1 INTRODUCCIÓN

El cambio político en Argentina, iniciado en diciembre del 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, cristaliza un nuevo rumbo en materia económica que viene afectando de forma crítica a los trabajadores y sectores populares. Si en la fase política anterior - 2003 a 2015 - se logró recomponer gran parte del mercado de trabajo destruido por el neoliberalismo noventista, se recuperaron derechos laborales y consolidaron las estructuras sindicales a partir del protagonismo de las bases obreras, el ciclo del actual gobierno representa una transformación regresiva de los marcos laborales regulatorios que recompone el poder de los sectores dominantes en detrimento de los intereses y de las condiciones laborales de los trabajadores. El objetivo del artículo es comprender la configuración y sentido que viene asumiendo el cambio en materia laboral interpretados en una dinámica de puja distributiva entre el trabajo y el capital en Argentina.

Es por ello que nos interesa caracterizar las políticas laborales bajo la hipótesis de que ellas se inscriben en un giro conservador que busca restaurar los preceptos neoliberales en el marco de un nuevo contexto regional de ajuste. Se detallan el repertorio de acciones y sus consecuencias para el conjunto de los trabajadores, pero también se busca relevar las formas de resistencias pensadas como consecuencia de relaciones dialécticas entabladas con las estrategias empresariales que buscan la atomización de las luchas obreras.

El artículo es fruto de una serie de investigaciones que venimos desarrollando en el marco de proyectos científicos preocupados por las prácticas y estrategias sindicales frente a los desafíos de la globalización1.

Para dar cuenta de la envergadura de los cambios regresivos del actual gobierno, partimos en el primer apartado de una breve caracterización de los avances logrados en materia laboral durante el gobierno kirchnerista, como también de sus limitaciones y contra- dicciones en ese plano, detallando también las políticas orientadas a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Seguidamente, abordamos el encuadre general de la economía argentina a partir del gobierno macrista destacando el abandono de las políticas de corte neodesarrollistas. (FELIZ, 2017; BRESSER-PEREIRA; THEUER, 2012). A partir de este esquema, el texto estudia los cambios regulatorios y las tendencias orientadas a erosionar derechos sindicales a partir de la judicialización de la protesta y la represión del conflicto. Como un modo de comprender la retícula profunda de los cambios seleccionamos tres casos paradigmáticos de sectores estratégicos - industria automovilística, sector extractivo e industria de la alimentación - señalando ciertas recurrencias en la resolución de los conflictos que pueden contribuir a delinear un modo de posicionamiento del gobierno frente a la crisis de los sectores, sosteniendo las estrategias empresariales en detrimento de los intereses de los trabajadores. Finalmente, en las conclusiones recuperamos los principales hallazgos y proponemos líneas interpretativas que permitan sopesar las posibilidades de resistencia de los trabajadores.

2 LA RECONFIGURACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DURANTE EL KIRCHNERISMO

La actual política laboral supone un cambio en relación con la etapa anterior tanto para los sectores obreros en particular como para las clases populares en general. Por ello interesa caracterizar sus rasgos sobresalientes permitiendo colocar en contexto los dos momentos de trasformación.

El derrotero de Argentina desde el 2003 se dio en el marco de una notable reorientación política en Latinoamérica - en especial en América del Sur - que permitió confrontar con el patrón neoliberal de organización de la sociedad que había excluido y condenado a la pobreza a las mayorías populares. Estos cambios se manifestaron en diferentes ámbitos de la vida social: el Estado asume un rol protagónico (en algunos casos apropiándose de rentas extraordinarias o estatizando empresas), se introducen regulaciones sobre el mercado, la democracia es potenciada (en algunos países de la región se llevaron adelante plebiscitos mientras que en otros se evidencia aumento de participación ciudadana y de repolitización), se reconceptualiza la política como terreno de acción colectiva y posibilidades de cambio (mayor incidencia de agrupamientos que no estaban representados) y el mapa de alianzas económicas regionales se redefine. (MONTES CATÓ; DOBRUSIN, 2016).

A partir del año 2003 se inaugura un nuevo periodo de desarrollo que posibilitó un crecimiento del producto casi sin precedentes en la historia de Argentina, alcanzando una tasa promedio anual de casi 8% hasta el 2010, disminuyendo a 4% a partir de ese momento hasta el 2015. Durante este ciclo de crecimiento se produjo una recomposición del trabajo que condujo a una caída sustancial del desempleo, aumento de los salarios, revitalización de la negociación colectiva del trabajo, desarrollo de políticas estatales de reconstrucción del entramado industrial y a un nuevo protagonismo de los sindicatos que habían perdido terreno frente a otras organiza- ciones sociales que despuntaron durante la década de los noventa. (PALOMINO, 2011; ETCHEMENDY; COLLIER, 2007). Las políticas asumidas por el gobierno kirchnerista (2003-2015) irán dando forma a esta nueva etapa. El objetivo central fue la superación de la crisis del 2001 con un fortalecimiento del mercado de trabajo y recuperación de derechos laborales. Todo ello acompañado por disminuciones muy importantes de la pobreza y la indigencia que fueron fortalecidas por políticas activas de incorporación de los sectores populares al circuito de consumo y derechos sociales.

Entre los sectores que aportaron a los más de cinco millones de puestos de trabajo creados durante esta etapa se destaca la industria manufacturera, constituyéndose en una de las actividades más dinámicas, a diferencia del periodo 1991-2001 donde los sectores vinculados a los servicios se habían visto favorecidos.

Tanto la mejora de los indicadores del mercado de trabajo, la recuperación de la negociación salarial, así como el incremento de la conflictividad laboral volvieron a colocar al actor sindical en el centro de la escena política consolidando hasta el año 2012 una alianza estratégica con el gobierno. Pero este fortalecimiento del actor sindical operó de manera paradójica. El sindicalismo se robusteció en tanto actor corporativo, pero sin perspectivas de proyección política, ni en el plano institucional (por la desindicalización del partido político gobernante) ni por una renovación de su concepción política que lo posicione como articulador de una clase trabajadora diversa, fragmentada (DELFINI; VENTRICI, 2016), distinta al proletariado clásico de la sociedad salarial. (RODRIGUES, 2009; HYMAN, 1996).

En paralelo, al situar el nivel de análisis en los procesos políticos internos de los sindicatos, más específicamente en su desarrollo en los espacios productivos, surgieron algunos fenómenos novedosos en términos políticos en el marco del ensanchamiento de las bases de representación sindical. Hay una recuperación de la posición de fuerza del sindicalismo y la emergencia de ciertos niveles de organización y conflictividad en las instancias de menor escala. Ya sea por la creación de nuevas organizaciones en sectores donde no había representación o por la reactivación de otras ya existentes pero pasivas, estas organizaciones se convirtieron en el factor dinámico para la movilización de los trabajadores asalariados. (MONTES CATÓ; LENGUITA; VARELA, 2010; VENTRICI, 2012).

3 EL GIRO CONSERVADOR

El gobierno de la Alianza Cambiemos marca un hito en la historia argentina. Se trata de la primera vez que la derecha liberal tradicional consigue llegar al poder a través del voto popular y no por intermedio de golpes de Estado o elecciones proscriptivas y fraudulentas, como ocurrió sistemáticamente en décadas pasadas. (FERNÁNDEZ, 2016).

El bloque de poder en el gobierno representa fundamentalmente los intereses de dos de las fracciones socio-económicas tradicionalmente más poderosas y reaccionarias en el país: los agronegocios y el sector financiero. Su programa económico, de claro corte neoliberal, viene forzando una redistribución regresiva del ingreso en favor de estos sectores - en muchos casos entrelazados - en consecuente desmedro de las clases trabajadoras.

Ese programa de la ortodoxia impuso un enfoque desregulatorio de la actividad financiera, la liberalización del flujo de capitales y la pérdida de herramientas de fiscalización en materia cambiaria. Se suma una continua espiral de endeudamiento, altos niveles de inflación sostenidos, el deterioro de los sectores industriales productivos que se habían robustecido en la última década y un progresivo ajuste del gasto fiscal. La consecuencia lógica de estas medidas ha sido el aumento notable de la precarización laboral y la pobreza.

Desde que se inició el nuevo gobierno, se agravó exponencialmente el histórico problema de la fuga de divisas. Sólo en concepto de Formación de Activos Externos, salieron del país desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 unos 30.274 millones de dólares. La profundización de este fenómeno obtura cualquier posibilidad de desarrollo soberano y erosiona gravemente las arcas del Estado.

Complementariamente, se agravaron los términos del endeu- damiento externo en moneda extranjera que, en 16 meses de gestión, ha superado los 80 mil millones de dólares. La porción del presupuesto 2017 destinada a pagar los intereses de la deuda (247.000 millones de pesos) compromete seriamente la capacidad de proyección sustentable de la economía nacional.

En consonancia, se evidencia un empeoramiento acelerado de las condiciones de la economía real. En 2016, la actividad industrial se redujo un 6% en términos interanuales y el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 2,3% (contra un crecimiento de 2,6% en 2015). Las importaciones crecieron más de un 20% interanual, atentando contra la producción nacional en varios rubros intensivos en la generación de empleo, como la industria metalúrgica y textil.

El cuadro se completa con la problemática de la inflación. En 2016 ésta alcanzó el 42 por ciento con acuerdos salariales en promedio del 32. Las proyecciones para el 2017 coinciden en superar al menos el 20 por ciento, lo cual sobrepasa la meta fijada por la actual administración, agravando la ya muy importante pérdida del poder adquisitivo de la población asalariada.

Esta reconfiguración macroeconómica se produce en un contexto político candente, con una sociedad fuertemente movilizada y también altamente polarizada. A pesar de haber llegado con un discurso de campaña que hacía eje en la conciliación, el gobierno viene instalando, a través de distintos gestos discursivos y políticas públicas concretas, un clima de verdadera revancha política contra lo que han dado en denominar el populismo kirchnerista. Se trata de una política de estigmatización y, en muchos casos, de persecución de dirigentes y militantes de partidos y organizaciones populares opositoras.

En el último período, a la par de la agudización de la recesión económica, se puso de manifiesto un recrudecimiento de la política abiertamente represiva contra las manifestaciones en el espacio público. Los visos autoritarios se complejizan, además, con la existencia de presos políticos denunciados por la unanimidad de los organismos internacionales de derechos humanos, el desobedecimiento a los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la abierta utilización del aparato judicial para perseguir dirigentes opositores, militantes y jueces que no responden a los mandatos políticos del gobierno.

4 OFENSIVA NEOLIBERAL EN EL MUNDO EL TRABAJO

El programa político-económico neoliberal que encarna el macrismo es más que una teoría o un dogma económico, es la representación de los intereses de los sectores dominantes. Naturalmente tuvo como uno de sus ejes centrales, desde el comienzo de su gestión, la reconfiguración de las relaciones de fuerza al interior del mundo del trabajo.

Siguiendo a pie juntillas el manual de políticas públicas en materia laboral de la ortodoxia económica, en el último año se reeditaron en Argentina los discursos - característicos de la década de los 90- acerca de las bondades de la flexibilización laboral como mecanismo central para atraer inversiones y hacer crecer el empleo. Esa prédica se tradujo en acciones políticas concretas. Por un lado, como prolegómeno a una ley de reforma laboral ya anunciada extra- oficialmente, se promulgaron leyes alentando la creación de empleo precario (llamada Ley de Empleo Joven) y favoreciendo la desregulación de las condiciones de trabajo (por ejemplo, la nueva Ley de Aseguradoras de Trabajo vuelve mucho más dificultosa la posibilidad de realizar un juicio a las patronales por accidentes de trabajo).

Los marcados intentos de profundizar la precarización vinieron acompañados por una ofensiva contra las organizaciones y formas de expresión colectiva de los trabajadores. Este ataque tiene varios frentes y mayormente se instrumenta por la vía de la judicialización, en consonancia con grandes campañas de desprestigio de los trabajadores y sus dirigentes, orquestadas por los más importantes medios masivos de comunicación, aliados estratégicos del nuevo gobierno.

Por un lado, apuntan a la estructura institucional, especialmente de los gremios más movilizados, presentando recursos para quitarles sus personerías gremiales (figura que instituye la legalidad y las prerrogativas de los sindicatos según el modelo argentino), como sucedió en el caso de los docentes o los trabajadores del subte, dos sectores tradicionalmente combativos. Se sumó una disposición del Ministerio de Trabajo para avanzar en la realización de auditorías a los gremios en busca de irregularidades en materia de incumplimiento de la normativa electoral y cupo femenino, que claramente se utilizan como mecanismos de presión a los sindicatos más fuertes de la Confederación General del Trabajo (la central sindical más importante).

La ofensiva se ha materializado en la intervención, en un año y medio de gestión, de cuatro sindicatos (Federación de Empleados de la Industria Azucarera - FEIA, Sindicato de Vigiladores Privados, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos - SOMU y el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires - SIVENDIA).

Además, en la práctica, se desconocieron de hecho institutos claves de la negociación que tuvieron continuidad por más de una década, como las paritarias libres para fijar los aumentos salariales, en un contexto de sostenida alta inflación. Dos ejemplos claves de este accionar de la nueva gestión son el incumplimiento de la ley que lo obligaba a convocar a paritarias nacionales para el sector docente y el pedido de juicio político (mecanismo para la destitución) a los jueces del fuero laboral que homologaron el acuerdo paritario de los trabajadores bancarios ya consensuado con las patronales, pero con un incremento salarial por encima de lo que pretendía fijar el gobierno. Se trata de muestras claras de la decisión política de disciplinar las demandas de los trabajadores a través de acciones ejemplificadoras.

Junto con las políticas de explícita ofensiva en materia laboral, otra vía de fuerte disciplinamiento se consolida a partir del notable y acelerado empeoramiento de las condiciones materiales de vida de los trabajadores en su conjunto. Desde fines de 2015 a esta parte se produjo un importante deterioro del mercado de trabajo. Como producto de la caída del consumo y la apertura de importaciones, en un marco de recesión de la economía, se destruyeron puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado y se incrementaron los niveles de informalidad. En el sector estatal tuvieron lugar olas de despidos masivos durante todo 2016 (se calcula que ascienden a cerca de 100 mil en total), en paralelo a la implementación de nuevos regímenes de control desplegados por el recientemente creado Ministerio de Modernización.

En el sector privado se destruyeron casi 128.000 puestos de trabajo registrados entre el 4° trimestre de 2015 y el 3° trimestre de 2016, marcando una caída sostenida del 2%. Entre los sectores de actividad que sufrieron las mayores destrucciones de empleo se destaca la crítica situación industria manufacturera y la construcción, en consonancia con la baja en los niveles de producción de ambos sectores.

Ese cuadro recesivo se completa con el registro de una impor-tante pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un consiguiente crecimiento en los niveles de desigualdad. Así, los asalariados registrados sufrieron en este período una disminución de alrededor del 10% de su capacidad de compra, particularmente intensa para los trabajadores de menores ingresos, lo que determinó un aumento en la desigualdad entre los ocupados. Con la rebaja del salario real y el empleo, los asalariados vieron disminuida su participación en el valor agregado, que pasó del 37,4% al 34,9%. La agudización de la desigualdad distributiva se corrobora al comparar la relación entre el ingreso per capita familiar (IPCF) promedio de los hogares más ricos y los hogares más pobres que pasó de ser 16 veces en el segundo trimestre de 2015 a casi 20 veces en el tercer trimestre de 2016.

5 EL NUEVO PARADIGMA LABORAL: tres casos y un mensaje disciplinador

Para comprender la materialidad de la política macrista, resulta de interés detenerse en tres casos de sectores estratégicos de la estructura económica, que dan cuenta de la orientación específica de esta política y que actúan como efecto demostración para futuros conflictos en cuanto construyen una narrativa acerca del cambio de época.

5.1 Vaca Muerta: “Revolución del trabajo” y extractivismo

Vaca Muerta es una formación de shaleoil y shale gas situada en la llamada cuenca Neuquina, cuya superficie se despliega en los territorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. De acuerdo con las estimaciones de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cuenta con un potencial para la extracción de gas y petróleo de alrededor de 27 mil millones de barriles (diez veces las reservas de la Argentina), lo que sitúa al país como segundo reservorio a nivel global en materia de shale gas. A partir del año 2013, con la asociación entre YPF y la multinacional Chevron para la exploración y explotación no convencional, Vaca Muerta se convirtió en un gran atractor de inversiones en el país en el marco del nuevo paradigma energético. Desde entonces, la modalidad de explotación, su impacto ambiental y los términos del intercambio económico con las multinacionales extranjeras fueron materia de arduo debate.

En enero de 2017, el nuevo gobierno macrista impulsó la firma de un acuerdo por parte de autoridades estatales, dirigentes sindicales y empresarios que operan en el sector para cambiar las condiciones de trabajo en el yacimiento. Básicamente consistió en la incorporación de un anexo al Convenio Colectivo de Trabajo de los trabajadores petroleros privados específico para aquellos que extraigan recursos no convencionales.

El objetivo central del acuerdo es flexibilizar las condiciones de trabajo para recortar el costo laboral empresario entre un 30 y un 40%. En función de eso, la letra del Convenio establece metas de productividad y jubilaciones forzadas de los trabajadores en edad de recibir el beneficio previsional. También incorpora cláusulas que garanticen la rotación y la polivalencia, pautando que “[…] se podrá reubicar trabajadores en forma temporal o permanente en tareas diferentes a las que venían realizando” (ARGENTINA, 2017a). Al mismo tiempo, se eliminan las llamadas horas taxi (que reconocían como comienzo de la jornada laboral el momento en que los trabajadores partían de su domicilio y finalizaba cuando regresaban), disminuyen la cantidad de trabajadores por pozo y se establece la continuidad del trabajo con viento en superficie de hasta 60 kilómetros por hora en altura, por encima del límite de 30 que regía hasta ahora. Se incorporan además, medidas contra el ausentismo laboral, plasmándose en el acuerdo que “[…] las empresas se comprometen a instrumentar mecanismos necesarios para realizar los controles de ausentismo a efectos de evitar abusos que podrían generarse por boletas médicas”. (ARGENTINA, 2017a).

Desde el gobierno, el acuerdo se presentó como una señal oficial al empresariado local e internacional del compromiso oficial de reducir el costo salarial y aumentar la productividad. El propio presidente Macri lo definió como una revolución del trabajo, en la presentación en la Casa Rosada y el Ministro de Energía Juan José Aranguren declaró ese mismo día que “[…] cuando los demás actores económicos vean lo que se está logrando en el sector petrolero, se van a replicar acuerdos similares en el resto de la economía” (SOUSA, 2017). Efectivamente, el intento de introducir estos cambios flexibilizadores en otros sectores empieza a verse reflejado en las modificaciones que se intentan introducir en rubros como la construcción o la actividad aeronáutica. El Secretario General de los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa asumió el encierro en el que la dirigencia quedó atrapada: "Tuvimos que arreglar porque se nos caían los puestos de trabajo. Los tiempos cambian, la economía se mueve, y hay que adaptarse a algunas cosas." (SOUSA, 2017).

5.2 Industria automotriz: crisis y ajuste por “productividad”

La industria automotriz ocupa una posición relevante en términos de generación de empleo en la estructura industrial argentina. De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Producción existen alrededor de 500 empresas autopartistas que emplean a 74.000 personas de forma directa y otras 150.000 en forma indirecta, en 11 terminales.

En términos productivos, la integración de partes locales en los autos nacionales ronda 25% y esos componentes en su mayoría no forman parte de los segmentos más tecnologizados. Las exportaciones del sector muestran un alto grado de dependencia de Brasil, hacia donde se dirigen más del 70 % de las ventas. Además, es escasa la integración de los autopartistas a las cadenas globales de valor. La notable caída del consumo en el mercado interno, junto con el contexto recesivo en Brasil, suscitaron un fuerte declive en la cantidad de unidades producidas que en 2016 fue de un 10,2 % menos que en 2015. Frente a este contexto, algunas automotrices vienen anunciando suspensiones de trabajadores desde principios de año. Por ejemplo, Volkswagen dispuso esa medida para unos 600 trabajadores de su planta de General Pacheco, mientras que General Motors hizo lo propio para 350 operarios de su planta santafesina de General Alvear.

Después del acuerdo testigo de Vaca Muerta, el sector automotriz es el segundo con el que se firmó un acuerdo-compromiso que pretende avanzar sobre las condiciones laborales del rubro para morigerar el impacto sobre la rentabilidad empresarial de la crisis a través del incremento de la productividad.

Al igual que con petroleros, en pos de resaltar su relevancia, el plan Un millón de autos fue presentado en Casa Rosada por el propio presidente, quién pidió “[…] el compromiso de todos por la competitividad.” (MACRI…, 2017). En el acta acuerdo las empresas y los sindicatos se comprometen conjuntamente a “[…] elaborar un programa de cursos de capacitación.” y “[…] elaborar una propuesta de mejora de la productividad”. (ARGENTINA, 2017b).

El foco del acuerdo está puesto en el incremento de la producción a partir de la hipotética llegada de inversiones (que se anuncian en alrededor de 5.000 millones de dólares hasta 2019) y el aumento de la productividad, en buena medida vía reducción del ausentismo del 6-7% actual al 5% para 2019 y al 3 por ciento para 2023.

Por un lado, es necesario resaltar que los niveles de productividad en el sector registran grandes incrementos en las últimas décadas, por encima del crecimiento del empleo en el rubro. Así, entre 1992 y 1998 la producción de vehículos creció 227 %, mientras que el empleo creció menos del 49 %. Entre 2003-2013, otro momento expansivo de la industria, la producción subió 368 % y el empleo se expandió 190 % en todo el período.

Por otra parte, en relación a la problemática del ausentismo laboral, señalada por empresarios y gobierno como el factor clave que entorpece el desarrollo de la industria, conviene aclarar con cifras precisas las proporciones de su incidencia. De acuerdo a los relevamientos del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA, 2016), en términos generales, las ausencias laborales por razones imputables a los trabajadores afectaron diariamente, entre los años 2013 y 2015, al 0,66 % del total de empleados. Esto significa que se ausentó diariamente, sin causal que lo justifique, sólo uno de cada 151 trabajadores. Uno de los principales motivos de las ausencias laborales son las enfermedades y los accidentes de trabajo, que explican el 68 % de las inasistencias totales.

En el caso específico del sector automotor, las cifras oficiales (Superintendencia de Riesgos de Trabajo - SRT) marcan que la incidencia de la accidentalidad es mayor que la del conjunto; un trabajador de la industria automotriz tiene, en promedio, 1,2 veces más riesgo de padecer un accidente de trabajo que el conjunto de trabajadores cubiertos del sistema, 66,4 versus 54 respectivamente.

5.3 Sector de la alimentación: flexibilidad y debilitamiento sindical

Entre los sectores que mayores ingresos por exportación aportan al desarrollo del modelo de producción argentino, el de alimentación es uno de los más importantes, lo que lo ubica como un sector estratégico para la generación de divisas. Entre ellos, el sector lechero cuenta con un desarrollo de larga data que desde la década del 70 sufrió un proceso de creciente concentración, centralización y extranjerización productiva ya sea por la compra directa de acciones o por la integración en alianzas globales. Entre las empresas que emergen como líderes del sector, Sancor se posiciona como una de las dos empresas más importantes. Nace de la unión de varias cooperativas ubicadas entre las provincias de Santa Fe y Córdoba y cuenta actualmente con 16 filiales y 4.115 empleados.

Sin embargo, en el último año la producción sufrió un severo derrumbe asociado al receso del consumo doméstico como cristalización de la crisis de la economía, a lo que se sumaron las inundaciones en la cuenca lechera. Esta situación llevó a que la empresa se encuentre sumamente comprometida en relación a una deuda previamente asumida. Frente a este cuadro de situación, la propuesta de salvataje del gobierno de 450 millones de pesos se sostiene a cambio de un riguroso plan de reestructuración que se manifestó en la decisión de cerrar cuatro plantas, que en conjunto empleaban a unas 500 personas. Todo ello se enmarca en un plan más general de reducir a 9 los establecimientos en operación y achicar la nómina de 4.000 a 2.500 trabajadores. Muchas de estas plantas constituyen el centro productivo de pequeñas ciudades con lo cual la decisión del cierre no proyecta solo un problema laboral, sino de escala territorial.

Frente a este conflicto, Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) llevó adelante una serie de movilizaciones que culminó con un paro de 24hs en todas las plantas con una importante adhesión. Sin embargo la cámara lechera, con el apoyo del gobierno, logró utilizar la crisis del sector para, además de la propuesta de reducción en el número de plantas y de trabajadores, articular este proyecto con un conjunto de políticas que tienden a reducir el salario y vulnerar las condiciones de trabajo flexibilizándolas. Por un lado, se apunta a disminuir los aumentos salariales en relación al ritmo inflacionario junto con la reducción de un aporte extraordinario vigente desde 2009 que le permitía a los trabajadores compensar de alguna manera la inflación. A su vez, se pospone y queda en suspenso una deuda que tenía la empresa con el sindicato precisamente del aporte extraordinario. En segundo lugar, se busca la flexibilización del convenio colectivo a partir del amesetamiento de las categorías laborales y la eliminación de los premios por presentismo.

Tal como lo indica el Ministro de Agricultura, que participó directamente en el conflicto, el futuro de la empresa supondrá un proceso de reestructuración general y el acuerdo a la baja suscripto aparece como la primera piedra angular para avanzar en otras conquistas como el aporte patronal al sostenimiento de la obra social del sector.

6 CONFLICTIVIDAD Y RESISTENCIA

El deterioro de las condiciones materiales de los trabajadores y de las clases populares junto con un ataque de rasgos revanchistas a las organizaciones políticas y sociales opositoras vienen proyectando un proceso de resistencia muy potente y dinámico. En parte, y como rasgo de mediano plazo, esta resistencia se asienta en una fuerte consolidación de las estructuras obreras de base en el período anterior. También en la histórica capacidad de movilización del movimiento obrero y de las clases populares que protagonizaron los hitos políticos del país. Pero esta resistencia cristalizada en cotidianas muestras de movilización no solo es la expresión del declive de derechos laborales y sociales, también enuncia un cierto hartazgo de una parte de la sociedad civil por el constante ataque a todo un sistema de creencias asentadas en ciertos tópicos comunes como la idea del rol del Estado en cuanto distribuidor de la riqueza y la defensa de una política activa en relación a los Derechos Humanos (DDHH).

Las primeras reacciones a las políticas de ajuste neoliberal del macrismo fueron la de los trabajadores estatales. Fiel a la liturgia neoliberal, con el argumento del déficit fiscal, se dispuso el despido de miles de empleados provocando el desmantelamiento de áreas estratégicas de intervención estatal. Mientras se sostiene la dificultad de financiamiento a las políticas destinadas a los sectores más vulnerables, se conoce la escandalosa evasión de impuestos a través de los Panamá papers en la que aparecen involucradas cuentas y sociedades oRshore tanto del presidente, su familia y varios funcionarios. Además de condonar una deuda de u$s 4.000 millones al propio padre del presidente por una deuda con el Estado.

En este periodo, en el sector público, más de la mitad de los conflictos estuvo motivado por reclamos por crisis (despidos, falta de renovación de contratos, deudas salariales), situación que implicó un cambio cualitativo respecto de años anteriores en los que los reclamos salariales explicaban la gran mayoría de los conflictos. (CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS, 2017).

Un rasgo observado desde las primeras manifestaciones del conflicto y que marca esta nueva etapa de conflictividad es el fuerte componente represivo a las luchas gremiales. La desproporcionada magnitud de la represión desplegada contra los trabajadores del Frigorífico Cresta Roja en diciembre de 2015 y contra los empleados de la Municipalidad de La Plata, en enero de 2016, buscan resolver violentamente los conflictos y enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores. Incluso esta metodología de acción llega a la detención de otros militantes gremiales (según el Observatório del Derecho Social - ODS solo en el 2016 se registran 78 detenciones). Entre ellas, la de mayor visibilidad pública es la de Milagro Sala, militante y diputada del Parlamento del Mercosur por la norteña provincia de Jujuy.

El conflicto docente en torno al legítimo derecho a la negociación salarial a escala nacional -que permite colocar un piso al au mento salarial - requiere algunas apostillas porque es representativo de la dialéctica entre la disciplina que busca imponer el gobierno y las lógicas de resistencia. El gobierno busca colocar este conflicto como caso testigo y de ahí su comparación con la funcionalidad que tuvo el conflicto de los mineros de Margaret Thatcher, los aeronáuticos de Ronald Reagan y en una versión vernácula los trabajadores ferroviarios y telefónicos de Carlos Menem. Sin embargo, en este caso, el intento deslegitimizador hacia los docentes logró el efecto contrario, un fuerte apoyo de la sociedad civil a la lucha. A su vez, los docentes - como así también otras luchas gremiales - se vuelven persistentes en el tiempo innovando en sus formas de manifestación, lo cual permite recrearlas.

Como respuesta a la estrategia represiva y de fuerte confrontación por parte del gobierno, un rasgo que emerge como novedoso desde la resistencia de los trabajadores es la articulación entre diversas luchas gremiales como así también con colectivos emergentes, entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que aglutina a trabajadores del sector informal y cooperativista. Esta característica se viene vislumbrando en numerosas movilizaciones en la que convergen las diversas centrales y corrientes sindicales y que tuvieron su punto de mayor expresión en la reciente movilización del 7 de marzo y en el Paro general el 6 de abril. Este último hecho político viene concatenado aun in crescendo de la lucha social en la primera parte de 2017, que comenzó con una fuerte movilización de los docentes, seguido por el Paro Nacional de Mujeres y que culminó con el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) que logró un acatamiento prácticamente total.

A diferencia de otras etapas históricas, esta coyuntura no viene precedida de inmediatas y fuertes derrotas del movimiento obrero que podrían legitimar la aplicación de políticas de ajuste. Por el contrario, hay indicios de lucha y organización desde diferentes frentes que pueden anudar una larga fase resistencia.

7 CONCLUSIÓN

En este artículo se buscó caracterizar la política laboral del nuevo gobierno en Argentina para entender el sentido y posibilidades de implantación de una nueva concepción en materia laboral acorde con el perfil neoliberal de la alianza gobernante. Comprender su orientación y el modo en que se implementa permitió abordar las lógicas de acción gubernamental, acordes con los intereses del capital concentrado, monopólico y extranjerizado que viene despuntando como actor protagónico del modelo económico vigente. Su posicionamiento en términos ideológicos no es novedoso en Argentina y en América Latina en cuanto propone recetas aplicadas durante la década de los noventa en varios de los países de la región.

La ofensiva sobre los derechos laborales tiene diversas variantes:

a) Cambios en las normativas que rigen la actividad de los trabajadores. Aquí se destaca la Ley de Empleo Joven que tiende a precarizar el vínculo laboral y la Ley de Asegura- doras de Trabajo que resta derechos y vuelve mucho más dificultosa la posibilidad de realizar un juicio a las patrona- les por accidentes de trabajo;

b) La convalidación - y en parte imposición - por parte del Ministerio de Trabajo de nuevos convenios colectivos de trabajo en actividades paradigmáticas donde se incorporan cláusulas orientadas a disminuir los salarios, flexibilizar las condiciones de trabajo y a la pérdida de beneficios la- borales;

c) Disciplinamiento de los trabajadores por medio de la ero- sión del mercado de trabajo, especialmente aumento de la desocupación, baja en la tasa de actividad y aumento de las cesantías;

d) Persecución y límites - en buena medida, por vía judicial - a la actividad sindical al desconocer los derechos a la organización autónoma, negociación y conflictividad.

Dando por sentado que los problemas laborales están atados a las condiciones de contratación, en el 2016 el presidente Mauricio Macri declaraba que “[…] estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX" y que “[…] al aferrarnos a esos convenios lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos." (MAURICIO…, 2016). De este modo queda claro la alineación del gobierno con el discurso empresarial que impera por descargar sobre los trabajadores los costos del ajuste económico, afectando el nivel de consumo de los trabajadores.

A pesar de la fuerte envestida articulada entre el poder em- presarial y gubernamental sobre los derechos laborales, los años de recomposición obrera y auge sindical con anclaje en los lugares de trabajo vienen demostrando la capacidad de acción y resistencia construida, incluso por momentos desbordando a las propias diri- gencias de la principal central sindical – CGT - que se mueve en un péndulo entre la confrontación directa y la negociación de beneficios sectoriales. Esta tensión plantea un escenario novedoso si se lo com- para con la anterior experiencia de aplicación de políticas neolibera- les en los noventa. Si en ese momento las bases obreras estaban de- sarticuladas dejando a las principales cúpulas sindicales la iniciativa política que privilegió la subordinación, el contexto actual plantea una encrucijada distinta porque la dirección de la central sindical cuenta con la presión de las bases obreras organizadas que vienen manifestando una alta politización y cierta capacidad de autonomía.

REFERÊNCIAS

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Notas