La historiografía de las prisiones en Latinoamérica ha experimentado un notable crecimiento en el último cuarto de siglo. En la República Argentina lo ha hecho a través de múltiples investigaciones que abordaron distintos aspectos de las cárceles más importantes de la Capital Federal y de las provincias y de los antiguos territorios nacionales. Si bien hoy sabemos mucho más sobre la historia de las cárceles que hace 25 años, una de las mayores deudas pendientes es el abordaje prosopográfico de la administración. El término prosopografía refiere en los análisis históricos, tal como lo definiera Lawrence Stone, a la realización de estudios sistemáticos sobre grupos de individuos que compusieron parte importante de un cuadro de situación determinado. En su acepción más estricta, el término refiere a la descripción de un rostro o un semblante. Stone (1971, p. 46) sostuvo que la biografía colectiva o prosopografía (como le llamaban los antiguos historiadores) constituye una de las más valiosas técnicas de investigación en historia:

Prosopography is the investigation of the common background characteristics of a group of actors in history by means of a collective study of their lives. The method employed is to establish a universe to be studied, and then ask a set of uniform questions […].¹

Para el caso de la historia de la administración judicial rioplatense, hace algunos años ya que el impulso de estudios prosopográficos han contribuido a la representación de ciertos rostros locales, sus vínculos, sus proximidades y sus distancias. Piazzi (2016) y Barriera (2019); ambos realizan balances sobre el avance de ese tipo de estudios. En el caso de la historia de las prisiones, esta elección epistemológica resulta indispensable para avanzar sobre ciertas lagunas y atolladeros y, también, para repensar algunos lugares comunes.

La figura de José Luis Duffy resulta un caso paradigmático de la relevancia de este tipo de estudios ya que, a pesar de ser frecuentemente mencionado en la historiografía carcelaria, es poco lo que sabemos sobre este importante funcionario y muchísimo menos sobre sus compañeros de trabajo y sus redes de contactos.² En este artículo indagaremos sobre su trayectoria profesional y su papel en la formación de un equipo de especialistas y en la concepción de una publicación que buscó, entre otros fines, introducir los estudios médico-legales en las cárceles. A continuación, analizaremos su mayor contribución en la materia que nos atañe: la creación de la Revista Penitenciaria, en torno a la cual Duffy reunió a un notable grupo de especialistas que intentarían llevar a la práctica las ideas de la criminología positivista que, si bien dominaba la discusión teórica sobre la criminalidad, no tenía acceso directo a las instituciones de reclusión. Finalmente, realizaremos un análisis del contenido de la revista, concentrando el análisis en la pionera Oficina de Estudios Médico-legales (en adelante OEML).

En el comienzo de la centuria el panorama penitenciario en la República Argentina no era muy alentador, ni siquiera en la próspera ciudad de Buenos Aires. La Penitenciaría Nacional, transcurrido más de un cuarto de siglo de su inauguración, había perdido su innovación inicial. Ya en 1899 se hallaba terriblemente superpoblada –con una capacidad inicial de 704 celdas llegó a albergar 1.392 personas– y se hacinaban, sin distinción, condenados, procesados y correccionales (Criminalogía Moderna, n. 14, p. 443, 1899). A los ojos de los contemporáneos, su régimen estaba totalmente perdido y, sin embargo, era prácticamente el único establecimiento carcelario y penitenciario a la vez en la gran ciudad. Hacia 1903, a pesar de su imponente aspecto, el edificio aún se iluminaba a gas y la provisión de agua era escasa para la población alojada. Su director, el coronel Rosendo Fraga, recurrentemente insistía en la necesidad de dotar a la ciudad de una cárcel de encausados que permitiera destinar el establecimiento a su fin original. En la última década decimonónica la Comisión de Cárceles y Casas de Corrección había creado el Asilo de Corrección de Mujeres (1892) y la Casa de Corrección de Menores Varones (1898) poniendo orden en esos colectivos, pero la eterna deficiencia de la ciudad de Buenos Aires, su cárcel de encausados, aún no había sido subsanada. Así las cosas, las alcaidías policiales –el Departamento Central y el Depósito de 24 de Noviembre al que hubo que añadirle otro en la calle Centroamérica (hoy Pueyrredón)– rebalsaban de procesados y contraventores. La Ley n°4.189 (ARGENTINA, 1903), sancionada el 3 de agosto de 1903, que introdujo modificaciones en el Código Penal, condujo a un aumento de la población carcelaria. El edificio de la Casa de Corrección de Menores, ubicado sobre la calle Caseros, había sido diseñado por los arquitectos Carlos y Hans Altgelt y fue habilitado en 1898 con sólo una cuarta parte de la superficie proyectada construida. Seis meses después se llegó a la mitad y, en 1909, durante la gestión de Duffy, fue concluido. La institución de menores tuvo dos nombres: Casa de Corrección de Menores Varones (desde el 1/1/1898) y Asilo de Reforma de Menores Varones (desde el 1/1/1902).

Su arquitectura siempre fue considerada defectuosa, tanto para su destino como asilo de menores como para su uso carcelario. Adolfo Vidal, director entre los años 1901-1905, señaló las deficientes condiciones e insistió en la necesidad de trasladarlos a una colonia agrícola que estaba a punto de concretarse, pues el gobierno había adquirido un campo de más de 1.000 hectáreas en Marcos Paz con ese fin.

El primero de mayo de 1905 el presidente de la República, Manuel Quintana, anunció ante la Asamblea Legislativa el traslado de los menores a la Colonia de Marcos Paz y la transformación del edificio de Caseros en Cárcel de Encausados (MABRAGAÑA, 1910, p. 130). Era una solución provisoria ante la falta de concreción de algunas iniciativas orientadas a contar con un edificio exclusivo para procesados. Su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín V. González, sería un hombre clave en materia de reforma penal y penitenciaria. En los últimos meses de presidencia de Julio A. Roca, Joaquín V. González ocupó simultáneamente dos carteras: el ministerio del Interior desde 1901 y el ministerio de Justicia e Instrucción Pública desde el 24 de mayo de 1904, por enfermedad del titular Juan Ramón Fernández. Cuando Manuel Quintana asumió la presidencia el 12 de octubre de 1904, González permaneció en Justicia y Rafael Castillo, que había sido subsecretario del ministerio del Interior durante la década de 1890, fue designado al frente de ese ministerio.

Sin duda González constituye otra figura de relevancia a la hora de la conformación para el abordaje prosopográfico de la administración de justicia (GARCÍA BASALO, 1958). González decidió reformar la administración carcelaria de la Capital, designando a dos hombres jóvenes, provenientes de la Policía de la Capital y con sólida formación intelectual, al frente de los principales establecimientos penitenciarios de la ciudad. En 1904, Antonio Ballvé, de 38 años, fue puesto al frente de la Penitenciaría Nacional (el promedio de edad de sus antecesores fue de casi 60 años).³ El 25 de febrero de 1905 José Luis Duffy fue designado Director del Asilo de Reforma de Menores Varones, con la misión de transformarlo en Cárcel de Encausados⁴ (GARCÍA BASALO, 1974). Ballvé y Duffy habían compartido en la redacción de la Revista de Policía un espacio de discusión de temas policiales, jurídicos y penitenciarios. Con el tiempo se convertirían en figuras decisivas en ambas instituciones y las modificarían significativamente.

José Luis Duffy, una aproximación a su trayectoria profesional

El pasaje de Duffy por la administración penitenciaria fue relativamente breve pero remarcable. Entre 1905 y 1910 –de los 29 a los 34 años– dirigió una de las cárceles más importantes del país, integró comisiones de reformas legislativas y carcelarias y fue ideólogo y gestor de experiencias inéditas en el ámbito penitenciario argentino. En el año inicial de su gestión inauguró la primera oficina de estudios médicos legales de las cárceles argentinas, formó la primera institución exclusiva para procesados, editó la primera publicación científica penitenciaria, la Revista Penitenciaria, y el primer periódico dirigido a los internos, Vida Nueva. A medida que se recorre su biografía, destaca su capacidad de resaltar en espacios disímiles; fue, sin duda, un conspicuo integrante del campo de la cultura científica porteña fin-de-siècle.Oscar Terán (2000, p. 9) sugirió el uso del término “cultura científica” en lugar de “positivismo”, ya que el primero resulta más abarcativo y permite incluir a algunos de los autores seleccionados que “no cumplen cabalmente el canon desarrollado desde Comte hasta Spencer”. Antes de llegar a la administración penitenciaria estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, fue periodista policial e integró la Comisión de Reformas Legislativas para reformar el Código Penal.⁵ Tras alejarse de las cárceles ejerció como docente en importantes colegios secundarios, fue síndico en la Sociedad Feit & Olivari Ltda. y, finalmente, periodista, profesión a la que dedicó casi tres décadas (La Nación, 4 de marzo de 1949)

José Luis Duffy nació en 1876 en Uruguay y fue el sexto de los ochos hijos de Bernardo Duffy (ca.1832-1885) e Inés Gándara, nacida en 1843 (PICCIRILLI; ROMAY; GIANELLO, 1954). Su padre era descendiente de los primeros irlandeses que llegaron a la Argentina y se había instalado con su esposa en Uruguay en la década de 1860. La familia regresó a la Argentina en la década de 1880 y algunos de los hermanos comenzaron estudios en la Universidad de Buenos Aires. Fue el caso de Ricardo, que se recibió de ingeniero en 1886 y de José Luis, que cursó “de manera brillante la carrera” de Derecho hasta que “un pequeño contraste” lo llevó a renunciar a su graduación (La Nación, 4 de marzo de 1949). A los 17 años, ingresó como escribiente en el Ministerio del Interior, que estaba a cargo de Wenceslao Escalante, durante la presidencia de Luis Sáenz Peña.⁶ Al poco tiempo fue designado subdirector de sección y permaneció en ese cargo hasta que renunció en enero de 1898 (BORA 2/8/93; BORA 1/2/98). En septiembre, con 22 años –siendo ministro del Interior Norberto Quirno Costa– comenzó a trabajar como auxiliar de secretaría de la Policía de la Capital y rápidamente se incorporó al equipo de redacción de la Revista de Policía, junto al abogado Ernesto J. Weigel Muñoz y el médico alemán Robert Lehmann-Nitsche (BORA 6/9/98).⁷

La Revista de Policía tuvo varias experiencias con intervalos de tiempo irregulares: 1871-1872; 1872-1877; 1882-1883 y 1888-1890. En 1897, comenzó una quinta etapa, bajo la dirección de Antonio Ballvé y José Cesario, que se extendió hasta 1939 (BARRY, 2016; GARCÍA FERRARI; GALEANO, 2016). En 1899, Duffy publicó su primer artículo (“Lugares y establecimientos nacionales”), un comentario bibliográfico sobre un texto de Antonio Ballvé y una crítica al proyecto de expulsión de extranjeros de Miguel Cané. Duffy fue un duro crítico del proyecto de Cané ya que, según sostuvo, el socialismo no era una amenaza, ni siquiera una mera posibilidad en la Argentina. En palabras del propio Duffy: “¿Contra qué peligros se dictará pues la Ley Cané…? ¿No caerá ella en el vacío? ¿No importará renovar la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento sin más resultado que cometer unas cuantas arbitrariedades?” (ALBORNOZ; GALEANO, 2016, p. 25). Parte de su producción escrita para la Revista de Policía –la relacionada con la modificación del Código Penal– fue publicada en 1904 en un volumen de 439 páginas titulado Estudios de Derecho Penal (Buenos Aires, Imprenta de la Policía). Se publicaron reseñas sobre su libro en la Revista de los tribunales y de Legislación Universal de Madrid (1904) y en la obra de Adolfo S. Carranza Régimen Carcelario Argentino (1909).

La permanencia de Duffy como funcionario de la policía coincidió con la jefatura de Francisco Julián Beazley (1896-1904), quien había sido subsecretario del Ministerio del Interior durante la presidencia de Luis Sáenz Peña (1893-1896).⁸ En junio, el presidente Roca designó a Beazley como interventor de la provincia de San Luis y Antonio Ballvé quedó interinamente a cargo de la jefatura de la Policía de la Capital.⁹ Algunos meses después, la llegada de Miguel Quintana a la presidencia de la Nación dio origen al encadenamiento de factores que contribuyó a la transformación de las principales cárceles de la Capital Federal.

Al mes de haber asumido la dirección del Asilo, Duffy propuso la creación de la OEML, la primera de su tipo en el país, ya que la célebre institución dirigida por Ingenieros sería creada dos años después en la Penitenciaría Nacional. La oficina se creó el 20 de mayo de 1905, bajo el reglamento redactado por Duffy y quedó a cargo de los médicos Eleodoro R. Giménez y Juan P. Raffo (BORA 22/5/05).¹⁰ Cuatro meses después –tan sólo siete meses después de haber asumido la dirección del establecimiento– vio la luz el número inaugural de la Revista Penitenciaria, primera publicación dedicada íntegramente al análisis penitenciario. En octubre se aprobó el reglamento para la Cárcel de Encausados redactado por Duffy. En noviembre elevó una nota para fundar un periódico para reclusos, Vida Nueva, inspirado en The Summary del Reformatorio de Elmira. Se convertiría también en el primer diario para penados del país Ese mismo mes se publicó el decreto de cambio de nombre del Asilo Correccional de Varones por el –más apropiado a sus fines– de Cárcel de Encausados (BORA 4/10/05; BORA 12/4/07).

Para enero de 1906 –a menos de un año de trabajar en la Cárcel de Encausados– Duffy ya era miembro de la Societé Genérale des Prisons de Paris y colaborador de la Revue Penitentiaire. Ese mes apareció el primer número de Vida Nueva que, al año siguiente, comenzó a ser remitido a todas las cárceles de la República. Ese mismo año tanto Duffy como Ballvé, los ungidos por Joaquín V. González para la reforma de las cárceles, impulsaron el primer Censo Carcelario nacional (BORA 12/4/07; BORA 21/4/07).¹¹ Por iniciativa de Duffy, el PEN decretó en febrero de 1906 la creación del Patronato Oficial, tentativa de escasos resultados. En octubre de 1906 se lo nombró secretario en la comisión del plan de construcción de cárceles nacionales (junto a Antonio Ballvé, Cornelio Moyano Gacitúa, Armando Claros, Catello Muratgia, Ramón Nieto Moreno, Carlos Altgelt y Miguel Olmos) para la preparación de un programa y planos (BORA 10/10/06).

Los primeros años de Duffy al frente de la Cárcel fueron de intensa actividad editorial ya que, además de la Revista Penitenciaria –que contiene una veintena de artículos e informes de su pluma– publicó el primer tomo de Informes Médico-legales (DUFFY, 1906), Los Reformatorios (DUFFY, 1907a), Cuestiones penales y penitenciarias (DUFFY, 1907b) y Establecimientos carcelarios (DUFFY, 1909).¹² En sus últimos años en la administración penitenciaria, el ministerio de Justicia resolvió que todos los presos correccionales se alojasen en la Cárcel de Encausados, como parte de un plan general destinado a desahogar la superpoblada Penitenciaria Nacional.¹³ En 1909 construyó los pabellones faltantes para completar el proyecto original de los arquitectos Altgelt y consiguió la aprobación del nuevo reglamento de la Cárcel de Encausados.¹⁴ Ese mismo año murió Ballvé.¹⁵ Al año siguiente participó en el III Congreso Internacional de Higiene Escolar celebrado en París y el primero de diciembre renunció a la Dirección de la Prisión Nacional por razones particulares. El resto de su vida, casi cuarenta años, los pasó alejado de cualquier vinculación con la administración directa de cárceles. En 1911 figura como colaborador en la Revista Argentina de Ciencias Políticas. En 1912 retomó sus funciones de secretario en la Comisión de Reformas del Código de Procedimientos (BORA 2/12/10; BORA 27/3/12). En 1913 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Código de Procedimientos Criminal elaborado por la Comisión. En agosto de 1913 renunció como director interino de Justicia (MEMORIA del Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, 1914, T. I, p. 559; BORA 1/9/13). Fue oficial mayor en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. En 1914 participó como “adherente” en el Congreso Penitenciario Nacional. Durante 22 años (1913-1935) fue asesor y director de la Liga de Defensa Comercial y fue síndico en la Sociedad Feit & Olivari Ltda, entre 1926 y 1930. (BORA 11/8/26). También que fue docente por muchos años en importantes colegios nacionales de la ciudad de Buenos Aires. Entre las pocas fuentes que atestiguan su paso por la docencia pueden citarse su paso por el Colegio Nacional Mariano Moreno como profesor de Historia Universal y de Letras (BORA 1/9/14 y 20/5/18). En la década de 1920 retomó su carrera periodística como redactor de La Prensa. Entre 1929-1949 fue Jefe de redacción de La Nación. Falleció el 27 de febrero de 1949 en la Capital Federal, a los 73 años y fue enterrado en el cementerio del Oeste.¹⁶

La Revista Penitenciaria y sus colaboradores. Entre discursos institucionales y cultura científica

La publicación en 1905 del primer número de la Revista Penitenciaria puede ser considerada el ingreso de los representantes de la “cultura científica” en las cárceles argentinas.¹⁷ Desde sus inicios, Duffy se propuso que la revista reflejase su labor frente a la Cárcel de Encausados y difundiese la labor de la OEML, “llamada a operar una verdadera innovación en el estudio de la delincuencia”. Los otros pilares institucionales serían la escuela –orientada a la “responsabilidad moral” y a la “educación de la voluntad”– y el trabajo –guiado por el principio: “a cada uno según su capacidad y su esfuerzo”. El enfoque científico, según quedó plasmado en el programa de la revista, respondía al hecho de que el conocimiento de la delincuencia y de la organización penitenciaria se hallaban en estado embrionario (RP, t. I, n. 1, p.1-3).

La revista se publicó desde septiembre de 1905 a septiembre de 1909, totalizando 10 volúmenes. Originalmente se anunció de aparición trimestral, en la segunda quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Más tarde cambió a bimestral, para volver a trimestral, aunque en ningún año se verificó la periodicidad propuesta. La publicación tuvo carácter oficial, siendo distribuida gratuitamente a ministerios, juzgados, directores de cárceles, prensa y revistas europeas. Al público se la ofrecía por suscripción adelantada en la librería del Sr. Augusto Galli, situada en Piedras 76 al precio de 4 pesos. Físicamente se presentó en octavo (16,5 por 26 cm.) con papel de mejor calidad en los primeros números y tapas de cartulina. La caja del texto era de 10 por 17 centímetros, empleaba la clásica tipografía Bodoni y fue tirada en la flamante máquina Marinoni del establecimiento.

La Tabla 1 presenta un listado de los diez volúmenes publicados, que totalizaron 2.441 páginas numeradas y 368 entradas, entre artículos, notas e informes. De las 368 entradas, poco menos de la mitad (170) corresponden a artículos firmados. Se trata de 74 informes médico-legales y 96 entradas sobre diversas temáticas. De esos artículos, la mayoría (67) fueron escritos por el personal de la Cárcel, mientras que 27 fueron escritos por funcionarios y académicos nacionales y extranjeros, principalmente de origen francés e italiano.

Tabla 1

Números de la Revista Penitenciaria

REVISTA PENITENCIARIA. Buenos Aires: 1905-1909.

Los cuatro primeros tomos, más voluminosos, se organizaron en torno a secciones fijas: Trabajos originales, Legislación, Régimen penitenciario, las distintas áreas de la Cárcel de Encausados –donde sobresalía la OEML–, Documentos y Sueltos. Esta estructura se fue diluyendo en los números posteriores hasta quedar perdida en la última entrega. Duffy permaneció en la dirección del establecimiento, convertido en Prisión Nacional, a partir de la aprobación de su reglamento en 1909, hasta 1910 (BORA 15-09-09). Con su partida cesó la aparición de la Revista Penitenciaria. Felipe Giménez, abogado santiagueño, se incorporó como redactor en el último número de la Revista. En la entrega final, en 1909, la Revista pasa a manos de la OEML, ya que los redactores pasan a ser los médicos de la Oficina (Giménez, Raffo, de Arenaza, Nogués y Oliverio) mientras que Duffy es mencionado en su carácter de fundador de la Revista.

Los primeros nueve números de la Revista fueron dirigidos por Duffy, acompañado por Jorge Fortunato Garrido y el médico Eleodoro R. Giménez, como secretarios de redacción. Duffy tenía tras de sí una prolífica producción escrita que continuó en la Revista Penitenciaria. Su discurso y sus prácticas concretas se manifestaron en sus escritos con claridad y fundamento, tanto en artículos como en sus informes oficiales, que suman una treintena en total. Sus críticas al Código Penal y a sus modificaciones –que había iniciado siendo un agudo redactor en la Revista de Policía– continuaron en la Revista Penitenciaria. Bajo su dirección, la revista no se limitó a la difusión apologética de un discurso institucional, sino que, además de presentar cuestiones relacionadas con la administración del establecimiento (reglamentación, peculio, aspectos contables, infraestructura, etc.) también se interesó por el análisis crítico de la jurisprudencia, del tratamiento de menores, de la federalización de las cárceles argentinas y de aspectos criminológicos, penológicos y penitenciarios en general.

Los temas referidos a la minoridad tuvieron amplia cabida en las páginas de la revista ya que se publicaron numerosos artículos sobre legislación y jurisprudencia argentina, aspectos psicológicos en general, la Colonia de Marcos Paz y otros establecimientos similares en Brasil y Estados Unidos. Se dedicaron varios artículos a la organización de tribunales para menores (EE.UU.), reglamentos (Italia) y legislación extranjera (Prusia). El Reglamento de los Reformatorios Nacionales de Italia, vigente desde el 31 de agosto de 1905, fue publicado en cuatro entregas, consta de 186 artículos al parecer traducidos por jurista Alberto Meyer Arana (1906). En la sección “Jurisprudencia” también se publicaron referencias a fallos vinculados a los casos de salud mental, dirigidos a resaltar la importancia y el uso que los magistrados hacían de los estudios médico-legales.

Sus páginas también reflejaron el panorama de cárceles provinciales, como es el caso de la Penitenciaría de Tucumán (RP, t. III-IV, 1906) y el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires (RP, t. VIII-IX, 1908). Otro aspecto sobresaliente tratado en la revista –y recurrente en la historia de las cárceles argentinas– es el relacionado con la federalización del sistema penitenciario nacional. En un suelto de julio de 1906 titulado “Federalización de las cárceles” (RP, t. IV, p. 390, 1906), la revista anticipó el Primer Censo Carcelario y le dio sentido. Allí presentó la idea del ex Ministro de Justicia, Joaquín V. González, de federalizar las cárceles de toda la República. Para que fuese llevada a la práctica, agregaban “sería conveniente solicitar de los gobiernos provinciales, un informe sobre el estado de los establecimientos carcelarios, distribución de los edificios, capacidad de los mismos y todos los demás datos que puedan contribuir a facilitar los estudios previos a la realización de la idea”. En septiembre de ese año el director de la Penitenciaría Nacional elevó una nota al ministro de Justicia proponiendo la realización del Censo Carcelario, que fue aprobado por el decreto del día 13 disponiendo su levantamiento el 31 de diciembre, dejando en evidencia el aporte de Duffy y Garrido al penitenciarismo nacional.

A cargo de la Alcaidía estuvo la publicación de estadísticas de la población penal alojada. Esto se verificó en los primeros números y sus anotaciones parciales, referidas principalmente a los ingresos y en algunos casos los egresos. El colectivo en un primer momento estuvo compuesto por menores condenados y procesados por actos delictivos y por aquellos puestos a disposición de los Defensores de Menores, depositados allí por sus padres o abandonados. Con el tiempo, como era la intención de Duffy, la población de la institución pasó a ser compuesta casi totalmente por mayores de edad, encausados y condenados a penas cortas.¹⁸

Asimismo, la revista publicó traducciones al español de artículos en francés o alemán. En algunos casos se aclaraba el nombre del traductor y en otros no, como es el caso de “Les Tribunaux spéciaux pour enfants”, aparecido originalmente en la Revue l’Enfant en 1906. Puede inferirse, por la confección de las notas, que la traducción fue realizada por Duffy (RP, t. III, p. 25-44, 1906). Entre las colaboraciones de extranjeros, pueden mencionarse las de los médicos legistas franceses Émile Laurent y Charles Vibert, del jurista español Pedro Dorado y del teólogo alemán Franz Meffert, entre otros. A pesar de que el positivismo italiano fue más resonante –al menos en la prensa de entonces y hoy en los análisis históricos–, la escuela francesa de Lyon tuvo cabida considerable en las páginas de la Revista Penitenciaria. Entre los artículos más destacados debe mencionarse el de Émile Laurent, médico legista e inspector de prisiones francés, titulado “La educación. Su influencia sobre las tendencias heredadas”. Se trata de un extracto de su libro Le criminel aux points de vue anthropologique, psychologique et social (1908), con prólogo de Alexandre Lacassagne. Junto a Lacassagne, Joly, Tarde, Guillot, Émile Laurent (1861-1904) fue uno de los más importantes representantes de la escuela francesa de Lyon. Sobre los testimonios en la justicia se reprodujo un trabajo del médico legista francés Charles Vibert (1854-1918) aparecido en Annales d'hygiène publique et de médecine légale bajo el título “Des témoignages en Justice” (1909). De Edouard Claparéde (1908) se incluyó un texto sobre psicología judicial, originalmente publicado en L’Année psychologique. Claparéde (1873-1940) fue un médico neurólogo y psicólogo suizo especializado en la memoria, la infancia y la educación de niños. Del jurista español Pedro Dorado Montero (1861-1919) se publicaron artículos sobre correccionalismo penal, reforma penitenciaria y las relaciones entre alcoholismo y delincuencia.

Jorge Fortunato Garrido, subdirector del establecimiento, estuvo encargado de los aspectos funcionales de las cárceles, ocupándose particularmente de las ubicadas en los Territorios Nacionales, para las cuales propuso un nuevo reglamento (1907). Garrido era un experimentado funcionario que se había iniciado en la justicia correntina y venía de ocupar durante siete años la dirección de la Cárcel Nacional de Resistencia. Luego de revistar en la Guardia Nacional de Corrientes fue diputado provincial (1890-1893), ejerció la profesión de periodista.

Los médicos integrantes de la OEML, además de sus informes, produjeron artículos relacionados con su especialidad. Otros asiduos colaboradores fueron el sacerdote mallorquín Andrés Pont Llodrá, los maestros Ulises Codino, Guido Riggi O'Dwyer y el contador de la cárcel Mario A. Mezzadra. Pont Llodrá (1861-1938), capellán de la cárcel desde 1905, provenía del catolicismo social e integró la Liga Democrática Cristiana con el padre Federico Grote, primer director de la Casa de Corrección de Menores Varones, introductor de los Círculos Católicos de Obreros y un precursor del pensamiento social de la Iglesia. Se ocupó, entre otros temas, de las mutualidades escolares y la educación popular. Asimismo, Pont Llodrá tradujo al español de artículo “Das Verbrechen, seine Ursachen und seine Bekämpfung” del teólogo alemán Franz Meffert (1868-1944), publicado originalmente en la revista Zeitschrift für die sozialen Fragen der Gegenwart. El artículo apareció bajó el título “El delito. Sus causas y sus remedios”, dividido en tres partes con un total de 96 páginas.

El maestro Ulises Codino, regente de la escuela de la cárcel, se graduó en 1892. Fue un pedagogo especializado en la enseñanza para ciegos, en la Revista escribió sobre educación en general y dirigió el periódico Vida Nueva, primero destinado a los reclusos publicado en Argentina. Preocupado no sólo por las necesidades literarias de los profesionales, Duffy concibió Vida Nueva como una forma de estimular el hábito lector en los recluidos. En la Revista Penitenciaria, los artículos de Codino dan cuenta del desarrollo del hebdomadario, así como de otros periódicos carcelarios que fueron surgiendo con el tiempo. El primer número de Vida Nueva apareció el 14 de enero de 1906 con una tirada de 400 ejemplares y desde abril de 1907 comenzó a ser distribuido en las cárceles de toda la República. En su contenido se encuentran textos sobre moral, poesía, higiene, historia e instructivos de reconocidos autores nacionales y extranjeros. También contaba con las reflexiones del capellán Pont Llodrá.

Riggi O'Dwyer, maestro de la institución desde 1901, estuvo a cargo de los informes sobre la marcha de los talleres. En ellos se trabajaba en imprenta y tipografía, escobería, zapatería, carpintería, alpargatería, jardín y huerta, sastrería y panadería además de los trabajos de mantenimiento de limpieza, pintura y albañilería. Duffy había dado precisas instrucciones sobre su manejo, particularmente en la contabilidad en los suministros, producción y pago del peculio a los internos. Mezzadra estuvo a cargo de los informes contables que aparecieron en la Revista Penitenciaria. Por la sección de Contaduría se informaron los movimientos de inversión de fondos, donde el director impuso un severo control, consiguiendo que la Contaduría General de la Nación los fiscalizara.

La Revista Penitenciaria tuvo una gran repercusión en ámbitos académicos y penitenciarios. El penalista Eusebio Gómez formuló elogiosos conceptos hacia la publicación y a su director. Expresó que la Revista venía a llenar una verdadera necesidad y que honraba “al país y así lo demuestra la sola lectura de sus propósitos: tender al ideal científico y humanitario” (GÓMEZ, 1908, p. 96-99). Numerosas revistas académicas locales y extranjeras se hicieron eco de la Revista Penitenciaria, entre ellas la Revista de la Universidad de Buenos Aires y Archivos de Pedagogía (1906) en la que su director, Víctor Mercante, expresó “la publicación dirigida por el señor José Luis Duffy, es, a no dudarlo, de las mejores en su género que se publican en Europa y América”. William Morris también se ocupó en las páginas de La Reforma de la Revista Penitenciaria y de la OEML. La prestigiosa Revue Penitentiaire publicada en París tuvo un nutrido intercambio con su similar de Buenos Aires. La pluma de su Secretario General, Henri Prudhomme, siempre atenta a las noticias argentinas, dio cuenta en repetidas ocasiones entre 1906 y 1910, de la Revista Penitenciaria, de Vida Nueva, de la Cárcel de Encausados y de José Luis Duffy. Tanto la Revista Penitenciaria como Vida Nueva fueron indexadas en el Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology de Chicago en 1910.

La Oficina de Estudios Médico-legales y la “organización científica” de la cárcel

Buena parte del contenido de la Revista Penitenciaria fue escrita desde la OEML “para organizar sobre bases científicas la Cárcel de Encausados”. En 1906, al prologar el primer –y único– volumen de Informes Médico-legales, José L. Duffy señaló la importancia de la oficina y destacó la “novedad y progreso” que constituyó su creación desde, al menos, cinco puntos de vista: la especialización de su misión; la extensión de los estudios a todos los detenidos; la sistematización de esos estudios; el “carácter imparcial” de la oficina (lo que evitaba “que los informes se conviertan en alegatos de las partes, como sucede, con perjuicio de la verdad científica, cuando los peritos son nombrados por los interesados”) y la misión de “que ningún encausado sea condenado sin previo informe médico-legal” (RP, t. III, p. 20-24, 1907). Pedro Dorado, en correspondencia dirigida a Duffy, le manifestó que según creía él, la OEML era “la única que haya sido organizada con el propósito que le sirve de base” (DUFFY, 1908, p. 33).

Como antecedente de la OEML cabe mencionar a la Sala de Observación de Alienados del Depósito de Contraventores “24 de Noviembre” dirigida por Francisco de Veyga desde fines de 1899.¹⁹ A partir de esta experiencia se generó un movimiento tendiente a implantar este tipo de estudios científicos con algunas iniciativas más o menos concretas. Por caso, en la memoria de la Penitenciaría Nacional de 1901, su director el coronel Rosendo Fraga, hizo notar la conveniencia que habría en crear, anexa a la dirección del establecimiento, una Oficina de Estadística con su sección Antropométrica Criminal, esbozando los fines de una y otra. En la memoria de 1902, Fraga insistió en resultaba un “sensible olvido” que la antropometría criminal funcionase en la Policía de la Capital y no así en la Penitenciaría Nacional. Por esa razón se ocupó de insistir ante el ministro de Justicia en su “más pronta y acertada organización”, lo que no sucedió por algunos años. Fraga agregó que la Secretaría de la Penitenciaría había comenzado a formar, con anotaciones hechas anteriormente y “sobre las bases aconsejadas por tratadistas y expertos”, un registro general de penados (MEMORIAS…, 1903, p. 163). En 1894 había existido un entredicho entre la dirección de la Penitenciaría Nacional y la Comisión de Cárceles y Casas de Corrección por la creación de una oficina antropométrica en ese establecimiento.

Otro caso, pendiente aún de estudio por la historiografía, es el de la Oficina Antropométrica del Presidio y Cárcel de Reincidentes de Ushuaia en Tierra del Fuego, creada por Catello Muratgia en 1901.²⁰ Federico Bonnet afirmó que la Oficina Antropométrica y de Estudios Psicológicos comenzó a funcionar en mayo de 1905 (BONNET, 1973, p. 118). Muratgia describe el empleo de un juego de “planillas características” -perfeccionando el sistema del estudio antropológico “para el procedimiento reformatorio”- que contenían datos antropométricos, de antecedentes familiares, de comportamiento en las actividades del penal, de carácter, agregándose posteriormente la ficha dactiloscópica. En el informe fechado el 2 de agosto de 1904 el Inspector Viajero, Ramón Nieto Moreno, relató que había

[…] “comprobado con placer que la Dirección con una prudente anterioridad remite a la Policía de la Capital una nómina de los presos que están por concluir sus condenas acompañada de la planilla antropométrica, retrato y observaciones psicológicas que deben ser de suma utilidad para la Policía”. Los modelos de planillas fueron reproducidos (MURATGIA,1910, p. 56-57).

También el anterior director del Asilo de Reforma de Menores Varones, el profesor Adolfo Vidal, en su informe de 1904, propuso la iniciación de “aquellos trabajos y observaciones de psicología, de fisiología y de antropometría que más directa e inmediatamente pueden ser utilizados en la obra educativa del niño culpable, imperfecto o anormal” para lo cual solicitó el nombramiento de otro médico (MEMORIAS…, 1904, p. 553-554). Esto debía ya estar en la mente del ministro de Justicia a cargo, Joaquín V. González, que una semana antes había nombrado a Eleodoro Giménez con esa finalidad. Vidal no pudo consolidar la oficina, pues renunció al cargo en enero del año siguiente, lo que dio paso a la feliz designación de José L. Duffy. Por su parte, el afamado Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional comenzó a funcionar el 20 de junio de 1907, cuando fue reglamentado. Si bien estos organismos tenían por función el estudio científico del delincuente, existieron diferencias en cuanto a sus objetivos. Por caso, De Veyga estudió a contraventores con fines pedagógicos en busca de alienados mientras que la OEML realizaba su trabajo sobre prevenidos, a los efectos de permitir individualizar las sentencias judiciales. Por otra parte, las experiencias de Ushuaia y de la Penitenciaría Nacional buscaban individualizar la sanción ejecutiva de los penados en orden al cumplimiento de las condenas. Si bien la historiografía atribuye al Instituto de Criminología haber iniciado el estudio científico del delincuente a nivel mundial,²¹ esto no significó una ruptura respecto de las prácticas preexistentes sino más bien una continuidad de acciones previas desarrolladas en otros institutos.

El decreto del 20 de mayo de 1905 no solo creó la OEML, también aprobó el reglamento proyectado por Duffy y dispuso que los estudios fuesen realizados por los doctores Giménez y Raffo. En el artículo 2° del reglamento se estableció la formación de prontuarios en los que constasen las huellas digitales, delitos, antecedentes familiares, carácter, originalidades, instrucción y demás datos necesarios para el examen del procesado. Días más tarde, Duffy redactó las directivas internas de la OEML en las que fijó, entre los objetivos de los estudios, “preparar el terreno para […] la condenación condicional” de manera que “llegado al momento de la condena, sea remitido al establecimiento penitenciario respectivo, con todos los antecedentes indispensables para una acertada y rápida clasificación”, así como también “demostrar la necesidad de crear ciertos establecimientos especiales”. A continuación, Duffy dirigió precisas instrucciones al regente de la escuela, a los celadores y sus jefes, al capellán y al alcaide de la información a recabar para ser remitida a la OEML (RP, t. I, p. 32-36, 1905). Estos conceptos ponen de relieve el amplio y avanzado criterio penitenciario de Duffy, quien trabajó, a lo largo de cinco años, con seis médicos que conformarían el equipo de trabajo de la OEML. De ellos tres eran mayores que Duffy: Eleodoro Rosendo Giménez (n. 1864), director del cuerpo médico y Juan Pablo Raffo (1866-1943), director de la oficina de antropometría y “uno de los pioneros no reconocidos del diagnóstico criminológico en Argentina” (GARCÍA BASALO; CAMPHERCHIOLI MASCIOTRA, 1983, p. 4) y Guillermo Aubone (1859-1928), que fue el último en incorporarse al equipo, en el año 1910.

Giménez, oriundo de La Rioja, había estudiado medicina en la Universidad de Buenos Aires con Francisco de Veyga y fue practicante en la Penitenciaría Nacional mientras cursaba el cuarto año en la Facultad de Ciencias Médicas en 1887. Finalmente se graduó en 1891 en la Universidad de Córdoba. Prestó servicios en el Departamento Nacional de Higiene y como infectólogo tuvo actuación, médica y política, en Córdoba y en La Rioja. Había sido nombrado en el establecimiento con anterioridad a Duffy, en julio de 1904, por el ministro Joaquín V. González con el encargo de organizar y dirigir una oficina de estudios antropológicos. Giménez se desempeñó en su puesto más de dos décadas, hasta 1925.

El Dr. Raffo, nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se graduó en Buenos Aires en 1892, con una tesis titulada “Resección del astrágalo”, fue practicante en el Hospital Rawson e ingresó como médico en la entonces Casa de Corrección de Menores Varones el 1º de enero de 1901. Prestó servicios hasta su jubilación en septiembre de 1921. En su carácter de jefe del servicio médico del establecimiento, Juan Pablo Raffo preparó un reglamento específico para el área que fue publicado en la Revista Penitenciaria e informó periódicamente de la situación sanitaria del establecimiento (RP, t.I, p.200-201, 1905). Entre los factores analizados en sus informes, el estudio del peso de los menores al ingresar y egresar del establecimiento arrojó que, al egresar –en general–, habían experimentado un aumento de peso.

El mayor de todos, Aubone, era sanjuanino y obtuvo su diploma en Buenos Aires en 1885 con una tesis sobre “El glaucomal primitivo agudo”. Fue un destacado oculista, prestó servicios en el Hospital Rawson y fue vocal del Consejo de Higiene, entre otras ocupaciones. Los otros tres médicos pertenecían a la misma generación de Duffy y eran jóvenes profesionales, recientemente graduados: Carlos de Arenaza (1874-1956) y Julio Gastón Nogués (1879-1956), designados en 1905, y Alfredo Eduardo Oliverio (1878-1931), nombrado en 1909. Arenaza se graduó en 1900 con una tesis sobre “Intoxicación por el alcohol desnaturalizado”, fue médico de la Policía de la Capital (1901-1919) e integró la OEML hasta 1917. Posteriormente se dedicó al estudio de los problemas de la infancia abandonada y antisocial, donde ocupó destacados cargos relacionados con esa temática. Nogués se graduó en 1904 con una tesis titulada “Tratamiento de la agitación e insomnio en los alienados”. Además de su trabajo en la OEML también estaba a cargo del Pabellón Eguía en el Hospital Nacional de Alienadas, donde años después ocupó el cargo de director. Oliverio, oriundo de Entre Ríos, se graduó en 1900, el mismo año que Arenaza, Helvio Fernández y José Ingenieros, una camada de médicos más que interesante. Siendo médico cirujano, ingresó a la Policía de la Capital en enero de 1906 y fue miembro de la Sociedad Científica Argentina (1907). Posteriormente fue diplomático, ocupó el consulado en París (1921-1926), fue delegado argentino ante la Cruz Roja y cónsul general en Francia. Falleció en Génova en 1931.

En sus inicios, la OEML estuvo a cargo de los médicos más experimentados, Giménez y Raffo. El volumen de la tarea a desarrollar determinó que en 1905 fueran incorporados dos profesionales más: Nogués y Arenaza. En 1909 se sumó a Oliverio y en 1910 a Aubone. Los primeros informes publicados por la OEML fueron firmados por Giménez, Raffo y Julio Gastón Nogués. Al incorporarse Arenaza, la oficina se dividió en dos secciones, una a cargo de Raffo y Arenaza y otra a cargo de Giménez y Nogués (RP, t.1, p.125, 1905). Como se anunciara en el programa de la Revista Penitenciaria, su corazón estuvo en los informes médico-legales, los cuales eran prioridad para Duffy. De hecho, la confección de informes antecedió algunos días a la creación oficial de la OEML: el primer informe (“el caso del menor epiléptico L. S.”), ordenado por Duffy, fue firmado por Giménez y Raffo el 10 de mayo de 1905. Ni bien se publicó el decreto de creación de la OEML, los jueces comenzaron a solicitar sus informes.

La estructura de los documentos consistía en las siguientes secciones: informes de la subdirección, de la alcaidía, del capellán y del rector de la escuela, a los que se agregaba el informe médico-legal con la historia familiar, antecedentes personales, examen físico, examen psíquico, el delito y las conclusiones de los profesionales. En 1907, Raffo creó y presentó el Cuaderno Médico Psicológico a fin de normalizar, facilitar y ordenar la recopilación de la información y subsanar la dispersión informativa de la que adolecía el cúmulo de informes redactados (RP, t. IV, p. 31-53, 1908). José Ingenieros, al referirse a este instrumento, lo consideró ordenado, sistemático y completo, añadiendo que descreía que oficinas extranjeras similares los tuvieran más detallados. Sin embargo, cuestionó los espacios tipográficos, que juzgó excesivos, y la cantidad de preguntas, que de hacerse en general podrían reducir a 6 u 8 las 18 páginas del Cuaderno, sin por ello omitir dato alguno (INGENIEROS, 1907a) Aunque la posterior celebridad del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional acabaría dejando a la OEML en un segundo plano, en sus orígenes, existió cierta rivalidad entre ambas instituciones científicas. Ignorando completamente a la OEML, Ingenieros (1907b, p. 6) manifestó que su Instituto fue el primero esa naturaleza. Sin entrar en ese debate, de lo que no cabe duda es del empeño puesto por Ingenieros en difundir la labor de su Instituto e instalar la idea de su originalidad. Incluso antes de que comenzara a funcionar, sostuvo en Archivos de Psiquiatría que “completada su instalación y organizados debidamente los trabajos que le corresponden, será el primer organismo oficial de esa naturaleza” (INGENIEROS, 1907a, p. 257). En septiembre de 1907 remitió al Congreso Internacional de Psiquiatría, Neurología, Psicología y Asistencia a los Alienados (Ámsterdam) una comunicación titulada “Fondation de l’Institut de criminologie” consignando “[…] qui est le premier organisme officiel de ce genre” (INGENIEROS, 1908, p. 532). Una mención adicional apareció en noviembre de mismo año en La Semaine Médicale de Paris, en un artículo en el que Ingenieros volvió a insistir en la idea.²² El menosprecio de la OEML llevó a Eleodoro Giménez a responder, en un tiro por elevación a Ingenieros, describiendo el nacimiento de la OEML en términos contundentes sobre su originalidad e importancia:

[…] el primer paso dado en este sentido, como era de rigor, fue la organización de un gabinete de estudios médico legales […] Además, quien se tome la molestia de leer el presente trabajo, se convencerá de que la orientación que se le piensa dar al nuevo Instituto [de Criminología], está perfectamente encuadrada dentro de los límites sociológicos, psicológicos y clínicos que hemos dado a nuestros estudios desde la fundación de la Oficina, con la única diferencia de que nosotros estudiamos a los encausados adultos y a los menores encausados y penados, y el reciente Instituto estudiará a los adultos condenados a presidio y penitenciaría.

La simple lectura de nuestro ‘Cuaderno Médico-Psicológico’, que al final de este informe publicamos, redactado por esta Oficina y aprobado por la Dirección de la Cárcel, será la prueba más elocuente de que el primer gabinete de estudios médico legales creado en nuestro país de acuerdo con los modernos conceptos de la psiquiatría y de la criminología, fue en este Establecimiento bajo su inteligente y proficua dirección (RP, t. IV, p. 9, 1908).

En el Tomo IV se anunció la publicación de un volumen suplementario con los estudios completos, que por cuestiones de extensión no resultaba posible incluirlos en la revista. De los tres volúmenes que se estimaron sólo se publicó el primero a cargo de Giménez, con la colaboración de los demás médicos de la Oficina. A partir del Tomo IV se agregó, junto con los informes, la parte pertinente de la sentencia que los alude, correspondiendo a esta modalidad 22 de ellos. Las planillas de los 248 informes publicadas en el Tomo IX incluyeron la sentencia respectiva de cada caso, indicando la resolución judicial, v.gr.: el término de la condena, el sobreseimiento, etc. En ese mismo tomo se publicó un exhaustivo artículo de Giménez acompañado del modelo de cuaderno elaborado por Raffo, de un análisis estadístico de sus resultados y del listado de los estudios realizados entre el 20 de mayo de 1905 y el 31 de diciembre de 1907. Las nueve planillas consignan: número de orden, iniciales del nombre, edad, nacionalidad, profesión, antecedentes familiares, antecedentes personales, delito, reincidencia, las conclusiones y el fallo judicial. El alcoholismo fue considerado causal dado que, sobre 248 estudios, 132 habían llegado al delito por el cual se les procesaba bajo la influencia del alcohol (INSTITUTO…, 1914, p. 221). Se publicaron en la revista un total de 74 informes (64 realizados a menores) con un promedio de 15 páginas en los primeros números, que descendió a la mitad en los últimos. De los 74 informes publicados, 46 llevan la firma de Raffo, otros tantos la de Nogués, 44 la de Giménez, 27 la de Arenaza y dos la de Oliverio. A ellos cabe agregar otros 26 incluidos en el Tomo 1 de Informes Médico-legales (1906), lo cual completa un total de 100 informes publicados por la OEML.

La conformación de un equipo de escritores al servicio de una cultura cientificista. Reflexiones a modo de conclusión

En 1914, casi una década después de fundada la Revista Penitenciaria y la OEML, el Congreso Penitenciario Nacional reunido en Buenos Aires recomendó la inclusión, como norma legal, del examen psiquiátrico de todos los encausados durante el período de instrucción por constituir “un progreso en la ciencia penal”. De aquel congreso participaron Oliverio, Arenaza y Giménez, como así también Fortunato Garrido, quien presentó diversas notas referidas a las cárceles de los Territorios Nacionales, que versaron sobre el estado de los establecimientos, su organización y reglamentación. Un lustro después del alejamiento de Duffy de la dirección de la Cárcel, continuaba funcionando un verdadero equipo modelador y difusor de los principios cientificistas, de ambiciones federales, en los que él fervorosamente había creído.

A las excepcionales condiciones profesionales de Duffy hay que agregar las del calificado equipo que él contribuyó a formar y que lo acompañó, tanto en la Revista Penitenciaria como en la OEML y en la gestión del establecimiento en general. Al alejarse de la dirección, podría haber considerado que sus objetivos habían sido largamente cumplidos. La Cárcel no sólo elaboraba estudios de los procesados para que los jueces dictaran su sentencia con esos antecedentes sino también para considerarlos bajo la faz administrativa en la ejecución penal. Para ello dispuso que se los practicara también a los penados, lo que lo llevó a una postura pionera en el país acerca de la individualización de la pena. Su posición se evidenció cuando sostuvo que “hasta la fecha la ley no ha visto sino el crimen, aplicando penas abstractas, sin ocuparse del criminal” (RP, t. 1, p. 32-36, 1905). Asimismo, y aunque Ingenieros sostuviera lo contrario, la OEML instituida por Duffy antecedió al Instituto de Criminología como organismo abocado al “estudio científico de la delincuencia”. Freidenraij (2011) señaló la relegación historiográfica de la OEML y destacó su importancia, no sólo por la voluminosa producción de informes sino también por “su carácter vanguardista en el sentido de haber precedido en el tiempo a todos los ensayos positivistas que aspiraban a captar la naturaleza del delincuente”. Es probable que la prevalencia del Instituto de Criminología en la historiografía se deba –además del empeño puesto por Ingenieros en su difusión– a su ubicación dentro de la Penitenciaria Nacional, de mayor visibilidad que la Cárcel de Encausados y a su continuidad en el tiempo ya que, mientras la OEML no sobrevivió a la década de 1920 el Instituto de Criminología continuó activo hasta el 27 de julio de 1934, en que por disposición de la ley 11.833 de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena dejó de depender de la Penitenciaría Nacional y con el nombre de Instituto de Clasificación pasó a la órbita de la Dirección General de Institutos Penales con un alcance mayor al que ostentaba (ARGENTINA, 1933).

La Revista Penitenciaria fue, al mismo tiempo, el vehículo para la conformación de un equipo de especialistas al servicio de una cultura cientificista y la tribuna de Duffy para difundir su idea fija: la necesidad de realizar informes médico-legales como condición previa a la condena y como acompañamiento en la ejecución. Aunque Duffy también se interesó por las ideas foráneas, mostró una originalidad singular en su pensamiento penitenciario, debido a su postura cientificista sin precedentes, su empeño en la formación de un equipo, de un vehículo de sus ideas y por su interés en modificar las reglamentaciones y políticas penitenciarias nacionales al impulsar la realización del primer censo carcelario que mostró, por primera vez de manera simultánea, las diversas situaciones de las prisiones de las provincias y Territorios Nacionales de la República. Sin duda resta aún mucho camino en la construcción de una prosopografía de los orígenes de la administración penitenciaria argentina, pero hay cierto grado de certeza en las huellas a seguir.

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Notas

Notas de autor

Enlace alternativo

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