primer momento de aparición”. Véanse Irigoin (2000a: 31) y Wasserman (2021a).

Por caso: Archivo General de la Nación (AGN), Protocolo de Escribanos (Escribanía de Registro), Registro 73 (3110), 1802, f. 22r.

Sobre el desfalco perpetrado mediante el cobro de libranzas falsas desde 1797 en la tesorería porteña, véase Wasserman (2022d). Respecto a la discrecionalidad de los oficiales de las reales cajas en la monarquía española, véanse Dedieu (2018: 25-41) y Dubet (2015: 411 y ss.).

Entretanto, en 1812 el gobierno central de Buenos Aires intentaba retener oro al establecer el tipo de cambio de la onza en 17 pesos (ya no en 16), como en el resto del territorio, lo que unificó a su vez el circulante de plata mediante la eliminación del premio de 3% entre las piezas fuertes o dobles y las corrientes o sencillas (Irigoin, 2003: 66).

Los intentos de Buenos Aires por imponer su autoridad monetaria sobre el territorio del extinto Virreinato resultaron infructuosos: diversas provincias iniciaron procesos de acuñación local y emisión de títulos sin la autorización del gobierno central. Sobre este proceso de pluralización monetaria en el territorio del extinto Virreinato, véase Djenderedjian et al. (2021). Respecto a la escala latinoamericana de este proceso, véase Irigoin (2010).

Moutoukias (2018) demostró que importantes casas comerciales de Buenos Aires, como la de Santa Coloma, adquirían títulos del gobierno a bajos precios en el mercado, con tasas de descuento que podían alcanzar 80% sobre el valor facial.

En términos de Gorton (2016), podría afirmarse que se trataba por lo tanto de dinero altamente sensible a la información.

La elevada sensibilidad que el valor de estos activos reportaba a la información sobre la capacidad de su cumplimiento permite comprenderlos en los términos sugeridos por Gorton (2016) como activos inseguros.

Esta coyuntura puede identificarse como una crisis de confianza jerárquica (Aglietta y Orléan, 1982): el valor de los medios de pago perdía estabilidad al desestabilizarse los fundamentos fiscales que legitimaban la declamación del gobierno como depositario de la soberanía.

Se lanzaban así dos emisiones de “fondos públicos” con rentas anuales de 4 y 6%, y el patrimonio de la Caja de Amortización (fondos públicos emitidos, ingresos derivados de ventas inmobiliarias de la provincia y sumas remitidas por la tesorería de la Aduana) se emplearía para abonar trimestralmente la renta anual de los fondos librados a la circulación y para comprar mensualmente aquellos títulos de los fondos públicos.

Hacia octubre de 1821 la deuda pública acumulada por el gobierno de Buenos Aires desde 1813 alcanzaba la considerable suma de 1 598 224 pesos (según datos del Registro Oficial de Buenos-Ayres, núm. 10, 31 de octubre de 1821, p. 87). Para mensurar su peso, adviértase que dicho monto se equiparaba al ingreso total anual de la tesorería gubernamental.

A fines de 1823 ya hacía correr aquellos billetes a 40% de su valor facial (Amaral, 1982: 47; Nicolau 1988: 157; Garavaglia, 2010: 62).

Sobre el proceso de eclosión bancaria en América Latina durante el periodo, véase Marichal (2022).

Cartwright lo haría entre el 20 de marzo de 1822 y el 3 de julio de 1822 (antes de la apertura del establecimiento), y Aguirre lo haría desde el 15 de julio de 1822 hasta el 23 de diciembre de 1824, con el banco operativo

De aquí en adelante, las sumas expresadas como $ refieren a pesos de papel nominados en pesos de plata de a ocho reales cada uno, siendo cada peso equivalente a una pieza de plata de 27.06 gramos, con ley de al menos 895.8 milésimas.

Sobre esta constricción, véase Irigoin (2000a: 28); respecto de dicho incentivo, véase Wasserman (2022c).

Por caso, 1 688 cheques (18.71%) abonados por el banco mantienen vacío el espacio destinado al nombre del beneficiario.

Debido a la inexistencia en el archivo de un libro contable que preservara de manera sumaria los movimientos de cheques, fue necesario procesar la información desde los cheques mismos, al tomarla manualmente de cada uno de los 9 018 documentos. Se agradece la colaboración ofrecida por María Belén García Pérez y Bianca Gerenstein, integrantes del Proyecto FiloCyT FC22-087.

El 90% de los documentos fue emitido por menos de 5 523.37 pesos unitarios, al movilizar 54% del monto total transferido mediante cheques entre 1822 y 1826. Correlativamente, sólo 10% de los documentos movilizó altos valores unitarios (desde 5 525 pesos hasta la excepcional suma de 111 204.87 pesos registrada por un cheque). Ello indica que los montos no se circunscribían a transacciones de alto valor unitario (Quinn y Roberds, 2008).

Aunque en una muy baja proporción, los emisores usaron cheques para pagar a agencias gubernamentales, como la tesorería de la Aduana de Buenos Aires.

Allí cuando se preservó vacante el espacio en blanco provisto en el formulario para incorporar su nombre, o cuando se incorporaban leyendas como “a la vista”, o “a mi orden”, según el hábito de los diferentes libradores, es posible asumir que los tenedores de cuentas empleaban los cheques como recibo en favor del banco para el retiro de efectivo de sus cuentas.

El uso de los cheques para el pago de transacciones cotidianas y su aceptación por sujetos que no eran necesariamente titulares de una cuenta bancaria expresan la adopción de instrumentos bancarios por el público no bancarizado, y evidencia la difusión de nuevos dispositivos de pago.

Resultó ilegible 1.11% de los cheques, que movilizó 0.94% del monto total librado, debido al deterioro material de los documentos.

Se agradece la colaboración de Tomás Viera, integrante del Proyecto FiloCyT FC22-087.

Sobre algunos aspectos de cada una de ellas, véanse Silveira (2015), Perticone (2022: 96), Murray Forbes (1956: 183), Besseghini (2020) y Wasserman (en prensa).

En este punto se advierte una correspondencia con la estructura de insider lending que identificara Lamoreaux (1996) para el sistema bancario temprano de New England.

Ello contrasta con otras experiencias, como la de los bancos provinciales españoles de mediados del siglo XIX, que adoptaron la Palmer rule. Véase Blasco-Martel (2019).

En efecto, entre abril y noviembre de 1825 ingresarían al banco 10 991 onzas de oro sellado procedentes de Gibraltar, por orden de Baring Brothers & Co. (Casarino, 1922: 29). Entretanto, el empleo del crédito de Londres como apuntalamiento de la deuda interna tuvo un impacto en la cotización de los billetes de fondos públicos de 6%, que hacia el 20 de noviembre de 1824 cotizaban entre 84 y 86% (La Gaceta Mercantil, 1824: 3).

Es preciso señalar, no obstante, que las deudas que el gobierno sostuvo con el banco (surgidas primordialmente del descuento de letras de la Aduana) no superaron en los balances los 3.816 pesos con 5¼ reales que arrojó el balance de agosto de 1823 (Casarino, 1922: 26). La hipótesis de crowding out para explicar la liquidación del banco pareciera, por lo tanto, contradecirse con el exiguo peso que la demanda del gobierno tuvo sobre las arcas del establecimiento.

Al estar comprometido el crédito público del gobierno en las arcas del establecimiento, resultaba imperioso evitar su quiebra. Véase Nicolau (1988: 179). La cotización de los billetes de fondos públicos a 6% volvía a caer, hacia el 21 de enero de 1826, entre 62 y 63% (La Gaceta Mercantil, 1826: 3).

Sobre la evolución de la depreciación de la moneda a partir del establecimiento del sistema inconvertible en Buenos Aires desde 1826, véase Irigoin (2000a y 2000b). Respecto a la relación entre dicho proceso y la evolución de diversas variables mercantiles, véase Schmit (2022).