1. INTRODUCCIÓN

El problema de la acomodación masiva de inmigrantes en un país o ciudad de destino es un asunto internacional procedente de la rápida urbanización del planeta (Collier, 2013; Castles y Miller, 2009). A nivel mundial, la contribución de las ciudades al desarrollo de la humanidad es cada vez más notable: como centros de crecimiento económico, como nudos para el transporte de personas, mercancías y capitales y como polos de innovación tecnológica y cultural (Glaeser, 2011). En muchos casos, la concentración demográfica se produce a un ritmo que excede la capacidad de la administración local, agudizando los problemas urbanos y generando la marginación de amplios grupos de población (Liao et al., 2015; Wills et al., 2010; Faist y Fauser, 2013). La segregación espacial es un fenómeno mundial que afecta a cualquier lugar del mundo, aunque en algunas ocasiones sea por grupos raciales o étnicos, otras por religión y otras por estatus socioeconómico. Representa el grado de desigualdad en la distribución territorial de la población según su lugar de residencia entre distintas zonas, al estar desigualmente repartidos en el espacio urbano, bien porque se encuentren sobrerrepresentados o subrepresentados (Roy y Linn, 2014).

En Estados Unidos, las minorías sociales y étnicas tienden a ser segregadas hacia sitios poco deseables del casco urbano mientras que la clase media y alta se dispersan en pequeños barrios urbanos o zonas residenciales. En Sudáfrica, las leyes del apartheid fueron un caso extremo de segregación espacial a gran escala aprobada por el gobierno. En Brasil, la destrucción de chabolas emprendida por el gobierno en los años 1960, hizo que los habitantes pobres se refugiaran en otras zonas segregadas. En Santiago de Chile, entre 1979 y 1985 durante el régimen de Pinochet más de dos mil familias de bajos ingresos fueron desalojadas de áreas residenciales de altas y medianas rentas. En Colombia, se impuso la contribución de valorización (una suerte de gravamen por mejoramiento) a los habitantes de asentamientos informales en Bogotá. En México, las restricciones impuestas por la peculiaridad del sistema de ejido en la expansión del suelo urbano provocó la aparición de ocupaciones de bajos ingresos en las afueras del Distrito Federal.

En España la segregación típicamente sociodemográfica ha pasado a ser una mezcla entre ésta última y racial/étnica. El cambio rápido y profundo ocurrido en España (Muñoz y Antón, 2010) ha impactado fuertemente y de manera desigual a distintas áreas urbanas teniendo una especial incidencia en aquellos barrios que históricamente han acumulado distintos tipos de problemáticas sociales y urbanas. Numerosos autores han estudiado el problema del boom inmobiliario y las consecuencias de la segregación provocada por llegada masiva de extranjeros a España en los últimos años, aunque han primado los análisis regionales o locales: Barcelona (Bayona y López, 2011), Bilbao (Lavía, 2008), o comparativo entre ciudades (Marmolejo et al., 2013), en detrimento de los nacionales, quizás por el carácter municipal del urbanismo que concede una parte muy importante de las responsabilidad constructora y urbanística en los niveles locales y regionales en detrimento del estado.

Las especiales características de la llegada de la población inmigrante a España en forma de aluvión en muchos casos sin papeles y sin contactos previos han tenido efectos devastadores de todo tipo. Este proceso tan masivo y tan concentrado en el tiempo ha supuesto efectos económicos-laborales, culturales y de otra índole conexa, como los de “carácter sociológico, que se relacionan específicamente con la lógica de la inclusión-exclusión social. Lo cual condiciona en gran parte el tema del alojamiento, ya sea alquiler, compra de vivienda nueva o usada, ya que hay que tomar en consideración que el atractivo económico de trasladarse a trabajar a otro país consiste en el poder diferencial de los salarios, y en la posibilidad de enviar partidas monetarias al país de origen para el mantenimiento de algún familiar o la inversión en algún activo de su propio país, o devolver el dinero que en muchas ocasiones se ha tomado prestado con altos intereses para poder viajar. Ello dificulta de gran manera el poder adquisitivo de la vivienda y del alquiler con que se cuenta desde este colectivo cuya principal característica es el mito de la transitoriedad. La segregación contribuye al mantenimiento de los mecanismos de diferenciación en una estructura relacional asimétrica y subordinada, teniendo como resultado final la aparición de una estratificación social a nivel urbano (Checa y Arjona, 2007).

2. LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL COMO EFECTO DEL PROCESO POLÍTICO

En la mayor parte de los estudios españoles sobre el proceso político seguido en la expansión económica conducente al boom inmobiliario, existe una gran unanimidad en etiquetarla como neoliberal (Romero, Jiménez y Villoria, 2012). Una de las características más notables del capitalismo neoliberal es que origina desigualdad y polarización. Según Brenner et al. (2010a) el neoliberalismo representa una tendencia regulada, híbrida, desigualmente desarrollada e históricamente específica de reestructurar la regulación de disciplina de mercado. Una política neoliberal es aquella que presupone que un mercado competitivo, desregulado y abierto es la mejor solución para el desarrollo económico. Promovida por los regímenes neoliberales implica un cambio desde el estado a estrategias privadas (en parte), o una conversión de soluciones planificadas públicamente a competitivas u orientadas al mercado. El neoliberalismo no sólo funciona a escala nacional o internacional sino también en subescalas por la planificación territorial por medio del concepto de reestructuración (Brenner y Theodore, 2005). De acuerdo a Sager (2011), aunque el neoliberalismo es operativo en diferentes escalas espaciales, su difusión es geográficamente desigual a través de lugares y territorios.

El discurso geográfico ha demostrado que ningún país incluyendo a los Estados Unidos o al Reino Unido ha implementado un prototipo de neoliberalismo con todas sus características teóricas en forma pura (Brenner et al., 2010 b). La variedad y el mestizaje de las formas empíricas del neoliberalismo funcionan como un dispositivo de encuadre para diferentes políticas. El neoliberalismo es una palabra clave para entender la condición urbana, el repensar la democracia social y los regímenes regulatorios de nuestro tiempo porque moviliza el espacio urbano como un espacio de crecimiento económico especulativo y las prácticas de consumo de una élite, y al hacerlo así, transforma la política económica de los planes públicos y proyectos que se ejecutan. La precondición fundamental para las políticas neoliberales es que urbanización y modernización crean una necesidad de enormes inversiones en muchas ciudades de todo el mundo. El hecho decisivo es que el capital de inversión altamente móvil fuerza a las ciudades a competir para obtener recursos. Las ciudades que necesitan capital de infraestructura, sedes centrales de empresas, fábricas y renovación de stock de viviendas para una población en expansión tienen que hacer sus ofertas más atractivas que otras ciudades más ambiciosas. Cuando el estado abandona su función en el urbanismo, esto ayuda a transferir la carga fiscal de gestión y mantenimiento al sector privado y a medida que el suelo se comercializa, los sectores más desfavorecidos son abandonados a su suerte (Pollard, 2013).

La financiarización es el atributo clave del capitalismo neoliberal globalizado, cuya principal huella en los últimos tiempos ha sido el creciente endeudamiento doméstico. En un nivel general, "financiarización" se refiere a la creciente importancia y la influencia de las finanzas dentro de una economía y el aumento del patrón de acumulación en el cual las ganancias se acumulan principalmente a través de canales financieros en lugar de comercio y productos básicos de la producción. Es un fenómeno profundamente espacial que está relacionado con la movilidad de capitales y la inversión en soluciones espaciales globalizadas; y como tal ha conducido a la incorporación del mundo financiero a la vida cotidiana de la gente (French, Leyshon y Wainwright, 2011). Según Christopherson, Martin y Pollard (2013), durante el último medio siglo las finanzas han superado constantemente su rol tradicional por lo que algunos autores y observadores comenzaron a hablar sobre un realineamiento progresivo del capitalismo hacia los mercados financieros, lo que supuso el ascenso del 'capitalismo financiero' en el sistema financiero global. Se asocia con la profundización de intermediarios financieros y las prácticas, la generación y transmisión del riesgo, incertidumbre y volatilidad; y la producción de desigualdad material, social y política (Pike y Pollard, 2010: 34).

La financiarización ha canalizado inversión en infraestructura urbana a través de los mercados de bonos municipales y de instrumentos de deuda, así como en el desalojo de los barrios urbanos a través de fideicomisos de inversión inmobiliaria y los procesos de titularización de hipoteca que han proporcionado crédito fácil para los especuladores. Los hogares han sido alentados a usar su participación en los mercados financieros para tomar el control de sus ahorros personales y bienestar a la luz de la reducción del estado del bienestar. De acuerdo a Lapavitsas y Powell (2013), financiarización sigue siendo un término confuso en las ciencias sociales ya que representa una transformación estructural de las economías capitalistas avanzadas con tres tendencias características: las empresas no financieras han adquirido capacidad para participar en las actividades financieras independientemente; los bancos han recurrido a la mediación de transacciones en los mercados abiertos, así como los préstamos a los hogares; y los hogares han sido atraídos al sistema financiero formal.

En España, los primeros momentos acusadamente neoliberales se produjeron cuando el Gobierno con el pretexto del aumento de suelo urbanizable y la flexibilización de su gestión para incrementar la oferta de vivienda y reducir su precio aprobó una ley en 1997 de “medidas liberalizadoras en materia de suelo y de régimen de suelo”, la cual sostenía que se pretendía facilitar el aumento de la oferta de terreno, haciendo posible que todo el suelo que todavía no había sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurriesen razones para su preservación, podría ser considerado como susceptible de ser urbanizado. Además, se pretendía que la reforma del mercado del suelo en el sentido de una mayor liberalización incrementara como parte fundamental de la necesaria reforma estructural de la economía española. A esta ley, le siguió otra complementaria aprobada en 1998, denominada “valoraciones que convierten cualquier suelo con alguna protección legal en urbanizable”, la cual sostenía que la evolución positiva de la economía española hacía necesario seguir avanzando en el proceso de liberalización para mantener el ritmo del crecimiento económico.

Ambas leyes potenciaron lo que se ha denominado como “disponibilidad financiera” (Rullán, 2011) procedente de la conjunción de numerosas variables como : la entrada en el sistema fiscal unitario de la Unión Europea de Maastricht (1997), la llegada del euro (2002), la bajada abrupta de los tipos de interés que convergían y se regían a través del Banco Central Europeo, el aumento de la cuantía de financiación (loan-to-price-ratio) y de su periodo de amortización, las desgravaciones fiscales, la rentabilidad de una forma de ahorro finalista para la compra de vivienda frente a otro tipo de activos financieros, la llegada masiva de inmigrantes, la escalada del precio de los pisos con créditos vivienda a veinte o veinticinco años, el desplome de las viviendas “sociales” tanto de alquiler como de protección oficial, la emancipación de las cohortes jóvenes del boom demográfico de los 60, el incremento vertiginoso de los hogares monoparentales, la reducción del tamaño medio del hogar, la demanda de segunda residencia. La oportunidad de comerciar con el suelo y obtener grandes, fáciles y rápidas plusvalías provocó que el consumo de suelo se disparase de tal manera que mientras que la población española se incrementó sólo un 4,6% entre 1987 y 2000, el número de viviendas lo hiciera en un 22% y la superficie artificial lo hiciera en un 29,5%. Esta última con unas cifras espectaculares ya que se incrementó en 240.166 hectáreas, lo que en términos relativos supuso un crecimiento en esos años equivalente a casi un tercio de lo que habían crecido en toda su historia, siendo ese total artificial equiparable a 14,6 veces la dimensión del suelo urbano de una ciudad como Madrid.

Otro de los problemas asociados a la intervención política ha sido la ausencia de construcción de vivienda social en las proporciones que se hacía ante de la llegada del boom inmobiliario. La construcción de este tipo de arquitectura no solamente bajó como producto de la desinversión, sino que en muchos casos fue destinada a una población joven y de clase media-baja. En España el estado no se ha caracterizado por tener una gran influencia en el mercado de vivienda social como ha ocurrido en países como Dinamarca, Suecia u Holanda, asegurando que por medio de la intervención las clases realmente más bajas tienen una oportunidad de una vivienda mínimamente decente. La austeridad provocó incluso una bajada más intensiva de estas iniciativas. Las prácticas discriminatorias de obtención de residencia o de ayudas en las viviendas protegidas, por otra parte, jugaron un papel importante. En particular, la accesibilidad de viviendas sociales a los inmigrantes y la distribución espacial de la vivienda social en y dentro de las aglomeraciones urbanas han demostrado influir en la concentración de inmigrantes entre y dentro de las ciudades.

3. LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL COMO EFECTO DEL PROCESO URBANÍSTICO

Se considera que existe segregación geográfica cuando algunas áreas están excesivamente compuestas de un grupo poblacional concreto, mientras que en otras no existe tal población concreta. En su origen cada barrio ha surgido en un momento social preciso tanto si es de nueva creación, como si proviene de una remodelación intensiva o realizada en plazos no muy extensos, de manera que cuando se construye un vecindario, su forma de urbanización y edificación es determinante para la selección de los grupos sociales a los que va dirigido. Asimismo, la rentabilidad de las obras de construcción de viviendas depende de las inversiones públicas que se hagan en carreteras, instalaciones y servicios. El trazado de sus calles, las características de las parcelas que permiten distintas formas de promoción, las peculiaridades del edificio (tamaño, calidad de materiales, etc.), las ayudas a la vivienda y las infraestructuras básicas (iluminación, aceras, papeleras), establecen el marco en el que se producen viviendas para distintos grupos sociales en cada época y en cada barrio. La principal característica del proceso urbano fragmentador que ha seguido España se puede presentar de acuerdo a grandes fases. A partir de 1960 en lo que se ha denominado “milagro español” se produjo una gran avalancha de inmigración interior en siete ciudades españolas que se sintieron impotentes para asentar a la población recién llegada.

A partir de 1975 se promulgó la siguiente ley del suelo que es suficientemente clarificadora de la situación urbanística española que existía en ese momento: “el proceso de desarrollo urbano se caracteriza, por la densificación congestiva de los cascos centrales de las ciudades, el desorden de la periferia, la indisciplina urbanística y los precios crecientes o injustificados del suelo apto para el crecimiento de las ciudades”. Se trataba de un desarrollo alocado, pero con una particularidad importante que luego sería rescatada en las evaluaciones de los organismos internacionales y es que posibilitó una creciente concentración de la población en áreas espaciales reducidas dando lugar a un modelo territorial muy polarizado o monocéntrico en donde uno de cada dos habitantes residía en una de las dieciocho áreas metropolitanas que ocupaban sólo el 3,8 por ciento del territorio. La suburbanización de las ciudades españolas (García-López, 2010) supuso que la tasa de crecimiento de la periferia metropolitana se impusiera sobre el crecimiento de las áreas centrales, que empezaron por perder población y más tarde por ceder una parte de las actividades industriales y de servicios en beneficio de la periferia. El movimiento centrífugo incluyó una transformación importante del paisaje urbano de las ciudades grandes y de tipo medio, toda vez que se vieron envueltas por un cinturón de viviendas de características muy variadas de carácter unifamiliar, de chalets adosados y de bloques de apartamentos. Como sostiene Concheiro (2014), la edificación estuvo en gran medida ligada a la inversión y a la especulación, por lo que un paseo por el territorio muestra el fin del urbanismo: un mosaico de urbanizaciones dispersas e inconexas, la existencia de un parque inmobiliario vacío, edificios en construcción parados y terrenos recalificados en espera de una futura urbanización.

Las posibilidades de absorción por parte de las ciudades españolas de los flujos migratorios que accedían a ella marcaron la configuración segregacional, en cuyo caso fueron determinantes el volumen de población, el grado de intensidad, y los tiempos de llegada, de manera que cuando la demanda superó a la oferta, se pusieron en circulación infraviviendas que de otra manera no hubieran tenido salida en el mercado. En la época de mayor expansionismo se construyeron más viviendas que en toda la década anterior, pero no se derribaron las de mala calidad. Si en 1998 se iniciaron 400.000 viviendas, en 2006 se superaron las 750.000 viviendas, en lo que fue el máximo del ciclo. Lo cual supuso un ritmo de iniciación de viviendas superior al de Francia y Reino Unido juntos. Además el crecimiento del sector de la vivienda impulsó el sector de servicios inmobiliarios, creciendo el número de empresas en más del 200 por ciento desde 1999; aunque con una estructura atomizada, ya que más del 85 por ciento tenían menos de 2 empleados. El modelo de crecimiento basado en préstamos procedentes de bancos alemanes se autogeneró así mismo creando un sistema autónomo que funcionó sin ningún control ni cuestionamiento.

La construcción absorbió recursos de otros sectores como ha ocurrido en todas las burbujas conocidas. Los inmigrantes ocuparon los sitios vacantes procedentes de la movilidad residencial hacia arriba. En los bordes de las áreas centrales y las periferias urbanas mejor situadas se produjeron algunos procesos de regeneración urbana, siendo mucho menos frecuentes los procesos de renovación funcional y rehabilitación de las periferias residenciales de bloque abierto que se levantaron durante el desarrollismo. A pesar de la relativa homogeneidad que tuvieron en su origen, la posterior evolución de los procesos urbanos, fue desigual ya que mientras que algunos mejoró ostensiblemente por la mejora y renovación interior de las viviendas, la resolución de los déficit originales de equipamiento y zonas verdes, la aparición espontánea de unos niveles mínimos de variedad urbana, la superación del aislamiento original y la mejora de la accesibilidad; en otros la evolución fue negativa por el envejecimiento demográfico, acumulación de población marginal o con problemas sociales, degradación física de los espacios interbloque (Ministerio de Fomento 2012).

Los crecimientos residenciales que se produjeron en esos años estuvieron muy por encima de las necesidades reales de la población porque los ayuntamientos erraron en los cálculos demográficos muchas veces llevados a cabo por personas neófitas –políticos locales- en lugar de profesionales y académicos (Vinuesa y Martín, 2013). Las previsiones del aumento de población producto de la oferta de viviendas planificadas a nivel municipal fueron en numerosas ocasiones ilusoria y desastrosas por falta de rectificaciones procedentes de instancias superiores. Los ayuntamientos abusaron de la falta de subordinación con las entidades administrativamente superiores y exhibieron su cierta autonomía procedente de la época franquista para establecer los “planes generales de ordenación urbana” en la cesión de terreno, siendo un recurso utilizado frecuentemente como una fuente de financiación de su personal, de sus celebraciones y de sus gastos corrientes. En la mayor parte de las ocasiones la recalificación del suelo con fines poblacionales y económicos en base a demandas urgentes y muy beneficiosas ha sido un mero pretexto para construir de manera alocada y precipitada. En numerosos ayuntamientos durante el boom inmobiliario primó un desarrollo urbanístico neoliberal a ultranza, entendido como fuente de riqueza a corto plazo o como simple mecanismo de financiación municipal, en donde no faltó la corrupción política y en donde primaron las consideraciones económicas simplistas y las visiones a corto plazo.

4. LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL PROVOCADA POR FACTORES CULTURALES

La etnia y los rasgos culturales que las definen son variables explicativas que se han utilizado frecuentemente para explicar la segregación espacial. Además, la segregación residencial deja de ser impuesta u obligada cuando está provocada por motivos expresos de segregarse, es lo que se conoce como segregación voluntaria o autosegregación motivada por un expreso deseo mutuo, recíproco y consentido de vivir separados entre amigos o con los que se desea tener como amigos, y suele estar condicionada por factores culturales en lo que se conoce como comunidades étnicas, o enclaves étnicos. La religión, la lengua, la moral, las costumbres, la identidad cultural, la pertenencia a un grupo, el tipo de comercio o instalaciones para desempeñar la vida cotidiana, son factores culturales que afectan la elección de la zona para vivir. Determinados grupos sociales de inmigrantes pueden buscar la segregación para reforzar una identidad social lo cual les permite llevar vidas separadas en comunidades fragmentadas lo que puede acabar en conflictos interétnicos amenazando la cohesión social. Pero además está el hecho de que diferentes grupos pueden tener ideas perceptivas diferentes de lo que constituye el barrio ideal, de hecho cada hogar tiene su propia jerarquía subjetiva.

Autores como Clark y Morrison (2006) sostienen que las preferencias residenciales étnico-culturales de los diferentes colectivos explica más la segregación que las cuestiones económicas o discriminatorias, por lo que rescatando la línea de análisis de los valores sociales, los blancos prefieren vivir junto a los blancos, los negros junto a los negros, los hispanos con los hispanos y así, sucesivamente, con todos los colectivos. De igual modo, los distintos grupos presentan diferencias en los patrones culturales, situación que afecta a las preferencias por ciertos vecindarios dotados con una serie de infraestructuras y equipamientos, a la vez que por una composición racial similar a la suya. En consecuencia, la segregación se produce a partir de la decisión voluntaria de vivir de manera endogrupal. Existe también el deseo de una determinada localización a partir de indicadores de interacción social, focalizadas en el capital humano y en el ofrecimiento de oportunidades a través de una serie de variables de proximidad como equipamientos e infraestructuras, espacios verdes y de ocio.

En el mosaico segregacional resultante de las ciudades, las preferencias étnicas de los grupos nativos resultan ser decisivas porque de una manera o de otra impiden el acceso a aquellas etnias que les resultan molestas, de manera que cuando no lo consiguen y se sienten en minoría suelen apresurarse a cambiar de residencia. Es por ello que la preferencia étnica o elección ha sido considerada como uno de los principales mecanismos para entender la segregación urbana, caso de los chinos en New York o de los negros y blancos en Estados Unidos. Los barrios de los nativos o blancos suelen ser los preferidos mientras que los barrios de los inmigrantes o de color los menos, principalmente porque en los primeros suele haber un mayor nivel de prestaciones y servicios, además de menor delincuencia. De acuerdo a Charles (2006), los barrios interraciales o en los cuales conviven varias etnias son los menos preferidos porque se suele considerar que son espacios de tensión, delincuencia, pobreza y desorganización. Una de las maneras de expulsar a las minorías es a través del proceso de gentrificación por el cual se renuevan barrios metropolitanos antiguos creando nuevos edificios más caros y elevando las tasas municipales.

También existe el mecanismo de la violencia de la hostilidad antiminoritaria cuyo ritual no violento en las formas consisten en negar el saludo o expresar gestos de desaprobación diaria. Pais et al. (2009) sostienen que de cualquier manera la composición étnico-racial está correlacionada con la movilidad residencial de determinados grupos, en donde los autóctonos no desean convivir con los recién llegados por considerar que puede ser un indicador de descenso de estatus. Autores como Clark y Ledwinth (2007), apuntan cómo en el primer momento de la selección del barrio, las redes de inmigrantes y la pertenencia endogrupal juegan un gran papel. Emerson, Yancey y Chai (2001) muestran que las preferencias y la etnicidad juegan un rol importante en la elección de la residencia. La composición interracial de los barrios molesta a los blancos cuando se trata de negros, pero no cuando se trata de hispanos o de asiáticos.

En España diferentes y numerosos estudios han reflejado la segregación geográfica inmigrante procedente de la raza, la etnia y las diferencias culturales con una cierta coincidencia en que el colectivo más segregado es el de la cultura islámica (procedente de Marruecos y África subsahariana), seguido del procedente de los países del Este europeo y finalmente de los latinoamericanos. En el caso de las poblaciones musulmanas, el 3,6 % de la población total española, es decir, 1.732.000 de los cuales 797.000 proceden de Marruecos, se trata de un tipo de cultura con un fuerte acento en la religión, lo cual contrasta con el carácter laico y privado que de ella se tiene en la población española. Pérez Díaz et al. (2004) sostienen que este grupo de inmigrantes retrasan enormemente el entremezclarse con los ciudadanos del país de acogida, en este caso España, en sus tratos cotidianos, por una combinación de preferencias de retención étnica por parte de los primeros y de discriminación social por parte de los segundos, o que lo hacen más en unas dimensiones de su vida social de ocio o culto religioso que en otras de trabajo o comercio. Autores como Said (2002) argumentan que los hábitos retrógrados de los inmigrantes africanos negros y magrebíes en el trato a la mujer, así como su falta de puntualidad, higiene y responsabilidad en el trabajo hace que sean rechazados por los nativos y que no avancen en sus respectivas sociedades, caso de Francia y Bélgica, incluso con el paso del tiempo (Cebolla y Requena, 2010), lo que contrasta con otras culturas.

Es de destacar que constituyen la población inmigrante que más recurre a la autosegregación como se demuestra en que son los que menos capital social logran acumular, al no fiarse de la población autóctona para pedir favores, para entablar amistades, para establecer matrimonios (método más importante para la integración) o para pedir auxilio en un momento determinado. Su cultura basada en prácticas religiosas intensas en sus vidas cotidianas, como el ramadán que les impide comer durante el día y abstenerse durante la noche, las prácticas culinarias y los olores que desprenden, los modos de vestir, la subordinación de las mujeres, el uso de la violencia para someterlas, los ruidos que generan, el hacinamiento de los recién llegados en pisos de un tamaño escaso; genera tensiones con la población nativa por lo que optan por generar comunidades étnicas cerradas (Pérez-Díaz et al. 2004). Crowder et al. (2012), sostienen que las minorías étnicas están más presionadas y más ansiosas por integrarse en las comunidades étnicas de los países de acogida porque eso es una seguridad para su situación transitoria, a excepción de turcos y marroquíes de origen islámico.

5. LA SEGREGACIÓN RESIDENCIAL PROVOCADA POR EL MERCADO DE TRABAJO Y LOS INGRESOS

Como ha sido reiteradamente documentado desde la Escuela de Chicago, el sistema productivo de una ciudad genera una gran cantidad de trabajos poco cualificados, que son ejercidos por continuas olas de inmigrantes recién llegados y que se instalan en barrios viejos o nuevos -por la descentralización del empleo policéntrico-, donde acaban padeciendo las inconveniencia de zonas marginadas y de poco nivel urbanística, aunque con el paso del tiempo, o de una generación si son capaces de abandonar el nicho residencial y laboral, de ajustarse a la vida urbana, de asimilar las instituciones, de avanzar en la escala socioeconómica y mudarse a espacios de mejor calidad, su situación será reemplazada sistemáticamente por otros inmigrantes o gente nueva que acuda en busca de oportunidades. La nueva subclase es el producto de dos elementos: los cambios en el mercado de trabajo urbano y los cambios en la estructura social de los barrios; de forma que la pobreza extrema de los barrios inmigrantes no es tanto el resultado del prejuicio y la discriminación como de los cambios estructurales en la economía urbana, tal como la desindustrialización. Según Chen et al. (2012) y Reardon et al. (2011), cuando las desigualdades salariales aumentan también lo hacen las diferencias segregacionales de los barrios.

La tendencia de algunos grupos de inmigrantes a concentrarse en las zonas más precarias de la ciudad se puede considerar sujeto a las posibilidades económicas en las que se encuentran, es decir, se trata de un asentamiento impuestos por las condiciones de llegada y permanencia, en donde las primeras generaciones de inmigrantes suelen correr peor suerte que las sucesivas cohortes (Pan Ke´ Shon y Verdugo, 2014). Pero según se va progresando, los residentes por motivos étnicos exhiben las mismas costumbres de cambio de residencia que la población nativa basada en la variable de estatus socioeconómica (Schaake et al., 2013). Algunos autores han encontrado una correlación entre la cohesión del grupo étnico y las redes de contacto en la calidad del trabajo, de manera que los recién llegados suelen escoger ocupar los mismos trabajos que su grupo étnico o compatriotas y éste suele estar a la larga mejor pagado (Patel y Vella, 2013). Aunque el acceso al mercado de trabajo destinado a los nativo se puede facilitar casándose con un autóctono. Méndez y Prada (2014) en su análisis del desempleo en Madrid, destacan cómo los niveles más elevados de paro correspondían a aquellos municipios con mayor presencia de inmigrantes y trabajadores con escasa cualificación e ingresos, situados al sur de la capital.

Las características estructurales del mercado de trabajo con las que se han topado los extranjeros a su llegada a España han condicionado poderosamente su integración y sus posibilidades de vida. Como ha sido puesto de manifiesto a través de calificativos como “balcanización”, el mercado laboral español se caracteriza por ser uno de los más segmentados del mundo al estar profundamente dualizado entre contratos indefinidos y temporales (Hernández et al., 2015). Esta situación no es nueva ya que sus orígenes se remontan a 1984 cuando el gobierno socialista incluyo una nueva modalidad de contrato para facilitar la contratación. A partir de ese momento y pese a la inestabilidad que crea este sistema y de las numerosas reformas laborales que han intentado corregirlo no ha sido posible por la interiorización en los empresarios de una cultura que perjudica seriamente la estabilidad del trabajador. Ello ha provocado que los trabajadores temporales tengan menores ingresos -un 40 por ciento menos-, menor estabilidad en el puesto de trabajo, menor indemnización en los despidos, menor formación y menor poder de negociación en las condiciones laborales de seguridad. En términos generales, la población extranjera presenta un nivel de temporalidad del 45%, doce puntos más que la población autóctona.

El desfase entre el capital laboral de los extranjeros y el del país de llegada es un claro motivo de segregación. La existencia de idiomas, tecnologías u organizaciones empresariales diferentes a las del país de origen de los inmigrantes provoca que parte del capital humano adquirido por éstos no sea útil en el nuevo entorno. De hecho, los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2006, mostraban que los inmigrantes al llegar a España reciben, en promedio, un salario alrededor de un 30% inferior al de un trabajador de nacionalidad española de similares características en términos de nivel educativo y experiencia profesional (Simón et al., 2008 y 2014). Aunque este supuesto desfase de capital laboral tampoco ha sido muy significativo ya que los puestos vacantes han sido para las mujeres, las ocupaciones de servicios más bajas (más del 60%) y para los hombres, las ocupaciones industriales y de construcción más bajas (cerca del 40%) por lo que no es que haya existido la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el país de origen (Fernández et al., 2014). De cualquier manera, cuanto mayor nivel educacional presentaba el extranjero mayor depreciación de su capital humano por el salto entre su formación y su ocupación. Sin embargo, la teoría de capital humano predice que el nivel salarial de los inmigrantes podría converger con el de los trabajadores de nacionalidad española como resultado de una mayor inversión relativa en conocimientos técnicos por parte de aquellos para adquirir conocimientos y habilidades específicas del mercado de trabajo del país de destino.

El tiempo de permanencia en el mercado laboral ha sido señalado como otro factor clave. De acuerdo a Carrasco et al. (2008), gran parte de los inmigrantes ocuparon los puestos vacantes que reclamaba el sector de la construcción y la movilidad laboral entre el trabajo que desempeñaban en su país con respecto al que encontraron en España se puede asociar con una U, en la cual el nuevo trabajo es inferior al de partida, pero con el tiempo se mejora dependiendo de la estancia en el país de destino. El porcentaje relativamente alto se debe sobre todo, a los inmigrantes procedentes de países desarrollados. En el primer periodo de su estancia en España una considerable parte de población inmigrante extracomunitaria se ve obligada a trabajar en el mercado sumergido en condiciones laborales precarias por falta de autorización de residencia y permisos de trabajo, por lo que aunque la brecha normal de salarios es de un 15% a favor de los inmigrantes documentados en relación a un inmigrante de similares características pero en situación irregular, brecha que se amplía hasta casi el 28% en el caso de los indocumentados africanos y asiáticos (Sanromán et al., 2009).

6. METODOLOGÍA

Los estudios que se han llevado a cabo en España sobre barrios vulnerables proceden principalmente del Ministerio de Fomento y se inscriben en un proyecto conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1995, denominado "Integrating distressed urban areas", en el cual se abordaba la cuestión de los barrios vulnerables en los países de la OCDE, en tanto que un problema difícil de abordar, ante la percepción de la existencia de áreas de la ciudad donde se concentraba la vulnerabilidad que dificultaba el desarrollo económico, debilitaba la cohesión social y creaba altos costes ambientales. El primer estudio urbanístico de barrios vulnerables en España se realizó en 1996, en base al Censo de Población y Vivienda de 1991, y como resultado se detectaron 376 barrios vulnerables localizados en 81 ciudades por ser capitales de provincia o tener más de 50.000 habitantes. El segundo estudio procede de 2010, en base al Censo de Población y Vivienda de 2001, según ingresos, educación y urbanismo, detectándose 624 barrios vulnerables localizados en 103 ciudades por ser capitales de provincia o tener más de 50.000 habitantes. El tercer estudio también se realizó en 2010, utilizando los datos del Padrón de Habitantes de 2006, según el nivel de extranjería, detectando 256 barrios vulnerables que aglutinaban a 2.041.691 habitantes, localizados en 59 de las 139 ciudades de capitales de provincia de más de 50.000 habitantes. El estudio de la vulnerabilidad por extranjería en 2006, no es directamente comparable con el de los trabajos previos dado que el factor delimitación, el índice de extranjería (para valores superiores al 20%), es único y distinto a los usados anteriormente (índices de estudios, paro y vivienda). En los tres estudios, el tamaño de las unidades censales se establece entre 3.500 y 15.000 habitantes.

En algunos países europeos el seguimiento de las zonas vulnerables se realiza periódicamente, tal es el caso de Reino Unido, en donde desde la década de los años setenta se han calculado medidas locales de privación por medio del Index of Multiple Deprivation, que, en su versión de 2010, combina 38 indicadores a través de siete dominios: ingresos, empleo, salud, educación, vivienda y servicios locales, delincuencia, y medio ambiente dentro y fuera del hogar, aplicados a 32.482 pequeñas zonas denominadas Lowe Super Output Areas (LSOAs), detectando cinco millones de personas viviendo en las áreas más deprimidas. En Francia existe el Observatorio Nacional de Zonas Urbanas sensibles (ONZUS) compuesto por cinco indicadores básicos: ingresos (ingresos fiscales medios por unidad de consumo, tasas de recursos relativos a unidades urbanas, parte de la población por debajo de ingresos medios), demográficos (indicador de monoparentalidad, indicador de juventud), hábitat (indicador de movilidad residencial, ero de hogares localizados), educación (jóvenes adultos sin bachillerato), y empleo (tasa de actividad de hombres, tasa de actividad de mujeres). Existen 751 zonas urbanas sensibles (ZUS) que engloban a unos cinco millones de personas, caracterizados por un hábitat degradado y un fuerte desequilibrio acentuado entre hábitat y desempleo; 416 zonas de revitalización urbana; que se enfrentan a dificultades especiales, según su situación en el área metropolitana por sus características económicas y comerciales y cuyo objetivo es fomentar el establecimiento de empresas y la creación de empleos en estos territorios mediante la concesión de exenciones fiscales específicas para un período de cinco años; 100 zonas francas urbanas (ZFU) o distritos de más de 8.500 habitantes particularmente desfavorecidos tomando en cuenta los criterios para la determinación de las áreas de revitalización urbana, facilitando el establecimiento de empresas o desarrollo económico por exenciones de impuestos durante cinco años (ONZUS, 2014).

7. VARIABLES URBANÍSTICAS

Unidades urbanísticas: Las formas de crecimiento es un concepto ampliamente extendido en la cultura urbanística, y su aplicación es muy conocida, aúna la morfología y tipología del tejido urbano con el momento histórico y social de su creación. Así son perfectamente distinguibles las áreas urbanas que tienen su origen en los cascos rurales de los arrabales metropolitanos construidos al socaire de los crecimientos urbanos de principio del siglo y éstos a su vez de las áreas de autoconstrucción toleradas en terrenos rústicos en la cercanía de los centros industriales de los años 50 y 60. En el Informe sobre Áreas Desfavorecidas se realiza una reclasificación, agrupando las áreas vulnerables según su forma de crecimiento en tres tipos diferentes:

1. Casco histórico (CH).

1. 1. Áreas anteriores a los planes de ensanche del siglo XIX, se caracterizan por tener una trama basada en líneas generales en los accidentes geográficos, con crecimientos sobre los caminos y limitadas por los sucesivos perímetros defensivos o fiscales.

2. Ensanches (Ens).

1. 1. Constituyen, el primer planeamiento global de la forma urbana, con unos criterios científicos de definición y con una idea de abarcar los crecimientos urbanos durante un gran período de tiempo, ordenan áreas de crecimiento en torno a la ciudad existente.

3. Parcelación periférica (PP).

1. 1. Se trata de crecimientos urbanos coetáneos al ensanche. Son áreas formadas por parcelaciones de fincas rústicas próximas a las carreteras radiales de la ciudad, formando paquetes reticulares más o menos regulares.

4. Promoción pública 1940-1960 (PU 40-60).

1. 1. Se trata de un conjunto de áreas con origen en promociones públicas destinadas a resolver "el problema de la vivienda", se trata a menudo de promociones unitarias que se desarrollan mediante proyectos, donde el objetivo básico es el de proporcionar exclusivamente vivienda. Se trata de promociones de viviendas mínimas, con las mínimas dotaciones y con urbanizaciones mínimas en su origen.

5. Promociones 1960-1975 (PR 60-75).

1. 1. Coincidentes con el desarrollo de los años sesenta, se produce un giro en la producción de viviendas económicas, la promoción privada encuentra en ella un campo muy rentable y sustituye a la promoción pública.

6. Promoción Pública 1975-1990 (PU 75-90).

1. 1. La transición democrática y su coincidencia con la implantación de la ley del suelo del 75 tuvo su reflejo espacial en el desarrollo de promociones de vivienda de protección oficial con intervención en zonas compuestas por viviendas de baja calidad, ya fuesen chabolas, casas bajas o polígonos de viviendas de promoción pública.

7. Promoción privada 1975-1990 (PP 75-90).

1. 1. El desarrollo de los nuevos Planes Generales al auspicio de la ley del 75, generó un conjunto de ámbitos con desarrollo en paralelo a los anteriores en los que se siguen fielmente las cesiones obligatorias del reglamento de planeamiento y el control por parte municipal del trazado y, a menudo, de la tipología (aproximado a la manzana cerrada).

8. Pueblos anexionados (PA).

1. 1. Núcleos anexionados a las grandes ciudades en los años cincuenta por la expansión de su población y que están formados por unos tejidos a medio camino entre los cascos antiguos y las parcelaciones periféricas.

9. Parcelación marginal (PM).

1. 1. Antiguas bolsas de marginalidad a las que se sumaron nuevas poblaciones que, excluidas de la economía formal, se procuraron un alojamiento en los márgenes de la ciudad. Nuevos núcleos que se desarrollaron por poblaciones con un plus de marginalidad, tanto por su composición (que incluye desde emigrantes magrebíes o norteafricanos, a poblaciones asociadas a la droga.

10. Áreas mixtas: Periferia mixta y media mixta (PMix y MMix).

1. 1. El requisito de un mínimo de población en la determinación de las áreas vulnerables impide a veces realizar la delimitación de un espacio homogéneo, obligando a incluir en una misma área espacios con distintos orígenes.

11. Ciudad Jardín (CJ).

1. 1. Áreas de la ciudad fruto de promociones de viviendas unifamiliares con jardín, que englobarían tanto las colonias de hotelitos, como cierto tipo de promociones públicas de baja densidad en hilera, realizadas antes de los años sesenta.

8. DATOS

Para medir el nivel de segregación étnica se utilizan las cifras del tercer estudio llevado a cabo en el año 2010 utilizando cifras del padrón del 2006, en tanto que un claro indicador de condensación por el elevado número de extranjeros residiendo en los núcleos poblacionales. Hay que tomar en cuenta que las cifras sobre inmigración siempre son difíciles y complicadas de obtener, dado que los cambios legislativos sobre regularización, y en su caso expulsión, hace que los propios inmigrantes en situación irregular tiendan a ocultar información en documentos de carácter registral, como el padrón municipal de habitantes, a pesar de los beneficios que puede acarrear como los derechos de alojamiento y asistencia sanitaria y educativa.

Otra fuente de error motivada por este asunto es que al ser colectivos muy móviles, su representación en los estudios de carácter muestral se ve sometida a fuertes errores, agravados porque en los estudios muestrales los diseños se suelen basar en unidades de viviendas familiares de carácter principal, lo que deja fuera de la investigación a quienes carecen de alojamiento o están ocupando algún tipo de infravivienda patera. Finalmente está el problema de que los movimientos de extranjeros suelen ser muy rápidos por lo que los datos proporcionados por investigaciones estadísticas de larga gestación, no se adaptan con la necesaria rapidez a una situación que se ha precipitado por la llegada masiva a España de inmigrantes en un tiempo tan breve. Determinadas leyes o regulaciones hacen que esta población desaparezca o aflore. La población extranjera empadronada en España era de 1.370 millones en 2001, de 5.747 millones en 2010, y 5 millones en 2014.

Tabla 1.

Barrios vulnerables por extranjería en comunidades autónomas por formas de crecimiento, según el padrón de 2006

CH: Casco Histórico; Ens: Ensanche; PP-: Parcelación Periférica; PU 40-60: Promoción pública 40-60; PR 60-75: Promoción 60-75; PU 75-90: Promoción pública 75-90; PP 75-90: Promoción privada 75-90; PA: Pueblo Anexionado; MMix: Media mixta; PMix: Periferia mixta; PM: Parcelación marginal.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento. Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Informe General Adenda 2006.

En la Tabla 1 se pueden observar las comunidades autónomas por formas de crecimiento que tienen capitales de provincia o poblaciones que cumplen con los requisitos establecidos. Existen 6 comunidades autónomas que no tienen barrios vulnerables por extranjería en los niveles requeridos, y 256 barrios que presentan un grado de extranjería mayor que el 20 por ciento de su población (Fomento, 2010).

Tabla 2.

Barrios Vulnerables por condiciones socioeconómicas en comunidades autónomas por formas de crecimiento, según el censo de 2001 y padrón 2006.

CH: Casco Histórico; Ens: Ensanche; PP-: Parcelación Periférica; CJ: Ciudad Jardín; PU 40-60: Promoción Pública 40-60; PR 60-75: Promoción 60-75; PU 75-90: Promoción Pública 75-90; PP 75-90: Promoción Privada 75-90; PA: Pueblo Anexionado; MMix: Media mixta; PMix: Periferia mixta; PM: Parcelación Marginal.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Fomento. Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Informe General 2001.

Ahora bien, esta tabla por sí sola no nos indica exactamente los barrios segregados, ya que muchos de ellos pueden estar formados por colonias de extranjeros comunitarios alemanes o ingleses que han fijado su residencia en España y no presentan ningún grado de vulnerabilidad.

Una medida más realista procede de rescatar los estudios de barrios vulnerables por condición socioeconómica procedentes del censos de 2001, Tabla 2, ajustada con datos del padrón de 2006 y filtrarlo con el anterior.

Según datos procedentes del Ministerio de Fomento en una explotación del censo de población y vivienda de 2001, ajustando la población al padrón de 2006, cruzando comunidades autónomas por forma de crecimiento urbanístico, en base a cuatro niveles que reflejan una menor o mayor vulnerabilidad por ingresos, educación y urbanismo, existían 562 barrios vulnerables localizados en 103 capitales de provincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes.

Cruzando los 256 barrios vulnerables por extranjería con los 562 barrios vulnerables por condición socioeconómica, y filtrando los datos a través del visor del Ministerio de Fomento, obtendríamos la Tabla 3 de los que ostentan la doble condición de extranjería y condiciones socioeconómicas, que se ahora sí, se ajustan a lo que podría ser etiquetado como enclaves étnicos marginales.

Tabla 3.

Barrios vulnerables por extranjería en comunidades autónomas por Formas de Crecimiento.

CH: Casco Histórico; Ens: Ensanche; PP: Parcelación Periférica; PU 40-60: Promoción Pública 40-60; PR 60-75: Promoción 60-75; PU 75-90; Promoción Pública 75-90; PP 75-90: Promoción Privada 75-90; PA: Pueblo Anexionado; MMix: Media Mixta; PMix: Periferia Mixta; PM: Parcelación Marginal.

Fuente: Elaboración propia.

9. RESULTADOS

Existen 112 barrios que aglutinaban a 1.029.699 personas, cumpliendo con las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y extranjería. Una parte importante de los extranjeros, aproximadamente el 45%, se han concentrado en aquellos núcleos que ya arrastraban problemas y nos da una idea de que una parte importante del destino geográfico de éstos ha sido residir en áreas deficientes. Por otra parte, existen 144 barrios por extranjería y 450 barrios por condiciones socioeconómicas que no cumplen con la doble conidición. El 76 por ciento de estos barrios se ubican en Madrid y Cataluña. Todo esto se podría explicar porque los segmentos de la economía que más han necesitado mano extranjera se han concentrado, según fuentes estadísticas procedentes de la encuesta de población activa y de la encuesta de inmigración de 2007, en el servicio doméstico, en la construcción y en los servicios. En comunidades autónomas caracterizadas por la importancia del sector agricultura como Andalucía, ha habido un fuerte aumento de población inmigrante, aunque ha tenido menos repercusión en el número de barrios vulnerables por tratarse de actividades con una cierta transitoriedad.

Con respecto a las unidades o núcleos urbanísticos analizados por evolución histórico-urbanística, la forma que mayor número de inmigrantes concentra es la de “parcelación periférica”, seguida por el “casco histórico” y las “promociones 60-75”. Estas tres aglomeraciones urbanísticas son las de peor calidad arquitectónica/ urbanística tanto por su antigüedad como por la calidad de sus edificaciones, tal como se refleja en las estadísticas de conservación de edificios por años de antigüedad procedente de los censos de vivienda de 1991, 2001 y 2011. En el caso de las “promociones 60-75” se trata de construcciones llevadas a cabo en la época desarrollista. Otro dato interesante procedente de la encuesta de migración del 2007, es que una gran parte de la vivienda en la que residen los extranjeros es comprada, reproduciendo así la costumbre de la población autóctona.

10. CONCLUSIÓN

Los procesos de reestructuración económica global en curso afectan de forma importante a las economías nacionales que lejos de producir un crecimiento económico equitativo, fomentan un desarrollo desigual provocando la polarización de las grandes ciudades, la fragmentación de las zonas urbanísticas, y la pérdida de cohesión de sus habitantes. Por primera vez en su historia, en la década de los noventa, España, incrementó su población en más de un diez por ciento por población foránea. La llegada masiva de inmigrantes en poco espacio de tiempo, como producto del boom inmobiliario, ha supuesto una nueva forma de segregación espacial raza/étnica que interacciona con la clásica de estatus socioeconómico y que ha sustituido a la anterior conformada sólo por ésta última.

España que prácticamente era un país mono étnico con una proporción de extranjeros que apenas llegaba al 1 por ciento se convirtió en multiétnico que de acuerdo a sus posibilidades y a su cultura se han aglutinado en enclaves étnicos. La nueva dimensión tiene sus orígenes en los procesos políticos, urbanísticos y culturales que se activaron a principios de los años noventa. La expansión económica que surgió a partir de una nueva política urbanística convirtió a todo el territorio nacional en urbanizable sin ningún tipo de regulación. El seguimiento de la evolución de estos barrios debe ser una tarea central de la administración española, tal como sucede en otros países europeos, para que no depare en una “guerra de comunidades”, o en “distritos ingobernables”.

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Notas de autor

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