Introducción

El conocimiento, también denominado ‘capital cognitivo’, constituye un determinante estructural del progreso económico, del desarrollo social, así como del posicionamiento que países, regiones y ciudades ocuparán en el ordenamiento futuro de territorios ganadores y perdedores, en el marco de un entorno altamente competitivo en una sociedad globalizada (Boisier, 2001).

La noción ‘sociedad de conocimiento’ tiene sus orígenes en la tesis de Drucker (1969), quien fue uno de los pioneros en postular el surgimiento de una tendencia que habría de transformar a la sociedad actual, postulado que fue complementado con una gran cantidad de autores (Reich 1992; Krohn 1997; Knorr-Cetina 1998;Weingart 2001).

Consistentemente, Bell (1973) planteó que la estructura central de la nueva economía se sustentaría en el conocimiento y en los servicios basados en conocimiento. Ambos pensadores ponen de manifiesto que el conocimiento se habría de convertir en la fuente esencial de la transformación, progreso y desarrollo de la sociedad. Por su parte, Sakaiya (1995) reconoce al conocimiento como nuevo factor de producción, toda vez que es el flujo y el stock de este lo que determina la capacidad para innovar en un entorno de facilidades crecientes de acceso a la información.

A partir de los años 90 del siglo pasado, se afianza la postura que la fuente esencial de la ventaja competitiva de las naciones, las personas y las organizaciones reside, como era de esperarse, en el conocimiento (Drucker, 1994). El propio Drucker avanza en su tesis planteando que la educación necesaria para desempeñarse con eficacia social en la nueva economía sería cada vez más elevada y, por lo tanto, las personas deberán invertir, cada vez más, en su propia formación para poder desenvolverse con éxito en la sociedad. Pero no solo la sociedad o la economía en su conjunto se nutre del conocimiento que proporcionan las tecnologías de información y comunicaciones, también lo hacen las organizaciones. Así, cada vez con mayor fuerza el conocimiento se transforma en el elemento diferenciador clave, ya que la creación o generación de ideas e intangibles, tales como: innovaciones, marcas, patentes, sistemas de organización, rutinas organizativas y ‘know how’ constituyen los principales determinantes del éxito en las organizaciones, con los subsecuentes impactos sobre el desarrollo de la sociedad (Rodríguez-Ponce, 2009). Lo propio ocurre con los individuos, quienes a partir de la disponibilidad casi universal del conocimiento en redes abiertas, mejoran sus procesos de formación (Barro, 2013).

Como las universidades se desenvuelven en un contexto complejo que les demanda responder con eficiencia a una serie de necesidades que tiene la sociedad (Ganga-Contreras et al., 2014, 2018) surgen roles que son fundamentales para estas entidades educativas, entre los cuales destacan, sin ánimo exhaustivo, los siguientes:

-- La formación de personas con competencias y capacidades avanzadas, dado que el conocimiento y la preparación intelectual de las personas es un determinante del progreso de las naciones y sin un capital humano avanzado y con la preparación de pregrado y postgrado necesaria, un país simplemente no puede ser competitivo, ni puede tampoco constituirse en un centro de atracción para inversionistas extranjeros, ni puede competir a escala global (Bernasconi y Rodríguez-Ponce 2017).

-- La creación de conocimiento avanzado, asociada a las tareas de investigación, desarrollo e innovación, de modo de contribuir a la creación de nuevos productos o procesos que permitan nuevos desarrollos con atractivo privado o contribuyan al desarrollo, desde la perspectiva de la rentabilidad social.

-- La vinculación con el medio, bajo la óptica de contribuir a la equidad y al desarrollo territorial, favoreciendo la movilidad social, así como fortaleciendo la identidad y la cultura nacional y local, permitiendo a su vez el fortalecimiento de los territorios y la descentralización de efectiva de los países, junto a la toma de decisiones en los niveles locales, en un contexto de cultivo de las artes y la difusión de la cultura (Rodríguez-Ponce, 2012,2017).

Bajo las perspectivas anteriores es claro que las universidades tienen un conjunto de stakeholders relevantes, entre los cuales destaca el Estado. Por ello se justifica este estudio, cuya finalidad central analizar las percepciones que tienen una serie de funcionarios públicos de Chile, respecto de la relación que se da entre el Estado y la Universidad.

Antecedentes Generales

Así como las universidades deben adaptarse a los requerimientos de la sociedad del conocimiento, también es necesario que las instituciones públicas se adapten a las nuevas realidades y, sobretodo, a las exigencias en materia de eficacia y crecientemente en transparencia en su actuar, considerando la rendición de cuentas y la evaluación de sus logros y estándares de funcionamiento en forma sistemática (Pedraja-Rejas, 2017). Esto implica que los modelos de dirección y gestión empleados por las instituciones deben alinearse con los avances del estado del arte; esto es, deben concordar con los principios y técnicas de la administración científica contemporánea (Verger y Normand, 2015) de modo que la dirección y gestión pública no puede renunciar a los modelos de gestión avanzados y probados en el acervo de conocimientos (Vélez y Ortiz, 2016).

Evidentemente las universidades deberían tener un rol en los procesos de reforma, transformación del Estado y modernización de la administración pública. Ahora bien, es relevante descubrir si dicho rol es perceptible y ha existido verdaderamente. En definitiva, se requieren vínculos efectivos y sinérgicos entre el Estado y las universidades (Sanabria-Rangel et al., 2015).

Por consiguiente, se requiere una adecuación de las universidades a las demandas en materias de gestión pública. En particular, las instituciones universitarias deberían contribuir con la profesionalización de la gestión pública, fortaleciendo los procesos de descentralización territorial y el desarrollo local (Rodríguez-Ponce y Pedraja-Rejas, 2015). Para cumplir con este rol, las universidades deben colaborar en los procesos formativos de los funcionarios públicos, tanto desde la perspectiva del pregrado como del postgrado, lo cual constituye una responsabilidad social de las universidades en la sociedad actual (Diez et al., 2016). Además, las universidades deberían contribuir con investigaciones específicas que fortalezcan la gestión pública y el desarrollo territorial (Rodríguez-Ponce, 2017).

La existencia de programas de cooperación entre las universidades y las entidades estatales es una necesidad de los tiempos actuales (Bautista, 2014) y una exigencia o imperativo estratégico para las universidades, por cuanto de una u otra forma existen múltiples recursos y formas de financiamiento desde el Estado hacia las universidades (Améstica et al., 2014).

Finalmente, debe considerarse que la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en los programas de formación y capacitación de universidades e instituciones públicas es una condición central para el desarrollo sustentable y la plena inserción de las economías y la gestión pública en la sociedad del conocimiento; dada su perspectiva sistémica, su marco de acción transnacional y su novedosa arquitectura (Muñoz-Pogossian y Barrantes, 2016; Bidegain, 2017; Castillo y Venegas, 2017;Gómez-Gil, 2017;Collado-Ruano, 2017).

Metodología

Con la finalidad de tener un acercamiento preliminar a la opinión de diferentes funcionarios públicos, respecto de la relación entre Universidad y Estado, se procedió a aplicar un cuestionario, con respuesta cerrada en escala de Likert, a una muestra de 93 funcionarios públicos. El cuestionario aplicado contó de dos secciones, destinadas por un lado a medir el nivel de acuerdo con respecto a una serie de aseveraciones dirigidas a la relación entre las universidades y la institución pública en la que trabaja (27 preguntas); y por otro, una sección dirigida a identificar diferencias entre el rol de universidades privadas y públicas, en el campo de la gestión pública (12 preguntas).

La muestra que se utilizó fue intencionada, en función de empleados públicos que tuvieran conocimiento acerca de la relación entre sus instituciones públicas y las universidades, por lo que la encuesta se aplicó tanto a dirigentes gremiales, como a funcionarios que estén participando en programas o instancias de capacitación y mejoramiento educativo (formación universitaria).

Con los datos obtenidos, se efectuó el cálculo de las frecuencias de preguntas e ítems de la encuesta, como primer resumen del comportamiento de las opiniones, además de la información sociodemográfica y de identificación de los encuestados.

A la información levantada de la primera sección de la encuesta en formato Likert, se procedió a agregar los valores extremos, para facilitar el análisis y la comparación entre preguntas conceptualmente cercanas, quedando en tres valores (de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y en desacuerdo).

El tratamiento citado, se aplicó igualmente a la segunda sección, que contempla comparación de opiniones según tipo de universidad, clasificadas como públicas y privadas de acuerdo a la estructura de propiedad de sus activos y patrimonio. Además, se calcularon los promedios de las evaluaciones realizadas por los encuestados.

También se incorpora en los análisis comparados entre las opiniones asociadas a las universidades estatales con las universidades privadas, el estadístico prueba t, para identificar cuando las diferencias son estadísticamente significativas. La Tabla I resume lo obtenido en el análisis.

Resultados

Perfil de los encuestados

El 66% de los encuestados eran varones, el 31% poseía título técnico y un porcentaje un poco menor (29%) título universitario. En cuanto a los años que llevan trabajando en sus respectivas instituciones, un 43% lo hacía desde 1 a 5 años, mientras que los que llevaban más de 20 años en sus instituciones, alcanzaba el 20,9%.

Percepciones acerca de las entidades públicas

En este punto, interesa conocer la percepción que se tiene respecto de los niveles de adecuación y adaptación de la organización y funcionamiento de las diversas entidades públicas, a las nuevas realidades; y si estas se realizan mediante procesos participativos.

Al revisar las acciones que realizan las organizaciones públicas para lidiar con los cambios y nuevas tendencias en la gestión, las personas consultadas reconocen la existencia de una disposición general de sus instituciones, para incorporar, promover y capacitar en nuevas herramientas. Pero al pasar a acciones concretas que articulen la adquisición de los nuevos conocimientos, y la integración de estos en el quehacer de la institución, lo encuestados son más críticos, al no observar políticas que materialicen este discurso (Figura 1).

Modelo de gestión pública y administración moderna

Lo que se busca es conocer la opinión de los encuestados en cuanto a si los modelos de gestión pública que tiene Chile concuerdan con los elementos de la modernización del Estado presentes en sus organizaciones.

Al respecto, se observa una buena opinión de la propia organización, donde existe evaluación de procesos además de la incorporación de nuevas tecnologías. Pero la evaluación de las estructuras que operan a nivel de país, no se decanta por una opción en particular. Si bien no hay una opinión crítica, los encuestados no pueden dar cuenta de suficientes mecanismos que demuestren una voluntad del país hacia la implementación de una administración moderna (Figura 2).

Modelo de gestión pública y principios de buen gobierno

Dada la relevancia que han adquirido los principios del buen gobierno, interesa conocer si los modelos de gestión pública existentes en el país han incorporado estos preceptos.

Como se observa en la Figura 3, en opinión de los encuestados las instituciones públicas cuentan con políticas de probidad, así como la existencia de evaluación de procesos que inciden en el mejoramiento del desempeño de la organización. De lo que no están seguros es si estas medidas están dirigidas a generar cambios en la gestión que articulen los principios del buen gobierno en su respectiva organización. Lo anterior implica reconocer que la existencia de mecanismos y mejoras en la administración de las instituciones no aseguran que exista un modelo coherente y cohesionado de gestión.

Sinergia entre Estado y universidad

La idea es comprender si existen vínculos efectivos y sinérgicos entre el Estado y las universidades. Los encuestados señalan que en sus organizaciones no está presente de forma masiva la existencia de convenios con universidades, lo cual se enmarca en la opinión de que no existen esfuerzos reales para vincular las dos instancias, vale decir, los organismos del Estado con las universidades. De esta manera, ellos no observan que exista una coordinación sinérgica entre las dos instancias, sino casos aislados y puntuales que no definen necesariamente, una política coherente de vinculación (Figura 4).

Análisis comparado entre universidades públicas y privadas

Interesa conocer si existían percepciones diferentes respecto del desempeño que tienen las universidades dependiendo de su naturaleza jurídica (pública o privada). Al realizar prueba t para las opiniones dadas a las universidades estatales y universidades privadas, se identificó que las diferencias son estadísticamente significativas. En la Tabla I se resumen los resultados.

Papel de las universidades

Adicionalmente interesa conocer de forma particular, la percepción que se tiene del rol que han jugado las universidades en los procesos de reforma, transformación del Estado y modernización de la Administración Pública.

Al respecto, y tal como puede apreciarse en la Figura 5, al evaluar el interés y los aportes que realizan las instituciones universitarias para participar de los procesos de reforma de la gestión pública, los encuestados valoran con mejor nota el trabajo realizado por las universidades estatales (públicas) que las privadas.

Adecuación de la universidad a las demandas en materias de gestión pública

Lo que se intenta en este punto es conocer cuál es la opinión de los funcionarios en relación a la adaptación de las universidades a los nuevos requerimientos en el ámbito de la gestión pública. En términos generales, se puede indicar que los encuestados siguen otorgando mejores notas a las universidades estatales con respecto a las privadas, en cuanto al involucramiento que estas realizan para la adaptación a los nuevos requerimientos en gestión pública, que emanan del Estado. Sin embargo, no hay una percepción clara de los esfuerzos realizados por las universidades, en esta materia (Figura 6).

Aportes de universidad a la profesionalización de la función pública

Aquí lo que importa es entender la percepción que se tiene en relación a las contribuciones que realiza la universidad en lo que a la profesionalización de la función pública se refiere. Como quedó de manifiesto en la sección anterior, los encuestados evalúan con buena nota (solo en el caso de las universidades estatales) el rol que desempeñan en formación y profesionalización de la función pública (Figura 7).

Aportes de la universidad a la descentralización territorial y el desarrollo local

A su vez, es relevante saber acerca del aporte que está haciendo la universidad en un tema tan crucial para los países de la región como lo son los procesos de descentralización territorial y el desarrollo local. Al evaluar el aporte que están realizando las universidades en este campo, se mantiene la tendencia de los encuestados de valorar con mejor nota el trabajo que se está coordinando en las universidades estatales, tanto es así que cerca del 40% considera con nota alta los esfuerzos que ahí se realizan. Son más críticos con el papel que están ejerciendo las entidades privadas, ya que el 45% de los consultados las valoran negativamente (Figura 8).

Aportes de la universidad en investigaciones sobre temas de gestión pública

Asimismo, se aborda la percepción respecto de la aportación que hacen las instituciones universitarias en el ámbito de la generación del conocimiento en tópicos relacionados con la administración pública.

En este punto, y específicamente en cuanto a la existencia de políticas y programas que incentiven la investigación en el área de la gestión pública, los encuestados consideran que esta es escasa, donde solo el 26% considera que los actuales programas son suficientes. Más aun, al entrar a la evaluación de los aportes que realizan las universidades, la nota que le ponen los encuestados es baja. Esta última es mejor para las estatales, pero aun así, la visión general es que el estado actual de la investigación y oferta de programas asociados a la gestión pública están al debe para las necesidades y expectativas de un Estado moderno (Figura 9).

Aportes de la universidad en la formación de funcionarios públicos

Interesa analizar el papel que juegan las universidades en los procesos formativos de los funcionarios públicos, y también evaluar la existencia de programas de pre y postgrado en el campo de la administración pública.

Tal como se muestra en la Figura 10, al preguntarle a los encuestados respecto del rol de las universidades en los procesos de formación y capaci- tación de los funcionarios públicos, la respuesta fue el considerarla una tarea fundamental por parte de estas instituciones. Pero al evaluar la variedad de tales programas, tanto en las mallas curriculares de pregrado, como la extensión de los programas de postgrado, los encuestados tienden a estar en desacuerdo con la oferta actual. En este orden de cosas, poco más de un tercio encuentra que los programas de postgrado son suficientes, pero la mayoría considera que las universidades están al debe en esta materia, particularmente en pregrado.

Cooperación entre universidades y entidades estatales

En este punto, lo importante es poder determinar si existen realmente programas de cooperación entre las universidades y las entidades estatales. Tal como se muestra en la Figura 11, si bien los encuestados reconocen la presencia de programas de cooperación entre sus instituciones públicas y las universidades, esto depende finalmente de la institución respectiva. Lo que queda nítidamente de manifiesto es que solo un tercio de los encuestados reconoce la existencia de este tipo de programas, lo que estaría hablando de un sistema-país que aún no ha incorporado estos mecanismos como una práctica común.

Incorporación de ODS en los programas de formación y capacitación de las universidades

La idea es comprender la importancia que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en temas como la igualdad de género y políticas de inclusión, particularmente en la incorporación de éstos en los programas de formación y capacitación de las universidades.

Al respecto, y como se aprecia en la Figura 12, los encuestados reconocen la existencia de políticas de igualdad de género y de inclusión (referido a personas en situación de discapacidad, pobreza, desigualdad) en sus instituciones, producto de normativas específicas orientadas a la incorporación y operacionalización de estos temas en los correspondientes organismos públicos. Sin embargo, al revisar su opinión con respecto a la existencia de formación en los ODS por parte de las universidades, los encuestados no tienen una opinión clara, probablemente por desconocimiento de los planes de estudios específicos, o porque tales planes no están implementados.

Incorporación de ODS en programas de formación y capacitación de entes gubernamentales

En este punto, interesa saber qué percepción existe respecto de los programas de formación y capacitación que promueven las instituciones gubernamentales, para sus funcionarios, específicamente, si estos incorporan los ODS.

Al igual que la opinión que tienen con respecto a los programas universitarios que incorporan los ODS, los encuestados consideran que no existe promoción gubernamental para incorporar la formación en los ODS, lo cual se puede deber a que, a nivel de Estado, no está definido un plan que incorpore estas temáticas en la formación, o que actualmente no existen instituciones que ofrezcan estos programas (Figura 13).

Políticas que incentivan la investigación en gestión pública

En este punto se tiene en cuenta el tener acceso a la percepción respecto de la existencia de políticas y programas públicos que estén orientados a fomentar la investigación en el área de la gestión pública. Ante la consulta de si existen tales políticas y programas, los encuestados opinaron que estos son insuficientes, por lo que no se puede asumir que se está ante un ambiente (relación Estado - Universidad) que potencie y coordine el desarrollo de esta área. Razones que pueden ir desde la falta de programas específicos, como de la carencia de un marco normativo diseñado para dar cuenta de las necesidades que demanda el Estado, y que el sistema universitario podría satisfacer. En cuanto a la evaluación realizada a la calidad de la cooperación que se da con las universidades, los encuestados siguen considerando con nota superior al trabajo realizado por las instituciones estatales (Figura 14).

Conclusiones

A pesar del divorcio que se observa muchas veces entre la universidad y el Estado, nadie podría discutir -al menos existe cierto consenso sobre ello- que el nexo que debiera existir entre estas dos instituciones, es absolutamente imperativo. El análisis conceptual llevado a cabo da luces respecto de esta combinación de mundos.

En este orden de cosas, las universidades, deberían ser capaces de contribuir no sólo en la formación de los funcionarios públicos, sino que también, en la investigación y generación de nuevos saberes, los cuales deben servir de insumos en los procesos decisionales y en la definición de políticas públicas que se dan en el ámbito gubernamental; a su vez, el Estado debe generar mecanismos de retroalimentación y financiamiento para que las entidades universitarias cumplan de manera adecuada con la misión que la encomendado la sociedad donde está inserta.

Sobre este tema mucho se ha hablado, pero poco se le ha preguntado a uno de los actores centrales de esta relación, que son precisamente los funcionarios públicos. Probablemente aquí se encuentra el aporte más significativo de este trabajo, dado que posibilita el acceso a opiniones relevantes de este importante grupo de interés, en relación a tópicos tan trascendentes como la forma en la que enfrentan las instituciones públicas a los actuales entornos organizacionales; y si éstas utilizan nuevos modelos de gestión coherentes con los planteamientos de la administración contemporánea y los principios de buen gobierno.

Adicionalmente, se entrega una visión respecto de los nexos reales que existen entre las universidades y el Estado, y el rol que han jugado las entidades educativas en los procesos de reforma y modernización del Estado y la correspondiente profesionalización de la respectiva función.

También se hace resonancia de la mirada que existe en relación al aporte que realizan estas casas de estudios superiores en un tema tan vital en Chile, como lo es el desarrollo local y la respectiva descentralización y la gestión propiamente tal.

Tampoco se dejan al margen la evaluación que hacen los funcionarios públicos de los denominados objetivos de desarrollo sostenible; finalizando con la puesta en evidencia de pareceres acerca de la presencia de políticas y programas gubernamentales que promuevan la generación de nuevos conocimientos en el campo de la gestión pública.

A futuro se deberían complementar estas apreciaciones con puntos de vista provenientes del ámbito universitario; y apoyar la aplicación del cuestionario, con entrevistas a expertos de los dos ámbitos, de modo tal de tener acceso a visones más completas sobre una temática que es central en el progreso y desarrollo de los pueblos.

Agradecimientos

Los autores agradecen el patrocinio recibido por parte de CONICYT-Chile, a través del proyecto FONDECYT-REGULAR N° 1161353, y del proyecto Mayor UTA 8740-16.

PERCEPCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON EL ESTADO DE CHILE

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Notas de autor

fganga@ulagos.cl