La crisis del capitalismo de 1929 y el declive de la industria salitrera en el norte de Chile generaron importantes cambios en las políticas económicas de los gobiernos de la época. Algunos de esos cambios fueron las transformaciones que sufrió la burocracia estatal para propiciar un crecimiento económico hacia adentro, comúnmente denominado ‘proceso de sustitución de importaciones’. En este nuevo escenario, los recursos ictiológicos pasaron a tener una importancia económica industrial sin precedentes en la historia nacional. Los esfuerzos industrializadores llevados a cabo en los espacios marinos del norte de Chile durante las décadas de 1930 y 1960 fueron implantados por una serie de políticas desarrollistas impulsadas principalmente por la Corporación de Fomento Industrial (CORFO) y las agencias internacionales. Ellas fueron promocionando las virtudes del sistema, logrando materializar la industrialización de las pesquerías. Esta intervención tuvo su punto de inflexión en los años 50, cuando se produjo una gran demanda de proteínas de origen marino que buscaba satisfacer la creciente necesidad para alimentación de animales de corral, la sobreexplotación de los recursos vivos de la costa californiana y las primeras medidas proteccionistas ambientales en los países del norte. Todo ello provocó que la inversión y el capital asociados a la industria pesquera desarrollada en el hemisferio norte se expandieran hacia las costas del Pacífico Sur, cambiando para siempre la historia pesquera del extremo norte de Chile (Aguirre, 2016).

El proceso de la industrialización de la pesca en el norte de Chile sigue siendo un ámbito que no ha sido suficientemente estudiado. Los trabajos existentes se han centrado en la descripción de la estructura productiva de esta actividad, las formas de producción y el trabajo pesquero, siendo un precedente importante sobre el tema (Arana 1987; Duhart y Weisten 1988; Guerrero 1989; Matamala 1989; Ibáñez y Pizarro 2002; Aguirre, 2016). Este trabajo se enmarca en este acervo de conocimientos y pretende aportar un nuevo abordaje al respecto. El objetivo es analizar los procesos de expansión del capitalismo industrial en la pesca del norte de Chile y de Perú, centrándose en los flujos de tecnologías, técnicas, personas y recursos naturales movilizados en las pesquerías de Iquique durante el periodo entre 1930 y 1970; evidenciando además algunos de sus vínculos con el ciclo económico global.

Nuestra hipótesis de trabajo es que este proceso fue posibilitado por la co-existencia y vinculación de dos fenómenos. Por un lado, el agotamiento de los recursos ictiológicos en América del Norte gatilló que el capital financiero se movilizara hacia las costas del norte de Chile para explotar una gran reserva de recursos pesqueros, avalado por una serie de dispositivos técnicos. Por otro lado, el escenario local estaba marcado por la reciente experiencia de la crisis del ciclo del salitre en Chile, unida a la presencia penetrante del discurso de progreso y desarrollo que empapaba la economía y política del país. Ambos factores generaron las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de un capitalismo industrial pesquero en las costas chilenas, transformando en este ámbito las formas de trabajo y la economía para siempre.

Esta investigación utilizó una metodología cualitativa, siendo la principal estrategia el análisis histórico documental. Se realizó una búsqueda y selección de información sobre el fenómeno bajo estudio y su contexto socio-histórico en el periódico ‘El Tarapacá’ (colección del Museo Regional de Tarapacá) para el periodo 1930-1960, así como en otras fuentes documentales y bibliográficas. Toda la información recolectada fue triangulada y luego analizada utilizando la técnica de análisis crítico de contenido.

A continuación se describen las primeras medidas implementadas por el estado desarrollista de la época y una serie de agencias asociadas para explorar y controlar los medios de producción pesqueros. Posteriormente se muestran los primeros procesos de instalación de las primeras industrias pesqueras durante el periodo 1930-1950, para luego centrarnos en el análisis de la expansión de esta industria y sus conexiones con la economía global (1950-1970). En cuarto lugar, se describe la nueva fase de desarrollo industrial pesquero sucedido entre 1960 y 1970 en Iquique, dando cuenta de los vínculos entre política estatal y capitalismo económico. Por último, se ofrecen algunas consideraciones generales sobre los hallazgos logrados.

El Estado y el Intento de Control de los Medios de Producción Marinos

La crisis del capitalismo de 1929 y el colapso de la minería salitrera fueron coyunturas que propiciaron la generación de nuevas alternativas de desarrollo económico por parte del Estado chileno. Esto influyó significativamente en la búsqueda de nuevos recursos naturales que pudieran ser industrializados. Harms (1930) planteaba que la industria pesquera en gran escala sería un magnífico sustituto de la carne y, de implementarse, quedarían en el país millones de pesos que salían al extranjero para su compra. Esto a pesar de que históricamente se le había asignado poca importancia económica a las pesquerías nacionales como nodos de desarrollo, pues la política chilena del pasado utilizó el modelo primario exportador y sus procesos de acumulación de capital que estaban centrados en la industria minera y la agricultura (Furtado, 1967).

Una de las primeras acciones llevadas a cabo en este escenario fue el fomento de misiones científicas para la indagación, clasificación y sistematización de los recursos marinos, siguiendo una perspectiva industrial propia de los países del primer mundo (Pratt, 2010). Por un lado, se desarrollaron importantes misiones en las costas occidentales del continente sur americano durante la segunda mitad del siglo XX, entre las cuales estaban: Discovery (1930), William Scoresby (1931), Atlantis (1955), y las del Vema (1958-1963), entre otras (CORFO, 1967). Por su parte, Chile desplegó las expediciones Mar Chile I, Mar Chile II y Mar Chile III, patrocinadas por University of Cambridge, Scripps Oceanographic Institution, Woood Hole Oceanograpihic Institution y Lamont Geological Observatory, el Departamento de Navegación e Hidrografía (Marina de Chile), la Dirección de Pesca y Caza, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción (CORFO, 1967). Estas expediciones arrojaron una variedad de informes descriptivos de corte positivista, donde predomina la clasificación de especies posibles de ser explotadas y comercializadas industrialmente, además del análisis de la fuerza de trabajo humana. En general los informes subrayaban la precariedad tecnológica de los pescadores locales, la cual es vista como inapropiada, atrasada y de nula capacidad emprendedora para la lógica desarrollista (Nurske, 1953).

Entre estos informes destaca el trabajo realizado por Hans Lübbert, ictiólogo alemán contratado por el gobierno chileno en 1926. Tras sus viajes por las costas chilenas, emitió un informe sobre las posibilidades de industrialización de los medios de producción marinos en el litoral nacional, exponiendo que: “Las cantidades de peces que viven son enormes. Hay tres mil pescadores, repartidos en el litoral chileno, podrían multiplicar su producción, si tuvieran mercado para ella” (Lübbert, 1930: 367).

Otra intervención inmediata desarrollada en esta línea fue la inversión de recursos financieros para el mejoramiento de embarcaciones, lo que permitió la introducción de motores, una mejor preparación del pescador y el mejoramiento general del mercado pesquero (Lübbert, 1930: 371-372). Esto muestra cómo el conocimiento científico y el uso de tecnologías modernas fueron herramientas clave que le permitieron al Estado planificar, organizar y modernizar los medios de producción marinos. De esta forma, la pesquería industrial comenzaba a saborear la transformación de las fuerzas de trabajo y sus medios de producción.

Otro de los aspectos importantes a considerar en este escenario fueron las estrategias jurídicas desplegadas por el Estado para llevar a cabo estas transformaciones. Un claro ejemplo es la Ley de Pesca de 1931, la que en su artículo 5 indica: “Toda persona que ejerza la profesión de pescador, deberá tener su carnet de identidad e inscribirse en los registros especiales de la Gobernación Marítima o departamental respectiva” (Orrego, 1973: 233). Además, la ley señalaba que todo el control de este proceso quedaba bajo la responsabilidad de la Armada de Chile, la cual tendrá la facultad de restringir el acceso a las playas. Haciendo eco de esta implementación jurídica, en 1942 el diario El Tarapacá publicaba: “De acuerdo con disposiciones de la Dirección del Litoral. Todos los pescadores del país deben inscribirse en la Caja de Seguro Obligatorio y quedar asegurado como independientes, de acuerdo con disposiciones de la Ley 4.054. Con este objeto la Gobernación Marítima encárese a todos los obreros pescadores, de acuerdo con órdenes superiores, que obtengan cuanto antes su libreta de seguro, para lo cual se le da plazo hasta el 15 del presente después de esa fecha se les cancelara la matrícula a aquellos pescadores que no presenten la libreta” (El Tarapacá, 05/06/1942: 20).

La implementación de estas disposiciones y mecanismos de control (Foucault, 2002) se justificará por la condición social y cultural de los pescadores, como se puede evidenciar en la cita siguiente: “En el transcurso de varios siglos las actividades pesqueras se desarrollaron en la misma forma como las realizaron los pescadores de todas las leyendas, en un ambiente en que ni siquiera las leyes ni ninguna otra manifestación de civilización, de las que trae consigo la organización de una nación como Estado, llegaron a beneficiarlas ni disciplinarlas” (Mendoza, 1962: 90). Esto recuerda el clásico binomio conceptual de la construcción del otro que opone a civilizados/incivilizados, desarrollados/subdesarrollados, además de lo útil/inútil. En este contexto, los dispositivos se tornaron necesarios para generar cambios en los hábitos locales, reemplazándolos por otros más adecuados al nuevo modelo productivo, legitimados según criterios de utilidad y eficiencia. De esta forma el Estado y sus aparatos intervienen como garantes de los desarrollos económicos siguiendo criterios de jerarquización social y segregación (Foucault, 2003).

No obstante, históricamente ha resultado difícil desposeer a los pescadores de los recursos del mar. De hecho, en una primera etapa la llegada del nuevo modo de producción no implicó la desaparición del antiguo, sino más bien su coexistencia. Así, la mar seguía siendo una fuente de abastecimientos de bienes, mano de obra y servicios que podían ser utilizados (o no) en función de las necesidades y conveniencias locales (Rubio-Ardanaz 2003: 253). Esto explicaría parcialmente la sobrevivencia de la pesca artesanal.

Periodo de Prueba: Las Primeras Industrias Pesqueras (1930-1950)

De acuerdo a los informes entregados por la misión científica alemana a cargo del Dr. Hans Lübbert (1926), se puede observar que posteriormente a ésta, comenzaron a instalarse las primeras industrias pesqueras ‘modernas’ en las costas chilenas. Siguiendo las sugerencias de este informe, se implementó la primera Escuela de Pescadores en San Vicente, bajo el amparo de la Ley Nº 6.558 del 5 de agosto de 1935. Para el año 1939, a partir de la Ley Nº 6.334, se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), cuyo objetivo era aprovechar las condiciones naturales del país, a partir de la industrialización de sectores estratégicos. En ese contexto se propone implementar un plan pesquero para fomentar el consumo de pescado fresco en la población, modernizar las artes de pesca vía créditos, e industrializar el tratamiento del pescado para obtener conservas y aceites. De esta forma, en el año 1941 se creó la Compañía Pesquera Arauco y el año siguiente, en asociación con el Instituto de Fomento Minero e industrial de Tarapacá, nace la Sociedad Pesquera Chilena Industrial de Pesca, inaugurando plantas en Antofagasta, Talcahuano y San Vicente (Aguirre, 2016).

En el caso del litoral tarapaqueño nos encontramos con la creación de las fábricas de pescado en conservas, como son las pesqueras Lauder en el año 1934 y Korp en el año 1937, ambas de capitales privados, pero que posteriormente fueron traspasadas al Estado. A partir de 1935, a través del Instituto de Fomento de Tarapacá y en conjunto con el Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá, se constituyó el Consorcio Pesquero de Tarapacá, instalándose una de las primeras industrias pesqueras con capitales estatales en el puerto de Iquique. Dicha fábrica será conocida como Pesquera Cavancha, dedicándose a la fabricación de conservas y venta de pescado fresco (albacora especialmente). Posteriormente, en 1943 se creó la pesquera El Colorado para dedicarse al mismo proceso. La flota con la que contaban estas fábricas provenía principalmente de tres gremios de pescadores artesanales: la Sociedad Industrial de Pescadores de Cavancha, la Sociedad Protección Mutua de Pescadores del Morro y la Sociedad Industrial de Pescadores del Colorado (Alfaro, 1936).

Según Alfaro (1936), estos gremios desarrollaban su industria por sus propios medios y sin ningún tipo de subvención privada o estatal. Sin embargo, a partir de 1940 dichos gremios y sus embarcaciones de madera (conocidas como ‘faluchos’), fueron modernizados gracias a la obtención de créditos con los cuales obtener modernas artes de pesca y motores fuera borda. Si bien estamos frente a un incipiente proceso de industrialización, este no se materializa aun en la apropiación total de los medios producción. Así, resultó más conveniente confiar la extracción del producto a la flota artesanal y monopolizar su comercialización.

Estas primeras industrias asumirían como principal objetivo la creación de nuevos espacios laborales en la alicaída economía regional, mientras que en paralelo entregaban un sustituto alimenticio a los sectores populares, contribuyendo así a mejorar las condiciones económicas y alimenticias de los habitantes de estas provincias (Harms, 1930). En este nuevo escenario, se produjeron nuevas intervenciones estatales que buscaban la regulación y control de todo el proceso productivo pesquero. Según la prensa, por ejemplo, en mayo de 1943 la partida de albacora alcanzó los 43kg, los cuales fueron llevados a la pampa sin haber sido internado el producto en el Mercado Municipal donde el comisariato controlaba su venta (El Tarapacá, 02/05/1943: 25). Esto también iba de la mano con la implantación de medidas que buscaban contribuir a aumentar el consumo de pescado entre la población a nivel regional y nacional, como muestra el Decreto Supremo Nº 1000, de 23 de diciembre de 1943, que dispone “el consumo de pescado dos veces por semana, en todas las reparticiones públicas del País” (El Tarapacá, 15/12/1943: 30). Esta medida buscaba conformar un mercado interno donde comercializar los productos. De esta manera el capital puede actuar directamente en el proceso productivo, ya sea poseyendo los medios de producción y/o controlando directamente el proceso productivo, sea extractivo y/o de comercialización (Alegret, 1988).

A pesar de los esfuerzos industrializadores impulsados por el Estado, la actividad extractiva en este periodo seguía incompleta. La alta aleatoriedad del sector y su impacto en la inversión financiera, atentaba contra cualquier tipo de planificación. Pese a los estudios encomendados, se seguía desconociendo gran parte de la dinámica marina de las costas locales. A ello podemos agregar que los soportes jurídicos seguían siendo insuficientes para estructurar las bases de una industria extractiva de alta productividad, como se puede observar en la siguiente cita: “Chile, en cambio, no posee un solo puerto pesquero y el que así se designa Talcahuano lo es sólo en el nombre. La maquinaria de la mayoría de nuestras ‘Plantas Elaboradoras’ es anticuada, incompleta o improvisada.” (Díaz, 1970: 70). El capitalismo industrial en estos espacios tendrá que esperar el desarrollo de ciertas condiciones que le permitirían invertir y controlar efectivamente los medios de producción marinos.

La Expansión de la Industria y sus Conexiones Globales (1950-1960)

A mediados del siglo XX el Estado chileno implementó nuevas medidas jurídicas y económicas para impulsar la pesquería de una forma más industrializada; por ejemplo en 1943 se contrató una comisión de especialistas del United States Fischeries and Wildlife Service (USFWS, 1965), que trabajó durante 15 meses en el país teniendo como resultado un voluminoso informe que contenía sugerencias para aumentar el consumo nacional y la intensificación del flujo de exportaciones de la industria pesquera (CORFO, 1990: 108). La llegada de estos especialistas coincidió con la demanda mundial de recursos ictiológicos (anchovetas y sardinas) posterior a la segunda guerra mundial. Este nuevo escenario económico se conectó con el colapso de las pesquerías californianas, movilizando al capital transnacional hacia las costas sudamericanas, especialmente de Perú y Chile, debido a la gran presencia de recursos ictiológicos aun inexplotados (Figura 1).

Figura 1
Recursos pelagicos posibles de ser explotados
Tomado de USFWS (1965: 6).

De acuerdo con Wintersteen (2011), la pesquería de sardinas se derrumbó a principios de la década de 1950. Las plantas de procesamiento y los barcos pesqueros de Monterrey y San Francisco continuaron languideciendo en el puerto por falta de materia prima. Frente a la disminución de los suministros, las empresas pesqueras de California vendieron o transfirieron sus embarcaciones, equipos, e incluso sus plantas de procesamiento a las operaciones en expansión en Perú y Chile.

En un principio las proteínas de origen marino vendrían a solucionar el problema del hambre mundial, según los primeros informes entregados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Este primer objetivo colisionó con el lucrativo negocio de la harina de pescado destinado al creciente aumento global de la industria de pollos, cerdos y la piscicultura en el hemisferio norte (Wintersteen, 2011). Esta etapa de expansión estaría relacionada con la consolidación del capitalismo industrial, la cual ha convertido a los mares intertropicales y australes en el escenario de una expansión súbita y espectacular de las actividades pesquero-industriales (Oya, 1973).

A pesar del empuje del capital transnacional en estos espacios, el Estado chileno, comandado por González Videla, proclamó la zona marítima de 200 millas, la que posteriormente (1952) fue ratificada en la Declaración de Santiago por los gobiernos de Perú y Ecuador. En la década de los 70 Chile, junto a otros países, participó en la elaboración de un nuevo derecho del mar que dio como resultado la aprobación de la Convención del Mar en 1982 (Aguirre, 2016). Lo interesante de estas propuestas es que, además de instituir en la apropiación de sus espacios costeros por parte de los estados señalados, da cuenta de la necesidad de proteger las riquezas marinas nacionales (especialmente la industria ballenera) frente a la presencia de flotas extranjeras.

Según Fernández (1997), dado que los recursos del mar son ‘propiedad común’ en términos de acceso al recurso, es imposible poner alambradas y ejercer derechos de propiedad al respecto, con excepción de la ‘nacionalización del mar’ que han llevado a cabo los países productores pesqueros para protegerse de embarcaciones extranjeras. Pero aun en estos casos, la movilidad del recurso contribuye a que su riqueza sea de propiedad común y que los pescadores de una u otra nación intenten apropiarse de ella. De esta manera surgen consideraciones bio-económicas para la regulación de la pesca, como lo ha planteado por Gordon (1954) y replanteado Hardin (1968), quienes consideran como regulares las capturas de especies siempre que no se agote su reproducción. Por lo tanto, al estar ausente la figura de la propiedad privada en el recurso pesquero, ningún pescador puede excluir al otro de una zona de pesca, generando una competencia sobre el recurso que tendría como fin su irremediable agotamiento. No obstante, para Wintersteen (2011) esta fue una estrategia legal que, si bien empleó el lenguaje de la ‘conservación’, estaba dirigida primordialmente a la designación de recursos costeros para la industrialización local. Todo esto se realiza siguiendo una línea proteccionista y utilizando el modelo de la sustitución de importaciones como estrategia de industrialización, protegiendo así al sector industrial en sus primeras etapas.

Pero si bien el contexto pujaba por el desarrollo de la pesca en Chile, los informes al respecto no tenían nada de alentadores (Aguirre, 2016). Para el año 1952 la pesca industrial chilena crecía a un ritmo muy lento. Esto estaba asociado al atraso de los métodos y técnicas de explotación, las cuales seguían siendo esencialmente artesanales. De hecho, casi la totalidad de las embarcaciones de la época eran sencillos bongos o chalupas escasamente motorizadas, o que simplemente utilizaban viejos motores de automóviles. En concreto, se señalaba que se carecía de un conocimiento detallado de la presencia y distribución (espacial y temporal) de los recursos pesqueros, según las características oceanográficas, climáticas y de especies que existían en el mar. Esto estaba asociado a la falta de continuidad de asistencia científica, técnica y tecnológica sobre los sistemas de pesca y los tipos de embarcaciones que operaban en el litoral nacional. Además, existía poco interés de la población por acceder al empleo en cualquier nivel de la producción pesquera. Finalmente, este puñado de factores impedía implementar una industria en esta área (Aguirre, 2016).

El escenario exigía una cuidadosa y amplia labor de planificación (CORFO, 1990). Así, comenzaron a reformularse los planes de desarrollo para esta industria. La CORFO implementó la creación de una agencia estatal y privada para aumentar el consumo de pescado, y a la vez mejorar los sistemas de distribución del producto. Además, agregó la necesidad de desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas de los recursos pesqueros, recurriendo a financiamientos externos para solventarlas, especialmente del Fondo Especial de las Naciones Unidas. Pero el obstáculo mayor estaba en la regulación de la industria, pues operaba el derecho de ocupación histórica de 1855 que restringía el acceso según la nacionalidad de los extranjeros residentes, siguiendo un principio jurídico que emanaba de la autoridad del Estado sobre los bienes considerados comunes.

En este contexto el Estado comenzó a gestionar nuevas medidas para intensificar la industrialización de las riquezas marinas, generando condiciones como el acceso al recurso, la nacionalización de las zonas marinas y la progresiva privatización de los espacios pesqueros; todos ellos aspectos clave para la expansión del capitalismo industrial. En esta línea, se implementaron Decretos con Fuerza de Ley como el Nº 208 de agosto de 1953 (Aguirre, 2016), el cual otorgó franquicias tributarias y aduaneras como la exención del pago de impuestos a la renta de tercera categoría y los impuestos globales complementarios a los pescadores profesionales, o la reducción del 50% sobre el impuesto de segunda categoría a las sociedades anónimas pesqueras y el no pago de impuestos a la producción, las maquinarias e implementos para la industria que gozan de franquicias aduaneras especiales, entre otros. Lo anterior facilitó la instalación de una planta de harina de pescado para consumo humano en la Bahía de Quinteros en 1956, así como la internación de maquinaria pesquera desde Alemania.

Para la década de los 60 se observan los primeros intentos liberalizadores de la economía, pues el sistema de sustitución de importaciones comenzó a tener problemas debido a los desequilibrios del sector exterior. Estos desequilibrios se trasladaron al sector productivo a través de las oscilaciones en la entrada de divisas, las cuales eran necesarias para la compra de los bienes (equipos) imprescindibles para el proceso productivo pesquero (Badia, 2008).

De esta manera a partir del año 1960, y a través del D.F.L. 266, el Ministerio de Agricultura y la CORFO otorgaron: franquicias aduaneras y tributarias; la exención de todos los impuestos que afecten a la distribución, venta o compra de determinados productos pesqueros, incluida la harina de pescado y el aceite de pescado; y la exención de los derechos de importación sobre gran parte de los equipos y elementos necesarios para construir una flota pesquera eficaz en una industria de transformación (Peña, 1964). Para ello se contempló específicamente a las personas jurídicas que de alguna manera se dedicaban a la construcción o reparación de embarcaciones adecuadas para la pesca industrial o comercial. En ese año se modificaron también leyes para permitir que los buques con pabellón extranjero pescaran en aguas chilenas hasta el límite sur de la provincia de Antofagasta, siempre que entregaran sus capturas a fábricas chilenas de subproductos de pescado en las provincias de Antofagasta y Tarapacá. En conjunto con estas medidas, se suscribieron convenios de asesoría técnica con la Administración de Cooperación Internacional (ICA). Según este contrato, se facilitó la llegada de dos técnicos (capitanes de pesca) norteamericanos, cuya misión era el entrenamiento de las tripulaciones en los nuevos métodos de pesca en embarcaciones exportadas de los EEUU.

Otro de los ingredientes que es necesario agregar al contexto de las décadas de 1950 y 1960 fue la fuerte influencia de los discursos desarrollistas presentes en las intervenciones estatales planificadas, las cuales fueron organizadas a partir de la generación de diversas redes de ingenieros, técnicos, políticos, lobbistas, administradores públicos, y de capitalistas financieros e industriales (Ribeiro, 2006). En este escenario, cuando el Estado veía en el océano la posibilidad de desarrollo relevando su importancia estratégica, abría sus puertas de par en par al mercado del capitalismo globalizado.

El Surgimiento del Ciclo Pesquero Industrial en Iquique (1960-1970)

A partir de 1959 las pesquerías chilenas entraron en una nueva fase de desarrollo. La pesca industrial se movía de acuerdo a ciclos de abundancia y escasez de elementos propios de la dinámica de los espacios marinos, no estando las pesquerías chilenas al margen de esta situación. De esta manera, la pesca industrial que operaba en las costas centro sur de Chile desde la década de los cincuenta se desplazó hacia el extremo norte, especialmente al puerto de Iquique. De acuerdo con Westertein (2011), la contaminación de la bahía de Talcahuano llevada a cabo por las industrias siderúrgicas y de petróleo, unida a la poca rentabilidad de la harina de pescado proveniente de la merluza; generaron movimiento de capitales y actores hacia las costas del norte grande, como se aprecia en la siguiente cita: “Dentro de poco se instalará una nueva fábrica de harina de pescado en Iquique. Se trata de la Pesquera del Sur, una sociedad anónima que posee una planta de harina de pescado en Coronel, pero que atraída por las ventajas de la Zona Franca Industrial ha decidido instalarse en Iquique. El administrador de la mencionada empresa, Sr. Luis Jaspard, declaró que traerá su propia flota compuesta de cinco barcos, tres de fierro de capacidad de 70 toneladas y dos de madera de 60 toneladas cada uno. Estas embarcaciones permitirán abastecer a la industria con una producción de 150 toneladas diarias, término medio de pescado” (El Tarapacá, 05/12/1960: 35).

Los diversos privilegios tributarios acordados para la región atrajeron capitales transnacionales noruegos, españoles, japoneses y especialmente norteamericanos (Aguirre, 2016). Así, el litoral norte, y en particular la ciudad puerto de Iquique, pasó a ser rápidamente la zona de mayor producción de harina y aceite de pescado del país, utilizando como materia prima la anchoveta (Engraulis ringens), dada su alta presencia en toda la zona. Esto se evidencia en la siguiente cita: “Desde Estados Unidos arribó hoy, en nuestra ciudad, el Sr. Harvey Smith con el fin de realizar las respectivas gestiones para la concesión de terrenos en los que se busca construir una gran industria de harina de pescado. Conjuntamente al Sr. Smith, llegó también a nuestra ciudad una comisión especial de la gerencia general de la CORFO para poder allanar los trámites que deberá realizar para la ubicación de su industria. Una vez estudiados los posibles sitios y realizados los trámites pertinentes el Sr. Smith regresará a su país natal” (El Tarapacá, 05/08/1960: 40).

La transformación de la producción industrial de la zona fue simplemente brutal: en seis años (1961-1966) la producción de Iquique subió de 21.510 a 123.043 toneladas; el número de fábricas creció de 3 a 23; la flota pesquera de 1.429 a 20.558 toneladas de registro bruto (1961-1965); y la población pasó de 50.655 a 90.000 habitantes entre 1960 y 1964. Las exportaciones tuvieron un acelerado impulso; en 1963, Chile era el quinto exportador mundial de harina de pescado y las ventas representaban la cuarta fuente de divisas del país (CORFO, 1990).

De esta forma, a partir de 1960 el puerto de Iquique se transformaría en una base pesquera de importancia mundial. Esto coincide con la ampliación de las zonas de pesca, lo que se traduciría en la modernización y construcción de nuevas plantas reductoras en varias partes del país, y de manera especial en el puerto de Iquique. Por otra parte, en los años 60 se creó el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), institución a través de la cual se generaron créditos por US$ 3.000.000 para ayudar a los pescadores profesionales, armadores, pesqueros e industriales pesqueros a adquirir botes pesqueros, motores marinos, redes e implementos de pesca, barcos pesqueros, equipos de instalaciones y construcción de obras civiles (Peña, 1964).

Asimismo, hay que considerar las leyes Nº 13.309 (Ley Arica) y Nº 12.937 (Zona Franca Industrial para Iquique y Pisagua) (Aguirre, 2016), especialmente las secciones relativas a las exportaciones, pues permitieron que la industria alcanzara un crecimiento explosivo en los años posteriores. Lo anterior no es casualidad, ya que se debía solucionar rápidamente el problema económico y social en cual se encontraba aún inmerso el puerto de Iquique; además de no desaprovechar la cantidad de recursos explotable que se encontraban en ese litoral: “El Plan Pesquero para Iquique marchó con un ritmo acelerado. CORFO puso todos sus esfuerzos en esta zona ya que, según todos los estudios realizados por expertos internacionales, contenía una de las riquezas marítimas más grandes del mundo, tanto por la abundancia como por la variedad de especies” (Nazer et al., 2009: 130).

En 1961 se creó la empresa Pesquera Tarapacá S.A., financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Conjuntamente, se contrataron empresas extranjeras que también participaron de las franquicias aduaneras. Se instaló en Iquique la firma norteamericana Marine Construction, cuya finalidad era generar el proyecto total de una industria pesquera que utilizara procesos modernos de producción en cantidades industriales y que pudiera posicionarse raudamente en el mercado internacional. De esta manera, se levantó el astillero Molo de Iquique en conjunto con la firma Marco Chilena, la que se encargó de la construcción de las embarcaciones para la pesca. Unido a todo lo anterior, se debía construir una planta conservadora, frigoríficos y plantas de procesamiento de harina de pescado.

En paralelo se concretaron inversiones en obras de urbanización, como la construcción del barrio industrial de El Colorado, disponiéndose de 110 sitios de una hectárea cada uno con servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado y caminos de acceso. En abril de 1961 inició sus actividades la nueva industria de harina de pescado Eperva. Sus trabajos se intensificaron en los próximos meses, especialmente en diciembre, cuando se inició la instalación de las maquinarias. Esta nueva industria iquiqueña, cuyas actividades contribuirán con la economía de la zona, quedó ubicada en el barrio de El Colorado en terrenos adyacentes a la Pesquera Iquique. Además de la construcción de un barrio industrial, CORFO decidió modernizar el puerto para atender el crecimiento de la flota pesquera que alcanzaba un total de 320 unidades. Para el año 1964 ya se encontraban instaladas 15 empresas pesqueras altamente productivas en Iquique (CORFO, 1990).

También se debe considerar el despliegue de una serie de asesorías técnicas y capacitaciones de mano de obra especializada en las labores pesqueras, donde se implementaron cursos de formación rápida de patrones de pesca, motoristas y tripulantes para satisfacer la demanda de mano de obra que necesitaba la industria. Esta mano de obra provenía de distintas trayectorias laborales, sectores sociales y de diversas latitudes: había ex salitreros, ex balleneros, pescadores artesanales marinos extranjeros, empresarios, agricultores provenientes del sur de Chile, etc. (Aguirre, 2016).

En conjunto con la especialización de las tripulaciones, nos encontramos con los cambios tecnológicos introducidos en la pesca de cerco. A fines de la década de los cincuenta, en el litoral nortino operaban embarcaciones de cerco de madera cuya capacidad de bodega se estimaba en 50m³ y cuyo bote auxiliar era movido con remos. Este proceso de modernización tecnológica se dio de forma acelerada a partir de 1959, momento en que las condiciones jurídicas y económicas comenzaron a dar las garantías necesarias para que el capital pudiera invertir fuertemente en este medio aleatorio, con la finalidad de aumentar considerablemente la productividad. Así, a comienzos de los 60 se importan desde Perú los dos primeros barcos de acero: el ‘Calamar’ y el ‘Camarón’ (Duhart y Weinstein, 1988).

A medida que el esfuerzo de pesca fue aumentando, se introdujeron tecnologías que apuntaban a mejorar las condiciones de captura con miras a alcanzar mayores niveles de producción, lo que se tradujo en la mecanización de las labores de estiba y extracción de la captura. Lo anterior se aprecia claramente en la pesca industrial del puerto de Iquique. Un ejemplo claro de ello fue la aparición de un ingenio mecánico conocido como jalador de red (Puretic power block en inglés), el cual mecanizó la pesca de cerco. Además, la red de cerco venía con una menor cantidad de agua, lo cual permitía tener menor peso en cubierta y facilitar la maniobra. Esto implicaba un menor costo y tiempo de operación, lográndose un mayor número de capturas (Aguirre, 2016).

Las nuevas embarcaciones venían también equipadas con avanzadas tecnologías de navegación y de detección de cardúmenes. Así, por ejemplo, los equipos acústicos (ecosonda y sonar), aparecidos a inicios de la década del 60, permitieron calcular la profundidad y tamaño de cardúmenes, mientras que aparatos de comunicación permitirían al patrón de pesca intercambiar información con otras naves y las respectivas bases en tierra. También cabe destacar el uso de aviones de prospección pesquera para localizar cardúmenes. Por último, en la década de los 60 se produjeron también modificaciones tecnológicas de las redes para mejorar la resistencia y durabilidad de la tela, y el tamaño de las redes fue en aumento, en relación a la capacidad de bodega de las embarcaciones.

Una vez más, toda esta modernización apuntaba a elevar la producción y generar un mayor control de los medios de producción. Concretamente, ante la incapacidad de control físico total de la materialidad marina y los medios de producción, el capitalismo industrial apuntaría sus esfuerzos a la masificación de la tecnología en los procesos productivos pesqueros, especialmente en el proceso de captura. De esta manera, los empresarios lograron planificar su penetración (Breton y López, 1989).

Entre los años 1964 y 1965, la Corriente del Niño y la sobreexplotación provocaron la desaparición de la anchoveta como recurso principal de explotación. Sin este recurso, la explotación apuntó a la sardina (Engraulis ringens). En este caso las labores de capturas debían realizarse en la noche, cambiando totalmente las formas de trabajo de los pescadores industriales. En este contexto se produjeron cambios considerables en la configuración de la industria, los cuales se tradujeron en la fusión de las empresas afectadas por esta crisis. A partir de 1967, la industria comenzó a configurarse bajo un criterio monopólico gracias a la creación de complejos pesqueros que monopolizaron la actividad (Duhart y Weinstem 1988). De esta forma, 21 empresas se integraron y conformaron seis nuevos grupos industriales: Tarapacá, Iquique, Pesqueras Unidas, Coloso e Indo (CORFO, 1990). CORFO intervino aportando un 45,77% del capital destinado a cubrir créditos adeudados por las empresas en cuestión. Esto incidió en la rápida desaparición de la mayoría de los pequeños empresarios dedicados a las faenas marinas. De esta manera se evidencia la importancia del Estado en la mantención del sistema capitalista industrial en la pesca, absorbiendo decididamente los problemas que trae consigo la inversión en el mar, favoreciendo paralelamente la concentración empresarial dadas las altas utilidades y, por consiguiente, la elevación de los índices de rentabilidad que posteriormente tuvo la actividad. En este contexto se generaron grandes grupos económicos, como los conocidos Angelini y Luksic. Así, el capitalismo logró dar un paso más en su avanzada luego de que se identificó con el Estado.

Comentarios Finales

Hemos analizado el proceso de expansión del capitalismo industrial en la pesca del norte de Chile, centrándonos en los flujos de una serie de recursos movilizados en las pesquerías de Iquique durante el periodo 1930 y 1970, y advirtiendo algunos de sus alcances económicos globales. Concretamente hemos mostrado que este proceso fue posibilitado por la convergencia de condiciones socio-económicas globales y locales.

En un primer momento se implementaron medidas desarrollistas por parte del Estado y diversas agencias de la época, para conocer y controlar los recursos ictiológicos del norte de Chile. Por un lado, se generaron misiones que buscaban explorar, clasificar y sistematizar científicamente la información sobre los recursos marinos existentes en el norte de Chile. En paralelo, se implementaron reformas jurídicas orientadas a propiciar la transformación de la producción pesquera y su control estatal. Posteriormente, entre 1930 y 1950, se inició un periodo de prueba donde se instalaron las primeras industrias pesqueras para aprovechar las condiciones naturales del país vía industrialización de sectores estratégicos. En este escenario se puso en marcha un plan pesquero para fomentar el consumo de pescado, modernizar las artes de la pesca, e industrializar todo el proceso que permitiera producir aceites y conservas. Posteriormente, a partir de 1950, el Estado comenzó a implementar nuevas medidas jurídicas y económicas para impulsar definitivamente la industria pesquera nacional, aprovechando el derrumbe de la pesquería de sardinas en América del Norte y el traslado de sus recursos hacia Chile y Perú. Pero la baja producción pesquera, las limitaciones de los medios de producción y el bajo interés de la población por emplearse en este sector llevó al Estado a redoblar sus fuerzas para reimpulsar este proceso, utilizando para ello un marcado discurso desarrollista en sus intervenciones y dejando abierta las puertas al mercado global.

Finalmente, a partir de la década de 1960, gran parte de la industria pesquera de la zona centro sur se trasladó hacia el norte del país, especialmente al puerto de Iquique. Junto a la atracción de capitales de diversos rincones del mundo (especialmente norteamericanos) gatillados por los privilegios tributarios de la región, se generaron diversas medidas jurídicas, técnicas y urbanísticas que transformaron a Iquique en una base pesquera de importancia mundial. En este contexto, fueron desapareciendo los pequeños empresarios dedicados a las faenas marinas debido a la configuración monopólica de esta industria por un Estado desarrollista que buscaba modernizar su periférica economía. Esto pavimentó las condiciones para que un discurso de progreso y desarrollo apareciera como uno de los móviles que aceleró la implementación del capitalismo industrial en las costas chilenas, transformando para siempre la estructura de este sector en el país.

Agradecimientos

Los autores gradecen al Proyecto de Investigación Mayor de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Tarapacá 5722-18, al Convenio de Desempeño Regional UTA-MINEDUC 1401. Wilson Muñoz Henríquez agradece al Programa Becas Chile-doctorado de CONICYT.

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Notas de autor

Enlace alternativo

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