Introducción

En Chile, desde la década de 1960 se inicia una discusión más de fondo sobre el problema regional. Dentro de los temas que aborda la incipiente planificación del desarrollo destacan las desigualdades entre las regiones llamadas periféricas y los centros de poder que, en el caso de Chile, por su tradición centralista, coinciden con la capital. Arica, por su importancia geopolítica, derivada de su posición geográfica alejada del núcleo vital y anexada tardíamente al territorio nacional, fue especialmente beneficiada por una nueva política pública de ordenamiento territorial en torno a regalías fiscales que buscaban su poblamiento y desarrollo estable, confiriéndole el privilegio de contar con “…medidas de excepción que hacían …un puerto franco, y luego un polo de crecimiento regional dotado de franquicias industriales destinadas a favorecer las industrias de montaje” (Amilhat Szary, 1997: 63).

Esta mirada geopolítica clásica del desarrollo se agudizó en 1974 a través de la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA). Sus postulados geopolíticos se reflejan en que aquellos, en tanto teoría política, influyeron en la orientación general del gobierno militar y en particular en la definición de su estrategia regionalizadora refundacional. Dentro de sus designios, recomponer la identidad nacional fracturada con la crisis que precedió al régimen militar fue una prioridad y es en este marco en donde la regionalización adquiere sentido pleno (Chateau, 1978). En sus diagnósticos y objetivos nacionales en torno a crear polos de desarrollo fronterizos, el criterio de la seguridad fue clave, como se indica en CONARA (1976: 103): “…es necesario que exista un equilibrio fronterizo bien definido y el país este sólidamente cohesionado en su interior …Ello plantea como tarea ineludible una vinculación entre la integración nacional y los objetivos de la seguridad del país. No favorecen lo anterior si el país presenta numerosos espacios vacíos dentro del territorio nacional o áreas de bajo desarrollo.”

En cuanto a la seguridad del extremo norte, se buscaba mantener una población pujante frente a la presión demográfica tacneña, además de responder a cualquier escaramuza de su vecino peruano revanchista, gobernado por el nacionalista Juan Velasco Alvarado. Un régimen militar no podía ignorar la importancia geopolítica de un territorio como el de Arica, que estuvo durante 45 años (1884-1929) en litigio por su soberanía con el Perú.

A partir de estas consideraciones comienzan a construirse visiones a veces contrapuestas, a veces complementarias: las referidas a las históricas demandas locales inspiradas en el sentimiento arraigado de abandono desde el centro, por un lado, y, por otro, la necesidad del estado-nacional de consolidar (en clave geopolítica) sus instituciones, una frontera internacional y controlar el espacio en parte rotulado como vacío o semidespoblado y provisto de una geografía compleja para habitarlo, entre otras complejidades.

En suma, la perspectiva ‘militar’ no era ajena a la discusión de ‘lo regional’ (Boisier, 2000), especialmente por la importancia geopolítica de las regiones extremas o fronterizas (Chateau, 1977), ubicadas en la denominada epidermis del Estado (Benedetti, 2018). Arica ostentaba plenamente esa condición, pues contaba con una de las dos triple-fronteras de Chile (González, 2007).

En este trabajo interesa demostrar que la planificación regional se ajusta al ideario refundacional de la dictadura, a través de la emergencia de lo que hemos definido como la ‘cuestión geopolítica del desarrollo de las regiones extremas’, fenómeno que consideramos amerita una discusión teórica crítica por su relevancia actual en la configuración de la región de estudio y por su traslapo con estrategias de desarrollo regional del extremo norte Para ello, en los apartados que siguen intercalaremos una reflexión teórica acerca de estas dimensiones del desarrollo con algunos hitos de la historia regional de Arica Parinacota.

La ‘Cuestión Geopolítica’

Con el quiebre a la democracia, no solo el influjo del neoliberalismo impactó en la puesta en práctica del desarrollo regional; también la geopolítica clásica fue vital para la conducción política del régimen autoritario. Bajo el influjo de la CONARA, como vimos arriba, concebida como la guía del estadista o ‘ciencia asesora’ (Pittman, 1981;Canessa, 1982; Urrutia, 2016), sobre todo para dirigir desde el centro político a las regiones fronterizas, la geopolítica clásica influyó decisivamente en el proceso regionalizador y la puesta en marcha de estrategias de desarrollo (Chateau, 1978; Canessa, 1982; Boisier, 2000). Los puntos de contacto con la planificación regional surgieron de su preocupación por el territorio, sus amenazas internas y externas y su cautela a través de un desarrollo digitado desde el centro político.

Para esa época la geopolítica clásica se entendía consensuadamente en clave organicista de raigambre ratzeliana (Santis, 1998). Según García Huidobro (1978: 17) “…el estudio de la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados para deducir conclusiones de carácter político, que permitan planificar y desarrollar el poder nacional”. Por tanto, priorizaba su relación con el poder establecido, junto con la dimensión territorial de este último (Nogué y Rufí, 2001).

Desde una narrativa nacionalista (Benedetti, 2018), sus enunciados planteaban que la prioridad de la regionalización era el problema del espacio y su dominio, particularmente el espacio periférico propio de las regiones extremas (Canessa, 1982) como lo era la triple-frontera andina de la provincia de Arica. Dado que se carecía de control y uso efectivo, ya sea por la baja densidad poblacional y las condiciones climáticas adversas, o por los problemas de seguridad nacional, esta zona fronteriza dificultaba la percepción de habitabilidad de la epidermis del Estado.

Desde premisas organicistas (Benedetti, 2018), las leyes de áreas valiosas y de ocupación de espacios vacíos, tuvieron un rol protagónico en orientar las estrategias a seguir en una región siempre problemática para los intereses del Estado (Mendoza, 2017; Von Chrismar, 2007). Para el caso de Arica, la ley de las áreas valiosas se aplica en tanto las condiciones óptimas de la provincia para conectarse con el Pacífico y el corazón del continente, en vista a nuevas rutas comerciales disputadas por los países limítrofes: “…en Arica se crean las condiciones óptimas para un corredor de desarrollo: frente portuario, este en tanto área valiosa, se constituye en una ambición para estados limítrofes, ya que representa la mayor conexión, del interior de Sudamérica, hacia la cuenca del pacifico” (Intendencia Regional, 1985: 13). Por tanto, ante la amenaza potencial, se debía planificar el desarrollo vía ocupar el ‘hinterland’, o espacio alimentador del ‘núcleo vital’, concibiendo un crecimiento hasta las mismas fronteras del Norte Grande (Ghisolfo, 1989;Mendoza, 2017). Pero dicho poblamiento debía ser ‘nacional’, surgiendo así una discrepancia insalvable con lo referido a la población indígena local. Como señala la Estrategia regional de desarrollo de la Provincia: “el problema que presenta nuestro alargado territorio …resalta la importancia de regiones extremas que no deben representar en absoluto ningún tipo de debilidad, situación que refleja el permanente interés que debe tener el Estado nación, hacia Tarapacá” (Intendencia Regional, 1985: 12).

Estas propuestas dieron pie a una discusión (desde argumentos de escaso rigor científico) en torno a la geopolítica tradicional y que, pese a la distensión que supone la redemocratización del continente reflejada en nuevas miradas del desarrollo, tiene algunos rasgos que persisten en las discusiones actuales sobre las posibilidades de este territorio. Este último argumento lo desarrollaremos más adelante. En concreto, por ejemplo, para la ciudad de Arica “los vínculos trasfronterizos aún están coaccionados por la geopolítica (el caso de la relación con Bolivia) y la inmensa movilidad humana sigue teniendo un fuerte sello vecinal.” (Dilla, 2018: 233-234).

En el caso del Tarapacá histórico (que incluyó a la provincia de Arica hasta 2006), dentro de los factores geográficos que se destacaron en la conducción de la políticas regionales y de defensa del país se hallan: la capacidad efectiva de Chile de sortear las constricciones geográficas internas que se le imponen a la conducción del Estado (Bórquez, 1981); la presión demográfica y geopolítica de los países vecinos, sobre todo del sur del Perú que buscaba posicionarse estratégicamente en este territorio epicentro de la Guerra del Pacífico (Tacna y los puertos del Sur del Perú) (Correa y Avellandeda, 2015; García, 2015); el aislamiento de localidades no integradas plenamente al Estado Nación en las denominadas fronteras interiores (de las cuales se consideran críticas aquellas extensiones territoriales alejadas de núcleos poblados importantes y de la acción del Estado, con condiciones ambientales que hacen que su habitabilidad sea baja y carentes de buenos servicios básicos) del Norte Grande (Santelices, 1995; Garay, 2005;Masalleras y Ortega, 2012); el enclaustramiento marítimo boliviano y su demanda por mar soberano en territorio chileno o anteriormente peruano (Von Chrismar, 1993, 2007). Por ello, dentro del pensamiento geopolítico en Chile de la época, uno de sus principales focos fue la protección de los territorios obtenidos gracias a la Guerra del Pacífico (Cabrera, 2009). La obsesión de esta geopolítica agresiva era la expansión de los Estados vecinos (Chateau, 1977; Von Chrismar, 2000), sobre todo que se trataba de Estados revanchistas. Esta premisa se centraba en que la problemática de la expansión de los Estados provee de un marco analítico para la evaluación de coyunturas internacionales y para consideraciones sobre la defensa nacional, con alcance en políticas regionales (Chateau, 1978,1977).

Bajo el ideal restaurador que se auto-asignó la junta militar, se creó la Academia Superior de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. La revista Seguridad Nacional, llamada después Política y Estrategia, órgano de difusión del organismo, comenzó a discutir la vinculación entre seguridad nacional y desarrollo (Chateau, 1978; Borquez, 1981; Canessa, 1982; Ghisolfo, 1989;Podestá, 2004). En el caso concreto de la región de Tarapacá histórico, como señala el documento oficial citado (Intendencia Regional, 1985), la vinculación entre seguridad nacional y desarrollo regional se encuentra en que la estrategia de regionalización busca el desarrollo económico en armonía con la solución de ‘problemas sociales’. Con ello, buscaba prevenir los riesgos para el país derivados de la localización geográfica de la región de Tarapacá: por un lado, anexada una parte al territorio nacional, distante y percibida como abandonada por el centro, y, por otro, buscaba evitar riesgos debidos a su histórico movimiento regionalista (Ríos, 1992) a propósito de la capacidad de movilización de la sociedad ariqueña por un proyecto político regional de reconocimiento territorial, desde la década de 1930. En efecto, se le denominaba ‘frente interno’ a cualquier asociación política disidente con el proyecto restaurador como principal problema social.

Por tanto, desde un argumento bastante simplista, los problemas del desarrollo del territorio pasaban por la sobredimensión de su situación geográfica fatalista. Se planteaban los problemas del poblamiento derivados del clima templado, de la orografía, de la geomorfología intrincada; de la falta de conectividad del norte con el núcleo vital; los derivados de la presencia de culturas foráneas ajenas al ser nacional (según las nomenclaturas de la época), etc. Se señalaban los problemas y desafíos demográficos derivados del escaso poblamiento y de la composición étnica diversa, lo que conllevaba sendos desafíos a la seguridad nacional, como veremos. Las hipotéticas amenazas vecinales, se explicaban a partir de la aplicación antojadiza de las ya discutibles leyes de Ratzel, entre otras, centradas en la expansión de los Estados desde perspectivas organicistas.

Como antecedente, la ciudad de Arica desde la década de 1950, en el marco del establecimiento del ‘Puerto Libre’, planteaba estrategias para sortear esta condición desfavorable. Estas políticas de desarrollo para Arica se inician con el gobierno de Ibáñez, quien era militar y, además, había estado en esa calidad en Tacna en el periodo plebiscitario. Arica siempre fue visto como un enclave geopolítico. La pregunta es si después de 1974 seguimos entendiendo lo mismo por ‘geoestratégico’.

Siguiendo a Amilhat (1997: 63) “…A fines de los años 60, Arica se convierte en un centro industrial importante en Chile: los automóviles de la General Motors para el mercado de Santiago son ensamblados allí, y hay otras numerosas fábricas automotrices, electrónicas, textiles y químicas. La interrupción brutal de estos privilegios en 1974 provoca una profunda crisis, de la cual la ciudad nunca se ha recuperado. Al punto que en 1995, el gobierno le otorgó un nuevo estatuto de excepción (Ley de Arica), conjunto de disposiciones destinadas a intentar sostener el desarrollo de esta zona.”

La presión demográfica de Tacna y el ciclo bonanza/crisis entre las dos ciudades importantes de la región eran los temas a considerar. Para el presidente Ibáñez del Campo la preocupación se centraba en la delicada fragilidad geopolítica del confín ubicado en Arica: “…situada entre dos urbes conflictivas para el desarrollo nacional (Tacna e Iquique), y en segundo lugar …influyó la voz de la sociedad civil ariqueña que expresaba sus molestias por el abandono y mal trato que recibían desde el nivel central.” (Podestá, 2004:135).

Ya en 1974, como parte del Plan Andino, se creó la Comisión de Desarrollo del Interior. La preocupación de esta nueva agencia se centraba en las denominadas fronteras interiores de la provincia o espacios semivacíos desconectados de los núcleos urbanos. Por ello se continuó con la inversión en programas asistenciales e infraestructura crítica, pero “…ahora …mostraba preocupación por el espacio andino en su condición de espacio “limítrofe” con dos países considerados potencialmente hostiles” (Galdames et al., 2015: 150). Por tanto, un primer traslapo entre las cuestiones regionales y geopolíticas (Boisier, 2000) lo encontramos en que comienza a superponerse el problema del desarrollo de las fronteras interiores o zonas despobladas, con las aprensiones geopolíticas, frustrándose la visión de lo ‘andino’ por la arremetida de la visión ‘fatalista’ de los espacios vacíos y acechados por el caos exterior. En concreto, por ejemplo, además de una serie de medidas asistencialistas para reactivar la economía deprimida, se establecieron estrategias de integración nacional de la periferia a través de brindarle a la comunidad una estructura social más definida, funcional y organizada, una educación más de acuerdo con las exigencias del medio, aumentando su productividad para integrarles a la economía regional y dotarles de los medios de comunicación adecuados para permitirles una integración progresiva al medio regional y nacional (Quiroz et al., 2011).

Por cierto, desde una perspectiva crítica de la geopolítica clásica, para estas narrativas nacionalistas (Benedetti, 2018;Ashley, 2009) dedicadas a defender la idea de frontera en tanto límite, desde sus enunciados dicotómicos se asociaba territorio nacional con continuidad, orden, autoridad efectiva y homogeneidad interior; frente a caos exterior o anarquía internacional, discontinuidad y heterogeneidad allende la frontera y su confín. Una de las principales consecuencias de esta mirada dicotómica, donde se subestima los espacios fronterizos y se valora los espacios nacionales, consiste en desconocer o invisibilizar la sociabilidad propia de estos territorios. Estas estrategias geopolíticas sobre los territorios periféricos tienden a crear un “estado de opacidad [que] se produce mediante el conjunto de representaciones que recubre estas regiones y que invisibilizan sus habitantes históricos y sus paisajes sociales” (Serje, 2017: 40). La geopolítica tradicional fue un instrumento de poder, encargado de ofrecer las representaciones del espacio necesarias para argumentar las prácticas territoriales de las instituciones políticas de la época (Nogué et al. 2001).

En síntesis, entre las prioridades geopolíticas y prácticas territoriales de esta estrategia se destaca contrarrestar los siguientes problemas: “…el despoblamiento de la cordillera debido a la migración a las ciudades de los campesinos e indígenas andinos se transformaba no solo en un problema para el desarrollo del área rural, sino también para el resguardo fronterizo y la seguridad nacional. Por consiguiente, las acciones de las agencias gubernamentales vinculadas con la JAA procuraron poblar la cordillera (o hacer presencia efectiva en ella) con el establecimiento de servicios públicos y de organismos de seguridad y militares, aumentando la infraestructura vial y de servicios, en miras de los planes de regionalización. Otro aspecto destacado en el informe puso énfasis en la necesidad de poseer un mayor conocimiento de las condiciones socioculturales de las poblaciones andinas, tal como en 1967 se advirtió el interés por conocer la “idiosincrasia de las comunidades”” (Quiroz et al. 2011: 119-120).

El propósito de ‘conocer la idiosincrasia de las comunidades’ apunta a la insistente idea dentro de las estrategias de desarrollo de sello geopolítico de preservar la homogeneidad cultural nacional y cómo debe ser promovida por distintas políticas a implementarse en los territorios fronterizos, teniendo en cuenta que desde sus postulados las tierras fronterizas se conciben como zonas críticas, en los límites de la seguridad estatal y en los bordes de los imaginarios nacionales (Aedo, 2017).

En efecto, siguiendo la argumentación de dicha estrategia regional de desarrollo de 1985, las tendencias poblacionales o demográficas de la provincia de Arica de la época, marcada por la existencia de distintos grupos étnicos o nacionales (chilenos, bolivianos, aymaras, quechuas, entre otros), tenderían a la desarmonía geopolítica, es decir, a desajustes o desequilibrios entre sus elementos geopolíticos constitutivos: territorio, soberanía y población. Las minorías de origen peruano y boliviano, que constituyen también puntas étnicas, han habitado territorio chileno desde siempre, aunque ponían en peligro la seguridad nacional, pues estos grupos no podrían perfeccionar y defender el territorio, toda vez que no se identifican con el suelo que los alberga. Por ejemplo, la estrategia regional de desarrollo de la región de Tarapacá, diseñada por la Comisión de Seguridad Nacional y Geopolítica, categóricamente sentencia para la región: “…la Ley de Variación de la Frontera y de las Líneas de Menor Resistencia, señalan que la zona rural que representa un 95% aproximadamente del territorio regional, ofrece las siguientes características: Población indígena vinculada a Perú y Bolivia, idioma aymara y quechua, religión aymara y quechua, idiosincrasia diferente a la chilena de la población aymara e inadaptabilidad climática con la costa, configuración geográfica que diferencia a la zona altiplánica del resto del país” (Intendencia Regional,1985: 23).

Debido a las constantes modificaciones de las fronteras y a las migraciones, prosigue la estrategia, los habitantes de un Estado no coinciden necesariamente con la ciudadanía nacional en tanto raza. Este desequilibrio se debía corregir por distintas vías (p.e., educación fronteriza). Desde la perspectiva organicista del Estado, por tanto, categóricamente solo hay simbiosis entre sociedad nacional y territorio nacional, armonía entre suelo y sangre. Para la geopolítica chilena de la época, suelo y sangre, o la geografía y la raza, son las fuerzas determinantes en el desarrollo y pujanza de los Estados (Sánchez, 2016). Por tanto, con la irrupción del régimen militar, esta estrategia fue decisiva en el impulso frustrado de la cuestión étnica.

Con todo, la insistencia de estas estrategias en torno a tender a la unidad nacional en los territorios periféricos desprovistos de sociabilidad nacional supone una amalgama entre los componentes del Estado (suelo y sangre). Como señala Chateau (1977: 43), desde el organicismo “…la imagen del Estado como organismo, con voluntad y objetivos que cumplir, supone una integración de las partes que lo componen ya que de otra manera no podría subsistir; y una integración bastante fuerte y sólida. De ahí que la existencia de una unidad nacional básica, connatural a la existencia misma del Estado sea un supuesto central”.

Imaginarios Geopolíticos en Torno al Desarrollo de Arica y Parinacota

Señalados algunos alcances de la cuestión geopolítica y su traslapo con las estrategias de desarrollo de la época, a continuación abordamos desde una perspectiva crítica de la geopolítica (Cairo, 1993; O’tuathail et al. 1998) sus representaciones de la provincia de Arica en tanto territorio periférico.

Estas estrategias geopolíticas clásicas, sostenemos, responden a una representación del territorio en la que prevalecen dispositivos de control que buscan imponer un sentido particular del espacio, homologando diferencias y particularidades regionales (Núñez, 2012). Esta homologación del territorio, que se aplica en las regiones periféricas de frontera (Serje, 2017), se expresa en denominaciones tales como: ‘zonas de colonización’, ‘zonas extremas’, ‘fronteras interiores’, ‘territorios aislados’ y ‘territorios especiales’ (García, 2015). Éstas, en general, se caracterizan por estar representadas como un territorio fijo definido por el Estado, coincidente con la región histórica de Tarapacá. La presunción contenida en la demarcación acepta que las fronteras, en tanto límites, son un elemento dado, en el análisis social, de modo que la unidad de análisis confina el estudio de los procesos sociales a dichas fronteras políticas y geográficas (Wimmer y Schiller, 2003). Para construir esta definición se hace uso de la geografía física, ciencia auxiliar de la geopolítica, cuyo eje de estudio es el espacio objetivo y tangible (Núñez et al. 2016). En el mismo sentido, en cuanto a cómo representan la frontera dichos actores, como vimos arriba, se concibe como un espacio per se inseguro, toda vez que su ubicación la aproxima a la ficción del caos exterior (Ashley, 2009, Benedetti, 2018), por concebirse como un espacio semivacío y desprovisto de autoridad efectiva y disputada por los vecinos (Garay, 2005; Ghisolfo, 1989). Durante el siglo XX este territorio estuvo marcado por numerosos procesos que contribuyeron a perpetuar esta idea tradicional de la frontera en contraposición con miradas regionales que buscaron estrategias de desarrollo local para sortear, por ejemplo, la crisis del salitre, en muchas casos con un componente transfronterizo (Castro, 2001, 2005; Pérez, 2016). Estos procesos, como señalamos, llegaron al paroxismo con la dictadura militar y su mirada geopolítica de la frontera norte y sus amenazas provenientes de Bolivia y Perú (Ghisolfo, 1989; Von Chrismar, 1993).

Desde estos enfoques estas regiones son representadas como fronteras interiores, pese a cierta evidencia que las describe como abiertas, fluidas, porosas, inclusive como espacios multinacionales (Serje, 2017). Otro aspecto relevante que se infiere es que estas representaciones se construyen a partir “de un régimen consistente de intervención, que se estructura a partir de diversas operaciones “técnicas” y de “instrumentos de planificación” que terminan por objetivar las condiciones de periferia” (Serje, 2017: 42). Estas se han construido “desde conceptos, instituciones, regímenes normativos” (Serje, 2017: 42). Siguiendo esta secuencia, para Tarapacá histórico y particularmente para Arica encontramos visos de la idea de fronteras interiores en la creación de la Comisión de Desarrollo del Interior (1976), de la CONARA en 1973 y de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (DIFROL) en 1966, y la puesta en marcha de leyes especiales para zonas extremas en distintos momentos, como la Ley Arica de 1995, pero con el mismo énfasis.

El origen de la categoría ‘fronteras interiores’ para denominar las regiones extremas, por tanto, surge de que muchos espacios geográficos y étnicos, como es el caso de Tarapacá histórico, “…son separados y/o postergados del resto de la población nacional por estigmatizaciones, desconocimiento o presencia-ausencia de recursos, políticas focalizadas o por la misma presencia y subjetividad de funcionarios del Estado, asumiendo condiciones particulares desde la perspectiva de la integración interterritorial” (Rodríguez et al., 2018: 6). La región de estudio combina varios de estos factores; no obstante, por razones heurísticas nos centramos en la subjetividad estatal que, conjeturamos, ha contribuido de manera no deseada a perpetuar la desigualdad entre regiones periféricas y no periféricas, y entre aquellas y el centro.

Siguiendo los argumentos de Rodríguez et al. (2018), referidos a las hegemonías predicativas con que se definen las fronteras interiores, la extensión de territorio que comprende Tarapacá histórico, ubicado entre el altiplano y el océano Pacífico, y el desierto o descampado de Atacama, generó, como en muchos puntos del país, una condición insular. Esto contribuyó a mermar su integración nacional, sus comunicaciones y conexiones con el centro; dificultó los desplazamientos, el sostenimiento de la economía y el abogar insistentemente por la homogeneidad cultural, disponiendo al Estado a sostener una particular subjetividad sobre este territorio. Tal disposición estuvo alimentada por múltiples factores, tales como elaboraciones históricas y procesos de colonización, sostenidos desde narrativas hegemónicas y que tienen su correlato cartográfico (Rodríguez et al. 2018).

En suma, se trata de zonas de baja densidad poblacional y alta fragilidad geopolítica, territorios coincidentes con las regiones extremas (Garay, 2005; Masalleras y Ortega, 2012; Correa y Avellaneda, 2015; García, 2015). Si bien esta preocupación ya estaba instalada desde la década de 1970, fue a partir del proceso de regionalización, con la CONARA, que se priorizó el problema de seguridad nacional que implicaban estas regiones periféricas (Chateau, 1978;Borquez, 1981; Ghisolfo, 1989; Urrutia, 2016). Esta preocupación se revitaliza en la década de 1990 a partir de la influencia de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia.

En efecto, a partir de 1995 se incorporó la perspectiva de las fronteras interiores dentro del ámbito de política exterior a través de DIFROL y del Ministerio de Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Por ejemplo, la DIFROL define las comunas fronterizas, a través del Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1.166, del 20 de julio de 1999, como aquellas zonas que constituyen áreas caracterizadas por la estrecha relación de los factores del desarrollo con aquellos propios de la preservación de la integridad territorial, vinculando desarrollo y geopolítica expresamente. Estas agencias asumen el desafío de superar su condición, poniendo énfasis no tanto en el rezago estructural (fatalidad geográfica), sino producto de la falta de servicios públicos, equidad territorial y participación local-regional en su planificación (Arenas et al. 1999). Otra distinción con la mirada geopolítica clásica la enuncia el Libro Blanco de la Defensa Nacional en su versión 2010 (MinDefensa, 2010). Este señala los aportes tanto de la integración nacional de las periferias, como los derivados de potenciar la integración transfronteriza a través de los Comités de Integración diseñados por la DIFROL, exponiendo una postura de planificación regional que escapa a los cánones tradicionales para encarar el rezago de las regiones extremas. Aunque esas instancias siguen siendo dirigidas por autoridades centrales: “…con los países vecinos, los Comité de Integración y Frontera han sido una de las herramientas eficientes creadas para establecer canales que den vitalidad a las zonas fronterizas, facilitar el flujo transfronterizo de personas y bienes y potenciar una relación normal, activa y de impacto ciudadano. Los países pueden encontrar a través de ellos un medio efectivo para dinamizar el desarrollo de las comunidades nacionales situadas en estos espacios geográficos, de manera tal que los habitantes cuenten en lo cotidiano con nuevas oportunidades de bienestar en zonas que tradicionalmente han sido menos favorecidas.” (MinDefensa, 2010: 58).

En cuanto a la vigencia de la cuestión geopolítica como estrategia para encarar los problemas de nuestro territorio de estudio, cabe destacar que ésta entró en descredito a partir de 1990, con la vuelta a la democracia. Con ello los Estados de la región ya no buscan “obtener soberanía a partir del otro, sino poder contar con un acceso privilegiado a áreas geográficas funcionales al cumplimiento de sus respectivos objetivos geoestratégicos” (Jiménez, 2016: 545). Es en este escenario y relato que se actualiza la cuestión geopolítica. En efecto, se limita el determinismo geográfico dentro del conocimiento renovado de esta guía del estadista, enfatizándose que las posibilidades del avance de las regiones extremas no está constreñido solo a sus limitaciones espaciales o que sus ventajas ya no responden a la posición geográfica desmejorada, sino que dependen de las potencialidades y aspiraciones regionales. Como señala Carvajal (2007: 65) “…Una política pública de ocupación de los espacios vacíos debe fundarse en criterios analíticos de la geocrítica, pues en definitiva la comprensión de la estructura geográfica del espacio nos da la verdadera dimensión del papel del Estado, la comunidad y de otras organizaciones en el ámbito de un sistema político democrático inclusivo. La integración se da fundamentalmente en los espacios que la comunidad gana al Estado para sí”.

Pese a este avance, sostenemos a modo de conjetura que los litigios fronterizos no resueltos entre Chile y Perú y Chile y Bolivia (Cabrera 2016), junto a la persistencia de zonas aisladas en el extremo norte, siguen siendo temas abordados por perspectivas a medio camino entre las tradicionales y renovadas concepciones geopolíticas, como la geocrítica.

En el caso de la frontera norte compartida con el sur del Perú, se comienza plantear desde postulados geopolíticos influyentes la noción ‘guerra de los puertos’ por el control y acceso al mercado del Asia-Pacifico vinculado a los corredores bioceánicos. Mercado (1996) describió el panorama en torno a la competencia por el acceso privilegiado al Pacífico como que “La lucha de puertos que se vivió al finalizar el siglo XVIII ha comenzado a reeditarse en su nueva versión: la obtención de mercados, la carrera por la proyección comercial hacia la Cuenca del Pacífico, la prioridad en la determinación de los corredores transcontinentales”. Desde esta postura se enfatiza en las posibilidades de Perú, que desde su política exterior debería desarrollar una estrategia de contención hacia la apertura comercial chilena: “…Perú ha desarrollado una política de Estado en la zona del pivote costero Tacna - Ilo - Matarani como zona franca y de comercio exterior, con el objeto de revertir las corrientes de tráfico comercial desde Bolivia a los puertos peruanos y de esta manera contrarrestar el desarrollo del eje Iquique - Arica. El Perú ha insistido permanentemente ante La Paz sobre las condiciones que permitirían a Bolivia obtener beneficios de importancia al operar por su territorio” (Villagra, 2008: 42).

Finalmente, para sostener la vigencia de estas premisas, nos referimos a la siguiente nota. Desde una investigación periodística del periódico El Mostrador a propósito de los incidentes en la frontera norte post fallo de La Haya, se puede dilucidar el trasfondo geopolítico de las medida peruana en torno a abrir un nuevo conflicto, esta vez por la delimitación terrestre al crear el distrito Yarda - Los palos y consignar el punto Concordia como inicio de frontera afectando, eventualmente, la dinámica transfronteriza tacno-ariqueña. Apunta el matutino una supuesta tesis ‘extravagante’, pero que tiene una pensada planificación en Lima, de forzar a Chile en el largo plazo (50 años) a entregar los territorios conquistados en la Guerra de 1879 (Diario El Mostrador, 27/08/2014). Esta surge, como hemos expuesto más arriba, ante la fragilidad de las regiones extremas chilenas, escasamente pobladas y del aislamiento que padecen. En el caso particular de Arica, se destaca la presión demográfica que ejerce Tacna sobre aquella ciudad, el que ha tendido a su despoblamiento, limitando su desarrollo (Sanz, 2016). La estrategia peruana, a la que adhiere su elite más conservadora y nacionalista cercana a su Cancillería, sería explotar esta condición crítica mediante “…el asfixiamiento económico de Arica, a través de la potenciación y capitalización de las provincias del sur (Ayacucho y Tacna), definiendo para ello el concepto de “frontera económica” (Diario El Mostrador, 27/08/2014). Continua el argumento señalando: “…Chile negociará la entrega de Arica porque simplemente no podrá mantener una región sumida en la miseria que pedirá a gritos volver a Perú” (El Mostrador, 27/08/2014). Las fuentes oficiales que citan en dicho reportaje también categóricamente señalan, a propósito de la tesis sostenida por el general peruano Mercado Jarrín (Mercado, 1996), “…además define el rol estratégico de Tacna en este proceso como plataforma natural para la expansión al sur de la “Línea de la Concordia””. Esta tesis está avalada de alguna forma por informe de la cancillería recogido por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE, 2011), que puntualiza los riesgos geopolíticos del despoblamiento de Arica. Ante el desarrollo demográfico de Tacna basado en políticas eficaces con sentido geopolítico y económico, señala enfática como debe ser la política nacional: “Debe estar enfocada al poblamiento de espacios territoriales vacíos, considerando el impulso de la inmigración “Chile-Chile” y luego la proveniente del extranjero.” Además, se debe poner atención especial a zonas fronterizas: “La región de Arica y Parinacota sufre decrecimiento poblacional “chileno”, al tiempo que crecimiento poblacional de Perú.” (ANEPE, 2011).

Conclusiones

Desde la geopolítica clásica, el Estado chileno representó el territorio que comprende Arica-Parinacota y su altiplano. Con efectividad lo calificó e intervino, implementando políticas de planificación regional según sus principios, que hasta la actualidad dejan su marca pese a nuevas miradas del desarrollo abiertas a discutir el rol de las comunidades fronterizas. No obstante, la conquista de las fronteras interiores en función de la consecución de intereses de la institucionalidad central algunas veces ha ido en contra de las aspiraciones regionales y locales, sobre todo cuando se trató de estrategias de desarrollo trasfronterizo.

Por tanto, estas narrativas geopolíticas clásicas son clave para comprender la reproducción de la soberanía estatal y la mirada de la frontera norte que tienen varias agencias actualmente, como es el caso de la SUBDERE y DIFROL.

Siguiendo la reflexión crítica sobre las zonas hostiles de Chamayou (2016), pareciera que el territorio semi vacío que comprende Arica-Parinacota sigue amenazado por el extranjero, por el contrabando, por la geografía agreste, entre otros factores. Se perpetúa como un espacio desamparado que se trata de controlar y se intenta explotar en tanto proveedor de recursos, pero está lejos ocuparse o poblarse satisfactoriamente. Se digita, interviene, enuncia, pero la promesa de habitarlo sigue pendiente perpetuando su representación como descampado.

Con todo, la ‘cuestión geopolítica’ en la actualidad, si bien está más referida a la ‘inseguridad externa’ que no se refiere a la tradicional amenaza respecto de los países vecinos sino a los flujos negativos (contrabando, narcotráfico, migraciones irregulares, etc.) provenientes de organizaciones transfronterizas, todavía se ve influida por un sector de cientistas sociales afines al Estado que se resisten a nuevos debates geopolíticos; aunque también han surgido nuevas miradas regionales para afrontar el problema de las fronteras interiores que persisten en Arica Parinacota. En muchas de estas el sentido particular que le atribuyen los actores locales al territorio es clave para problematizar el lastre de los espacios vacíos.

Agradecimientos

Esta publicación es resultado del Proyecto Fondecyt Iniciación N° 11170816 y del Proyecto UTA Mayor N° 5752/17.

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Notas de autor

covando@unap.cl