Los Derechos Humanos,pilar de la sociedad

El término Derechos Humanos surgió en el mundo en un contexto de guerra y crímenes atroces en contra de la Humanidad, donde se buscaba que actos de la misma índole se pudieran evitar y así salvaguardar la integridad del ser humano. Desde la concepción de la Conferencia de San Francisco se inició la institucionalización y creación de un Organismo Internacional que funcionara, ya que se tenía la experiencia de la infructífera Sociedad de Naciones, por ello se creó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 1945, una vez concluido un capítulo que marcaría la historia mundial mejor conocida como Segunda Guerra Mundial.

Según Amnistía Internacional (2009): “Los horrores de la guerra y los juicios de Núremberg y Tokio mostraban la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y, sobre todo, de establecer claramente cuáles eran.” Tras dicha conferencia se firmó la Carta de las Naciones Unidas, lo que ahora se conoce como ONU.

No obstante dicha Carta no fue suficiente, era indispensable contar con un marco legal que respetara la integridad de los seres humanos, por tal motivo y después de tres años de la creación de la ONU, surgió un documento que tras varias discusiones y negociaciones, debido a las diferencias de concepción del término Derechos Humanos (DH), sustentó el papel importante de defender y proteger los derechos de todos los individuos. Según Amnistía Internacional (2009):

Con la aprobación de la Declaración Universal la humanidad se dotó a sí misma de un documento marco para la convivencia entre los seres humanos, con el objetivo de que estos derechos llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones.

Para la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UDHR), es importante recalcar que algunos de los principios básicos de los DH son “los derechos de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación” (UDHR, 2012), debido a que de ellos se derivan su importancia para todos y cada uno de los países que han firmado y/o ratificado dicha declaración y diversos tratados internacionales puesto que deben cumplirnos y respetarlos a nivel interno. Básicamente, no habría tantos problemas en materia de derechos humanos si se siguen estos principios básicos.

La UDHR ha tenido que complementarse con acuerdos y tratados internacionales en materia de DH que conjugan las diversas generaciones que en éste ámbito se han ido creando y debido a los acontecimientos sociales en diversas partes del mundo. Esto es importante debido a que con el devenir histórico se ha ido adaptando las legislaciones y organizaciones de DH a nuevas realidades ante la dinámica de un mundo interconectado.

En el caso de México, se han suscitado diversos escenarios de violaciones a DH en administraciones pasadas que han tenido repercusiones a nivel nacional pero también a nivel internacional, como claro ejemplo se puede mencionar durante la presidencia de Vicente Fox Quesada se dio el caso de tres mujeres indígenas (Alberta, Jacinta y Teresa) que fueron acusadas de ser responsables por el secuestro de seis funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones en el año 2006. Las mujeres indígenas tuvieron que afrontar una dura situación debido a las diversas violaciones que sufrieron durante su proceso legal, plagado de irregularidades, ya que:

El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica: en el momento de su detención su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas, por lo que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución mexicana era necesario que se le hubiera proporcionado un traductor para asistirla. Sin embargo, ningún intérprete la asistió ni durante su declaración preparatoria, ni durante las demás diligencias del juicio (Centro Prodh, 2018).

Este acontecimiento representó un precedente en materia de DH a nivel nacional debido a que, por la magnitud de la situación, diversas organización nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y el Centro Prodh, comenzaron a trabajar en conjunto para exigir la liberación de las tres mujeres, pero no se quedó solo en exigir su libertad, fue más allá al responsabilizar al Estado mexicano de la situación de privación de la libertad por un juicio con irregularidades y resarcir el daño ocasionado a través de una disculpa pública donde se reconociera su inocencia.

De esta forma, el 21 de febrero de 2017 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto se llevó a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de PGR hacia las mujeres Jacinta Francisco, Alberta Alcántar y Teresa González, siendo “un triunfo de las tres mujeres indígenas, que no sólo recuperaron su libertad tras ser injustamente acusadas, sino que también siguieron exigiendo que el Estado reconociera su inocencia. Lo demandaron no a una persona o funcionario en lo individual, sino a la institución que les agravió” (Centro Prodh en Animal Político, 2017)

Dicho acontecimiento fungió como un precedente para tomar en consideración reformas en materia de DH, en particular de reparación del daño, “De esta manera, se sentó un precedente a fin de que víctimas de encarcelamiento injusto, acudan a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de exigir una reparación integral del daño” (Centro Prodh, en Nexos, 2017).

Si bien a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dio un gran paso hacia el respeto y reconocimiento de éstos, aún queda mucho camino que recorrer, en el momento en que todos los seres humanos de cualquier parte del mundo gocen de estos principios en el más amplio sentido de la palabra y en todos sus ámbitos, el mundo habrá podido superar una etapa más de desarrollo. Es indispensable mencionar que no basta con la firma y ratificación de los diversos tratados internacionales, también es de vital importancia ir adaptando las legislaciones nacionales en la misma línea de los tratados firmados para estar en sintonía con los acuerdos a nivel internacional, cumpliendo con los compromisos.

En México un cambio sustancial en la legislación en materia de DH permitió alinear la posición internacional con la legislación interna en junio de 2011. En el Diario Oficial de Federación se publicó un cambió de vital importancia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como objetivo establecer la importancia de los DH para el gobierno mexicano pues inserta el término en el mismo nivel que la Constitución, modificando así el primer capítulo de la Constitución que anteriormente hablaba del término “Garantías individuales” que en cierta forma era ambiguo y se prestaba para diversas interpretaciones y tras la reforma se denominan “ De los Derechos Humanos y sus garantías” lo cual alinea el marco normativo constitucional con la política exterior de México en materia de DH, afirmando su compromiso con los tratados internacionales, pactos y convenciones firmadas y ratificadas por el país, dichas modificaciones permitieron al gobierno plasmar cambios sustanciales”. Los principales cambios de la reforma son:

1. La incorporación de todos los DH de los tratados internacionales como derechos constitucionales;

   La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de DH, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona;

   La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas: Promover; Respetar; Proteger y Garantizar los derechos humanos (Gobierno de México, 2017).

Para tales efectos es indispensable mencionar que la sociedad civil es un actor fundamental en cuanto al tema de DH, es de vital importancia mencionar que también corresponde exigir y vigilar el cumplimiento de dichos derechos en todos los ámbitos y espacios del territorio nacional. Lo cual ha permitido que la sociedad civil trabaje e interactúe con los diferentes niveles de gobierno para modificar y aplicar las legislaciones pertinentes.

Pocos cambios habrán de surgir en el país si continúa el apaciguamiento de la sociedad, pues esto permite que los gobiernos utilicen el poder sobre ella de manera coercitiva. Por tal motivo, se requiere mejorar en el aspecto de una sociedad civil ocupada del quehacer gubernamental, pues se debe incidir en dichas prácticas, para cambiar el rumbo cuando sea indispensable y necesario. Pues debido a que las políticas públicas están en constante modificación y cada una de esas conlleva un impacto en la misma En este sentido se destaca que:

[...] a más de tres años de la entrada en vigor de la reforma 2011 aún estamos lejos de que su implementación sea una realidad pero, sin duda, a raíz de ella se está gestando en México un nuevo Derecho Constitucional que se proyecta en todos los ámbitos del Derecho, transversalizando a los derechos humanos en la actividad pública. La reforma 2011 debe irradiar la vida nacional mexicana [...] no hay que argumentar demasiado, desde un enfoque de políticas, para reafirmar que la existencia de una norma no implica que ésta siempre será un criterio de orientación para las políticas que efectivamente se realizan. La distancia entre lo que debiera y lo que pudiera hacerse es uno de los temas más antiguos en la ciencia política en general (Canto 2010:88).

Aunque la sociedad civil si ha participado de forma activa en pro de los DH como lo demuestran las movilizaciones sociales en el país, así como la lista que presenta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México “Organizaciones de la Sociedad Civil de derechos humanos en México” (HCHR, 2019) de diversas organizaciones a nivel nacional distribuidas en todo el territorio nacional, es indispensable mencionar que uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan y que es parte de la responsabilidad del gobierno, tanto de administraciones pasadas, como de la actual es la protección a los defensores de DH, quienes en diversas circunstancias reciben amenazas y sufren ante acciones que atentan contra su plena integridad en los ámbitos personales y profesionales, por el trabajo que desempeñan violando así el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona.

En lo que va de la actual presidencia se han suscitado los casos de seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos asesinados, siendo un reto para la actual administración la protección a los ciudadanos que realizan su profesión y que trabajan en pro de los DH. Debido a tales acontecimientos, a través de la Secretaría de Gobernación y en una de las conferencias presidenciales que se realizan por las mañanas, se dio a conocer una serie de mejoras en el Mecanismo de protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tales como “el reemplazo de la contratación de empresas privadas de escoltas, por seguridad del Estado con capacitación de la Policía Federal Preventiva y del área de protección a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional” (CRM, 2019).

Si bien es necesario mencionar que se ha tomado de forma positiva por parte de organizaciones defensoras de DH el anuncio de las nuevas acciones para que el mecanismo de protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sea funcional y tenga un impacto positivo en el país, aún queda pendiente el verificar por qué aunque algunas personas que son parte de dicho mecanismo debido a la profesión que llevan su vida aun perteneciendo a dicho mecanismo no está garantizada, puesto que se han suscitado situaciones dentro de las cuales destaca un caso en el cual el periodista fue asesinado aunque formaba parte del Mecanismo de protección, toda vez que como señala el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “la defensa y protección es una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a particulares” (Encinas, en lopezobrador.org.mx, 2019).

De esta forma, es deber del gobierno pero también responsabilidad de la sociedad velar por el cumplimiento de los DH, pues son hilo conductor del actuar social, siendo estos un pilar de cohesión social. Los DH se encuentran en una encrucijada, es indispensable voltear y observar los aciertos y desatinos de las administraciones pasadas, “ubicar los Derechos Humanos como orientación de las políticas públicas implica abordar la tensión entre marco normativo (los DH), los recursos para financiarlos y las estrategias para garantizarlos, así como las instituciones para procesarlos y la exigibilidad de los diversos actores sociales” (Canto 2010, 88)

Cabe resaltar que con la entrada de un nuevo gobierno, el país se encuentra en un punto importante para incentivar y exigir la implementación de los DH en políticas públicas, para comprender los retos que enfrenta el nuevo Gobierno falta hacer un recuento lo de acontecido y plantear una perspectiva de acuerdo a las propuestas de la nueva administración.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos no es cosa fácil pues, generalmente, los mismo no se presentan como un acto de liberalidad por parte de la autoridad, sino más bien como una conquista del pueblo, y una vez obtenido ese reconocimiento, ¡cuánto cuesta su real vigencia!, pues parecería que los gobernantes de todo el mundo, en todas épocas, fueran los enemigos natos de esos mismos derechos primarios del ser humano. De ahí que no basta con declararlos, sino que es fundamental un adecuado sistema de protección de los mismo, a saber: las oportunas garantías jurídicas y sociales (De la Borbolla 1999:9).

Ahora bien, haciendo un recuento de la situación de los DH durante la administración de Enrique Peña Nieto, éste dejó al país en una situación muy complicada, en gran medida por la ausencia de políticas públicas que privilegiaran los compromisos internacionales y la falta de rumbo en materia de seguridad pública, con autoridades policiacas corrompidas por el crimen organizado y autoridades militares y de la marina que no mostraron respeto de todos los protocolos existentes, siendo parte de violaciones a los DH, por ejemplo, Human Rights Watch, señala que “miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos –incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura– en el marco de acciones contra el crimen organizado” (HRW 2018).

En rubros como las desapariciones forzadas, desde 2006 el número de desaparecidos ronda los 32 mil (HRW, 2018), a pesar de que en 2015 se creó una fiscalía especial no se han logrado avances en casos como el del año 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, siendo severamente cuestionada la investigación de la Procuraduría General de la República por organizaciones defensoras de los DH, ya que como señala la Dra. Mónica Serrano del Colegio de México: “Bajo la niebla de esta violencia no sólo hemos ido reconociendo los signos de una verdadera crisis humanitaria –tasas elevadas de homicidio, desapariciones forzadas y a manos de criminales, desplazamientos forzados, multiplicación de fosas clandestinas–, sino también un proceso, cada vez más violento, de captura del Estado” (Serrano 2018, 103).

Aunado a ello, se han presentado ejecuciones extrajudiciales, en agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán. Además, la CNDH había recibido más de 2 mil denuncias por abusos cometidos por el ejército, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya, 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente sin que nadie haya sido condenado. (HRW 2018).

El gobierno de Peña Nieto otorgó amplias facultades a fiscales y jueces militares para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas, sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria, lo cual implica un retroceso en la materia. Otro aspecto crítico es el del ataque a periodistas y defensores a los DH, entre 2000 y 2017 fueron asesinados 104 periodistas y 25 se encuentran desaparecidos, el 90% permanecen impunes, “Una investigación llevada a cabo en julio de 2017 por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, indicó que al menos 11 activistas de derechos humanos y periodistas (así como el hijo de 16 años de una periodista) y miembros del GIEI habían sido blancos de una campaña de espionaje llevada a cabo con un sofisticado software espía adquirido por el gobierno mexicano” (HRW 2018, 7).

Otro aspecto a destacar, es el de las fuertes fricciones entre el gobierno y distintos órganos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Relator especial contra la tortura de la ONU, la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, con un gobierno intolerante a las críticas internacionales (Anaya 2018).

Uno de los pocos avances de la administración Peña Nieto se presentó en el tema de la orientación sexual e identidad de género, en mayo de 2016, buscó el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Constitución y en el Código Civil Federal, lo cual fue rechazado por la Cámara de Diputados; sin embargo, ordenó a instituciones federales que reconocieran la identidad de género emitiendo nuevamente certificados de nacimiento y pasaportes, sin la intervención de un médico. También dio instrucciones a la Secretaría de Educación de que incluyera el tema de la diversidad sexual en los nuevos materiales educativos (HRW 2018).

Cabe destacar que se llevó a cabo un proceso de transición respetuosa entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de representar proyectos políticos opuestos, al menos en el plano ideológico, el primero representante del modelo neoliberal y el segundo más cercano a un modelo neokeynesiano. Este proceso inició el 20 de agosto de 2018 con una conferencia de prensa conjunta (previamente se reunieron en tres ocasiones) en la que el presidente electo agradeció la cooperación de Enrique Peña Nieto,

Yo le agradezco mucho al presidente Enrique Peña Nieto su actitud [...] El presidente EPN, a diferencia de otros (presidentes) dio muestra de imparcialidad. No se involucró en el proceso electoral, como nos consta que sucedió en otras elecciones (López Obrador, en La Razón, 2018).

No obstante, el escenario que dejó el ex presidente Peña Nieto no es para nada sencillo, incluso se ha hecho referencia al Estado mexicano como un elefante reumático como lo calificó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador a principios del año 2019 en una de sus conferencias mañaneras el día viernes 1 de febrero “Con todo respeto a los elefantes, cuesta mucho trabajo empujarlo, es un cuerpo de avance lento, además no estaba hecho para el servicio de la sociedad, para el beneficio del pueblo, era un gobierno al servicio de traficantes de influencias, gobierno para los negocios particulares, negocios jugosos, hechos al amparo del poder público” (Informador, 2019). Así el escenario para la administración de Andrés Manuel López Obrador es muy complejo y enfrenta grandes retos, a continuación se presentan las recomendaciones internacionales y nacionales emitidas al nuevo gobierno.

Recomendaciones internacionalespara la administración AMLO

El 1 de diciembre de 2018 entró oficialmente en funciones como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con grandes expectativas por una parte importante de la población que brindó su confianza a través del ejercicio democrático del 1 de julio. En esta atmósfera de cambio, organizaciones internacionales en materia de DH realizaron una serie de recomendaciones, las cuales se presentan y analizan a continuación.

Amnistía Internacional (AI) es una de las organizaciones en materia de DH con mayor relevancia e incidencia en todo el mundo, siendo un referente indiscutible en el tema, es por ello que sus recomendaciones merecen ser tomadas en cuenta por la administración actual, a pesar de que la administración anterior haya hecho caso omiso a las mismas, haciendo de los DH el eje central de las políticas públicas y las decisiones gubernamentales. Por lo anterior, algunas de las recomendaciones realizadas por AI se presentan en el Cuadro I.

El tema del uso de las fuerzas armadas y la impunidad son parte de sociedad segura y Estado de derecho promovido por Amnistía Internacional, ante las violaciones a los DH cometidas por algunos miembros del ejército y la marina, las cuales quedaron impunes, ya que de acuerdo al estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) hubo apenas 16 soldados condenados por la justicia civil de entre 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito de 3,2%. Según el informe, los factores que obstaculizan las investigaciones civiles de personal militar incluyen las investigaciones paralelas civiles y militares, el poco acceso a los testimonios de la tropa y las alteraciones de la escena del crimen o los falsos testimonios de los soldados (AP en El Imparcial, 2017).

Resulta lógica la recomendación del retiro ordenado de las mismas en labores policiacas; sin embargo, la corrupción de las instituciones municipales y estatales, las cuales en muchas ocasiones se encuentran vinculadas al crimen organizado, ya que como señala el ex almirante Robledo Rincón siempre ha habido un grado de penetración del crimen organizado y el narcotráfico a las instituciones de gobierno y quien no lo sepa es que no vive en México (Robledo en Reyes, 2018), con lo que también coincide la catedrática del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM) Aida Torres Chávez (en Reyes, 2018), lo cual desde nuestra perspectiva complica el escenario de un retiro de las fuerzas armadas en el corto plazo. Este podría ser algo paulatino dependiendo de los avances en la capacitación de los policías municipales y estatales, así como la posible puesta en marcha de la Gendarmería Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y que será abordada en el último apartado.

En el rubro de fortalecimiento a la procuración de justicia se destaca la recomendación de eliminar la figura del arraigo y brindar independencia a la Fiscalía General de la República. En el primer caso, la Cámara de Diputados por unanimidad decidió eliminar esta figura con la supresión del párrafo octavo del artículo 16 constitucional que señala:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia (CPEU en ADN Político, 2018).

Sin embargo, para que se realice la reforma constitucional y se elimine la figura del arraigo será necesario que lo apruebe la Cámara de Senadores y posteriormente ser aprobado por la mayoría de los Congresos estatales.

Con relación a la independencia de la Fiscalía General de la República, el presidente nombró originalmente una terna compuesta por Eva Verónica de Gyves, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz; sin embargo, Juan Luis González Alcántara se convirtió en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en la terna se incluyó al ex secretario de Seguridad Pública durante la administración de Vicente Fox, Alejandro Gertz Manero, quien a la postre se convirtió en el primer fiscal general de la República.

Sobre el tema de violencia de género, consideramos que se requiere de la prevención y de investigaciones exhaustivas que puedan acabar con la impunidad, ya que de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la protección y garantía de los derechos de las mujeres no ha sido una prioridad de Estado, hecho que pone en riesgo la integridad de niñas y mujeres en México, toda vez que las políticas públicas en la materia, han sido reducidas al discurso y no a la implementación real, 18 de las 32 entidades federativas, 56٪ del territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) (Infobae, 2019). También se requiere de un gran esfuerzo de la sociedad, ya que en ocasiones algún uso y costumbre puede atentar contra los derechos humanos de las niñas y mujeres, aunado a una sociedad hetero patriarcal que ha fomentado la violencia de género.

Otro aspecto importante es la de los defensores de DH, los cuales se encuentran en situación vulnerable y requieren de la protección del gobierno mexicano, de 2012 a 2018, 161 personas defensoras de los DH fueron asesinados (Red TDT en Roldán, 2018), además el gobierno mexicano en varios momentos históricos ha tomado una posición represiva hacia la población, por ejemplo en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, en la que de acuerdo a la CNDH, 15 de los 22 civiles fallecidos fueron ejecutados por militares (CNDH en Animal Político, 2015).

Por otro lado, en la temática medio ambiental, se han privilegiado los intereses empresariales por encima del bienestar de comunidades enteras tomando una postura ideológica cercana al positivismo de finales del siglo XIX, tan solo la minería ha causado más de 15 mil conflictos sociales de acuerdo a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), algunos por el rechazo de la comunidad a las concesiones mineras que generan daños a la salud y el medio ambiente, además de conflictos del ámbito laboral (Flores, 2018). Es precisamente, garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas una de las recomendaciones de Amnistía Internacional, con énfasis en el derecho al territorio, el gobierno debe tomar en cuenta el interés de los habitantes y no dejarse llevar por las ambiciones de algunas empresas que con sus actividades han generado o pueden generar un daño ambiental irreversible.

Respecto a la migración, se sugiere un enfoque de derechos humanos, no uno que vea como criminales a los migrantes, consideramos además que se necesita una campaña de concienciación entre la población, ya que existe desinformación y grupos ultraconservadores mexicanos se han venido aprovechando con un discurso de racismo y xenofobia, olvidando la situación que muchos connacionales padecen en Estados Unidos.

En materia de política exterior resulta crucial como lo sugiere Amnistía Internacional posicionar la agenda de los derechos humanos como tema prioritario, México debe ser ejemplo en la promoción y respeto de los mismos, Andrés Manuel López Obrador debe seguir ese camino y no cometer los mismos errores de administraciones anteriores en las que lejos de aceptar las recomendaciones e investigaciones de organizaciones en pro de los derechos humanos prefirieron buscar la descalificación de las mismas como normalmente lo hacen los dictadores.

Por su parte, en el más reciente Universal Periodic Review (UPR) en el que se analiza la situación que guardan los derechos humanos en los estados miembros de la ONU (UNHRC, 2018), se presentan 366 recomendaciones, entre las que destacan dada su coincidencia entre varios países:

1. ● Adoptar la legislación apropiada en total conformidad con las normas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

   ● Tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares.

   ● Investigar casos de ataques y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos.

   ● Investigar los supuestos casos de tortura y otros abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía, el ejército y el personal de seguridad y poner fin al clima de impunidad.

   ● Tomar medidas efectivas para combatir la violencia y la discriminación contra las mujeres, incluidos los casos de asesinato y desaparición.

   ● Garantizar la seguridad y protección de periodistas y personal de medios de comunicación cuando estén cumpliendo con sus obligaciones profesionales.

   ● Combatir la impunidad como una de las prioridades del Gobierno.

   ● Evaluar el uso del arraigo.

De esta forma, a nivel internacional el tema de la seguridad es el que más destaca, ya que las imágenes que se proyectan al exterior son las de un país conmocionado por una ola de violencia producto de una estrategia poco efectiva de combate al crimen organizado, la cual debe reorientar la administración de López Obrador, además existe presión internacional por el respeto a los DH, particularmente la capacitación de las fuerzas policiales y armadas que en la administración anterior fueron señaladas constantemente por no respetar los DH.

Consideramos que hasta el momento no se ha logrado abatir los índices delictivos, el Semáforo Delictivo Nacional muestra un incremento de delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo, señalando que el homicidio es el indicador más preocupante con una tasa 5 veces superior a la tasa mundial con 2,476 en mayo de 2019 por 2,306 de abril (Roel, 2019). Tampoco ha mejorado la imagen al exterior en materia de seguridad, es una de las recomendaciones del UPR se señala que la función ampliada de los militares debe contrarrestarse con medidas para reforzar la protección de los DH y ese es básicamente el discurso empleado por la nueva administración que de momento no piensa retirar a las fuerzas armadas.

Otro tema que puede tener mayor incidencia o impacto internacional es el del asesinato a los periodistas, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, se ubica en el lugar 147 de 180, por lo que debe ponerse un alto ante vergonzosa tendencia.

Adicionalmente, el tema de la caravana migrante puede tener una repercusión internacional, se debe respetar los DH de los migrantes y promoverse el respeto a la ley, ya que el 12 de mayo de 2019, un grupo de migrantes hondureños quemaron la estación migratoria de San Pedro Panatepec, Oaxaca. Con este tipo de acciones se genera una imagen negativa hacia los migrantes centroamericanos, que muchas veces resulta infundada, ya que las acciones de unos cuantos no son necesariamente las de todos.

Para ello, es necesario entablar un diálogo respetuoso con los gobiernos centroamericanos en la búsqueda de alternativas reales de desarrollo en esta región, se requiere de un compromiso de los actores involucrados, es necesario mejorar las condiciones de vida de sus habitantes con mejores y más efectivas políticas públicas que ataquen los problemas de raíz y no sean simples paliativos muchas veces propuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que tienden a obedecer los intereses de un grupo específico de poder en Estados Unidos. de otra forma la situación no cambiará.

Recomendaciones nacionales para la administración AMLO

Históricamente en nuestro país han surgido diversas organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales que trabajan para fortalecer, aplicar y respetar los Derechos Humanos en todo el territorio nacional, las cuales han tenido variaciones y se han adaptado a las nuevas realidades políticas del país.

Una de las más relevantes en México ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desde sus orígenes ha fungido como una institución óptima y apegada al margen de la ley “Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano” (CNDH, 2019). El que existan instituciones de ésta índole permiten tener un panorama más amplio de lo que acontece en materia de DH, así como una perspectiva imparcial referente a las continuas violaciones a los mismos, los cuales se suscitan en el territorio de México.

La CNDH visibiliza, condena y da recomendaciones al Estado Mexicano, pero es éste último quien debe seguir y aplicar el marco jurídico nacional e internacional respecto a los temas señalados por dicha institución y diversas organizaciones a nivel nacional, por lo que es indispensable destacar las recomendaciones a nivel nacional de la CNDH, que en síntesis señalan:

Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los casos de Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo, Ocoyucan y los demás en que se determine la existencia de violaciones graves a los derechos humanos.

Redefinición de las estrategias de seguridad pública, a efecto de que la misma vuelva a quedar exclusivamente en manos de autoridades civiles y se marque un plan ordenado y verificable de regreso de nuestras fuerzas armadas a las funciones que les son propias.

Implementación administrativa y operativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de las Fiscalías Autónomas, previendo en este último caso un plan transparente y verificable para la transición entre la actual Procuraduría General de la República y la nueva Fiscalía General.

Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los casos de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria.

Establecimiento de un mecanismo de verificación respecto de la debida implementación de las leyes generales de desaparición y tortura, así como adoptar las medidas necesarias para que los mismos cuenten de manera oportuna y suficiente con los recursos presupuestales requeridos para su establecimiento y operación.

Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los homicidios y agresiones sufridas por periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos.

Revisión y replanteamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que contemple el establecimiento de mecanismos equivalentes en cada entidad federativa.

Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los casos de homicidio doloso cometidos en contra de mujeres en el país o de feminicidios.

Revisión del Mecanismo de Alerta de Género por Violencia en contra de la Mujer para fortalecerlo, hacerlo más eficaz y eficiente, y contar con indicadores claros de seguimiento.

Realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar la autonomía real de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en las entidades federativas y garantizar que los mismos cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con su encomienda (CNDH 2018).

Tras dichas recomendaciones dictadas por la CNDH consideramos que cada una de ellas es indispensable para el correcto funcionamiento del gobierno y la sociedad en general, debido a que si el gobierno sigue en su tendencia a no prestar la atención necesaria e indispensable para esclarecer dichos eventos, difícilmente se podrá lograr una cohesión entre ambos.

Respecto al tema de la conclusión de las líneas de investigación de los casos como el de Iguala, creemos que será necesario que el gobierno actual tomé la iniciativa para esclarecer el caso, debido a que dicho acontecimiento provocó una crisis interna de DH así como una gran transformación respecto a la imagen del gobierno frente a su población, pues se han tornado en una imagen negativa al considerarlo incapaz de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.

En cuanto a la puesta en marcha de un sistema nacional anticorrupción, la idea fue recibida de forma positiva por la población, pensando en que realmente las cosas mejorarían debido a las constantes noticias que dejaban las administraciones pasadas, pero consideramos que el hecho de la transición institucional lleva consigo un trabajo complejo que difícilmente podría completarse en tiempo determinado de su presidencia. y la elección de un nuevo fiscal anticorrupción pudiese estar influenciada por el actual gobierno trajo consigo una ola de incertidumbre, así como también el momento en el que el presidente mencionó que se combatiría la corrupción desde la entrada en vigor de su gobierno.

Aún con la existencia de las múltiples recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales, el actual gobierno ha ido por diversos caminos sin realmente realizar cambios significativos tomando en cuenta los comentarios y análisis externos. Si bien, en su primer acto de gobierno el presidente López Obrador se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos estableciendo la creación de la Comisión de la Verdad en Ayotzinapa, un acto que muestra al menos la voluntad política de la nueva administración, no es suficiente ya que se requieren de soluciones, eso es al menos lo que exige la ciudadanía.

Debido a la magnitud del cambio que genera en el país el establecimiento de una nueva institución, como parte de la estrategia de seguridad pública del actual gobierno, denominada Guardia Nacional, que desde la perspectiva del proyecto social Semáforo Delictivo Nacional, podrá ayudar en algunos delitos, pero difícilmente logrará impactar en homicidio y menos ahora que se ha distraído en funciones de migración en la frontera sur (Roel, 2019), es uno de los acontecimientos que más ha generado polémica debido a que para el presidente ésta institución es una de las más importantes y necesarias para iniciar la llamada Cuarta Transformación del país.

Por tal motivo el gobierno le ha dado una relevancia tanto de carácter nacional como internacional; sin embargo, para las organizaciones defensoras de DH dicha institución significa una clara llamada de atención, ya que se requiere vigilar los pasos y acciones del gobierno para prevenir situaciones que en otros países se han suscitado con instituciones similares.

Otro de los ejes que debe ser tomado en cuenta, como ya se ha mencionado previamente, es el de los migrantes, de enero a abril de 2019 se han recibido 18 mil 365 solicitudes de refugio (López Morales, 2019), por lo que los albergues no se dan abasto y esto se puede convertir en un muy grave problema en el mediano y largo plazo.

Gobiernos locales han tenido que solicitar reuniones con el presidente para saber de qué manera el gobierno federal apoyará en ésta problemática, debido a que las políticas adoptadas por la presidencia no se adaptan a la realidad social, económica y de infraestructura del país, es por eso que tras las diversas oleadas de migrantes se pudieron observar situaciones de rechazo hacia los migrantes y no por el hecho mismo de serlo, sino por la mala planeación de su llegada al país. Además de que existe presión de parte de las autoridades estadounidenses a través del presidente Donald Trump cuyas acciones inciden en el acontecer nacional.

Con relación a la flexibilidad del gobierno actual, esta ha sido mediana, ya que se ha escuchado a diversos grupos en pro de los DH; sin embargo, la decisión final no ha sido favorable al respeto y ejercicio pleno de los mismos, el mejor ejemplo es el de la creación de la Guardia Nacional, a pesar de que un sector importante de la sociedad mexicana, particularmente los intelectuales, mostró su rechazo a la misma, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de impulsar a toda costa su creación. Esto fue posible ya que posee un alto grado de respaldo popular y una mayoría de legisladores de su partido (MORENA), que junto a sus aliados ha logrado la aprobación de las diferentes propuestas de reforma impulsadas por la presidencia de la República.

Por otra parte, autores como el Dr. Alejandro Anaya del ITESO, sugieren una convergencia auténtica y constructiva con los órganos internacionales de derechos humanos; una política exterior que viera en esos órganos a un grupo de aliados en la búsqueda de soluciones, más que molestas instancias externas que fastidian todo el tiempo y dificultan la gobernabilidad con sus críticas y cuestionamientos (Anaya 2018).

Como se ha abordado previamente, las recomendaciones internacionales van en sintonía con las nacionales en la búsqueda del esclarecimiento de casos que significaron grandes violaciones a los derechos humanos en administraciones anteriores, en varias de ellas se vieron involucrados personal militar, por lo que el combate a la impunidad debe ser primordial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, la libertad de prensa debe ser garantizada, debe causar indignación a los mexicanos que no exista una prensa libre y que muchas veces aquellos periodistas que se atrevieron a hablar con la verdad fueron censurados o peor aún, terminaron con algún disparo en la cabeza. Lo mismo ocurre con el combate al crimen organizado, una estrategia fallida iniciada por el expresidente Felipe Calderón que únicamente generó zozobra entre los mexicanos, un plan que no atacó de raíz los problemas estructurales del país como la pobreza, desempleo y una tremenda desigualdad económica.

Ante ello en el último apartado se presentan las reflexiones finales en las que se incluyen posibles escenarios de la administración actual.

Reflexiones finales

La administración de Andrés Manuel López Obrador tiene como propuesta alinear diversos temas tanto de seguridad como de paz social dentro de un marco legal denominado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Si bien es cierto que el tema de DH es mencionado en dicho plan, se espera que las acciones tomadas también sean encaminadas en un marco de respeto, vigilancia y protección de los mismos.

En lo que se refiere a la seguridad pública, la prevención, la procuración e impartición de justicia y el trato oficial a delincuentes presuntos o sentenciados, es necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos. En lugar de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, es necesario ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores. Se debe transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa, de un estado de persecución a un estado de bienestar y de la ley de la jungla al imperio de la ley. (Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024)

Dentro de los diversos temas que menciona dicho plan hay un apartado denominado “Pleno respeto y promoción de los derechos humanos”, donde se menciona algunos motivantes que el gobierno quiere recorrer en materia de derechos humanos, pero no es claro ni específico el proceso a través del cual se logrará llevar a cabo dichas motivantes.

Es importante mencionar que aún con la existencia de instituciones que de cierta forma protegen los DH, existen legislaciones en desarrollo que podrían vislumbrarse como importantes vulneraciones a los mismos. lo que implicaría un retroceso severo.

En el mismo Plan nacional de Paz y seguridad se hace mención de un organismo nacional que trabaja en materia de DH, si bien es cierto se menciona lo siguiente (Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024): “Se invitará respetuosamente a participar en la observación de las tareas de seguridad, construcción de la paz y prevención del delito a la Comisión Nacional de los Derechos humanos”, se puede entender que la función de la CNDH seguirá siendo simplemente de un observador, por lo que si no se le hace partícipe de las acciones y retos que enfrenta la nueva administración, queda entendido que la práctica estaría limitando la plena inmersión de expertos en el tema, para las acciones tomadas.

En la legislación anterior, durante el mes de abril de 2018 se había trabajo respecto a eliminar constitucionalmente una figura jurídica que ha sido históricamente controversial, como ya ha sido mencionado en el segundo apartado, nos referimos al arraigo. Dentro de la Cámara de Senadores se discutió la relevancia de modificar la constitución para apegarse a las normas jurídicas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, debido a que la impartición de justicia no siempre ha sido efectiva en el país y con dicha figura jurídica entraba la preocupación de violaciones a derechos humanos sucedidas.

Sin embargo; uno de los retrocesos que ha impactado de forma directa a los mismos es el caso del reciente decreto para ampliar la prisión preventiva del día 6 de diciembre de 2018, por tal motivo diversos organismos tanto nacionales e internacionales han manifestado el descontento que dicho cambio podría significar para los DH, a tal grado de considerarlo una grave vulneración a los mismos. Según Amnistía Internacional (2018):

Hoy el Senado de la República podría aprobar la ampliación de la prisión preventiva oficiosa a más delitos. Esto significa que las personas serán tratadas como culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Para lograr una efectiva interiorización de DH se debe tomar en cuenta el gobierno debe institucionalizarlos, es decir que dichas instituciones gubernamentales realmente sean efectivas y cuenten con el apoyo en todos los niveles del gobierno para su actuar diario. De vital importancia mencionar que es indispensable para el nuevo gobierno tomar en cuenta todas las consideraciones y propuestas formuladas tanto por organismos internacionales como nacionales, debido a que de esta forma se podrán conjuntar retrocesos. En el sentido de interiorización nos referimos también a la necesidad de otorgar los recursos necesarios a las instituciones que promueven y protegen el respeto por los derechos humanos, ya que sin ellos no podrían subsistir.

Una de esas instituciones propuestas por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador es la denominada Guardia Nacional, que si bien, sin aún existir una reforma constitucional que dé cabida a la creación de dicha institución desde los primeros días del gobierno ya se ha puesto en marcha los primeros pasos para instalar dicha institución:

Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia. La Guardia Nacional quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas. (Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024).

Como ya se ha mencionado previamente, para ciertos actores sociales dicha institución supone un retroceso en materia de derechos humanos, tomando como experiencia lo sucedido con administraciones pasadas, el hecho de militarizar las calles del país no ha sido del todo positivo, por lo que genera cierta incertidumbre debido al actuar de las fuerzas militares, aunque aquí parece seguir la recomendación emitida por el gobierno surcoreano en el UPR.

Si bien el gobierno entrante siempre ha manejado el hecho de considerar e implementar los DH en las propuestas formuladas, es indispensable vigilar que realmente se cumplan, puesto que existen ciertas premisas que permiten el contemplar dichas propuestas en sólo palabras al viento, y sería importante que se mencionara el cómo se logrará insertar los derechos humanos en las acciones llevadas a cabo y el impacto que tendrán.

La discusión, aprobación y posible nombramiento de un comandante militar en activo como encargado de la Guardia Nacional ha generado y seguramente generará gran polémica y será objeto de crítica ante lo que debería ser una estrategia de desmilitarización, ya que la estrategia de combate frontal al crimen organizado sin analizar las causas sociales del problema no generaron más que un grado de violencia exacerbada en detrimento de los derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que debe ser un militar en activo, ya que dichas personas cuentan con características que los hacen ideales para la labor, tales como rectitud, honestidad y profesionalismo, generando una situación que se vuelve compleja debido a que en un inicio se había acordado que quien se haría cargo de la Guardia Nacional sería un mando civil, por ello diversas organizaciones defensoras de derechos humanos plantean la difícil situación y posibles consecuencias de la nueva forma de militarizar al país.

De esta manera, a lo largo de este artículo fue posible dar cuenta de algunos de los retos que enfrenta la administración del presidente López Obrador, como combatir la inseguridad, capacitar a las fuerzas policiales y armadas en materia de DH, proteger a los periodistas y defensores de los DH, la situación de los migrantes centroamericanos en el país, eliminar la figura del arraigo, establecer una política pública efectiva que combata la violencia de género, entre otros, así como de las principales recomendaciones internacionales y nacionales, por la naturaleza del artículo estamos conscientes de sus limitaciones y las áreas de oportunidad, por lo que se invita a profundizar en cada uno de los ejes o recomendaciones, que pueden ser objeto de un gran número de artículos.

Finalmente, como ya se ha mencionado se requiere de la participación activa de la sociedad civil, la cual debe mantenerse informada y organizada, existe una gran expectativa por la nueva administración, esa sensación de cambio debe ser aprovechada por los ciudadanos, quienes además deben comenzar por respetar y promover los derechos humanos entre los más jóvenes, un México mejor es y será posible cuando comprendamos que “Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad […] y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia” (McKinney en Amnistía Internacional, 2008).

Bibliografía

Amnistía Internacional México (2018). Memorándum para el presidente electo.Recomendaciones de Derechos Humanos para el próximo gobierno. Disponible en: https://amnistia.org.mx/contenido/conoce-en-memorandum-que-le-hicimos-llegar-a-amlo/ (consultada el 4 de diciembre de 2018).

Amnistía Internacional Catalunya (2018). Historia de los derechos humanos. Disponible en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf (consultada el 3 de diciembre de 2018).

Anaya Muñoz, A. (2018). “Política exterior de derechos humanos: ¿de la apertura, el activismo y el reformismo táctico a una convergencia auténtica con las normas y organismos internacionales?”, en: Schiavon, J. Velázquez Flores, R. y Garza Elizondo, H. México: CIDE-BUAP-UANL-UABC, 107-110.

Animal Político (2014). “Ejército ejecutó a 15 de los 22 muertos en Tlatlaya, afirma CNDH en nueva recomendación (documento íntegro)”, octubre 22. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2014/10/ejercito-ejecuto-15-de-los-22-muertos-en-tlatlaya-afirma-cndh-en-recomendacion-dirigida-sedena-pgr-y-edomex/ (consultado el 21 de junio de 2019).

AP. (2017). “Abusos del Ejército de México quedan impunes”, en: El Imparcial, noviembre 7. Disponible en https://www.elimparcial.com/sonora/mexico/Abusos-del-Ejercito-de-Mexico-quedan-impunes-20171107-0082.html (consultada el 21 de junio de 2019).

Canto Chac, M. (2010). “Políticas Públicas y Derechos Humanos”, en: Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria, coords. Estévez, A. y Vázquez, D. México: FLACSO-CISAN-UNAM, 77-105.

Castillo, V. (2019). “Hondureños queman estación migratoria en el Istmo de Oaxaca”, en: El Universal, mayo 12. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/hondurenos-queman-estacion-migratoria-en-el-istmo-de-oaxaca-3610572.html (consultada el 19 de mayo de 2019).

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Disponible en: https://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/lasreformasconstitucionalesenmateriade.pdf (consultada el 4 de diciembre de 2018).

Centro Prodh (2017). “Relevante disculpa pública a Jacinta, Alberta y Teresa”, en: Animal Político, febrero 17. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/relevante-la-disculpa-publica-jacinta-alberta-teresa/ (consultada el 1 de abril de 2019).

Centro Prodh (s/f). “Jacinta Francisca Marcial”. Disponible en: https://centroprodh.org.mx/casos-3/jacinta-francisco-marcial/ (consultada el 1 de abril de 2019).

Centro Prodh (2017). “Alberta, Jacinta y Teresa y la inédita disculpa por parte del Estado mexicano”, 23 de febrero. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6388 (consultada el 1 de abril de 2019).

Comunicación, Redes y Medios (CMR) (2019). “Presentan acciones de mejora al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”, marzo 25. Disponible en: https://crmnoticias.com.mx/presentan-acciones-de-mejora-al-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos (consultado el 21 de junio de 2019).

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (2018). “Agenda básica de Derechos Humanos 2018”. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_060.pdf (consultada el 4 de diciembre de 2018).

(CNDH) (s/f). “Funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. CNDH: México. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Funciones (consultada el 20 de mayo de 2019).

De la Borbolla, J. 1999. A fuerza de ser hombres. Los derechos humanos: ¿Tabú de la cultura política? México: Editorial MiNos.

Flores, N. (2018). “La minería causa más de 15,000 conflictos sociales en México”, en: RT, febrero 17. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/264129-mineria-causa-15000-conflictos-sociales-mexico (consultado el 21 de junio de 2019).

Gobierno de México. Secretaría de Gobernación. “¿Por qué la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 modificó la relación entre el gobierno y la sociedad?”. Disponible en: https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es (consultada el 3 de diciembre de 2018).

HCHR. (2019). Organizaciones de la Sociedad Civil de derechos humanos en México. Disponible en https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=289 (consultado el 21 de junio de 2019).

HRW. Human Rights Watch. México, Resumen del país. Disponible en: https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313310 (consultada el 4 de diciembre de 2018).

Infobae. (2019). “El 56% del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género contra las mujeres”, enero 16. Disponible en https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/ (consultado el 21 de junio de 2019).

Informador. (2019). “El gobierno es un ‘elefante reumático’, dice López Obrador”, febrero 1. Disponible en: https://www.informador.mx/mexico/El-gobierno-es-un-elefante-reumatico-dice-Lopez-Obrador-20190201-0048.html (consultado el 21 de junio de 2019).

La Razón Online (2018). Video: “ ‘Extraordinaria’, la relación con gobierno de EPN, afirma AMLO”, en: La Razón, 20 de agosto. Disponible en https://www.razon.com.mx/mexico/inicia-formalmente-el-proceso-de-transicion-epn/

López, A. (2019). “Más de 18 mil migrantes buscan refugio en México”, en: El Universal, 19 de mayo. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/mas-de-18-mil-migrantes-buscan-refugio-en-mexico (consultada el 19 de mayo de 2019).

López Obrador.Org. (s/f). “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf (consultada el 4 de diciembre de 2018).

López Obrador.Org. (s/f). “Presentan acciones de mejora al Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2019/03/25/presentan-acciones-de-mejora-al-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos/ (consultada el 1 de abril de 2019).

Morales Sánchez, J. (2014). “Reforma constitucional de derechos humanos: hacia un nuevo derecho en México”, en: PERSEO. Programa Universitario de Derechos Humanos. UNAM, Número 19, septiembre. Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/reforma-constitucional-de-derechos-humanos-hacia-un-nuevo-derecho-en-mexico/ (consultada el 4 de diciembre de 2018).

ONU. Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Disponible en http://www.un.org/es/charter-united-nations/ (consultada el 3 de diciembre de 2018).

Reyes, J. (2018). “Crimen organizado, integrado al sistema político mexicano”, en: Contralínea, octubre 2. Disponible en https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/02/crimen-organizado-integrado-al-sistema-politico-mexicano/ (consultada el 21 de junio de 2019).

Roel, S. (2019). “Semáforo Delictivo Nacional”. Disponible en http://www.semaforo.mx/content/semaforo-delictivo-nacional-0 (consultado: 21 de junio, 2019).

Roldán, M. (2018). “Alertan sobre asesinatos de 161 personas defensoras de derechos humanos en México”, en: El Universal, 29 de noviembre. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/alertan-sobre-asesinatos-de-161-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-mexico (consultado el 21 de junio de 2019).

Serrano, M. (2018). “Diplomacia de drogas y de derechos humanos”, en: Velázquez Flores, R.y Garza Elizondo, H. La política exterior de México 2018-2024: Diagnóstico y propuestas. México: CIDE-BUAP-UANL-UABC, 103-106.

UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas) (s/f). “Cuadro Comparativo de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos”. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/15.pdf (consultada el 4 de diciembre de 2018).

United Nations Human Rights Council (UNHRC) (s/f). “Basic facts about the UPR”. United Nations. Disponible en: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/basicfacts.aspx (consultada el 3 de diciembre de 2018).

Universal Periodic Review (UPR) (s/f). “Database of Recommendations”. UPR.INFO. Disponible en: https://bit.ly/2LhWFvZ (consultada el 3 de diciembre de 2018).