Las “Marchas del Silencio” en Uruguay se han convertido en una de las principales expresiones multitudinarias vinculadas a la conmemoración y reivindicación de memoria del pasado reciente en el país.

Estas marchas son también una invitación a la reflexión sobre el sentido y significado otorgado al/a los silencio/s en los años transcurridos desde la reapertura democrática en Uruguay (1985). Se trata de un fenómeno que dialoga también con diversos procesos de reivindicación memorial que se vienen dando en el mundo y en la región desde los últimos 50 años.

Las “Marchas del Silencio” se realizan de forma ininterrumpida todos los 20 de mayo desde su inicio, en el año 1996. La fecha elegida es por el día en que aparecieron asesinados Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, y Rosario Barredo en Buenos Aires (en 1976)^[1]. Se trata de una iniciativa que surgió desde la sociedad civil organizada, respondiendo a las denuncias realizadas por diversas agrupaciones desde que ocurrieron las desapariciones durante la dictadura y, lógicamente, continuaron haciéndolo después. Actualmente, es a través de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos que se organiza y lidera el proceso de la marcha, así como de otras actividades que involucran el desaparecimiento de personas y la defensa a los derechos humanos. Desde la reapertura democrática, buscaron y continúan buscando por todas las vías obtener información (conocer la verdad sobre esas desapariciones) y ejercer justicia, o sea la “reparación total”, como dicen varios de sus integrantes. El eje de las marcha es saber dónde están los desaparecidos, “pero incluye todos los delitos de lesa humanidad de esa época que aún se mantienen” (ZAFFARONI, 2020, información verbal).

Las marchas se realizan en estricto silencio por la principal avenida de la capital (18 de Julio), sin portar emblemas, banderas, o mensajes político-partidarios, constituyendo una de las principales movilizaciones masivas del país. Si bien comenzó en Montevideo, fue creciendo: en el número de participantes y en la cantidad de ciudades del interior del país y del exterior que adhieren a la convocatoria, realizando también la marcha desde sus localidades y/o promoviendo diversas actividades sobre ese asunto ese día.

Asimismo, esta manifestación que comenzó como un reclamo masivo por saber el destino de los desaparecidos durante la última dictadura del Uruguay (1973-1984), se ha extendido hacia otras reivindicaciones memoriales y de defensa de los derechos humanos que exceden la propuesta inicial. La gran consigna que unifica todas las marchas y los movimientos en este sentido, es “memoria, verdad, justicia y nunca más”. Memoria en su sentido informativo, de dar a conocer, de no olvidar lo sucedido, de servir de toma de consciencia para evitar la repetición de esos hechos. Verdad, conocer el paradero y tener información certera de lo sucedido con los 197 desaparecidos durante la dictadura uruguaya y “oficialmente” reconocidos (al momento)^[2]. Justicia, poder juzgar a los responsables (directos e indirectos) de esos crímenes de lesa humanidad. Y nunca más al terrorismo de Estado. Es decir, generar garantías de no repetición de esos hechos.

Las “Marchas del Silencio” representan, entre tantos otros ejemplos, uno muy destacado de reivindicación memorial y al mismo tiempo conmemora, en el sentido de recordar y recuperar, pero también reconstruir y resignificar en el presente, algo ocurrido en el pasado. En este caso recordar, recuperar y resignificar la trayectoria de los colectivos que luchan por mantener viva la memoria de los episodios ocurridos durante el terrorismo de Estado, y en particular de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que, con su actuación, condensan esa lucha por la búsqueda por la verdad sobre lo sucedido a sus familiares desaparecidos durante la última dictadura, exigiendo al mismo tiempo justicia.

Con el transcurso de los años, dejó de ser un pequeño grupo que marchaba en reclamo por una causa que inicialmente no tenía tanta adhesión, pasando a ocupar un lugar destacado –si no el principal– en lo que respecta a las reivindicaciones de memoria vinculada al pasado reciente de la sociedad civil organizada en el Uruguay. Si bien varios de los convocantes entienden que el Estado no ha realizado lo suficiente, y alzan su voz para exigir verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado, ese día prefieren manifestarse en silencio, pues para la gran mayoría es un arma de lucha. La marcha no parece parar, pero podría caminar hacia el olvido si sus voces no son escuchadas, si la verdad y justicia en relación a las desapariciones durante la dictadura no se ejerce, si la memoria como manifestación de episodios vividos por una sociedad en determinado momento y determinadas circunstancias se borrara (SOSA, 2019, p. 87).

Lejos de eso, todo indica que a través de “nuevas” propuestas de otros colectivos, como las que vienen realizando el equipo de fotógrafos de “Imágenes del Silencio”, han fortalecido y contribuido inmensamente a la consolidación no solo del proceso de las marchas en sí, sino especialmente a “mantener viva la memoria” de las víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay, a través de las imágenes. Imágenes estas que han hecho circular por medio de diversas actividades de autoría de ese grupo. Las diferentes iniciativas que han desarrollado en ese sentido buscan fortalecer la memoria de los desaparecidos, al mismo tiempo que se unen a los reclamos de verdad y justicia, así como la defensa a los derechos humanos. Junto a la reivindicación, surge también la conmemoración. En palabras de uno de sus integrantes: “el proyecto nace de las ganas de conmemorar en el año 2015 los 20 años de las Marchas del Silencio” (GÓMEZ, 2020, información verbal). A través de tres proyectos desarrollados hasta el momento ‒“Imágenes del silencio: 20 años de marchas”; “Imágenes del silencio: a 50 años del asesinato de Líber Arce”; e “Imágenes del silencio: 196 abrazos contra el olvido”‒, el mencionado equipo entiende “que las fotografías ayudan a que tomen consciencia [...] el que no haya nunca más terrorismo de Estado, no es una tarea de las Madres, no es una tarea de los familiares solamente” (BALDUVINO, 2020, información verbal). Sostienen que su labor a través de esas diferentes propuestas artísticas/fotográficas es una contribución a la memoria y a la toma de consciencia sobre lo ocurrido, una forma de compromiso con los derechos humanos, “una militancia a través de la fotografía” (GÓMEZ, 2020, información verbal).

En ese sentido, la fotografía, entre los múltiples medios utilizados con función memorial o de evocación, presenta una característica inherente de soporte de memoria cuyo potencial se demostrará en las propuestas que el equipo viene realizando. Esos retratos de los uruguayos detenidos desaparecidos que originalmente se produjeron para su uso privado, para la recordación o identificación, al comenzar –años después– a circular en manifestaciones públicas se transformaron en dispositivos potentes que se resignifican constantemente por medio de las diferentes actividades propuestas por los actores sociales, convirtiéndose en símbolo e instrumento de resistencia y lucha. Es decir, se le ha otorgado un nuevo uso a esos retratos a través de iniciativas creativas o “poéticas de la memoria” realizadas en el presente a partir de los mismos. A su vez, esos retratos que eran objetos de recordación familiar o identificación documental e indicaban la existencia del individuo, años más tarde, cuando esas personas retratadas desaparecieron, pasan a ser representados en su condición opuesta, la de quien ya no está porque desapareció en manos de agentes del Estado (CATELA, 2012). O sea, tendrán una función opuesta: simbolizar la ausencia.

Asimismo, esos retratos, al circular en el ámbito público, sirviendo de denuncia y conmemoración, trascienden no sólo la función original (la que los generó), sino las propias propuestas de los actores sociales, como se demostrará a continuación con los impactos que generaron los proyectos del equipo de “Imágenes del Silencio”.

Volviendo a las marchas del silencio, es por medio de ese marchar en silencio que se acciona la memoria año tras año (recordando las ausencias de esos familiares y amigos desaparecidos durante la dictadura), exigiendo al Estado y a sus gobernantes un compromiso con la búsqueda de la verdad sobre esas desapariciones, para que a partir de allí se ejerza justicia. En otras palabras, reivindican “la reparación total a las víctimas” (reparación esta que incluye verdad, justicia y garantías de no repetición)^[3].

Estas movilizaciones, a su vez, contribuyen con lo que se entiende forma parte de un proceso de patrimonialización (considerado como herencia, como legado de una generación a otras) de memorias dolorosas que tienen su expresión materializada en determinados lugares, y así adquieren nuevos significados y valoraciones (SOSA; FERREIRA, 2014). Esas expresiones se materializan en el territorio a través de diversas “marcas de memoria” (placas conmemorativas in situ), memoriales, museos de la memoria, entre otras y se han visto fortalecidas en los últimos años a través de diversas políticas públicas de memoria que el Estado uruguayo ha impulsado.

De este modo, se busca analizar las formas en que la conmemoración/reivindicación en torno a las “Marchas del Silencio” han posicionado las memorias dolorosas vinculadas a la última dictadura en Uruguay y de qué manera estas son reapropiadas por las generaciones más jóvenes que no han tenido un vínculo directo con los hechos reivindicados.

Las Marchas del Silencio y su historia

Las dictaduras de los años 1960, 1970 y 1980 ocurridas en América Latina representan un período de violación sistemática a los derechos humanos por parte de los gobiernos de los Estados dictatoriales. Esos acontecimientos vienen siendo denunciados por las distintas organizaciones y la sociedad civil en su conjunto. Los familiares de detenidos desaparecidos lo han hecho insistentemente desde que sucedieron los hechos.

Los antecedentes de esta asociación remontan a la década de 1970, cuando comenzaron las denuncias y los pedidos de investigación por parte de los familiares de uruguayos detenidos desaparecidos tanto en Uruguay como en Argentina. El grupo se consolidó en 1983, “a partir de la unión de tres vertientes de familiares de desaparecidos: Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982” (MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, 2020).

Ni bien se produjeron las desapariciones, los familiares procuraron conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos, hermanos, esposas/os y padres, realizando denuncias en el ámbito nacional e internacional y divulgando la situación en todos los medios en los que les fue posible, arriesgándose en un contexto dictatorial que les infundía miedo, les negaba información y actuaba a través de su aparato represivo para detener esas búsquedas.

A modo de ejemplo entre los numerosos sentimientos que provocó en los directamente afectados por esas desapariciones, el testimonio de Ignacio Errandonea (hermano de un uruguayo detenido desaparecido en Argentina) es contundente: comentó que al principio les costó tomar consciencia que se trataba de una desaparición forzada, puesto que era común que toda persona detenida se la mantuviera “desaparecida unos días, semanas o meses y esperabas que apareciera”, de ahí que “a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de lo que implicaba la desaparición de personas y empezamos a difundirlo” (SOBRE …, 20 mayo 2016). En esos momentos era prácticamente imposible denunciar lo sucedido. La angustia de aquellas madres y los familiares que iban y van una y otra vez a preguntar por sus “desaparecidos” a diferentes organismos policiales y militares es recordada por Milka González (madre de un uruguayo desparecido en Buenos Aires en 1976) con dolor e indignación: “uno sigue con la esperanza esa de no irse sin saber algo, mi esposo ya se fue... hace tres años, sin saber...”. Hoy tiene 92 años y no cesa de marchar y exigir respuestas por la desaparición de su hijo. En entrevista concedida a la autora se preguntaba: “¿Dónde están? Porque en algún lado están. [...] A mí por lo menos me ha llevado la vida” (GONZÁLEZ, 2015, información verbal).

En preparación de la marcha No. 20, en 2015, el Semanario Brecha se refería a Luisa Cuesta, una de las madres que se transformó en ícono y ejemplo de persistencia en la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido con su hijo desaparecido (y que murió sin obtenerla), de la siguiente manera:

El peligro que Luisa encarna es el símbolo en el que se convirtió sin quererlo. Parca, dura en la palabra mientras quiso hablar, inquebrantable en la lucha por su hijo y por todos los hijos, padres, hermanos, compañeros. Tan peligrosa como el resto de esas viejas con las que la democracia sigue teniendo hoy una enorme deuda.

“Con lo posible no llegamos. Yo tengo muy claro lo que nosotros vamos a hacer: seguir en la lucha. Seguir en la lucha hasta que todo sea aclarado y tengamos toda la verdad. Para mí la importancia de esto es la verdad de principio a fin”, dijo Luisa en su última entrevista pública (CASABLANCA, 2015).

Las denuncias de torturas y muertes en reparticiones militares fueron realizadas incluso antes del comienzo de la dictadura en el país, desde la década de 1960. Por esta razón, surgió el “Comité de Familiares de Presos Políticos”, cuya finalidad fue delatar la tortura, apoyar material y moralmente a los presos y reclamar su libertad. Según Carmen Midaglia (1992), durante la dictadura se formaron asociaciones de familiares de “detenidos-desaparecidos” (1977) y luego de “procesados por la Justicia Militar” (1982), así como también organismos de “derechos humanos” como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), en 1981.

A la salida de la dictadura, en 1985, se produjo una intensificación de las denuncias, se creó la Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, que actuó de abril a noviembre de ese año. “La Comisión recibió 33 denuncias de desapariciones en Uruguay, siendo 24 considerados como desaparecidos. Sobre desapariciones fuera de Uruguay, la Comisión tuvo 132 denuncias: 127 ocurridas en Argentina, 3 en Chile y 2 en Paraguay” (ALLIER, 2015, p. 135). A pesar de ello, no se señaló los responsables de esas desapariciones ni la localización de los cuerpos, por lo que los organismos de defensa de derechos humanos y algunos partidos políticos no quedaron satisfechos con esos resultados de la Comisión. Se creó además la Comisión Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, que trabajó de 1985 a 1987, y cuyo informe final ofreció abundante material documental y testimonial, pero no brindó nombres o pruebas para la realización de una acusación concreta^[4].

En este contexto, comenzó un debate sobre el juzgamiento de los militares, y así hacia “diciembre de 1986, los tribunales de justicia investigaban más de 700 casos de violaciones de derechos humanos” (ALLIER, 2015, p. 135). La situación se fue polarizando, por lo que miembros del Partido Nacional presentaron el 17 de diciembre el proyecto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley No. 15.848)^[5], que ponía fin a los procesos en curso y al ejercicio de la pretensión punitiva del Estado frente a militares y policías. La ley fue aprobada por la Cámara de Senadores y Diputados y promulgada por el Presidente. Con la aprobación de esta ley, surgió un movimiento popular liderado por 3 mujeres con vínculos directos con desaparecidos políticos: las viudas de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (2 parlamentarios), y la abuela de la niña desaparecida Mariana Zaffaroni. El 28 de enero de 1987, se conformó la Comisión Nacional Pro-Referéndum, que a diciembre de 1988 obtuvo las firmas necesarias para su realización. Dicho referéndum para derogar la norma, se votó el 16 de abril de 1989 y resultó negativo (PORRINI, 2006, p. 202). “Estos resultados pusieron, aparentemente, un punto final al debate de cuatro años sobre la pertinencia de juzgar a los militares y policías de la dictadura” (ALLIER, 2015, p. 135). Pero, al mismo tiempo, generó mucha angustia y decepción por parte de todos quienes habían trabajado en la recolección de firmas y en la concientización a la población. En ese mismo año, el SERPAJ emitió el Informe “Uruguay Nunca Más”, en el que sostenía:

No podemos sumar a los errores del pasado y sus consecuencias la ingenua creencia de que sin tocar esta herida purulenta que viene del proceso anterior consolidaremos el Estado de Derecho. La consolidación institucional y democrática a la que todos aspiramos luego de la ruptura tan traumática de todo el edificio social y legal, pasa por restablecer la actitud ética en todos sus niveles y en todas sus instituciones (SERPAJ, 1989, p. 4).

Entre 1986 y 2004, los sucesivos gobiernos no aplicaron el artículo 4º de la Ley de Caducidad^[6], que permitiría investigar casos de crímenes y desapariciones no comprendidas en la “caducidad”. En informe publicado por la Comisión Internacional de Juristas en 2015 se sostenía que la “Ley 15.848 conllevó la más absoluta impunidad para los violadores de los derechos humanos”, refiriéndose de la siguiente manera sobre los procedimientos de la misma:

Sin importar el horror del crimen o el número de delitos cometidos, los Jueces Letrados de lo Penal (civiles) debían obligatoriamente consultar al Poder Ejecutivo sobre si las causas que tramitaban estaban o no comprendidas en los alcances de la ley. En un plazo de 30 días el Poder Ejecutivo contestaba, y si lo hacía afirmativamente, el proceso o la causa se archivaba. Pasó a ser el Poder Ejecutivo, y no los Jueces del Poder Judicial quien determinara inapelablemente que era lo que se podía juzgar y lo que habría de quedar sumido en la impunidad.

Como resultado de la Ley de Impunidad, prácticamente todas las investigaciones, causas o procesos por violaciones de los derechos humanos fueron archivadas (COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS, 2015, p. 9).

Ante esa impunidad, la paralización de las causas penales, el poco o nulo apoyo a las comisiones formadas para investigar sobre las desapariciones, es que Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos comenzó una nueva etapa de luchas, a las que poco a poco se le fueron sumando otros sectores de la sociedad, “recorriendo caminos pacíficos y alentando los mecanismos institucionales del Estado de Derecho” (MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, 2020). En la opinión de la asociación:

No han sido pocos los escollos que debieron sortearse para llegar a la verdad y la justicia. A los años de dictadura, bajo el control y la represión, donde los riesgos se vivían diariamente tratando de averiguar que había pasado con el ser querido desaparecido, deben sumarse los nuevos escollos que surgieron una vez restituida la democracia (MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, 2020).

Si bien en el año 2000, bajo la presidencia de Jorge Batlle, se creó Comisión para la Paz, sus resultados fueron bastante limitados. La Asociación pudo reunirse por primera vez con un presidente en democracia, y a pesar de que varios casos fueron aclarados, y que el documento final de la Comisión (2003) representa el primer reconocimiento oficial del “terrorismo de Estado”, no se informó el destino final de los detenidos desaparecidos.

En 2005, al asumir el primer gobierno de izquierda en el Uruguay (representados por la coalición política Frente Amplio, partido que estuvo prohibido durante la dictadura y que se mantuvo por tres legislaturas, hasta la reciente elección nacional de 2019), presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, se reiniciaron las investigaciones para determinar el destino final de las víctimas. “En el marco de esas investigaciones se logró ubicar, por primera vez en Uruguay, los restos de dos detenidos desaparecidos inhumados clandestinamente en predios militares”, y a su vez, el “Poder Ejecutivo habilitó el inicio de procesos judiciales contra varios ex represores militares y policías” (MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, 2020)^[7].

Durante la presidencia de José Mujica (2010-2015), continuaron las investigaciones comenzadas en el período anterior y se presentó un proyecto de ley interpretativa de la Constitución que en los hechos anulaba los artículos 1°, 3°, y 4° de la Ley de Caducidad. La Cámara de Diputados lo aprobó con el voto favorable de 50 diputados del partido. En 2011^[8], el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones por el Senado, por lo que fue necesario que volviera a la Cámara de Diputados donde, esa vez, no obtuvo los votos suficientes para su aprobación definitiva. Finalmente el 27 de octubre de 2011, el Parlamento aprobó la Ley No. 18.831, de restablecimiento de la pretensión punitiva para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985, catalogando además dichos delitos de lesa humanidad. A partir de ese momento, hubo “una verdadera explosión de denuncias ante la justicia penal por diversos crímenes de lesa humanidad: asesinato, desaparición forzada, torturas; denuncias colectivas por acciones represivas y centros clandestinos de detención” (ALLIER, 2015, p. 139).

Fue en aquel contexto de gran impunidad de la década de 1990 que, en 1996, se tomó la iniciativa de realizar la 1ª “Marcha del Silencio”. Según testimonios de miembros de la asociación, la idea de la marcha surgió inicialmente de Rafael Michelini, hijo del senador desaparecido (al cumplirse 20 años de la muerte de su padre), con el propósito de darle al silencio un carácter de reivindicación memorial y de justicia al mismo tiempo que se proponía sensibilizar a la población ante esa causa, y sobre todas las cosas, involucrar a diversos sectores de los partidos políticos que hasta entonces no se pronunciaban ante el tema (SOSA, 2019, p. 80). Si bien se adhería a la idea de marchar por esos motivos, la propuesta fue ampliamente discutida por la agrupación. En aquel momento, se tenía dudas en cuanto a que fuera en silencio, pero terminó decidiéndose por esa forma de expresión, lo que en la opinión de algunos integrantes era más estruendoso y significativo. Elena Zaffaroni expresó que hoy hay unanimidad en cuanto a esta forma de la marcha, todos los integrantes entienden que ese silencio les permite además huir de las consignas partidarias, dándole primacía a los desaparecidos (que eran a su vez de diferentes sectores políticos); una suerte de presencia en la ausencia a los desaparecidos. En su opinión, “empezó por la emoción, por el respeto a los desaparecidos, porque la voz es la de ellos, no es la nuestra y para cortar la lucha de consigna, la voz que tiene que estar presente es la de ellos [...]” (ZAFFARONI, 2020, información verbal); y, podría decirse, que como a ellos los callaron ese silencio también los representa.

A través de ese silencio se denuncia el silencio del gobierno frente a las investigaciones y esclarecimientos sobre el paradero de los desaparecidos. Lo hacen caminando despacio, portando apenas los retratos de los desaparecidos^[9]. En Montevideo ‒lugar donde surgió, aunque a lo largo del tiempo se han ido adhiriendo otras ciudades del interior del país y del exterior‒ la caminata, despacio, en estricto silencio, se realiza por unas 20 cuadras aproximadamente. El punto de partida de la marcha es la esquina de las calles Rivera y Jackson, donde se encuentra el Memorial a las Víctimas de Desaparición Forzada de América Latina. Desde allí se camina hacia el kilómetro cero de la ciudad: la Plaza Cagancha, o Libertad. Esta plaza, es el punto de llegada escogido, pues entre otras tantas memorias que guarda, representa un lugar especial de lucha de la Asociación. Allí iban, desde 1985 todos los viernes con las siluetas –sin rostros ni identificaciones personales de sus hijos, parientes y/o amigos–, a exigir verdad y a reivindicar justicia. Lo hacían de ese modo porque en aquel momento era el símbolo de los desaparecidos en Argentina y Uruguay, portando la consigna “vivos los llevaron, vivos los queremos” (MIRANDA, 2015, información verbal). Más tarde adoptaron un “logo” propio representado por una flor margarita a la que le faltan pétalos (SOSA, 2019, p. 81)^[10].

Durante el transcurso de la marcha, el silencio es interrumpido solamente cuando a partir de la calle Ejido (frente al Palacio Municipal, correspondiente al edificio sede del gobierno de la capital), comienzan a nombrarse por parlantes los nombres de los desaparecidos y, recientemente, las personas que marchan responden a cada uno de los nombres mencionados en alta voz, con la palabra: “presente”. Al mismo tiempo, desde hace unos años, el Centro de Información Oficial de la Imprenta Oficial (IMPO), en la pantalla gigante que tiene en su sede de la Avenida 18 de Julio y Ejido, emite cada una de las fotografías y nombres de los desaparecidos durante la marcha.

Cada año se elige una consigna, ésta se determina según episodios concretos que han tenido su sentido en el contexto en el cual se dieron^[11]. Las mismas han sido:

1996, 1ª: “Verdad, memoria y nunca más”;

1997, 2ª: “Queremos la Verdad”;

1998, 3ª: “La verdad nos hará libres”;

1999, 4ª: “¿Qué le falta a nuestra democracia?: ¡Verdad!”;

2000, 5ª: “¿Dónde están? La verdad es posible y necesaria”;

2001, 6ª: “Sin verdad secuestrada, sin memoria prohibida”;

2002, 7ª: “Sin ocultamientos, ni amenazas; verdad, memoria y nunca más”;

2003, 8ª: “¿Dónde están? Hoy más que nunca, Nunca Más”;

2004, 9ª: “Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más”;

2005, 10ª: “Para el pasado: Verdad; en el presente: Justicia; por siempre: Memoria y Nunca Más”;

2006, 11ª: “Basta de Impunidad, Justicia para los crímenes de Lesa Humanidad”;

2007, 12ª: “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado”;

2008, 13ª: “Exigimos Verdad y Justicia. ‘Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma’ Mario Benedetti”;

2009, 14ª: “Elegimos: Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más (terrorismo de Estado)”;

2010, 15ª: “Sin verdad y justicia no hay reconciliación”;

2011, 16ª: “Verdad y Justicia. Derechos de todos. Responsabilidad del Estado”;

2012, 17ª: “Los vamos a encontrar. Por un futuro sin impunidad. Verdad y Justicia”;

2013, 18ª: “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”;

2014, 19ª: “¿Dónde están? ¿Por qué el silencio?”;

2015, 20ª: “¡Basta ya de Impunidad! Verdad y Justicia”;

2016, 21ª: “Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y de hoy: Verdad y Justicia”;

2017, 22ª: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy”;

2018, 23ª: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y Hoy”^[12];

2019, 24ª: “¡Que nos digan dónde están! Contra la impunidad de ayer y hoy”;

2020, 25ª: “Son Memoria. Son Presente. ¿Dónde están?”;

2021, 26ª: “¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, Verdad y Justicia”.

Esa enorme caminata por la principal avenida de la capital, tal como se observa en la figura 1, a la que asisten un número verdaderamente significativo de personas^[13] portando al frente la consigna del momento y las fotografías de los desaparecidos, ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional con interesantes coberturas y notas sobre la misma. Además, es común la participación de figuras públicas, de políticos uruguayos y personalidades destacadas de otros países que de cierta forma al participar de la marcha la legitiman y prestigian.

Figura 1
24ª Marcha del Silencio. Línea que encabeza la marcha, con la consigna elegida y los retratos de los desaparecidos
Fotografía de Katia Helena Rodrigues Dias, 20 mayo 2019.

A partir del año 1997 y hasta la fecha, siempre fue organizada por Madres y Familiares. Según Javier Miranda (2015), hijo de desaparecido, abogado, actual Presidente del Frente Amplio^[14], la marcha dio visibilidad a la organización que poco a poco fue ganando el respeto de la sociedad, obteniendo también la adhesión de sindicatos y varias organizaciones de la sociedad civil. El Plenario Intersindical de Trabajadores –Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)– apoyan en todo el dispositivo de seguridad haciendo que la misma se haya realizado ininterrumpidamente y sin graves contratiempos o distorsiones por parte de personas que no concuerdan con la marcha.

Por su parte, Elena Zaffaroni, en una nota que le realizaron en mayo de 2017, explicaba cómo fue la primera marcha y la manera en que fue creciendo:

Fue muchísima gente, muchísima menos de la que va a las marchas ahora, pero muchísima gente para entonces. Fue súper emotiva, ya había habido alguna otra marcha, pero no exactamente por esto. De a poco fueron pasando cosas, a lo largo de todos estos años fuimos tomando otras conciencias. A pesar de que las consignas son más o menos las mismas, cada año va creciendo el sentido y las garantías de reparación (ZAFFARONI, 2017, información verbal).

En la opinión de Milka González, el problema inicialmente era el miedo, el temor a no tener apoyo de la sociedad, el temor a quedar solos. Pero esto se revirtió al ver que año a año la marcha crecía en número de participantes y en agrupaciones de la sociedad que la apoyaban. Al importante número de parlamentarios y personalidades públicas nacionales e internacionales que adhieren a la causa y acompañan la marcha todos los años, se le une un número cada vez más significativo de personas, sobre todo jóvenes. Así, su legitimidad pública es innegable, y por esta razón es una de las marchas de mayor participación y respeto del país (SOSA, 2019, p. 82).

Javier Tassino expresó al respecto:

La marcha es algo que por suerte crece año a año [...] la participación de la gente en todo esto es lo que nos da fuerza, nos da gana, nos reconforta y nos da mucha fuerza para seguir adelante en este camino que es tan espinoso, tan complicado [...] es muy importante porque nosotros vamos creando también ‒o vamos reforzando‒, o vamos alimentando esa memoria que es tan importante para la democracia, tan importante para lo vivido, tan importante para las nuevas generaciones, la memoria refuerza la verdad y esas dos juntas ayudan muchísimo a la justicia (TASSINO, 2017).

Asimismo, Elena Zaffaroni (2017) –en la entrevista mencionada anteriormente– abordaba aspectos más subjetivos de las convocantes. Así se refería en relación al sufrimiento de esas madres, y a los diferentes sentidos que tenía para ella el ejercicio de la justicia:

Las viejas (refiriéndose a las Madres) siempre fueron ambivalentes con el tema de la justicia, nunca creyeron que iba a haber justicia. Querían a sus hijos vivos y chau, no había otra. Entre ellas también había diversidad, estaba la que quería enterrarlo, la que decía “a mi no me den huesos”, la que planteaba “a mi díganme todo lo que pasó o denme a mi hijo”. Son cosas difíciles de traducir, pero la complejidad se observa en que Familiares como Familiares no presentó ninguna causa judicial. La presentó cada familiar (ZAFFARONI, 2017, información verbal).

La misma entrevistada también advertía que aunque se han tomado medidas –en los últimos años– por parte del Estado para auxiliar en la investigación, no es suficiente:

Pero hasta que no se aclare el tema de los desaparecidos, sigue siendo responsabilidad del Estado. El Estado cambia, no es el Estado terrorista, vivimos en una democracia plena, se han hecho muchísimas cosas, pero no se ha buscado a los desaparecidos. [...]

Con los años fuimos tomando más conciencia. No es un slogan “Responsabilidad del Estado”, es lo que se viene planteando: el Presidente tiene que buscar, tiene que mandar a todos a que busquen, que abran y hablen (ZAFFARONI, 2017, información verbal).

Entrevistada para esta ocasión, Elena expresó que el período 2011 y 2012 representó un quiebre positivo en el transcurso de las marchas. Por un lado, a partir de la gran cantidad de causas presentadas ante la justicia con la aprobación de la Ley No. 18.831 y, por otro, porque otras agrupaciones (como por ejemplo de ex presos políticos) se unieron a través de diversas propuestas de reivindicación de memoria, verdad y justicia, que no se acotaron a los 20 de mayo, y así

[...] se incorporan muchos otros elementos al trabajo de la memoria y los 20 de mayo confluyen todas esas cosas [pero] no solo el 20 mayo, el 14 de agosto para los jóvenes es otro, que es el día de los mártires estudiantiles, lo van tomando cada vez con marchas más multitudinarias, como parte de su presente, es increíble... (ZAFFARONI, 2020, información verbal).

La misma entrevistada hizo referencia al pasado 30 de agosto en el que se conmemoró el “Día Internacional del Detenido Desaparecido”. En la página de la asociación puede leerse que aún “sigue resonando con fuerza la inmensa manifestación social del pasado 20 de mayo. El calor con que cientos de iniciativas alumbraron esta lucha por todo el país”. Y agregan:

Con la convicción que ese sentimiento perdura, es que organizamos esta actividad, para reflexionar sobre el sentido presente de esta lucha contra la desaparición forzada, que tiene una historia de muchos años ya, en Uruguay y en el mundo. Tan íntima y tan social, tan humana y tan política.

Decíamos el año pasado a propósito del hallazgo del cuerpo de Eduardo Bleier. “Todo nos habla de lo que continúa oculto, nos cuestiona sobre quiénes lo ocultan y porqué. Pero también nos dice que es posible sacarlo a la luz. Con todo lo que esa luz enriquece nuestro presente”.

Y es desde este presente que queremos hablar. Hoy, 30 de agosto de 2020, la desaparición forzada sigue presente en Uruguay, enquistada en el ocultamiento de sus cuerpos (MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, 2020).

Por otro lado, si bien hay cuestionamientos desde diversos grupos en relación a que la manifestación se haga en silencio^[15], por un lado quienes entienden que ese silencio puede ser un arma para la denuncia, y por otro, los que lo ven como arma inadecuada para la protesta social, en el que para exigir justicia, es necesario otro tipo de expresión, la opción para la manifestación de ese día es el silencio. La entrevistada afirmaba:

[...] muchos de los que se nos acercan, [nos plantean] lo del silencio y le decimos bueno a mí me parece bárbaro, cada uno que le contesta le dice lo mismo, porque en eso tenemos unanimidad “ustedes no las hagan en silencio”, organicen y yo voy a tus marchas, pero la nuestra será así... (ZAFFARONI, 2020, información verbal).

Las últimas marchas (especialmente a partir de la vigésima) han presentado una sorprendente adhesión. Según todos los testimonios consultados (incluidas las más diversas fuentes de prensa), la vigésima marcha además de haber contado con lo que en aquel momento se interpretaba como la mayor participación desde sus comienzos, fue una de las marchas que tuvo más participación de jóvenes (lo cual fue creciendo en las posteriores). En aquella oportunidad ‒2015‒^[16], por primera vez no fueron los familiares quienes marcharon con las fotografías de los desaparecidos, sino jóvenes que no tienen relación directa con ellos. Fueron estudiantes (universitarios y de enseñanza media) que portaron esas fotografías en un claro gesto por parte de las generaciones más viejas de involucrar a las nuevas generaciones y hacer de esta causa algo más que la búsqueda de sus familiares.

Entrevistada por el Semanario Brecha en 2016, la hija de Rosario Barredo (una de las cuatro víctimas del terrorismo de Estado que motivó estas marchas del silencio), Gabriela Schroeder Barredo, aunque no es miembro de la Madres y Familiares, a pesar que vivió muchos años fuera del país, se las ingenió para estar los 20 de mayo en las marchas, siempre que pudo. Ella contó:

Yo me fui en diciembre de 1990, cuando tenía 18 años. Siempre he dicho que para mí, más allá de que sea la fecha de mi mamá, más allá de la raíz de la marcha, es un acto que es un orgullo para todos los uruguayos. Marchar en ese respeto, en ese silencio, en ese río de personas, yo no sé si se dará en algún otro lugar del mundo. Yo por lo menos nunca he escuchado una palabra de rencor. Siempre se lo comentaba a mi gente cercana en Chile. El año pasado vino conmigo mi suegra, que no es necesariamente de izquierda, y se quedó impactada. Estaba casi que feliz, porque es algo que tiene esa contradicción que surge de un dolor profundo, pero que genera tanta solidaridad. A veces es muy fuerte y muy removedor, porque no es menor (SCHROEDER, 2016, información verbal).

Habiendo regresado recientemente al Uruguay, hizo una declaración en una carta publicada por el mencionado periódico, en la que, entre otras cosas, expresaba que se siente privilegiada en relación a la situación de otros familiares de desaparecidos que no han podido “cerrar el ciclo”. Manifestó: “tengo el ‘privilegio’ de saber más o menos qué pasó con mis padres y tengo la ‘suerte’ de tener una tumba si quiero ir a dejar flores”. Para ella es injusto que otros no tengan ese “privilegio”, “siendo que el ritual de la muerte es un derecho de vida para alcanzar la paz. ¡Sí!, hablamos de paz. Es esto lo que buscan quienes no obtienen respuestas” (SCHROEDER, 2016, información verbal).

Volviendo al equipo de “Imágenes del Silencio”, cuyas propuestas han sido elegidas para la presente reflexión, interesa observar la manera como los retratos de detenidos desaparecidos del Uruguay, en la medida que son resignificados a través de nuevos usos que trascienden los objetivos iniciales de búsqueda, testimonio y denuncia de tales desapariciones, circulan y al hacerlo generan otras apropiaciones y compromisos con la memoria del pasado reciente. Pasados tantos años, ante una ausencia consolidada e irreversible, estos retratos se transforman en símbolo de lucha y resistencia tal como los analizados por Dias (2021) para el caso de Argentina y Brasil.

A través del proyecto “196 abrazos contra el olvido”, es posible observar la carga sentimental y simbólica agregada a esos retratos, motivando apropiaciones, concientizando, moviendo sentimientos de personas que no están directamente vinculadas a aquellas desaparecidas durante la dictadura. Se establece un nuevo vínculo que potencia las causas ligadas a la defensa a los derechos humanos y a la lucha por la memoria, verdad y justicia, pasando a estar inmersos en un discurso que trasciende la imagen. Estos “nuevos” usos de los retratos en sus múltiples poéticas de la memoria, entendidas como iniciativas artístico/creativas en las que las imágenes tienen como objetivo central reforzar y ampliar las luchas por la memoria del pasado dictatorial del Uruguay, adquieren la visibilidad que el Estado dictatorial intentó borrar, resurgiendo ahora como dispositivo cargado de significados e intenciones, de solidaridades y afectos^[17].

Las acciones de actores sociales, como las del equipo en cuestión, compuesto por Annabela Balduvino, Ricardo Gómez, Pablo Porciúncula, Elena Boffetta, Soledad Acuña y Federico Panizza (aunque para actividades puntuales se le han sumado otras personas), han sido fundamentales sobre todo en este contexto de pandemia ‒enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)‒. Para uno de sus integrantes, “fotografiar es esencialmente eso, cultivar la memoria, y a través de esa tarea que todos nosotros realizamos, poder contribuir a mantener viva la memoria de los desaparecidos. Esa es la razón de ser de este grupo de trabajo” (GÓMEZ, 2020, información verbal).

El trabajo que comenzaron en 2015, que tuvo el propósito “de ayudar a recordar, y de poner en perspectiva la cantidad de años que hace que se está marchando, que se está denunciando, que se está buscando verdad y justicia, que se está diciendo nunca más, sin que haya habido demasiados cambios sustanciales” (GÓMEZ, 2020, información verbal), fue el punto de partida que luego condujo a otros proyectos. El entrevistado expresó que después que vio el trabajo terminado, constituido por “78 fotografías de 19 años, con las diferentes consignas, [donde] iba cambiando el entorno, iba cambiando la gente pero el trasfondo es el mismo, eso a mí me impactó bastante, es fuerte. En ese caso, la imagen cumple esa función“ (GÓMEZ, 2020, información verbal). En ese caso, la imagen cumple el rol de testimoniar y hasta sorprender, una toma de consciencia cuando se las ve en conjunto y se percibe la lucha constante por esa causa y lo que aún falta por hacer.

Esas imágenes también permiten contextualizar los testimonios orales y escritos, percibir la permanencia y persistencia de esas luchas; suelen ser más efectivas que otras formas de comunicar; el impacto visual que provocan genera efectos en el espectador, lo sensibiliza, lo compromete. Si es posible lo que Andreas Huyssen (2009, p. 15) afirma, que “no hay memoria sin imágenes, no hay conocimiento sin posibilidad de ver, aún si las imágenes no pueden proporcionar un conocimiento total”, estas “imágenes del silencio” gritan, refuerzan el mensaje en contra de la impunidad, recuerdan al conmemorar y reivindican por la fuerza de la repetición, por la constancia, por la adhesión.

Al cumplirse los 25 años, nuevamente se constata que “no mucha cosa ha cambiado lamentablemente, entonces está súper vigente la tarea de contribuir [...] a esa causa. Militar desde la fotografía es esto: hacer, organizar trabajos en ese sentido” (GÓMEZ, 2020, información verbal). A lo que Balduvino agrega: “tenemos una herramienta que entra por la vista, la otra cosa es que también pensamos que es una forma de hacer pensar” (2020, información verbal). Al respecto, cabe lo que afirman Dias y Michelon (2019, p. 8): la memoria humana es predominantemente visual, por lo que cuando un recuerdo opera sobre hechos históricos, se recurre mentalmente a imágenes que los hacen visibles. Al mismo tiempo, la fotografía posee la capacidad de remitir a quien la observa a un tiempo pasado, permitiendo que ese tiempo sea, de algún modo, revivido en el presente, o como se verá, promoviendo reflexiones, adhesiones y lucha por causas que tal vez hasta ese momento no formaban parte de sus inquietudes.

Asimismo, Balduvino, refiriéndose a la propuesta de 2015, expresaba: “alguien que pasaba por el Parque Rodó y veía esas marchas [se preguntaba]: ¿qué es esto, por qué es, por qué se juntan?”. Es una manera de “apuntar no a la gente que ya lo tiene claro, sino a la gente que nunca se lo planteó, o a los jóvenes que no tienen por qué habérselo planteado además. Creo que tenemos una herramienta que funciona” (BALDUVINO, 2020, información verbal). Fue así que surgió la idea de realizar los “retratos a referentes de la sociedad, sosteniendo uno de los carteles de los desparecidos. [...] La idea es muy simple, nosotros queríamos que a través de estas personas que son conocidas y reconocidas por sus actuaciones en diferentes áreas [...] aprovecharlos como un medio para llegar a otros” (GÓMEZ, 2020, información verbal). Elaboraron una lista de 196 referentes intentando que fuera lo más diversa posible (en edad, género, profesiones, etc.), y en la que explícitamente no querían que fueran familiares de desaparecidos ni referentes políticos partidarios. Fueron agendando las sesiones de fotografías, que comenzaron en agosto del 2019, para poder llegar al 20 de mayo de 2020 con todas las fotografías de los 196 desaparecidos (al momento del comienzo del proyecto). En una cuenta regresiva que comenzó el 6 de noviembre de 2019, fueron subiendo a las redes (Facebook, Instagram y Twitter), cada día la fotografía de un referente abrazando un desaparecido. De ahí el nombre del proyecto: “Imágenes del Silencio: 196 abrazos contra el olvido”. La propuesta era que “el tema de los derechos humanos no estuviera en la agenda solamente el 20 de mayo y los [2] o [3] días anteriores” (GÓMEZ, 2020, información verbal), fue una construcción que se dio durante 6 meses, a través de “pegatinas” y proyección de esas imágenes en diversos muros de la ciudad y sobre todo virtualmente, o sea, a través de las redes.

A cada referente se le dio al azar un retrato de un desaparecido con el cual se fotografiaría. Ricardo Gómez comentó:

Cuando la persona llegaba al estudio, lo primero que hacía era sentarse y tener una charla con nosotros, donde le contábamos acerca del proyecto, qué íbamos a hacer con su foto, dónde se iba a publicar, cómo se iba a publicar, le contestábamos todas las preguntas que pudieran tener, les pedíamos la cesión de derechos de imagen [...].

Queríamos fotografiar el encuentro, no a una persona sosteniendo un cartel, sino el encuentro de dos personas. El cartel representa a una persona, no es solo un cartón y una madera, y nosotros queríamos rescatar esa parte. La manera que encontramos de hacerlo fue preparando una breve historia del desaparecido, un texto corto que contaba los datos más relevantes de su vida. (GÓMEZ, 2020, información verbal)

Ese texto^[18], que contaba brevemente la historia del desaparecido (de no más de 2 minutos), fue narrado por los locutores que participan cada año en la marcha diciendo el nombre de los desaparecidos (Juan Maldonado y Graciela Escuder), con el apoyo de locutores jóvenes de Radio Pedal, y se lo hacían escuchar a los retratados cuando entraban al estudio. “Eso era también lo que queríamos captar en la fotografía, cuando terminaban de escuchar pasaban a sacarse la foto y no les decíamos nada en ese momento (BALDUVINO, 2020, información verbal). La idea era “dejarlos encontrarse con el desaparecido y luego ayudarlos, guiarlos, si era necesario hacia algún otro lugar”, agregó Gómez. “Ni bien terminaban le poníamos una cámara de video en frente y le preguntábamos que habían sentido al abrazar a fulano de tal y sin más, simplemente registrábamos lo que la gente nos tenía que decir” (GÓMEZ, 2020, información verbal). Esas impresiones y sensaciones están retratadas en los videos mencionados en la nota al pie núm. 17.

Ese era el circuito, llevaba unos 20 minutos con cada persona, pero luego el mayor trabajo era el de edición. Igualmente, ni bien terminaba la sesión de fotografías se le pedía al retratado que él mismo expresara con cuál fotografía se identificaba más, esa pre-selección en general coincidió con la realizada luego en la edición.

A su vez, esta propuesta con la situación pandémica tuvo unos efectos inesperados por el grupo, por medio de las redes alcanzaron a miles de personas (según sus integrantes, llegaron a unas 300 mil personas en Facebook).

Tuvo mucha repercusión y se fue sumando mucha gente y de alguna manera logramos que el tema, la causa, estuviera arriba de la mesa durante casi 6 meses, en ese momento nosotros no lo sabíamos, pero cuando en marzo sobrevino esta pandemia, los confinamientos y luego la noticia de que la marcha no iba a ser presencial, toda esa movida, toda esa presencia, toda esa gente conectada a través de las redes pasó a ser muy importante, porque terminaron apropiándose del proyecto de una manera que nosotros no esperábamos ... (GÓMEZ, 2020, información verbal).

En la opinión de Annabella Balduvino, la pandemia “le dio un vuelo impresionante”, esa propuesta de marcha virtual a través de la descarga de una foto de un desparecido, al que podían colocar en sus redes^[19], le permitió a mucha gente “sentir que el retrato podía ser tuyo y que tu podías llevarlo”. Al punto que la gente te decía: “sentí que era mío” (BALDUVINO, 2020, información verbal).

Además, esa intensa actividad en las redes provocó que muchas personas se contactaran con el grupo y les solicitaran ser parte del proyecto, preguntándoles “como hago para que me saquen una foto”.

Pero la muestra trascendió, fue apropiada individualmente y por diversos grupos también. Por ejemplo, la central sindical (PIT-CNT) tuvo la idea de realizar una exposición con esas fotografías por todo el país, a la que llamaron “multiplicando abrazos”. Por ejemplo, Gómez comentó que, al ser llevada a San José y a otros lugares del interior del país, se produjeron situaciones curiosas, el público quiso sacarse fotos “sosteniendo la foto de alguien sosteniendo una foto. Porque ahí no está la fotos de los desparecidos, están las fotos de los referentes sosteniendo, entonces genera como esa cadena...” (GÓMEZ, 2020, información verbal).

A través de este y otros ejemplos, ya no hay dudas que la propuesta trascendió y se extendió en relación a su propósito inicial, “ahora la gente realmente se apropió de alguna manera de los carteles, y a través de los carteles, se sienten más cerca de la causa” (GÓMEZ, 2020, información verbal). Y Annabella agregó que esta posibilidad de la virtualización, permitió cosas tan diversas como interesantes, replicándose en diversas ciudades del interior y en otros lugares del mundo. La idea fue tomada por otras personas que se retrataron en diversos lugares con desaparecidos. Otro aspecto resaltado por la entrevistada es que a cada retratado se le envió una fotografía impresa en formato 13 ´ 18, que fue muy bien recibida, y lo sorprendente es que se constató que gran parte de ellos las encuadró y las exhiben en lugares privilegiados de su casa, lo cual demuestra el valor que tuvo la experiencia para esos referentes: “eso muestra lo que significó para ellos también y pienso que en muchos casos les hizo dar un paso, una cosa es estar de acuerdo, decir esto es un delito de lesa humanidad, es un problema y otra cosa es decir pongo mi cara en esto” (BALDUVINO, 2020, información verbal).

Participando de esa experiencia, por un lado, referentes de la sociedad uruguaya que hasta ahora no se mostraban públicamente comprometidos con la causa se expusieron ante los ojos de otras personas que hasta ahora no conocían lo sucedido o no se habían concientizado ante lo ocurrido. Los múltiples pedidos y las experiencias narradas por el equipo demuestran que un gran número de personas pasó a conectarse con aquellos tristes episodios por la vía de la fotografía y de esa poética de la memoria, en la que a través de los retratos se instiga a observar, a preguntarse qué historia hay detrás de esas fotografías, por qué alguien (referente público) decidió sostener un retrato de un/a desaparecido/a. Un retrato que trascendió su uso original y al ser trasladado a otro contexto, el de su exposición pública, el de la movilización, reclamando conocer la verdad y el ejercicio de la justicia, toma otras proporciones, inimaginadas, sensibilizando y generando compromisos con la memoria del pasado reciente en Uruguay. Fortaleciendo la lucha y resistencia de esas madres y familiares, pero también trascendiendo los motivos iniciales.

Se produce lo que Feld y Stites Mor (2009) expresan sobre la “cultura de la memoria” y los usos de las imágenes en nuestra sociedad:

A través de fotos y videos, de documentales y programas de televisión, el pasado retorna en imágenes. Las imágenes construyen sentidos para los acontecimientos, ayudan a rememorar, permiten transmitir lo sucedido a las nuevas generaciones. Colaboran para evocar lo vivido y conocer lo no vivido. Son en definitiva, valiosos instrumentos de la memoria social (FELD; STITES MOR, 2009, p. 25).

La fotografía oscila así entre dos temporalidades, la del pasado, correspondiente al momento de producción de la misma, la del presente, fortalecida por esas poéticas de la memoria que abren hacia el futuro nuevas construcciones y apropiaciones motivadas desde ella.

Estas fotografías que pasaron al dominio público, producen una memoria que se comparte entre quienes adhieren a esa causa, en un dinámico proceso de testimonialización, preservación, trasmisión y socialización de esa “memoria visual” generada por su circulación y publicización. Así, la memoria y las imágenes creadas en relación a ese pasado (el dictatorial) pasa a ser trasmitida a las generaciones siguientes como una herencia memorial para ser preservada y compartida con las futuras generaciones, como enseñanza y garantía que tales hechos no ocurran nunca más. De este modo, “acontecimientos vividos o no por los espectadores de esas imágenes colocan la fotografía en una condición esencialmente memorial”, la persona rememora y/o recrea, interpreta provocada por las múltiples relecturas visuales y poéticas que este tipo de iniciativa suscita por medio de las potentes posibilidades del lenguaje visual (DIAS, 2021, p. 65).

La potencia de este tipo de fotografía va más allá de su materialidad. Su representación se constituye por medio de la subjetividad de un colectivo, que a través de esos diversos usos y apropiaciones, promueve la lucha y el compromiso con esa memoria e historia: los retratos son testimonios de esas ausencias, al mismo tiempo que denuncian los crímenes de lesa-humanidad. A su vez, “son símbolos construidos políticamente. Es su valor metafórico el que permite instituir su campo de significación” (CATELA, 2019, p. 40).

Catela (2012, p. 118) explica que el uso de cámaras y celulares para fotografiar en los espacios museales (lo que podría extenderse a las movilizaciones), con el propósito de registrar “rostros e historias de vida que podrán ser observadas y contadas en otros espacios, cerrando nuevamente el círculo al recorrer el camino inverso, de lo público a lo doméstico”, oficia como un retorno al ámbito privado de esos espectadores/actores, lo que efectivamente ha sucedido con las marchas cuando miles de personas han replicado en las redes sociales no sólo las fotografías de los desaparecidos, sino las que el equipo de Imágenes del Silencio ha producido, así como tantas otras realizadas por otros grupos.

Tomando lo analizado por Didi-Huberman (2012, p. 208) cuando afirma que las imágenes pueden “tocar lo real” y que el contacto entre tiempos (pasado y presente) “arde”, pues “la imagen arde en su contacto con lo real”, es posible suponer que algo semejante se dio según lo relatado en los videos citados (nota al pie No. 17) por los referentes que contaron su experiencia al ser fotografiados con el retrato de un detenido desaparecido, con lo cual también se enfatiza lo que el autor expone sobre la imaginación como creación y realización de la subjetividad de un individuo o grupo. Y, como afirma Dias, al observar o recordar los rostros estampados en los retratos de los desaparecidos, reforzados en las narrativas e informaciones proporcionadas sobre esa desaparición, es posible asociar lo acontecido a las reflexiones de Didi-Huberman sobre ese tipo de fotografías: esos retratos “tocan lo real de tal forma que duele, que arde en contacto con la realidad” (DIAS, 2021, p. 76).

De esas personalidades públicas convocadas para esas sesiones fotográficas, la gran mayoría aceptó, alrededor de un 90% de los referentes invitados acudió y hasta hoy agradecen haber tenido la oportunidad de formar parte de ese proyecto.

Al respecto de la propuesta del equipo, Elena Zaffaroni afirmó:

Pasó algo importantísimo [...] [gracias a] “Imágenes del Silencio” [...] cuando llegamos al tema de la pandemia en marzo, ellos ya tenían las fotos [...], estaban en esa cuenta regresiva, ya se estaban publicando, [...] y cuando dijimos no se hace presencial [...] ellos nos ayudaron. (ZAFFARONI, 2020, información verbal)

A esta iniciativa, que ya venía desarrollándose, se le sumaron propuestas de todo tipo, “se terminó de formular eso, que se impulsara cada quien la propuesta que viera, todas las que iban saliendo que ya eran parte de la original: poner las margaritas en las casas, hacer cada uno su letrero en las casas, hacer una participación familiar, todo eso...” (ZAFFARONI, 2020, información verbal). Infinidad de registros individuales y de colectivos dan cuenta de lo que representó el pasado 20 de mayo de 2020.

Surgieron infinidad de propuestas en los barrios, se propuso que se pasara con un carrito por la Avenida 18 de Julio con una pantalla gigante pasando las fotografías, se pintaron huellas en homenaje a los que marchan todos los años, [...].

La gente más increíble puso la margarita, cada uno, blancos, colorados ponían la margarita y decían “Por fin tengo una manera de participar, porque yo a la marcha no voy, pero yo con este tema sí me identifico”. Esto sucedió por todo el país (ZAFFARONI, 2020, información verbal).

Esto les hace pensar que la marcha “no tiene que nunca más ser como era”, que será necesario dejar que fluyan libremente las propuestas, y que cada uno pueda expresarse de acuerdo a como lo sienta, es decir, “marchando” a su modo. Además, según la misma entrevistada, en 2020 todos los medios de comunicación televisivos y radiales hicieron extensos programas sobre las marchas, el terrorismo de Estado, e infinidad de perspectivas y análisis sobre hechos de la dictadura, lo que en la opinión de Zaffaroni indica que “si se preocuparon en hacer programas es porque la gente estaba en eso, si no, no lo hubieron hecho, fue espectacular” (2020, información verbal). El siguiente registro (FIGURA 2) da cuenta de lo sucedido el 20 de mayo pasado: en el fondo la consigna de ese año y los carteles con las fotografías de los desaparecidos sin sus portadores; adelante, los cubos con las fotografías de “Imágenes del Silencio”, en las cuales se observan algunos referentes abrazando un retrato de un desaparecido.

Figura 2
25ª Marcha del Silencio – Montevideo, avenida 18 de Julio, a la altura de la Plaza Libertad
Fotografía de “Imágenes del Silencio”, 20 mayo 2020.

A partir de lo expuesto es que se puede observar lo que muchos entrevistados afirman: que la marcha se ha institucionalizado y se ha desprendido de los convocantes originales para pasar a ser una demanda de la sociedad uruguaya. Un ritual solemne, firme y respetuoso que ha trascendido y se ha establecido. En palabras de Javier Miranda (2015):

Le ganamos la batalla ideológica, realmente, la marcha es ese símbolo, [...] obligamos a ir a todo el mundo, están obligados a ir a la marcha, la marcha no puede pasar desapercibida, [...]. El silencio es un acierto, el silencio es mucho más estruendoso que el grito; la corrección, la corrección de la actitud, la actitud no violenta, la actitud no provocativa, la actitud digna, la actitud muy uruguaya, austera, ese rito austero que los uruguayos tenemos cuando nos ponemos solemnes. Es de un impacto enorme, es mucho más eficiente la marcha en silencio que la marcha a los gritos supongo [...]. (MIRANDA, 2015, información verbal)

En este contexto, los testimonios de los convocantes, las adhesiones y las masivas participaciones de los últimos años –sobre todo de los jóvenes–, han ido cargando de nuevo sentido al silencio de la marcha, resignificando el tema, provocando múltiples apropiaciones. En la opinión de Milka González (2015, información verbal): “la gente se informó, porque antes nos decían por qué reclamábamos, que no saliéramos a la calle, [...] a través de los años y la persistencia nuestra” fue posible que esto se revirtiera (SOSA, 2019, p. 85-86).

A su vez, estos actores que convocan a la marcha vienen participando activamente en otros espacios de militancia y compromiso con esa memoria. Elena Zaffaroni, como ex presa política, fue una de las mujeres que participó del proyecto “Memorias para Armar”. A su participación política incesante se le agregan los compromisos y las demandas actuales que muchas mujeres víctimas de la dictadura vienen protagonizando. En este sentido, las reivindicaciones memoriales se tiñen también de estas “nuevas” necesidades: el reconocimiento y la conquista de espacios que siempre fueron dominados por hombres, el respeto por la diversidad, entre otros temas.

Desde la reapertura democrática Uruguay enfrentó primero el silencio y hasta la negación en relación a los hechos denunciados y luego los vaivenes en los procesos de búsqueda de verdad y justicia. Si bien a partir del ingreso del Frente Amplio al poder (así como el compromiso del actual gobierno del Partido Nacional de continuar investigando) y la promoción de diversas políticas de memoria vinculadas a dicho período se ha producido un cambio significativo en estos procesos, aún no se han dado las respuestas a numerosos casos denunciados, especialmente a las desapariciones forzadas, motivo por el cual las llamadas “Marchas del Silencio” representan, hoy, una delicada situación entre las políticas de memoria impulsadas desde el Estado y las reivindicaciones de la sociedad civil organizada, que siente que aún no han sido atendidos sus reclamos, entendiendo que no se han realizado las investigaciones suficientes para conocer el paradero de los casi 200 desaparecidos reclamados por familiares y amigos.

El testimonio representado por esas madres (que cada vez son menos porque van muriendo^[20]) y sus familiares, junto a la acción de marchar ‒como denuncia‒, es apropiado actualmente por gran parte de la sociedad uruguaya, caminando más allá, portando el legado de generaciones que vivieron los acontecimientos y que ahora lo han trasmitido y trascendido, una vez que la memoria compartida pública y colectivamente se vuelve un arma reivindicativa, conmemorativa y participativa de un grupo cada vez más numeroso.

Figura 3
Placa con las Madres de uruguayos desaparecidos abrazando la margarita
Fotografía de “Imágenes del Silencio”, noviembre de 2019

Los retratos de los desaparecidos utilizados en las marchas y en diversas propuestas han servido, por un lado, como forma de reelaborar el trauma de la pérdida, de representar la ausencia, y por otro, hoy son poderosas armas –simbólicas– que al ser expuestas públicamente hacen visible lo ocurrido, denuncian aquellas violaciones a los derechos humanos y, de alguna forma, al circular en las manos de diferentes actores sociales, (re)existen, resisten y luchan para no olvidar, para que nunca más suceda!

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Notas