Introducción a la problemática:¿Repensar las políticas culturales?

Las políticas culturales son un campo de problemas construidos internacionalmente, en la segunda mitad del siglo veinte, posterior a las guerras mundiales y la conformación del Sistema de las Naciones Unidas (Bayardo, 2008).

En este contexto histórico, se conciliaron acciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el propósito de contribuir al desarrollo cultural de las naciones y regiones. Más de cinco décadas se han realizado encuentros internacionales con este fin, que iniciaron con las reuniones de expertos de Mónaco, 1967, Budapest, 1968, Dakar, 1969, París, 1969 y Venecia, 1970; esta última con la 1ra Conferencia Intergubernamental sobre los aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales.

Indicadores como la igualdad de derechos culturales de los pueblos, la dignidad, la libertad del artista y de las expresiones del arte, educación general y artística, colaboración y paz internacional, integraron la concepción de las políticas culturales; teniendo en cuenta que “en el mundo contemporáneo no debe haber lugar para el imperialismo cultural en el sentido histórico de la palabra” (UNESCO, 1970:13).

En 2005, la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, planteó la necesidad de incorporar estos indicadores de la cultura, como elementos estratégicos a las políticas de desarrollo nacional y la cooperación internacional. Desde ese entonces hasta la fecha, se han evaluado las políticas culturales, con sus principios rectores y objetivos: el apoyo a los sistemas sostenibles de gobernanza cultural; el logro de un flujo equilibrado de bienes y servicios, e incremento de la movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura; la integración de la cultura en los marcos de desarrollo sostenible; la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Entre 2015 y 2018, los informes mundiales de la UNESCO Re/Pensar las políticas culturales y Re/Pensar las políticas culturales: Creatividad para el desarrollo, han mostrado los avances y problemáticas vigentes sobre el tema, aspectos que se resumen con un grupo de interrogantes, que constituyeron la motivación principal para iniciar el estudio:

¿La aplicación de la Convención ha inspirado modificaciones en las políticas a nivel nacional e internacional? ¿En qué medida se están aplicando eficazmente las políticas y medidas modificadas? ¿Han conducido éstas, directa o indirectamente, a mejoras en la elaboración de políticas destinadas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales? ¿Han obtenido mejores resultados en lo que respecta al desarrollo humano? (UNESCO, 2018:18).

La lectura de los informes Re/Pensar las políticas culturales 2015 y 2018, a penas muestra resultados de la política cultural cubana, lo cual resulta inquietante para la investigación sociocultural; pues se reconoce que son insuficientes los análisis que se muestran y sus ejemplos, en contraposición con la transversalidad de la cultura en el modelo socialista, y su presencia en las transformaciones de los últimos 20 años.

El presente trabajo se sitúa en el contexto cubano, donde a más de cincuenta años del triunfo revolucionario, se carece de publicaciones sobre la historia de la política cultural de este período (Torre, 2011) y la mayor abundancia de artículos y ensayos, se centran en las décadas de los 60 a los 80.

El referente histórico-contextual “post-2015”, permitió una mirada a la política cultural de la Revolución cubana, anterior a la Convención y posterior a esta. Para ello, el objeto fundamental del trabajo es el estudio de la política cultural gubernamental. Específicamente, se indagó qué aspectos del seguimiento de la Convención son aplicables para Cuba; de ahí que se plantearon los siguientes objetivos:

1. • Analizar la evolución histórica de la política cultural de Cuba.

   • Detectar las acciones que evidencian la aplicaciónde la Convención en Cuba.

   • Exponer las acciones que evidencian la aplicaciónde la Convención en Cuba.

La construcción del discurso de la política cultural cubana, se elaboró desde las ciencias sociales, esencialmente con enfoque sociológico e histórico-materialista, junto a los aportes de los estudios culturales, a nivel nacional e internacional. Esto permitió establecer un diálogo entre la práctica cultural y la teoría, cuestión útil para esclarecer los núcleos conflictivos del objeto de estudio en su campo de acción.

Enfoque teórico para el trabajocon las fuentes documentales

La investigación de las políticas culturales se considera reciente, tomando como referente el inicio de su abordaje internacional en la década de los 70 (Rodríguez, 2012). Aunque en el ámbito académico, existen estudios de las ciencias sociales y el campo multidisciplinar de los estudios culturales, es un objeto de estudio susceptible de análisis (Ejea, 2012; Rodríguez, 2012; Rubio y Rius, 2015).

La contextualización de las políticas culturales, es un indicador presente en la literatura que teoriza sobre el tema (Ejea, 2012; Logiódice, 2012; Olmos, Rubio y Contini, 2015; Raggio, 2013; Rubio y Rius, 2015). Igualmente, se aprecia la recuperación descriptiva de la información, con el uso de procedimientos metodológicos de la Antropología (Raggio, 2013), el análisis documental (Castellano, Espinosa y Alcívar, 2017) y la Etnografía (Olmos, Rubio y Contini, 2015).

Las políticas culturales no pueden ser analizadas en abstracto (Ejea, 2012). En este sentido, la concepción materialista de la historia, es útil para descubrir en lo histórico y lo lógico, un camino metodológico, para el tratamiento de la información y su reconstrucción, reconociendo que el modo de producción de la vida material condiciona la sociedad y su política.

Lo histórico, se vincula al esclarecimiento de las distintas etapas del objeto de estudio en su sucesión cronológica, mientras que lo lógico, supone el análisis de las conexiones esenciales, en los momentos necesarios de su desarrollo, sin seguir obligatoriamente la conexión temporal de los hechos, tal como se manifestaron en su contexto (Konstantinov et al., 1976).

Sobre la investigación de la política cultural del Estado cubano, Torre (2011) plantea que su reconstrucción histórica potencia el entendimiento de los esfuerzos realizados por las instituciones, los gobiernos y las personalidades, para el mejoramiento de la vida cultural (Torre, 2011).

La contextualización histórica de la política cultural, permite la comprensión de los problemas medulares de una sociedad y el análisis de sus implicaciones, en los procesos internos sociales (Torre, 2011). La sociología la asume desde tres principios pertinentes para la investigación (Rodríguez, 2012:23):

El objeto de estudio debe encuadrarse en los contextos institucionales que lo constituyen, que son fundamentalmente dos: la cultura y el Estado.

Los contextos institucionales analizados deben ser considerados desde un punto de vista sociohistórico y procesual.

El horizonte de análisis de las políticas culturales debe situarse en las relaciones sociales que las constituyen, y que conforman sistemas de acción concretos, abiertos y dinámicos.

La cultura es objeto de intervención del Estado, por lo que su relación supone-como mínimo-dos cosas: en primer lugar, sobre qué actúa el Estado y en segundo lugar, cómo actúa (Falgueras y Fina, 2003), lo cual es posible estudiar teóricamente, siguiendo el modelo de análisis de la política cultural según las dimensiones: sustantiva, ética, institucional e instrumental (Observatorio Vasco de la Cultura, 2018).

El estudio asume el Modelo según las dimensiones (Observatorio Vasco de la Cultura, 2018), por lo que el análisis de las fuentes se regirá por los indicadores teóricos de: 1. Dimensión sustantiva, que orienta la indagación hacia el contenido de las políticas culturales (prioridades, objetivos, estrategias, recursos materiales y capital humano); 2. Dimensión ética, para identificar los valores y principios que guían la actuación de manera explícita o implícita; 3. Dimensión institucional, para detectar las formas de organización pública de la cultura, que a su vez, está estrechamente vinculada a la Dimensión instrumental; es decir, las disposiciones legislativas, normativas, convocatorias de ayudas y subvenciones, instrumentos de financiación, herramientas fiscales, de seguimiento o medición de indicadores, del funcionamiento entre el Estado y la cultura.

Enfoque metodológico para la revisiónde las fuentes documentales

Para la revisión de la literatura, se emplearon los métodos histórico-lógico y el análisis documental, que permitieron descubrir la evolución cronológica del objeto de estudio, a nivel internacional y nacional, a través de sus fuentes principales (artículos, informes, leyes, decretos y resoluciones).

Para el análisis de los documentos se siguieron los siguientes pasos:

1. • Recuperación de la literatura sobre el tema anterior a la Convención (1959-2005).

   • Recuperación de la literatura sobre el tema posterior a la Convención (2005-2019).

   • Selección de los documentos que en Cuba evidencian la aplicación del marco metodológico de seguimiento de la Convención(véase el Cuadro I).

   • Análisis de las evidencias y descripción de la información obtenida.

Cuadro I
Categorías para la selección de los documentos
Elaboración propia a partir de la UNESCO (2015)

Los informes de la UNESCO constituyeron los referentes internacionales, considerando los períodos de las reuniones principales (1970-1982; 1988-1998, 2000-2005, 2005-2015 y 2015-hasta la fecha). El estudio de la política cultural cubana, se realizó teniendo en cuenta las etapas que la caracterizan (Álvarez, 2010): Primera etapa (1959-1961), Segunda etapa (1961-1968), Tercera etapa (1968-1971), Cuarta etapa (1971-1981), Quinta etapa (1981-1990) y Sexta etapa (1990-2008). Este análisis fue enriquecido con los aportes de Almazán del Olmo y Torres (2007), Landaburo (2012), Navarro (2006), Otero y Martínez (1971), Saruski y Mosquera (1978 y 1979), unido a los documentos rectores de la política cubana, que permitieron estudiar la etapa de 2009-2019: Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011, 2017); Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos (2017) y la Constitución, reformada de 2019.

La concepción de culturaen términos de política cultural

La centralidad de la cultura en las agendas internacionales de las políticas culturales, ha mostrado una evolución en su conceptualización, que supera su definición inicial como expresión del arte y la literatura, lo que ha permitido que su concepción sea cada vez más cercana al desarrollo sostenible de las naciones.

En el Informe de Venecia, la cultura no solo se concebía como las artes de creación e interpretación, sino como un derecho humano inalienable e indivisible, que impregna todos los aspectos de la vida: la cultura física, las actividades al aire libre, las maneras y formas especiales en que una sociedad y sus miembros expresan su sentido de la belleza y de la armonía (UNESCO, 1970).

Desde la década de los 70, la cultura se define como el “conjunto de los valores y creadores de una sociedad y expresión de la vida misma, es esencial a ésta y no simple medio o instrumento subsidiario de la actividad social” (UNESCO, 1978:23).

Aun cuando la definición anterior se consideró acertada, en la década de los 80, se amplió la acepción del concepto de cultura, entendida como:

El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 1982:43).

La ampliación del concepto de cultura, reafirmó su significación como un derecho humano, idea que se reitera en su relación dialéctica con los conceptos de democracia y desarrollo:

La democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural, y en la difusión y disfrute de la misma (UNESCO, 1982:45).

Por su parte, “el desarrollo debe fundarse en los valores culturales de las sociedades, manifestando el mayor respeto por la personalidad de cada uno, y debe estar centrado en la persona humana y en las comunidades que esta integra” (UNESCO, 1982:11).

A tono con lo antes expresado, los análisis teóricos de la política cultural en América Latina, la definen como: “el conjunto de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social” (García-Canclini, 1983:19).

Los discursos de las políticas culturales, reflejan lo que Richard (2009) considera las tres dimensiones de la cultura: antropológico-social, ideológica-estética y política institucional. La primera, hace alusión al término como “el conjunto de los intercambios de signos y valores mediante los cuales los grupos sociales se representan a sí mismos y para otros, comunicando así sus particulares modos de identidad y diferencia” (247).

La dimensión ideológica-estética, se considera la más específica y restringida de sus acepciones, puesto que se refiere a lo cultural como campo profesional artístico e intelectual, de una producción de formas y sentidos, que se rige por instituciones y reglas de discursos especializados, y que se manifiesta a través de obras y debates de ideas, que giran en torno a las batallas críticas de lo estético e ideológico.

La tercera dimensión, se considera familiar al vocabulario institucional de las políticas culturales, se relaciona con las dinámicas de distribución y recepción de la cultura, entendiéndola como producto a administrar, mediante las diversas agencias de coordinación de recursos, medios y agentes, que articulan el mercado cultural.

No obstante, en términos de políticas culturales, se percibe una visión de la cultura como servicio, derecho de los pueblos y grupos sociales. Incluso posterior a la Agenda 2030 pudiera hablarse de una comprensión mucho más cercana a la concepción del desarrollo sostenible, tal como lo presentan los Diálogos Post-2015 sobre Cultura y Desarrollo: un sector económico fuerte, innovador y resiliente, que garantiza una mayor inclusión social e incide en la reducción de la pobreza; es una vía para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, pues sus enfoques fomentan la participación social, promueven la sensibilidad y la economía cultural (UNESCO, UNFPA y UNDP, 2016).

En el marco de la política cultural cubana, es importante esclarecer que esta antecede las ideas que promueve la UNESCO de la cultura, a partir de 1970; pues desde 1959 se considera en primera instancia, que es “real patrimonio del pueblo”, en integración con los valores universales y nacionales (Álvarez, 2010; Otero y Martínez, 1971; Saruski y Mosquera, 1979), aspecto vigente del pensamiento político y filosófico del siglo XIX, que además reconoce la identidad cultural con los pueblos de América Latina y el Caribe.

En la década de los años 70, dos informes cubanos publicados por UNESCO, también expresan sus definiciones sobre la cultura. El primero, la concibe como expresión de la historia de la nación, de su mestizaje, de sus luchas, de la creación artística y de la obra de sus intelectuales (Otero y Martínez, 1971); mientras que el segundo, la considera una actividad dirigida a la formación del hombre nuevo en la sociedad nueva, un elemento integrante de la nacionalidad, que se nutre de las raíces que la han formado (Saruski y Mosquera, 1978; 1979).

En el contexto cubano, también se reconoce que la cultura cumple la función de reelaborar las estructuras sociales existentes e imaginar nuevas; esta es la razón para tenerla muy en cuenta, pues desde el punto de vista político, tiene el desafío de desarrollar la capacidad de discernir, a qué tipo de poder sirve la cultura y a qué proyecto de transformación social apunta (Alejandro, 2004).

La experiencia de la participación social en Cuba, permite considerar la cultura como: “un concepto que sitúa al hombre como sujeto de un proceso de asimilación-transformación de valores que hereda, y crea en su constante interacción con el medio, y que le permita proyectar conscientemente el futuro” (Casanovas y Carcassés, 2007:53).

La cultura, no es sólo una categoría de la superestructura, sino una infraestructura humana; es decir, lo que se ha llamado segunda naturaleza. Ella sintetiza los elementos necesarios para la acción, el funcionamiento y la generación de la vida social de forma cada vez más amplia(Hart, 2008).

La relación Revolución y política cultural, permite expresar a más de 50 años de análisis, que la cultura como expresión de las relaciones sociales, está llamada a reflejar desde las manifestaciones artísticas, la deconstrucción de viejos nexos y la construcción de nuevas relaciones sociales y de poder, sustentadoras de una hegemonía revolucionaria, creadora de una nueva cultura nacional (Álvarez, 2010).

Para la intelectual cubana Graziella Pogolotti (2018:3):

El concepto de cultura incluye la creación artístico-literaria. Abarca, además, el extenso e impalpable territorio de la espiritualidad humana, con las tradiciones, costumbres, valores y una memoria transmitida, por las vías formales implementadas por el sistema de educación, y aquella otra que se construye a través de la comunicación oral, y constituye nutriente esencial de los sueños y de las expectativas de vida.

En el análisis de las políticas culturales, se considera que la cultura es un derecho de los seres humanos, que incide en su autodesarrollo y el desarrollo sostenible de un país, como vía de expresión material e inmaterial (lingüística, ética, estética, afectiva, artística, económica, social, política, arquitectónica, entre otras), de las relaciones entre individuos, comunidades, grupos sociales, países y regiones, no solo entre sí, sino con su medio natural; hecho que permite la sostenibilidad o no de la vida, a la par que se conservan, crean o transforman sus expresiones.

La política cultural en Cuba:la construcción del hombre nuevo

La política cultural cubana, se ha desarrollado en el contexto de una Revolución socialista, sustentada en la ideología marxista-leninista, razón por la cual la consolidación de su sistema político-social, guarda estrecha relación con la cultura como la tuvieron los antiguos países socialistas de la Europa occidental (Hager, 1972).

La institucionalidad cultural combinó los modelos indirectos (Consejo de Cultura) y directo (Ministerio de Cultura), para concebir la política cultural de las décadas de los 60 y los 70. Igualmente, desde el punto de vista funcional, se basó en la difusión de la cultura, el fomento de las bellas artes y la protección del patrimonio cultural (Mejía, 2009).

Las primeras bases de la institucionalidad de la política cultural y la materialización de sus principales postulados, iniciaron con la creación de La Casa de las Américas en 1959, destinada al acercamiento cultural con los pueblos latinoamericanos. Seguidamente, surgieron el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), el Conjunto de Danza Nacional de Cuba, el Conjunto Folclórico Nacional y el Coro Nacional, junto a la consolidación del Teatro Lírico Nacional (Otero y Martínez, 1971; Saruski y Mosquera, 1978, 1979).

En 1960 continuaron las acciones, con la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional y el surgimiento de la Imprenta Nacional con una edición de 100,000 ejemplares de su primer libro El Quijote. En 1961, se fundó La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), se crearon galerías de arte, el Consejo Nacional de Cultura, que en 1976 dio paso a la creación del Ministerio de Cultura, encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política cultural, desde una gestión fundamentalmente orientadora, técnica y metodológica.

En 1962 se fundan la Editorial Nacional de Cuba, la Escuela Nacional de Arte, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), el Instituto Cubano de Radiodifusión, nombrado Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), en 1976.

De 1963 a 1976, se prosigue con la fundación de nuevas instituciones: la Comisión Nacional de Museos y Monumentos (1963), el Instituto de Literatura y Lingüística (1965), el Instituto del Libro (1967) y el Instituto Superior de Arte (1976). En esas fechas, la creación del Ministerio de Cultura promovió la creación de las instituciones culturales, básicas como respaldo a la política cultural para los municipios y provincias del país: la casa de cultura, la biblioteca, la galería de arte, el museo, el cine, la librería, la banda de música, el coro, la tienda de bienes culturales y el grupo de teatro.

De 1950 a 1970, la política cultural se dirigió a: la participación de las masas en la actividad cultural, la revalorización de las obras más importantes del arte y la literatura nacional y universal, el estudio de las raíces culturales, reconocimiento de sus valores y el desarrollo de ambos; la investigación del folclor, crecimiento del movimiento editorial e incremento de bibliotecas, galerías y museos, la fundación de organismos, instituciones y agrupaciones culturales, la creación de la cinematografía nacional y la extensión de los servicios cinematográficos a las zonas rurales y montañosas, el rescate de los medios de difusión masiva y su gradual transformación (Saruski y Mosquera, 1978).

La política cultural de esta etapa estuvo integrada por las acciones de formación, producción, distribución y consumo (Otero y Martínez, 1971). Además, se orientó al establecimiento de un clima altamente creador que impulsó el progreso de todas las manifestaciones culturales, como aspiración legítima del pueblo y deber de los organismos políticos, estatales y de masas (Saruski y Mosquera, 1978:19).

No obstante, para García-Canclini (1983), en la Revolución cubana, si bien existían formas avanzadas de participación política en algunos aspectos de la vida nacional, seguían vivas, e irresueltas, las discusiones entre quienes defendían la realización de lo nacional-popular a través de un Estado fuerte, y quienes acentuaban la construcción de una sociedad civil plural, donde lo popular se estructurara y renovara desde la base y no desde el Estado.

Ejemplo de lo anterior, fueron las polémicas entre artistas, intelectuales y miembros del gobierno, que se sintetizan en dos textos imprescindibles para comprender los análisis estéticos e ideológicos sobre la cultura de la Revolución: el discurso Palabras a los intelectuales, pronunciado por Fidel Castro Ruz (1961) y El socialismo y el hombre en Cuba, de Ernesto Che Guevara (1965).

En Palabras, la libertad de creación artística representó el problema fundamental. Entre las cuestiones de forma y contenido, fue este último el punto más discutido, al traducirse en temores de que la Revolución ahogara el arte con prohibiciones y regulaciones:

Esto significa que dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie (Castro, 1961).

Sin embargo, en El socialismo y el hombre en Cuba se expone una mejor comprensión de los temores de los artistas e intelectuales, frente al principio rector de la política cultural cubana:

El socialismo es joven y tiene errores. Los revolucionarios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual necesarios para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los convencionales y los métodos convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los creó. (Otra vez se plantea el tema de la relación entre forma y contenido). La desorientación es grande y los problemas de la construcción material nos absorben. No hay artistas de gran autoridad que, a su vez, tengan gran autoridad revolucionaria. Los hombres del Partido deben tomar esa tarea entre las manos y buscar el logro del objetivo principal: educar al pueblo.

Se busca entonces la simplificación, lo que entiende todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se anula la auténtica investigación artística y se reduce el problema de la cultura general a una apropiación del presente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso). Así nace el realismo socialista sobre las bases del arte del siglo pasado.

Pero, ¿por qué pretender buscar en las formas congeladas del realismo socialista la única receta válida? No se puede oponer al realismo socialista “la libertad”, porque ésta no existe todavía, no existirá hasta el completo desarrollo de la sociedad nueva; pero no se pretenda condenar a todas las formas de arte posteriores a la primera mitad del siglo XIX desde el trono pontificio del realismo a ultranza, pues se caería en un error proudhoniano de retorno al pasado, poniéndole camisa de fuerza a la expresión artística del hombre que nace y se construye hoy (Guevara, 1988).

La política cultural cubana se inscribe en el paradigma de la democracia, donde se intentaba democratizar la decisión cultural y devolver al pueblo, a través de sus representantes políticos estatales, la posibilidad de elegir qué obras o actividades culturales debían preferirse, a qué artistas o creadores debían ayudarse (Vidal, 1981). Estas acciones, coincidieron con tendencias internacionales, tales como la edificación de la nación desde la concepción de una unidad territorial y cultural relativamente homogénea (Bayardo, 2008); así como la definición de manera integral de los valores y los principios a partir de los cuales actúa cualquier entidad pública dedicada a los asuntos culturales (Nivón, 2013).

No obstante, se corría el riesgo de querer acantonar la política cultural en la pura administración de la cultura (Vidal, 1981), y apartar a los intelectuales: esa fuerza poderosa política cuyo deber está en tomar una posición en cuestiones de política pública, particularmente en aquellas de significación ética (Bauman, 2003).

La polémica más significativa de la política cultural cubana, reveló el rol del “intelectual colectivo”, que se encarga ante todo de tareas negativas y críticas, con la intención de someter el discurso dominante a una crítica lógica, contra la dominación simbólica (Bourdieu, 2003) y la custodia de los valores culturales y artísticos públicos (Bauman, 2003).

Esa voluntad de crítica y de discusión pública de los años 60 y 70, favoreció los 80 con una proliferación inaudita de espacios culturales de todo tipo: espacios de exhibición, de publicación de lectura, de discusión; espacios institucionales y no institucionales; espacios privados y espacios públicos (Navarro, 2006).

Efectivamente, durante la década de 1980, el Ministerio de Cultura facilitó la creación artística, a partir de la rectificación y revitalización de la política cultural: la libertad estética y creadora del artista, la rehabilitación de la crítica social, la capacidad interrogativa del arte y la literatura, el respeto a la orientación sexual y religiosa del artista y creador, la polémica y la actualización más contemporánea, la ampliación de la promoción, la labor institucional y los espacios públicos culturales, a la par que reafirmó el principio rector de la política, “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada” (Álvarez, 2010).

En los años finales de 1980 y los inicios de 1990, la difícil situación económica y social que atravesó Cuba, deprimió el desarrollo cultural gestado, sobre todo en las cuestiones materiales y financieras. Sin embargo, se acoge la idea de la descentralización gestora y la localización de la administración cultural en los contextos territoriales más concretos y reducidos –regiones, municipios, barrios– lo cual había sido considerado un factor de equilibrio y de participación democrática a nivel internacional (Vidal, 1981).

En la década de los 90, guió un concepto de gestión de la cultura, en base a la tercera generación de políticas culturales, con su propuesta de la imbricación cultura y desarrollo (Bayardo, 2008). Se observan en esta etapa: una mayor descentralización de las acciones culturales con el fin de favorecer la gestión de las localidades, la introducción de programas y proyectos como expresión de las políticas de desarrollo, la revitalización de las asociaciones civiles y el fomento de las agrupaciones surgidas en esos años, la promoción del diálogo e intercambio sistemático entre representantes de las entidades y gobiernos a nivel territorial y sectorial, incorporación de esquemas de financiamiento y formación técnica de los recursos humanos (Almazán del Olmo y Torres,2007).

En 1995, se crearon mediante la Resolución No.73 del Ministro de Cultura, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el Programa Nacional Cultura y Desarrollo, que dio continuidad a los principales postulados de la política cultural: defensa y desarrollo de la identidad nacional, vocación universal, latinoamericana y caribeña de la cultura nacional, conservación y difusión del patrimonio cultural, reconocimiento de la diversidad cultural, fomento y estímulo de la creación artística y literaria, respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las comunidades, en la conducción de sus procesos socioculturales, impulso y orientación de la cultura, en los procesos socioeconómicos.

En los 90, la política cultural continuó inspirándose en los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los seres humanos (Nivón, 2013), que le dieron lugar internacionalmente, y específicamente en Cuba. En 1997, la “Batalla de ideas” impulsó la política cultural de la Revolución desde las dimensiones de la lucha por la paz, la reunificación familiar, la universalización de la educación, el impulso en la formación de instructores de arte y el aprovechamiento de las potencialidades de las provincias, municipios y comunidades, para impulsar el desarrollo cultural.

La Batalla de ideas, redimensionó la política cultural cubana. A decir de Landaburo (2012), se perfilaron pensamientos sobre: el desarrollo cultural como única alternativa posible para garantizar el futuro de la humanidad, lo que coincide con Mejía (2009), quien plantea que la relación desarrollo-cultura, empieza a cobrar importancia en el tema de la dimensión económica y como una parte de esta, el impacto que tienen las industrias culturales.

A la valoración de la dimensión económica de la cultura, se unió el espacio municipal, como base para elevar la participación del pueblo en el desarrollo cultural, que aporta a la difusión de la historia y las ideas, la defensa y desarrollo de la identidad, el patrimonio de la nación, los valores históricos y culturales.

En esta etapa Landaburo (2012), significa la atención a la formación de una cultura general integral de la población, representada por:

[el] sistema de conocimientos y habilidades acerca de las ciencias, el arte, la cultura popular y tradicional que propicie el desarrollo de la sensibilidad y de los valores éticos y estéticos del ser humano, que le permita participar de forma activa como protagonista en el desarrollo de la sociedad (152-153).

La trayectoria de la política cultural en la década de los 90 y principios del 2000, permitió establecer como prioridades de la próxima etapa: la promoción del arte y la literatura, participación de los creadores en la vida de las instituciones, integración de las principales instituciones culturales a todos los niveles para cumplir con la política cultural, diseño y ejecución de una programación cultural variada para la población, enriquecimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural de la nación, el trabajo cultural comunitario, atención al sistema de enseñanza artística, introducción y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, trabajo con los medios de comunicación como vía esencial para informar a la población y formación del gusto estético, proyección internacional de la cultura, impulso a la producción y comercialización de bienes y servicios culturales, búsqueda y aplicación de nuevas formas organizativas y de remuneración del sector artístico.

El contexto internacional y nacional, imponía al Estado cubano la necesidad de atender uno de los problemas más importantes en el desarrollo: la dificultad de establecer un diálogo entre los nuevos actores y las políticas culturales locales, estableciendo nuevos canales de comunicación que permitiesen a los interlocutores, observar cómo su acción puede situarse dentro del conjunto de las realidades del barrio y aportar su contribución a la mejora de la calidad de vida (Martinell, 1999).

Estas líneas de trabajo, se correspondían a dos aspectos fundamentales presentes en la literatura sobre el tema: la lucha contra la penetración hegemónica de la cultura del imperialismo, que es parte de la política cultural del socialismo (Hager, 1972) y el enfrentamiento a la mundialización y globalización tecnológica, que requería de una acción cultural del Estado, hacia la consolidación de nexos con otros actores sociales y un óptimo uso de ellas, para que llegaran a todos los individuos de la nación (Figueroa, 2006). Estos esfuerzos, constituyeron antecedentes de la aplicación de la Convención en Cuba (véase el Cuadro II).

Cuadro II
Síntesis de la política cultural cubana anterior a la Convención
Elaboración propia

La política cultural en el marco de la Convención

Posterior a 2005, se continuaron los análisis de los aciertos y desaciertos de la política cultural en las etapas precedentes. Dentro de la problemática se aprecia lo que Vidal (1981) señala como la reducción del estudio de la cultura al sector público: se detectaron insuficiencias en la comprensión de su carácter complejo y transdisciplinario, se sobredimensionó la función administrativa y la elaboración de propuestas culturales, sin relación con los estudios de público, hubo un insuficiente aprovechamiento de los resultados obtenidos en investigaciones culturales, de espacios institucionales y comunitarios, para discutir acerca de la gestión de la política, con la participación de creadores, funcionarios y especialistas, de instituciones gubernamentales o no (Landaburo, 2012).

Cuba, continuó mostrando la concepción de lo popular-nacional en su política cultural (Canclini, 1983), por lo cual mostró preocupación ante las insuficiencias en el trabajo de las instituciones culturales para la defensa de los valores patrimoniales, frente a la banalización y la existencia de modelos económicos colonizadores, orientados a la homogenización de una cultura en función del mercado y las transnacionales (Landaburo, 2012).

El Estado cubano, asumió la responsabilidad de “orientar con políticas culturales sus intervenciones en el territorio nacional y en las acciones internacionales, dotándose de estructuras administrativas, normativas y financieras específicas” (Bayardo, 2008, p.18). En el año 2009, aprobó la Ley del Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba y su Decreto No. 312, que establecía que en cada municipio de Cuba –siempre que hubiesen condiciones– se crearía un museo municipal para conservar y mostrar, para conocimiento y estudio de la población, documentos, fotografías u otros objetos, referentes a la historia nacional y local, que reflejasen las tradiciones del pueblo, los episodios sobresalientes de sus luchas, los hechos y la vida de sus personalidades destacadas en las diversas épocas y lo referente al desarrollo de su economía, cultura e instituciones (Ley No. 106:161-162).

En el 2011, se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, para el quinquenio 2011-2015. Este documento constituyó la base de la actualización del modelo económico cubano. En él se analizaron las principales problemáticas socioeconómicas a las que se ha enfrentado Cuba, tanto en el plano nacional como internacional, considerando a la cultura como eje de la sostenibilidad del Socialismo.

La política cultural de 2011 a 2015, se proyectó esencialmente: a continuar preservando la cultura como una conquista de la Revolución, dar continuidad al perfeccionamiento de la educación y la cultura, continuar fomentando la defensa de la identidad, la conservación del patrimonio cultural, la capacidad para apreciar el arte, la creación artística y literaria, promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario, como vías para satisfacer las necesidades espirituales y fortalecer los valores sociales; continuar elevando la calidad y rigor en la enseñanza artística profesional, y ajustar las matrículas en las diferentes especialidades a las necesidades de las provincias, municipios y agrupaciones profesionales emblemáticas (Documentos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, 2011).

Entonces, a partir de 2015, ¿qué acciones evidenciaron la aplicación de la Convención?

Cuba, es una nación firmante de la Convención de 2005. La colaboración entre la UNESCO y la isla se inició a principios de 1950; desde entonces, su oficina en La Habana ha organizado sus actividades de colaboración, sobre la base de la cultura como elemento clave para el desarrollo, para la actividad humana de creación y transmisión de conocimientos (UNESCO, 2014).

El informe Re/Pensar la políticas culturales 2015, ejemplifica el cumplimiento de los objetivos de la Convención en Cuba, significando dos áreas de seguimiento: la asociación con la sociedad civil, y los flujos de bienes y servicios culturales, donde se reconoce que La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, es una organización no gubernamental, determinada a apoyar la distribución, exhibición y promoción de las películas en toda Latinoamérica. Y por otra parte, se hace referencia a como la nación aplica las medidas tributarias:

A los artistas cubanos, por otro lado, se les exige declarar todos los ingresos obtenidos en un año, tanto a nivel doméstico como en el extranjero, pero los artistas no pagan impuestos en países extranjeros (UNESCO, 2015:114).

En 2018, el informe Re/Pensar las políticas culturales, incluye a Cuba dentro de los países beneficiados con la facilitación de la importación de materiales y equipamientos necesarios, para la producción local de bienes y de servicios culturales, como expresión del diálogo institucional e interministerial que se ha logrado en el país. Otro aspecto favorable que se menciona es la gobernanza multinivel, lograda a través de las Iniciativas Municipales de Desarrollo Local.

Dentro de las nuevas colaboraciones creadas, por los procesos de elaboración de los Informes Periódicos Cuadrienales (IPC), se reconoce que el gobierno de Cuba invitó a organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la cultura, de los medios de información y comunicación, así como a la UNESCO, a examinar toda una serie de cuestiones relacionadas con la Convención, el estatus de los artistas, el derecho de la propiedad intelectual, los indicadores culturales y los problemas que la economía creativa tenía planteados (UNESCO, 2018).

Los IPC de Cuba, también mencionan las financiaciones destinadas a promover una difusión territorial, más equitativa de las actividades culturales. En este aspecto, el programa del país tenía por objeto, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas locales, para que asumieran la gestión de los asuntos culturales a nivel municipal. Para ello, el gobierno cubano ha prestado apoyo financiero y metodológico, a la realización de proyectos e iniciativas a nivel provincial y municipal (UNESCO, 2018).

La distribución de la producción cinematográfica nacional y la participación de mujeres en las bienales, son otros de los aspectos que están presentes en el análisis de la política cultural de Cuba; sin embargo, ¿qué acciones propias del gobierno cubano ejemplifican la aplicación de la Convención?

Antecede a la Reforma Constitucional de 2019, la actualización del modelo económico y social cubano, que inicia una nueva etapa posterior al análisis de los resultados de los Lineamientos de 2011-2015. La actual concepción dialoga con los ODS de la Agenda 2030, así como las proyecciones políticas de la nación en diferentes ejes temáticos¹y sectores estratégicos². Uno de sus principios establece: “La posibilidad del pueblo de participar en los procesos culturales y de estar capacitado para disfrutar a plenitud lo mejor del arte y la literatura, así como el fomento del patrimonio cultural, como escudo y esencia de la nación” (Documentos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, 2017).

Para la etapa de 2016-2021, los principales lineamientos de la política cultural están orientados a:

1. • Fortalecer el papel de la cultura en los nuevos escenarios, a partir de continuar fomentando la defensa de la identidad, así como la creación artística y literaria, y la capacidad para apreciar el arte: promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la población y potenciar el trabajo comunitario, como vías para satisfacer las necesidades espirituales, de recreación y defender los valores del socialismo cubano.

   • Garantizar la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural, materiale inmaterial de la nación cubana.

   • Continuar elevando la calidad y rigor de la enseñanza artística profesional, a partir del mejoramiento de las condiciones de las instituciones educacionales y la elevación de la preparación del personal docente.

   • Diseñar la política sobre el cine cubano encaminada a fomentar la creación cinematográfica y audiovisual.

En este contexto de actualizaciones, se aprobaron en 2018, el Decreto No. 349, en sustitución de lo que estuvo dispuesto en el Decreto No. 226 Contravenciones personales de las regulaciones sobre prestación de servicios artísticos de 1997. Este documento, resultó ser polémico al remover viejos temores en el tema de las libertades de expresión, ya que establece las conductas violatorias en materia de política cultural y de prestación de servicios artísticos establecidas por el Ministerio de Cultura, en las diferentes manifestaciones artísticas.

A consideración de la autora, el Decreto 349 no limita la libertad de expresión artística, aunque no está exento de caer en algún tipo de subjetividad para su aplicación. Las contravenciones hacen referencia a la contratación y el pago de servicios artísticos, la comercialización del arte, difusión de la música, presentaciones artísticas en público y al contenido en la utilización de los medios audiovisuales, en los que serían violaciones: los usos de los símbolos patrios, la pornografía, la violencia, el lenguaje sexista, vulgar y obsceno, la discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; atentar contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia, y cualquier otro que infrinja, las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de la sociedad cubana.

Este proceso de transformación de la política cultural, constituyó antesala de la reforma constitucional y su vigencia a partir de febrero de 2019. Dentro de sus principios fundamentales se estableció en primera instancia que: “lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional” (Artículo 8, Constitución de la República de Cuba, 2019).

En correspondencia con lo anterior, en el artículo 13 se reconocen como fines esenciales del Estado: la protección del patrimonio natural, histórico y cultural de la nación, el aseguramiento del desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país, la promoción de un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, y la obtención de mayores niveles de equidad y justicia social, así como la preservación y multiplicación de los logros alcanzados por la Revolución; garantía de la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral; afianzamiento de la ideología y la ética inherentes a la sociedad socialista cubana.

En la Constitución, El artículo 23 de los fundamentos de la política educacional, científica y cultural, refleja que: el “Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones”. Dentro de sus postulados se aprecian: la promoción del conocimiento de la historia de la nación a través de la educación, lo que incide en la formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos; la participación ciudadana, la promoción de la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, conforme a los principios humanistas que sustentan a la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista; el fomento y desarrollo de la educación artística y literaria, la vocación para la creación, el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo, la defensa de la identidad y la cultura cubana, la salvaguarda de la riqueza artística, patrimonial e histórica de la nación, la protección de los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza natural, o por su reconocido valor artístico o histórico.

Dentro de los Derechos, Deberes y Garantías constitucionales que inciden en la política cultural, se establece que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

Las personas, tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley (Artículo 42, Constitución de la República de Cuba, 2019).

La Constitución refleja el derecho de todos a participar en la vida cultural y artística de la nación. El Estado promueve la cultura y las distintas manifestaciones artísticas, de conformidad con la política cultural y la ley (Artículo 79, Constitución de la República de Cuba, 2019). No obstante, son deberes de los ciudadanos cubanos: proteger el patrimonio cultural e histórico del país, y actuar, en sus relaciones con las personas, conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia social (Artículo 90, Constitución de la República de Cuba, 2019).

En junio de 2019, se prosigue con la actualización de normas jurídicas de la política cultural. En el Acuerdo 8613 del Consejo de Ministros, se estableció la creación de la Oficina de Atención a la Producción Audiovisual y Cinematográfica, la Comisión Fílmica y el Fondo de Fomento del Cine Cubano en el ICAIC.

La Oficina de Atención a la Producción Audiovisual y Cinematográfica, con alcance nacional, y como nueva actividad dentro de la estructura del ICAIC, facilitaría y garantizaría la producción de obras audiovisuales y cinematográficas, facultando al Ministro de Cultura y al Presidente del ICRT, a adoptar en el marco de su competencia las disposiciones complementarias necesarias.

Por su parte, la Comisión Fílmica se crea como una Comisión Gubernamental presidida por el Ministro de Cultura; mientras que el Fondo de Fomento del Cine Cubano en el ICAIC, faculta al Ministro de Cultura y al Presidente del ICRT, para adoptar en el marco de sus competencias, las disposiciones complementarias necesarias, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en éste.

La creación de estas nuevas instituciones culturales, generó la necesidad de establecer tres nuevas actividades por cuenta propia, vinculadas a la prestación de servicios artísticos, rectoradas por el Ministerio de Cultura: Operador y/o arrendador de equipamiento para la producción artística; Agente de selección de elenco (casting) y Auxiliar de producción artística.

A partir de estas acciones previas, en junio de 2019, se aprobó el Decreto-Ley 373 Del creador audiovisual y cinematográfico independiente, con un conjunto de resoluciones que mostraron a su vez, actualizaciones no solo de normas jurídicas del Ministerio de Cultura, sino de su relación con el Banco Central de Cuba, el Ministerio de Finanzas y Precios, de Trabajo y Seguridad Social (véase el Cuadro III).

Cuadro III

Elaboración propia

El presente Decreto-Ley tiene por objeto aprobar la figura del Creador Audiovisual y Cinematográfico como artista independiente y los Colectivos de Creación Audiovisual y Cinematográficos; la creación del Registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico y el Comité de Admisión, así como establecer otros aspectos de las relaciones con estos creadores, para garantizar la calidad de sus producciones y el aprovechamiento óptimo de los recursos que el país emplea en el desarrollo de esta actividad. Es de aplicación a los ciudadanos cubanos y a los extranjeros, con residencia permanente en el territorio nacional.

Un aspecto significativo de la Resolución No. 22, estuvo en la identificación de las fuentes de financiamiento delFondo de fomento del cine cubano, que complementaban las establecidas anteriormente: los recursos provenientes del presupuesto del Estado, las contribuciones de personas jurídicas y naturales cubanas y extranjeras, las donaciones puntuales nacionales e internacionales, los reembolsos obtenidos por conceptos de ventas y distribución nacional e internacional, de la obra audiovisual o cinematográfica, a partir de las ayudas ofrecidas a los proyectos.

Las principales acciones de la política cultura cubana desarrolladas de 2015 hasta la fecha, evidencian significativas modificaciones en el ordenamiento jurídico de la nación, con énfasis en el diseño de la política sobre el cine cubano y el fomento de la creación cinematográfica y audiovisual.

Aun cuando la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales cubanas, no es exclusiva de esta etapa, sino que tiene acciones a partir de 1959, puede considerarse valioso su permanencia a través del tiempo y de manera explícita en la Constitución vigente.

La presencia de una política cultural a diferentes niveles de gobierno (provincial y municipal), con diferentes iniciativas en la generación del empleo, y de opciones de consumo cultural y recreativo, han tenido impactos favorables en el desarrollo local y económico del país, lo que redunda en el desarrollo humano.

No obstante, le falta a la política cultural cubana el diseño de instrumentos para el estudio de su eficacia, niveles de satisfacción de los públicos, y diálogo con las áreas de seguimiento e indicadores de las políticas culturales en los ámbitos internacionales.

Conclusiones

La política cultural cubana, en los marcos de la Convención post-2015, se dirige bajo las concepciones del partido comunista, que es marxista-leninista; aspecto este que caracterizó a los estados socialistas europeos (Hager, 1972). Esta refleja, una concepción histórico-popular, reconocida por Canclini (1983), como parte de las concepciones principales de lo nacional-popular, presente en las políticas culturales en América Latina.

El objetivo principal de la política cultural cubana, ha sido la reorganización –con una orientación socialista– de las relaciones entre significado y poder. El punto de partida estuvo en descubrir que el significado de la identidad se produce en la historia; mientras que el punto de llegada, está en la construcción de una sociedad en la que el poder no sea algo que se conquiste ni se reverencie, sino la manifestación solidaria de la capacidad creadora del pueblo (Canclini, 1983).

En Cuba, al igual que en la políticas culturales latinoamericanas, algunas de las industrias culturales se han dado por la vía de la reglamentaria, traducida en legislaciones de fomento y promoción, en especial a las industrias editorial y cinematográfica (Mejía, 2009).

Otro rasgo de la política cultural cubana, es la valorización de la externalidad de la cultura para el cambio social (Barbieri, Partal y Merino, 2011), lo que se mostró desde los inicios de la Revolución, con el vínculo hacia los sectores de la educación, salud, economía, científico-tecnológico, entre otros; así como la alfabetización, educación general y artística, con el fin de propiciar la participación social protagónica y consciente de todos (públicos, creadores y gobierno).

Más que conclusiones, es intención de la autora dejar abierta la posibilidad de continuar investigando la aplicación de las políticas culturales en los países firmantes de la Convención. En un marco general, los estudios sobre el tema, desde las ciencias sociales, tienen la responsabilidad de evaluar la gestión e impacto de las instituciones artísticas y culturales, y criticar su ausencia de transparencia y cultura de rendición de cuentas (Rubio y Rius, 2015).

En este sentido, sería conveniente agregar al marco de seguimiento de la Convención, el tema de la transparencia de la política cultural, en cuanto al deber de los gobiernos de elaborar estadísticas y análisis cualitativos de su cumplimiento. Particularmente para Cuba, se considera que debe establecerse un mecanismo de seguimiento público, que permita su consulta en el sitio digital del Ministerio de Cultura.

En Cuba, la ausencia de monografías históricas sobre las políticas culturales del Estado en la Revolución socialista, justifica la realización de semejantes empeños investigativos, en aras de reconstruir parte importante de la espiritualidad de la sociedad, específicamente la relativa al ejercicio de gobierno en las esferas de la creación cultural (Torre, 2011).

Los informes de seguimiento de las políticas culturales son susceptibles de ser perfeccionados. Los datos que se ofrecen de los países son muy generales, en el caso de Cuba se aprecia una aplicación poco significativa en cuanto a las áreas de seguimiento de los objetivos, en los que mayores resultados pudieran mostrarse: apoyo a los sistemas sostenibles de gobernanza cultural y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Existen indicadores del marco de seguimiento de la Convención, para los que en esta etapa del estudio, no fueron encontrados documentos públicos, que permitan analizar el área de seguimiento movilidad de los artistas y profesionales de la cultura, con sus indicadores: la base legislativa garantiza la libertad de circulación, las políticas y medidas apoyan la movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura del hemisferio Sur, las iniciativas no gubernamentales facilitan la movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura del hemisferio Sur.

El marco de seguimiento de la Convención permite descubrir nuevas líneas de investigación para la política cultural cubana, más allá de los abundantes trabajos sobre el tema de la libertad de expresión que datan de las décadas de los años 60 y los 70. Las áreas de seguimiento que se proponen dentro de los nuevos campos para investigar son: medios de comunicación públicos, entorno digital, asociación con la sociedad civil, movilidad de los artistas y profesionales de la cultura.

Finalmente, se puede afirmar que la política cultural cubana responde a varias de las interrogantes del marco de seguimiento de la Convención; sin embargo, son insuficientes las ideas y argumentos puesto que se carece de datos cuantitativos y cualitativos de dominio público que pudieran ofrecer una mirada más aguda y enriquecedora.

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Notas

Notas de autor