Previo a los comicios de 2018, era frecuente escuchar o leer que la ventaja del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en las preferencias electorales se debía a que esta institución representaba el típico partido “catch all”, es decir, aquél donde la ideología era completamente abandonada o erosionada por el pragmatismo (Martínez, 2009). De acuerdo con Otto Kirchheimer, a quien se atribuye la autoría de dicho término, la condición de partido “atrapa todo” forma parte de una estrategia electoral en la que, al no contar con un programa ideológico único, es más probable hacerse atractivo para las mayorías (Krouwel, 2011).

Ciertamente, y desde su aparición como movimiento social en el 2006, su constitución como asociación civil en 2011, y finalmente su transformación a partido político en 2014 (Bolívar, 2014), MORENA ha actuado de modo pragmático, adoptando una postura ideológica flexible y privilegiando en todo momento los mecanismos de integración y la rentabilidad electoral (Navarrete, Camacho & Ceja, 2017). Una buena medida de este pragmatismo de MORENA es la distancia ideológica entre sus dos partidos aliados: por un lado, el Partido Encuentro Social (PES), de corte conservador, y que constituye el brazo político de la iglesia evangelista en el país; y por el otro, el Partido del Trabajo (PT), una institución claramente identificada con el socialismo (Aguilar, 2018).

Es probable que el comportamiento pragmático de MORENA incidiera de alguna forma para que se convirtieran en la alternativa de gobierno más atrayente para los electores mexicanos, quienes con diferencia de 30 puntos porcentuales, la victoria más holgada en la historia democrática mexicana (Torreblanca, Muñoz, & Merino, 2018), decidieron que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera el octogésimo quinto presidente de la República. Sin embargo, atribuir la victoria de AMLO únicamente a esta cuestión sin prestar atención a otros factores sería poco acertado. Por ejemplo, si se revisan las trayectorias de los últimos tres procesos electorales (18 años) podrá encontrarse una lealtad sorprendente en los votantes del tabasqueño: en las más recientes elecciones ganó el 97 % de las secciones que había ganado las dos ocasiones anteriores (Torreblanca et al., 2018). Además, si se piensa que en las elecciones de 2006 y 2012 AMLO compitió por la presidencia en un partido distinto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es todavía más arriesgado establecer que el proceso electoral de 2018 se definió sólo por las características de MORENA y sin que influyeran las de su candidato.

Según Linz (2007, citado en Navarrete, Camacho y Ceja, 2017), un rasgo importante de los partidos “atrapa todo” es que cuentan con personajes fuertes que son capaces de atraer votos desde diversos sectores o posturas. Indudablemente, MORENA tuvo en la figura de AMLO a uno de los políticos más carismáticos, influyentes y mediáticos del país. Empero, para quien escribe, no habría que confundir las características de los candidatos con las de los partidos, y el carisma es, por propia definición, un atributo que sólo pueden poseer los primeros. Además, podría haber partidos políticos que con una ideología sólida o claramente definida postulasen a un candidato carismático; del mismo modo en que un partido “catch all” puede estar falto de un personaje capaz de atraer electores de distintas posturas ideológicas.

Para ejemplificar el primer escenario puede pensarse en las elecciones del 2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox protagonizaron la primera alternancia en la historia del país. Aunque el ejemplo es discutible porque hay quien piensa que la victoria del PAN se debió justamente a su comportamiento de partido “atrapa todo”, ya que en aquél momento conformó la coalición más amplia y heterogénea de su historia (Moreno, 2003). El ejemplo del segundo escenario es más reciente y seguramente menos cuestionable, pues basta recordar el último proceso electoral para apreciar que este mismo partido, con una estrategia similar y haciendo incluso alianza con quien, al menos en teoría, es su principal rival ideológico (el PRD), careció completamente de una figura fuerte y carismática, derivando en que su candidato Ricardo Anaya no alcanzara siquiera la mitad de los votos obtenidos por AMLO y MORENA. Entonces, si bien es cierto que el pragmatismo político y la postulación de un candidato carismático son aspectos que podrían ir de la mano en la estrategia electoral de un partido “atrapa todo”, en el caso citado queda claro que eso no necesariamente es así.

Otro argumento frecuente era que AMLO encabezaba las preferencias de los votantes porque se trataba de un populista, alguien que aspiraba a convertirse en un presidente-líder cuyas funciones no estuvieran limitadas a la administración del gobierno, sino que además fuera percibido como el intérprete necesario del pueblo para traducir la voluntad general en leyes u otras medidas gubernamentales concretas (Ramírez, 2016). De hecho, una de las principales características imputadas a los líderes populistas, además del personalismo y la constitución social (Barr, 2009), es precisamente su carisma. Pero si bien es cierto lo planteado por Ramírez (2016) respecto a que muchos populistas exitosos son personas carismáticas, también es verdad lo señalado por Barr (2009) de que existen varios líderes populistas que representan todo lo contrario.

En el caso de AMLO sí podría hablarse de una figura carismática y personalista, algo que no se había repetido desde la creación del Frente Democrático Nacional que luego derivó en el PRD (Espinoza & Navarrete, 2016) Su fuerte liderazgo dentro de MORENA fue legitimado por los propios integrantes del partido al considerarlo una persona extraordinaria y que ha logrado imponer en la organización su propia visión de la política (Bolívar, 2014). Ello a pesar de que, con el paso del tiempo, ha moderado su discurso y sus acciones, pasando de un liderazgo carismático-dominante en las elecciones de 2006, a un liderazgo más flexible e incluyente en el 2012 (Espinoza & Navarrete, 2016), y aun más en el proceso electoral 2018. No obstante, algo que sí se ha sido constante en la trayectoria de López Obrador es una retórica populista. De hecho, al suyo se le considera un populismo premoderno, pues su estructuración discursiva ha poseído un claro tinte ideológico debido a su frecuente alusión a la soberanía popular (Cansino & Covarrubias, 2007).

Llegados a este punto, podría establecerse que la victoria de MORENA en los comicios más recientes se debió a su condición de partido “atrapa todo”, al carisma de su candidato, y al populismo que caracterizaba a las propuestas y discursos de este último. Pero, si bien es cierto que todos estos elementos coadyuvaron para generar los resultados electorales, su presencia sólo explica una parte del acontecimiento. Para alcanzar una mayor comprensión del triunfo de AMLO no basta con adoptar un enfoque de “arriba hacia abajo”, sino que es necesario tener también una perspectiva de “abajo hacia arriba”. Dicho de otra forma, aunque ya se ha hecho referencia a diversos aspectos del candidato y su partido, figuras de suma importancia en el análisis, aún no se ha mencionado al que, con seguridad, constituye el actor político más relevante para la cuestión: el elector o votante.

La percepción de la ciudadanía respecto a su entorno político es un factor fundamental en los resultados de cualquier proceso electoral. En el caso concreto de los últimos comicios en México, difícilmente puede entenderse y explicarse la holgada victoria de MORENA, hecho que constituyó la segunda alternancia en la historia del país, omitiendo del análisis las opiniones o valoraciones de los mexicanos respecto a los objetos políticos, es decir sobre sus representantes, autoridades, instituciones o el sistema político en general. Empero, es posible explorar dichos aspectos e incorporarlos al análisis a partir de la revisión de los estudios de opinión pública. En general, la opinión pública constituye una fuerza que ha adquirido cada vez más relevancia en las democracias representativas (Sandoval, Bustos, Padilla, Pernudi, & Solórzano, 2005). Los estudios de opinión pública representan una excelente oportunidad para conocer la percepción ciudadana respecto a los asuntos públicos, es decir, sobre todo aquello que tiene impacto en la vida de la población perteneciente a una comunidad política.

Los datos derivados de esta clase de estudios revelan una amplia variedad de aspectos sobre la cultura política, es decir, de las orientaciones psicológicas de una población determinada respecto al sistema político y sus elementos, y las actitudes relacionadas con la función de los habitantes de la misma en dicho sistema (Almond & Verba, 1989). Aunque la cultura política no puede reducirse a la mera percepción, las valoraciones ciudadanas en cuanto a las condiciones de su entorno político sí que representan manifestaciones de sus actitudes hacia diversos elementos del sistema político, y, por tanto, merecen ser estudiadas e interpretadas. Y más aún cuando se parte de la hipótesis aquí sostenida de que las creencias, los valores y las actitudes de los ciudadanos afectan la dinámica del propio sistema político debido a que éstas configuran sus representaciones acerca de la realidad y predeterminan sus acciones tanto individuales como colectivas.

Así, este trabajo pretende caracterizar la percepción de quienes el pasado 1 de julio de 2018 definieron el rumbo del país para los próximos seis años mediante su voto en las urnas. El objetivo es analizar las creencias u opiniones ciudadanas mediante la revisión de datos recabados en estudios de opinión pública durante el año previo a la elección, de manera que sea posible identificar algunas de las orientaciones psicológicas de los mexicanos en cuanto al sistema político y sus elementos. En otras palabras, se describen e interpretan unos datos que aquí se consideran un reflejo de la orientación evaluativa de la cultura política mexicana, poniéndolos en contexto con los acontecimientos políticos del momento, y esperando que el ejercicio permita comprender mejor los resultados del citado proceso electoral.

Para ello, se examinan los resultados de México en la encuesta Latinobarómetro 2017. Concretamente, la percepción ciudadana respecto a cuatro temas fundamentales para el país: I) democracia; II) economía; III) confianza en las instituciones; y, IV) corrupción. La selección de éstos no es fortuita, se eligieron dentro de los varios tópicos posibles porque constituyen aspectos básicos del desempeño gubernamental, y tal desempeño “se refleja en la capacidad que percibimos en ese sistema político de decisión y resolución, de producir riqueza y de mantener el orden” (Moreno, 2003:234).

Marco teórico-conceptual

La cultura puede ser definida como “el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales” (Peschard, 2016:9). También puede entenderse como una serie de valores compartidos que legitiman las relaciones y las prácticas sociales (Wildavsky, 1987). La cultura proporciona estabilidad a las sociedades, ya que condensa experiencias e imágenes colectivas que generan un sentido de pertenencia en la población (Peschard, 2016).

Cuando se habla de cultura política en concreto, se refiere al conjunto de

orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes relacionadas con la función de uno mismo dentro de dicho sistema (Almond & Verba, 2001:179).

Tales orientaciones representan predisposiciones para la acción política, siendo éstas conformadas por aspectos como la memoria histórica, la tradición, las normas, los motivos o las emociones (Ibidem, 1989). En otras palabras, la cultura política está constituida por actitudes, valores y concepciones orientadas específicamente hacia el ámbito político, los cuales “configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder” (Peschard, 2016:10). Se trata del cúmulo de orientaciones asociadas a un sistema especial de objetos y procesos sociales (Almond & Verba, 2001); de la internalización del sistema político o algunos de sus actores y procesos, en ciertas creencias o sentimientos (Peschard, 2016).

Así como la cultura en general juega un papel esencial en el comportamiento social de los individuos, la cultura política ejerce a su vez una importante influencia en su comportamiento político. Si la cultura es el filtro entre la realidad social y la percepción del individuo, la cultura política está en la base de la percepción individual sobre la realidad política (Duarte & Jaramillo, 2009). Según Almond y Verba (2001), la cultura política de una nación equivale a la “particular distribución entre sus miembros de las pautas de orientación hacia los objetos políticos” (180). Por tanto, podría decirse que está conformada por dos aspectos: por un lado, habría procesos psicológicos marcando una tendencia (la orientación); y por el otro, estarían las entidades receptoras de estos patrones (los objetos políticos).

Las inclinaciones u orientaciones de una sociedad hacia su sistema político proporcionan información sobre la población debido a que los individuos son inducidos a dicho sistema y socializados hacia ciertos papeles, pudiendo tener estas propensiones un origen cognoscitivo (conocimiento y conciencia), afectivo (emociones y sentimientos) o evaluativo (juicios) respecto a los objetos políticos (Almond & Verba, 1989). La orientación cognoscitiva es el conocimiento que se tiene tanto del sistema político como de sus roles y actores particulares; la afectiva, consiste en los sentimientos que existen hacia los mismos, pudiendo ser de apego o de rechazo; y la evaluativa que se refiere a los juicios y opiniones sobre el sistema y los elementos que lo conforman (Almond & Verba, 1989, 2001; Peschard, 2016).

Con objetos políticos, Almond y Verba refieren ciertos aspectos del sistema político global como los partidos, las cortes, el marco constitucional, la historia del Estado o nación, o la percepción de uno mismo en el sistema (Rodríguez Franco, 2017; Zovatto, 2002). Empero, el código subjetivo de la cultura política abarca aspectos más amplios como las “convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política hasta los valores relativos a los fines deseables de la misma” (Peschard,2016:11). Siguiendo a Almond y Verba (1989, 2001), existen tres categorías de objetos: a) roles o estructuras específicas (cuerpos legislativos, burocracia); b) titulares de dichos roles (legisladores, funcionarios); y, c) los principios de gobierno o decisiones públicas y específicas. Estas decisiones, titulares y estructuras pueden clasificarse a su vez en dos tipos: I) las relacionadas al proceso político, o sea la corriente de demandas de la sociedad al sistema político (input); y, II) las vinculadas a procesos administrativos, es decir, la aplicación de los principios de autoridad del gobierno (output).

Según el punto de vista desde el cual se analiza la cultura política se suelen destacar distintos aspectos de la misma. Desde un enfoque socio-histórico, se ha planteado que la cultura política es la conciencia de la organización social y de la historia (Galindo, 1986); con una perspectiva antropológica, que las diversas modalidades de cultura política están siempre en función de los procesos de socialización y las concepciones que las personas tienen del mundo (De la Peña, 1994); y desde la mirada de la ciencia política, que son las creencias de los individuos (Lane, 1992) o sus preferencias (Wildavsky, 1987), las que mejor evidencian la cultura política de una sociedad.

Aquí nos suscribimos al enfoque político, pero sin negar necesariamente los planteamientos o aportaciones realizados desde otros campos de conocimiento. De hecho, Almond y Verba (1989) justificaron la elección del término cultura política precisamente con el argumento de que brinda la oportunidad de incorporar conceptos y enfoques de diferentes disciplinas como la antropología, la psicología y la sociología, enriqueciendo con ello su marco explicativo. Con todo, puntualizaron que para evitar ambigüedades debidas a los múltiples significados del concepto de cultura, con cultura política ellos sólo harían referencia a una “orientación psicológica hacia objetos sociales” (180), y en concreto, “al sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población” (Ibidem). De acuerdo con Rodríguez (2017), esta visión integradora se ha debido en gran parte al interés de la ciencia política por explicar los procesos sociopolíticos, lo que ha derivado en un amplio intercambio con las ciencias sociales.

En suma, se optó por la perspectiva de Almond y Verba debido al interés de estos autores en contrastar elementos de congruencia/incongruencia entre la cultura política y la estructura política, privilegiando la búsqueda de variables que expliquen la estabilidad/inestabilidad de los sistemas políticos (Rodríguez Franco, 2017), una postura afín al objetivo de este trabajo. Aunque la intención aquí no es comparar los sistemas políticos y sus características, sí se aspira a contrastar aspectos de la estructura y cultura políticas para identificar coincidencias o discrepancias. Es decir, examinar el vínculo entre el contexto sociopolítico del país y los juicios, sentimientos y valoraciones ciudadanas respecto al sistema político, sus procesos y sus representantes, y así entender cómo el medio social ha influido en el comportamiento político de los individuos, y en particular, en el comportamiento electoral de los mexicanos en las últimas elecciones.

Contexto sociopolítico mexicano

Durante las últimas décadas del siglo XX, el contexto político mexicano estuvo lejos del ideal democrático, pues tal periodo se caracterizó por el autoritarismo y represión de un gobierno que por más de setenta años encabezó un partido hegemónico (PRI) debido a la carencia en el país de un sistema de partidos competitivo. Si bien es cierto que el PRI comenzó como un partido nacionalista y populista, con el paso del tiempo fue mutando hacia una formación con posturas más neoliberales (Emmerich, 2007).

Con la entrada del siglo XXI y la gradual alternancia en el poder que inició en las elecciones intermedias de 1997 y se consolidó con la victoria del PAN en las presidenciales del 2000 (Moreno, 2003), parecía que llegaban nuevos bríos al país. De hecho, en ese periodo hubo un aumento de confianza institucional en los tres niveles de gobierno, aunque después bajara drásticamente por los varios errores cometidos durante el primer año de gobierno panista (Morales, 2015). Ello quizás se deba a las grandes expectativas que existían hacia el sexenio de Vicente Fox Quesada, pues constituía la primera ocasión en la que un partido distinto al PRI ostentaba el poder. Como señalan Duarte y Jaramillo (2009), cuando el PRI perdió la presidencia de la República “desapareció un pilar fundamental del régimen autoritario, sus bases se trastocaron y hubo razón para el optimismo” (161).

Luego vinieron las polémicas elecciones de 2006, en las que el PAN, a través de su candidato Felipe Calderón Hinojosa, resultó nuevamente ganador en la contienda por la presidencia al derrotar AMLO, en aquél entonces candidato del PRD. Tales elecciones han sido las más competidas en la historia del país, aunque también las más cuestionadas debido a ciertas irregularidades registradas en el proceso electoral (Valles, 2016), que apuntan inclusive a la posibilidad de fraude (de Icaza-Herrera, 2006). Además, no puede dejar de mencionarse la lamentable y antidemocrática intervención del presidente Fox en el proceso electoral, quien con apoyo del PAN y la élite empresarial puso en práctica varias de las prácticas del antiguo régimen al que tanto había criticado (Duarte & Jaramillo, 2009).

Sin duda, tanto lo acontecido durante la campaña como el desenlace de los propios comicios, tuvo mella en el ánimo democrático de los mexicanos. Prueba de ello es que en 2008, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reportó que México ocupaba el último lugar de toda la región junto con Paraguay y Perú en cuanto al nivel de democracia percibido por sus ciudadanos (CEPAL, 2008). De ahí que se afirme que las elecciones mexicanas de 2006 generaron una crisis política y evitaron la consolidación de la democracia en el país (Emmerich, 2007).

Para algunos autores, la corrupción y el fraude se habían convertido en el sello distintivo de la mayoría de los procesos electorales del país (Duarte & Jaramillo, 2009), pues éste todavía padecía los estragos de un sistema autoritario y centralista en el que la relación gobierno-ciudadanía se encontraba insertada en un modelo corporativo promotor del clientelismo (Gildo, 2014; Ziccardi, 2010), donde imperaban la simulación y la escases de intervenciones ciudadanas efectivas (Olvera, 2009). Por ende, los mexicanos se mostraban apáticos ante los temas políticos, ponían en tela de juicio la utilidad y legitimidad de su participación, y desconfiaban tanto de las instituciones como de sus representantes políticos. Todo ello se manifestaba en la quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), que en 2012 reportó que 85% de los mexicanos consideraba a la política un tema complicado, y que el 65% tenía poco interés en ella, y el 19%, nada (INEGI-SEGOB, 2012).

Ese mismo año, y después de un sexenio caracterizado, por un lado, por buenos indicadores económicos (Ortega & Somuano, 2015), y por el otro, por la violencia provocada por el enfrentamiento con el crimen organizado, la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el país se preparaba de nuevo para otras elecciones presidenciales. En tales comicios, los resultados electorales favorecieron al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien a pesar de ser fuertemente criticado por su gestión como gobernador del Estado de México respecto a casos como el de San Salvador Atenco, y padecer la oposición de movilizaciones sociales como el movimiento #YoSoy132 que cuestionaban la legitimidad del sistema político mexicano (Rocha-Quintero, 2014), ganó la contienda y con ello sentenciaba el regreso del PRI a la presidencia. Nuevamente, AMLO quedaba relegado a la segunda posición, aunque esta vez por un margen más amplio al de 2006 donde la diferencia frente a Calderón fue de menos de un punto.

El regreso del PRI podría explicarse esencialmente por tres factores: a) la sostenida pérdida de popularidad de Calderón; b) la capacidad de Peña Nieto para evitar divisiones en su partido; c) y la gran animadversión que tenían diversos sectores de la sociedad hacia AMLO (Olmeda & Armesto, 2013). En contraste con el PRI, el PRD no fue capaz de mantenerse unido y tras la salida de López Obrador el partido acabó por fragmentarse (Espinoza & Navarrete, 2016). Este acontecimiento sólo fue el preámbulo a la aparición de MORENA como partido político, que competió por primera vez en las elecciones intermedias de 2015 obteniendo resultados favorables, confirmando así el final de la hegemonía perredista en la Ciudad de México (Navarrete et al., 2017), y no mucho tiempo después, su desplazamiento como la principal alternativa de izquierda en el escenario político mexicano. Como prueba de ese desfondo, está el hecho de que el PRD fue el partido con peores resultados en la elecciones de 2018, pues sólo fue capaz de mantener el 16% de las secciones que ganó en las intermedias de 2015 (Torreblanca et al., 2018).

Durante el gobierno de Peña Nieto se llevaron a cabo varias reformas estructurales mediante el denominado “Pacto por México”. Con su realización, se mantenía la agenda neoliberal iniciada a principios de los ochenta por el presidente Miguel de la Madrid, centrada en reducir las funciones del Estado para dejarlo como una institución dedicada a liberalizar la economía y brindar certeza jurídica a la inversión capitalista (Rocha-Quintero, 2014). Aunque también es cierto que, al menos en cuanto a la reforma hacendaria, varias de los criterios adoptados fueron sugeridos por especialistas y académicos que demandaban una mayor regulación de los capitales y más medidas enfocadas a la redistribución del ingreso en el país (Rocha-Quintero, 2014).

El sexenio peñista tuvo resultados muy someros en lo económico, además de pasar sin pena ni gloria en cuanto a materia de política social (Gutiérrez, 2016). En cambio, en los rubros donde sí destacó la administración peñista fue en inseguridad y corrupción. Respecto a lo primero, a pesar de las diversas reformas realizadas a la constitución, durante este sexenio el Estado fue incapaz de garantizar siquiera derechos fundamentales como la asociación o la libertad de expresión, y debido a la censura y represión gubernamental y las acciones del crimen organizado, el país fue completamente inhóspito para el activismo cívico (CIVICUS, 2018). De hecho, a finales de 2018, México se encontraba en el lugar 142 de 163 respecto al índice de paz global, situándolo como uno de los países más violentos del mundo (Institute for Economics and Peace, 2018).

En relación a lo segundo, los múltiples casos de corrupción en los que vio involucrada la administración peñista, por ejemplo el de “La Casa Blanca de Peña Nieto”, donde el Grupo Higa se vio beneficiado con miles de millones de pesos en contratos federales durante el sexenio (Rodríguez García, 2018), afectaron bastante la imagen de su gobierno. Al punto en que el Barómetro Global de la Corrupción 2017 situó a México como el país con la mayor tasa de sobornos de toda Latinoamérica, y el Latinobarómetro del mismo año, como uno de los cinco países con mayores niveles de corrupción en la región (Bautista-Farías, 2018).

Así, el desempeño del gobierno mexicano en los tres últimos sexenios podrían sintetizarse como plantea Aguilar (2018) en las siguientes líneas:

Los tres gobiernos de la primera democracia mexicana fueron cortos en sus resultados y largos en las consecuencias de sus errores. El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) decidió atenuar con dinero del presupuesto federal a la oposición política y corrompió la democracia. El de Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra al narcotráfico y ensangrentó al país. El de Enrique Peña Nieto (2012-2018) expandió la violencia y multiplicó la corrupción (párrafo 3).

Quizás lo más preocupante es que no es sólo la cultura política la que incide en las estructuras políticas, sino que también éstas afectan a la primera (Peschard, 2016), lo que complejiza más la cuestión porque los ciudadanos perciben que es poco lo que pueden hacer al respecto. Es en este contexto en el que se realizaron las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018, donde acudieron a votar más de 56 millones de mexicanos que representaban el 63.8% de la lista nominal (García & Jiménez, 2018), y que redundaron en la apabullante victoria de AMLO y en una nueva configuración del mapa electoral del país (Torreblanca et al., 2018).

Metodología

Para este trabajo se implementaron métodos cuantitativos, utilizado específicamente técnicas de estadística descriptiva y representación gráfica de los datos. Estos últimos se obtuvieron del banco de datos en línea que hay en el sitio web de la Corporación Latinobarómetro (www.latinobarometro.org). Una vez descargada la base de datos de la edición 2017, se procedió a seleccionar sólo los datos referentes a México, es decir, aquellos con clave de identificación de país 484.

La muestra estuvo conformada por 1200 mexicanos, de los cuáles 576 eran hombres (48%) y 624 mujeres (52%), de entre 18 y 88 años, con una media de edad de 41.9 (DE = 16.6) y una moda de 26. La mayoría de los encuestados estaban casados o eran convivientes (64.3%), y prácticamente 4 de cada 5 (80.3%), eran católicos.

Los reactivos que se consideraron para este análisis fueron diez: uno sobre percepción de los problemas del país, tres de percepción de la democracia, tres referentes a la percepción de la situación económica, dos sobre percepción de corrupción y uno sobre confianza en las instituciones. La descripción de las preguntas, sus respectivas opciones de respuesta y la temática a la que corresponden cada una pueden consultarse de forma detallada en el Cuadro I. El programa utilizado para realizar los análisis estadísticos fue la versión 22 del SPSS Statistics (IBM), y para las gráficas, el programa Excel de la paquetería Office de Microsoft.

Resultados

Primero, ante la pregunta abierta de “¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país?”, la mayoría de mexicanos que participaron en la encuesta respondieron que cuestiones referentes a la delincuencia o la seguridad pública, mencionadas 334 veces. El segundo problema más citado fueron situaciones relacionadas con la política, pues se aludió a ellas en 190 ocasiones. Luego, el tercer y cuarto problemas con más menciones fueron la corrupción y las cuestiones económicas/financieras, señalados en 156 y 136 ocasiones, respectivamente. En la Gráfica 1 pueden apreciarse el resto de los problemas citados.

Gráfica 1
Problemas más importantes del país según la percepción de los mexicanos
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017

Cuadro I
Reactivos de la encuesta Latinobarómetro 2017 considerados para el análisis
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017

Luego, respecto a la percepción de democracia en el país, el 37.7% de los encuestados consideró que “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, mientras que sólo el 12.9% señaló que “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”. Aunque quizás lo más relevante de este reactivo es que la mayoría de los mexicanos (38.4%) no mostró un apoyo pleno a la democracia sino que eligió la respuesta: “A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático”.

Cuando a los mexicanos se les pidió que en una escala del 1 al 10, donde 1 significa “México no es democrático” y 10 “México es totalmente democrático”, evaluaran qué tan democrático era el país, el valor modal de las respuestas fue 5, seguido después por el 1, cada uno con 247 y 218 menciones, respectivamente. La Gráfica 2 refleja la anormalidad en la distribución de respuestas, debido al elevado porcentaje de ellas situado en el extremo izquierdo de la escala.

Gráfica 2
Respuestas al reactivo de evaluación sobre cuán democrático es el país en una escala del 1 al 10
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

En cuanto a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, la mayor parte de los encuestados se encontraban definitivamente insatisfechos, ya que un 43.7% dijo estar “No muy satisfecho” y el 34.8%, “Nada satisfecho” (Gráfica 3).

Gráfica 3
Grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en México
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Respecto al funcionamiento de la economía, el grado de insatisfacción de los mexicanos era bastante similar, con datos que indicaban que sólo 0.5% se sentía “Muy satisfecho” con la misma Gráfica 4.

Gráfica 4
Grado de satisfacción con el funcionamiento de la economía en México
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Continuando con otros resultados sobre percepción de la situación económica del país, se encontró que alrededor de la tercera parte de los encuestados (35%) creía en ese momento que la situación era “Mala”, y el 42% que era “Regular” (Gráfica 5).

Gráfica 5
Percepción de la situación económica actual de México
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Por otro lado, al pedirles su opinión respecto a la distribución del ingreso en el país, más de la mitad (54%) de los encuestados la consideró “Injusta”, y un 31%, “Muy injusta” (Gráfica 6).

Gráfica 6
Percepción de la justicia en la distribución del ingreso en México
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Cuando se cuestionó a los mexicanos sobre el grado de corrupción que creían que existía en determinados sectores, calificándolas en una escala de 0 a 10 donde 0 significa “Nada” y 10 “Mucha”, la moda en las respuestas fue este último valor. O sea, que en todas las instituciones u organizaciones incluidas en el reactivo (tribunales de justicia, grandes empresas, gobierno nacional, gobierno municipal, congreso nacional y sindicatos), la mayoría de los encuestados percibía mucha corrupción.

Si se contrastan las medias de cada una de estas instituciones u organizaciones evaluadas, se aprecia que donde los mexicanos percibían más corrupción era en las municipalidades, con una media de 8.14 (DE = 2.38) y el Gobierno nacional con 8.05 (DE = 2.41). Mientras que las mejor situadas fueron las grandes empresas y el Congreso nacional, con promedios de 7.22 (DE = 2.62) y 7.23 (DE = 2.74), respectivamente (Cuadro II).

Cuadro II
Medias del grado de corrupción percibida en diversas organizaciones o instituciones mexicanas

Ante la pregunta de “¿Qué tan bien o qué tan mal diría Ud. que el actual gobierno está tratando la lucha contra la corrupción pública”, el 37% de los encuestados dijo “Mal” y el 22 % “Muy mal” (Gráfica 7).

Gráfica 7
Percepción sobre la forma en que el gobierno enfrenta la corrupción pública
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Por último, respecto a la confianza en las instituciones, la Iglesia es la que gozaba de mayor confianza por parte de los mexicanos, seguida de las Fuerzas armadas y la Institución Electoral. En contraste, aquellas en las que menos confianza depositaban los ciudadanos eran los Partidos políticos y el Gobierno (Gráfica 8).

Gráfica 8
Distribución de las respuestas en los reactivos de confianza hacia las instituciones en México
Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Discusión y conclusiones

Con los resultados antes presentados puede decirse que la inseguridad pública, los problemas políticos, los económicos/financieros y la corrupción, fueron los temas más preocupantes para los mexicanos durante el año previo a las elecciones de 2018, siendo evidente que MORENA fue el partido que mejor capitalizó la situación. De hecho, su plataforma electoral, que se presume fue elaborada a partir de propuestas de un grupo de especialistas de distintas corrientes de pensamiento político, social y económico, menciona justamente a la corrupción, al crecimiento económico y a la pobreza, entre los asuntos prioritarios a atender en el sexenio (MORENA, 2018a).

Sin duda, el asunto más preocupante, y no sólo en el 2017 sino desde hace ya varios años en nuestro es país es el referente a la inseguridad. De los cuatro candidatos a la presidencia, AMLO fue quien más habló sobre el tema en las campañas (Rendón, 2018). De hecho, MORENA dedicó un capítulo de su plan de gobierno a este tema en particular, titulado “Sociedad Segura y Estado de Derecho”, donde se realizan varias propuestas para reducir la delincuencia e inseguridad, resaltando entre ellas, la profesionalización del Ministerio Público y la creación de un “Mando Único” en las corporaciones policiacas (MORENA, 2018b). Además, propuso la creación de un programa de becas para los jóvenes que no estudian ni trabajan para reducir las probabilidades de la población que está en mayor riesgo de involucrarse en conductas delictivas (Rendón, 2018).

Quizás la propuesta más polémica es la referente a la creación del Mando Único. Ésta ha sido criticada por expertos como Edgardo Buscaglia, quien señala que México, al estar entre los cinco países con mayor delincuencia organizada con violencia física en el mundo (después de Afganistán, Irak, Siria y Nigeria) y contar con importantes vacíos de estado, requiere la implementación de una estrategia muy distinta (Buscaglia, 2015). Para el autor, esa forma represiva de tratar de incidir en la seguridad provoca la llamada “Paradoja de la represión” o “Paradoja del castigo esperado” (Buscaglia, 2008), la cual además de ser ineficaz, es prácticamente la misma que han llevado a cabo otros presidentes como Ernesto Zedillo, Vicente Fox o Felipe Calderón, obteniendo resultados lamentables. Independientemente de la postura adoptada a este respecto, la realidad es que el tema de la inseguridad ha rebasado completamente a la capacidad del Estado, lo cual queda de manifiesto en los elevados índices delictivos, la corrupción e impunidad, y las ineficaces políticas públicas instrumentadas en el país para intentar hacer frente al fenómeno criminal (Haro, 2016).

Por otro lado, los resultados sobre percepción de la democracia fueron sorpresivos porque la mayoría de encuestados se mostraron indiferentes ante la cuestión de vivir en un régimen democrático, e incluso muchos de ellos señalaron vivir en un país no democrático. Aunque también es cierto que una proporción similar de mexicanos sigue prefiriendo a la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno. Tal bipolaridad puede explicarse desde la perspectiva de la paradoja de la democracia, donde se plantea que, en la actualidad, todas las sociedades desean la democracia, pero nadie cree en ella. Este entusiasmo por la democracia, aunado al creciente recelo en las instituciones más importante del ecosistema político, provocan un escenario delicado en el sentido de que crece la brecha entre lo que piensa el ciudadano y lo que éste percibe en el actuar de sus representantes políticos (Van Reybrouck, 2017). De ahí la constante y generalizada insatisfacción con la democracia.

No es sorpresivo que el nivel de satisfacción con la economía fuera todavía más bajo que el de satisfacción con la democracia. El hecho de que la mitad de los encuestados evaluara negativamente la situación económica poco puede sorprender en un país en el que, de acuerdo con la CEPAL (2017), el 80% de su riqueza es concentrada por el 10% de sus familias, y donde la tercera parte de la misma la posee tan sólo el 1% de ellas. Sin embargo, resulta un tanto contradictorio que los mexicanos no percibieran al tema económico como un problema central en el país, sobre todo cuando la última versión del Latinobarómetro muestra que, en el 2018, el principal problema para los ciudadanos de la región ha sido justamente ese asunto (Corporación Latinobarómetro, 2018).

En cuanto a la corrupción, tercer tema más importante para los mexicanos según los datos revisados, es evidente que la mayor parte de la ciudadanía percibe que tanto las instituciones de la democracia como las empresas u organizaciones del sector público son corruptas. En ese sentido, es probable que MORENA haya sido el partido mejor posicionado previo a los comicios de 2018, pues a diferencia del PAN, el PRD, y sobre todo, el PRI, carecía de antecedentes negativos al respecto. Al parecer, casos como el de “La Casa Blanca”, “La Estafa Maestra”, o los de los exgobernadores Duarte y Moreira, entre otros, seguían presentes en la memoria de los mexicanos a pesar de la exagerada inversión en publicidad oficial por parte del gobierno de Peña, que a mediados de su cuarto año en el poder había superado ya la cantidad de 35,000 millones de pesos en gastos en ese rubro (Bautista-Farías, 2018). Si además se considera que para casi un 80% de los mexicanos la corrupción es un problema serio (Casar, 2016), y que los puntos más endebles del sexenio peñista fueron justamente la corrupción e inseguridad, resulta menos sorpresivo que la balanza electoral se inclinara hacia el lado de MORENA.

Es curioso, y al mismo tiempo preocupante, que a pesar de que el estudio de Almond y Verba se realizó hace más de medio siglo, sus conclusiones respecto a la cultura política mexicana, y en particular, sobre la corrupción en el país, permanezcan tan vigentes:

La infraestructura democrática mexicana es relativamente nueva. La libertad de organización política es más formal que real, y la corrupción está muy extendida en todo el sistema político. Estas condiciones pueden explicar la interesante ambivalencia de la cultura política mexicana: muchos mexicanos carecen de habilidad y experiencia políticas, pero no obstante su esperanza y confianza son elevadas; además, combinadas con estas tendencias aspirantes a la participación, tan extendidas, se da también el cinismo de la burocracia e infraestructura políticas (2001:201).

Un tema muy relacionado al anterior es el referente a la confianza en las instituciones, ya que la corrupción suele ser el principal motivo de la desconfianza ciudadana. No es posible que exista confianza política sin la creencia en que las instituciones actuarán siempre de forma justa ante la ciudadanía, y evitando en todo momento acciones perjudiciales hacia la misma (Montero, Zmerli, & Newton, 2008). En el caso mexicano, la situación es delicada porque una de las instituciones peor valoradas fue justamente la policía, máxima responsable de la seguridad ciudadana. Y si a ello se añade que las dos instituciones hacia las que se percibe mayores niveles de corrupción son los gobiernos nacional y municipal, y que la calidad o eficiencia de la policía depende en gran parte de la labor de éstos, el asunto se torna aún más preocupante.

Para que esta situación pueda cambiar es necesaria una mejora significativa en el desempeño institucional. En la medida en que la ciudadanía perciba a las instituciones como capaces de realizar sus respectivas funciones adecuadamente, depositarán una mayor confianza en ellas (Palazuelos, 2012), pues se dice que la eficacia gubernamental incide directamente en el grado de confianza institucional (Segovia, Haye, González, Manzi, & Carvacho, 2008). En términos de la cultura política, a lo que se haría referencia es a la calidad de la información generada por las estructuras administrativas (outputs) hacia los objetos políticos (Almond & Verba, 1989, 2001), pues es la que provoca ciertos sentimientos y opiniones, en este caso, desconfianza a partir de la opinión negativa respecto al desempeño de estas estructuras.

Así, aunque en México se han hecho esfuerzos por acotar la corrupción, como la ruptura del pacto de impunidad que supuso la denuncia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor del PRI de esa entidad, o el encarcelamiento o procesamiento judicial de varios exgobernadores (Bautista-Farías, 2018), las estructuras administrativas del sistema político aún tienen mucho trabajo por hacer si quieren modificar la percepción de la ciudadanía.

Es muy complicado establecer en qué momento los ciudadanos dejaron de tener confianza en sus instituciones y representantes políticos. Lo que sí se sabe, es que desde hace más de veinte años, la Iglesia es la institución en la que más se confía, y los partidos políticos, en la que menos, y no sólo en México sino en toda América Latina (Corporación Latinobarómetro, 2015). Y quizá lo más grave es que los niveles de confianza han ido decreciendo cada vez más en toda la región, con todo y lo que ello implica pues algunas investigaciones reportan que existe una asociación entre la desconfianza institucional y la baja participación electoral (Pérez-Verduzco & Tapia, 2018; Temkin, Salazar, & Ramírez, 2004).

Por otro lado, aunque los altos niveles de desconfianza en los partidos políticos se hayan vuelto un lugar común en la literatura sobre confianza política, en el contexto de este trabajo los datos sí permiten generar más argumentos a favor de que atribuir los resultados del 1 de julio tan sólo a las características de MORENA no es acertado. ¿Votarían los mexicanos por una organización en la que no confían sólo porque presenta cierta flexibilidad ideológica? Evidentemente, y como ya se había planteado al inicio del escrito, la variable de partido “atrapa todo” es un recurso explicativo válido, pero insuficiente o limitado para entender a cabalidad los resultados electorales de 2018.

Cabe señalar que en la actualidad, la literatura sobre el fenómeno de MORENA es ínfima, lo que dificulta la labor investigativa en el sentido de contar con pocas referencias teóricas para explicar su conformación y desarrollo. Si bien ya existen algunos esfuerzos valiosos para reconstruir su evolución desde aquél movimiento surgido después de las elecciones de 2006 hasta al novel partido político conformado a finales de 2011 (Bolívar, 2014; Espinoza & Navarrete, 2016; Navarrete et al., 2017), aún es temprano para analizar su desempeño como partido en el gobierno (no como oposición) debido a la ausencia de datos empíricos sobre su comportamiento o impacto de sus políticas.

En otras palabras, MORENA recién atraviesa la segunda de tres etapas de la evolución de un partido político: la institucionalización. Una vez pasada la fase de génesis, donde prevalecen los incentivos colectivos asociados a la formación de la identidad organizativa, empieza la fase de institucionalización caracterizada por la predominancia de incentivos selectivos relacionados con el desarrollo de una burocracia (Panebianco, 1993). Posteriormente, si se lograse consolidar como partido, luego de superar la transición de una ideología organizativa manifiesta a una de carácter más bien latente y ambigua, llegaría entonces a la etapa de madurez, donde la supervivencia y el equilibrio de los intereses particulares se tornan los principales objetivos de la organización (Panebianco, 1993). Una vez en el gobierno, es evidente que MORENA entrará a esta fase de madurez, por lo cual adquiere todavía más relevancia estudiar su rol no sólo como gobierno, sino como una fuerza política emergente en la reconfiguración del sistema de partidos en México (Espinoza & Navarrete, 2016).

En suma, con todos estos datos se tienen más argumentos para explicar que el último proceso electoral mexicano se caracterizó por el hartazgo social respecto a varios temas políticos y económicos, y que la ciudadanía demandaba un cambio radical en la forma de administrar los bienes políticos y servicios públicos. Podría decirse que los mexicanos se encontraban afectivamente orientados hacia su autoridad gubernativa de manera negativa debido a su comportamiento reciente. No es casual que de acuerdo con el propio Latinobarómetro 2017, el 77% de los mexicanos desaprobaba la gestión de Peña Nieto. Por lo que es factible que buena parte de los electores optaran por el voto de castigo, eligiendo de forma generalizada a la alternativa más alejada del sistema, pues según los resultados electorales, el candidato de MORENA ganó más de la mitad de las secciones de todos los estados del país con excepción de Guanajuato, demostrando que no se trataba sólo de un fenómeno aislado, sino de una reacción común en todo México (Torreblanca et al., 2018).

Por otro lado, vale la pena apuntar que un resultado electoral nunca brindará la certeza de que el desempeño de los representantes recién elegidos por las mayorías para encabezar el gobierno será mejor al de los representantes salientes. Es decir, que la alternancia por sí misma no es garantía de nada, y como muestra los botones de las dos alternancias mexicanas de 2000 y 2012. Sin embargo, es un hecho que cuando las alternancias en el poder se dan de forma pacífica y transparente, tal como la recién acontecida en México, y se evitan escenarios como el de las elecciones de 2006, siempre será positivo para la democracia en términos de la legitimidad del régimen. Además, hay evidencias de que la alternancia en el poder trae consigo una mayor satisfacción con la democracia y una renovación de la confianza en las instituciones (Moreno, 2003).

Para concluir, hay que decir que este análisis constituye sólo una especie de radiografía sobre algunos rasgos de la cultura política mexicana, y en particular, de su orientación afectiva y evaluativa. Quizás podría hablarse también de una fotografía de la percepción ciudadana y el entorno político previo a las elecciones presidenciales de 2018. Independientemente de la analogía que se prefiera, es innegable que las características del estudio no permiten realizar un análisis a profundidad sobre la cultura política del mexicano, ya que por propia definición, los estudios estrictamente culturales requieren datos provenientes de un espacio temporal mucho mayor a lo que aquí se ha presentado. Dicha cuestión es seguramente la debilidad más importante de este trabajo, la cual podría resolverse en futuras investigaciones que analizaran datos de carácter longitudinal. Otra limitación es la naturaleza de la información analizada, ya que sólo es de índole cuantitativa, lo cual deja fuera del análisis varios elementos de la cultura política o la percepción ciudadana que merecerían la pena estudiarse a través de técnicas o enfoques cualitativos.

La investigación sólo busca convertirse en una humilde aportación en la generación de explicaciones distintas a las comúnmente encontradas en los espacios de análisis sobre la actual coyuntura política mexicana. La intención es abonar al incipiente conjunto de literatura especializada en la llegada de MORENA y AMLO a la presidencia de México, a través de la contribución de un análisis desde la arista ciudadana. Asimismo, pretende establecer un punto de referencia para la realización de ulteriores trabajos que también vayan enfocados a estudiar este fenómeno sociopolítico, ya que cuando analizan datos provenientes de fuentes como el Latinobarómetro, generados cada uno o dos años, es posible contrastar los resultados de distintos contextos políticos y/o examinar si han ocurrido cambios a través del tiempo. De ahí la relevancia de esta clase de trabajos, pues además del análisis sincrónico implícito en la revisión de datos de un año en particular, dejan la puerta abierta a análisis diacrónicos que generen más conocimiento sobre el objeto de estudio.

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Notas de autor