Introducción

El 21 de octubre del 2015 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual ha sido publicitada como la continuación y perfeccionamiento de los anteriores Objetivos del Milenio. Mientras que estos últimos consistían en 8 objetivos a cumplir entre los años 2000 y 2015, la actual Agenda 2030 consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a cumplir entre los años 2015 y 2030. Esta extensión de los objetivos es una de las razones principales de que la Agenda 2030 sea considerada por los estados miembro del sistema de Naciones Unidas como un plan superador de los anteriores Objetivos del Milenio. Tal como se afirma al inicio del tercer párrafo del preámbulo del documento:

“Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron” (A/RES/70/1 p. 1).

Los 17 ODS y su forma de implementación ha sido objeto de numerosos análisis, focalizados tanto en el componente educativo y en la reducción de la brecha digital, como en las mutuas relaciones entre la desigualdad de género y su interconexión tanto con los ODS como con los derechos humanos, ente otras (ONU Mujeres, 2018; Manandhar et. al, 2018; Agbedahin, 2019; Barreiro & Grecksch, 2020; Mayer-Foulkes et. al, 2021). Sin embargo, poco se ha investigado sobre la construcción discursiva de los propios sujetos que están llamados a actuar en busca del desarrollo sostenible: el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Se trata de sujetos discursivos construidos al interior de la Agenda 2030, y que pueden corresponder o no con los sujetos políticos encargados de llevarla adelante.

En este trabajo se aborda la construcción discursiva de la Agenda 2030, prestando especial atención a los sujetos discursivos. Se considera que tal objeto de estudio presenta una especial importancia en la medida en que de ellos se desprenden los atributos y acciones circunscriptas— y por lo tanto esperables—, las cuales son pasibles de ser conmutadas en obligaciones dentro de los debates por la sostenibilidad al interior de los estados miembro de Naciones Unidas.

El presente trabajo se encuentra articulado en torno a seis apartados. En el primero se desarrolla la perspectiva epistemológica desde la cual se ha realizado el análisis discursivo de los sujetos en la Agenda 2030. El segundo apartado detalla el corpus escogido para el análisis, así como el uso de categorías explicativas codificadas a través de la teoría fundamentada en datos. En el tercer apartado se presentan las características discursivas del Estado, el sector privado, y la sociedad civil en la Agenda 2030. Por último, cierra el artículo el apartado relativo a las conclusiones, en donde se exponen los principales hallazgos, las limitaciones del análisis, y líneas prospectivas que de él se desprenden.

La construcción de los sujetos discursivos

Como se ha mencionado, el presente trabajo busca describir y comprender la representación de los sujetos discursivos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Concretamente se focaliza en tres grupos: el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Para ello, se parte del enfoque de la sociolingüística, entendida como el análisis de los recursos y estrategias discursivas empleados para sustentar un modelo interpretativo de la realidad social— es decir, una forma de entender dicha realidad, así como sus actores, sus relaciones y/o sus procesos (Vasilachis de Gialdino, 2013: 63 y ss.). Por lo tanto, no se trata de una teoría correspondentista que considere al lenguaje como un “reflejo” o “representación” de una realidad. Por el contrario, de lo que se trata es de entender la forma en que se construyen discursivamente los objetos: es decir, la forma en que se los definen, delimitan, se les asignan propiedades y establecen relaciones entre dichos objetos y otros. En otras palabras, implica entender el proceso mediante el cual una sociedad le atribuye sentido al mundo y se relaciona con él (Vitale, 2015).

Desde esta perspectiva se considera a los sujetos discursivos como posiciones sintácticas dentro del discurso, las cuales se ponen en relación con los objetos referentes: son aquellos sujetos de los cuales se derivan predicados concernientes a los ODS, y a los cuales se les atribuyen tanto un rol como un conjunto de propiedades en la consecución de dichos objetivos. Su importancia radica en que constituyen un elemento organizador de la Agenda 2030. No se trata, por lo tanto, de los sujetos empíricos (entiéndase por tal a los individuos o a los grupos sociales o incluso a las instituciones). Se trata de posiciones construidas al interior del discurso de la Agenda 2030 y que pueden o no corresponder con lo que acontece al exterior de este.

En el caso de nuestro trabajo, se indagó en el conjunto de recursos lingüísticos y las estrategias argumentativas presentes en el corpus de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No nos detendremos aquí en la polisemia del significado “sostenibilidad” ni en el trasfondo económico o político que de él se derivan (al respecto pueden consultarse los trabajos de Esteva, 1996; Naredo, 1996; Foladori y Pierri, 2005). Lo que interesa es analizar de qué forma se construyeron los sujetos discursivos, aquellos de quienes se predican las acciones relativas al cumplimiento de los ODS, y en base a los cuales se derivan derechos y obligaciones. Dichos sujetos constituyen una parte fundamental de la Agenda 2030, ya que son quienes operan sobre los objetos del discurso.

Aunque muchas veces han sido relegados en comparación a los estudios en comunicación electoral, discursos presidenciales, o de comunicación gubernamental, los textos legales constituyen una parte importante del dominio de la comunicación política. Se trata de un tipo de discursos estrictamente regulados y controlados, que llegan a nosotros luego de un proceso de deliberación que muchas veces desconocemos, y que influyen directamente en la praxis diaria de la política (Peña Ochoa, 2019). Su importancia, por lo tanto, radica en el hecho de que poseen verdadera fuerza performativa, especialmente en el caso de aquellos que revisten una naturaleza jurídica de tipo vinculante (Verón, 1993: 170 y ss.). Asimismo, resulta importante considerar que, en tanto constituyen un componente expresivo (es decir, significante) que otorga legitimidad a un sistema racional-legal (de Landa, 2021: 94), los textos legales son de gran importancia, en primer lugar, para entender la estabilidad y el funcionamiento de un Estado. Pero en segundo lugar, y quizás más importante aún, constituyen una construcción discursiva de la realidad, entendida como una representación autorizada (es decir, legítima) que enmarca y orienta las prácticas de las personas, grupos e instituciones; una representación que es construida en su redacción e interpretación por expertos, funcionarios y tomadores de decisión que ponen en juego sus valores, creencias e intereses (Jackson, 1990; Casagrande, 2011).

Si bien la Agenda 2030 no es de tipo vinculante, consiste en una herramienta de soft law: un acuerdo al cual los países miembros del sistema de Naciones Unidas adhirieron voluntariamente, y que puede ser empleado como insumo argumental para el litigio estratégico al interior de cada país. A su vez, sirve como elemento que eventualmente puede enmarcar tanto las acciones de política pública— incluyendo la distribución financiera del erario— como las luchas contenciosas, reclamos y movilizaciones de la sociedad civil y sus organizaciones.

Metodología: corpus y categorías de análisis

En este trabajo se tomó como corpus de análisis cuatro documentos clave de la Agenda 2030: el Informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/68/970), del 12 de agosto del 2014, el cual consiste en un borrador técnico elaborado previamente al lanzamiento de la agenda; la Agenda de Acción de Addis Abeba (A/RES/69/313), del 17 de agosto del 2015, en donde se establecen los mecanismos de financiación; la resolución aprobada por la Asamblea General Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1), del 21 de octubre del 2015, la cual consiste en la entrada en vigor de la agenda propiamente dicha, así como los ODS; y el Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (E/CN.3/2016/2), del 17 de diciembre del 2015, en el cual se ajustan tanto los objetivos de desarrollo sostenible como los indicadores y metas.

Es importante mencionar que las categorías metodológicas han sido elaboradas en forma inductiva e iterativa. Esto implica que se trabajó simultáneamente la selección y codificación de los datos extraídos del corpus junto con su análisis, en función del objetivo de investigación (Vasilachis de Gialdino, 2019: 31 y ss.). Este trabajo se enmarca en la teoría fundamentada en datos, lo cual implicó la codificación constante y simultánea de las marcas discursivas, buscando la saturación teórica mediante la selección de unidades significativamente apropiadas y capaces de explicar el problema de investigación (Suárez, 2019). De esta manera, se han establecido tres grandes grupos de sujetos discursivos: el Estado, el sector privado, y la sociedad civil. Se trata de un total de 51 referencias a dichos sujetos, de las cuales 26 forman parte del primer grupo, 12 del segundo y 13 del tercero. En cada una de ellas se identificaron los roles, las acciones circunscriptas y los atributos.

Los roles designan a las caracterizaciones en tanto sujetos activos, pasivos o neutros. En el primer caso nos referimos a quienes se les atribuye la posibilidad de ejercer poder, de actuar sobre otros sujetos en persecución de los objetivos. En el segundo caso nos referimos a los sujetos a los que no se les reconoce agencia alguna, sino que son receptores del accionar de terceros. La caracterización de neutros refiere a aquellos sujetos de los cuáles sólo se predica una constatación empírica, sin adjetivos calificativos ni juicios de valor, y de la que la dimensión del poder permanece ausente.

Las acciones designan a aquellas que explícitamente les son atribuidas a los diferentes sujetos discursivos en función de su pertenencia al Estado, el sector privado o la sociedad civil. Dentro de las acciones se distinguió entre aquellas positivas (la obligación o proposición para realizar ciertos actos) y aquellas negativas (la prohibición de realizar ciertos actos o la solicitud de abstención en su realización).

Por su parte, en lo concerniente a los atributos se diferenciaron los de propiedad y los de circunstancia. El primer caso refiere a una función sintáctica que expresa las propiedades de un sujeto, mientras que en el segundo caso las propiedades se encuentran delimitadas temporalmente, o establecidas por circunstancias específicas y determinables.

Los sujetos discursivos en la Agenda 2030

Se presenta a continuación la descripción y análisis de la forma en que se representa al Estado, al sector privado y a la sociedad civil en la Agenda 2030, a través de las categorías antes mencionadas. Posteriormente se establecen los principales elementos transversales a cada uno de ellos, señalando sus continuidades y rupturas.

Los sujetos discursivos en la Agenda 2030: el Estado

En el primer grupo nos referimos tanto a los países y Estados, como a los gobiernos, los Jefes de Estado y Gobierno y Altos Representantes, los países en desarrollo (una subcategoría de los “países”, pero que tiene su especificidad) y los estados miembros de Naciones Unidas (cuadro 1). Al diferenciar entre roles activos y pasivos, pudimos constatar que 25 de ellos corresponden a la primera característica, mientras que sólo uno se caracteriza por la pasividad: los “países en desarrollo” (A/RES/69/313, pt. 106), de los cuales se predica que “hay que potenciar su voz”. Esta construcción, si bien es mínima, refuerza la idea de que los países latinoamericanos, africanos, y de la mayor parte de Asia requieren de la ayuda externa para poder llegar al mismo destino— es decir, para tener el mismo nivel económico y productivo que los “desarrollados”.

La acción negativa sólo aparece una vez, en A/RES/70/1, pt. 30, cuando los Estados son instados a abstenerse de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas. Esto puede entenderse como una voluntad por evitar el proteccionismo comercial y la obstaculización del libre comercio. Dicha voluntad puede hallarse en A/RES/70/1 pt. 63 en el cual se busca la creación de “sistemas comerciales, monetarios y financieros coherentes y que se apoyen mutuamente, y una gobernanza económica mundial reforzada y mejorada”; y es indicativa de la centralidad jerárquica que tiene el comercio dentro de la Agenda 2030.

Dentro de las acciones positivas podemos observar la prosecución de esfuerzos realizados en otros foros internacionales (A/RES/70/1, pt. 58), la “posibilidad de fijar metas de gasto apropiados” (A/RES/69/313, pt. 12), el decidir el equilibrio entre normas voluntarias y obligaciones (A/RES/69/313, pt. 37) y el evaluar los efectos que tengan sus propias políticas en el desarrollo sostenible (A/RES/313, pt. 103). Asimismo, es importante señalar tres cuestiones: la primera de ellas es que, del total de sujetos discursivos pertenecientes a la categoría de Estado, y que además tienen circunscriptas acciones positivas, la mayoría pertenecen a la Agenda de Acción de Addis Abeba, abocada a tratar la problemática del financiamiento para el cumplimiento de los ODS. La segunda es el desdoblamiento enunciativo en A/RES/70/1, pt 58: los estados “son alentados” a proseguir sus esfuerzos. Ahora bien, vale la pena preguntarse ¿alentados por quién? Si atendemos a las características enunciativas podremos observar que quienes constituyen el enunciador de todos los documentos son los propios Estados miembros de Naciones Unidas. Por lo tanto, son ellos mismos quienes se “alientan”, aunque en la adopción de la voz pasiva este hecho quede solapado— lo mismo ocurre en A/RES/70/1, pt. 30. Este tipo de desdoblamiento resulta llamativo ya que representa un distanciamiento entre el sujeto de la enunciación y el propio emisor, quienes en ambos casos son los estados miembros de Naciones Unidas, aunque en el discurso aparecen como dos sujetos diferenciados.

Finalmente, es importante atender al doble modalizador de la oración de A/RES/69/313, pt. 12: “estudiar la posibilidad” de fijar una meta de gasto apropiada: si la meta del gasto se autodefine como “apropiada”— es decir, adecuada para la consecución de un fin (en este caso, el desarrollo sostenible), no como algo excedido— resulta cuanto menos llamativo que no sea obligatoria, sino que quede supeditada al “estudio” de la “posibilidad” (lo que equivale a afirmar que ni siquiera el estudio aseguraría la implementación de metas de gasto apropiadas). La consecuencia lógica de esta argumentación es que matiza la necesidad de implementar metas de gasto apropiadas, un requisito para el cumplimiento de los ODS.

En lo concerniente a los atributos de propiedad, encontramos que los estados poseen soberanía plena sobre sus recursos naturales y actividad económica (A/RES/70/1, pt. 18); que disponen de diferentes enfoques, modelos, visiones de futuro e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible (A/68/970, pt. 13, A/RES/70/1, pt. 59); y que son los responsables de su propio desarrollo económico y social (A/RES/69/313, pt. 9, A/RES/70/1, pt. 41). Se trata de la visión westfaliana según la cual el Estado, a través de sus instituciones, tiene plena soberanía sobre los recursos apostados dentro de sus límites territoriales. Es un punto de suma importancia, en un contexto de globalización acelerada, y clara asimetría entre los países, y en el cual los territorios latinoamericanos se encuentran amenazados por el creciente avance del neoextractivismo (Svampa, 2019).

En cuanto a los atributos circunstanciales, es posible distinguir entre los positivos y los negativos. En el primer caso puede mencionarse que los estados se encuentran a cargo de la implementación del plan de acción para alcanzar el desarrollo sostenible (A/RES/70/1, 1º párrafo del preámbulo) por lo que consecuentemente aceptan la Agenda 2030 (A/RES/70/1, pt. 5), al tiempo que se comprometen a “esforzarse” de cara a las negociaciones de la COP 21 (A/RES/70/1, pt. 32), de la cual se desprendió el Acuerdo de París. Como puede observarse, en todos los casos se trata de la resolución Transformar nuestro mundo. Por su parte, los atributos negativos abarcan el no haber reducido las emisiones GEI de acuerdo con lo pactado (A/RES/70/1, pt. 31), al tiempo que se reconoce que los países “se enfrentan a retos considerables” (A/RES/69/313, pt. 4). Sin embargo, no se especifica la naturaleza de estos “retos” ni qué es lo que obstaculizan, presumiblemente, el desarrollo sostenible. Estos dos puntos son de gran importancia. El primer caso vemos un reconocimiento de la insuficiencia de los compromisos previos en materia ambiental, y entra en clara sintonía con la mencionada necesidad de mejorar la situación en las negociaciones de la COP 21. El segundo caso es un eufemismo ambiguo que puede designar tanto al mencionado fracaso en materia de políticas públicas ambientales, como a los obstáculos económicos— derivados de la estructura productiva contemporánea— para la correcta implementación de los ODS. Esta ambigüedad puede deberse a la necesidad de poder establecer una afirmación que pueda aplicarse a las particularidades y las diferentes situaciones de los estados miembros de Naciones Unidas.

Como hemos podido apreciar, si bien a lo largo de los documentos se establece una diferencia nominal entre estados/países/gobiernos—considerando que el concepto de “gobierno” refiere a los actores políticos que administran temporalmente los mecanismos institucionales del Estado, por lo que no puede reducirse a él— dicha diferencia no se traslada a las acciones y/o atributos circunscriptos. Para todos ellos se enuncian tres grandes acciones positivas: son “alentados” a que cooperen y contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (A/RES/69/313, pt. 117), en un desdoblamiento enunciativo al que ya hicimos referencia; deben asimismo modificar las modalidades de consumo y producción insostenibles (A/RES/69/313, pt. 17, A/RES/70/1, pt. 28); y por último son los responsables de llevar adelante el seguimiento y examen de los objetivos (A/RES/70/1, pt. 47), aunque se omite mencionar a las “acciones” de implementación de los ODS. Asimismo, se enuncian dos atributos de propiedad: son quienes establecerán sus metas nacionales (A/68/970, pt. 18, A/RES/70/1, pt. 55), a la vez que participan en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (A/RES/70/1, pt. 39).

Como vemos, en todos los casos se concibe a los estados como agentes activos encargados de llevar adelante políticas públicas para alcanzar el desarrollo sostenible, y realizar su seguimiento y evaluación. La única excepción la constituyen los “países en desarrollo”, que aparecen como el único agente pasivo. En todos los demás casos se reafirma la plena soberanía sobre sus recursos naturales y la autonomía para desarrollar políticas en búsqueda del desarrollo sostenible, atendiendo a sus especificidades, lo que explica que también sean los principales responsables de su éxito (o fracaso).

Los sujetos discursivos en la Agenda 2030: el Sector privado

En este grupo se ubican diversos tipos de sujetos discursivos, tales como las empresas, los filántropos, las instituciones financieras (sin distinción entre públicas y privadas) y los empleadores, sumando un total de 12 sujetos discursivos (cuadro 2). Todos ellos se encuadran bajo el rol de sujetos activos, con la sola excepción de los filántropos, quienes son representados en forma neutra, y de quienes se predica que “su contribución financiera y no financiera es importante”, sin especificar al respecto (A/RES/69/313 pt. 42). Todos los sujetos discursivos pertenecientes a esta categoría se ubican en la Agenda de Acción de Addis Abeba y la resolución Transformar nuestro mundo— los documentos técnicos que abren y cierran el corpus no poseen referencia alguna al sector privado.

Al observar el tipo de acciones circunscriptas, es posible constatar que se trata únicamente de acciones positivas. Esto quiere decir que el sector privado no se encuentra sujeto a restricciones: no se señalan acciones negativas o que obstaculicen la consecución de los ODS— por enumerar ejemplos obvios: la inversión en hidrocarburos, la profundización de proyectos extractivos, o la privatización del espacio público. Como veremos a continuación, lo único que se menciona son acciones que favorecerían los ODS, aunque se trata de afirmaciones generalizables por su abstracción, que presentan además un registro voluntarista.

La primera de las acciones está relacionada con un atributo circunstancial (el cuál se retoma más adelante): en la medida en que las empresas poseen modalidades insostenibles de consumo y producción, es necesario que las modifiquen (A/RES/69/313 pt. 17; A/RES/70/1 pt. 28). Asimismo, se “alienta” al sector privado a que promueva la igualdad de género (A/RES/69/313 pt. 41) y que invierta en infraestructura (A/RES/70/1 pt. 47).

Es importante notar que en la primera acción positiva se produce tanto un juicio moral (en el sentido de que la aseveración es de carácter ético y no prospectivo) como una homogeneización entre todas las empresas, sin distinguir entre locales, nacionales o transnacionales. En la segunda acción es importante mencionar el uso de modalizaciones, en este caso “alentar”, lo cual encuentra congruencia con el carácter ético de las afirmaciones. Ambos puntos son indicativos del peso que la Agenda 2030 le otorga a la autorregulación del sector privado. En ella no vemos que se obligue a los Estados a regular al sector privado, como sería su mandato, sino que simplemente se produce un cambio de registro: los Estados se encuentran comprometidos— no ya “obligados”, recordando que la agenda no es de tipo vinculante—, mientras que el sector privado simplemente es “alentado” a adoptar prácticas sostenibles. Es posible encontrar una manifestación explícita de la perspectiva de la autorregulación en A/RES/69/313 pt. 37, en donde se establece que los países son quienes decidirán el “equilibrio entre las normas voluntarias y las obligaciones” en relación con el impacto socioambiental de las actividades empresariales.

Por su parte, la tercera acción presenta por sinécdoque al Estado: al leer el punto 47 y contextualizarlo con relación a otras menciones a la infraestructura, se puede entrever que dichas inversiones se encuentran, sino frenadas, al menos obstaculizadas por falta de planes estatales e incentivos adecuados. La necesidad de planes estatales explica la importancia otorgada a los planes de inversión y la creación de organismos regionales para la promoción de la inversión pública y privada en materia de infraestructura como posibilitador del desarrollo económico y social (A/RES/69/313 pts. 14, 15, 21, 33, 34, 48, 49, 54, 75, 87, 114 y 121).

En lo que respecta a los atributos de propiedad, podemos ver que todos son positivos, con excepción de los “empleadores inescrupulosos”, a los cuales es necesario combatir (A/RES/69/313 pt. 111). Específicamente, se proponen como medidas, entre otras, la reducción de costos de contratación para migrantes y “combatir a los empleadores inescrupulosos, de conformidad con las circunstancias y condiciones nacionales”.

El resto de los atributos de propiedad son positivos. En la Agenda de Acción de Addis Abeba se le atribuye al sector privado las propiedades de ser el motor de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleos, y de contribuir a los ODS en forma “importante, tanto financieramente como no financieramente” (A/RES/69/313 pts. 35 y 42, respectivamente). En la resolución Transformar nuestro mundo se le atribuye el participar en el cumplimiento de los ODS, el “desempeñar un rol” junto a las organizaciones de la sociedad civil (aunque no se explicita cuál es el “rol”), y el de ser el motor de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleos (A/RES/70/1 pts. 39, 41 y 67, respectivamente). Respecto a los atributos circunstanciales, sólo aparecen tres: no contar con evaluaciones crediticias suficientemente eficaces, con el objetivo de financiar emprendimientos a cargo de mujeres (A/RES/69/31 pt. 43); no cooperar lo suficiente, o todo lo que podrían hacerlo, por lo que es necesario alentarlos (A/RES/69/313 pt. 117); poseer modalidades insostenibles de consumo y producción (A/RES/69/313 pt. 17; A/RES/70/1 pt. 28). En todos los casos se trata de atributos negativos, pero que no son consustanciales del sector privado (como el caso de los empleadores que son “inescrupulosos” en su trato con los migrantes). Se trata de atributos temporales, que pueden ser revertidos mediante las acciones correspondientes: evaluar en forma eficaz el financiamiento crediticio para emprendimientos de mujeres, cooperar para la consecución de los ODS, o practicar un consumo y producción “sostenible” (aunque este último punto no se encuentra especificado). No obstante, como venimos mencionando, las acciones que se esperan del sector privado no tienen la misma carga imperativa que la de los Estados; mientras que en estos últimos se trata de compromisos, en el primero son sólo incentivos retóricos.

Finalmente, resulta importante señalar que a lo largo de los documentos se produce una equivalencia entre todos los elementos integrantes del sector privado: empresas, empleadores, instituciones financieras, y filántropos, con lo cual se invisibilizan tanto las jerarquías asimétricas entre cada uno de estos agentes como su impacto diferencial en la insostenibilidad del mundo actual. La equivalencia entre los sujetos del sector privado impide considerar, por ejemplo, el desigual peso específico que juegan en el campo económico una empresa transnacional y una empresa familiar.

Cuadro 2: El Sector privado en la Agenda 2030. Fuente: elaboración propia

Los sujetos discursivos en la Agenda 2030: la Sociedad civil

En este grupo se ubican sujetos políticos tradicionalmente presentes en los movimientos políticos y sociales de la modernidad— las mujeres y los pueblos originarios—, así como las generaciones futuras, la sociedad civil, las personas, las personas vulnerables y los pobres [sic] (cuadro 3). Entre todos ellos podemos distinguir entre activos, pasivos y neutros. En el primer caso figuran las generaciones futuras (A/RES/69/313, pt. 10) quienes responsabilizarán al enunciador por el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible—más no de su fracaso—, y la sociedad civil (A/RES/69/313, pt. 117, A/RES/70/1 pt. 39), la cual participa en el cumplimiento de los ODS. Los sujetos discursivos que ostentan un rol activo son representados en los documentos de una manera ambigua: por un lado, el tropo de la responsabilidad que une a la sociedad civil con los Estados queda solapado bajo una retórica en la cual la responsabilidad es una metáfora del reconocimiento— en este caso, del “éxito” en la consecución de los ODS—, por lo que queda en suspenso la cuestión de la responsabilidad por el fracaso; por otro lado, si bien se reconoce la importancia de la participación de la sociedad civil, no se especifica en qué consiste dicha acción ni los efectos derivados de ello (¿qué se entiende por participación? ¿quiénes, del amplio abanico de integrantes de la sociedad civil, participan? ¿de qué forma se participa? ¿en qué condiciones se participa? ¿con qué resultados?). Los interrogantes que surgen de este tipo de apreciación no se resuelven en los documentos de la agenda, sino que quedan abiertos para su interpretación al momento de su puesta en práctica por parte de los diferentes gobiernos.

Por su parte, las mujeres y los pueblos originarios aparecen tanto en forma neutra como en forma pasiva. Las mujeres son representadas como carentes de acceso a los servicios financieros (A/RES/69/313 pt. 39), lo que se puede entender como una dimensión neutra, en la medida en que sólo se describe un estado de situación específica; esto quiere decir que no se las esencializa como “pobres” o “vulnerables”, sino como personas que en razón de la desigualdad sexual no pueden acceder, en su mayoría, a los servicios financieros (y es por esta razón que se ha considerado a dicha caracterización como neutra). Asimismo, en la agenda se señala que están excluidas de participar plenamente en la economía (A/RES/69/313 pt. 4), lo que constituye también una aseveración de tipo neutra en la medida en que evita la esencialización. Es de notarse aquí que, en la medida en que ambos puntos refieren a circunstancias, pueden ser entendidos como atributos circunstanciales, tal como veremos más adelante.

En lo que respecta a la representación pasiva, se señala a las mujeres como aquellas a las que hay que conseguir que cumplan su papel en la consolidación de la paz y la construcción del estado (A/RES/70/1 pt. 35). Sobre este último punto debemos reparar en varias cuestiones. La primera es que, a pesar de estar formulada de forma parecida a los puntos anteriores, se trata de una oración que coloca a las mujeres en una posición pasiva: no sólo se afirma que están excluidas de participar en la consolidación de la paz y la construcción del estado (lo que sería una representación de una carencia circunstancia, no sustancial, en consonancia con lo visto), sino que la forma de revertir este hecho es que el enunciador— el cual está constituido por los “Jefes de Estado y Gobierno y Altos Representantes”— coloque a las mujeres en la posición correcta. No se trata por lo tanto de un empoderamiento de tipo horizontal, en el cual la capacidad de agencia se constituye mediante los lazos sororos entre mujeres (Lagarde y de los Ríos, 2018: 212 y ss.), sino que es el resultado de una acción top-down: en esta representación las mujeres no tienen agencia, y es el enunciador quien puede brindárselas (es decir, quien tiene el poder de hacerlo). La segunda cuestión es que, en forma similar al caso ya visto de la sociedad civil, la participación de las mujeres resulta ambigua, en la medida en que no se especifica en qué consiste. Esta omisión resulta aún más llamativa si consideramos que las Conferencias Mundiales de la Mujer estaban centradas en forma primordial con relación a la equidad, el desarrollo y la paz: especialmente las de Copenhagen 1980 y Nairobi 1985— aunque también resulta importante considerar la Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, que establece el rol de las mujeres en la solución de los conflictos armados, y en el ejercicio del poder y toma de decisiones (en las esferas E y G, del capítulo tercero).

En cuanto a los pueblos originarios, se les reconoce el derecho a mantener, controlar, desarrollar y proteger su patrimonio cultural y conocimientos tradicionales (A/RES/69/313, pt. 117), lo que constituye una dimensión de neutralidad, ya que no se los sitúa como agentes ni como objetos pasivos, sino sólo como poseedores de un derecho. No obstante, aquí también resulta importante mencionar que, así como en el caso de las mujeres se omite toda mención a los antecedentes institucionales que sustentan las afirmaciones, en el caso de los pueblos originarios sucede lo mismo. Lo que se omite aquí es que los derechos de los que gozan tienen un antecedente jurídico de tipo vinculante en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, el cual establece, entre otras cuestiones, la obligación de las consultas previas e informadas antes de realizar proyectos en sus territorios. Asimismo, y en forma similar al caso de las mujeres, también se los concibe como sujetos cuasi-pasivos, al representarlos como excluidos de participar plenamente en la economía (A/RES/69/313 pt. 4).

En lo concerniente a las personas vulnerables, son representadas como sujetos neutrales y pasivos en dos oportunidades: en el mismo punto compartido por las mujeres y pueblos originarios, que las concibe como excluidos de participar plenamente de la economía (A/RES/69/313 pt. 4), y cuando se señala que es necesario empoderarlas (A/RES/70/1 pt. 23). Podemos ver así una conjunción semántica entre las mujeres, los pueblos originarios y las personas vulnerables. O, lo que es lo mismo, puede observarse que las mujeres y los pueblos originarios son entendidos como personas vulnerables.

Finalmente, los pobres aparecen bajo la figura de neutralidad, ya que la aseveración sobre ellos es puramente descriptiva: mayoritariamente viven en zonas rurales (A/RES/69/313 pt. 13). Lo mismo sucede con las personas [sic], quienes “son el centro del desarrollo sostenible” (A/68/970, pt. 4), en consonancia con la sociedad civil y su rol activo en la consecución de los ODS. Vale la pena mencionar que, en ambos casos, se trata de atributos de propiedad, por lo que en el caso de “los pobres” se estaría rozando el esencialismo; esto último ya que no se hace referencia a las circunstancias que llevaron a que los habitantes de zonas rurales vean disminuida su capacidad adquisitiva al tiempo que se pauperizan los servicios básicos prestados por el Estado (situación particularmente preocupante en el contexto Latinoamericano marcado por los extractivismos y la llamada “agricultura sin agricultores”).

¿Qué nos permiten entender las marcas discursivas?

Hasta aquí hemos revisado las principales características de las representaciones del Estado, el sector privado, y la sociedad civil. Lo que se expone a continuación consiste en una síntesis comparativa entre estos tres tipos de sujetos discursivos, y su contextualización con fenómenos extra-discursivos. Desde esta perspectiva, las marcas que construyen discursivamente a los sujetos permiten entender fenómenos sociales que, muchas veces, pueden ser vistos como dispersos e inconexos. Al ponerlos en relación con el corpus de la Agenda 2030 se espera aportar al conocimiento de un fenómeno complejo, como lo es el debate en torno a la sostenibilidad.

Estado: hemos detectados dos ejes fundamentales que constituyen la naturaleza de los Estados, tal como son representados en la Agenda 2030. El primero de ellos es el desarrollismo, entendido como la prevalencia del valor economicista en la construcción de la sostenibilidad. Hemos mencionado al comercio global como un valor clave, ya que se lo entiende como el “motor del desarrollo”: el comercio global permite, de acuerdo con esta perspectiva, la generación de divisas que posibilitarían financiar medidas destinadas a lograr la sostenibilidad, tales como la modificación de las “modalidades de producción y consumo insostenibles”. Se trata de un enfoque de larga trayectoria, que se remonta a la segunda mitad del siglo XX, cuando se establece a nivel internacional la diferenciación entre países desarrollados y países subdesarrollados (o, en su variante contemporánea, “en desarrollo”). Si bien ha sido profundamente cuestionado por promover una definición del desarrollo en consonancia con el estilo de vida consumista estadounidense (Sachs, 1992; Esteva, 1996), el marco de la Agenda 2030 no presenta mayores modificaciones, más que utilizar el adjetivo “sostenible” para caracterizar de una manera ambigua al desarrollo, el consumo y la producción.

En consonancia con el enfoque desarrollista se establece que cada país es dueño de sus recursos (no sólo humanos o tecnológicos, sino también naturales), lo cual es consistente con el principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972), en donde se afirma que “los Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos”. Y en base a dicha potestad sobre sus propios recursos, es que cada Estado es responsable de su propio desarrollo. Esto no impide que en la Agenda 2030 se reconozcan como complemento medidas tales como la creación de fondos para el financiamiento del desarrollo en países con menor capacidad económica, o los mecanismos de transferencia tecnológica; pero quedan invisibilizadas las relaciones asimétricas de poder que favorecen los procesos extractivos en Latinoamérica. Un proyecto emblemático de esta concepción es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el cual busca favorecer la producción y traslado de commodities, en la mencionada necesidad de integrar economías locales a mercados globales.

Sector privado: se encuentra estrechamente ligado al Estado en la visión economicista. Como se ha mencionado, constituye el “motor del desarrollo” y, al igual que el Estado, constituye un sujeto discursivo activo. Sin embargo, es de notar una diferencia entre ambos: mientras que los Estados tienen obligaciones y responsabilidades, el sector privado no se encuentra supeditado a ellas. Todas las apelaciones a su praxis se encuentran enmarcadas en la autorregulación: las empresas que tienen responsabilidad en la sostenibilidad no están obligadas a actuar ni deben rendir cuentas; simplemente son “alentadas”. Si bien, desde una perspectiva de derechos humanos, son los Estados quienes tienen la obligación de garantizarlos (y son, por lo tanto, quienes pueden ser demandados ante instancias judiciales), resulta llamativo que a lo largo de la Agenda 2030 se minimice la responsabilidad de las empresas en lo que se considera “insostenible”.

También resulta importante destacar la equivalencia que se produce entre todos los componentes de la categoría “sector privado”: al no mencionarse las especificidades de las transnacionales o multinacionales, en comparación con las grandes empresas de capital nacionales, y las pequeñas y medianas empresas, se omiten las relaciones de poder que operan al interior del campo económico y que influyen en el estado actual de la economía. Considerado junto al punto anterior, podemos observar que la Agenda 2030, en lo concerniente al sector privado, no favorece el cambio ni la transformación social, sino que pareciera favorecer el statu quo.

Sociedad civil: en esta categoría de sujetos discursivos encontramos la mayor diferencia con respecto a las otras. En contraposición al Estado y el sector privado, quienes componente a la sociedad civil raramente son representados como activos. Al contrario, lo que predomina son caracterizaciones como sujetos neutros o pasivos. Y dentro de este último caso resulta especialmente llamativo la caracterización de las mujeres y pueblos originarios, en tanto exponentes de las personas vulnerables. Como se ha mencionado, a lo largo de los documentos analizados se los construye como sujetos carentes de agencia, ignorando las conquistas históricas fruto de la lucha colectiva, y en el caso de las mujeres se suma la falta de mención a las Conferencias Mundiales de la Mujer y las declaraciones relativas a la consolidación de la paz y la democracia (a pesar de que son dos valores centrales para la Agenda 2030).

La pasividad con que se representa a las personas en situación de vulnerabilidad— a las que además se las esencializa al caracterizárselas como siendo vulnerables, en lugar de estando en dicha situación, como consecuencia de factores externos— sustenta la visión verticalista de las políticas públicas. De acuerdo con esta perspectiva, el Estado debe realizar acciones de tipo top-down para mejorar las condiciones de vida de dicha población. Esto es una visión opuesta a aquella que pugna por mejorar las bases materiales y sociales en que vive dicha población, para que puedan mejorar su calidad de vida (Fraser, 2015: 109 y ss.). Esta visión paternalista ubica a la población en situación de vulnerabilidad como receptores pasivos de las políticas estatales, al tiempo que se los individualiza, al desconocer los lazos sociales que aúnan a la sociedad civil y que son condición para su movilización y la transformación social: lazos familiares, grupos de pertenencia, lazos profesionales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, empresas sociales, colectivos, redes de apoyo, etc.

Conclusiones

En este trabajo hemos realizado un análisis discursivo de la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La metodología ha sido cualitativa, tomando como base la teoría fundamentada en datos. Ello implicó la codificación y sistematización conjunta de las categorías de análisis: los roles, las acciones circunscriptas y los atributos. El marco epistemológico que guio el trabajo fue el de la sociolingüística. Tal como se ha afirmado al inicio, la importancia de la Agenda 2030 no radica en su carácter vinculante, sino en su capacidad para enmarcar las políticas públicas de los estados miembro de Naciones Unidas bajo la consigna de la “sostenibilidad”. Por lo tanto, la Agenda 2030 funciona como un componente central en la construcción discursiva de la sostenibilidad.

Dentro del amplio abanico de posibilidades de análisis que ofrece la Agenda 2030, hemos escogido centrarnos en la construcción discursiva de los principales sujetos de cuya praxis puede (o no) derivarse la construcción de la sostenibilidad: el Estado, el sector privado y la sociedad civil. A través de su análisis hemos visto cómo cada uno de estos grupos se relaciona de forma diferente con la sostenibilidad. En cada uno de ellos hemos detectado una construcción discursiva diferente, que implica una caracterización activa en la búsqueda por el desarrollo (el Estado), una descripción de un sujeto sin agencia y receptor pasivo de políticas públicas (la sociedad civil), o un actor clave pero que no se encuentra sujeto a regulación (el sector privado). Como se ha afirmado, la sociolinguística estudia los recursos y estrategias discursivas empleados para sustentar un modelo interpretativo de la realidad social, lo que implica pensar en los diversos modos mediante los cuales diferentes sectores sociales con desigual poder de agencia orientan el sentido— en este caso, la “sostenibilidad” y sus sujetos— en una determinada dirección y no en otra. Por supuesto, esto no invalida el hecho de que existan lecturas alternativas, e incluso contrahegemónicas.

Una primera limitación de nuestra investigación es el no abordar tales lecturas alternativas. En efecto, resta por ver los modos en que se entiende a la sostenibilidad desde los movimientos agroecológicos, decoloniales, quienes teorizan desde el Buen Vivir o el descrescimiento, o quienes analizan el fenómeno desde el paradigma del desarrollo humano, o la crítica a la teoría del desarrollo económico imperante desde mediados del siglo XX. En este sentido, resultará pertinente poner este trabajo en diálogo con los discursos de los movimientos ambientales, feministas, de pueblos originarios, y de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otros (tarea que excede los límites del presente artículo).

Una segunda limitación está dada por las dimensiones analizadas. Hemos visto la forma en que se representan a los sujetos del Estado, el sector privado y la sociedad civil en la Agenda 2030. No obstante, resta por analizar la forma en que se tematizan el comercio global, el desarrollo científico y tecnológico, los derechos humanos o la construcción de la democracia. Si bien algunos de estos puntos han sido señalados en relación con los sujetos discursivos, no constituye en absoluto su agotamiento analítico.

Finalmente, el corpus que se ha escogido, si bien presenta gran relevancia política, está lejos de ser excluyente. No se han analizado los informes técnicos, los informes nacionales voluntarios, ni los documentos de las agendas ambientales, de mujeres o del desarrollo, que a pesar de tener presencia en la Agenda 2030 poseen una trayectoria histórica específica.

No obstante, creemos que estas limitaciones no son indicativas de la debilidad teórica o metodológica del presente trabajo. En todo caso, configuran un abanico posibilidad o, dicho de otra forma, un punto de entrada para investigaciones prospectivas que, desde diferentes enfoques y con otros objetos de estudio, complementen nuestro análisis discursivo. De esta manera, se espera contribuir a los actuales debates en torno a la sostenibilidad y el mejor camino para construir una sociedad más igualitaria, justa y democrática.

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Notas de autor

Información adicional

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