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CHILE Y EL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC: un reto político y social
CHILE E O GOVERNO DE GABRIEL BORIC: um desafio político e social
CHILE Y EL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC: un reto político y social
Revista de Políticas Públicas, vol. 26, núm. 2, pp. 526-540, 2022
Universidade Federal do Maranhão
Recepción: 11 Julio 2022
Aprobación: 11 Noviembre 2022
Resumen: Este trabajo tiene el objetivo de discutir el triunfo electoral del candidato Gabriel Boric en Chile, el 19 de diciembre de 2021, teniendo como antecedentes el estallido social y el plebiscito resultando en la constituyente para escribir una nueva carta constitucional. Investigación de carácter bibliográfica que analiza el nuevo gobierno chileno a partir de conceptos como neoliberalismo, transición democrática y democracia tutelada en Chile, antecedentes que enmarcan y condicionan la vitoria de Boric y su futuro gobierno. Se discuten los desafíos para su gobierno y las expectativas depositadas por la sociedad en su administración y en la futura carta constitucional, así como las resistencias a los cambios presentes en el parlamento y en los grupos de intereses que controlan los sectores estratégicos de la economía.
Palabras clave: Chile, neoliberalismo, estallido Social, plebiscito, elecciones.
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de discutir o triunfo eleitoral do candidato Gabriel Boric, no Chile, em 19 de setembro de 2021, tendo como antecedentes a explosão social e o plebiscito , resultando na constituinte para esccrever uma nova carta constitucional. Pesquisa de caráter bibliográfico que analisa o novo governo chileno a partir de conceitos como neoliberalismo, transição democrática e democracia tutelada no Chile, antecedentes que estabelecem e condicionam a vitória de Boric e seu futuro governo. Discute os desafíos para seu governo e as expectativas depositadas pela sociedade em sua administração e na futura carta constitucional, assim como as resistencias às mudanças presentes no parlamento e nos grupos de interesses que controlam os setores estratégicos da economía.
Palavras-chave: Chile, neoliberalismo, exposão social, plebiscito, eleições.
1 INTRODUCCIÓN
El 19 de diciembre, los chilenos fueron a las urnas para elegir el nuevo presidente de Chile para el próximo período gubernamental de cuatro años. El resultado electoral le dio el triunfo a Gabriel Boric, representante del Frente Amplio (FA)[1], hecho que causó sorpresas tanto en Chile como en el exterior por las singularidades del desenlace.
Gabriel Boric será el presidente chileno más joven de la historia, con 36 años, además de ser el presidente más votado en el país, con 4, 6 millones de votos y 10 puntos frente a su rival, el representante de la derecha chilena, Antonio Kast . Otra característica de Boric es que no representa a ninguno de los grandes bloques de centro izquierda o centro derecha que se relevaron en el ejecutivo, durante siete mandatos[2], a partir de la redemocratización en 1990.
El nuevo presidente incorpora la corriente masiva de chilenos que salieron a las calles, en octubre de 2019, contra las injusticias sociales acumuladas durante décadas impuestas por el modelo neoliberal vigente desde los años de 1970, y que continuó con los gobiernos de la era post-Pinochet. El “estallido Social” exigió un cambio en el sistema político y económico vigente donde la palabra “dignidad” se irguió como su principal bandera, realidad que sólo sería materializada con la elaboración de una nueva Carta Constitucional.
Las movilizaciones que resultaron en el “estallido” chileno rompieron en pedazos la vitrina victoriosa del neoliberalismo chileno revelando al mundo el otro lado de la cara de ese modelo impuesto a partir de la ruptura institucional en 1973. Esa unión indisociable de abertura económica y una ilusoria estabilidad democrática se sostenía gracias a una alarmante precariedad social, índices de desigualdad insostenibles, endeudamiento crónico de las familias y un evidente divorcio entre las instituciones, sus representantes políticos y las demandas acumuladas y no atendidas por mejores condiciones de vida de la población.
Después de un mes de intensas protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que tuvieron su epicentro en la céntrica Plaza Italia y que los manifestantes rebautizaron de “Plaza Dignidad”, el gobierno y los partidos políticos con representación en el Congreso firmaron el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”[3]. Ese acuerdo contemplaba la celebración de un plebiscito para decidir sobre el proceso constituyente, cuya fecha inicial sería el 16 de abril de 2020, sin embargo, el aparecimiento de la pandemia del Covid-19 al inicio de marzo en el país obligó a postergarlo para el 25 de octubre de 2020 pero, “aunque rechazado en parte importante por los sectores movilizados, encauzó también parcialmente el conflicto hacia una salida institucional que es el proceso constituyente” (GARRETÓN, 2021, p.43)
La principal demanda del movimiento social era la elaboración de una nueva Carta Magna que pudiera superar la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Pinochet y que permitió la perpetuación del poder castrense y el control de áreas claves de la economía, del sistema financiero, de servicios, de la educación, de la previdencia, entre otros, con la cual la sociedad no se sentía representada ya que ella materializaba la fase más represiva y violenta de la reciente historia política chilena. Los impases de ese periodo no se resolvieron con la transición política que dio paso a la redemocratización y que, al contrario de lo esperado, se mantuvieron dentro de una lógica de democracia tutelada que limitó el ejercicio pleno del poder ejecutivo y legislativo en democracia.
Así, el 25 de octubre de 2020, se decidió por mayoría el histórico hecho de escribir una nueva Constitución que sería debatida, elaborada y consagrada en pleno régimen democrático y por una Convención cuyos miembros serían íntegramente elegidos. Se daba un paso importante para expresar políticamente el repudio al modelo económico neoliberal vigente caracterizado por las injusticias, por la violencia y por los diversos abusos cometidos contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Al mismo tiempo, quedaba evidente que la Constituyente representaba un ejercicio ciudadano, fruto de las movilizaciones populares y no una fórmula palaciana accionada para acomodar intereses o dilatar poderes.
Las demandas presentes en el “estallido” de 2019 se proyectaron a la campaña presidencial que se realizó en 2021, que se desarrolló en dos fases: la primera vuelta, que se celebró el domingo 21 de noviembre, y que además de presidente se elegía a diputados, senadores y consejeros regionales; la segunda se centró solo en los dos candidatos que obtuvieron las mayores votaciones en primera vuelta.
En la primera vuelta se presentaron siete candidaturas[4], en la cual José Antonio Kast, de la coalición frente Social Cristiano obtuvo la primera mayoría con el 27,91% (1.961.122 votos) y Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, obtuvo la segunda mayoría con el 25,83 (1.814.809 votos). Estos dos candidatos decidieron la elección en una segunda vuelta para decidir quién sería el nuevo gobernante de Chile durante los próximos cuatro años resultando ganador Gabriel Boric con el 55,87 % (4.620.890 votos), superando a su contrincante Antonio Kast, quien obtuvo el 44,13% (3.650.088 votos).
El viernes 11 de marzo, Boric asumió como Presidente de Chile dispuesto a aunar esfuerzos para superar las desigualdades generadas por del modelo neoliberal y atender a las demandas del “estallido social” que lo condujo hasta el más alto cargo administrativo del país. Sin embargo, para llevar adelante las iniciativas del ejecutivo tendrá que enfrentarse con un Congreso donde no cuenta con mayoría, con una economía golpeada por la pandemia pero, además de eso, los primeros actos de su gobierno tendrán que encuadrarse dentro de los límites impuestos por la Constitución de 1980, impuesta por Pinochet, que aún rige los destinos de Chile y que puede ser sustituida por una nueva Carta Magna resultante de la constituyente en curso.
La trayectoria que resultó en el triunfo electoral se inició con las movilizaciones llevadas a cabo por los estudiantes secundarios en 2006 e posteriormente por los universitarios en 2011, donde Boric participó como líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Junto a otros líderes, como la comunista Camila Vallejo y Giorgio Jackson, uno de los fundadores del partido Revolución Democrática y que, en 2011, ocupaba la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), enfrentaron al primer gobierno de Sebastián Piñera protestando por la mercantilización de la educación, por un mejor sistema de salud y de pensiones.
Un década después, y completando su segundo mandato, el propio Sebastián Piñera será el encargado de entregarle los destinos de la nación a Gabriel Boric, que ahora tendrá que ocupar el mismo lugar que fue el blanco de la revuelta popular. Responsabilidades, desafíos y el compromiso de cambiar el modelo neoliberal chileno por uno más humano, equitativo y digno es, entre otros, lo que se puede esperar dentro de los límites y posibilidades que permite la actual realidad política chilena.
2 BORIC: del estallido social al palacio de gobierno
El “estallido social” que comenzó provocado por el aumento de la tarifa del metro, en realidad se reveló como la punta del iceberg que ocultaba un creciente estado de malestar, fruto de las desigualdades acumuladas durante décadas impuestas por el modelo económico neoliberal. Una realidad que se reflejaba en la precaria infraestructura de los servicios públicos, en los altos índices de desempleo, en el aumento del trabajo informal y en un sentimiento de impunidad que se extendía desde las violaciones a los derechos humanos hasta los actos de corrupción en las altas esferas del poder de los gobiernos post dictadura.
Por otro lado, se evidenciaba el divorcio entre la clase política y la sociedad que, desde la transición política, en 1990, no ofreció alternativas para superar el modelo neoliberal implantado a partir del golpe de Estado, en 1973, por los Chicago Boys[5] que, amparados teóricamente en el “ladrillo”[6], y en un violento engranaje represivo de la policía política de Pinochet, resultó en la refundación del Estado chileno. Esa obra política destinada a cambiar los pilares del Estado chileno, sólo fue posible gracias a la eliminación y a la desaparición de los adversarios políticos y las organizaciones sociales representativas del país.
La intervención militar que interrumpió el gobierno socialista de Salvador Allende y el proceso democrático chileno, además de desarticular la sociedad, las instituciones y las organizaciones sociales, alteró profundamente las relaciones de los ciudadanos con la cosa pública y reorientó los servicios básicos como educación, transporte, salud y otros, a la lógica del mercado y de la propiedad privada dejando “sus instituciones demolidas; agudizada su dependencia y su población marcada con hierros indelebles de odio, desconfianza y resentimiento” (Altamirano, 1977, p. 223).
La atomización de las organizaciones sociales se emprendió concomitante a la eliminación selectiva de los partidos de izquierda, de manera específica contra el Partido Comunista (PCCh), el Partido Socialista (PS) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esas acciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) (DORAT; WEIBEL, 2012) hacían parte del recetario recomendado por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) (COMBLIM, 1978) para imponer la “orden” dentro del país a partir del terror político y la eliminación de cualquier indicio de resistencia, las cuales no se limitaron al espacio territorial extendiéndose a diversos países del exterior[7], lo que posteriormente se reconoció como la “Operación Cóndor”.
El temor que el Estado represor imprimió en la sociedad chilena fue provocando una apatía y una indiferencia con respecto al ejercicio ciudadano y a las demandas de interés colectivo y comunitario por una sociedad más solidaria e igualitaria. La imposición de ese modelo irguió al mercado como la única referencia posible para la sociabilidad, además, reformuló las relaciones laborales, de consumo y de la administración de bienes pulverizando el espíritu público que había caracterizado a la sociedad chilena hasta la década de 1970.
Los militares dieron inicio a un proceso de privatizaciones de las principales empresas públicas, entre las cuales se encontraban aquellas de mayor protagonismo económico y que fueron siendo transferidas para empresarios o grupos económicos que habían apoyado al régimen desde los primeros días del golpe en 1973. De ese modo, el proceso de privatización recayó sobre determinadas empresas que habían desempeñado un papel central en la dinámica económica, es decir “aquéllas más estratégicas y de mayor rentabilidad económica, como la industria química y la siderúrgica, las eléctricas y las de telecomunicaciones” (MÖNCKEBERG, 2001, p.14).
De forma sistemática, el régimen militar erosionó el sentimiento colectivo y fue diseminando una indolencia de la población con relación a los asuntos relacionados con la política y los asuntos de interés público, eliminando los canales de interlocución entre la sociedad y sus representantes, todo eso con el claro objetivo de transformar la estructura económica, removiendo el principal obstáculo: el Estado regulador, que había orientado la política, la economía y la sociedad durante décadas. Una vez conseguida esa finalidad sería posible “gestar un nuevo mundo: el de la expansión financiera sin respaldo, el de la integración global de mercados, el de la liberación del capital corporativo-financiero de las trabas de los estados nacionales” (KRIES, 2013, p.24).
A medida que el modelo económico neoliberal se va imponiendo en el tejido social, se reduce sensiblemente el gasto público, se liberan los precios y el comercio, se promueve la inversión de capitales extranjeros y una acelerada privatización de las empresas estatales, caracterizando una “entronización del mercado como único asignador de los recursos productivos [...] con el argumento de «soluciones privadas para problemas públicos»” (ATRIA, 2013, p. 23). Concomitante a eso, se reformula el derecho de propiedad, lo que permitió la devolución de tierras y empresas estatizadas durante el gobierno de Salvador Allende a sus antiguos propietarios, proceso que tuvo el amparo permanente de la censura y la represión.
La década de 1980 fue una década emblemática, marcada por el apogeo del proceso de privatizaciones que, además de ser el primero que se implantaba en América Latina, era, “mucho más radical incluso que el de Inglaterra, considerada la cuna de las privatizaciones” .Mönckeberg, 2001, p.22). Junto a eso, en septiembre de 1980, los militares convocan a la población para votar por una nueva Carta Constitucional que legitimaba y resguardaba al régimen, oficializándose un conjunto de leyes reguladoras que deberían regir transitoriamente a partir del 11 de marzo de 1981 y, plenamente, a partir del 11 de marzo de 1990 cuando los militares entregarían el poder a los civiles[8], además, se establecía que, en 1988, la sociedad decidiría vía plebiscito sobre la permanencia o no de Pinochet en el poder durante un periodo de ocho años más (1989 – 1997).
La legislación presente en la Constitución de 1980, dilató el control militar sobre la sociedad civil, instaurando el Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados y los límites a la autoridad del presidente para remover a los comandantes militares (BARROS, 2005). A partir del año de 1983, la sociedad decide romper el miedo y el silencio desafiando al régimen y saliendo a las calles a protestar, lo que favoreció a la oposición a demandas canales de diálogo de cara al plebiscito de 1988 que marcaría el retorno gradual a la democracia.
El 5 de octubre de 1988, la sociedad chilena derrotó electoralmente a Pinochet y 16 años de dictadura militar abriendo el cauce político para elegir, en 1989, a un gobernante civil democráticamente. Sin embargo, a pesar de esa victoria, el general permaneció en el poder hasta marzo de 1990, transformando esos últimos meses que precedieron el cambio de gobierno como uno de los más acelerados en producir enclaves jurídicos y políticos dentro del nuevo sistema. (RAMOS, 2020, p.172)
La victoria contra la dictadura en octubre de 1988 dio inicio a una tensa y compleja negociación que legitimaba la transición de dictadura a democracia, presagiando cambios profundos en el contexto político chileno. En ese contexto, la Constitución de 1980 sufrió 54 modificaciones en su texto que fueron respaldadas por un nuevo plebiscito en Julio de 1989, no obstante, Pinochet preservó los nueve senadores designados, la mayoría de ellos militares en retiro, alterando el equilibrio de fuerzas del parlamento, a lo que se sumaba el sistema electoral binominal (HUNEEUS, 2006).
En dicho contexto, el complejo proceso de redemocratización tendría que convivir con la sombra de esos dos obstáculos, los senadores designados y el sistema binominal, que representaron el arsenal político activado por Pinochet y destinado a enfrentar la batalla en democracia en su propio terreno, la constitución de 1980. Particularmente, el sistema binominal le otorgaba a Pinochet y a su esfera política una representatividad electoral del 50%, lo que obligaba a la oposición a conquistar un margen superior a 65% para alcanzar la mayoría necesaria en la arena parlamentaria para llevar adelante las leyes o los proyectos a favor de la sociedad.
Resulta bastante sintomático para la redemocratización que la transición chilena haya sido negociada usando como referencia legal la Constitución de 1980, un conjunto de leyes escritas y legitimadas bajo un régimen de fuerza, lo que configuraba una flagrante discrepancia entre los intereses en juego. La oposición debió enfrentar la difícil tarea de remover los denominados “enclaves autoritarios” (GARRETÓN, 1989), artificios ideados por el régimen dictatorial para tutelar la futura democracia, incluyendo restricciones para el libre ejercicio político e representativo de las corrientes políticas de izquierda, como el Partido Comunista y el FPMR, además de salvaguardar a las Fuerzas Armadas contra posibles juicios por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con Garretón (1991), esos enclaves:
[...] pueden ser institucionales (Constitución, leyes, etc.), "actorales" (Fuerzas Armadas con poder de veto, derecha no democrática, etc.), socioculturales (valores autoritarios, conformismo, etc.) o ético-simbólicos (problemas de derechos humanos no resueltos), y las estrategias frente a ellos pueden ser de diversos tipos (legales, presión, etcétera) (GARRETÓN, 1991, p.104)
Las reformas constitucionales que permitieron el traspaso del poder a los civiles fueron el resultado de una complexa y tensa negociación tras la cual se alcanzaron, en junio de 1989, puntos mínimos de convergencia. Sin embargo, a sabiendas de que el poder se les escapaba de las manos, los militares se prepararon con un año de anterioridad para evitar la total enajenación del control del país y, entre el 5 de octubre de 1988, fecha del plebiscito, y el 11 de marzo de 1990, fecha en que asumiría el presidente civil electo, la Junta de Gobierno y Pinochet promulgaron doscientas veintiséis leyes que garantizaban el proyecto político autoritario defendido por las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles (HUNEEUS, 1997).
El plebiscito y la elección presidencial el 14 de diciembre de 1989 representaron una doble celebración ya que, la primera, había impedido la permanencia de Pinochet como jefe de Estado y, la segunda, puso fin al periodo dictatorial, un giro en la perspectiva temporal da la política chilena que en los años sesenta y setenta reclamaba por una revolución pero, en los ochenta, demandaba democracia (LECHNER, 1998). Aun así, existía el riesgo adicional de convivir con la presencia de Pinochet como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas durante ocho años, de 1990 hasta 1998, traduciéndose en una incómoda interlocución entre el poder civil y militar, fricción que se amplificó con el nombramiento de Pinochet como senador vitalicio en 1998.
Quedaba en evidencia que la democracia chilena, conquistada con tanto esfuerzo, se transformaría en una democracia tutelada, manteniendo los pilares claves del régimen pasado evitando rupturas e iniciativas contrarias al proyecto autoritario. Así, los impases y restricciones impuestas al periodo de transición dejaron un ambiente impregnado de dudas, recelos y desconfianzas (BOENINGER, 1997, p.369), lo que limitaba las fronteras del quehacer democrático de la sociedad.
La democracia chilena se presentaba con un nuevo ropaje pero, bajo él, se ocultaba la permanencia de estructuras destinadas a inviabilizar la dinámica política del futuro gobierno civil, así como la imposición de cotos al ejercicio parlamentar. Esa memorable circunstancia llevó a sus principales protagonistas a evocar los principios democráticos y la relevancia de ese momento histórico que resultó en un calculado “transformismo” (MOULIAN, 1997), frustrando a la sociedad chilena de poder transitar en una democracia libre de tutelas.
3 NEOLIBERALISMO, TRANSICIÓN POLÍTICA Y TENSIONES
El contexto descrito, que tuvo su inicio con el golpe de Estado en 1973 y se concluye con la transición en 1990 con la elección de Patricio Aylwin como el primer presidente civil pos dictadura, proyectaba un ambiente político prometedor y la posibilidad de construir una sociedad más democrática e inclusiva. Sin embargo, los fantasmas del pasado dictatorial se fueron haciendo patentes, no sólo durante el gobierno de Aylwin, sino en los gobiernos posteriores, como como el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, manteniendo inalterables las piezas claves del tablero político de la transición.
A pesar de algunos cambios introducidos principalmente durante los gobiernos de la Concertación, se mantuvo la lógica del modelo neoliberal como referente económico en las diversas esferas de la sociedad, afectando directamente la evaluación existente con relación a la calidad de los servicios de salud, de educación y, principalmente, en el aumento del trabajo informal. A estos se suman las malogradas expectativas generadas por el proceso de transición, que fue deshidratando la interlocución con la ciudadana distanciándola tanto de sus representantes como de las instancias gubernamentales.
Empero, desde 1990, el tutelaje que se le había impuesto a los poderes del Estado y a la sociedad, a partir de la Constitucional de 1980, planeaba como una densa nube destinada a ceñir el pleno ejercicio colectivo y sus respectivas demandas, la realidad del país había sufrido cambios relevantes. Los reclamos sociales, a pesar de diferenciarse sustancialmente de las protestas de 1980, presentes en dictadura, fueron incorporando pautas que contenían el sello generacional y a las que se sumaban los cambios demográficos, los proyectos y aspiraciones de carácter muy variados inherentes a un mundo global y virtual, marcas indelebles del Chile del siglo XXI.
En ese panorama se dio, en 2019, el “estallido social” que, a pesar de masivo y alzar diversas banderas reivindicatorias, es un movimiento que surge al margen de partidos políticos, organizaciones sociales o de un liderazgo definido. Los antecedentes de esa masiva protesta pueden reportarse a los años, 2006, 2011 y 2018[9], manifestaciones que fueron acumulando el carácter inflamable que se desató en 2019, expresando un malestar acumulado y la fractura evidente del modelo económico vigente (MAYOL, 2019; RUIZ ENCINA, 2020; PATRICIO, 2020; GARRETÓN, 2021).
Entre las diversas cuestiones que las movilizaciones objetaban, estaba el carácter mercantil de los servicios y derechos sociales en cuanto herencia más imperiosa del pasado dictatorial y el modelo económico neoliberal, a las que se añadían cuestiones como medio ambiente, donde grupos económicos monopolizaban la extracción mineral, la producción marítima y la agricultura como un todo. Pero una de las demandas más apremiantes decía relación con las Administradores de Fondo de Pensiones (AFPs), un modelo de capitalización individual obligatorio en el cual los trabajadores depositaban parte de su sueldo con vistas a una financiar su jubilación o a modo de beneficio frente a un fallecimiento.
Ese modelo de capitalización afectaba a la mayoría de la sociedad chilena económicamente activa, excluyendo de ese sistema a las Fuerzas Armadas y de Orden las cuales mantuvieron el antiguo sistema de previdencia vigente hasta el año de 1973. Los beneficios recibidos de las AFPs eran cada más más incompatible con la sobrevivencia personal y familiar, transformándose un verdadero “pasaporte a la pobreza”[10][11] (CORTÉS. 2020). De esa forma, ese modelo:
[…] impuesto por la dictadura de Pinochet permite que entidades privadas puedan invertir estos dineros en el exterior, sin que los trabajadores puedan acceder a las ganancias de estas inversiones, pero si asumiendo las pérdidas. Los únicos que mantuvieron el antiguo sistema de pensiones chileno fueron las Fuerzas Armadas y de Orden (RAMIREZ, 2022).
Todas esas demandas, así como otras, apuntaban para un cambio en la arquitectura jurídica del país, lo que implicaba en una nueva Constitución que fuera escrita por los chilenos en democracia. Delante de ese impase, se buscó una vía institucional para la crisis provocada por el “estallido” y es ahí donde emerge de forma más visible la figura de Gabriel Boric.
Será Boric, un líder estudiantil y parlamentario, el que buscó articular un acuerdo con el gobierno y la clase política dirigente, a rebeldía de su organización partidaria, celebrando el 15 de noviembre de 2019 el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Se programó un plebiscito que, en octubre de 2020 que, por mayoría, se decidió por la elaboración de una nueva Constitución a través de una Convención, la cual suspendió dos veces por las restricciones provocadas por la pandemia del Covid-19, celebrándose finalmente en el mes de mayo de 2021 para iniciarse en julio de ese mismo año.
El “estallido”, la Constituyente y la Pandemia fueron la tela de fondo que anunciaron el siguiente acto que movilizaría al contingente social con igual o mayor fuerza para la historia política y social chilena: Las elecciones para Presidente. Las postergadas demandas, calidad de los servicios públicos, calidad de vida, violencia policial, entre otras, sirvieron de impulso para la candidatura del joven Gabriel Boric a Presidente de la República, el cual supo presentarse como una persona ajena a radicalismos y un hábil negociador con los mandos constituidos a la hora de buscar salidas posibles a la crisis institucional chilena.
Las elecciones se realizaron en dos vueltas, en la primera se presentaron siete candidatos de los cuales:
[…] seis optaban por preservar el “modelo neoliberal” (las muy leves diferencias giran en torno a las aspirinas que se recomiendan para el dolor), ninguno propone un capitalismo de tipo diferente […] y solo uno de los siete, Eduardo Artés, con no poca vaguedad, apuntaba a una ruta más o menos anti-capitalista. Aunque su campaña fue casi anónima y quedó por debajo del 2% de los votos totales (FEIJÓO, 2021, p. 6).
El contaje de votos de la segunda vuelta dio una diferencia a favor de Boric superior a los diez puntos porcentuales, una ventaja que proyectaba el vigor del cambio que se había gestado en las calles y que ahora optaba por la vía institucional y por la matemática electoral. Además de esa disparidad numérica, el resultado de las urnas configuró una victoria histórica ya que el nuevo Presidente chileno, con 36 años de edad, sería el gobernante más joven de la historia republicana del país.
A pesar de estos datos, la segunda vuelta no estuvo exenta de confronto, ya que los candidatos representaban proyectos políticos bien distintos. Boric, protagonista relevante del “estallido” propone mudar algunos pilares inherentes al modelo vigente, como poner fin al sistema de pensiones, financiar el gasto social y, principalmente, hacer un esfuerzo para orientar al Estado como eje central en la economía del país.
Para llevar a cabo reformas significativas, como aquellas relacionadas con el sistema de salud, educación y previdencia, entre otras, el Gobierno de Gabriel Boric tendrá una difícil negociación con el congreso en el cual su coalición es minoría. Esta asimetría parlamentaria lo llevará a negociar metas más moderadas para obtener consensos y avanzar en su proyecto de país.
Las presiones llegarán de diversos frentes, por un lado las voces del “estallido” exigirán que su representante cumpla las promesas de campaña, como remover las raíces dañinas del neoliberalismo, sueldos dignos, etc., y, por otro, los intereses económicos y gremiales de la derecha que, a través del parlamento, buscara boicotear las iniciativas del ejecutivo.
Resulta importante que la llegada de Boric al gobierno sintoniza con causas que no se limitan solo a Chile, son causas que han estado presente en muchas revueltas populares en América Latina y otros continentes, que al final:
[...] são as mesmas pelas quais jovens em todos o mundo vêm lutando: igualdade de gênero, o empoderamento de mulheres e povos indígenas, o fim da brutalidade policial e políticas econômicas neoliberais, um aprofundamento da democracia e dos direitos civis e, acima de tudo, ação urgente sobre as mudanças climáticas (DORFMAN, 2022).
Entre los desafíos más apremiantes está el de establecer un sistema de protección social que respete los derechos básicos de los distintos sectores etarios de la sociedad, en educación se propone ampliar la gratuidad en las universidad buscando interrumpir un círculo vicioso en que las familias y los estudiantes se endeudaban con los bancos para obtener el derecho de poder estudiar. A nivel de salud, la idea propuesta es crear un Fondo Universal de Salud, administrando las aportaciones de la clase trabajadora complementariamente con los recursos del Estado.
Sin embargo, para hacer efectivas esas propuestas, Boric:
[…] propone establecer un impuesto extraordinario a los más ricos y más carga impositiva sobre las mineras. […] Una propuesta insignia –y controvertida-- de su campaña fue la eliminación del sistema privado de pensiones. Boric promete reemplazarlo por un sistema solidario estatal, en el que un ente público autónomo administre las aportaciones de los trabajadores. Su plan considera una pensión básica universal para los mayores de 65 años, que tendría montos diferenciados por quintil de ingreso, anticipando su costo fiscal (BUSTOS, 2021).
Propuestas osadas para los intereses instituidos en áreas sensibles como aquellas que Boric se propone alterar, a las que se suman los conflictos en el sur del país, en la región de la Araucanía, con los Mapuches y los grupos económicos que explotan la región y presionan para desapropiar a las comunidades ancestrales de sus tierras. Gabriel Boric, verbalizó posición contraria al proceso de militarización de la región, estimulado por su antecesor Sebastián Piñera, sin embargo, dicha iniciativa exigirá una intensa negociación con los agentes implicados, tarea difícil para un gobierno que tendrá poco margen de maniobra en el parlamento.
Otro punto de fricción es el problema migratorio en el norte de Chile, por donde llegan emigrantes de los países vecinos, como de Perú y Bolivia, además de venezolanos, colombiano y la comunidad haitiana, que en estas últimas décadas ha crecido exponencialmente en todo el territorio chileno. El problema se ha agravado junto con despertar sentimiento de xenofobia que ha ido creciendo peligrosamente en algunos sectores de la comunidad del norte de Chile, sentimiento que fue debidamente diseminado por el candidato de la derecha chilena Antonio Kast en plena campaña presidencial.
Remover el pasado neoliberal y avanzar en la democratización de la sociedad chilena requerirá mucha habilidad política, para superar los límites impuestos por la propia institucionalidad, por el parlamento y por la Constitución que se está escribiendo pero aún no ha sido sometida a escrutinio público. Es importante que Boric no olvide las palabras de Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la dictadura militar y figura central en la elaboración de la Constitución de 1980, el cual resaltaba que lo que importaba no era quien gobernaba el país, sino más bien en cuánto poder tenga el que acceda a la conducción del Estado (Guzmán, 1979, p.18).
Sin mayores escrúpulos, el abogado Jaime Guzmán afirmaba que:
[…] que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario (GUZMÁM, 1979, p.19)
La derecha chilena y los intereses económicos globales no entregarán las riendas de la economía y de los recursos estratégicos del país pasivamente. La lucha se dará en diversos campos, la prensa, el parlamento, la economía y ¿por qué no? … en las calles.
4 CONCLUSIONES
El triunfo de Boric en Chile, que llegó impulsado por el “estallido social”, tendrá por delante la difícil ecuación de conciliar demandas que colocaron en cuestión el modelo neoliberal y los sistemáticos abusos que afectan a la mayoría de la sociedad. Por otro lado, expresa la saturación con las elites partidarias que durante esas últimas décadas impusieron una práctica de acuerdos velados, concesiones ajenas a los intereses colectivos y una gramática política que colidía de forma permanente con la palabra dignidad, palabra de guerra del “estallido”.
Se proyecta así, un gobierno que se esfuerce recuperar el prestigio del gobierno y de sus interlocutores, en el sentido de superar las desigualdades crónicas y exclusiones que se irguieron como la mayor deuda social de la población chilena. La lucha por una sociedad más ecuánime implicará en el enfrentamiento de un obstáculo desafiador, la alta concentración de la riqueza y el poder económico inherente a esos grupos que se han beneficiado de las leyes y los acuerdos consagrados en el pasado.
Las turbulencias que deberá enfrentar Boric en el gobierno serán radicalmente diferentes de aquellas que protagonizó en las calles como líder estudiantil. Aun así, los jóvenes que lo acompañaron en el “estallido” lo eligieron como el referente que inspira cambios y está dispuesto a enfrentar los muros que las protestas intentaron derribar, un esfuerzo que provocó un temblor pero no un terremoto, al punto de destruir el modelo económico vigente y superar ese ambiente de incertezas.
El hecho de ocupar el más alto cargo político del país, lo obliga a moderar las palabras y los gestos y, además, lo coloca en la disyuntiva de dialogar con las demandas callejeras a partir de la esfera institucional, lo que inevitablemente genera distancias, recelos, y desconfianzas. El protocolo impone límites, un equipo de seguridad que lo estará acompañando diuturnamente, y un gabinete que se encargará de la comunicación con la sociedad en sus diferentes estamentos, no sólo la comunicación institucional esperada para las circunstancias, sino también una contención para los impulsos inesperados del otro lado de los muros del palacio presidencial.
En este primer año de 2022, Boric tendrá que enfrentar inúmeros retos, cuyo suceso o fracaso dependerá de ese delicado tablero donde se confrontan los gritos de la calle y las normas y reglas oficiales del Estado.
REFERÊNCIAS
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Notas