Quillagua ⁶ presentó desde inicios del siglo XX hasta la década de 1970 su “edad de oro agrícola” basada en la producción de maíz y alfalfa orientada al mercado nortino macrorregional. Paralelamente, su población extrajo y pescó camarones y pejerreyes del río Loa, especies destinadas al autoconsumo e intercambio. El comienzo de la centuria coincide con el fortalecimiento de la articulación mercantil con las salitreras de la región, las que cumplieron un rol central en la consolidación de la agricultura comercial. La alfalfa era comprada por arrieros procedentes del noroeste argentino que viajaban hacia las oficinas salitreras, mientras que el maíz era vendido en mercados formales e informales de la pampa (Odone 1995).

La inserción de Quillagua en circuitos dinámicos de acumulación capitalista, junto con el arribo de foráneos en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida, impulsó un acceso desigual a la tierra entre algunos habitantes de la localidad, lo que promovió vínculos salariales entre ellos, como también, venta de fuerza de trabajo en fincas forrajeras controladas por capitales extranjeros residentes en el valle.

Las memorias sobre la “edad de oro agrícola” hablan de disponibilidad de agua en abundancia. Esta se administraba colectivamente bajo mecanismos consuetudinarios, en específico, por medio de la existencia de un “juez de agua” decretado por los lugareños, quien debía velar por el cumplimiento del orden, respeto y equidad del riego, aspectos definidos en función de la propiedad (hectáreas controladas) y necesidad de las familias (cultivos). El recurso hídrico se distribuía a partir de dos canales antiguos que permitían la irrigación mediante riego por tendido. En este período los canales eran eje de la práctica comunitaria económico-festiva de la “limpia”, la cual –como se conoce– cumple un rol relevante no solo por implicar el mantenimiento necesario de la infraestructura productiva, sino que en la vida social en general de los pueblos andinos, ya que fortalece los vínculos comunitarios y con las divinidades ⁷ .

Por su parte, durante el siglo XX la agricultura en Peine ⁸ estaba orientada a la producción de maíz y alfalfa, y en menor medida a olivos y hortalizas, junto a ganadería caprina, ovina, pastoreo de camélidos y caza de chinchilla. La fracción mayoritaria de esta producción estuvo orientada al autoconsumo, a excepción de la caza de chinchilla, cuyas pieles eran intercambiadas dentro y fuera de la región, generando un ingreso monetario a partir de la producción local (Benedetti, 2003). Los vínculos con los mercados en la misma localidad eran muy menores respecto de los que presentaban los habitantes de Quillagua, dominando –por lo tanto– relaciones de producción de tipo doméstico. Quienes deseaban aumentar su ingreso monetario emigraban para asalariarse en extracción de sal en Argentina, en la construcción del ferrocarril Salta-Antofagasta (Huaytiquina) y en la minería en Chuquicamata (Núñez 2000).

En la década de 1960 se recuerda un aumento de la minería en torno al Salar de Atacama y consecuentemente una mayor demanda de trabajadores. Esto acrecentó las posibilidades de obtener un ingreso salarial cerca del poblado y muchos hombres jóvenes postergaron el trabajo agrícola para incorporarse al nuevo empleo. Esto redujo la fuerza de trabajo agropecuaria afectando parte de su capacidad productiva. Lo anterior fue el punto de partida de un proceso que se ampliará desde 1980, experimentado en general en el área atacameña (Gundermann 2013).

Las fuentes de abastecimiento de agua han sido históricamente dos vertientes (Wilte, cercana a Peine y Tulán, próxima al espacio de cultivos de Tilomonte). Se percibe un pasado que sin ser de abundancia tampoco es de escasez, sin embargo, las aguas de estas vertientes son salobres y con alto boro, con lo cual, presentan problemas para el consumo humano, existiendo recuerdos de períodos donde la adquirían a camiones aljibe de la minera Sociedad Chilena del Litio (SCL) (hoy Rockwood Litio Limitada), que compraba agua a Toconao y la vendía a Peine, estableciéndose de esta forma ciertos vínculos de dependencia. La provisión de agua fue solucionada en 1997 cuando la comunidad logra erigir con apoyo de Rockwood Litio Limitada, luego de diversos esfuerzos, un sistema de abastecimiento desde la cercana laguna Miscanti.

En tiempos preneoliberales y actuales, el uso del agua ha estado gestionado por el Consejo de Agricultores (propietarios de tierras) quienes supervisan su uso mediante la designación de un “celador de riego” que vela por una distribución adecuada según extensión predial y tipo de cultivo. El recurso es almacenado en tranques (Pailabote, San Francisco y Tranque Chico) y distribuida por una red de canales de tiempos inmemoriales. El Consejo es la institución que se encarga hasta hoy de la “limpia de canales”, una de las más relevantes expresiones de la ritualidad agrícola en la localidad.

Durante gran parte del siglo XX en Los Loros ⁹ se dedicaron a la chacarería para autoconsumo (melones, sandías, granadas, tunas, tomates y cebollas), al cultivo de cítricos orientados a mercados regionales (mandarinas y naranjas) y a la ganadería caprina para autoconsumo. Eran pequeños y medianos productores con importante presencia de relaciones de trabajo doméstico. Solo en la cosecha existían vínculos asalariados entre los que poseían mayor tierra y los que controlaban menos.

Estos tiempos se recuerdan como de mayor solvencia económica en comparación a los actuales, las naranjas tenían fama regional, siendo un componente de identidad local. Los informantes resaltan que algunos agricultores contrataban personal para trabajar en sus parcelas como un indicador de esa mayor capacidad productiva. En este sentido, la llegada del ferrocarril en 1945 da cuenta del alto flujo de mercancías agrícolas y pirquineras en la zona (Griem 2003).

Hasta la década de 1980 los habitantes de Los Loros no tenían problemas para acceder a las aguas del río Copiapó, principal fuente de riego. Son tiempos percibidos como abundantes, destacándose sus usos recreacionales en la ribera del río. Las aguas de riego provenían del embalse Lautaro (Sandoval 2003), la irrigación era efectuada mediante un sistema de canales donde la distribución recaía en un “juez de aguas” que lo hacía según necesidad de los agricultores en función de las hectáreas controladas. En este caso, no hay menciones a la limpia de canales como una instancia festiva-ritual específica. Más allá de este dato, al igual que en Quillagua y Peine, la forma de organización del riego y los criterios involucrados permiten inferir una concepción del agua como bien comunitario a disposición de todos los que lo necesitaran. Finalmente, es importante destacar que no existen referencias a la pequeña minería del río Copiapó como un elemento que presionaba al recurso hídrico.

Quillagua, luego de su vigoroso pasado, es hoy la localidad que presenta el estado más crítico de las tres en lo que respecta a la calidad y disponibilidad de agua. Exhibe una fuerte crisis agropecuaria junto con un consecuente despoblamiento, derivado de acontecimientos ligados al impacto de la gran minería en el territorio. La agricultura está al borde de su desaparición y la disponibilidad de aguas de regadío es prácticamente nula (Bustos, 2001), aspectos que evidentemente dificultan y reducen la práctica agraria-ritual de la limpia de canales. Los cultivos de orientación mercantil junto con la extracción y pesca de especies del Loa ya no existen, solo se practica una agricultura residual, abastecedora del forraje del reducido ganado local.

Desde mediados de la década de 1970 hasta inicios del 2000 hubo una serie de episodios de intervención y contaminación del río Loa, los cuales son imputados como causantes de la merma hídrica. Un evento relevado por los entrevistados es la construcción del embalse Conchi (1975), cuyas aguas serían almacenadas para las actividades agropecuarias de la zona, pero según la percepción local han sido derivadas hacia la gran minería. También se evoca la anterior captación de Lequena (1972) para consumo urbano y la aducción de Quinchamale (1985) como intervenciones que fueron reduciendo progresivamente la disponibilidad hídrica. En las últimas décadas se enuncian dos episodios de contaminación, acontecidos en 1997 y 2000. A nivel local estos se interpretan como el “golpe de gracia” a la agricultura.

Vigente el CA de 1981 se denuncia que durante la regularización de las aguas la mayoría de los habitantes –desconocedores en ese entonces de la nueva normativa– fueron engañados por agentes del Estado, quedando con escasos derechos. Por ejemplo, fueron atemorizados con futuros “pagos” por el uso de agua, desvalorizándose el número de litros usados según hectáreas. También, al haber disponibilidad de agua en ese tiempo, la urgencia de la inscripción de derechos no era vista como imprescindible por los agricultores. En definitiva, a diferencia de parte importante del siglo XIX y XX, donde actividades mineras propulsaron la articulación de Quillagua con mercados de la región, hoy estas son concebidas como una “maldición”, causa de la crisis agraria y demográfica.

Luego de los episodios de contaminación de 1997 y 2000, muchos de los lugareños fueron instigados a vender sus derechos de aprovechamiento a la gran minería, en particular a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Esto provocó conflictos internos entre quienes deseaban conservar sus derechos y los que daban todo por perdido. Los primeros aún perciben que lo ocurrido constituye una “traición” a la tradición agrícola, mientras que los segundos aluden que ellos simplemente vendieron “papeles secos”.

Es en este contexto que en 2003 –como parte de un proceso mayor de emergencia de la identidad aymara en Chile desde mediados de la década de 1990 (Gundermann et al. 2013)– es fundada por algunos residentes la Comunidad Indígena Aymara de Quillagua, cuya razón de ser y posición inicial fue restituir a la localidad los derechos de agua traspasados a la industria minera y formalizar la inscripción de un amplio territorio bajo fundamento de preexistencia y ocupación ancestral (McPhee 2010).

Un nuevo relacionamiento entre la comunidad y la gran minería se genera el 2008 a partir de la intención de SQM de desarrollar el proyecto de extracción de yodo y nitrato Pampa Hermosa en el Salar de Llamara, cuya propiedad es reivindicada por la Comunidad Indígena (Barros 2010). Luego de un enmarañado proceso de negociación y debates internos entre la comunidad y la empresa, esta última ofreció financiar un plan de desarrollo local, en curso pero por ahora sin resultados visibles. Las valoraciones negativas hacia los efectos de la gran minería en la localidad, sin embargo, parecieran ser matizados fruto de las expectativas respecto del referido plan.

En Peine las prácticas agropecuarias aún están difundidas al interior de la localidad, pero complementan a las actividades asalariadas; parte de la población en edad laboral ha relegado las actividades agropecuarias por la creciente demanda minera desde 1960 en adelante (empleo directo o proporcionando servicios). La agricultura solo se practica para autoconsumo, cosechando principalmente maíz, hortalizas, alfalfa y olivos. La ganadería, antes de ovejas, cabras y pastoreo de camélidos, se limita en la actualidad a la crianza caprina en corrales. Si bien existieron instancias de emigración laboral en el pasado, se recuerda a la agricultura y ganadería como actividades que tenían la capacidad de proporcionar bienestar por sí mismas.

Con todo, la disminución agropecuaria no ha afectado su rol simbólico como articulador colectivo mediante la limpia de canales, instancia donde el “pago o convido” a los cerros y la ceremonia del “Talatur” (se canta, baila y pide por un provechoso ciclo agrícola), constituyen un importante acontecimiento que no solo refiere a la eficiencia productiva, sino también a prácticas que conllevan cohesión y reafirmación comunitaria.

A pesar de que desde 1980 han aumentado las operaciones mineras en las inmediaciones del salar de Atacama –orientadas a la extracción de litio por parte de Rockwood Litio Limitada y SQM, y cobre por Minera Escondida ¹⁰ –, los informantes de esta localidad no experimentan, ni perciben, una situación crítica del agua en su poblado. Los discursos indican que no existe disminución ni contaminación de las fuentes hídricas, ya que los recursos utilizados por las empresas se encuentran “bajo” el salar de Atacama, mientras que los de Peine “sobre” este. Sin embargo, saben de los efectos de las grandes mineras en otras áreas, expresando preocupación y alerta ante el riesgo constante. La inexistencia de interés minero explícito hasta mediados de la década del 2000 por las aguas que son de la comunidad, hace que el CA de 1981 no haya significado un episodio catastrófico como lo fue para Quillagua.

El agua de consumo doméstico es de libre acceso para todos los habitantes de la localidad quienes solo deben poseer el derecho inicial para cada hogar. Derecho que en los primeros años de la habilitación del sistema dependía del trabajo realizado durante las faenas de canalización, actualmente la entrega de nuevos derechos requiere de un pago monetario único. La gestión del sistema de agua dulce está a cargo del Comité de Agua Potable de Peine. Si bien la canalización de agua significó su disponibilidad, presenta deficiencias en su acceso y distribución. Ejemplo de lo anterior son las tensiones por la proliferación local de servicios de hospedaje y alimentación incentivados por la minería, que presionan al recurso en pos de un beneficio particular, perjudicando en ocasiones al resto de los habitantes.

Durante 2006 y 2007 se presentó un conflicto hídrico abierto con la industria cuprífera que involucró a Peine y otras localidades atacameñas. Minera Escondida pretendía la realización de un gran proyecto de extracción hídrica en la zona de Pampa Colorada (emplazada al sureste de Peine en el altiplano, cercana también a Socaire, Camar, Talabre y Toconao). En oposición a ello las comunidades indígenas se coordinaron e impulsaron asociatividad y pujaron con movilización social y por la vía legal por el rechazo del proyecto; lo que finalmente se logra (Azócar 2015; Bolados 2014).

Lo anterior es destacado por los informantes como un gran logro atacameño de organización y movilización que debe ser replicado. A partir de ello se formalizan vínculos entre Peine y algunas de las más importantes empresas mineras de la zona, estableciéndose así una relación donde la comunidad ha expresado su capacidad de negociación y exigencias, destacando el cumplimiento de compensaciones, regulación de externalidades negativas y participación de las empresas en diferentes proyectos. Este vínculo se ha materializado en un convenio entre la comunidad indígena y las grandes empresas con alcances sin precedentes en Chile de acuerdo con sus exigencias de cumplimiento de los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales en materia indígena.

A diferencia de Quillagua y Peine, la gran minería en las cercanías de Los Loros surge en el relato de los sujetos solo para las décadas recientes. Son dos las empresas que fueron señaladas por los informantes como influyentes en su territorio: Candelaria y Caserones. La primera opera desde inicios de la década de 1990, la segunda está aprobada desde 2008 y comenzaría a operar el 2014, siendo un proyecto que durante su instalación ha generado resistencia por parte de la población.

Las transformaciones de las actividades agropecuarias de Los Loros ocurren por procesos del propio agro, articulándose con la minería en la década de 1990. La vigencia del CA de 1981 se presenta en paralelo a un proceso de reducción de la agricultura familiar, quienes por necesidades económicas o seducidos por la posibilidad de obtener una suma considerable de dinero comienzan a vender sus tierras a grandes empresarios agrícolas para el cultivo de vid de exportación, actualmente la pequeña agricultura es casi inexistente en la localidad.

La desaparición de la agricultura familiar estuvo acompañada de una creciente proletarización de la población. Esto quiere decir que los habitantes de Los Loros venden su fuerza de trabajo de modo estacional a las empresas exportadoras de uva de mesa de la región. Mantienen la posibilidad de obtener un ingreso monetario en la zona, pero ahora no por medio de la introducción de sus propios productos en el mercado.

La alta demanda de mano de obra implica importantes movimientos de trabajadores y trabajadoras que llegan y se van según el ciclo agrario en todo el valle de Copiapó (Valdés 2012). En Los Loros esto ha generado que muchos de ellos en vez de retornar a sus lugares de origen hayan optado por quedarse en la localidad levantando viviendas informales en la parte alta del pueblo. Esto no solo ha configurado un problema social a partir de la existencia de sectores de la población en precarias condiciones, sino que también conflictos internos entre los habitantes históricos e inmigrantes temporeros por recibir beneficios sociales del municipio y mineras.

La pérdida de la tierra y su consecuente desvinculación con el agua para fines productivos hizo que en Los Loros no hayan experimentado conscientemente la implementación del CA de 1981. En paralelo a la privación de la propiedad de la tierra, ocurre de modo oculto a la percepción de los habitantes la privatización del agua. Simultáneamente la agricultura empresarial se expande a los cerros y se posiciona en espacios circundantes al río que anteriormente eran de libre acceso, hoy privados y de ingreso restringido, que se ocupaban para actividades de esparcimiento.

Con el comienzo de las grandes operaciones mineras en la zona se inicia un traspaso de derechos de aprovechamiento desde la agricultura capitalista a la gran minería. Parte de los exportadores agrarios optan por vender sus derechos y se trasladan a otras cuencas; esto reduce la producción agrícola y la demanda de trabajadores. La disminución del empleo agrícola impacta directamente en el ingreso local, tanto en los históricos habitantes que vendieron sus tierras como en los inmigrantes que llegaron en el ir y venir de temporeros. Es recién con esto que se evidencia para la población la lógica mercantil y privatizadora del agua. Los informantes reflexionan respecto del descenso de la agricultura y expresan una mezcla de incertidumbre, pesimismo y resignación. En esta localidad, la minería, al menos por el momento, no ha abierto nuevas fuentes de empleo.

Los vínculos de la población con la gran minería tienen un carácter dual. Se ha señalado que personas de la capital comunal Tierra Amarilla tienen una relativa percepción positiva de la mina Candelaria, ya que ha generado empleo, capacitaciones y beneficios. Pero en Los Loros no han sido mayormente destinatarios de ellos, se han creado ilusiones pero que en la práctica no se concretan y que por ello, a fin de cuentas, genera impactos negativos. Ante los problemas de disponibilidad de agua, la empresa ha fomentado la instalación de pozos para los pequeños agricultores que aún subsisten; con ello aseguran un vínculo de dependencia, y, además, crean un inhibidor de acciones públicas de descontento.

Las valoraciones sobre Caserones son abiertamente contrarias. En un primer momento existió la esperanza de que se abrirían nuevos puestos de trabajo, algo que ocurrió en faenas de construcción cuando se erigieron los campamentos, pero luego los vínculos laborales se detuvieron. En su reemplazo han existido vínculos a través de fondos concursables y algunos aportes a la infraestructura local. A pesar de este tipo de relaciones, no hay conformidad con la presencia de la mina considerando el impacto en la reducción del empleo agrícola. Sin tener una alternativa laboral, el efecto de los proyectos sociales se minimiza.

Hasta el momento del estudio de campo, la dimensión indígena había jugado un rol menor en los conflictos. Informantes entrevistados se posicionaban desde su identidad colla para erigir un discurso que reivindicaba la recuperación del agua, pero aún no se había materializado en organización y acciones contestatarias. De lo anterior es importante considerar que desde la década de 1990 en Los Loros se produce un proceso de identificación étnica bastante acelerado y complejo, como en toda la población colla (Molina 2013; Quiroz y Jeria 2010). Aunque no todos los habitantes de la localidad se identifican como indígenas y este componente aún no está en el centro de las prácticas y visiones críticas, los vínculos existentes entre mineras y otras comunidades colla de la zona (Molina 2013) posibilitan su fortalecimiento.