La pobreza, la mala calidad de vida y la vulnerabilidad social son problemas que afectan a una gran cantidad de países en el mundo, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, e inician principalmente en la mala distribución crónica de los ingresos. No es casual el enfoque, como estrategia socioeconómica, que busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al seguir lo preconizado en el pacto global suscrito por los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, en la llamada Agenda 2030. Entre los compromisos establecidos en ese momento resaltan en los primeros puestos: erradicar la pobreza y terminar con el hambre para 2030.

La magnitud y la relevancia de estos objetivos exigen no sólo medidas directas para la distribución de ingresos y la protección social básica, sino también acciones gubernamentales en todas las esferas, especialmente en aquellas relacionadas con las políticas públicas que garantizan el acceso a los recursos económicos y a los servicios básicos, entre los que se encuentran los servicios financieros. La exclusión financiera y el creciente endeudamiento de las familias son cuestiones marcadas en todas las economías del mundo. Garantizar el acceso y el uso de los servicios financieros para todos es una herramienta importante para la inclusión social, a medida que contribuye en la generación de empleos e ingresos para las familias, la creación de pequeños negocios, la mejora en el manejo de las finanzas personales y microempresariales, así como el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Además, la inclusión financiera proporciona a las familias socialmente excluidas atención en necesidades básicas como salud, educación, habitación y seguridad alimenticia, y las vuelve menos vulnerables ante eventos adversos.

El sistema financiero afecta el contexto socioeconómico de diversas formas, no sólo por las múltiples funciones que desempeña en la economía, la movilidad y la distribución de recursos, la administración de riesgo, la selección y el monitoreo de empresas, así como la producción y la divulgación de información, sino particularmente por la concesión de créditos a productores y consumidores, en periodos inciertos, que elevan la preferencia por la liquidez y reducen la demanda efectiva y, en respuesta, la producción, con consecuencias en el empleo y los ingresos.

Buscar un desarrollo sostenible e incluyente traduce la necesidad de adoptar políticas e iniciativas de inclusión financiera que conciban la moneda no sólo como un medio de cambio, sino como una variable no neutra capaz de provocar efectos en las variables reales de la economía, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta.

A mediados de la década de 1990, Leyshon y Thrift (1995) afirmaban que la industria de servicios financieros se volvía cada vez más excluyente, argumento que fue potenciado por las reformas liberales que iniciaron en el Consenso de Washington a finales de la década de 1980. Estas reformas promovían, entre otros aspectos, la desregulación financiera, la liberación comercial y la libre movilidad del flujo del capital. Los autores retrataban que, en países como los Estados Unidos y el Reino Unido, la globalización implicó el aumento en el nivel de competencia del sistema financiero, el crecimiento del endeudamiento y el incumplimiento de pago de la población. Al considerar incluso la expansión del acceso a los servicios financieros, los cambios iniciados favorecieron a los grupos sociales más privilegiados, lo que influyó de forma importante en la desigualdad social.

La experiencia brasileña en la inclusión financiera se enmarca, a su vez, en el estándar iniciado a mediados de los años de 1990 en el “proceso de evaluación y estudios que buscan el aumento de la oferta de servicios financieros para poblaciones de bajos ingresos”, de acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera (Banco Central de Brasil, 2010: 19). Sin embargo, no fue sino hasta la década siguiente que se adoptaron medidas efectivas de inclusión financiera en el país, lo que implicaría una mayor capilaridad en los puntos de servicio de instituciones bancarias en todo el territorio nacional, resultado de la evolución de la red con múltiples vías de acceso, como los corresponsales bancarios, los cajeros automáticos o ATM (automated teller machine), los puntos de servicio (PS) o los puntos de servicio electrónicos (PSE), entre otros.

En la década de 1970 Brasil ya había experimentado con algunas acciones incipientes para la inclusión financiera; por ejemplo, la creación del microcrédito en 1973, que concedía préstamos de poco valor a pequeños emprendedores informales y microempresas sin acceso al sistema financiero. Esta iniciativa generó diversos programas, conocidos y exitosos, como CredAmigo, Programa de Crédito Productivo Popular, Programa del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE, por sus siglas en portugués) de Microcrédito y el Banco de la Mujer, de acuerdo con lo descrito por Barone, Lima, Dantas y Rezende (2002).

No sería posible dejar de lado que, a lo largo de este periodo y hasta el día de hoy, el Banco Central de Brasil ha actuado para consolidar una agenda de inclusión financiera al seguir impulsos internos y externos como la atención a políticas públicas de inclusión social o la atención a las recomendaciones de la ONU.

De esta manera, el objetivo del presente artículo es discutir la inclusión financiera en Brasil a partir de los indicadores de la base de datos Global Findex y el Sistema Generador de Series Temporales del Banco Central, con base en las medidas de acceso y el uso del sistema financiero. Las conclusiones de este análisis son que la inclusión financiera verificada en Brasil, especialmente durante 2011-2021, estuvo anclada a políticas públicas para distribución de la riqueza, evento que destaca su interdependencia con la inclusión social. Esta perspectiva refuerza tanto la inclusión financiera como la social, como soportes esenciales para la sostenibilidad del desarrollo.

En lo que sigue a esta introducción se discute la relación entre la inclusión social y la inclusión financiera; se examinan indicadores de acceso al sistema financiero en Brasil; se analiza el uso de servicios financieros, especialmente de créditos y ahorro en el país, y se ofrecen algunas conclusiones.

Independientemente del concepto de “neutralidad monetaria” de la economía clásica, el sistema financiero es un instrumento esencial para impulsar cualquier proceso de desarrollo económico y social. Diversos estudios, desde las primeras ideas ofrecidas por Keynes (1936) y Schumpeter (1934), han generado numerosas pruebas de que el sistema financiero tiene efectos reales en la trayectoria de la economía y que no es un mero intermediario de recursos entre los agentes con superávit y aquellos con déficit.

Más recientemente se ha señalado al sistema financiero como un instrumento virtuoso para la inclusión social y la reducción consecuente en el índice de desigualdad de ingresos. Dymski (2005) asegura que la exclusión social en el contexto financiero, comúnmente llamada exclusión financiera, es una falla en el sistema que no ofrece servicios como depósitos y créditos, a precios competitivos, a una parte de la población que ha sido margi­nada en el sector, por ejemplo. La exclusión de familias y empresas de la participación en el contexto financiero impide su entrada integral en la economía y el contexto social. El autor considera que “la exclusión sistemática de familias y/o empresas de la ‘ciudadanía financiera’ -que tiene como base la raza o la etnia, el área geográfica, el género, entre otros- compromete su capacidad de actuar plenamente en la economía y de acumular riqueza” (Dymski, 2005: 440).

Para el Banco Mundial (2014) hay una gran preocupación por que las instituciones reguladoras y de supervisión del sistema financiero de distintos países amplíen la inclusión financiera al considerar los beneficios que pueden ser proporcionados en el desarrollo sostenible, como la disminución de la pobreza y de la desigualdad social, lo que traería un mayor bienestar para la sociedad. El interés de los investigadores y los gestores públicos también es resultado del reconocimiento histórico de la exclusión financiera en la población mundial, transcurrida a través de diversas barreras físicas e institucionales, como la dificultad de acceso, los altos costos de transacción, las distancias geográficas, la falta de información, la evaluación de riesgo, la expectativa no atendida de la demanda de servicios ofrecidos, entre otras.

El Banco Mundial (2023a) define la inclusión financiera como una situación en la que la población, personas particulares o empresas tienen acceso a productos y servicios financieros que atiendan sus necesidades, como transacciones, pagos, ahorro, créditos, seguros, entre otros, de manera sostenible. De forma similar, el Banco Central conceptualiza la inclusión financiera como “un estado donde todos los adultos tengan acceso efectivo a los siguientes servicios financieros promovidos por instituciones formales: crédito, ahorro (entendido en un sentido amplio, incluyendo cuentas trasnacionales), pagos, seguros, plan de jubilación, e inversiones” (Banco Central de Brasil, 2018: 50). Tales definiciones, a pesar de parecer adecuadas en sí mismas, no garantizan, en la práctica, la inclusión financiera, debido a que en muchas ocasiones los servicios ofrecidos por el sistema financiero no son adecuados para las necesidades reales de la población excluida, así en los costos como en las exigencias normativas, en términos de disminución de riesgo para el sector ofertante. El costo de los servicios es, frecuentemente, un impedimento para incluir a la población excluida del sistema, que es la más vulnerable económicamente y tiene un riesgo mayor a la falta de pago.

De esta manera, el mercado financiero continúa con los errores que se originaron en la desigualdad de los servicios prestados, distintos según el nivel de ingresos y los riesgos que incluya la idiosincrasia. Si no hay productos y servicios financieros adecuados para las necesidades de la población de bajos recursos, o están enfocados en determinado sector social, podría ocurrir que el sistema financiero, en lugar de promover la inclusión, refuerce la concentración de ingresos y el aumento de la desigualdad social. En ese sentido, a pesar de que el acceso sencillo es una condición necesaria, no es suficiente para que exista una inclusión financiera, ya que se requiere observar si estas fallas en el mercado no son un impedimento para el uso de otros servicios que ofrece el sistema.

A partir de la importancia que tiene el sistema financiero en el proceso de desarrollo sostenible, la exclusión financiera debe ser concebida en un contexto socioeconómico amplio que incluya aspectos estructurales y coyunturales como la desigualdad social en sus distintas dimensiones, especialmente en la distribución de ingresos. El Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI, 2023) señala que un tercio de la población mundial no estaba bancarizada en 2017, lo que muestra el alcance de la exclusión financiera.

La exclusión financiera se caracteriza, de acuerdo con Leyshon y Thrift (1995: 312), por ser una situación en la que una parte de la población carece de acceso, o está incluso bloqueada, a los servicios financieros, lo que influye de forma importante en la continuación de la pobreza y la desigualdad, debido a su capacidad de potenciar las diferencias en el nivel de ingresos y el desarrollo económico. Gloukoviezoff (2007: 1) considera la exclusión financiera como “el proceso en que las dificultades de acceso y el uso del sistema financiero contribuyen a la pobreza y la exclusión social”. En esa misma línea, Anderloni, Braga y Carluccio (2007: 7) definen el concepto como “las dificultades vividas por las poblaciones de bajos recursos al acceder al sistema financiero en todas sus dimensiones con el fin de satisfacer sus demandas”.

De manera latente se encuentra en este concepto la comprensión de la desigualdad en la oferta y la demanda de los servicios financieros, que inicia en la misma lógica de acción del sector y que está basada en la búsqueda por reducir los riesgos que, a su vez, son determinados por la percepción de la riqueza presente y futura, y, por lo tanto, por la capacidad de pago del cliente, lo que, ciertamente, favorece el acceso de los que poseen un nivel mayor de ingresos. Al respecto de la demanda, las restricciones de acceso pueden estar relacionadas tanto con la distribución geoespacial de los servicios como con los bajos ingresos de la población, o con la incapacidad financiera de entrar al sistema. Desde el punto de vista de la oferta, se observan normas reguladoras que buscan impedir el uso de servicios, como los altos costos de transacción, los productos ofrecidos que resultan poco adecuados para atender a los grupos sociales excluidos (como los sectores de pobreza y pobreza extrema, desempleada e informal) y la desigualdad en la evaluación de riesgos, lo que castiga a la población que tiene un rendimiento menor.

En este contexto, exclusión financiera y exclusión social, así como sus opues­tos -inclusión financiera e inclusión social-, son dos caras de la misma moneda. Son partes interdependientes de un mismo proceso de desarrollo económico y social excluyente o incluyente. Este hecho vuelve necesario reflexionar y defender una acción incluyente en el sistema financiero, que busque ampliar el crecimiento económico y, a su vez, que persiga el bienestar social al seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por los 193 países de la ONU.

El presente estudio se enmarca en el ámbito de la investigación cuantitativa de datos secundarios, centrado en el análisis y la discusión de elementos bibliográficos, estadísticos y documentales que abarcan de 2005 a 2021. El objeto de estudio comprende la inclusión financiera en Brasil y su interacción con la inclusión social. Las fuentes oficiales usadas fueron la base de datos Global Findex y el SGS del Banco Central de Brasil, además de archivos documentales de distintas instituciones brasileñas e internacionales. La primera fuente es una base de indicadores del Banco Mundial que mide el uso de servicios financieros; se basa en investigaciones sobre muestras representativas de 140 países durante 2011-2021. La segunda fuente es un sistema de series temporales del Banco Central de indicadores económicos que involucra la inclusión financiera disponible de 2005 a 2021.

A partir del marco neoliberal establecido por el Consenso de Washington en 1989, el sistema financiero global se adhirió al nuevo orden liberador como una forma de enfrentar el contexto competitivo que tuvo repercusiones en todos los países.

Según datos del Banco Central de Brasil (2014: 1), el inicio de la experiencia brasileña en la inclusión financiera sucedió a finales de la década de 1990, cuando se enfocó en: “1) la expansión y el fortalecimiento de las vías de acceso a los servicios financieros, 2) la creación de herramientas para mejorar la adaptación de los servicios a los sectores de bajos ingresos y 3) la garantía de calidad en la oferta de servicios financieros”. Sin embargo, fue hasta la primera década del 2000 cuando comenzó a implementarse una serie de acciones: el marco regulatorio de expansión del sistema fue mejorado y permitió ampliar los canales de atención para la población de todos los municipios del país.

A su vez, la creación y el perfeccionamiento de políticas públicas basadas en programas de distribución de ingresos para reducir la pobreza y la desigualdad se constituyeron dentro de un marco llevado por el gobierno federal que buscaba inducir una mayor capilaridad en el sistema financiero del territorio nacional. Entre estas políticas destacaron la Prestación Económica Continua, la Beca Familiar, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), el Programa Universidad para Todos (Prouni) y el programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida”. Dichas políticas empezaron a exigir un nuevo perfil de desconcentración espacial en el sistema financiero que pudiera atender lugares y regiones que todavía no contaban con servicios bancarios. Al mismo tiempo que se desconcentraba espacialmente, el acceso al sistema fue ampliado mediante las políticas mencionadas y ejecutadas por agentes financieros.

En este estudio, la inclusión financiera se considera a partir de las dimensio­nes de acceso y uso que sugiere la literatura. En la dimensión de acceso se em­plearon los indicadores demográficos del Banco Central de Brasil (2015) que permiten constatar la evolución de la disponibilidad de servicios financieros del país durante 2005-2020, ya que utilizan un número variable de puntos de servicio por cada 10 000 adultos que incluye sucursales bancarias, correspondientes bancarios y ATM. Se seleccionaron como indicadores de uso las variables de ahorro y crédito (préstamos), incluidas las tarjetas y en consideración del nivel de ingresos de la población del 60% más rico y el 40% más pobre.

El acceso como una primera etapa para ingresar al sistema financiero es una condición indispensable, aunque insuficiente, para la acción efectiva de la inclusión financiera, debido a que no garantiza qué productos y servicios ofrecidos por el sector son adecuados para las necesidades de la población, especialmente para aquella con bajos ingresos y menores garantías en la falta de pago. De esta forma, el acceso per se, a pesar de ser esencial, no debe confundirse con el contexto general de inclusión financiera.

El periodo de 2005 a 2013 en Brasil marcó un crecimiento relevante en el número de puntos de servicio del sistema financiero por cada 10 000 adultos. Al respecto de las vías de acceso físico, el aumento fue de 78.5% (11.95 por cada 21.33 puntos), de acuerdo con lo que se muestra en la Gráfica 1. La tipificación más prominente fue la de “corresponsales”, con un crecimiento de 110% (7.63 por cada 16.02). Sin embargo, a partir de 2013 se produjo una inflexión en los puntos de servicio, con valores en 2020 cercanos a los de 2009. Por lo tanto, al considerar los años 2009-2020 se percibe que, en términos de acceso físico, el sistema financiero disminuyó cerca de 1.9% en los puntos de servicio por cada 10 000 adultos. El comportamiento tanto de los corresponsales como de las sucursales bancarias siguió el mismo patrón. El movimiento retrógrado de los canales físicos de servicio en el sistema financiero sucedió paralelamente al avance en la utilización de nuevas tecnologías de información en el sector, principalmente en el uso de medios de pago digital.

Gráfica 1 Fuente: elaboración propia con base en datos del SGS del Banco Central de Brasil.

Incluso canales de servicio como los ATM -comúnmente llamados cajeros automáticos-, a pesar de haber presentado un crecimiento de 43.8% de 2005 a 2019, oscilaron de forma negativa hacia 13% de 2013 a 2019. Como se mencionó, reducir las vías de acceso para la atención en el sistema financiero no significa, necesariamente, la falta de acceso, sino que refiere al resultado del desarrollo de otro tipo de relación que está en contacto con nuevas tecnologías de información, como la banca en línea y las aplicaciones para celular.

Dentro de la modalidad de acceso físico, el número de sucursales tuvo el menor crecimiento (11%) entre 2005 y 2014, con el nivel más alto en la serie del último año, es decir, 1.51 sucursales por cada 10 000 adultos. A partir de 2015 se produjo un descenso en esta variable: alcanzó en 2020 un valor menor al de 2005. Esta tendencia a la baja del número de sucursales bancarias en Brasil ya había sido señalada en la década anterior por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, 2009: 25), que analizó la concentración bancaria y la expansión de la internacionalización del segmento en el país. Este estudio confirmó la “presencia de señales de baja inclusión social” con cambios en el sector bancario nacional, debido a que el descenso en la cantidad de sucursales bancarias provocó “un número mayor de la población por punto de servicio y aumentó la dispersión promedio entre las sucursales”.

En tiempos recientes, a pesar de los avances tecnológicos del sector bancario y, quizá, por eso mismo, la tendencia restrictiva de las vías de acceso al sistema financiero brasileño fue, a su vez, ampliada por factores como la ralentización de la tasa de crecimiento en la economía mundial, que considera la crisis política e institucional de 2015-2016 y la crisis sanitaria de covid-19. La inestabilidad provocó un aumento de 6.8 a 13.7% en la tasa de desempleo de la economía brasileña de 2014 a 2020, con una reducción en los ingresos de la población y un aumento en la pobreza; condiciones que se relacionan negativamente con la inclusión financiera y social.

Es un hecho que la expansión física de los servicios financieros es una herramienta que facilita el acceso al sistema bancario. Sin embargo, más allá de la disponibilidad física de estas herramientas en el territorio nacional, se necesita incluir efectivamente a la población en el sistema mediante la oferta de servicios que se adapten a las características de los diferentes tipos de ingresos. Así, la literatura considera la bancarización como uno de los indicadores que permiten la entrada al sistema financiero, como señalan Crocco, Santos y Figueiredo (2013). En este ensayo se consideran dos indicadores para la bancarización que, a pesar de asemejarse en gran medida, no son idénticos; los diferencia la metodología de cálculo que usa cada uno. El primer indicador traduce los resultados trienales de los datos publicados en la base de datos Global Findex; el segundo reflexiona sobre el tipo de relación bancaria en el Banco Central.

El primer indicador es el porcentaje de personas adultas de 15 años en adelante que declaró tener una cuenta bancaria individual o conjunta en un banco u otra institución financiera el año anterior a la encuesta. En el Cuadro 1 se comprueba que, entre 2011 y 2021, la bancarización en Brasil alcanzó un nivel de 84% en la población adulta con un crecimiento de 50% en el periodo, superior al crecimiento promedio mundial de América Latina y el Caribe, así como de países considerados con ingresos medios. Sin embargo, en el contexto de América Latina y el Caribe, la bancarización se fue al alza por encima de Brasil (82%), debido a que el inicio de la serie fue muy bajo (39% de la población adulta), sólo superior al observado en países de bajos ingresos.

Cuadro 1

País o área	Con cuenta				Que ahorraron
	2011	2014	2017	2021	2011	2014	2017	2021
Mundo	51	61	67	74	22	27	27	29
América Latina y el Caribe	39	51	54	71	10	13	12	17
Brasil	56	68	70	84	10	12	14	23
Países de ingresos bajos	10	19	32	32	5	8	12	8
Países de ingresos medios	43	56	64	70	18	23	21	23
Países de ingresos altos	88	93	94	96	44	50	55	58

Fuente: elaboración propia con base en Global Findex.

El segundo indicador, extraído del Informe de Ciudadanía Financiera (Banco Central de Brasil, 2021: 8), muestra que durante 2018-2020 “el porcentaje de adultos relacionados con alguna institución financiera, de acuerdo con lo observado en la edición anterior de este informe, siguió por encima de 85% en este periodo, alcanzando cerca de 95% en 2020”, y se difiere en 6 puntos porcentuales en relación con la información de Global Findex, que se aproxima al nivel de países de ingresos altos. Se observa un crecimiento entre 2005 (60.81%) y 2020 (94.69%) que representa un avance de 55.7 por ciento.

A pesar de que no es posible compararlas debido a que ambas bases de datos utilizan metodologías diferentes, el Banco Central de Brasil reconoce que este mayor porcentaje puede estar relacionado con que se consideran cuentas no cerradas, incluidas aquellas con saldo bajo y que no han sido utilizadas en mucho tiempo. Para esta fuente, el concepto de adultos relacionados con el sistema financiero incluye a personas físicas de 15 años en adelante que sean titulares de cuentas de depósito o de activos financieros ges­tio­na­dos por el sistema financiero nacional (SFN), independientemente de que estén siendo utilizados.

La información de la base de datos Global Findex traduce que el porcentaje de entrevistados que confirmaron tener una cuenta individual o conjunta en un banco u otra institución financiera, o que reportaron haber usado algún tipo de servicio financiero móvil, proceden de una encuesta realizada directamente sobre una muestra representativa de la población mayor a 15 años en el país. En esta encuesta, aquellos que declararon tener cuentas inactivas representaron 2% en el trienio de 2014, 7% en el de 2017 y 4% en el de 2020, con porcentajes más altos en el estrato de los 40% más pobres de 1, 8 y 6% que el estrato del 60% más rico con 3, 6 y 3%, en los respectivos periodos mencionados.

Independientemente del indicador de bancarización o de la relación bancaria, es evidente el aumento a lo largo del periodo analizado, con retrocesos particulares durante las crisis a partir de 2015. El contexto interno es la ampliación o la mejora de políticas públicas de inclusión social basadas en programas de reducción de la pobreza y desigualdad de ingresos, vigentes desde décadas anteriores, como se mencionó, que dan la dimensión real de que el proceso de inclusión financiera brasileño estuvo anclado de forma importante a la demanda de bancarización y acceso (demand pull) que inició en las políticas mencionadas y exigió la desconcentración espacial y la ampliación en la capilaridad demográfica de los servicios.

Bento (2017) describe este ejemplo al analizar la bancarización generada por el programa “Mi Casa, Mi Vida” específicamente en Goiânia durante 2011-2015, donde comprueba que en 2014 del total de operaciones del programa 59% llevó la firma de personas que no tenían vínculo con instituciones financieras, es decir, personas no bancarizadas. A pesar de que la encuesta sea específica y esté restringida a la capital de uno de los estados de la federación, no deja de reflejar la importancia de las políticas públicas en la bancarización del país, especialmente para las familias con un nivel bajo de ingresos hasta de 1 800 reales brasileños del momento.

La sincronía entre las políticas públicas para la distribución de ingresos y el crecimiento en el acceso al sistema financiero indica mucho más que la demanda original de inclusión social, que, al ser gestionada por las distintas políticas públicas, buscó ampliar la bancarización o la relación bancaria sin que necesariamente significara que hubo una inclusión financiera que pudiera incluir crédi­tos y ahorros accesibles en un sentido amplio. De acuerdo con Sarma (2008: 6), a pesar de que el acceso a las instituciones financieras es la primera puerta que debe abrirse para la inclusión financiera, un sistema financiero incluyente necesita el uso regular de cuentas abiertas a través de créditos, ahorros y otros servicios ofrecidos que deben adecuarse a la necesidad de los clientes.

Debido a la lógica inherente al sistema financiero para reducir el riesgo de falta de pago y maximizar las ganancias, la tendencia general es que exista una fuerte correlación entre el poder económico y el uso de servicios financieros, especialmente para la concesión de créditos y ahorro. Leyshon y Thrift (1995) señalan que el fácil acceso a los créditos por parte de los más ricos se debe a que tienen mayor visibilidad en el sistema financiero.

Ser más visible significa disminuir la desigualdad informativa al evitar una de las principales fallas en el mercado: la selección adversa. Mientras mayor sea la incapacidad del sistema financiero para diferenciar al buen y al mal pagador, mayor será la oportunidad de que exista la selección adversa en el crédito. En países como Brasil, donde gran parte de la población es excluida socialmente, la invisibilidad se convierte en un obstáculo significativo para la inclusión financiera, especialmente respecto del uso de servicios financieros.

Los indicadores de uso en los servicios financieros considerados en este texto involucran ahorro, crédito (préstamos) e incluso tarjetas de crédito. Cada uno de estos indicadores fue analizado al considerar el nivel de ingresos del 60% más rico de la población y el 40% más pobre, con base en datos de Global Findex y del SGS del Banco Central de Brasil.

Brasil es uno de los países del mundo con los niveles más bajos de ahorro. La literatura muestra distintos abordajes para la interpretación de este problema, que involucra tanto cuestiones psicológicas (de comportamiento), relacionadas con la condición y el contexto social, como la intertemporalidad de la selección de consumo, según lo señalado por Kotler (1998). Los niveles más altos en educación y salud son factores que Lee y Hanna (2015) señalan en la correlación de una tendencia más grande en el ahorro. Mishra, Mishra, Rixom y Chatterjee (2013, por su parte, sostienen una perspectiva distinta, en que afirman que existen problemas en las tendencias de ahorro tanto en las familias con altos niveles de ingresos y educación como en aquellas que presentan características opuestas.

Lo que se observa pragmáticamente es que el problema de la baja tendencia al ahorro en Brasil está relacionada con los ingresos insuficientes de la mayoría de la población, así como con la concentración y la disparidad intrarregional. El ingreso per cápita de Brasil en 2022, medido por el producto interno bruto (PIB) per cápita, fue de 8 917 dólares estadunidenses, que es menor al de países sudamericanos como Uruguay (20 795 dólares), Chile (15 355 dólares ) y Argentina (13 686 dólares), de acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2023b). Además, la fuerte concentración de ingresos en el país es el factor que corrobora los bajos indicadores en el ahorro. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2023) muestra que el rendimiento entre el 1% de las personas con mayores ingresos y la mitad de la población con bajos ingresos es de 32.5 veces, lo que muestra la gran disparidad interna en la distribución de la riqueza del país. La dimensión geográfica del país contribuye, a su vez, a la disparidad inter­regional cuando el ingreso medio en la región noreste equivale a 53.4% de los ingresos medios del sureste y a 52.5% de la región sur. Por lo tanto, el bajo ahorro en Brasil no puede separarse del problema crónico en la estructura de la distribución de ingresos que caracteriza al país, ni de la distancia socioeconómica relacionada con los países desarrollados.

Como se muestra en el Cuadro 1, el porcentaje de población de 15 años o más que declaró haber realizado algún tipo de ahorro en Brasil sólo fue superior a la media de los países de bajos ingresos en los trienios 2011-2017. Tan sólo en el trienio que finalizó en 2021 el porcentaje de los que ahorraron se equiparó con el de los países de ingresos medios, lo que fue menos de la mitad de los países de ingresos altos y se situó por debajo de la media mundial.

Al observar el punto de vista del nivel de ingresos se comprueba la evidente desigualdad en el ahorro del país, debido a que está dirigido a aquellos con niveles más altos de ingresos, lo que parece natural, pues la tendencia marginal para ahorrar es más elevada, al menos en teoría, en los niveles de ingresos más elevados. Lo interesante es observar la rapidez en el aumento del ahorro entre los más ricos y los más pobres, y su sincronía en los periodos de aplicación de las políticas públicas de distribución de ingresos del país. En la Gráfica 2 es evidente que, en el estrato del 60% de los más ricos, el porcentaje de los que ahorraron en una institución financiera en los trienios de 2011-2017 se situó en el intervalo de 14 a 20%, mientras que en el nivel de ingresos del 40% de los más pobres, ese porcentaje permaneció prácticamente estable en el intervalo de 5 a 6%. Sin embargo, el crecimiento de los que hicieron este tipo de ahorro en el 40% de los más pobres fue de 200% de 2017 a 2021, mientras que en los más ricos fue de 30 por ciento.

Gráfica 2 Fuente: elaboración propia con base en datos de Global Findex.

Más de un evento afectó la diferencia temporal, pero, sin lugar a dudas, el más importante fue el periodo de excepción que marcó la pandemia de covid-19, el cual forzó al gobierno central a adoptar políticas inmediatas de transferencia de ingresos que buscaban disminuir los efectos de este choque adverso sobre la población al señalar nuevamente la inclusión financiera impulsada por la demanda de estos servicios.

Leyshon y Thrift (1995) fundamentaron esta perspectiva al relacionar el uso mayor del sistema financiero con la visibilidad social en el trienio finalizado en 2023, cuando millones de brasileños “invisibles” tuvieron acceso y usaron los servicios financieros en Brasil mediante la ayuda de emergencia, prestación creada con la intención de minimizar los efectos de la pandemia de covid-19 sobre la población con menores ingresos. Además, otras políticas públicas de emergencia, incluidos la liberación del Fondo de Garantía por Antigüedad (FGPA) y los préstamos de nómina, han impulsado la demanda de servicios financieros al promover la inclusión financiera. Esto demuestra y refuerza la percepción de que la inclusión financiera es impulsada por la demanda, a medida que son políticas públicas de inclusión social, especialmente aquellas que generan ingresos y empleo y elevan la tendencia de ahorro en la población más pobre. A pesar de ser una condición necesaria, tener un sistema financiero avanzado y geográficamente capilarizado, pero poco adecuado en términos de servicios ofrecidos y con productos que no atienden las necesidades de los que necesitan ser financieramente incluidos, no es suficiente para que exista una inclusión financiera efectiva.

En un contexto de gran desigualdad socioeconómica, como en Brasil, el uso del crédito es una condición esencial para la inclusión social y la consecuente mejora del bienestar de la población. En los trienios de 2014 y 2017 el porcentaje de adultos brasileños que hizo alguna solicitud de préstamo fue de 40%, de acuerdo con la Gráfica 3, cifra que está por debajo del promedio de 43% de los países con bajos ingresos. De 2017 a 2021 hubo un incremento de 47.5%. En los trienios 2017-2021 el porcentaje de brasileños que solicitó algún tipo de préstamo aumentó de 40 a 59% (un crecimiento de 47.5 por ciento).

Gráfica 3 Fuente: elaboración propia con base en datos de Global Findex.

Sin embargo, el análisis de ingresos muestra una evidente desigualdad en la solicitud de crédito hecha por los más ricos y los más pobres, especialmente cuando se trata de transacciones con el sistema financiero formal. En 2014 la diferencia del porcentaje de crédito entre estos niveles de ingresos fue de 21 puntos porcentuales en favor del 60% más rico, lo que se mantuvo en 2021, a pesar de una pequeña variación negativa en 2017, debido a la reducción de crédito del sistema financiero en las políticas macroeconómicas más restrictivas.

En el Informe de Ciudadanía Financiera (Banco Central de Brasil, 2021: 15) se reforzó que la concentración de crédito permanecía en el estrato de mayores ingresos cuando se presentó una cartera de crédito per cápita por nivel de ingresos que consideraba todo el universo que usa el crédito del Sistema de Información de Crédito (SCR) del Banco Central. De acuerdo con lo que se muestra en la Figura 1, en 2020 el saldo de la cartera de crédito se distribuyó de la siguiente manera: 1) 258 000 millones de reales para personas de bajos ingresos o con rendimiento hasta de 1 500 reales, que equivalen a 54.9 millones de personas (50% de los prestatarios); 2) 924 000 millones de reales para personas de ingresos medios o con un rendimiento entre 1 500 y 5 200 reales, cifra que equivale a 43 millones de personas (40% de los prestatarios); 3) para el 10% de los prestatarios restantes, que cuentan con niveles de ingresos más altos, es decir, con un rendimiento por encima de 5 200 reales, el saldo de crédito acumulado superó 1 058 billones de reales. Este hecho nos ofrece una dimensión exacta de dónde está la concentración de crédito brasileño y de cómo el 10% de los prestatarios con ingresos mayores capta 4.1 veces más que el 50% con un nivel bajo de ingresos.

Figura 1 Fuente: Banco Central de Brasil (2021). Adaptación de los autores.

Es evidente que en el uso de crédito permaneció en la misma asimetría que es consecuencia de la desigualdad de ingresos, característica marcada en el país que refuerza la tesis de invisibilidad propuesta por Leyshon y Thrift (1995). En 2020 la población con bajos ingresos logró captar 11.6% del volumen total de los recursos de la cartera de crédito del SFN, a pesar de representar a 50% del total de clientes; el 10% más rico, mientras tanto, captó 64.7% de los recursos. La modalidad de préstamo más frecuente entre los prestatarios de bajos ingresos fue la tarjeta de crédito en sus distintas modalidades y los préstamos de nómina, que sumaron 65.4% de los casos.

Es importante señalar que el uso de la tarjeta de crédito en la población de bajos ingresos, en modalidades de pagos diferidos o rotatorios, se realiza con tipos de interés prefijados que, en algunos casos, superan 400% anual.¹ Los préstamos de nómina, creados en 2004 en el ámbito de la política económica expansionista, especialmente para ampliar la demanda de bienes y servicios, tienen intereses mucho más bajos que no superan 30% al año en los servidores públicos, debido a la garantía de consignación de nómina que reduce los riesgos del sistema financiero.

Tras adoptar una política de recorte del tipo de interés del Selic (Sistema Especial de Liquidación y Custodia), iniciada a finales de 2016, el tipo de interés máximo aplicado a los préstamos de nómina para funcionarios, jubilados y pensionistas se redujo de 34.5 a 29.8% anual, lo que favoreció el aumento del número de contratos firmados para este tipo de crédito. Datos del SGS² muestran que, entre enero y diciembre de 2016, los créditos personales consignados aumentaron 178.6%: de 44 790 a 124 433 solicitudes. En agosto de 2021 se registró un pico de 495 438 solicitudes, periodo que coincidió con el inicio de la ayuda de emergencia concedida en abril de 2020 por el gobierno federal, surgida a partir de la pandemia de covid-19. Adoptar esta política social para enfrentar la pandemia permitió la inclusión financiera en la medida en que una parte de la población de bajos ingresos empezó a tener oportunidad de solicitar un crédito, con base en la ayuda de emergencia y la relativa garantía de riesgo menor para el sistema financiero, debido a la consignación de pago.

A pesar de las medidas adoptadas que, aparentemente en un sentido amplio, son financieramente incluyentes con el sector de bajos ingresos, el estrato del 60% más rico fue el que más solicitó créditos desde el trienio de 2014, lo que puede estar relacionado con la lógica de que este segmento tiene mayor visibilidad. No ha de pasarse por alto, sin embargo, que una tasa de interés promedio para préstamos de nómina personales es de 27.5% anual; esta tasa, como la que se cobró en agosto de 2022 para la población de bajos ingresos, como beneficiarios de políticas sociales, jubilados y otros, parece menos adecuada para una política de inclusión financiera y más para una política de explotación financiera.

No parece incluyente, en sentido estricto del concepto, que el cobro de intereses supere 25% anual por una solicitud de préstamo realizada para la población de bajos ingresos, o que gana hasta 1 500 reales al mes, lo que es un ejemplo de lo inadecuada que es la oferta de este servicio para las necesidades reales de la población. En este sentido, el uso de bancos públicos que, al menos en teoría, no deberían seguir la lógica que maximiza las ganancias, se vuelve una herramienta fundamental para el acogimiento y la inclusión financiera y social de este sector de la población.

Es importante observar que cuando el sistema financiero formal no es capaz de cumplir las funciones relacionadas con la inclusión financiera, especialmente las relativas a la oferta de servicios adecuados para las necesidades de la población excluida, la demanda reprimida de crédito puede recaer en la informalidad, lo que castiga todavía más a la población que usa este tipo de servicios informales. A lo largo de los tres trienios analizados se confirmó el aumento del porcentaje en la población adulta que usó medios de préstamo informal, como familiares y amigos, así en la población del 40% más pobre como en el 60% más rico. En promedio, 25% de los préstamos solicitados por la población en el trienio finalizado en 2021 fue con familiares o amigos. Aunque no es fácil ubicar la usura en este tipo de créditos, hay que considerar la máxima de que there is no free lunch, y que los pres­tamistas pueden cobrar intereses exorbitantes que castigan a la parte más pobre de la población.

Sin embargo, lo que sí es claro es que cerca de 25% de la población adulta del país que solicitó algún tipo de préstamo no lo hizo en el sistema financiero formal, y este comportamiento fue en aumento, especialmente a lo largo de los trienios finalizados en 2017 y 2021, lo que indica que hay una laguna importante que necesita ser llenada para el proceso efectivo de la inclusión financiera, de acuerdo con los datos que aparecen en la Gráfica 3.

En este estudio se discutió el trabajo de la inclusión financiera en Brasil y la relación que tiene con las políticas públicas de inclusión social mediante datos disponibles en las plataformas de la base Global Findex y del Sistema Generador de Series Temporales del Banco Central de Brasil, que consideran como variables importantes el acceso y el uso de los servicios financieros como sistemas de ahorro y crédito para la población adulta o que tenga 15 años o más.

En el acceso a los servicios financieros se comprobó el crecimiento relevante durante 2010-2013 en los puntos de servicio físicos por cada 10 000 adultos, pero con un punto de inflexión a partir de este periodo como consecuencia de la crisis política interna, la crisis económica y la popularización de otras formas de acceso en el sector mediante la expansión de nuevas tecnologías de información. La evolución de la población adulta bancarizada en los trienios analizados mostró un crecimiento en Brasil por encima del promedio mundial en América Latina y el Caribe y en otros países de ingresos medios. El periodo de mayor crecimiento en el acceso y la bancarización de la población brasileña coincide con un contexto interno de creación, ampliación y perfeccionamiento de políticas públicas de distribución de ingresos que demandó ampliar la atención a la población que, hasta entonces, había sido invisible, al sugerir que el sistema financiero está orientado por la demanda de acciones gubernamentales, particularmente en las poblaciones de ingresos más bajos. Esto confirma la percepción de que no puede existir la inclusión financiera sin la social.

En cuanto al uso de servicios financieros, como cuentas de ahorros y créditos, se confirmó la tendencia a la baja en el ahorro en Brasil con indicadores por debajo de los países considerados de ingresos medios en los trienios de 2014 y 2017, pero con una evolución positiva en 2021. Esto puede estar relacionado con la política pública derivada de la ayuda de emergencia iniciada en 2020. Se comprobó la desigualdad entre el porcentaje de adultos que ahorró en los trienios de 2011-2021, con un porcentaje de ahorradores mayor en el estrato del 60% más rico, a pesar de que en el último trienio el crecimiento apreciado fue mayor entre los más pobres.

Esta desigualdad se comprueba, a su vez, en las concesiones de crédito donde los estratos con mayor nivel de ingresos conservaron más recursos que el sector más pobre. A pesar de que las personas consideradas de bajos recursos representan cerca de 50% total de los clientes de la cartera de crédito del Banco Central, sólo consiguieron conservar 11.5% de los recursos, mientras que el 10% ubicado en el estrato de ingresos altos conservó 64.7% del volumen total de créditos concedidos, lo que sugiere cuestiones relacionadas con la información y la selección adversa generada por la invisibilidad en una sociedad con alto nivel de desigualdad de ingresos.

Es necesario observar algunas consideraciones finales. En primer lugar, el acceso al sistema financiero no significa inclusión obligadamente, en la medida en que ésta requiere productos y servicios adecuados para las necesidades de la población. En segundo lugar, la inclusión financiera en Brasil se relaciona de manera más efectiva con las políticas públicas de inclusión social que con una política que promueva esta inclusión con una oferta de servicios adecuados para las necesidades de la población. En tercer lugar, en el contexto de un país con una fuerte disparidad de ingresos, el uso de servicios financieros se limita a la falta de recursos en la población que, en su mayoría, recibe salarios insuficientes para mantener una mínima calidad de vida que resulte adecuada para los estándares de las organizaciones internacionales. En cuarto lugar, a pesar de que pueda parecer una utopía, es fundamental para la inclusión financiera efectiva que exista una regulación del SFN que no privilegie únicamente la tasa de ganancias del sector, sino que preste atención, a su vez, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las características de los bajos recursos y la desigualdad que prevalece en la población brasileña. Por lo tanto, los bancos públicos, que no necesariamente requieren usar la lógica que maximiza los bancos privados, deben tener una acción más eficiente y eficaz para promover la inclusión financiera.