1. Introducción

En las últimas décadas, el tópico del narcotráfico ha tomado un lugar relevante en la discusión pública, siendo una problemática cada vez más frecuente en el campo político nacional. A partir del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), se presentó desde el discurso estatal una situación de conflicto ligada al comercio y tráfico de drogas, que implicaba a territorios de la frontera con Bolivia y Paraguay, así como a los grandes centros urbanos (Frederic, 2020). Esta tendencia se vio potenciada durante las elecciones nacionales del 2015, en las que todos los candidatos presidenciales posicionaron el problema de la droga y el narcotráfico como uno de los ejes fundamentales de sus discursos, un hecho inédito en la política argentina (Calzado & Manchego, 2017). En ese contexto, Mauricio Macri presentó el objetivo de “derrotar al narcotráfico” como uno de los ejes de su campaña. Tras el triunfo de Cambiemos, dicha cuestión tomaría un lugar prioritario en las políticas securitarias del nuevo gobierno.

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Macri construyó la idea de un territorio nacional en riesgo y de una crisis securitaria, anclándose en el modelo de militarización de la “guerra contra las drogas” impulsado desde Estados Unidos (Tokatlian et. al., 2018). Manteniendo una línea histórica en lo que refiere al abordaje del problema de las drogas en Argentina, aunque sin una estrategia de intervención clara (Fernández & Estévez, 2019), la nueva gestión enfatizó los aspectos más represivos y punitivos, en detrimento de una aproximación amplia que priorice la perspectiva de la salud pública -postura compartida por gran parte de la comunidad internacional en la actualidad (Souto Zabaleta et al., 2019)-. En este sentido, se impulsaron diversas medidas que le otorgaron a las fuerzas de seguridad un papel preponderante en materia de control e intervención. Un ejemplo es el decreto 228/2016, que declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio argentino ante los peligros del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, la cual se extendería hasta 2019.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación (MSN) lanzó el Programa Barrios Seguros(1), destinado a “consolidar el bienestar integral y la seguridad en los distritos con altos índices de conflictividad social” (Página web MSN, 19/05/2017). Esta iniciativa parte del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad federales, destinadas tanto a tareas de intervención -mediante operativos de allanamientos y detenciones-, como de prevención del delito. Respecto a esto último, el programa propone un modelo de policía de proximidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las fuerzas de seguridad y la población de los territorios donde es aplicado.

El primer destinatario de esta política fue el Barrio Padre Carlos Mugica(2), también conocido como la Villa 31-31 bis. Dicho territorio cuenta con la particularidad de estar ubicado en una de las zonas más enriquecidas de la Capital Federal (entre las comunas 1 y 2), rodeada de terrenos con un altísimo valor para el mercado inmobiliario por su cercanía con el puerto y la zona céntrica de la urbe. De esta manera, constituye un espacio de suma relevancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual ha sido objeto de numerosas intervenciones por parte de la administración del PRO (Propuesta Republicana) en sus distintas gestiones(3). Precisamente, el lanzamiento del Programa Barrios Seguros, a partir de abril de 2016, se realizó en paralelo a una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta(4), destinadas a la urbanización de dicho territorio. Tal como veremos, la puesta en marcha de este programa securitario fue presentada públicamente como un paso previo fundamental para las posteriores políticas urbanas del gobierno porteño.

Ahora bien, las medidas y prácticas desplegadas en el Barrio Mugica tuvieron su correlación en el campo discursivo y en los sentidos construidos alrededor del territorio y sus habitantes, así como en relación a las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales que allí actuaron. Dentro de este entramado discursivo (Calzado, 2013a), los medios masivos de comunicación ocupan un rol fundamental, ya que a través de ellos la sociedad accede a gran parte de los acontecimientos de la realidad (Martini, 2000). Sin embargo, las representaciones que éstos desarrollan nunca son puras ni cristalinas, sino que implican un determinado encuadre que organiza las noticias a partir del punto de vista del periodista y de su rutina de trabajo (Sádaba, 2008). Asimismo, el Estado, en sus diversas manifestaciones, se posiciona como otro actor privilegiado en un marco de campos de interlocución (Segato, 2007), que cuenta con una alta legitimidad a la hora de construir categorías y nominaciones que circulan en la sociedad en contextos históricos específicos.

De esta manera, en el presente trabajo nos proponemos analizar el discurso político-mediático respecto a la implementación del Programa Barrios Seguros en el Barrio Carlos Mugica durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019). Particularmente, tomaremos como objeto el discurso del diario La Nación, en su versión online, y el del Ministerio de Seguridad de la Nación, en sus diversas plataformas digitales, en relación a dicha política. Mediante el análisis de un corpus compuesto por noticias y comunicados oficiales publicados en el período 2016-2017, buscaremos delinear los posibles vínculos y rupturas entre ambas discursividades, precisando el modo en que representan el rol de las fuerzas de seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Algunos de los interrogantes que guiarán nuestro estudio son: ¿Cuáles son los sentidos en torno a la “inseguridad” construidos por La Nación y Cambiemos en relación al Barrio Carlos Mugica? ¿Cómo presentan la situación del narcotráfico en este territorio? ¿A través de qué recursos retóricos, temáticos y enunciativos? ¿Qué fuentes informativas utilizan? ¿Qué medidas securitarias exigen para resolver dicha problemática? ¿Qué lugar le otorgan a las fuerzas policiales en el Programa Barrios Seguros? ¿Qué prácticas policiales resultan legitimadas? ¿Y cuáles no? ¿De qué manera representan el vínculo entre las fuerzas de seguridad y los habitantes del barrio?

2. Prevención y narcotráfico en la agenda de Cambiemos

En las últimas décadas, el imperativo de la prevención ha tomado un lugar central en el gobierno de las poblaciones (Calzado, 2013b) y en las modalidades de control social (Garland, 2005). En torno a esta categoría, “entendida hoy en gran medida como el conjunto de los medios y de las estrategias que reducen los riesgos de victimización” (Pitch, 2009: 25), se despliega un diverso conjunto de políticas, promovidas desde diferentes áreas del Estado, en vinculación con agentes privados, que apuntan a la producción de seguridad y al resguardo de los ciudadanos, en tanto víctimas potenciales de la criminalidad urbana.

En Argentina, ya desde finales del siglo XX gobiernos de variado signo político han impulsado medidas de prevención del delito en diversos territorios, entre las cuales se distinguen dos modelos principales. Por un lado, se encuentran aquellos enfoques “sociales” que buscan abordar y atacar las causas originarias del delito y el comportamiento criminal de las personas (Graham & Bennett, 1995), ligadas al contexto social, económico y cultural. Por otro lado se halla la prevención situacional del delito, basada en la administración y manipulación del medio físico inmediato con el propósito de reducir o dificultar la comisión de actos delictivos o, en todo caso, permitir que sean descubiertos (Crawford & Evans, 2017).

El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) ha impulsado determinadas políticas que podrían inscribirse dentro de este último enfoque. Éstas se han anclado, principalmente, en el objetivo de “derrotar al narcotráfico”, esbozado en la campaña electoral del 2015 junto con las promesas de “pobreza cero” y “unir a los argentinos”. El caso aquí estudiado, la experiencia del Programa Barrios Seguros en el Barrio Carlos Mugica, puede incluirse en esta tendencia. Impulsado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2016, fue una de las primeras políticas del gobierno de Cambiemos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, concebido como un problema vinculado, principalmente, a la inseguridad urbana (Fernández, 2020).

El Programa Barrios Seguros parte de la concepción de un territorio nacional en riesgo, amenazado por un sujeto colectivo, corrupto y organizado, encarnado en la figura del narcotráfico. Tal panorama trae la necesidad de un cambio de énfasis hacia el uso discrecional de la fuerza (Frederic, 2020). No solo en lo normativo, con la promulgación del decreto 228/16, sino también en el plano narrativo. En este sentido, el programa habilita la percepción de determinadas zonas urbanas como ilegítimas e inseguras -esto es, fragmentos de ciudad sin estatus de ciudad (Cravino, 2016)-, en base a la constante enunciación de una intensificación de la violencia. De esta manera, le concede a las fuerzas de seguridad federales un papel primordial, debiendo ejercer una doble función. Por una parte, son la cara más visible de la lucha contra el crimen organizado, a través de operativos masivos de intervención y toma de posición en territorios de conflicto por el tráfico de drogas. Por otra parte, deben aportar a una mejora en la prevención del delito y la convivencia social en dichos espacios, mediante una presencia permanente del Estado que se potencia con el ingreso de instituciones públicas y privadas.

En el caso del Barrio Mugica, la aplicación del mencionado programa se dio en el marco de un plan de urbanización impulsado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad fue acompañado por diversas acciones destinadas a la modificación del espacio público barrial. Medidas como la pavimentación de calles o la iluminación de zonas “abandonadas” fueron así incluidas en las políticas de prevención del delito. Tales iniciativas se encuentran alineadas, además, con programas gubernamentales a los que se ha ubicado dentro del paradigma del urbanismo social, en tanto modelo neoliberal de intervención estatal sobre la cuestión del hábitat urbano (Cravino, 2018). En las últimas décadas, grandes ciudades de Latinoamérica, como Medellín o Río de Janeiro, han experimentado diversas intervenciones en territorios con altos índices de pobreza y violencia que apuntaron, previa intromisión de las fuerzas policiales, a la transformación y valorización del entorno de dichos espacios, acelerando el avance de proyectos inmobiliarios de gran escala y el ingreso de sectores medios y medios-altos. Dichas experiencias han tenido como objetivo, por un lado, fomentar el desarrollo de determinados espacios de la ciudad, profundizando un proceso de mercantilización del desarrollo urbano (Rodríguez, 2019); y por el otro, afianzar el orden y control de las poblaciones excluidas.

Teniendo en cuenta tales precedentes, la aplicación del Programa Barrios Seguros en este territorio de la Ciudad de Buenos Aires no puede analizarse simplemente como una política securitaria. Ahora bien, todo análisis implica un recorte, y en el presente estudio nos proponemos abordar la discursividad político-mediática en torno a dicho programa, procurando detallar el modo en que el diario La Nación y Cambiemos representan el rol de las fuerzas de seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Ello no implica, sin embargo, abstraerse del contexto en el que esta iniciativa ha sido implementada. Por lo tanto, debe tomarse en consideración que, a la par del desarrollo de un programa destinado a intervenir determinadas zonas urbanas señaladas como espacios de alta peligrosidad, se daba inicio a un plan de urbanización que se presentaba oficialmente como una política inclusiva e integradora.

3. Medios, inseguridad y narcotráfico: el caso de La Nación

La cuestión de la inseguridad, en tanto problema urbano asociado al delito y la violencia, ha tomado un lugar preponderante en las ciudades latinoamericanas desde finales del siglo XX. Los medios de comunicación han ocupado un rol fundamental en este sentido, reflejado en su capacidad de ampliar los niveles de visibilidad de los casos delictivos, aportar a la construcción de sentido social -constituyéndose como “orientadores de la visión” (Ferrer, 2005: 7)- y legitimar dispositivos disciplinarios y soberanos (Calzado, 2013b). Desde luego, no funcionan en el vacío: hay otros actores involucrados en la construcción de pánicos urbanos. Tanto las instituciones estatales -incluyendo el campo judicial y las fuerzas de seguridad- como agentes privados, grupos políticos, colectivos de víctimas y otros sectores de la sociedad civil se involucran en la cuestión securitaria y en la demanda de intervenciones que, en algunos casos, implican excesos y justificaciones a la restricción de derechos individuales. Dentro de ese marco, los medios de comunicación han tenido gran injerencia en el incremento de los miedos e inseguridades colectivos (Del Olmo, 2000). No solo le han otorgado a dichas problemáticas un espacio de gran relevancia en sus propias agendas, sino que las han abordado a partir de determinados encuadres que influyen en los modos en que tales temas son pensados y comprendidos por otros actores políticos y sociales.

Argentina no ha sido una excepción a este proceso. Desde mediados de los 80’, la preocupación por la inseguridad ha ido creciendo de forma sostenida, aunque no sin oscilaciones. Esta tendencia ha sido resultado de un incremento en el número de delitos que se mantuvo a lo largo del tiempo, atravesando distintos gobiernos. Pero, a la par de la “inseguridad objetiva” (Pegoraro, 2000: 120), corroborada por datos y estadísticas delictivas, subyace una dimensión subjetiva, ligada a la construcción imaginaria de carácter mitológico que la población hace de su vivencia respecto al estado de seguridad (Del Olmo, 2000). La inseguridad se presenta, entonces, como una amenaza a la integridad física, más que a los bienes, que parecería poder abatirse sobre cualquiera (Kessler, 2009). En este sentido, numerosos estudios locales surgidos del campo de la comunicación han analizado cómo los medios masivos han fomentado en las últimas décadas la idea de un país peligroso y una sociedad atemorizada, donde el individuo se siente constantemente amenazado, tanto en el espacio público como en el privado (Fernández, 2019; Focas, 2015; Martini & Contursi, 2015; Calzado, 2015, 2013a; Sánchez, 2013).

Esta dinámica puede observarse a la hora de analizar cómo los medios nacionales construyen sus noticias en torno a territorios vulnerados de las ciudades. Diversas investigaciones se han centrado en los modos en que las llamadas “villas de emergencia” del Área Metropolitana de Buenos Aires son representadas como directamente relacionadas con la inseguridad, el delito y el narcotráfico (Cravino, 2016; Kessler, 2012). Estas construcciones mediáticas aportan a la conformación de un imaginario social donde territorios como el Barrio Carlos Mugica son estereotipados, estigmatizados y criminalizados, así como los sujetos que allí habitan. En este sentido, la visibilización a través de los medios de comunicación de grupos particulares situados en los márgenes de lo social confirma la existencia de una amenaza identificable (Calzado, 2013b), encarnada principalmente en la figura de los “pibes villeros”. Jóvenes varones, pobres y morochos son presentados como delincuentes violentos e irracionales en base a rasgos étnicos, etarios, físicos, culturales y de pertenencia geográfica (Kessler & Dimarco, 2013, Noel & Garriga Zucal, 2010). De esta manera, los medios instalan un trinomio o cadena de equivalencias entre pobreza, delincuencia e inseguridad, a través de estrategias discursivas de amplificación de la violencia, discriminación de las personas y sensacionalismo (Fernández, 2019), En consecuencia, dan lugar a una legitimación de las violencias hacia dichos sujetos (Míguez, 2004).

Esta tendencia se observa en La Nación, uno de los diarios de referencia en Argentina. Este medio le otorga a las noticias vinculadas al delito, la inseguridad y, sobre todo a partir del gobierno de Macri, el narcotráfico (Focas & Zunino, 2019), un importante espacio y jerarquía respecto a otros temas. La relevancia de estos tópicos se presenta en un plano cuantitativo, aunque también cualitativo, ya que el medio construye una determinada agenda atributiva (McCombs, 2004) en torno a la cuestión securitaria. A través de las noticias policiales y delictivas, reproduce la imagen de una comunidad invadida y alterada por la proximidad del peligro sobre el cuerpo y la propiedad, promoviendo en sus lectores el reclamo de medidas de mayor control social y prevención (Martini, 2009).

Particularmente, el medio construye una idea de peligrosidad ligada a territorios específicos de la ciudad (Cravino, 2016) y los sujetos que allí habitan. Para ello, apela a determinadas modalidades periodísticas: retóricas del orden de la ficción -amplias descripciones del lugar de los hechos, construcción de personajes, empleo de figuras retóricas-, uso preponderante de fuentes informativas provenientes del sector policial y judicial, así como formas de espectacularización -detalles morbosos, recursos de exageración, visión alarmista- a través de las cuales se opera en favor de una identificación emocional e individual del lector (Sánchez, 2013). Se evidencia, por lo tanto, un estilo sensacionalista que presenta a las noticias delictivas en clave melodramática, abordando los hechos desde una mirada fragmentada y episódica, y atendiendo a aquellos elementos particulares que favorezcan una alta carga de noticiabilidad (Martini, 2000). Además, el medio le brinda especial atención a la figura del ciudadano-víctima (Calzado, 2013b), siendo el eje desde el cual se desarrollan las noticias sobre hechos vinculados principalmente a la criminalidad urbana en su dimensión individual (Del Olmo, 2000)

De esta forma, el contrato de lectura de La Nación -definido como el lazo, especialmente enunciativo, que une en el tiempo a un medio y su receptor, permitiendo su reconocimiento y diferenciación de otras publicaciones (Verón, 1985)- se relaciona con lo que Zaffaroni (2011) denomina “criminología mediática”. Esto es, mediante la desinformación y la subinformación se convierte a la violencia difusa, propia de las grandes ciudades, en miedo a una única fuente humana. Partiendo de lugares comunes ligados a la inseguridad y la criminalidad -refiriéndose a “guerras entre bandas de narcotraficantes”, “olas delictivas”, “villas sitiadas por la droga”, entre otros- sus noticias tienen una gran injerencia en el imaginario social que circula en torno a ciertos espacios y sujetos, cuya imagen pública resulta predefinida (Saraví, 2004). De este modo, determinadas poblaciones acaban siendo percibidas como sospechosas, objeto de diversas prácticas de control y vigilancia (Sánchez, 2013). En síntesis, La Nación aporta a la construcción de un lector profundamente sensibilizado y preocupado por las amenazas del delito y la violencia urbana (Martini, 2007), que debe estar constantemente a la expectativa de cualquier riesgo, ejerciendo un autocontrol y una actitud de vigilia en relación con el entorno próximo (Pitch, 2009).

4. Abordaje metodológico

Los discursos, en tanto prácticas sociales (Fairclough, 1992) que implican procesos de construcción de sentido, poseen un rol primordial a la hora de configurar y organizar las relaciones en una sociedad (Mouffe & Laclau, 2015). Ya sea que estén compuestos por signos de naturaleza lingüística, gestual, audiovisual o espacial, generan efectos sobre la realidad social (Verón, 1998). De este modo, la acción social no puede comprenderse “por fuera de la estructura simbólica e imaginaria que la define como tal” (Sigal & Verón, 2003: 3). Por ello, para desentrañar los mecanismos significantes que configuran los comportamientos sociales resulta indispensable adentrarse en el análisis de los discursos.

Partiendo de este lugar, nos proponemos recuperar el rol de las narrativas mediáticas y políticas en los procesos de producción y distribución de discursos que puedan estimular el sentimiento de inseguridad, así como la vigilancia, discriminación o exclusión de ciertos sectores sociales o espacios. Para ello, y retomando a Calzado (2013a), consideramos necesario el ejercicio de una doble ruptura con el sentido común mediático: por un lado, con las experiencias primeras que marcan la existencia de una inseguridad y violencia de la cual no podemos escapar y, por otro, con la idea de que los medios de comunicación son los principales responsables del miedo ciudadano. De esta manera, buscamos desentrañar las modalidades utilizadas por el diario La Nación y el gobierno de Cambiemos para comunicar la puesta en marcha del Programa Barrios Seguros en el Barrio Carlos Mugica.

La metodología empleada en este estudio es cualitativa (Sautu et. al., 2005), a través de las herramientas que brinda el análisis del discurso (Verón, 1993). Dicho método nos permite indagar en profundidad los sentidos producidos en el campo de la comunicación política y mediática en torno a la cuestión abordada. Respecto a las actividades específicas, apelamos a técnicas de recolección de información vinculadas a la selección de material documental (Hernández Sampieri et. al., 2004). Asimismo, teniendo en cuenta que los medios masivos y aquellos con base en Internet constituyen el espacio de la política contemporánea (Slimovich, 2016), diferenciamos el corpus en dos segmentos.

Por un lado, tomamos como unidad de análisis un conjunto de noticias -crónicas informativas y notas argumentativas o editoriales- publicadas en la plataforma digital de La Nación, durante el período 2015-2017, ligadas a la implementación del Programa Barrios Seguros en el Barrio Mugica. La selección de dicho medio está fundamentada en su relevancia en términos de circulación y su capacidad de influir en las agendas política y pública (Aruguete, 2015).

Partiendo de determinados conceptos provenientes de la teoría de la noticia (Martini, 2000), abordamos el corpus noticioso a partir de una grilla de análisis compuesta por diversos ejes y sus correspondientes variables. En primer término, aquellos elementos vinculados a las modalidades temáticas implementadas por el medio: el tipo de abordaje (policial, judicial, político, social), las formas de intervención de las fuerzas de seguridad moralmente aceptadas y/o rechazadas, y las prácticas definidas como inseguras. En segundo lugar, lo referido a las modalidades retóricas de la prensa: el modo en que se organiza la página (predomina la imagen, el texto o los gráficos) y el contenido (argumenta, da opinión o recomienda), y las fuentes informativas utilizadas (vecinos, funcionarios, fuerzas de seguridad, movimientos sociales, etc.). Tercero, las modalidades retóricas audiovisuales: el tipo de contenido (video o imagen) y el modo en el que se complementa con la noticia (refuerza, contradice, etc.). Y finalmente, las modalidades enunciativas: el título de la noticia, la definición del hecho, las formas de representación de los actores y el territorio, y las figuras del enunciador y enunciatario.

Por otro lado, tomamos como objeto la comunicación oficial del gobierno de Cambiemos en relación al acontecimiento antes marcado. Particularmente, abordamos los canales digitales de comunicación del Ministerio de Seguridad de la Nación en el período 2016- 2017. Las redes sociales son aquí entendidas como espacios de mixtura entre diversas herramientas digitales y entre distintos medios de comunicación, donde múltiples lenguajes interactúan y nuevos tipos de sujetos emergen (Slimovich, 2017).

Considerando los usos y prácticas propias de la comunicación política, analizamos la discursividad oficial en base a una grilla compuesta por diversos elementos. En primer lugar, lo referido al formato comunicacional (flyer, tweet, fotografía, video, comunicado escrito) y la plataforma utilizada (Facebook, Twitter, YouTube, página web). Segundo, las modalidades temáticas presentes en la discursividad de Cambiemos: el tipo de abordaje (policial, judicial, político, social), las formas de intervención de las fuerzas de seguridad moralmente aceptadas y/o rechazadas, y aquellas prácticas definidas como inseguras. Asimismo, examinamos los actores que tienen participación o dan su testimonio en los comunicados oficiales: vecinos, funcionarios, fuerzas de seguridad, movimientos sociales, etc. En cuarto lugar, analizamos las modalidades retóricas audiovisuales: el tipo de contenido (video o imagen) y su finalidad (informativa, lúdica, testimonial, electoral). Por último, abordamos las modalidades enunciativas: la definición del hecho, las formas de representación de los actores y el territorio, y las figuras del enunciador/enunciatario. Respecto a esto último, resultan útiles las categorías de prodestinatario, contradestinatario y paradestinatario, surgidas en el marco de la teoría de los discursos sociales (Verón, 1987), en la medida en que permiten identificar hacia quiénes se dirige el discurso de Cambiemos al comunicar la implementación del programa.

A partir de las dos grillas antes marcadas, desarrollamos un análisis comparativo entre la discursividad de Cambiemos y del diario La Nación en torno al Programa Barrios Seguros, dando cuenta de las continuidades, así como las rupturas, entre ambas.

5. El discurso de Cambiemos

La recuperación del espacio barrial

La comunicación gubernamental del Programa Barrios Seguros presenta dos grandes formas de intervención por parte de las fuerzas de seguridad. Por un lado, se exhiben los operativos que implicaron el ingreso al Barrio Mugica de un amplio número de efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina. Por otro lado, se comunican las actividades que involucran al Cuerpo de Permanencia, instalado en el barrio luego del accionar de las fuerzas federales.

En primer lugar, el Ministerio de Seguridad realiza una extensa cobertura de los operativos iniciados el 7 de abril de 2016. Estos consistieron en un vasto despliegue de las fuerzas federales en el territorio, con la ejecución de allanamientos, detenciones y confiscaciones de paquetes de droga, armamentos, celulares, dinero, etc. Todo ello es comunicado, principalmente, mediante videos e imágenes registradas desde el lugar de los hechos. Los materiales audiovisuales se caracterizan por la secuencia de tomas rápidas y cortinas musicales vertiginosas, similares a las de noticieros policiales o series televisivas sobre crimen y narcotráfico. Allí, se observa a las fuerzas de seguridad armadas con cascos, escudos, chalecos antibalas y rifles de alto calibre. A su vez, se percibe una mínima presencia de vecinos durante los operativos, potenciando la idea de un territorio intervenido y ocupado por las fuerzas represivas del Estado, con el objetivo de retomar el control sobre dicho espacio.

Figura 1
Facebook MSN, 07/04/2016

Por su parte, muchas fotografías y filmaciones consisten en primeros planos a las muñecas esposadas de los detenidos, así como tomas de sus espaldas al ser reducidos (Figura 1). La exhibición de las capturas de supuestos delincuentes, los cuales reúnen determinadas características físicas -la mayoría de ellos son varones, jóvenes y morochos-, no debe tomarse como un hecho menor. La difusión de esta clase de imágenes puede devenir en generalizaciones que liguen a los habitantes del barrio a prácticas delictivas, aportando a un imaginario discriminatorio en torno a la figura del “pibe villero”: joven, morocho, infractor de la ley y residente de barrios populares. Esto no solo podría generar una mayor estigmatización sobre dichos sujetos, sino también fomentar imaginarios que catalogan al Barrio Mugica como un espacio urbano asociado directamente a la criminalidad.

Tal recurso se complementa con la narrativa utilizada en los comunicados escritos difundidos en la página web del Ministerio. En dichas publicaciones se apela a un relato sensacionalista compuesto por expresiones melodramáticas, refiriéndose al barrio como un “espacio robado por las mafias narco-criminales”, el cual debe ser “limpiado” y “recuperado” por las fuerzas de seguridad (Página web MSN, 07/04/2016). De esta manera, el discurso oficial se dirige a un gran enemigo, el cual ocupa la posición de contradestinatario, es decir, aquel “destinatario negativo” contra el cual se busca polemizar (Verón, 1987). Apelando a diversas denominaciones que acentúan su faceta delictiva -“narcotraficantes”, “redes criminales”, “mafias”, “bandas narco-criminales”, etc.-, el Ministerio de Seguridad concentra en un adversario específico todo el trabajo que deben desplegar las fuerzas de seguridad en pos de “liberar a la gente que vive en ese barrio y en toda la ciudad” (YouTube MSN, 08/04/2016).

En algunos casos, son los propios funcionarios del gobierno de Cambiemos -por ejemplo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich- quienes se refieren a la necesidad de combatir a dicho oponente para retomar el control del barrio: “el objetivo es que acá no vuelvan mañana o pasado los que venden drogas, el narcomenudeo, y que en este barrio no tengamos la cantidad de muertos que hay" (YouTube, 08/04/2016). A la vez, tales figuras son mostradas recorriendo el territorio junto a efectivos de las fuerzas (Figura 2), representando el retorno del Estado.

Figura 2
YouTube MSN, 08/04/2016

Tal como plantea Nappi (2019), la construcción del narcotráfico como un enemigo contra el cual luchar permite desbordar los límites del campo securitario, constituyendo también un “enemigo político” entre “la nueva” y “la vieja” administración estatal. De esta manera, el gobierno de Macri busca diferenciarse de gestiones anteriores, señaladas como las responsables de que el Barrio Mugica haya sido “tomado” por el narcotráfico. Y, simultáneamente, reafirma su propia labor, destacando las tareas realizadas por los efectivos policiales.

Una narrativa similar se observa en el uso de slogans tales como “La decisión está. La seguridad vuelve” (YouTube MSN, 29/09/2016) o “Barrios Seguros llegó para quedarse” (Twitter MSN, 10/04/2016). A través de estos enunciados se busca asentar una idea de ingreso y permanencia del Estado en el barrio, así como de garantía de seguridad para sus habitantes. También podría plantearse que mediante este tipo de lemas, propios de una retórica heroica, el discurso de Cambiemos se dirige a aquellos ciudadanos fuertemente preocupados por la inseguridad y el narcotráfico presente en las ciudades. Más precisamente, apunta a quienes no están tan radicalizados en su pensamiento y se mantienen “fuera del juego”, en términos políticos, -lo que Verón (1987) engloba bajo la categoría de paradestinatario, en tanto instancia discursiva-, pero están alarmados por dichas problemáticas y le exigen al Estado una respuesta efectiva y creíble (Garland, 2019). Una política como el Programa Barrios Seguros, que ataca a un problema tan sensible y de gran relevancia en la agenda pública, podría permitirle al por entonces gobierno nacional ganar adeptos; y hacia ellos se dirige, en parte, la comunicación oficial.

En pos de visibilizar su compromiso por combatir aquella amenaza omnipresente y constante que pareciera poder abatirse sobre cualquier ciudadano, el Ministerio de Seguridad enuncia reiteradamente los resultados de los operativos, que son expresados mayormente en términos cuantitativos:

"Realizamos 35 allanamientos en los que encontramos 4 kg de cocaína, 6 kg de marihuana, y 14.000 dosis de paco junto con dinero en efectivo, 72 teléfonos celulares, 2 armas, 3 notebooks, chalecos antibalas y 2 balanzas de precisión" (Página Web MSN, 28/06/2016).

A través de estas largas enumeraciones -presentes también en graphs y placas- se habilita una interpretación exagerada sobre la gravedad de los sucesos (Thompson, 2014), que puede dar lugar a una distorsión respecto a la situación securitaria que atraviesa el Barrio Mugica. Sobre todo, teniendo en cuenta que la mayoría de los datos presentados se refieren a la cantidad de estupefacientes incautados, uno de los indicadores más utilizados para comunicar los resultados de este tipo de políticas. Tal como plantean diversos autores, dicha información suele utilizarse para otorgarle un carácter exitista a las programas gubernamentales destinados a resolver la problemática del narcotráfico (Souto Zabaleta et al., 2019), pese a que su capacidad analítica es limitada, sobre todo si se exhibe de manera aislada (Reuter & Trautmann, 2009). La supuesta efectividad del Programa Barrios Seguros es presentada, por lo tanto, mediante datos que por sí solos no permiten dar cuenta de la complejidad de la situación que atraviesa el Barrio Mugica(5). A su vez, medir el éxito de esta política en base al número de incautaciones o arrestos conlleva el riesgo de que las fuerzas policiales apelen a formas de violencia para lograr tales metas, enfocándose “en perseguir a los infractores más débiles, como las personas que usan drogas o que cometen delitos menores relacionados con las drogas” (Souto Zabaleta et al., 2019: 85).

A esto se le suma la falta de un diagnóstico riguroso respecto a la situación del narcotráfico en el barrio. Esta política, en materia comunicacional, no se justificó a partir de la difusión de análisis detallados sobre la magnitud y el alcance de esta problemática sino más bien apelando al sentido común que entrelaza a los barrios vulnerables con el narcotráfico, la inseguridad y la delincuencia. En este sentido, la referencia a “niveles desproporcionadamente altos de crimen organizado y violencia” (Página web MSN), sin una argumentación detallada, se inscribe en una tendencia histórica vinculada a la falta de un diagnóstico integral respecto a la situación del narcotráfico en el país, así como en sus diversas manifestaciones locales (Sain, 2018). De este modo, la discursividad oficial presenta un panorama de crisis respecto al narcotráfico en el Barrio Mugica, lo que avalaría el despliegue de medidas propias de un estado de excepción, donde el derecho queda suspendido por necesidades de emergencia (Agamben, 2004). Se observa, por lo tanto, una narrativa bélica que identifica un poderoso enemigo al cual se debe atacar a través del accionar de las fuerzas de seguridad federales.

Una fuerza de cercanía con la gente

Además de abordar los operativos de las fuerzas de seguridad, los canales oficiales resaltan el trabajo del Cuerpo de Permanencia, también denominado Unidad de Prevención Barrial. Este organismo, integrado por agentes de la Policía Federal Argentina, es definido como “un cuerpo específico adaptado a la función de policía de proximidad y capacitado en la gestión y prevención de conflictos sociales” (Página web MSN). Dicha iniciativa podría compararse con estrategias aplicadas décadas atrás en algunas ciudades de Estados Unidos (Wilson & Kelling, 2001), enmarcadas en el paradigma de la prevención situacional del delito. A través de las mismas, se incrementó el patrullaje a pie de efectivos de la policía en territorios considerados inseguros, con el objetivo de aumentar el sentimiento de seguridad en los ciudadanos y prevenir conflictos. En este sentido, el mencionado cuerpo policial posee una función similar ya que se trata de “una fuerza de cercanía con la gente” dedicada a “la protección de los vecinos y la vigilancia de los barrios”, ejerciendo tanto “tareas de pacificación” como de “restablecimiento de los lazos de confianza” (Facebook MSN, 07/04/2016).

A través de sus diferentes plataformas, el Ministerio de Seguridad señala al Cuerpo de Permanencia como la representación de un Estado presente, resaltando sus dos facetas principales. Por una parte, múltiples fotografías y videos muestran policías armados a plena luz del día y a la vista de todos los vecinos, recorriendo calles y pasillos en postura de vigilancia. A su vez, se destaca cómo los habitantes del barrio son llamados a denunciar y colaborar con las fuerzas. Así, la discursividad oficial estaría apuntando a un destinatario positivo, o prodestinatario (Verón, 1987), que comulgue con sus valores e ideales. Esto es, un “vecino alerta” (Rodríguez Alzueta, 2019) preocupado por el avance del narcotráfico en su territorio y dispuesto a colaborar con la Unidad de Prevención Barrial.

Por otra parte, algunos contenidos audiovisuales, acompañados de música lúdica e infantil, dan cuenta de diversas actividades recreativas (6) dedicadas al entretenimiento de los vecinos y al fortalecimiento del vínculo entre la policía y la comunidad (Figura 3). Así, se presenta a los efectivos policiales ejerciendo un papel social y comunitario que se diferencia de sus funciones securitarias más tradicionales, lo cual permitiría a los habitantes del Barrio Mugica “volver a confiar en quienes los cuidan” (Página web MSN, 19/05/2017).

Figura 3
Página web MSN, 09/04/2016

En contados casos, se recurre a la voz de vecinos y referentes de movimientos barriales mientras forman parte de tales instancias colectivas. Estos testimonios cumplen la función de reforzar el discurso oficial, ya que a través de los mismos se busca demostrar gratificación con el accionar gubernamental. Algo similar sucede con las declaraciones de miembros de la policía -así como de prefectos y gendarmes-, quienes destacan su “permanencia las 24 horas del día”, la cercanía con la comunidad y su intención de “resolver los conflictos mediante el diálogo” (Facebook MSN, 06/10/2017).

Ahora bien, más allá de que se busca señalar la faceta comunitaria y preventiva de esta política, la discursividad oficial contribuye a una aceptación y legitimación del accionar represivo de las fuerzas de seguridad contra un enemigo que, bajo la figura del narcotráfico, resulta estereotipado y concebido como común por parte de toda la ciudadanía. De este modo, se plantea a la intervención armada, a través del uso de la fuerza legítima del Estado, como una instancia necesaria para la posterior integración del Barrio Mugica a la Ciudad de Buenos Aires, impulsada a la vez por las políticas urbanas del gobierno porteño. Esto se refleja a través de publicaciones que anuncian la inauguración de espacios públicos e instituciones estatales (como el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral o la Biblioteca Popular) en lugares donde se desarrollaban “bunkers narcos”. Aunque la apertura de estos espacios es una política del gobierno de Rodríguez Larreta, el Ministerio de Seguridad la presenta como un avance en términos de seguridad: se trata de un espacio recuperado para los vecinos, que ya no es inseguro. De esta manera, no solo se deja entrever el trabajo conjunto entre “nación” y “ciudad”, sino que se remarca que es necesario liberar al barrio del narcotráfico para integrarlo al resto de la capital.

Figura 4
Facebook MSN, 11/04/2016

En síntesis, las fuerzas de seguridad toman un lugar protagónico en la comunicación del Programa Barrios Seguros, siendo el símbolo representativo de esta iniciativa y constituyéndose como garantes de la paz y la seguridad. Tal es así que uno de los logos del programa (Figura 4), utiliza el quepí -nombre con el que se conoce al tradicional gorro policial- como un ícono a partir del cual las fuerzas policiales son representadas como la bandera de esta política. En este sentido, el sentido de inseguridad construido en torno al Barrio Mugica empieza y termina dentro de la dimensión policial, dando lugar a una policialización de la problemática presente en este territorio y restringiendo posibles abordajes provenientes de otras perspectivas y disciplinas.

El discurso de La Nación

Desalojar a los narcos para instalar el Estado

La cobertura mediática en relación al Programa Barrios Seguros inicia en abril de 2016, con la puesta en marcha de los operativos encabezados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el Barrio Mugica. Frente a tales acontecimientos, La Nación apela a formas de enunciación impactantes, adjetivaciones grandilocuentes e hipérboles (Martini, 2016). Muchas de ellas provienen de fuentes oficiales, tanto referentes de Cambiemos como funcionarios del poder judicial, las cuales cuentan con un amplio espacio en el cuerpo de las noticias. La referencia a “operativos masivos”, “megacausas” o “megaoperativo antidrogas” (07/04/2016) es utilizada, entonces, para resaltar el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Asimismo, el medio recurre a cuantificaciones para describir las tareas desarrolladas, el número de efectivos implicados y los resultados logrados. De esta manera, se repite aquello observado en la comunicación oficial: el uso de datos y estadísticas para caracterizar el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad.

Otro elemento que implica una continuidad con el discurso de Cambiemos es la presentación de imágenes que exhiben el accionar policial, ya sea el allanamiento de inmuebles o la incautación de sustancias ilegales (Figura 5). En base a estos recursos, el Barrio Mugica es presentado como un territorio que busca ser “recuperado” a partir de la intervención estatal. En este sentido, el medio resalta como una de las principales metas del programa la permanencia de cuerpos policiales en el territorio: “mostrar la fuerza pública para quedarse en el lugar” (14/12/2016).

Figura 5
La Nación, 08/04/2016

De este modo, se repite la fórmula según la cual, en una primera instancia, las fuerzas de seguridad deben combatir a las “bandas de narcotraficantes” -a través de una “guerra de trincheras” (16/10/2017)-, para luego instalarse en el barrio y permitir el ingreso de otras instituciones estatales. La premisa se presenta en términos simples: "desalojar a los narcos para instalar el Estado" (08/04/2016). Es así como se erige la figura de un gobierno nacional que está dispuesto a enfrentar al narcotráfico, recurriendo a la intervención armada y el uso de la fuerza (Navarro-Conticello & Benedetti, 2020). La Nación, por lo tanto, propone una lectura comparativa entre el accionar del gobierno de Cambiemos y el mandato previo de Cristina Fernández de Kirchner en relación a la problemática del narcotráfico en general y en el Barrio Mugica en particular. Se repite, aquí también, lo observado en el análisis de la discursividad oficial: a “la pasividad de los responsables del área de seguridad de la administración anterior" (08/04/2016) se le contrapone un gobierno que viene a hacerse cargo de la situación.

Figura 6
14/12/2016

Luego de presentar los operativos para desmantelar las bandas narco-criminales, La Nación destaca las tareas realizadas por el Cuerpo de Permanencia. A través de imágenes, como la que se observa en la Figura 6, se exhiben a efectivos de la Policía Federal recorriendo las calles del Barrio Mugica, como representación de un mayor control y vigilancia policial , así como una reducción del delito y la violencia. En efecto, dicha fotografía es acompañada por el siguiente epígrafe: “La policía de prevención barrial logró bajar el nivel de homicidios en los asentamientos de Retiro” (14/12/2016). Es decir, se manifiesta que una mayor presencia de policías equivale a menos homicidios y, por consiguiente, una menor sensación de inseguridad. A su vez, el medio resalta la conformidad de los habitantes del barrio respecto a la presencia de los funcionarios y efectivos policiales:

“Al paso de los funcionarios varios vecinos agradecían. ‘Es bueno que estén acá, pero no se vayan’, le dijo Jonathan, uno de los vecinos, a la ministra” (08/04/2016).

Alberto, el vecino y comerciante que se animó a pedirles a los funcionarios que sacaran la reja colocada en la manzana 105 por los narcos, dijo (...) que desde los allanamientos del mes pasado están mucho mejor. ‘Ahora podemos trabajar tranquilos y sin miedo’” (25/06/2016).

Esta aprobación por parte de los vecinos, presentados como los destinatarios de esta política, le aporta una mayor legitimidad al accionar de las fuerzas policiales. Estas últimas son mostradas, además, formando parte de actividades culturales y recreativas con la comunidad. De esta forma, La Nación remarca la intención de generar un mejor vínculo y una mayor cercanía entre los habitantes del barrio y la policía “para afianzar la convivencia en el asentamiento de Retiro” (01/05/2016).

Entre rejas y miedo

En La Nación, el Barrio Mugica es presentado como un territorio estratégico para el desarrollo del narcotráfico, que se encuentra "a no más de 25 cuadras de la Casa Rosada y casi pegado al lujoso Puerto Madero” (08/04/2016). De esta manera, el medio construye una sensación de proximidad del peligro, promoviendo un imaginario según el cual determinadas áreas de la ciudad que por lo general se encuentran ajenas a las problemáticas delictivas (como Puerto Madero, Recoleta o la Casa Rosada) pasarían a verse amenazadas por su cercanía a una “zona caliente de la lucha entre narcos” (ibid.). Tal fenómeno puede equipararse con lo que Roché (1998) denomina “presión ecológica”. Es decir, ante la circulación de noticias sobre delitos anclados a un territorio específico se produce una efecto de “anticipación de una eventual victimización personal futura” (Kessler, 2009: 72), alimentando un sentimiento de temor y preocupación. Esto se potencia aún más considerando que La Nación configura un enunciatario vinculable con aquellos ciudadanos de sectores medios y altos (Sánchez, 2013), algunos de los cuales residen en zonas céntricas lindantes al Barrio Mugica.

La definición de este territorio como “uno de los puntos más calientes en el mapa de homicidios de la capital” (14/12/2016) se combina, a su vez, con una descripción detallada de la fisonomía barrial. A través de un relato minucioso que resalta la estrechez de los pasillos y calles, múltiples construcciones en altura que bordean la Autopista Illia, y variadas deficiencias estructurales, La Nación aporta a la percepción de un lugar marginal, oscuro, que genera una sensación de encierro y de peligro inminente. Asimismo, se remarca que dicha configuración espacial resulta fundamental para el desarrollo de las prácticas ilegales de los narcotraficantes. En relación a esto último, el medio expone las diferentes organizaciones criminales que operan en el Barrio Mugica, diferenciándolas en base a la nacionalidad de sus integrantes (en su mayoría, ciudadanos de países latinoamericanos):

"(...) dos principales grupos narcos: los peruanos emigrados de la villa 1-11-14 y los paraguayos conocidos como "Los Sampedranos", además de presionar a otra banda liderada por bolivianos. En todos los casos, también con mano de obra argentina" (08/04/2016).

Según La Nación, estos grupos delictivos habrían llegado a constituir un “estado paralelo” (16/10/2017), ejerciendo un fuerte dominio sobre el territorio e incluso “tomando manzanas enteras” (08/04/2016). En este sentido, señala constantemente cómo este escenario interfiere en la vida diaria de "miles de familias que son, dentro de los asentamientos, víctimas de los narcos" (ibid.). Así, los “alrededor de 40.000 vecinos” (ibid.) del Barrio Mugica deben vivir atravesados por el miedo a lidiar con situaciones de violencia e inseguridad, viéndose obligados a implementar prácticas de prevención en sus propios hogares. Se describe, por lo tanto, un territorio donde “todo está enrejado (…) y el temor cotidiano puede verificarse sin necesidad de palabras” (ibid.).

Fundamentalmente, el medio se refiere a las constantes disputas entre los diferentes sectores dedicados al narcotráfico: una “guerra entre bandas” (08/04/2016) que habría ocasionado una intensificación de la violencia en el barrio. Tal panorama es graficado a través de enunciaciones bélicas y trágicas tales como “ajustes de cuentas”, “ejecuciones”, “a sangre y fuego” o “delivery de muerte” (ibid.), dando lugar a una vigorización de los actos criminales. Es así como ciertas vidas no son tenidas en cuenta (Butler, 2017), e incluso sus violentas muertes son justificadas, por pertenecer a quienes son constituidos como adversarios de la sociedad. De esta manera, apelando a formas de espectacularización propias de un estilo sensacionalista (Martini, 2000) el medio promueve un imaginario donde la violencia urbana se intensifica a partir de un enemigo difuso, sin rostro y con rasgos fantasmales (Razuk et al., 2018): “están ahí (...) posiblemente no sea una sola persona, sino un conglomerado” (16/10/2017).

Es así como toma forma una visión alarmista sobre la situación securitaria que atraviesa el barrio. Frente a esto, se recalca la nueva presencia estatal, producto del trabajo conjunto entre los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, los fiscales y jueces federales involucrados en las causas contra el narcotráfico y, fundamentalmente, las fuerzas de seguridad. Estas últimas son presentadas como la cara más visible de un Estado activo que viene a recuperar el Barrio Mugica. Subrayando los resultados de los “megaoperativos”, así como las tareas del Cuerpo de Permanencia, el medio comunica una reducción de los niveles de violencia y de narcocriminalidad: “el trabajo desarrollado en las villas 31 y 31 bis afectó positivamente -hacia la baja- la tasa de homicidios de toda la ciudad de Buenos Aires” (14/12/2016).

Sin embargo, el medio también advierte sobre el peligro de un posible retorno de las “bandas”, a partir de su capacidad para adaptarse al nuevo contexto barrial -apelando, por ejemplo, a “sobornos de rivales para ganar nuevos puntos de venta” (17/12/2017)-. Por tal razón, subraya la necesidad de avanzar en la implementación de reformas edilicias, políticas sociales, educativas y sanitarias que aporten a la integración de este territorio a la trama urbana y la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes, evitando así el regreso de tales grupos criminales. En este aspecto, destaca la reconversión de ciertos sitios que pasaron de ser “búnkers de drogas a espacios para los vecinos" (30/03/2017). De esta manera, al igual que lo observado en el análisis de la discursividad de Cambiemos, el Programa Barrios Seguros es presentado como una instancia necesaria para el inicio de obras que impliquen mejoras en el barrio: “asegurar el territorio” (14/07/2017), por lo tanto, supone “el paso previo para la urbanización" (ibid.).

7. Palabras finales

Lejos de conformar discursos aislados entre sí, la comunicación política del gobierno de Cambiemos y la cobertura noticiosa de La Nación en torno al Programa Barrios Seguros presentan una marcada interrelación. Tal como se desarrolló en los apartados previos, ambas discursividades dan cuenta de una influencia recíproca, tanto en los sentidos construidos en torno a la problemática securitaria del Barrio Carlos Mugica como en las modalidades retóricas, temáticas y enunciativas utilizadas para comunicar las políticas implementadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En conjunto, dan forma a una determinada narrativa en torno al proceso iniciado en abril de 2016 en dicho territorio y, particularmente, aportan a una particular representación de las fuerzas de seguridad.

A lo largo de las noticias y comunicados oficiales, el Barrio Mugica es caracterizado como un territorio de alto riesgo, no solo por sus carencias estructurales -enfatizadas en mayor medida por La Nación-, sino, principalmente, por contener a un gran enemigo de la sociedad, personificado en el narcotráfico. Dicho adversario es construido como una presencia difusa que puede acaecer en cualquier instante y lugar, aunque por momentos se materializa en la figura del “pibe villero” -sobre todo en la discursividad de Cambiemos, mediante la publicación de imágenes de los detenidos-. De esta forma, ciertas enunciaciones y descripciones abren paso a una estereotipación que reduce al territorio y sus residentes a prácticas delictivas y violentas. En este sentido, se observan formas de espectacularización de la violencia -fundamentalmente en la discursividad mediática- que destacan el estallido de una “guerra entre bandas”, con graves consecuencias para los vecinos de toda la ciudad. Este panorama habilita una sensación de sospecha y de anticipación de posibles actos criminales, fomentando un sentimiento de inseguridad en torno al barrio.

Un escenario como el descripto puede aportar, además, a la justificación de políticas securitarias como el Programa Barrios Seguros, legitimando el accionar de las fuerzas de seguridad en territorios concebidos como peligrosos. En este punto, tanto La Nación como el Ministerio de Seguridad realizan una extensa cobertura de las iniciativas desarrolladas en el Barrio Mugica, señalando las dos caras de esta política. Por un lado, aquella faceta combativa, destinada a enfrentar a las bandas de narcotraficantes mediante detenciones, incautaciones y allanamientos. Por otro lado, un rol preventivo-comunitario desempeñado por la Unidad de Prevención Barrial. Es así como se reconoce el ingreso y la permanencia de las fuerzas de seguridad, destacadas como la bandera del programa y la manifestación de una renovada presencia estatal -destacada en oposición a la pasividad de gestiones anteriores-.

Sin embargo, el carácter confrontativo de esta iniciativa toma un lugar mucho más destacado en la comunicación político-mediática, a través de una narrativa bélica que señala la necesidad de eliminar a un enemigo catalogado como peligroso. Teniendo cuenta el arco discursivo sobre el que se ancla el Programa Barrios Seguros -basado en el objetivo de “derrotar al narcotráfico”-, tal abordaje no resulta sorpresivo. Lo cierto es que, debido al amplio alcance y poder de difusión tanto del diario La Nación como de Cambiemos -actualmente reconvertido en Juntos por el Cambio-, la reproducción de construcciones discursivas de este tipo puede desencadenar la demanda, por parte de diversos sectores de la ciudadanía, de medidas punitivas, nuevas formas de control y vigilancia hacia una población sobre la cual ya recae un imaginario marcadamente negativo.

Asimismo, tales representaciones pueden ser utilizadas como un marco sobre el cual se asienten posteriores intervenciones políticas. En este caso, la “pacificación” del Barrio Mugica, a través del accionar de las fuerzas de seguridad, es presentada como una instancia fundamental para la subsiguiente implementación de proyectos urbanísticos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el narcotráfico encarna una figura funcional que permite legitimar las intervenciones gubernamentales, tanto del gobierno nacional como porteño, promoviendo, asimismo, una mayor confianza por parte de los vecinos hacia las fuerzas de seguridad que operan en el barrio.

Podría plantearse, para cerrar, que la exhibición del Programa Barrios Seguros como una política destinada a intervenir un espacio construido discursivamente como peligroso y violento, entra en tensión con el propósito -planteado por el gobierno porteño y resaltado por La Nación-, de integrar el Barrio Carlos Mugica a la trama urbana. Mientras tal discurso belicista, anclado en el paradigma de la “guerra contra las drogas”, continúe siendo reproducido por los medios de comunicación y el propio Estado, corremos el riesgo de que persista un imaginario colectivo que demoniza a determinados territorios y poblaciones, consolidando una “marca negativa” de la cual no pueden escapar.

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Notas