1 INTRODUCCIÓN

La relación paz-políticas culturales no ha sido ajena en los debates que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Orga- nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha incentivado buscando “[…] fomentar el desarrollo cultural de todo el planeta, concretando la no demostrada idea de que cuando gran parte de la población consuma bienes cul- turales desaparecerá la mayoría de los conflictos que asolan la con- vivencia entre los seres humanos.” (RAUSELL-KÖSTER, 1999, p. 25). Lo anterior mediante la instauración de la denominada cultura de paz que más allá de reducir los conflictos y promover la tolerancia enfoca su accionar en tres esferas (MONCLÚS; SABAN, 1996, p. 1) la construcción de un marco de vida que siga la noción de dignidad humana lo cual implica la reinserción social de todos los excluidos, los aislados y los marginados; 2) la eliminación de la pobreza y sus determinantes por medio de mayores niveles de equidad en el acce- so a la educación, la ciencia y la tecnología; y 3) la consolidación de los procesos democráticos que garanticen el respeto de todos los derechos.

Siendo así, es posible observar que existe la percepción de una relación intrínseca entre cultura, política cultural y paz que ha sido ratificada sistemáticamente por diferentes tratados internacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, proclamada por la Organi- zación de Estados Americanos (OEA), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales promulgados por las Naciones Unidas, las dos primeras en 1948 y este último en 1966, que reconocen a la cultura como “[…] la máxima expresión social e histórica del espíritu.” (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 1948) y declaran que todas las personas tienen derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y beneficiarse de los resultados del progreso intelectu- al y especialmente de los descubrimientos científicos. (NACIONES UNIDAS, 1948, 1966; ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 1948). Sin embargo, la incorporación de nuevos elementos que amplían el concepto de cultura, aceptando que esta implica el reconocimiento de todas las formas de manifestación de la vida y expresiones materiales e inmateriales de las comunidades ligada a las ideas y teorías de desarrollo, extiende la concepción de política cultural a otros campos que terminan abarcando una variedad de ob- jetivos que van desde la generación de beneficios económicos con la producción de nuevos empleos y obtención de rentas resultado del estímulo al turismo, hasta el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la lucha contra la exclusión social, el refuerzo del espíritu comunitario, la mejora y el acceso a los espacios públicos y manifestaciones autóctonas, entre otras. (ARVANITAKI, 2007; DURAND, 2001; GRAY, 2007; YÚDICE, 2004).

Así, tradicionalmente se ha entendido por política cultural a las intervenciones realizadas desde el sector público que pretenden afectar el proceso cultural1 en la sociedad, es decir, como aquellas actuaciones que inciden en los medios de producción cultural, en la formación de los agentes profesionales especializados, en la circula- ción y en el consumo de bienes culturales, su conservación, protec- ción o comercialización con el fin de promover un desarrollo cultu- ral y armonizar las relaciones sociales vigentes (BRUNNER, 1985; 1988; SILVA, 1993; VIDAL-BENEYTO, 1981), en las cuales la incorporación de principios como participación, descentralización, multiculturalidad e interculturalidad son constantemente referencia en la etapa de formulación.

Por consiguiente, para contribuir en el debate de las políticas culturales y la construcción de paz, se analizará la aplicación de los principios de multiculturalidad e interculturalidad en las políticas culturales, tomando como ejemplo el caso de Bogotá, a partir de los discursos expuestos en los documentos institucionales en este cam- po, mediante el levantamiento documental de material normativo y el estudio de caso intrínseco a través de las declaraciones de dife- rentes sujetos dentro y fuera de la institucionalidad que reflexionan sobre los mecanismos y discursos presentes en la ciudad. Para esto, inicialmente, se realizará una breve interpretación a nivel teórico de estos principios; después, se revisará rápidamente el contexto en el cual fueron formulados los dos documentos de políticas culturales distritales estudiando cómo estos fueron incorporados y cuáles fue- ron los posibles determinantes para pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad; luego, se comentará posibles contradicciones en el discurso; y finalmente, se apuntarán algunos desafíos teniendo en cuenta el actual contexto de postconflicto.

2 ENTENDIENDO LA MULTI E INTERCULTURALIDAD: breve aclaración sobre las categorías

En la acepción tradicional de política cultural a la que se hizo referencia anteriormente, se puede decir que existen dos ejes primor- diales para su formulación: las políticas patrimoniales y las políticas de producción/difusión cultural. (CALABRE, 2007). Siendo así, en los últimos años, por el lado del patrimonio, han primado actuacio- nes que más allá de intentar instaurar una identidad cultural definida desde el Estado, se ha ampliado su accionar hacia el reconocimiento de la diversidad presente en los territorios legitimando diferentes expresiones (LIMA; ORTELLADO; SOUZA, 2013). En lo refe- rente a las políticas de producción/difusión cultural, los principales paradigmas orientadores han girado en torno a la democratización cultural y la democracia cultural (ALBUQUERQUE, 2011; LIMA ; ORTELLADO; SOUZA, 2013; VIDAL-BENEYTO, 1981). Bajo la orientación de la democratización cultural se intenta devolver a las personas la posibilidad de elegir cuáles obras o actividades cultu- rales prefieren para así facilitar su acceso a las creaciones artísticas (VIDAL-BENEYTO, 1981); en contraposición, siguiendo los pos- tulados de la democracia cultural se busca favorecer la expresión de subculturas particulares y proveer a los excluidos de la cultura tradicional y hegemónica los medios de desarrollo para que ellos mismos se cultiven conforme sus propias necesidades y exigencias. (BOTELHO, 2001).

De esta forma, en los dos grandes ejes de la política cultural se puede observar como las últimas tendencias reconocen la coe- xistencia de múltiples culturas en la sociedad propiciando su desar- rollo autónomo y la lucha contra la exclusión. En este aspecto, es significativa la influencia de la UNESCO que desde 1980, mediante la Declaración de México, contempla la diversidad y el pluralismo cultural como un elemento indisociable de la identidad cultural ob- jeto de política mediante la protección (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA CULTURA, 1982), abriendo paso a otras iniciativas como el Decenio Mundial para la Cultura y el Desarrollo 1988-1997 en el cual se propone el fortalecimiento de las creaciones populares y de masas (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA CULTURA, 1986), para em 1989 admitir que otros componentes para pensar las políticas cul- turales requieren aceptar la diversidad en los territorios, postulado reflejado en las Recomendaciones sobre la Salvaguardia de la Cul- tura Tradicional y Popular que hace referencia específica a los me- canismos para la identificación, conservación, preservación, divul- gación y protección de las creaciones fundamentadas en la tradición que se originan en las comunidades y que son parte de la expresión de su identidad social y cultural. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA Y LA CULTURA, 1982), abriendo paso a otras iniciativas como el Decenio Mundial para la Cultura y el Desarrollo 1988-1997 en el cual se propone el fortalecimiento de las creaciones populares y de masas (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA CULTURA, 1986), para em 1989 admitir que otros componentes para pensar las políticas cul- turales requieren aceptar la diversidad en los territorios, postulado reflejado en las Recomendaciones sobre la Salvaguardia de la Cul- tura Tradicional y Popular que hace referencia específica a los me- canismos para la identificación, conservación, preservación, divul- gación y protección de las creaciones fundamentadas en la tradición que se originan en las comunidades y que son parte de la expresión de su identidad social y cultural. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA CULTURA, 1989).

Finalmente, al inicio del siglo XX, se aprueba la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (en 2002) que define vínculos entre esta, la identidad y el pluralismo, los derechos humanos, la cre- atividad y la solidaridad internacional (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA CULTURA, 2002), precediendo a la Convención sobre la Pro- moción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005 que, entre otros, tiene por objetivos proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, animar el diálogo entre culturas con el fin de asegurar intercambios a favor del respeto inter- cultural y de una cultura de paz, fomentar la interculturalidad como forma de desarrollar la interacción cultural y promover el respeto por la diversidad de las expresiones culturales. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS APARA LA EDUCACIÓN, LA CIÊNCIA Y LA CULTURA, 2005).

En ese contexto, el concepto de multiculturalidad fue usado, inicialmente, en las políticas del gobierno canadiense en la década de 1960, difundiéndose luego por Estados Unidos, Europa, Australia y, en general, por los países de Latinoamérica que reconocen que la existencia de sociedades plurales genera conflictos en relación con la diversidad entre los grupos étnicos, culturales, religiosos y regiona- les que la componen y que, por lo tanto, las demandas de los grupos minoritarios (más vulnerables a las injusticias y que tienen menos poder que aquellos sujetos que hacen parte de la cultura dominante) deben ser atendidas mediante la eliminación de las desventajas a las que se ven expuestos. Así, la multiculturalidad propone establecer el principio diferencial de derecho, creando discriminaciones positi- vas que desafía el principio liberal-democrático de derechos basado en derechos individuales. En definitiva, “[…] el multiculturalismo apunta hacia la acomodación de la pluralidad cultural en el marco de los principios liberales, buscando fomentar la tolerancia y con- vivencia entre culturas a través del reconocimiento y aplicación de derechos diferenciados.” (NOVOA TORRES, 2014, p. 19).

De esta forma, la diversidad y la multiculturalidad fueron asumidas a partir de perspectivas propuestas por organismos mul- tilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y, por supuesto, la UNESCO, de la misma forma que por los movimientos sociales que percibieran en estas una manera de reivindicación de sus demandas relacionadas con la etnicidad, el respeto de los derechos humanos, la biodiversidad y la ecología, asuntos de género y sexuales, entre otros. Sin embargo, esto ha representado dos problemas principales relacionados con su definición y uso.

Primero, la amplitud en la interpretación de estos conceptos ha dado cabida al reconocimiento de todo tipo de demandas y exi- gencias que, aun cuando adquieren una gran fuerza histórica, termi- na enmascarando conflictos políticos y desigualdades que mágica- mente se solucionan con la inclusión en lo cultural, con lo que “[…] o la noción de la diversidad puede apuntar hacia cuestiones ‘graves, de peso’ o hacia un tamiz que borra las causas profundas de la ine- quidad en nombre de la diversidad cultural.” (OCHOA GAUTIER, 2003, p. 106).

Segundo, el uso indiscriminado de ambas categorías hacien- do referencia a diversos fenómenos y equiparando de la misma forma todas las demandas de los movimientos sociales (por ejemplo, afro-descendientes y transexuales) clasificándolos y reduciéndolos a minorías, hace que se requiera un análisis más profundo de sus determinantes, pensando si, como Ochoa Gautier (2003) reflexiona, la diversidad es convocada con base en la lucha de los derechos ter- ritoriales o partiendo de los dilemas de la expresión cultural, con el fin de determinar si

[…] la perspectiva multicultural comprometida con la diferencia tan sólo se configura como una herramienta más de un discurso dominante de exclusión, [...] que tiene como fin aprehender la di- versidad y la diferencia – la alteridad –, y subsumirla y cooptarla de manera tal que la asimila y la incorpora como propia dentro de una estrategia de dominación. (CORTÉS GÓMEZ, 2007, p. 33).

No obstante, la incorporación de la dimensión cultural como elemento clave en la triada del desarrollo (sumándose al componente económico y social) implica un desplazamiento de la perspectiva multicultural a la intercultural (CAMAROTTI, 2014), cambio que se acentúa cuando la noción de diversidad étnico cultural entra en las Constituciones de los países latinoamericanos (NOVOA TORRES, 2014). La interculturalidad presupone que las culturas están vinculadas entre sí y que estas interacciones tienen origen histórico. De esta forma, la interculturalidad suele ser entendida tradicional y principalmente a partir de dos perspectivas: la interculturalidad relacional y la interculturalidad funcional.

La interculturalidad relacional es la forma básica de relacio- namiento entre grupos de diversas culturas con la que se pretende reducir “[…] a su mínima expresión la conflictividad que se presen- ta en este tipo de relacionamientos, el poder o dominio se ocultan, limitando la interculturalidad al contacto o intercambio, individual o colectivo, velando las estructuras de dominio económico, político, cultural y epistémico que presenta la diferencia cultural.” (NOVOA TORRES, 2014, p. 21).

La interculturalidad funcional propone la inclusión social de la diversidad y las diferencias en la estructura social, promoviendo el diálogo, la convivencia y la tolerancia, pero sin intentar entender y descubrir los determinantes que producen las desigualdades y las jerarquías sociales, ni cuestionar las reglas de juego que las repro- ducen y mantienen. Esa forma de interculturalidad tiene raíces en el multiculturalismo y ha sido fomentada a través de los discursos de organismos multilaterales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la UNESCO, entre otros, con gran influencia en las políticas institucionales de los gobiernos latinoamericanos que apuntan a la inclusión de los grupos minoritarios e históricamente excluidos; sin embargo,

[…] esta interculturalidad es bastante compatible con el modelo neoliberal, pues implica una lógica que, reconociendo la diferen- cia, lo que busca es su gestión o administración dentro de los Esta- dos nacionales, erigiéndose así en una nueva estrategia de domina- ción necesaria para el manejo de los conflictos étnicos o raciales y la expansión del mercado. (NOVOA TORRES, 2014, p. 21).

Así, como se observa, ni el multiculturalismo ni la intercul- turalidad de la forma en que se han venido asumiendo incentivan el debate sobre las estructuras de poder y la reproducción de imagina- rios que fragmentan, excluyen y segregan; por el contrario, mediante las estrategias que se definen con fines de tolerancia, convivencia y aceptación de las diferencias tienden a perennizar las estructuras, invisibilizando las luchas de poder y naturalizando los grupos hege- mónicos que definen a los diferentes o minorías.

3 POLÍTICAS CULTURALES EN BOGOTÁ: contexto, documentos institucionales y su relación con construcción de paz y multi/interculturalidad

Hablar de cultura, política cultural y construcción de paz en Colombia se remite formalmente al Plan Nacional de Cultura 1992- 1994: El camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI (TAFUR VILLARREAL, 2016), momento en el cual se asume el supuesto de que la cultura contribuye a la formación de la paz, siendo considerada como una herramienta y estrategia valiosa en la búsqueda de la reconciliación nacional, la convivencia, el respeto por la diferencia, el diálogo y la libre expresión de ideas. Adicional- mente, aun cuando bajo el Plan Nacional de Cultura 1991-1994: La cultura en los tiempos de transición se propuso la creación del Sis- tema Nacional de Cultura y Desarrollo Institucional, el cual estaría compuesto por Consejos (a nivel nacional, regional, departamental y municipal) constituidos como organismos asesores para la formu- lación de políticas culturales territoriales, fue en el Plan Nacional 1992-1994 que se propició su fortalecimiento. (MENA LOZANO; HERRERA CAMPILLO, 1994).

Con este panorama, Jaime Castro, Alcalde de Bogotá para el periodo 1992-1994, buscó la creación y formalización de diferentes canales de descentralización y participación comunitaria en la ciu- dad reglamentados en normas nacionales, con el fin de fomentar la fiscalización de los recursos y la incidencia de la ciudadanía en la gestión de asuntos públicos (BOGOTÁ, 2014), del cual no escapó el sector cultural. Así, antes de finalizar su gestión, creó el Sistema Distrital de Cultura2 como resultado de procesos pedagógicos y de- mocráticos desarrollados por intelectuales, actores socioculturales y miembros del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) repre- sentando a la Alcaldía. (CORTÉS GÓMEZ, 2007).

Aun cuando desde 1995 inicia el desarrollo propiamente di- cho de este Sistema, no es sino hasta 1998 cuando se formula la Política Cultural para Santa Fé de Bogotá 1998-2001, en la cual se propone “[…] fortalecer los procesos de desconcentración y generar mecanismos de participación ciudadana, para llevar la cultura a los sectores menos favorecidos.” (BOGOTÁ, 2014, p. 7), en concor- dancia con lo dispuesto en la Ley General de Cultura3. En dicho documento se privilegian acciones dirigidas a los Consejos Distrital y Locales como espacios de participación del Sistema, la asistencia de los ciudadanos en eventos culturales y la descentralización de las líneas de la política en los barrios. (BOGOTÁ, 2014).

No obstante y a pesar de estos postulados, dicho documento no fue bien recibido por los Consejeros miembros, visto que algu- nos de ellos percibieron como los espacios de participación fueron ignorados para la formulación de la política evidenciado en la falta de procesos de concertación por parte de la Alcaldía4, una interven- ción basada netamente en la visión institucional y un presupuesto invertido siguiendo las prioridades de la Administración Distrital y no de la comunidad. (CORPORACIÓN..., 2000). Además, fueron cuestionados fuertemente los diagnósticos base para la formulación ya que se constató que estos no consideraban las situaciones “[…] de la violencia, de los desplazados, de la composición demográfica, el desarrollo de los hábitos de consumo cultural, de los medios de comunicación, de la problemática de los artistas, de la falta de es- tímulos a la formación, y en general del desarrollo de la ciudad.” (REPRESENTANTE DE LOS ARTISTAS AL CONSEJO DISTRITAL DE CULTURA, 1999, p. 79), así como la incidencia de la po- lítica económica en relación al presupuesto destinado a la cultura y la disminución del porcentaje de ingresos que las familias bogotanas reservan para bienes y servicios culturales

En consecuencia, para la formulación del siguiente documen- to Bogotá en acción cultural 2001-2004, inicialmente fueron resca- tados los espacios de concertación para la formulación de políticas culturales, establecidos en el Sistema Distrital de Cultura (PECHA QUIMBAY, 2006, p. 92), en los cuales se recogieron las propuestas tanto de los Consejos Locales de Cultura y las áreas artísticas, como de los sectores sociales presentes en estos (COMITÉ DE POLÍTICAS CULTURALES, 2003). Siendo así, las nociones que guían la elaboración de esta política se pueden resumir en el reconocimien- to de la diversidad y la multiculturalidad como pasos preliminares para avanzar en el desarrollo intercultural, la descentralización del Sistema Distrital de Cultura como instrumento para empoderar a los ciudadanos contribuyendo en su participación comunitaria y en los asuntos que los afectan, y la reflexión “[…] dentro del marco de una sociedad globalizada, pero teniendo en cuenta las particularidades tanto locales como de la ciudad en su conjunto.” (COMITÉ DE POLÍTICAS CULTURALES, 2003, p. 42) con el fin de construir una identidad como ciudad.

Continuando con los procesos de formulación, antes de fi- nalizar el horizonte temporal de acción propuesto para Bogotá en acción cultural, el Consejo Distrital de Cultura y el IDCT iniciaron el proceso de concertación y actualización de las políticas culturales, cuyo resultado sería el documento Políticas Culturales Distritales 2004-2016, propuesta también construida participativamente en el seno de los espacios del Sistema Distrital de Cultura con la creación de dos instancias adicionales dentro y fuera de la institucionalidad. Este documento fue publicado en dos versiones cuyos cambios no fueron significativos, dado que en las dos ediciones, el discurso está estructurado casi sobre las mismas categorías de las políticas an- teriores (2001-2004) siendo reorganizadas para lograr una mayor consistencia; sin embargo, haciéndolas más abstractas porque, en algunos casos, no se definen o su descripción no es explícita. En ese aspecto, es relevante que aunque las bases conceptuales para la elaboración son más amplias, se evade expresamente la responsabi- lidad de definir cultura, resultando en un campo de intervención tan impreciso que todo puede entrar en él. A pesar de ello, se acepta la cultura como el sustrato y esencia de la vida de los pueblos, al mismo tiempo vinculada a la democracia, al desarrollo y a la economía. (MORENO-CUBILLOS, 2017).

Otro cambio que se quiere resaltar es la aceptación de la inter- culturalidad en contraposición a la multiculturalidad como principio norteador de la intervención, siendo esta definida como

[…] el proceso social y político mediante el cual se respetan, in- fluyen y transforman de manera permanente las relaciones entre culturas, así como las estructuras, instituciones y prácticas que dan marco a dichas relaciones, con el ánimo de resolver las asimetrías, desequilibrios y discriminaciones que tienen lugar en la vida so- cial. (BOGOTÁ, 2005, p. 63-64, grifo do autor).

Lo que implicaría que todos los grupos tienen derecho a ma- nifestarse cultural y artísticamente, así como a generar el conoci- miento desde sus propias tradiciones y cosmogonías, dado que se buscaría reconocer los aspectos que son la base común de todas las culturas, las formas heterogéneas que los grupos sociales manifies- tan y expresan tanto en lo cultural como en lo artístico y los modos de construcción de identificación social, política y económica.

En ese sentido, es necesario destacar cómo todos estos cam- bios en la ciudad y en las perspectivas de formulación de políticas culturales responden, al mismo tiempo, a la adopción de la pers- pectiva neoliberal de desarrollo que privilegia políticas y formas de gestión de los asuntos públicos con marcado acento mercadológico con el fin de hacer atractiva la ciudad como destino de inversión (ARANTES, 2000; VAINER, 2000), mediante la administración mixta de servicios públicos, el fomento de políticas que contribuyan al desarrollo económico y territorial, la reestructuración del sector público, la instauración de mecanismos para la promoción de la participación ciudadana y el control social (como se aprecia con el Sistema Distrital de Cultura) e la descentralización. (RESTREPO BOTERO, 2003a, 2003b). Ese contexto conlleva a que la cultura y las políticas culturales sean asumidas como parte de una estratégica para la potenciación de la competitividad urbana, modelo impulsado por el Institut de Cultura de Barcelona desde 1999, en el cual la lógi- ca de intervención se redefinió como catalizadora del sector cultural y sus agentes, dirigidos a aquellos de carácter profesional, y tambi- én como elemento de cohesión social mediante la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, el respeto a la diversidad y el fomento de los espacios de trabajo sociabilidad, pero éstos en un segundo plano. (BARBIERI; FINA; SUBIRATS, 2012). Con este, como Rodríguez Morató (2005, p. 366-367) explica

[...] se trata de trabajar con vistas a la potenciación cultural de la ciudadanía – a la elevación de su nivel cultural, al fomento de su creatividad –, no sólo para mejorar la calidad de vida de la pobla- ción, sino también porque ahora se entiende que con ello se mejora igualmente la capacidad general de innovación y de adaptación a la sociedad del conocimiento. Se trata al mismo tiempo de fomentar el desarrollo de la cultura cívica – el diálogo intercultural, la par- ticipación –, en tanto que formas eficaces para lograr la cohesión social. Se trata, en fin, de que la cultura contribuya al máximo al desarrollo económico de la ciudad (produciendo y exportando bie- nes y servicios culturales, proporcionando ocupación en el sector cultural, atrayendo turismo, contribuyendo a la articulación y a la regeneración urbana) y que ayude también a su internacionalizaci- ón (lo que se espera que revierta positivamente en sus aspiraciones de capitalidad). Y todo ello, a través del estímulo de la multipli- cidad de agentes culturales que hoy operan en la ciudad; agentes que van desde las industrias y las empresas culturales a las asocia- ciones y entidades del tercer sector que operan en este ámbito, a los creadores y especialistas, las administraciones culturales y los propios ciudadanos.

4 ALGUNOS PUNTOS CONTRADICTORIOS DENTRO DEL DISCURSO DE POLÍTICAS CULTURALES EN BOGOTÁ

La formulación de las políticas culturales en Bogotá signi- ficó un avance en su construcción participativa en coherencia con la Constitución Política y la Ley General de Cultura que, a su vez, considera y acepta las orientaciones de la UNESCO. Sin embargo, el avance de la ideología neoliberal y la adopción de las herramien- tas de gestión privilegiadas en esta etapa del sistema de producción permean ampliamente el discurso y la propuesta de intervención, así como las estrategias para su implementación, produciendo matices en lo que fuera definido a partir de las reivindicaciones de los sujetos.

Aun cuando se amplía la definición de cultura, reconociendo diversas manifestaciones y grupos, ella está vinculada a la esfera y exigencias del desarrollo económico y urbano. Por lo tanto, la im- plementación de las políticas culturales tiene como trasfondo la ge- neración de beneficios monetarios, contribuyendo al mismo tiempo en la mitigación de la desigualdad y la exclusión social. (RIUS ULLDEMOLINS; SÁNCHEZ-BELANDO, 2015). En consecuencia, en Bogotá en Acción Cultural 2001-2004 se acepta la diversidad de la ciudadanía celebrando su multiculturalidad como principios básicos que apuntan a la inclusión de todos los ciudadanos y sus exigencias en igualdad de condiciones; no obstante, implícitamente no se reco- noce la igualdad material ni el verdadero acceso a los derechos de ciudadanía. En otras palabras, se acepta el derecho al reconocimien- to de la diferencia de los grupos, concibiendo que la ciudad no es homogénea, sino pluricultural, admitiendo a todos los ciudadanos independientemente de su género, orientación sexual, clase, etnia, etc. Sin embargo, esta igualdad se restringe al terreno de lo formal/ discursivo porque las acciones propuestas no permiten solucionar las tensiones políticas y económicas que sufren las minorías o los desiguales (BENAVIDES VANEGAS, 2010) y tampoco satisface la demanda de continuidad y de políticas estratégicas de largo plazo. Además, bajo la demonización de minorías, hay intensos procesos de reducción y homogeneización de prácticas y símbolos de grupos culturales y sociales se generan nuevas formas de exclusión.

Por su lado, aunque las Políticas Culturales Distritales 2004- 2016 también son construidas participativamente en los espacio de concertación del Sistema Distrital de Cultura, esa participación se restringe a los mismos criterios y reglas definidos desde las políticas anteriores con lo cual se puede ver que los grupos o agentes que con- curren son aquellos que llevan a cabo actividades y proyectos artís- ticos y culturales además de la institucionalidad, lo que produce que las líneas de intervención privilegien procesos encaminados funda- mentalmente a la producción y distribución/circulación de bienes y servicios culturales, sin dejar de lado la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, la infraestructura y la investigación, observan- do que las políticas culturales son intervenciones pensadas princi- palmente por y para los oferentes del sector (BROMBERG, 2003), teniendo en cuenta que este modelo de participación centrado en la representatividad manifiesta algunas deficiencias. Una de ellas está relacionada al bajo número de electores que nombran a los Conse- jeros, lo cual puede llevar, como Rubiano Pinilla (2009) menciona, a que se posicionen intereses individuales (por desconocimiento de las demandas de los grupos que dicen representar). Así mismo, en otras ocasiones, los consejeros no consultan a otros sujetos para la toma de posición reflejando sus aspiraciones particulares, “[…] ya que el sistema maneja información preferencial y relacionamiento estratégico que posibilita la demanda de contratos, el reconocimien- to de premios y en otros casos, como trayectoria de carrera política.” (BOGOTÁ, 2014, p. 16). Además, casi el 50% de los consejeros dis- tritales han sido reelegidos al punto que “[…] es claro que muchos de los que empezaron con el Sistema todavía siguen en él.” (BOGOTÁ, 2014, p. 30), luego, el posicionamiento de intereses se perpetúa.

Referente a la interculturalidad propuesta como principio que guía la acción, se observa que no se reconoce el carácter conflictivo que la envuelve, dado que si bien se establece como la posibilidad de conocer, reconocer y dialogar entre grupos, no se busca cuestionar los determinantes que crean las diferencias, las jerarquías y las desi- gualdades con lo que los conflictos, entre los grupos y con el sistema de producción, se invisibilizan. (MORENO-CUBILLOS, 2017). En este sentido, es importante ver cómo se refuerza la perspectiva de la interculturalidad funcional que permite apreciar y aceptar las dife- rencias mediante márgenes de tolerancia y respeto, pero no pretende transformar esas situaciones mediante la visibilización de las estruc- turas de poder que definen e impiden que grupos puedan participar la vida pública efectivamente. Así, resulta evidente que las políticas culturales objetivan facilitar la convivencia a través de cierto grado de consentimiento de las desigualdades e injusticias, sin cuestionar la esencia de las mismas; en otras palabras, estarían simplemente mitigando algunos efectos indeseables del sistema capital que las originan.

En consecuencia, es notorio cómo las discusiones de las polí- ticas culturales se cierran sobre el campo y en su formulación no se profundiza sobre los determinantes que producen ciertas situaciones, como la desigualdad en el acceso a los equipamientos o eventos y la discriminación, o sea, parece que no es importante cuestionar ideas y creencias bajo los cuales están construidas los órdenes, jerarquías e imaginarios, generados por el sistema de producción y por la direc- ción de desarrollo económico y social que tienen consecuencias en lo cultural. Con esto, categorías valiosas como la interculturalidad se inserta dentro del discurso, pero su alcance resulta limitado, ya que “[…] sin una crítica al capitalismo, ambas categorías - intercul- turalidad y subalternidad - pueden caer vacías lo que es peor, pueden volverse herramientas netamente funcionales al orden existente.” (VICH, 2005, p. 274).

En resumen, la aplicación de estos principios bajo la hegemo- nía neoliberal en la gestión, sin discusiones críticas sobre el sistema de capital y sus efectos en la vida cotidiana y en las formas de or- ganización, restringe el conflicto a términos administrativos, contri- buyendo a legitimar el desarrollo económico como fin último de la sociedad y las formas de organización del Estado actual en favor de la expansión y acumulación del capital en beneficio de pocos. De esta forma, las políticas culturales tal como vienen siendo planteadas no intervienen en los patrones de representación, ni pretenden visi- bilizar los vínculos y las relaciones de poder, manteniendo imagina- rios que posiblemente podrían transformarse para alcanzar órdenes más igualitarios y justos con los grupos que componen la sociedad. (MORENO-CUBILLOS, 2017).

5 DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES Y LA INTERCULTURALIDAD EN EL POSCONFLICTO

Un escenario de posconflicto requiere la construcción de una nueva categoría que permita pensar la cultura y el arte como esce- narios sociales de comunicación expandida en el marco del recono- cimiento de la diferencia en un contexto de conflicto, negociación y representación de sujetos. (RODRÍGUEZ SARMIENTO, 2017). En este sentido, la interculturalidad en estas circunstancias implicaría asumir una nueva perspectiva en la cual su problema principal no sea la diversidad, sino la diferencia que considere los problemas de la clasificación étnico-racial, la estructura de dominación y los re- tos de la descolonización. Esa perspectiva, denominada por algunos como interculturalidad crítica, “[…] no se limita al reconocimientoo la inclusión, sino que busca una transformación socio-histórica estructural de las sociedades.” (NOVOA TORRES, 2014, p. 23) al proponerse cambiar las relaciones, jerarquías, imaginarios y demás dispositivos que discriminan o inferiorizan. Dicho lo anterior, esa perspectiva se configura como un proyecto por construir en donde la cultura deje de ser una esfera aparte de los demás entramados de la realidad social y las políticas públicas culturales plateen intervencio- nes más transversales e intersectoriales.

De esta forma, las políticas culturales pasarían a configurarse como acciones que tengan como eje la movilización de la cultura materializada mediante decisiones, intervenciones, narrativas y me- dios cuyo objetivo se direccionaría a interferir en las relaciones de poder existentes entre distintos grupos dentro de la sociedad, o sea, en los vínculos humanos tanto en lo cotidiano como en lo artístico, con el objetivo de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer nece- sidades culturales y llegar a un consenso para un tipo de orden de transformación estética, política, económica y social, no sólo en tér- minos de valoración simbólica, sino en las consecuencias socioeco- nómicas de los procesos de subalternización. (CAMAROTTI, 2014; GARCÍA CANCLINI, 1987; 2005; MURRAIN; ARAOS, 2015;OCHOA GAUTIER, 2003; VICH, 2013)

En este sentido, las políticas culturales darían la posibilidad a todos sujetos, incluso a aquellos históricamente excluidos, de crear formaciones discursivas que les permitan representarse a ellos mis- mos y articular dicha representación con mensajes que exhiban su propia condición política, permitiéndoles participar en las diversas esferas de la vida social y visibilizando las estructuras de poder que han impedido que grupos puedan acceder a las decisiones públicas. (OCHOA GAUTIER, 2003; VICH, 2013). Lo anterior implicaría que desde su formulación, las discusiones contemplen las condicio- nes materiales que dan nacimiento a las formas cómo el poder es ejercido, con el fin de promover representaciones y mensajes que desestabilicen los imaginarios hegemónicos en donde la cultura se- ría mediadora en lo político, lo económico y lo social, y canalizadora de derechos. Así, “[…] las políticas culturales no sirven exactamente para resolver los problemas sociales, sino que consisten, sobre todo, ‘en el intento por reformular los problemas mismos, vale decir, en modificar el marco ideológico en el cual los problemas se han perci- bido hasta el momento’.” (VICH, 2013, p. 137).

Esa orientación para las políticas culturales de la ciudad po- dría contribuir a revelar las dimensiones culturales de fenómenos aparentemente no culturales (VICH, 2013) cuyas intervenciones se entenderían como el proceso mediante el cual se hace más visible un tema latente en la comunidad, solidificando la irrupción de la verdad como elemento clave en la construcción de paz cuyo ejercicio debe- ría centrarse en la búsqueda de coexistencia de múltiples verdades, todas ellas legítimas contadas por diversos sujetos. De esta forma, no se trata de construir una verdad única al servicio de uno de los antagonistas, sino de encontrar los caminos que permitan preservar y reconstruir el tejido social teniendo en cuenta la multiplicidad de verdades y visiones en donde el quehacer cultural aportaría a la su- peración de la polarización y el odio. (CALLE LOMBANA, 2017).

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Notas

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