1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende realizar un balance general de la experiencia de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, desde que Evo Morales asumió la presidencia a principios de 2006 hasta la actualidad. El objetivo principal, por tanto, es identificar los cambios fundamentales que se han desarrollado en el país, a lo largo de la última década, en áreas tan diversas como la política interna, la política exterior, el modelo económico y la política social.

El texto se divide en dos grandes capítulos. El primero de ellos se ocupa de evaluar la primera etapa de gobierno, desde la victoria electoral en diciembre de 2005 hasta el año 2010. El segundo capítulo aborda el segundo periodo del Ejecutivo liderado por Morales, desde 2010 hasta la actualidad. El trabajo termina con un breve apartado de conclusiones y con las correspondientes referencias bibliográficas.

En términos metodológicos, el trabajo se sustenta en una profunda y amplia revisión bibliográfica de diversos autores especializados, informes de organismos oficiales y de centros de investigación reconocidos. Paralelamente, se ha realizado una serie de entrevistas personales a agentes relevantes, tanto a nivel académico como político.

2. PRIMER PERIODO DE GOBIERNO (2006-2010)

La victoria electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 en Bolivia supuso un punto de inflexión en la historia del país. Tras 2 décadas de sucesivos gobiernos de corte neoliberal (1985-2005), un proyecto político impulsado por los movimientos sociales y fundamentalmente por los movimientos indígenas lograba triunfar en las elecciones y conseguía acceder al Poder Ejecutivo.

Tras cinco años (2000-2005) de fuerte conflictividad social, durante los cuales se produjeron fuertes movilizaciones sociales contra el gobierno (el denominado ‘ciclo rebelde’), un movimiento liderado por sectores indígenas asumía la presidencia boliviana y ponía en marcha un nuevo proyecto de país que pretendía romper con el régimen anterior. Los pilares de la propuesta de gobierno del MAS eran los siguientes: refundación política del país a través de una asamblea constituyente, superación del modelo económico neoliberal y rescate de la soberanía nacional (Uharte, 2013). Sobre estos ejes pivota la agenda del Ejecutivo los primeros 4 años y son nuestra referencia para presentar, a lo largo de este capítulo, los principales cambios implementados.

2.1. Ámbito político y económico

El proceso constituyente se va a convertir en uno de los principales logros políticos del M.A.S. durante los 3 primeros años de gobierno, ya que posibilitó que miles de personas pudieran participar en el debate para la elaboración de la nueva constitución. El proceso se desarrolló en un clima muy conflictivo ya que el viejo bloque de poder movilizó a sus bases para abortar la constituyente. Se vivieron episodios de agresiones racistas en el oriente boliviano (feudo de la derecha), la constitución de un frente de gobernadores departamentales (orientales) que amenazaban con romper el país e incluso el intento por parte de las elites tradicionales de provocar un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales (Uharte, 2013).

Según Álvaro García Linera, durante esos 3 primeros años se vivió un “empate castastrófico” entre el bloque social emergente (indígena-popular) y el viejo bloque oligárquico. El empate se supera en el año 2008 gracias a la movilización popular contra el golpe y exigiendo la celebración del referéndum constitucional y a su vez, por la victoria electoral en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, en la que Morales logra más de un 66% de los votos y consigue ratificarse en la presidencia (García Linera, 2010). El proceso culminó con la aprobación de la Constitución Política del Estado en el referéndum del año 2009.

Otro de los ejes estratégicos del proyecto del MAS desde el principio fue la superación del modelo neoliberal y la implementación de un nuevo rumbo económico para el país. Para esto, el Estado debía recuperar el terreno perdido y volver a constituirse en un agente clave en el desenvolvimiento económico. El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2009) indicaba con claridad que el cambio en el “patrón de desarrollo” requiere de la “intervención del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional” y esto implica su participación directa en “los sectores estratégicos” (Ministerio de Planificación 2006: 4). En la misma línea, la nueva Constitución Política del Estado se redactó bajo parámetros post-neoliberales, apuntando que la economía debe ser “plural” y por lo tanto, dar cabida a la iniciativa estatal, privada, comunitaria, cooperativa, etc., pero dejando claro que “a la cabeza estará el Estado” que “será el que oriente, el que lidere” (García Linera, 2008c: 14).

La recuperación de la centralidad del Estado se efectuará a través de la política de nacionalización de los denominados recursos estratégicos, que en el caso boliviano en el actual contexto histórico son los hidrocarburos, principalmente el gas. El Plan Nacional de Desarrollo planteaba que “los hidrocarburos y la minería” debían ser los dos motores del nuevo modelo, que generaran excedentes para impulsar la industrialización del país (Ministerio de Planificación 2006: 91).

La nacionalización de los hidrocarburos en el año 2006, en una fecha tan simbólica como el 1 de mayo, día de la clase trabajadora, cambió las reglas de juego y posibilitó un aumento sustancial de los ingresos estatales en detrimento de las multinacionales que operaban fundamentalmente en el sector gasífero (Rauber, 2010: 112). Más allá de la discusión de si la nacionalización fue parcial o no, lo relevante es el aumento exponencial de la recaudación del Estado que se cuadriplicó: antes de la nacionalización el Estado boliviano “vía regalías e impuestos” se quedaba con “cerca de 550 millones de dólares” anuales de media (datos de 2003 y 2004); a partir de la nacionalización se acerca a los 2.000 millones de dólares (año 2007). Esto supuso invertir el flujo de ingresos entre transnacionales y Estado, ya que si antes, el “73% del negocio” quedaba en manos de las grandes empresas y el Estado se quedaba “apenas con el 27%, tras la nacionalización “hemos pasado del 27% a un 73% en apenas dos años” (García Linera, 2008b: 11).

A esto hay que agregar dos factores más: un aumento considerable de la producción de gas natural “de 8,92 millones de m3 al día en 2000, a 37,93 millones de m3 al día en 2007”; y un crecimiento notable de los precios de exportación tanto a Brasil como a Argentina, llegando a triplicarse (Rauber, 2010: 112). Todo esto produjo una subida importante de las recaudaciones tributarias “pasando estas del 25,1% del PIB en 2005 al 28,5% en 2008” (Canavire y Mariscal, 2010: 13). En el área minera, la política gubernamental no fue por la vía de la nacionalización sino por la del aumento sustancial de los impuestos, lo que se tradujo en un ingreso superior para el Estado, de los 11 millones de dólares de media de la época neoliberal a más de 200 millones de media anual desde el 2006 (García Linera, 2008b: 12).

Las nacionalizaciones no se restringieron al sector de los hidrocarburos sino que se implementaron en otros campos estratégicos como telefonía, con la recuperación de ENTEL –de nuevo un simbólico 1 de mayo de 2008- y metalurgia (complejo Vinto). Además, se impulsó la creación de nuevas empresas públicas en sectores diversos como alimentación, transporte aéreo y construcción (Rauber, 2010: 116).

Durante el primer mandato, un buen número de indicadores económicos mejoraron notablemente, a pesar de que las tensiones en el campo político habían generado un contexto de alta conflictividad. La condonación de más de un 50% de la deuda externa; el incremento de la inversión pública de un 6,9% del PIB en 2005 a un 9,4% en 2008; el aumento espectacular de las reservas internacionales (de 1.798 millones de dólares en 2005 a 7.722 millones en 2008), el crecimiento del consumo privado a tasas del 4,6%, “cuando en años anteriores se vio seriamente comprimido”; el aumento de las remesas, del empleo y de los salarios, son algunos de los datos que corroboran este despegue económico (Canavire y Mariscal, 2010: 12-14)

La reforma agraria fue otra de las promesas del Movimiento Al Socialismo y el gobierno la promovió a través de la “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, que fue aprobada por el Congreso en el año 2006. Uno de los principales cambios que introdujo esta ley fue “dotar de mayor capacidad al Estado para recuperar tierras ociosas mediante la reversión sin indemnización”, es decir, aquellas “que no cumplen una función económico-social”. En definitiva, abría la puerta para la expropiación de los latifundios improductivos y además disponía que las tierras expropiadas pudieran ser distribuidas a campesinos sin tierra (Urioste, 2009: 119). Sin embargo, la nueva Constitución incluyó un elemento que debilitaba el potencial de la “revolución agraria”, ya que estableció que las expropiaciones solo se podrían aplicar a futuro y no sobre las propiedades existentes, por lo que limitó en gran medida la posibilidad de afectar a los grandes latifundistas de siempre (Urioste, 2009: 123).

El gran avance en el marco de la reforma agraria se produjo en relación al volumen de tierra pública recuperada y distribuida entre las comunidades indígena-campesinas. Según Fornillo (2012: 160-162) la cantidad de “tierra fiscal saneada” en poco más de 3 años (2006-2009) fue de 13,7 millones de hectáreas, un 99% más que en el periodo 1996-2005. A su vez, si durante la década anterior al gobierno de Evo Morales se adjudicaron apenas 36.814 hectáreas públicas, en la gestión 2006-2009 fueron más de un millón de hectáreas, fundamentalmente a comunidades indígena-campesinas de los departamentos orientales (Pando, Tarija, Santa Cruz y Beni). La titulación de la tierra se “dio predominantemente bajo la modalidad de propiedad colectiva (comunitaria), a diferencia de la reforma agraria del 52”, que “pregonaba la individualización campesina al titular al estilo farmer de pequeña propiedad o al estilo cooperativista de pequeños propietarios”.

Uno de los aportes más relevantes que el gobierno de Evo Morales realizó durante su primer mandato fue darle visibilidad y centralidad política a la propuesta del Suma Qamaña o Vivir Bien, como alternativa que desde el pensamiento indígena se contraponía al desarrollo convencional tradicional de inspiración occidental. El Suma Qamaña rompe con los pilares tradicionales del desarrollo moderno, es decir, con los mitos del crecimiento, del progreso, del dominio de la naturaleza y plantea un nuevo modelo de convivencia en armonía con el entorno natural, donde lo comunitario vuelve a tomar centralidad frente al individualismo extremo propio del capitalismo (Gudynas, 2011: 3-8).

La propuesta del Suma Qamaña o Vivir Bien tuvo su plasmación legal al incluirse como principio de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en el 2009. Fue situada al mismo nivel que otros principios básicos como la igualdad, la libertad, la solidaridad, etc. (artículo 8). El Vivir Bien es contemplado desde una perspectiva plural, como un aporte de diversos pueblos indígenas, no solo de los aymaras con el Suma Qamaña, sino también de los quechuas (sumak kawsay), los guaraníes (ivi maraei), etc. Es una visión por tanto plurinacional, al pretender integrar las enseñanzas de diversos pueblos originarios. A su vez, el Vivir Bien es considerado un pilar clave de la nueva organización económica del Estado (artículo 306) (Gudynas, 2011: 3-4). Sin embargo, Gudynas indica que en la propia Constitución todavía se encuentran algunas de las “visiones clásicas del desarrollo”, como la prioridad que se le otorga a la “industrialización de los recursos naturales”, propia del pensamiento desarrollista tradicional (Gudynas, 2011: 5).

La centralidad que el Ejecutivo de Evo Morales le otorga al Estado en el plano económico va a ser complementada por una redefinición política radical de la propia institución estatal, cuando el largo proceso constituyente culmina con el renacimiento de un nuevo modelo de Estado, denominado ahora ‘plurinacional’. La Constitución de 2009 suprime la denominación tradicional de “República” de Bolivia, como expresión de un proyecto colonial y uninacional, y la sustituye por una nueva, la de “Estado Plurinacional de Bolivia”, que pretende reflejar el nacimiento de un nuevo modelo de organización política y social que se fundamenta en un pensamiento descolonizador. Raúl Prada (en G. Linera et al, 2010: 91-92) lo expresa de modo categórico: la condición de plurinacional no es “en el sentido del multiculturalismo liberal, sino en el sentido de la descolonización, en el sentido de la emancipación de las naciones y pueblos indígenas originarios. Una descolonización entendida no sólo en el sentido del reconocimiento de las lenguas, de la interculturalidad (…) sino también en el sentido de las transformaciones institucionales, de la creación de un nuevo mapa institucional, encaminadas a la incorporación de las instituciones indígenas a la forma de Estado. Una descolonización que implica el pluralismo institucional”. Agrega Prada que otro rasgo del Estado plurinacional es “su carácter comunitario”: el segundo artículo de la Constitución plantea el reconocimiento de las naciones indígenas y de “su derecho al autogobierno, a la libre determinación, a sus instituciones propias” y al derecho de “consulta sobre la explotación de los recursos naturales no renovables”, incorporando así el enfoque de la “democracia comunitaria” (Prada, en G. Linera et al, 2010: 93)

La nueva Constitución está fuertemente impregnada del espíritu descolonizador y plurinacional y las referencias a la diversidad cultural, lingüística, etc., son transversales desde el preámbulo, pasando por las bases fundamentales del Estado, hasta las disposiciones finales (Ministerio de la Presidencia, 2009). Paralelamente, el Plan Nacional de Desarrollo de 2006-2011, se plantea como objetivo “el desmontaje del colonialismo” para “construir un Estado Plurinacional y comunitario”. Vincula la exclusión social y la desigualdad con el patrón de poder que históricamente subordinó a los pueblos originarios y por eso plantea que el nuevo modelo económico debe incorporar el respeto a la diversidad cultural y nacional (Ministerio de Planificación, 2006: vii).

En cuanto a la plasmación de la plurinacionalidad en términos prácticos durante la primera etapa de gobierno, tanto al interior del Estado como en la relación de este con la sociedad, es difícil de evaluar por el poco tiempo transcurrido. García Linera (2009: 14-16) considera que se han dado los primeros pasos, como por ejemplo en el reconocimiento de las lenguas indígenas en las instituciones estatales, garantizando el derecho a ser atendido en tu idioma. Esto supone un cambio cualitativo muy importante porque se abren simbólicamente las puertas de las instituciones públicas a sectores que históricamente fueron despreciados. Asegura Puente (2010) que es muy significativa la nueva imagen que presentan muchas instancias estatales (ministerios, etc.) donde por primera vez se ven rostros indígenas –en algunos casos con sus ropas tradicionales- habitando espacios de los que antes estaban de facto y simbólicamente excluidos. El Estado Plurinacional también se proyecta, siguiendo a García Linera (2009: 17) en la incorporación de simbologías, héroes e imágenes de los pueblos originarios a la simbología del nuevo Estado, como la figura de Tupaj Katari, la bandera Wiphala, etc.

Tapia (en García Linera et al, 2010a: 19-20), por su parte, considera que la implementación de la plurinacionalidad ha tenido limitaciones sustanciales. Por una parte, la presencia de los pueblos indígenas en el Poder Legislativo sigue siendo testimonial, “lejos de tener peso en la toma de decisiones”, y su participación en el Poder Ejecutivo es minoritaria, a pesar de ser la mayoría de la población. Por otra parte, el proyecto de ley marco de autonomías indígenas consolidó la idea de que “la consulta no sea vinculante” por lo tanto, mantiene “la línea jerárquica constitucional de lo moderno sobre lo comunitario”. Esto implica limitar sustancialmente el autogobierno indígena ya que “en última instancia las decisiones claves sobre el uso del territorio como son aquellas relativas a la explotación de recursos naturales y de hidrocarburos en particular” queda en manos del Ejecutivo central, aunque una población afectada se manifieste en contra.

2.2. Ámbito social e internacional

Otro terreno donde el gobierno de Evo Morales ha pretendido revertir la orientación neoliberal de las dos décadas anteriores ha sido el de las políticas sociales. Frente a la tendencia de reducción de gasto social propia de los años anteriores y de priorización de otras áreas (Canavire y Mariscal, 2010: 32), el nuevo Ejecutivo fijó como objetivo estratégico el combate a la pobreza y la desigualdad. El Plan Nacional de Desarrollo reivindica que el Estado y los ministerios del área social deben recuperar el papel rector que habían perdido en los años noventa, además de restituir principios básicos como el de cobertura universal (salud, educación, etc.), gratuidad y derecho social frente a la lógica mercantilizadora del modelo neoliberal (Ministerio de Planificación, 2006: 33-40).

La palanca fundamental para impulsar la nueva política social será el ingreso adicional proveniente de la nacionalización de los hidrocarburos. El aumento sustancial de los impuestos a las grandes empresas del sector, unido al ya citado incremento del precio del gas que se vende a Brasil y Argentina, posibilitó un importante flujo de recursos para los ministerios sociales y para los nuevos programas sociales (Rauber, 2010: 113). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconocía en un informe del año 2010 que “la política social ha dado un giro sustancial”, ya que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) “ha permitido una menor dependencia del financiamiento externo” (para el año 2008 un 91% del gasto social provenía de recursos internos), lo que significa una menor dependencia de la cooperación internacional (Morales, 2010: 7).

El mayor impacto se ha logrado a través de programas concretos y de transferencias condicionadas directas. Las “acciones inmediatas” fueron priorizadas frente a medidas de carácter más estructural, según Medinaceli y Mokrani (2010: 224). Los programas más exitosos han sido los de transferencias directas, destacando fundamentalmente tres: la Renta Dignidad (pensión universal a la vejez), el Bono ‘Juancito Pinto’ dirigido a niños y niñas que cursan la educación primaria y el Bono ‘Juana Azurduy’ en beneficio de mujeres embarazadas (Rauber, 2010: 113-114). El impacto político de estos programas ha sido notable, fortaleciendo la base de apoyo popular al gobierno de Evo Morales.

Otros programas sociales de fuerte impacto se impulsaron para reducir los precios de servicios públicos básicos, como por ejemplo la electricidad. La denominada ‘Tarifa Dignidad’ fue aprobada por el gobierno en el 2006 y beneficio a más de 650.000 familias, rebajándoles la tarifa eléctrica un 25% (Los Tiempos, 2010). Por otro lado, la cooperación cubana y venezolana han sido claves en el éxito de algunas iniciativas sociales. Destaca la erradicación del analfabetismo a través del conocido programa cubano ‘Yo sí puedo’. En apenas 3 años (2006-2008), se alfabetizaron más de 827.000 personas, reduciendo el analfabetismo por debajo del 3%, límite fijado por la UNESCO para declarar a un país libre de analfabetismo (Smink, 2008). Un área donde la cooperación cubana ha sido decisiva es la de salud. Desde el año 2006, la brigada médica cubana compuesta por cerca de 800 profesionales comenzó a brindar servicios sanitarios en zonas rurales de los 9 departamentos del país (La Razón, 2013). Paralelamente, se instaló en Bolivia la famosa ‘Misión Milagro’, una iniciativa para ofrecer servicios oftalmológicos gratuitos a la población sin recursos. En los primeros cinco años (2006-2010) fueron operadas más de 530.000 personas (Prensa Latina, 2010). La cooperación venezolana se ha materializado sobre todo por vía del programa ‘Evo Cumple’, que destina la mayoría de sus recursos a la construcción y reparación de infraestructuras educativas, deportivas y sanitarias (Rauber, 2010: 116).

La política exterior del gobierno de Evo Morales es el área donde la gran mayoría de los analistas coinciden en que se ha producido un giro sustancial respecto a la orientación que tuvieron los Ejecutivos anteriores de la etapa neoliberal (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011; Zapata, 2011; Durán, 2012; Ceppi, 2014). Canelas y Verdes-Montenegro (en Errejón y Serrano, 2011: 240) afirman que se produjo una “reconfiguración profunda” de la política exterior: los aliados estratégicos cambiaron y la relación con los organismos internacionales se redefinió. Ceppi (2014: 128-130) por su parte, asegura que desde la llegada del MAS al gobierno la acción exterior “ha experimentado mutaciones significativas”, y esto es así porque esta debe ser funcional al “nuevo patrón de desarrollo” que el Ejecutivo de Evo Morales está impulsando.

Durante la década de los noventa, el criterio “para evaluar si Bolivia tenía una buena política exterior” era su grado de cumplimiento del recetario impuesto por el Consenso de Washington y la subordinación a la política “antidrogas” fijada por EE.UU. En materia energética, la “subordinación a las directrices” de las multinacionales era notable y se justificaba por la urgencia de no perder “las oportunidades de mercado” (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 240-241). Por ello, uno de los primeros rasgos sustancialmente novedosos de la política externa de Evo Morales será el rescate de la soberanía energética a través de la nacionalización de los hidrocarburos del año 2006. Para Canelas y Verdes-Montenegro (en Errejón y Serrano, 2011: 243-244) la nacionalización “fue una exhibición de soberanía ante las empresas multinacionales” y frente a los países que mayores intereses tenían en el área: Brasil y el Estado Español. El debate respecto si fue realmente o no una nacionalización lo consideran absolutamente secundario, ya que lo relevante es que se multiplican por cuatro los ingresos que recibe el Estado. La decisión es interpretada como “muy meritoria”, teniendo en cuenta que Bolivia es un país que se ubica “en la periferia del sistema”. La frase pronunciada por el presidente Morales tras la nacionalización, simboliza el espíritu de rescate de la soberanía: “queremos socios, no patrones”.

La orientación soberana también se va plasmar en la nueva relación con Estados Unidos, ya que de ser un “aliado estratégico” en los noventa pasa a ser uno de los principales adversarios del continente (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 245). Desde el principio del mandato de Evo Morales, las relaciones con Washington fueron sumamente conflictivas y esto es debido, según Durán, a dos razones fundamentales: por un lado, al abandono de la postura tradicional de “alineamiento automático” a Estados unidos; por otro lado, al acercamiento cada vez más estrecho a Venezuela y Cuba, enemigos acérrimos de EE.UU. (Durán, 2012: 5). El punto álgido de la confrontación entre los dos países se da a lo largo de 2008, en el contexto de intento de golpe de Estado por parte de la elite económica y política de los departamentos de la Media Luna, ya que el Ejecutivo de Morales acusa a EE.UU. de estar implicado en el proceso de desestabilización. Como consecuencia de esto, La Paz decide expulsar en septiembre de 2008 al embajador Philip Goldberg tras comprobar su implicación en la estrategia golpista. Posteriormente, a fines del mismo año se suspende la actividad de la DEA -agencia ‘antidrogas’ estadounidense- por injerencia y las relaciones con USAID (agencia de ayuda al desarrollo del gobierno de EE.UU.) se deterioran profundamente. Por su parte, Washington suprimió las preferencias arancelarias que Bolivia tenía en el marco de la ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina) (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 245-246).

Una decisión histórica convergente con la nueva política de rescate de la soberanía nacional fue la salida del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones), una agencia creada por el Banco Mundial para arbitrar las disputas entre multinacionales inversionistas y los Estados. Teniendo en cuenta la trayectoria de esta agencia, que en la mayoría de los casos termina fallando a favor de las grandes empresas, el gobierno boliviano decidió a partir del 2007 suspender sus relaciones con el CIADI. El argumento utilizado fue que los derechos del país y de su ciudadanía estaban por encima de los “derechos” de las empresas inversoras y que no podía permitirse que un organismo de esas características estuviera por encima de los tribunales nacionales (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 247).

En congruencia con la línea más soberana, Bolivia apostó por asumir una proyección a nivel internacional que nunca había tenido. La ONU ha sido un foro en el que ha intentado tener un protagonismo claro: en primera instancia, por la propuesta de Evo Morales de democratizar la propia ONU y de situar su sede central fuera de Estados Unidos; en segundo lugar, por los éxitos cosechados al conseguir que la Asamblea General aprobara su propuesta de “Declaración de derechos de los pueblos indígenas” (2007) y el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano (2010); en tercer lugar por utilizar este foro global para criticar el sistema capitalista, el imperialismo estadounidense y la crisis climática (Ceppi, 2014: 131). Bolivia ha intentado liderar a nivel mundial la lucha contra el cambio climático y la defensa de la naturaleza, organizando cumbres internacionales, como la realizada en Cochabamba a fines de 2009. Sin embargo, en este campo ha recibido importantes críticas por la falta de coherencia entre el discurso internacional y el modelo de desarrollo nacional, ya que este último sigue basándose en un patrón extractivista de alto impacto ambiental (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 259-260).

En el plano regional el gobierno de Morales ha transformado también de manera radical sus alianzas y su posicionamiento respecto a los viejos y nuevos espacios de integración latinoamericana. Según Canelas y Verdes-Montenegro (en Errejón y Serrano, 2011: 248) de apostar por un “regionalismo abierto”, en el que sus máximos exponentes eran la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y sobre todo la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) de Estados Unidos (de clara inspiración neoliberal), se ha pasado a un “regionalismo posliberal”, cuyas instituciones más representativas serían UNASUR (Unión de Naciones del Sur de América) y el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

UNASUR, como espacio de integración política de todos los países sudamericanos, jugó un papel clave para frenar el intento de golpe de estado oligárquico contra el gobierno boliviano en el año 2008 (Durán, 2012: 5). El ALBA, por su parte, como herramienta de integración de los gobiernos situados más a la izquierda en el continente, certifica quienes son los nuevos aliados estratégicos de Bolivia (Cuba y Venezuela) y posibilita el apoyo de estos en el área social, financiera (Banco del ALBA) y energética (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 255).

En cuanto a las relaciones con los países latinoamericanos, las diferencias son sustanciales en función de criterios políticos, económicos e históricos. La nueva alianza estratégica con Venezuela está determinada, obviamente, por la “sintonía político-ideológica” entre Morales y Chávez y por “las posibilidades de cooperación económica que Venezuela ofrece” (Ceppi, 2014: 134). El caso brasileño es más complejo, ya que las lecturas son diversas. La nacionalización de los hidrocarburos afectó directamente a Petrobras y en un primer momento las tensiones fueron evidentes. Sin embargo, posteriormente la relación mejoró cuando el gobierno boliviano facilitó el desembarco de las empresas brasileñas y de sus negocios relacionados con infraestructuras, fundamentalmente en el marco del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) (Canelas y Verdes-Montenegro, en Errejón y Serrano, 2011: 244-245). Durán (2012: 2) considera que el apoyo político brasileño al gobierno boliviano, sobre todo en la convulsa etapa de desestabilización con el riesgo de golpe de Estado (2007-2008), fue premiada con la expansión de las empresas brasileñas en el país andino. Por último, cabe destacar la relación con Chile, principalmente en lo concerniente al reclamo histórico boliviano de recuperar una parte de costa, perdida en la Guerra del Pacífico de fines del siglo XIX. Aunque las relaciones con Chile mejoraron durante el mandato de Michelle Bachelet y se creó un grupo de trabajo para tratar temas bilaterales (entre ellos la demanda marítima boliviana) los avances reales fueron inapreciables (Ceppi, 2014: 143).

Otro de los rasgos que caracteriza la nueva política exterior boliviana es su apuesta clara por el multilateralismo (Zapata, 2011: 114), lo cual obviamente es un complemento necesario para reducir su dependencia histórica respecto a Washington. Dos de sus aliados más cercanos son China e Irán, aunque por razones diferentes. China, como es sabido, se ha convertido en la principal potencia emergente que está disputando la hegemonía global a Estados Unidos. Su necesidad de materias primas convierte a Bolivia en un buen socio comercial. De hecho, como apunta Ceppi (2014: 138), se da una “clara complementariedad” entre ambas economías, ya que el país andino le exporta diversos minerales y el gigante asiático le vende miles de productos manufacturados. En cuanto a Irán, la alianza tiene fundamentalmente carácter político y el objetivo común ha sido apoyarse en diversos foros internacionales frente a las agresiones de Estados Unidos (Ceppi, 2014: 139).

3. SEGUNDO PERIODO DE GOBIERNO (2010-2014)

3.1. Neutralización de la oposición y conflicto interno

La reelección presidencial de Evo Morales en diciembre de 2009, duplicando casi el volumen de sufragios (de millón y medio a casi tres millones) y elevando considerablemente su peso porcentual (de menos de un 54% a más de un 64%) respecto a los comicios celebrados cuatro años atrás, evidenció el apoyo mayoritario de la ciudadanía boliviana y fundamentalmente de los sectores populares, al proyecto de transformaciones iniciado cuatro años atrás. No sólo salió fortalecido el líder del proceso sino también el propio Movimiento al Socialismo, como estructura de articulación de diversos movimientos sociales (Puente, 2010).

La contundencia de la victoria electoral –más de un 37% de diferencia respecto al segundo candidato, el derechista Manfred Reyes- se convirtió en un indicador indudable de la consolidación de una nueva hegemonía política en Bolivia. Además de la reelección, el MAS consiguió el control total de las dos cámaras legislativas, gracias a que obtuvo más de dos tercios de los votos. Se convirtió así en el “partido más grande del país” con presencia real en todo el territorio nacional –más débil en el oriente que en el altiplano occidental- y después del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en “el segundo partido en la historia boliviana” con mayores y “más firmes raíces sociales” (Cunha, 2014: 4).

Para Cunha (2014: 3), el Movimiento Al Socialismo ha logrado hegemonizar la política boliviana por varias razones: por tener el “dominio político institucional”, por su capacidad para presentarse “dirigiendo los intereses generales de la sociedad” y finalmente, por “establecer los términos de la agenda política en disputa”, a diferencia del contexto turbulento del inicio de su gobierno en 2006. En la misma línea, Errejón (en Errejón y Serrano, 2011: 112) indica que el MAS es el agente político hegemónico por excelencia en el país porque ha logrado que su “diagnóstico de la realidad” y sus “propuestas” hayan pasado a “ser parte del imaginario colectivo de los bolivianos”.

La capacidad que ha desplegado el gobierno durante su segundo mandato para incorporar y/o cooptar a sectores clave de la oposición tanto política como económica es un dato sumamente relevante. En el terreno político, destaca la habilidad para debilitar a la derecha, fundamentalmente en sus zonas de influencia más sólida (departamentos orientales), a través de la cooptación de algunos de sus dirigentes. El éxito electoral en Pando, por ejemplo, es producto de la incorporación de políticos provenientes de las filas de la derecha, dándoles prioridad incluso por encima de militantes orgánicos del MAS (Do Alto y Stefanoni, 2010: 349-351).

En cuanto al ámbito económico, es también muy notoria la reducción de conflictividad con la elite empresarial –principalmente la de los sectores agroindustrial y ganadero oriental-, en contraposición al primer periodo de gobierno donde fueron agentes activos en la estrategia de desestabilización. El proyecto económico gubernamental se sitúa en unas coordenadas de neo-desarrollismo redistributivo que no pretende arrinconar a la empresa privada sino hacerle entender que el Estado desempeñará un papel rector, aceptando que “la inversión privada” es muy importante para lograr “altas tasas de crecimiento” y una “mayor industrialización” (Cunha, 2014: 14). Una vez que el Ejecutivo dejó claro que no había riesgos de grandes estatizaciones y desde el momento en que la elite económica se dio cuenta que podía realizar buenos negocios a pesar de tener un gobierno que no representaba totalmente sus intereses, los niveles de confrontación se redujeron al mínimo y la postura de la patronal fue mucho más pragmática que ideológica.

En este nuevo escenario en el que la oposición está sumamente debilitada y la elite económica calmada, el conflicto se va a desplazar al interior del heterogéneo movimiento que sostiene al Ejecutivo de Evo Morales. Prácticamente desde el comienzo del segundo mandato empezaron a producirse colisiones entre el Ejecutivo y diversos sectores afines al proceso de cambio, en áreas estratégicas del propio programa de transformaciones democráticas como la descentralización y autonomías, la democracia participativa, los principios ambientalistas, etc. Para algunos autores, la “gestión desacertada” del amplio triunfo electoral abrió un nuevo escenario donde la confrontación política y social se trasladó al interior del bloque ‘indígena-popular’. Tras la victoria, la actitud “triunfalista y soberbia” por parte del Ejecutivo de Morales y de la dirección del M.A.S. trajo como consecuencia el estallido de los primeros conflictos con algunos movimientos sociales y grupos políticos, que hasta ese momento habían sido parte de la red de apoyo (Stefanoni, 2010b, Tapia, 2010b).

Para empezar, las reivindicaciones de descentralización colisionaron con la lógica re-centralizadora que el Ejecutivo impulsó. Una de las ideas-fuerza que el M.A.S. asumió como parte del proyecto de cambio fue la necesidad de la descentralización del poder político. Aunque es indudable que la elite conservadora del oriente levantó la bandera del autonomismo fundamentalmente para conservar sus privilegios frente a un gobierno central de carácter ‘indígena-popular’, como lo advirtió García Linera (2008a: 367-70), también es cierto que diferentes grupos del movimiento indígena –principalmente en el oriente del país- estaban reivindicando desde hacía bastante tiempo la autonomía indígena y comunitaria. El conflicto entre el gobierno de Morales y la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), desde mediados de 2010, por las demandas de autonomía indígena, ha mostrado las tendencias fuertemente centralistas del Ejecutivo (Brieger, 2010, Bautista, 2010).

Otro terreno de recurrente conflictividad entre los movimientos sociales más autónomos y el M.A.S. ha sido el de la democracia participativa interna. La retórica participativa se ha combinado en ciertos casos con una práctica autoritaria y verticalista, como lo señalan diferentes autores (Puente, 2010, Tapia, 2010b). Las elecciones municipales y departamentales de abril de 2010, en las que la dirección del Movimiento Al Socialismo impuso sus candidatos, excluyendo en más de una ocasión a los seleccionados democráticamente por las bases (Lora, 2010), fue uno de los ejemplos más significativos en este sentido. La consecuencia más inmediata fue la derrota, en lugares que históricamente habían sido feudos del M.A.S. (Achacachi) y en capitales del Altiplano donde otra política de alianzas habría permitido obtener la victoria (La Paz, Oruro, Potosí). Un elemento a resaltar desde la perspectiva de los movimientos sociales es que en este plano, la práctica autoritaria de imposición de candidaturas fue respondida por parte de algunos movimientos con la presentación de candidaturas independientes, en función de las designaciones que habían hecho las bases previamente.

Pero sin duda, el área estratégica donde mayor conflictividad y contradicciones se han producido entre el Ejecutivo y una parte de los movimientos que siguen apoyando el proceso de cambio es en la política ambiental. Tampoco resulta extraño, ya que probablemente es el terreno donde mayores dificultades se encuentra el gobierno a la hora de conjugar desarrollo económico y social con defensa medioambiental. En este escenario nos encontramos un continuum donde están presentes todas las posturas, desde un extremo al otro: desde los extremistas ecologistas que teóricamente neutralizan cualquier modelo de desarrollo viable en el actual contexto histórico-social (Stefanoni, 2010a), hasta los desarrollistas a ultranza que pretenden sortear cualquier demanda ecologista.

Más allá de los extremos, la postura del gobierno hasta este momento ha sido la de conjugar un discurso ambientalista con una práctica notablemente desarrollista, como advierten la mayoría de los autores (Wanderley, 2010, Puente, 2010, Tapia, 2010b, Stefanoni, 2010b). Diferentes proyectos mineros y gasíferos del Estado han colisionado con las demandas de protección ambiental, fundamentalmente de comunidades indígenas que habitan los territorios explotados. Los movimientos que representan a estas comunidades han exigido el respeto a la autonomía territorial y han demandado consultas populares vinculantes (Zibechi, 2010), pero la respuesta generalizada del gobierno ha sido que el desarrollo económico nacional y las “necesidades de la mayoría” están por encima de las de territorios concretos del país.

El conflicto del TIPNIS ha sido probablemente uno de los más paradigmáticos, donde se han enfrentado las dos visiones. El proyecto de Evo Morales de construir una carretera que atravesara el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS), que además de hábitat de pueblos originarios es reserva natural, generó una confrontación de carácter nacional con proyecciones incluso internacionales. Por una parte, el gobierno planteó la necesidad de la integración vial del país en un territorio olvidado históricamente por el Estado y de difícil acceso. Por otra parte, los indígenas amazónicos querían preservar su hábitat y evitar la expansión de la frontera cocalera (Stefanoni, 2010a). Esto provocó un quiebre en el Pacto de Unidad que agrupa a los principales movimientos que sostienen al Ejecutivo. Los actores con un horizonte más “campesino”, desarrollista y por tanto “nacional-popular”, como la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y las Bartolinas apoyaron el proyecto mientras que los grupos con un perfil más “indianista” y pachamámico, la CIDOB y CONAMAQ rechazaron la carretera. Esto evidencia la complejidad y la diversidad ideológica de las organizaciones indígenas que apoyan el proceso de cambio (Cunha, 2014: 7).

De cualquier manera, es necesario puntualizar según Cunha que la agenda desarrollista es ampliamente aceptada por el grueso de la población, y que suscita rechazo por una minoría de intelectuales de izquierda y algunos grupos indígenas. “A muchos de los bolivianos que se identifican como indígenas les interesa hoy día más cuestiones de orden práctico como acceso a mercados, políticas públicas, mejoras en infraestructura, empleo y renta” que debates en torno al desarrollo. Mientras el actual Estado les provea de “beneficios materiales concretos” este tipo de reflexiones seguirán teniendo poco incidencia social (Cunha, 2014: 9).

En el marco del conflicto entre el gobierno y algunos movimientos que continúan apoyando el proceso pero desde una posición crítica, resulta sumamente relevante la estrategia de deslegitimación que está empleando el Ejecutivo. Ésta se sustenta en la combinación de diversas variables, destacando principalmente dos: por un lado, la criminalización, tildando a los movimientos de “aliados de los neoliberales” y/o incluso “agentes del imperialismo” (Bautista, 2010, Brieger, 2010, Zibechi, 2010); por otro lado, utilizando a los movimientos sociales más leales a las directrices gubernamentales para confrontar a los más críticos.

3.2. Resultados socio-económicos

A pesar de las contradicciones señaladas, los datos socio-económicos muestran una mejora sustancial en diversos campos. En el área económica, por ejemplo, las cifras que presenta el actual Ejecutivo después de casi una década de gestión son expresión de estabilidad, crecimiento y redistribución. En términos macro-económicos, por ejemplo, el PIB creció un promedio de 4,8% de 2006 a 2012, casi el doble del crecimiento de los 7 años anteriores (1999-2005), durante los cuales aumentó un 2,6% de media (Cunha, 2014: 9). Esto ha permitido que el PIB per cápita se haya prácticamente triplicado, pasando de 1.051 dólares en 2005 a 2.919 en 2013 (Banco Central de Bolivia, 2014a: 11). Aunque es cierto que el crecimiento se debe en parte a factores externos como “el alza histórica en los precios de las commodities que todavía componen el grueso de las exportaciones bolivianas (minerales, gas, soja, etc.)”, la recuperación de un “mayor control estatal sobre la cadena productiva” y el aumento de impuestos ha permitido que “una porción significativamente mayor” de la riqueza generada se quede en el país (Cunha, 2014: 9).

El aumento de la inversión pública ha sido exponencial, incrementándose más de un 250%: de un promedio de 581 millones de dólares en el periodo 1999-2005 a una media de 2.046 millones entre 2006 y 2012 (Cunha, 2014: 9). Destaca sobre todo la inversión en hidrocarburos, que se ha multiplicado por siete, pasando de los 246 millones de dólares de 2005 a los 1.835 millones de 2013 (Banco Central de Bolivia, 2014a: 6). El gasto en infraestructura vial también ha sido sumamente relevante, lo cual ha permitido cuadruplicar el número de kilómetros de carreteras construidos, pasando de los 885 km del periodo 2001-2005 a los 3.874 km de 2006 a 2013. El aumento de la recaudación tributaria ha sido clave para impulsar esta fuerte inversión. Para el año 2013, los ingresos tributarios y aduaneros alcanzaron un record, cuadriplicando los obtenidos en 2005 (Banco Central de Bolivia, 2014a: 9).

A pesar del importante incremento del gasto público, el Ejecutivo de Morales se jacta de impulsar una política fiscal “responsable”, ya que durante los últimos años se ha alcanzado superávit, mientras que en entre 1998 y 2005 el déficit fiscal alcanzó un promedio del 5,4% del PIB (Banco Central de Bolivia, 2014a: 11). Paralelamente, las reservas internaciones han crecido de manera vertiginosa, multiplicándose por siete, al pasar de los 1.714 millones de dólares del año 2005 a los 14.430 millones de 2013. Esto equivale a más de un 50% del PIB y sitúa a Bolivia como el primer país de la región en volumen de reservas en relación al Producto Interior Bruto (Banco Central de Bolivia, 2014b: 3).

Otro problema histórico boliviano como era la inflación se ha conseguido reducir sustancialmente. Si durante 20 años, de 1985 a 2005 la inflación promedio fue del 400%, en los últimos ocho años (2006-2013) la tasa media ha sido del 6,7%. A su vez, también se percibe una mayor estabilidad del sistema financiero por varias razones: el aumento de depósitos y de créditos en monedad nacional (del 16,1% al 77,1% y del 7,5% al 87,6%, respectivamente, entre el año 2005 y 2013); se triplica el crédito total del sistema financiero y paralelamente la morosidad se reduce notablemente, del 10,1 al 1,5, en los citados años (Banco Central de Bolivia, 2014a: 12-15).

En materia laboral, el empleo estatal ha crecido de manera vertiginosa, en el marco de la creación de nuevas empresas públicas, pasando de 75.000 trabajadores a 125.000 (Molina, 2013: 7). El desempleo abierto urbano ha disminuido a menos de la mitad, pasando del 8,2% de 2005 al 3,2% de 2012, mientras que el salario mínimo real (descontada la inflación) ha tenido un incremento mucho mayor de 2006 a 2013 (un 105%) en comparación con el periodo anterior 1998-2005, donde aumento un 52%. Es destacable también la nueva Ley de Pensiones aprobada en 2010, que redujo la edad de jubilación de 65 a 58 años para hombres y a 55 para mujeres (Banco Central de Bolivia, 2014a: 17-18).

En el terreno social, el Ejecutivo de Evo Morales presenta unos datos positivos en relación a los servicios públicos y a políticas sociales. La cobertura del servicio de electricidad, por ejemplo, ha aumentado considerablemente: en el año 2005 disfrutaban de servicio eléctrico en el hogar el 67% de la población y en el 2013 subió hasta el 85% (Banco Central de Bolivia, 2014a: 8). La política de subvención de servicios básicos ha sido importante, destacando entre otras, la congelación de la tarifa de electricidad, de agua potable, el subsidio a los combustibles para subvencionar indirectamente el transporte público y el control de precios de las telecomunicaciones (Molina, 2013: 8-9).

Los nuevos programas sociales también están teniendo un impacto indudable en una parte importante de la población más necesitada. Los denominados “Bonos sociales”, es decir, el “Bono Juancito Pinto”, el “Bono Juana Azurduy” y la “Renta Dignidad”, para fines de 2012 llegaban a 1,7 millones de hogares que representan el 60% de la población total (Banco Central de Bolivia, 2014a: 17). Los presupuestos de salud y de educación se han triplicado y duplicado respectivamente, en relación al año 2005. Esto ha posibilitado la reducción de la mortalidad infantil, materna y de la desnutrición crónica y una mejora de la tasa de deserción escolar (Banco Central de Bolivia, 2014a: 4).

Los indicadores sociales muestran una reducción notable de la pobreza y la desigualdad. Entre el 2005 y el 2011 la pobreza moderada se redujo más de 15 puntos, del 60,6% al 45% (Cunha, 2014: 10). La pobreza extrema por su parte, mejoró en 17 puntos, pasando del 38,2% en 2005 al 21,6% en 2012 (en el área urbana se redujo del 24,3% al 12,2% y en el área rural del 62,9% al 40,9%). En cuanto a la desigualdad, la diferencia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre se redujo a la mitad: si en 2005 “el 10% de la población más rica tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre, en 2012 esta diferencia bajó a 46 veces” (Banco Central de Bolivia, 2014a: 19). La mejor distribución del ingreso según Molina (2013: 9), ha permitido el surgimiento de una “nueva clase media” que por primera vez incluye a importantes sectores indígenas en su seno, lo cual no había ocurrido previamente nunca. Esto comienza a alterar la tradicional “relación de fuerzas entre la antigua elite blanca y el resto de la población” y “tiende a empoderar psicológicamente a los indígenas”.

En este contexto político (derecha debilitada) y socio-económico (estabilidad) se llegó a la campaña para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en las que Evo Morales volvió a ser el candidato del MAS. Las coordenadas no podían ser mejores para el partido de gobierno, ya que a la alta popularidad del actual mandatario había que sumarle la incapacidad de la oposición de derecha para articular un proyecto unitario. Como bien señala Karg (2014), Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, “exponentes de la oposición conservadora”, no pudieron unificar una candidatura. Paralelamente, tampoco había espacio real para una alternativa más a la izquierda del MAS. En consecuencia, todas las encuestas le daban a Evo Morales más de 30 puntos de diferencia respecto al segundo candidato (CELAG, 2014: 3-5).

En las elecciones del 12 de octubre de 2014, ganó con el 61% de los votos, sacándole una ventaja de más de 36 puntos a Samuel Doria Medina, que obtuvo un 24,5% de los sufragios. En tercer lugar quedó el otro candidato de la derecha, Jorge Quiroga, con un 9% de los sufragios. Un dato relevante es que la aplastante victoria va acompañada del triunfo histórico en casi todos los departamentos opositores, es decir, los orientales, exceptuando el Beni. En resumen, Morales gana en 8 de los 9 departamentos, incluido el simbólico Santa Cruz. Se produce un retroceso en los territorios occidentales (del 70% al 60%), pero la hegemonía se consolida (Paz, 2014). Esta victoria le permite a Evo Morales gobernar hasta el año 2020 y convertirse, como acertadamente apunta Stefanoni (2014a) en “el presidente con más tiempo en el Palacio Quemado de la historia boliviana”.

En cuanto a los resultados de las elecciones legislativas, lo más destacable es que el MAS vuelve a superar los 2/3 de los diputados y senadores, por lo que tiene el control absoluto para aprobar todo tipo de leyes. Pero quizás lo más reseñable de esto es que le permite eventualmente, modificar la Constitución para posibilitar en el futuro, una nueva reelección de Evo Morales (Paz, 2014; Stefanoni, 2014a).

4. CONCLUSIONES

La fuerte implantación que tuvo el Consenso de Washington en el conjunto de América Latina y la especial intensidad con la que se aplicaron las recetas neoliberales en Bolivia parecía que no iban a permitir que surgiera una alternativa de poder a corto plazo, con posibilidades de disputarle la hegemonía al modelo impuesto en los años ochenta. Sin embargo, la década y media transcurrida desde el inicio del nuevo siglo ha mostrado que era posible superar obstáculos que a priori parecían infranqueables. En primer lugar, el ‘ciclo rebelde’ (2000-2005) evidenció que la `potencia plebeya’, con toda su diversidad y mixtura tenía la capacidad de jaquear a la elite dominante e incluso de derrocar a sus administradores políticos, como quedo claro con las caídas presidenciales. En segundo lugar, se constató que los sectores históricamente más explotados e invisibilizados –los pueblos originarios y sus movimientos- de las clases subalternas fueron capaces de articular y liderar un nuevo bloque de poder, que terminó derrotando electoralmente a la elite histórica y consiguió afianzarse en el poder político. En tercer lugar, se está demostrando que este nuevo bloque está teniendo la capacidad y la habilidad no sólo para mantenerse en el poder sino sobre todo para dotar de estabilidad a un sistema político históricamente muy convulso, frágil y conflictivo. Las victorias electorales tan contundentes y continuas en el tiempo de Evo Morales y del MAS, además de ser una ‘anomalía histórica’ y de proyectarlo como uno de los líderes más sólidos de los últimos 200 años desde el fin de la colonia, corroboran la fortaleza y la buena salud de un nuevo ciclo político que se vislumbra de largo recorrido.

La hegemonía y estabilidad que el actual modelo ha conseguido tiene mucho que ver con la capacidad de hibridar imaginarios históricos y sectores diversos de la sociedad plebeya. Por una parte, el proyecto de gobierno se sustenta en importantes categorías que provienen de anteriores experiencias de democratización y las combina con nuevos ingredientes que permiten dotarle al nuevo modelo de un rostro más novedoso, transformador y rupturista. El actual proyecto rescata algunos de los pilares básicos del ensayo democratizador que supuso el nacionalismo revolucionario y desarrollista, como la centralidad del Estado interventor, la masiva participación social de las clases subalternas, y la política de redistribución de la riqueza. A su vez, incorpora nuevas categorías como la pretensión de construir un Estado plurinacional y multicultural, la apuesta por la desconcentración del poder a través de un modelo autonómico (regional, municipal e indígena), y un discurso y una escenografía muy marcados de defensa del medio ambiente y de los derechos de la madre Tierra. La generación y consolidación de un “nuevo sentido común de época” explican el apoyo masivo de grupos muy heterogéneos que se sienten incluidos en el discurso y en las políticas gubernamentales. No es sólo el apoyo generalizado de la mayoría de la población considerada indígena (tanto rural como urbana), sino también de estratos medios, profesionales, pequeños productores independientes, etc. El alto grado de hegemonía y el fuerte pragmatismo económico del gobierno han obligado de hecho a que gran parte de la elite empresarial haya abandonado su inicial postura desestabilizadora y haya optado por centrarse en sus negocios, mejorando considerablemente su relación con el Ejecutivo y el Presidente. Bajo estas coordenadas, parece por tanto poco probable que a corto plazo pueda surgir una oposición con potencialidad hegemónica, ni por la derecha, ni mucho menos por la izquierda. La derecha se encuentra en la difícil situación de no poder defender públicamente su proyecto de regreso al neoliberalismo, por el rechazo masivo que concita, mientras que cualquier discurso desarrollista o redistribuidor que proponga no va a tener mucha credibilidad. Los pequeños grupos de izquierda que se oponen al MAS y al gobierno, tienen menos opciones aún, ya que políticamente son irrelevantes y sociológicamente son minoritarios, a pesar de que sus propuestas teóricas puedan tener claridad y solidez intelectual.

Las previsiones para este tercer periodo de gobierno son diversas, según la ubicación político-ideológica de los principales analistas de coyuntura. Merece la pena destacar la reflexión que plantean los sectores más críticos de los movimientos sociales y de su intelectualidad. Según estos, el tercer mandato debe servir para dar un salto cualitativo en la agenda del cambio y poner las bases para superar el modelo extractivista y primario-exportador, teniendo como horizonte la superación del capitalismo y la construcción de la sociedad del ‘Buen Vivir’. Sin embargo, la hoja de ruta diseñada por la actual elite de poder transita por otros caminos menos rupturistas. A pesar de que el discurso oficial apelará regularmente a horizontes radicales como la descolonización, el socialismo comunitario, etc., la práctica gubernamental continuará fiel a la orientación marcada en los años anteriores que se traduce en: estabilidad económica sin “aventuras”, extractivismo redistribuidor y mantenimiento de pactos políticos múltiples con sectores sumamente heterogéneos. La inestabilidad existente en países aliados como Venezuela, influirán más aún en consolidar un rumbo caracterizado cada vez más por la prudencia.

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