INTRODUCCIÓN

Los debates y dilemas en torno al rol de perpetradores, cómplices y colaboradores durante la dictadura militar (1973-1990) han sido una constante en el Chile posdictatorial (Lira y Loveman, 2002). Estas tensiones están relacionadas con la forma en que las sociedades construyen sus ideas sobre la atrocidad y la responsabilidad a través de narrativas sobre el mal que les permiten modelar juicios colectivos (Lara, 2007). Estas narrativas van construyendo un espacio moral a través de un conjunto de marcos de sentido y orientación que moralizan los eventos en cuestión mediante procesos de valoración y legitimación (Bakiner, 2015; Lara, 2007). De acuerdo con Lara (2007) la construcción del mal¹ es una tarea que se lleva a cabo en el tiempo y en la esfera pública de manera colectiva.

Uno de los mecanismos institucionales para lidiar y representar narrativamente pasados violentos que ha proliferado en las últimas décadas, ha sido el de las comisiones de verdad (Bakiner, 2015). Como parte de un paradigma internacional de justicia transicional, estas comisiones (en adelante CV) han sido implementadas en diversas partes del mundo a partir de 1980 para apoyar transiciones políticas, en la mayoría de los casos tras regímenes autoritarios. Si bien parece haber un consenso en que las CV han sido extremadamente importantes para reconocer a las víctimas de violencia de Estado, también se han planteado dudas sobre su impacto en el largo plazo (Bakiner, 2015).

En este contexto resulta importante llevar la atención al efecto que han tenido las narrativas oficiales de los informes en Chile: Rettig, de 1991 y Valech I y II, de 2004 y 2010, respectivamente. Mi hipótesis de trabajo es que las narrativas que produjeron estos reportes han sido un marco para lo que Lara denomina "la construcción del mal" en la posdictadura. Mi primer objetivo es analizar la construcción de un espacio moral posdictatorial a través de sus narrativas oficiales sobre la historia reciente, y en especial, sobre la representación del mal, a través de sus textos de las violaciones a los derechos humanos (en adelante DD.HH.) y sus perpetradores. Proponiendo una mirada a los efectos de las CV en el largo plazo, sugiero dar cuenta también de las disputas y los actores que han usado nuevos relatos que contra-escriben o contra- argumentan dichos informes en la esfera pública. Esto, porque desde la literatura de justicia transicional diversos estudios resaltan no solo el trabajo de las comisiones, sino también el trabajo que hace la sociedad civil o, en otros términos, la movilización social durante estos procesos de transición (Bakiner, 2015). Gready (2011), por ejemplo, plantea que las CV inspiran un amplio rango de iniciativas de la sociedad civil, la que responde, reinventa o disputa sus métodos y narrativas en el tiempo. Por esto, un segundo objetivo de este artículo es analizar las disputas promovidas desde la sociedad civil en torno a las narrativas oficiales, desafiándolas y/o resignificándolas.

En la primera parte del artículo analizo los informes Rettig y Valech. Para esto, presento el contexto en que surgen ambos informes como narrativas refundacionales después de la dictadura. Posteriormente, analizo sus contenidos en relación con el contexto, los perpetradores y la responsabilidad. Mi argumento es que ambos informes produjeron narrativas ambivalentes sobre el pasado y los perpetradores, a través de la definición de un contexto de corto plazo, el anonimato de los perpetradores y la identificación de víctimas "de ambos bandos". Esta ambivalencia fue reforzada por la desarticulación de la dimensión moral y jurídica que profundizaron los informes. En una segunda parte del artículo analizo algunas de las respuestas de la sociedad civil frente a las narrativas producidas por los informes. Aquí analizo la interpretación y disputa que han hecho diversos actores sobre estas narrativas oficiales, centrándome en momentos de tensión y resignificación promovidos por distintos actores de la sociedad civil. Presento manifiestos de historiadores, campañas de activistas, performances y estrategias jurídicas como un conjunto de prácticas, acciones y estrategias que han disputado las narrativas de los informes oficiales, y en particular, sus representaciones sobre perpetradores. Para hacer este doble análisis me basé en los textos de las CV, en bibliografía secundaria y análisis de archivos. Además, entre 2015 y 2017 realicé un total de 15 entrevistas semiestructuradas a jueces, abogados, activistas de los DD.HH. en Chile, artistas e intelectuales que reflexionaron sobre cómo la memoria colectiva ha elaborado los legados del pasado reciente.

COMISIONES DE VERDAD Y NARRATIVAS REFUNDACIONALES EN LA POSDICTADURA CHILENA

Después de los 17 años de dictadura, a principios de los 90 hubo preguntas importantes para la refundación de la democracia: ¿quiénes estaban llamados a participar en este proceso y en qué términos? La obra maestra de Ariel Dorfman, La muerte y la doncella, estrenada en 1991, fue esclarecedora en muchos sentidos: mostró el encuentro entre una víctima y un perpetrador a principios de esa década y todos los dilemas que tal encuentro anunciaría:

¿Quiénes eran las víctimas, ¿quiénes los perpetradores?, ¿quiénes debían perdonar y quiénes pedirían perdón en el Chile de la posdictadura?²

Poco después del final de la dictadura, el gobierno de Patricio Aylwin estableció por decreto la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (Comisión Rettig). Su mandato consistía en documentar las violaciones de DD.HH. más graves cometidas durante 1973 y 1990, mediante la recopilación de información y el testimonio de testigos y familiares, y la recomendación de reformas y reparaciones. El Informe fue un archivo inédito en Chile sobre la violencia de Estado. Según Marc Ensalaco (1994) logró proporcionar una historia oficial del terror evitando que los perpetradores la escribieran, a diferencia de lo que ocurrió en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. De esta manera, inauguró una nueva política de la memoria que a partir de entonces y de manera paulatina -pese a la reticencia de las Fuerzas Armadas y sectores políticos conservadores-reconocería públicamente la violencia de Estado cometida en el pasado reciente, traduciéndose en 2010 en su institucionalización a través de un Museo de la Memoria. El Informe sentó las bases para el reconocimiento y la reparación de víctimas individuales y directas de la violencia estatal en un primer momento, generando un boom de testimonios (también llamado irónicamente como mercado confesional) sobre distintas formas de violencia política³. Efectivamente, fue solo después de su publicación que el influyente periódico local conservador El Mercurio aceptó la existencia de personas desaparecidas en los 90 y dejó de presentarlas utilizando la figura condicional de "presuntamente desaparecida" (Ensalaco, 1994). Para muchos familiares de víctimas o perseguidos del régimen, el Informe pasó a ser un objeto de reparación al que algunos atribuyeron incluso propiedades semi terapéuticas. Pero a diferencia de Argentina, donde el Informe Nunca Más se convirtió en una publicación de gran venta e impulsó el juicio contra las Juntas, en Chile, el Informe Rettig tuvo una edición limitada, circuló en comunidades reducidas y solo fue distribuido al público de forma fragmentada, a través de insertos en un periódico local (La Época).

En 1996 se estableció una segunda comisión que continuaría el proceso de calificación de víctimas. En 2004, tras las persistentes demandas de organizaciones de DD.HH., el entonces presidente Ricardo Lagos estableció una tercera CV que ampliaba su capacidad de registro: la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, reabierta en 2010 (Valech II). A diferencia de la Comisión Rettig, los Informes Valech I y II incluyeron a las víctimas de tortura y encarcelamiento político, y, por lo tanto, permitieron expresar mejor la magnitud del impacto de la dictadura en el tejido social. El reporte de 2004 originalmente incluyó a más de treinta mil víctimas, las que aumentaron a cuarenta mil tras su reapertura en 2010.

LA NARRACIÓN DEL CONTEXTO

Según Gready (2011) las CV son actos de descripción pública (p. 12) que generan impactos en el tiempo. Efectivamente, en el caso chileno, las comisiones Rettig, Valech I y II reconstruyeron una historia de la represión a partir del golpe militar. Para contextualizar dicha represión, aludieron al marco histórico elaborado en el Informe Rettig⁴. Uno de los encargados de escribir el contexto histórico de dicho Informe fue el historiador conservador Gonzalo Vial (Stern, 2006). Aunque la Comisión estaba conformada por 9 miembros, el papel de Vial fue importante en su rol de historiador, ya que la producción de un marco historiográfico representaba la construcción de la memoria para las generaciones futuras, proporcionando la base histórica para la aplicación de un juicio reflexivo. El caso de Vial es interesante, pues es una figura ambivalente. Fue Ministro de Educación por un periodo breve (1978-79), miembro de comisiones y grupos de trabajo por la verdad, y crítico de la falta de resultados de la Mesa de Diálogo (instancia de conversación entre sociedad civil y Fuerzas Armadas) en 1999 (Winn, 2007). Sin embargo, investigaciones recientes lo han vinculado con procesos de espionaje, y represión a docentes y profesores en su calidad de Ministro⁵.

La narrativa sobre el contexto se produjo describiendo la polarización social que caracterizó a la sociedad chilena durante la década de los 60. Se apuntó a la Guerra Fría para explicar los altos niveles de división política, enmarcando el imaginario anticomunista que se extendió durante la dé cada y situó a los partidos políticos de la izquierda chilena a la sombra de la revolución cubana. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) es el primer grupo de izquierda nombrado dentro del Informe y se utiliza como un elemento importante para entender el contexto (p. 29). Esta narrativa hace eco de lo que en el caso argentino se llamó la "doctrina de los dos demonios", la sugerencia de que la violencia se debió al extremismo de izquierda y derecha, y que, según sus críticos, describe a la sociedad como un observador pasivo de una lucha entre extremistas y militares.

PERPETRADORES EN LAS SOMBRAS

Si el reconocimiento a las víctimas de la violencia fue claro en ambas CV, su mensaje fue menos claro con respecto a los perpetradores de crímenes de violencia de Estado (Winn, 2007). El Informe Rettig reconoció inicialmente a dos mil doscientas noventa y ocho víctimas, pero también dejó a sus perpetradores en las sombras. A pesar de describir con gran detalle las prácticas de terror, las formas de organización e instituciones involucradas, los perpetradores individuales de delitos contra los DD.HH. fueron tratados con anonimato y cautela. Conceptos como "agentes del Estado", "soldados" y "oficiales uniformados" se utilizaron en descripciones de detenciones arbitrarias, ejecuciones y torturas. El anonimato, que en principio buscaba garantizar el derecho de defensa de todo individuo⁶, no fue acompañado de un proceso de justicia institucional que permitiera satisfacer las demandas de las agrupaciones de DD.HH. ni canalizar el impacto público que generaba la exposición de los archivos⁷. Si bien en estos reportes se narraba la atrocidad, las definiciones en torno a la responsabilidad eran difusas por las limitaciones del mismo mecanismo. El mecanismo de la revelación parcial, en la cual el conocimiento público de las prácticas de los perpetradores y su responsabilidad jurídica individual resultaron desancladas entre sí, fue común a otras políticas de la memoria del Chile posdictatorial. La fallida

Ley Aylwin de 1993, por ejemplo, el trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Mesa de Diálogo de 1999 a 2001 fueron todas iniciativas oficiales que compartieron este elemento crucial: revelar el horror, protegiendo el anonimato de los perpetradores y su impunidad. En 2004 nuevamente el Informe Valech reconoció activamente a las víctimas, pero no tenía facultades para referirse a los perpetradores. Además, se impuso una regla controvertida que establecía que toda la información proporcionada a nivel individual por los testimoniantes solo debería divulgarse en 20 50⁸. Esto significó que los nombres y los testimonios sobre responsabilidades individuales en la tortura quedaron bajo resguardo del Estado.

Al mismo tiempo que los informes denunciaban públicamente la existencia de agentes del horror, generaban una argumentación paralela: ambas CV describieron la responsabilidad de distintos sectores de la sociedad en la "ruptura social". El Rettig se refiere a varios conceptos de responsabilidad: moral, histórica y política (p. 16). Describe la responsabilidad que tuvo el poder judicial (dedica un capítulo a este tema, pp. 85-93), y también las respuestas y reacciones de diversos actores sociales a la represión⁹. Esta sección, si bien ha tenido menos protagonismo en la memoria cultural de la posdictadura (salvo excepciones como la serie Los Archivos del Cardenal en 2011), mostró las diversas formas que tuvo la sociedad chilena de responder a la violencia de Estado, siendo un potencial recurso para representar una gama de respuestas morales al miedo político. Por su parte, el Valech se inicia adjuntando documentación sobre las respuestas que dieron las Fuerzas Armadas a solicitudes de evidencia hechas por la misma Comisión. En ambos informes, las recomendaciones sugieren al Estado asumir su responsabilidad en las acciones de sus agentes. Sin embargo, Antonius Robben (2011) observó que estas recomendaciones y la disculpa oficial que siguió a la presentación del Informe Rettig¹⁰ (y también al Informe Valech) tenía también un efecto problemático: "aunque este gesto [la disculpa oficial de Aylwin] parecía magnánimo, preocupaba a las víctimas porque el Estado democrático asumió la culpa sin la autorización del autor y la reparación sin retribución" (p. 194). Efectivamente, las CV buscan mediar entre las comunidades de memoria y las nuevas generaciones, elaborando narrativas que consuelan, sacralizan, y reconocen a las víctimas, pero que simultánea mente culpan y ocultan a los perpetradores.

LOS PERPETRADORES COMO VÍCTIMAS

El Informe Rettig definió como violaciones de DD.HH. aquellas prácticas de desaparición, ejecuciones, uso indebido de la fuerza, muertes en hora de toque de queda, abusos de poder, tortura, y los "actos terroristas de motivación política" (pp. 20-21) en su sección inicial. Posteriormente, definió que las víctimas serían tanto aquellas personas que sufrieron vulneraciones de sus DD.HH. en manos del agente de Estado, como aquellas caídas en en-frentamientos o contiendas políticas (p. 22). Con esto, el Informe homogeneizó el significado y las diferentes texturas, contextos, posiciones, agentes y escalas de violencia e invisibilizó la complejidad que tuvo la respuesta al autoritarismo. Bronwyn Leebaw (2011) observa que esto no es exclusivo de los informes realizados en Chile, sino que es más bien propio del paradigma de la justicia transicional, que busca reconciliar un mundo de víctimas y perpetradores. Las CV, según la autora, se estructuran en torno a las posiciones de víctimas y perpetradores con el objetivo de despolitizar sus investigaciones, lo que les impide considerar los proyectos e intereses que están en pugna en estos episodios. Sin embargo, plantea que la repuesta moral a la violencia política (por ejemplo, la resistencia) queda paradojalmente fuera de este marco de justicia transicional, lo que simplifica los recursos para el juicio reflexivo sobre el pasado de la sociedad. De esta manera, aunque el Informe Rettig fue pionero en reconocer prácticas de violencia de Estado negadas anteriormente, también tomó una decisión problemática al enumerar a las víctimas de la izquierda (o en otros términos, de la resistencia) sin una categoría apropiada para su historización.

SOCIEDAD CIVIL: DISPUTAS Y RESIGNIFICACIONES

Las narrativas que fueron producidas por las CV fueron parte de la disputa por un espacio moral posdictatorial en la medida en que fueron impugnadas, apropiadas, seleccionadas y rebatidas por la sociedad civil. Si bien la pregunta persistente de las organizaciones de DD.HH. que logró exitosamente permear a la sociedad chilena fue "¿Dónde están?", aludiendo a la búsqueda de desaparecidos y la demanda de verdad y memoria, igualmente se formuló -menos mediáticamente- otra pregunta, que exigía el ejercicio de deslegitimación de los perpetradores: ¿quiénes son los perpetradores? y ¿cuáles son sus responsabilidades jurídicas? Para responder esto, se requería disputar la lectura histórica del pasado reciente que habían cimentado paradojalmente las CV, y deslegitimar a los perpetradores. Éstos estaban protegidos por la ambivalencia de los informes: la potencial victimización, la contextualización de la violencia en un escenario de corto plazo, el énfasis en nociones colectivas de responsabilidad y el desanclaje entre verdad y justicia. Pese a que los informes circularon inicialmente insertos en periódicos, los debates sobre la representación del pasado y la construcción de narrativas sobre el mal tuvo lugar en diversos espacios y a través de distin tos medios y prácticas, con variado impacto, pero persistentes en el tiempo desde 1994 en adelante: recuperación de sitios de desaparición y tortura, cartas al editor, manifestaciones en espacios públicos, manifiestos historiográficos, discursos presidenciales, debates políticos, eslóganes de movimientos, prácticas de justicia alternativas como las funas y las performance, entre otros.

DEBATES EN TORNO AL CONTEXTO

Distintos autores han tendido a coincidir en que durante los primeros años de la democracia hubo una especie de amnesia social, pero que a partir del año 1998, tras la detención de Pinochet en Londres, el problema de la memoria irrumpió nuevamente en el debate público de la sociedad chilena (Wilde, 1999; Winn, 2007). En este escenario, las narrativas históricas que sirvieron para enmarcar el contexto de las CV fueron disputadas con fuerza desde 1999. Ese año un grupo de historiadores publicó "Manifiesto de Historiadores" (Garcés, M. et al., 1999) a modo de respuesta inmediata a la Carta a los Chilenos escrita por Pinochet (1998) mientras estaba detenido en Londres¹¹, y también a un conjunto de facsímiles que Gonzalo Vial había publicado en el periódico La Segunda, donde leía el pasado reciente bajo el mismo encuadre que ya había desarrollado el Rettig (y en el que se basó el Valech) (Winn, 2007). Se trató de un hito significativo, pues marcó la articulación organizada de contra-narrativas por la sociedad civil. El Manifiesto cuestionó la conexión más amplia que el contexto de polarización tenía con la distribución de poder y la desigualdad dentro de la historia chilena. Los historiadores criticaron lo que vieron como una manipulación deliberada de los relatos históricos: el enmarcar la tensión política en el período inmediatamente anterior a 1973. Según ellos, situar el contexto del Golpe entre 1964 y 1973 era un reduccionismo historiográfico. Criticaron que la historiografía de la transición no reconociera la relación con las estructuras de clase y el sistema económico de producción. Para ellos, en cambio, la Unidad Popular básicamente administró una crisis a largo plazo relacionada con un modelo de capitalismo dependiente.

Este debate ilustrado fue el preludio de una larga discusión, vigente e intermitente hasta el día de hoy, sobre si contextualizar el Golpe es ético (o no). Resulta interesante la forma en que las dos estrategias de contextualización (corto v/s largo plazo) apuntan a diferentes responsabilidades. Sin embargo, paradojalmente, con el paso del tiempo, el problema del contexto se convirtió en un tabú para los activistas e intelectuales identificados con la izquierda o centro-izquierda política. Esto, porque la alusión al contexto (sin atención a su temporalidad, a diferencia de lo ocurrido a fines de los 90) pasó a ser entendida como una forma de justificación del golpe de Estado. Esta asociación, que denota la influencia de las narrativas sobre la memoria del Holocausto (basadas en la idea del "Nunca Más") en las narrativas latinoamericanas sobre la memoria de los golpes militares, se intensificó con la inauguración del Museo de la Memoria en 2010. En ese momento surgieron críticas de sus opositores por su supuesta "falta de contexto", los que argumentaron acerca de la necesidad de que los museos contextualicen la información que muestran (Jara, 2013). Esta oposición explicaría la alineación acrítica de actores de DD.HH. con la idea de que el horror no debe ser contextualizado, puesto que respondería a categorías universales (como el trauma o el horror). Sin embargo, en 2017 esta desconfianza hacia el contexto pareció mostrar elementos de reconfiguración en la escena local debido a un factor de recambio generacional. En el mes de septiembre de ese año se publicó un inserto en el diario El Mercurio denominado "Qué explica Chile del 1973", donde Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas presentaron los mismos argumentos que aquí se han revisado sobre las causas del Golpe. Sin embargo, esta vez, activistas de la memoria volvieron a cuestionar la narrativa de los militares a través de los medios de comunicación, pero reenfocándose en el problema del contexto, tal como había sucedido con el Manifiesto. Un caso interesante se presentó en una carta a un diario digital, donde la autora entra en ese debate definiendo su posición identitaria de segunda generación: "Nací en dictadura, en el seno de una familia de izquierda que tuvo que salir del país producto de la muerte que asechaba a mi padre". Y propone: "Hablemos del contexto" (Aguilera, C., 2017)¹². Esto es interesante, puesto que redibujó las posiciones fijas izquierda-derecha, que redujeron por años el análisis de contexto a un ejercicio de justificación, abriendo el espacio para la reflexividad y la reapropiación generacional en torno al pasado.

DISPUTAS EN TORNO A LA IDENTIDAD DE LOS PERPETRADORES

La Comisión Rettig produjo una narrativa sobre el mal que no fue acompañada por la identificación de responsabilidades individuales jurídicas, y que se tradujo más bien en condenas morales difusas. Sin embargo, eventos posteriores reactivarían otra vez la pregunta por los perpetradores en la posdictadura chilena, dejando claro que era un tema irresuelto de la memoria y que requería reelaboración colectiva. Uno de estos eventos ocurrió en 2001 cuando el académico Felipe Agüero escribió una carta pública al director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, en la que decía que Emilio Meneses, académico de dicho Instituto, había sido su torturador durante su paso por el Estadio Nacional. Esto generó un nuevo e intenso debate en medios, ante los cual las Fuerzas Armadas manifestaron su respaldo a Meneses. Sin embargo, debido a la presión moral que ejercieron otros académicos y la opinión pública, este finalmente renunció a su trabajo como académico. Este impasse inspiró la publicación del libro De la tortura no se habla (Patricia Verdugo, 2004), el que analiza cómo este dilema fue sintomático del espacio moral ambivalente de la posdictadura.

En 2004, una vez que el Informe Valech fue publicado, un segundo Manifiesto de los Historiadores circuló en los medios de comunicación afrontando el problema de la relación con el perpetrador, en un texto denominado Contra los que torturan a nombre de la Patria: "¿Por qué se entrega una verdad cercenada?, ¿por qué dar libre curso al dolor y la conmiseración y no a la indignación y la justicia?, ¿por qué un gobierno que se dice democrático tiene que seguir ocultando a los culpables?" (ver Manifiesto de Historiadores (2004). Tal como señala la cita, el secreto en torno a la identidad de los perpetradores se convirtió una vez más en una inquietud de la sociedad civil. Pero antes de este segundo manifiesto y del impasse Agüero-Meneses, grupos activistas ya habían iniciado prácticas de justicia alternativa en los espacios públicos. Desde 1999, por ejemplo, un grupo de hijos de víctimas de violencia de Estado, denominado HIJOS, junto a miembros de otras organizaciones sociales y simpatizantes habían comenzado a reunirse fuera del hogar o lugar de trabajo de colaboradores aún impunes del régimen militar bajo el lema: "Si no hay justicia, hay funa". En rituales públicos, estos grupos comenzaron a tomar la justicia en sus manos, produciendo sanción social de manera colectiva e informal, disputando en el nivel micropolítico el problema de la legitimación. Desde entonces la funa se ha mantenido como una práctica marginal pero persistente, pasando a ser repertorio de otras movilizaciones sociales. En 2017, durante la exhibición de dos producciones cinematográficas, la funa se visibilizó como parte de la memoria cultural de las últimas décadas: en El Pacto de Adriana (2017, de Lissette Orozco) y en Los Perros (2017, de Marcela Said). Es interesante que ambas producciones (una documental, y la otra ficción) representaron a perpetradores en la posdictadura (la tía Chany en El Pacto, quien era la secretaria de Manuel Contreras, y el profesor de equitación de una mujer de clase alta, quien estaba procesado por delitos de tortura en Los Perros). Ambas producciones muestran cómo la sanción social, no institucional, se instaló como mecanismo paralelo a la sanción jurídica, con otra forma de operación: la individualización de un responsable sin juicio institucional, quien es objeto de una sanción pública, y a quien se castiga a través de la divulgación de su identidad y sus prácticas (denunciándolo como torturador, por ejemplo) en su lugar de residencia o trabajo.

El modelo de responsabilidad colectiva que produjeron las CV también ha sido objeto de críticas y de un duro rechazo por parte de las organizaciones de DD.HH. Disputando su significado, en 2013 organizaciones comenzaron a hacer un uso creativo y oposicional de la idea de responsabilidad colectiva, llamando la atención sobre la complicidad y su papel histórico. Estas acciones no apuntaron solo a generar un mea culpa, sino que a lograr una interpelación jurídica a quienes habían colaborado efectivamente con el régimen. Aquel año se ingresó una demanda contra los cómplices civiles del golpe militar, la que se encuentra actualmente ante los tribunales, fomentando un nuevo debate sobre el significado de las responsabilidades y la participación en la violencia estatal. A través de la demanda, las organizaciones de DDHH disputaron la narrativa oficial en la que la responsabilidad jurídica y moral se diluyó en una figura colectiva.

Por su parte, una nueva generación de activistas inició un conjunto de demandas contrarias al llamado "secreto Valech", como parte de una nueva movilización contra la figura de un pacto de silencio. Un ejemplo fue el trabajo del artista local, Francisco "Papas Fritas", quien llevó a cabo en 2015 y 2016 varias performances en espacios públicos. Durante una de estas, un árbol traído del ex centro de detención Villa Grimaldi y resituado en el centro cultural Matucana 100, representó un cuerpo torturado. En ese acto el artista reveló públicamente los nombres de los perpetradores en lo que describió como una reconstrucción de la escena del crimen. Durante su performance, activistas distribuyeron panfletos con el objetivo de informar que las personas que prestaron testimonio ante la Comisión Valech podían pedir la devolución de sus testimonios en custodia por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con el tiempo, este colectivo se trasformó en una organización: Colectivo de Desclasificación Popular, que tiene como objetivo estudiar caminos legales para revertir el secreto Valech y ejercer presión para lograrlo. El colectivo afirma que los individuos son dueños de sus testimonios y, por lo tanto, pueden reclamarlos de nuevo en interés de la justicia. Su objetivo es apoyar acciones para desclasificar los testimonios que proporcionaron nombres de perpetradores.

DISPUTAS EN TORNO A LA VÍCTIMA UNIVERSAL

La ambivalencia de las CV despertó temores entre las organizaciones de DD.HH. y activistas de que el proceso de la memoria eliminaría las diferencias éticas sobre la idea de victimización. Esto sucedió efectivamente: a lo largo de los años, los militares procesados, o sus familias, han denunciado insistentemente que en los casos en que la justicia institucional sancionó condenas, estas se han aplicado como una forma de venganza política. Esta persistencia muestra la guetificación de la memoria en el Chile posdictatorial y la fuerte capacidad de persistencia y transmisión de marcos de memoria periféricos al oficial postdictatorial, como el caso de la memoria militar. En 2015, por ejemplo, se publicó un inserto en el periódico local La Tercera ("A 43 años...") conmemorando a los mártires del Ejército. Esto marcó un hito: durante la posdictadura, y en particular desde el 2000 en adelante, las víctimas conmemoradas públicamente generalmente habían sido las personas desaparecidas o asesinadas por el régimen. Pero la publicación sobre los "mártires" militares caídos en el ejercicio de la violencia mostraba un cambio en esta tendencia, cuando lo que se considera como negacionismo recobró cierta capacidad de circulación en medios públicos.

Por eso, cuando en 2016 se propuso la Misa del Perdón en el cuartel Punta Peuco, buscando reposicionar a los presos por crímenes de DD.HH. como víctimas, las organizaciones de DD.HH. reaccionaron con indignación. La ceremonia precipitó múltiples disputas y manifestaciones públicas: varios activistas e incluso intelectuales formularon argumentos para plantear diferentes nociones de responsabilidad, justicia y olvido, que circularon en medios digitales, cartas al diario, actos políticos, etc. Las organizaciones intensificaron su presión para cerrar las instalaciones de la cárcel especial y reubicar a los militares en cárceles comunes.

CONCLUSIONES: DISPUTAS EN TORNO AL ESPACIO MORAL POSDICTATORIAL

Los objetivos iniciales de este artículo eran, por un lado, analizar los informes oficiales de las CV sobre la historia reciente, y en especial, sus narrativas sobre las violaciones a los DD.HH. y el rol de los perpetradores. Por otro lado, un segundo objetivo fue analizar las disputas promovidas desde la sociedad civil en torno a dichas narrativas oficiales. Estos dos objetivos buscaban ofrecer una lectura de la producción del espacio moral en la posdictadura, con un foco en el largo plazo y en la construcción social de narrativas sobre el mal. En mi análisis, he demostrado que la construcción social del mal requiere narrativas oficiales, puesto que estas dan un marco público de interpretación. Sin embargo, he demostrado también que estas no son monolíticas, sino que en su recepción son apropiadas, disputadas y resignificadas por distintos grupos, actores y organizaciones en el tiempo. Al analizar el caso específico de las narraciones históricas que elaboraron las CV en Chile, he sugerido que ambos informes produjeron narrativas ambivalentes sobre el pasado y los perpetradores, a través de la definición de un contexto de corto plazo, el anonimato de los perpetradores y la identificación de víctimas "de ambos bandos". Esta ambivalencia fue reforzada por la desarticulación de la dimensión moral y jurídica que profundizaron los informes. Fueron, por ejemplo, determinantes en reconocer y dar existencia pública a los desaparecidos y otras víctimas de violencia estatal negadas durante la dictadura. Sin embargo, el espacio moral que ayudaron a producir limitó también las posibilidades de materialización de justicia y la reflexividad social, ya que sentó las bases para las interpretaciones ambivalentes con respecto a la medida en que "el mal" (o la atrocidad como construcción social) se consideró en realidad condenable y evitable. No obstante, la capacidad de movilización y producción de distintos actores y colectivos ha hecho que el espacio moral posdictatorial sea un marco en disputa en el tiempo. Por último, este enfoque sugiere que los procesos de justicia transicional están lejos de cerrarse con la implementación de sus mecanismos (sean éstos comisiones, normativas, testimonios, museos, etc.) y que es precisamente la vida social y cultural que les sigue, lo que nos permite evaluar los resultados de dichos procesos en el largo plazo.

FINANCIAMIENTO

Esta investigación es parte de mi proyecto de Postdoctorado Fondecyt 3160565. Agradezco tam bién al fondo de profesores colaboradores de la Universidad Alberto Hurtado y al Centro de Estudio de la Cohesión Social y el Conflicto COES (CONICYT/FONDAP/1513009).

REFERENCIAS

A 43 años de la gesta libertadora chilenos agradecidos de las Fuerzas Armadas y del Orden no olvidan y reconocen los sacrificios que ellos hicieron por la Patria (2015). La Tercera, 11 de septiembre.

Aguilera, C. (2017, 12 de septiembre). Hablemos-del-contexto-actual-y-pasa-do-una-respuesta-a-los-generales. El Mostrador. En https://m.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/12/hablemos-del-contexto-actual-y-pasado-una-respuesta-a-los-generales/.

Bakiner, O. (2015). Truth Commissions: Memory, Power, and Legitimacy. Philadelphia, United States: University of Pennsylvania Press.

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I). 2004. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Ministerio del Interior.

Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II) ( 2004). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago: Ministerio del Interior.

Ensalaco, M. (1994). Truth Commissions for Chile and El Salvador. A Report and Assessment. Human Rights Quarterly, 16(4), 656-675.

Garcés, M.; Grez, S.; Horvitz, M.; Illanes, M.; León, L.; Milos, P.; Valdivia, V. (1999): Manifiesto de los Historiadores. Panfleto. Recuperado de: https://www.archivochile.com/Ceme/recup_memoria/cemememo0003.pdf

Gready, P. (2011). The Era of Transitional Justice. The Aftermath of the Truth and Reconciliation Commision in South Africa and Beyond. Abingdon, United Kingdom: Routledge.

Jara, D. (2013). 'A propósito del Museo de la Memoria: El debate de los historiadores y el uso reflexivo de la historia. Revista Observatorio Cultural, 17, 4-8.

Lara, M. (2007). Narrating Evil: A Postmetaphysical Theory of Reflective Judgement. New York, United States: Columbia University Press.

Leebaw, B. (2011). Judging State Sponsored Violence, Imagining Political Change. Cambridge, United Kingdom: Cambridge Press.

Lira, E. y Loveman, B. (2002). El espejismo de la reconciliación política. Chile 1990-2002. Santiago, Chile: Lom.

López, L (2017, 12 de septiembre). Equivocando el Contexto. Las memorias del caos no los salvarán. El desconcierto. Recuperado de: https://www.el-desconcierto.cl/2017/09/12/equivocando-el-contexto-las-memorias-del-caos-no-los-salvaran/

Manifiesto de Historiadores (Contra los que Torturan a Nombre de la Patria): (2004, 16 de diciembre) Panfleto. Chile. Rescatado de: http://www.ongeco.cl/wp-content/uploads/2015/04/Manifiesto_de_historiadores_Contra_los_que_torturan_a_nombre_de_la_Patria.pdf

Orozco, L. (2017). El pacto de Adriana. Chile, Colombia: Salmón Producciones/

Story, B. Pinochet, A. (1998). Carta a los chilenos. Panfleto. Londres. Recuperado de: https://lae.princeton.edu/catalog/6d2fef92-075d-4df2-89a94825dc80674c?locale=en#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-959%2C-229%2C5063%2C4576

Qué explica Chile del 1973 (2017, 10 de septiembre). Documentos históricos El Mercurio.

Robben, A. (2011). Testimonies, Truths and Transitions of Justice in Argentina and Chile. En Laban Hinton, A. Transitional Justice: Global Mechanisms and Local Realities after Genocide. New Jersey, United States: Rutgers University Press.

Said, M (2017): Los Perros. Largometraje. Cinema Defacto y Jirafa Films: Chile.

Stern, S. (2006). Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet's Chile, 1973-1988. Durham, United States: Duke University Press.

Verdugo, P. (2004). De la tortura no se habla: Agüero versus Meneses. Santiago, Chile: Catalonia.

Weibel, M. (2015, 2 de junio). Gonzalo Vial, el gran espía de Pinochet y la CNI. The Clinic online. Disponible en: https://www.theclinic.cl/2015/06/02/gonzalo-vial-el-gran-espia-de-pinochet-y-la-cni/

Wilde, A. (1999). 'Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile's Transition to Democracy'. Journal of Latin American Studies 31(2), 473-500.

Winn, P. (2007). El pasado está presente. Historia y memoria en el Chile contemporáneo. En Perotin-Dummon, A. (dir.). Historizar el pasado vivo en América Latina (pp. 3-48). Extraído de: http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/winn.pdf

Notas