La ruta para conocer las razones por las que en México los trabajadores perdieron su papel protagónico en la dinámica de cambio se encuentra en el sindicalismo. Para ello, recorrer 110 años de esa historia resulta fundamental. Hacerlo desde una perspectiva que reconoce la relevancia de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales es importante. Entender la historia es esencial, pues se trata -como dice Escobar- de “recuperar la memoria para entender el presente”; un presente en el que la existencia de un movimiento sindical, independiente de los gobiernos en turno y capaz de representar los intereses de sus miembros, hace mucha falta. Este objetivo es el que se propone Escobar y consigue sobradamente.

La ausencia del movimiento sindical ha provocado, y lo sigue haciendo, que en la definición de los proyectos de recuperación de la vida nacional no aparezca la cuestión de la organización obrera. En años recientes se han mejorado las remuneraciones de los trabajadores, particularmente de quienes reciben el salario mínimo; se han eliminado prácticas de subcontratación que instalaron los regímenes laborales neoliberales; se han incorporado en la reciente reforma laboral de 2019 cláusulas que dificultan los contratos de protección y obligan a recuentos para validar decisiones de sindicatos. Sin embargo, ninguno de estos cambios ha sido producto de movilizaciones que demandan democracia sindical y remuneraciones justas, ni tampoco ha resultado de la presión de los trabajadores organizados.

En realidad, como advierte Escobar, “la reapertura de las negociaciones del TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte] dio lugar a que el modelo laboral mexicano, basado en los contratos de protección, fuera cuestionado por sus principales socios comerciales. Diversos protagonistas e intereses coincidieron excepcionalmente en esta condena: las representaciones obreras de nuestros dos vecinos norteños, los gobiernos de esos países y la futura administración de AMLO” (p. 198). Los protagonistas ausentes fueron los trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales.

Esta reforma podría ser la llamada de atención que permita recuperar la capacidad política que el movimiento sindical mexicano mostró en diversos momentos de su historia. Para comprender esto, el aporte de El camino obrero es relevante. Centrar la atención en el papel de los sindicatos, las políticas salariales, la situación del empleo, las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados “es indispensable […] para pensar el presente e imaginar el futuro” (p. 11).

Esta historia es de la que se ocupa el texto que comentamos, El camino obrero, la cual se expone en 17 capítulos, agrupados en tres partes: “Del surgimiento del sindicalismo a la conquista de la seguridad social: 1907­1940”, “La consolidación del corporativismo y las resistencias obreras: 1946­1982” y “El repliegue y el nuevo siglo: 1983­2019”. La obra arranca con una introducción en la que Escobar se “arriesga” a proponer una periodización general del movimiento obrero en el siglo xx que se prolon ga hasta comienzos del siglo XXI: una primera etapa de expansión creativa que arranca a finales del siglo XIX; la segunda etapa ocurre después de la Gran Guerra y la crisis de 1929, que abrieron lo que Escobar llama la “época de madurez y cogobierno”, la cual termina a finales de la década de 1970; la tercera etapa es la de la derrota y el repliegue, derivados del viraje neoliberal.

Para México, Escobar discute una periodización de la historia del movimiento obrero de Enrique de la Garza, quien la formuló en cuatro fases: anarcosindicalismo y caudillismo revolucionario (1917­1933); nacionalismo revolucionario y caudillismo charro (1934­1957); desarrollo estabilizador y corporativismo charro (1957­1967), y crisis y restructuración, sindicalismo independiente y sindicalismo oficial (1968­1990). Escobar prefiere la periodización que deriva de una visión mundial, ya que le sirve para ordenar la evolución del movimiento obrero mexicano. Su argumento para preferir esta periodización es que “nos proponemos explorar el protagonismo de los trabajadores en la transformación de la sociedad y el Estado como una expresión del desarrollo del capitalismo a nivel mundial” (p. 20).

Lo que se trabaja en la primera parte del libro recoge asuntos decisivos de la primera época de la Revolución mexicana y su conversión en gobierno. El capítulo I, “1907: los obreros y la Revolución”, se ocupa de los acontecimientos de Cananea y Río Blanco que, en opinión de nuestro autor, “pueden marcarse como el momento en que se produce el salto de los trabajadores mexicanos a la escena de la historia nacional” (p. 25). Interesa al autor destacar que la política laboral porfirista era marcadamente liberal, lo que signifi ca que las relaciones entre el capital y el trabajo correspondían exclusivamente a esos actores y el Estado debía mantenerse al margen. Cien años después, esos mismos principios liberales, ahora llamados neoliberales, volvieron a regir la política laboral.

La disputa laboral en el porfirismo estuvo ligada al proceso de modernización industrial que concentraba las actividades en grandes empresas, lo que favoreció el surgimiento de formas de asociación obrera que superaron las organizaciones gremiales y mutualistas. La resistencia obrera estuvo acompañada, como se sabe, por los Círculos Obreros del Partido Liberal Mexicano, es decir, por los magonistas. Las huelgas de Cananea y Río Blanco, ambas duramente reprimidas, con expedientes abiertos de intervención extranjera en el primer caso y una verdadera masacre en el segundo, atestiguaron que el supuesto arbitraje del gobierno de Díaz fue parcial, ya que respaldó a las empresas. Consecuentemente, ese gobierno se desprestigió y se planteó llamar a la insurrección. Junto con esto, se estableció que la cuestión obrera ya no podía soslayarse.

El capítulo II, “La Casa del Obrero Mundial y el pacto con Carranza”, arranca con el reconocimiento de que la insurrección armada de 1910 y los primeros años de la Revolución no fueron decisivos para el movimiento obrero, aunque hubo conflictos diversos que marcaron una posibilidad de organización independiente. En 1911 el gobierno de Madero tuvo que crear el Departamento del Trabajo para atender y ser intermediario de la agitación obrera. En la industria textil la presión obrera obligó a convocar una reunión que produjo una especie de contrato laboral que reconocía derechos y obligaciones, lo cual constituyó un avance extraordinario.

Sin embargo, Escobar señala que lo más importante fue la creación de la Casa del Obrero Mundial (COM) por obreros anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Pese a sus limitados alcances iniciales, pronto sirvió para coordinar organizaciones obreras, movimientos de huelga o de protesta por alguna arbitrariedad patronal o en apoyo a la creación de un nuevo sindicato. “La Casa se convirtió así en la expresión más importante del movimiento obrero mexicano hasta 1918” (p. 33). Entre sus acciones históricas, destaca la organización del primer primero de mayo en 1913, en plena dictadura de Huerta. En 1914 el dictador la clausuró, con un despliegue policiaco abrumador.

Un año después reabrió y con los constitucionalistas al mando de la capital del país hubo un acercamiento que llevó a la firma de un pacto. La com organizó los batallones rojos y tomó las armas junto con los constitucionalistas. El gobierno de la Convención intentó acercarse a la com, pero sus propuestas eran apenas la expresión de ideales, en tanto que los constitucionalistas negociaron políticamente al ofrecer ganancias tangibles para el movimiento obrero.

El pacto de 1915 dejó, como precedente, dos líneas que caracterizarían la conducta del movimiento obrero en el futuro: la primera una política de alianzas que se tradujo en una subordinación a la facción política que se hizo del poder […] La segunda fue el pragmatismo. Aprovecharon las circunstancias para que el constitucionalismo sirviera para sus fines inmediatos: reconocimiento de las organizaciones obreras y el compromiso de una legislación laboral avanzada [p. 36].

En el capítulo III, “El Congreso Constituyente: el artículo 123”, Escobar se concentra en el contenido de este importante artículo, así como en la manera en la que se logró aprobarlo, pero se ocupa también de la disputa por el poder que ocurrió luego de su aprobación. La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que se alió con Obregón en su trayecto a la presidencia, se convirtió en la organización sindical más poderosa. Escobar atina al señalar que “los altos niveles de corrupción, […] la manipulación de las bases trabajadoras para servir a intereses facciosos […] y su respaldo casi incondicional al gobierno en turno serían los rasgos dominantes de un sindicalismo que se volvería después parte de un sistema institucional, cuando se consolidó el partido hegemónico” (p. 42).

El capítulo IV, “La primera Ley Federal del Trabajo”, aborda lo ocurrido después de la aprobación del artículo 123 constitucional: siguió la lucha sindical y el debate para reglamentar los derechos establecidos en ese artículo. Portes Gil en 1928 llamó a una convención obrero­patronal para proponer una ley que ordenara los asuntos laborales. Tal propuesta fue aprobada en lo general el 25 de septiembre de 1928, pero la crisis de 1929 detuvo todo. Portes Gil renunció poco después. La ley se aprobó finalmente en 1931, aprovechando que el gobierno disponía de un poderoso instrumento: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el partido político de la Revolución. La nueva ley reguló asuntos sustanciales: la jornada de trabajo, los días de descanso, el trabajo infantil y de mujeres, el trabajo extraordinario, condiciones de higiene y seguridad, despidos, derecho de asociación sindical, regulación de conflictos y la contratación colectiva.

Fueron logros absolutamente fundamentales que, sin embargo, impusieron un modelo de regulación laboral autoritario en el que el gobierno intervino en todo el proceso organizativo y reivindicativo de los trabajadores. Las juntas de conciliación y arbitraje se crearon para aplicar la justicia laboral, no desde la perspectiva de la conciliación o del arbitraje, sino de la de los intereses del desarrollo capitalista a la mexicana. De esta manera, las juntas reforzaron la dependencia de los asalariados al gobierno en turno.

De la “Fundación de la CTM” (Confederación de Trabajadores de México) se ocupa el capítulo V. Durante la salida de la crisis de 1929 surgieron distintas propuestas para construir organizaciones sindicales amplias. La Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), creada por Lom bardo Toledano, condujo numerosas huelgas y boicots a empresas reacias a tratar con sindicatos independientes y llegó incluso a organizar dos huelgas generales en 1934. La oficialista CROM prácticamente había desaparecido. A su llegada, Cárdenas planteó que “apoyaría una reforma a la Ley Federal del Trabajo para suprimir a los sindicatos blancos y minoritarios” (p. 57). Se produjo, entonces, un acercamiento entre Cárdenas y la CGOCM que se consolidó con la ruptura con Calles, quien había hecho declaraciones antiobreras. El acercamiento referido se reforzó por la política del Partido Comunista, con fuerte influencia entre ferrocarrileros, petroleros y otros gremios importantes, que planteaba la línea del Frente Nacional Antifascista.

Del congreso nacional de unificación obrera y campesina de febrero de 1936 surgió la CTM. Su creación se sustentaba en la lucha reivindicativa que buscaba hacer valer la contratación colectiva y el derecho de huelga. Junto con ello, de acuerdo con Escobar, “se tomó como base la cláusula de exclusión y una estrategia que buscaba presionar a las juntas para obtener laudos favorables que aseguraban la titularidad de los contratos colectivos” (p. 59). Con ello se reconocía que el gobierno fuera juez y parte en la unificación del movimiento sindical. La historia de la CROM se repetía: un sindicalismo protegido por la autoridad laboral, por el gobierno.

El capítulo VI, “La seguridad social y el Estado del bienestar” -con el que concluye la primera parte-, propone una reflexión importante. Al final de la segunda Guerra Mundial, en 1945, el gobierno de Ávila Camacho propició un pacto obrero­industrial firmado por la Confederación de Cámaras Industriales, la Confederación de Cámaras de la Industria de Transformación (CNIT) y las organizaciones obreras. Se impuso la unidad en torno del proyecto industrializador. La alianza obrero­patronal se reforzó con la renuncia de Lombardo a la Secretaría General de la CTM y el ascenso de Fidel Velázquez. En este marco, en 1943 el gobierno había planteado un asunto trascendente: la creación de la seguridad social, que se convertiría en pilar del México industrializador con estabilidad económica y política. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resulta, por ello, el fundamento de lo que Escobar llama el “Estado del bienestar a la mexicana”.

La segunda parte del libro abarca de 1946 a 1982, los años del priismo clásico que Escobar trata en el capítulo VII, “De la caravana minera a la huelga nacional ferrocarrilera”, que reporta estos dos eventos clave. El primer dato relevante de los primeros años de este periodo fue la consolidación de la burocracia sindical al mando de Fidel Velázquez, con quien se construyó un sindicalismo represivo, antidemocrático, así como subordinado y dependiente del gobierno. Este sindicalismo corrupto, sin embargo, no pudo impedir conflictos por diversos lados: petroleros, que fueron reprimidos por el gobierno entrante de Alemán con la intervención del ejército, y ferrocarrileros, también reprimidos.

“La política del garrote alemanista no sólo estuvo pensada para aplacar, coyunturalmente, las protestas obreras surgidas por la caída salarial […] debido a la devaluación de 1948 […] A partir de entonces se adoptaría como una estrategia permanente” (p. 81). Esta política funcionó porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se estableció como monopolio político, lo cual sucedió gracias a su consolidación como partido hegemónico; a una estrategia económica de apoyo a la inversión privada nacional y extranjera, y a la eliminación de cualquier disidencia en cualquier ámbito.

De “Los años del milagro mexicano” se ocupa el capítulo VIII. En el auge económico después de 1954 y hasta 1970, cambió la política laboral con un modelo contractual, con poca intervención sindical en las decisiones empresariales, pero con mejoras para los trabajadores: protección al empleo gracias a la mediación sindical. Éste es el telón de fondo de un sindicalismo corporativo fuerte, represivo, pero protector del empleo, los salarios y ciertas prestaciones, bajo un gobierno autoritario y también represivo, que utilizó al ejército para terminar con conflictos sindicales derivados de la antidemocracia de la burocracia sindical priista. Un hecho importante en estos años fue la creación del apartado B del artículo 123 para normar las relaciones laborales con los trabajadores al servicio del Estado. Políticamente, en la estructura del PRI los burócratas dejaron de estar incorporados al sindicalismo obrero y pasaron a la cnop, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

El evidente descontento social -del que el movimiento estudiantil es ejemplo, y fue terminado, como otros movimientos, con represión- llevó, sin embargo, a un cierto reformismo gubernamental. Díaz Ordaz impulsó una reforma laboral que estableció el derecho a que los trabajadores participaran en las utilidades de sus empresas y creó el salario mínimo, revisable anualmente por una comisión tripartita: obreros, patrones y gobierno. Se fijó un piso a prestaciones laborales importantes, como vacaciones, aguinaldo, pago del tiempo extra, descanso semanal obligatorio y prima de antigüedad. También introdujo aspectos que derivarían en la flexibilidad laboral.

El capítulo IX reflexiona sobre el corporativismo mexicano. Con el concepto formulado por P. Schmitter, se sostiene que “en el caso del movimiento obrero, el corporativismo explicaría la forma en la que los trabajadores aceptaron el yugo de un sindicalismo controlado por el Estado a cambio de mejores salarios y mejores empleos. Un verdadero quid pro quo” (p. 100). Pensamos que, como bien señala Escobar, los trabajadores no aceptaron, sino que se les impuso ese yugo, lo cual pudo lograrse por concesiones económicas, pero se asentó en la represión y la violencia contra los sindicalistas mexicanos independientes. El corporativismo mexicano no resulta de un arreglo consensuado entre el gobierno, el partido hegemónico y el sindicalismo, sino de una alianza entre una camarilla sindical corrupta y el gobierno que aplastó todas las oposiciones políticas.

Los capítulos X y XI se ocupan de la insurgencia obrera de 1970­1976 y, en particular, de la lucha de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y el nacionalismo revolucionario. De acuerdo con nuestro autor, la crisis de 1968 y los conflictos de los años setenta marcaron el fin del “Estado social autoritario”. Las movilizaciones obreras independientes tuvieron su destacamento principal en la Tendencia Democrática del SUTERM, que fue acompañada por numerosos conflictos obreros que conformaron un periodo de insurgencia obrera. En este ascenso de la lucha sindical aparecieron el sindicalismo universitario y, de mayor trascendencia, el movimiento magisterial.

La tercera parte, “El repliegue y el nuevo siglo: 1983­2019”, arranca con “La derrota de 1983” en el capítulo XII. Lo distintivo de estos años a nivel global, y también para México, es la aplicación de las reformas de mercado que condujeron a un nuevo modelo económico y social: el neoliberalismo. El diagnóstico neoliberal advirtió que el populismo económico impedía que los gobiernos controlaran el déficit fiscal y atendieran las demandas salariales de los trabajadores. Para ellos era necesario desregular y flexibilizar las relaciones laborales. Había que disciplinar a los sindicatos y a sus aliados políticos. Las consignas neoliberales fueron: no a un Estado fuerte, no a sindicatos fuertes.

La política laboral de De la Madrid canceló el pacto corporativo que permitió el ciclo industrializador, al tiempo que dividía el aparato sindical que se agrupaba en el Congreso del Trabajo (CT), lo que alentó a organizaciones como la CROM, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (croc) y la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) contra la CTM, para buscar un sindicalismo blanco. Esta división permitió una política de contención salarial, con topes a los salarios contractuales. La respuesta sindical fue débil. Consecuentemente, los neoliberales hicieron lo que pensaban que era necesario, sin considerar la respuesta social.

Un asunto particularmente nefasto provocado por la política neoliberal fue la generalización de los contratos de protección, tema del capítulo XIII. Con el gobierno de Salinas, el corporativismo sindical cayó en decadencia, lo que se expresó en una subordinación al gobierno ineficiente e improductiva. El sindicalismo mexicano se reestructuró y se convirtió en administrador de los contratos de protección. Los grandes sindicatos perdieron importancia y las centrales dejaron de representar a los trabajadores. Ahora los líderes sindicales o sus abogados acuerdan con las empresas contratos inexistentes. Aparecen sindicatos fantasmas con contratos igualmente fantasmas. Las empresas se benefician, ya que pueden imponer las condiciones de trabajo que quieran, simplemente al acordar un precio con esas figuras fantasmagóricas.

El capítulo XIV se ocupa de “La resistencia obrera bajo el neoliberalismo”. Entre las organizaciones que resistieron estuvo la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que agrupó a varias organizaciones: sindicatos automotrices, el sindicato del hierro y el acero del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), entre otros. No se incorporaron contingentes importantes, como los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Por ello, pese a que hubo resistencia, no se logró detener el golpe neoliberal. Un foco de resistencia importante fue el movimiento magisterial, con contingentes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y la sección ix del Distrito Federal. El SME se convirtió en símbolo de la resistencia de los trabajadores y punto de referencia del movimiento popular del final del siglo XX y principios del XXI.

Tres capítulos cierran esta interesante revisión de la historia sindical y laboral de nuestro país: “La reforma laboral de 2012 y el proyecto alternativo”, “Breve historia del salario mínimo” y “Los primeros años del xxi: crisis y nuevas reformas”. En 2001 el arribo de la alternancia política de 2000, con una nueva pluralidad política, no se reflejó en la vida sindical debido a la debilidad del aparato corporativo y a la proliferación de sindicatos fantasmas y contratos de protección. El gobierno de Fox transcurrió sin conflictos ni quejas sindicales. La nueva pluralidad que incluía un partido de izquierdas -el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- no se expresó en una fuerza sindical alternativa. Al PRD no le interesó el tema sindical; su proyecto fue absolutamente electoral.

El segundo gobierno panista planteó una reforma laboral que no prosperó hasta el 30 de noviembre de 2012, un día antes del fin del periodo del panismo gobernante. Esta reforma afectó las condiciones de trabajo con la subcontratación y la contratación por horas, aspectos relevantes de la agenda laboral de los neoliberales. Además, se modificaron los tiempos de prueba y contratación, así como las indemnizaciones derivadas de despidos. Con esta reforma se “tuvo un resultado lamentable en materia de democracia, transparencia sindical y contratación colectiva” (p. 162).

El capítulo final registra el impacto de la Gran Recesión de 2008. En nuestro país se redujo el producto interno bruto (PIB) y se contrajeron los salarios. La falta de respuesta sindical se explica por los contratos de protección, que permitieron llegar incluso a violaciones de los derechos humanos de los trabajadores debido a las contrataciones clandestinas. Sorprendentemente, la renegociación del tlc forzada por el gobierno reaccionario de Trump provocó que el “modelo laboral mexicano” -el de los contratos de protección- fuera condenado por nuestros socios comerciales y por organizaciones sindicales canadienses y estadunidenses. Condena que obligó a modificar el régimen laboral mexicano.

En abril de 2019 se aprobaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se trata de las enmiendas más importantes en muchos años que crearon un nuevo modelo laboral. La supuesta justicia tripartita, vigente durante 100 años, fue sustituida por tribunales judiciales. El control gubernamental para reconocer a los sindicatos, que le daba un dominio férreo, se sustituye por una amplia libertad sindical. Los trabajadores tienen algo que nunca tuvieron: capacidad para decidir las condiciones en las que se da la negociación colectiva. Se trata, dice Escobar, de un vuelco histórico. Se logra que los trabajadores por primera vez en mucho tiempo tengan la posibilidad de decidir. “Podrán elegir mediante voto secreto, personal y directo a sus dirigentes y representantes; adherirse a la organización que prefieran; decidir quién y bajo qué condiciones se pactan los contratos colectivos y tener garantías legales efectivas en caso de que los empleadores o los funcionarios públicos ejerzan coerción contra ellos” (p. 201).

Por supuesto hay resistencia. El proceso apenas empezó. Lo confirma la enésima reelección de Francisco Hernández Juárez en el sindicato de telefonistas, la permanencia de los corruptos dirigentes del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de muchos otros en los que se mantienen los mismos líderes priistas desde hace varias décadas. El cambio de modelo laboral, concluye Escobar, abre la posibilidad de un nuevo pacto social en condiciones de crecimiento económico. La vigencia de este nuevo modelo lleva ya cinco años. Los avances existen, pero falta mucho por conseguir.

El texto en comento contribuye a reconocerlo y eso es un mérito importante. Su recorrido por los momentos estelares de varias historias: las de los trabajadores, de sus sindicatos, de las alianzas con los gobiernos, de sus prácticas antidemocráticas, de las políticas laborales, de la situación general del país hacen de este trabajo de Saúl Escobar una lectura no sólo necesaria sino también conveniente para estar en condiciones de construir el sindicalismo que le hace falta al país.

Notes