Introducción

Las trayectorias de vida vinculan las experiencias y los sentidos que los sujetos le otorgan a estas experiencias, mostrando desde una perspectiva analítica itinerarios juveniles. Para Roberti (2017) esta perspectiva brinda la posibilidad de estudiar los fenómenos sociales desde su complejidad analítica, al atender la dimensión objetiva y subjetiva en su articulación espacio-temporal en la vida de jóvenes. Las trayectorias vitales tanto en un mismo individuo como en su relación con otros individuos poseen una visión dinámica, compleja y diferenciada (Blanco, 2011). Representan caminos, autobiografías, donde los jóvenes se apropian de las relaciones sociales, las interpretan y establecen respuestas más o menos asertivas (Toledo-Jofré, 2012). En el caso de los jóvenes privados de libertad, podemos encontrar diversas historias que han marcado sus vidas y les han confrontado con la realidad delictiva. Desde este marco conceptual nos focalizaremos en dos ámbitos: 1) el sistema penal juvenil en Chile y 2) la caracterización de la delincuencia juvenil.

Sistema penal juvenil en Chile: Ley, cifras y sanciones

En Chile los jóvenes en conflicto con la ley penal deben sufrir las carencias de un sistema procesal que no toma en cuenta sus particularidades y necesidades. En el caso de las medidas privativas de libertad, éstas son ejecutadas en centros que no responden a los estándares adecuados para la intervención socio-educativa (Espejo, 2014).

Uno de los cambios legislativos relevantes es la implementación de la ley 20.084 del Ministerio de Justicia (2007), donde se determina la imputabilidad para jóvenes entre los 14 y 18 años, se definen los delitos, las sanciones y los tiempos del cumplimiento de condenas en un centro cerrado (Tabla I) y se establece como línea base para la reinserción social el acceso a programas educativos.

Para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios: a) la gravedad del ilícito de que se trate; b) la calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; c) la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal; d) la edad del adolescente infractor; e) la extensión del mal causado con la ejecución del delito, y f) la idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social.

En Chile más de 49.000 menores de edad han sido condenados por delitos de variada índole en los últimos cinco años (Figura 1). Los casos van desde robos hasta violación y homicidios.

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es la institución del Estado a la que corresponde la administración de los centros donde los jóvenes infractores de ley cumplen sus condenas. Para contar con una oferta educativa pertinente que dé respuesta al espíritu principal de la ley mencionada, que es el cumplimiento de condena y participación en programas de reinserción social, se requiere que SENAME pueda coordinar con instituciones educativas, tanto públicas como privadas, la instalación de unidades educativas al interior de cada uno de los centros para jóvenes privados de libertad en Chile.

Caracterización de la delincuencia juvenil

Diversos autores vinculan la delincuencia juvenil con marginalidad y pobreza. En esta línea, Vera (2016) señala que existe un círculo vicioso unido entre delincuencia pobreza, marginalidad, desnutrición, la inseguridad, y el bajo nivel educativo y de capacitación de los jóvenes. Lozano et al. (2021) enfocan características de la delincuencia juvenil a partir de factores explicativos de la misma y patrones en la carrera delictiva.

Los factores explicativos de la delincuencia juvenil pueden categorizarse en factores de riesgo personal donde se encuentran aspectos biológicos, aspectos de la personalidad (por ejemplo impulsividad, tendencia al riesgo), conductas precursoras, ausencia de empatía y consumo de drogas, además de deterioro cognitivo expresado en déficit intelectuales o problemas de aprendizaje. “Se centran en sí mismos, buscan beneficios a corto plazo y una orientación marcada hacia el poder. Estos factores de carácter endógeno se encuentran asociados al estilo de crianza parental que puede llegar a ser muy hostil y punitivo donde puede naturalizarse la violencia” (Reyes, 2014: 3).

Uno de los primeros elementos que parece coincidir en el comportamiento de quienes han delinquido son los rasgos de personalidad, destacando altos niveles de irritabilidad, hiperactividad, comportamiento oposicionista, tendencia a tomar riesgos y agresividad temprana que va aumentando con el tiempo. Asimismo, se ha establecido una relación entre desarrollo y delincuencia, llegando a establecer que la delincuencia juvenil estaría determinada por la rebeldía propia de esta edad (Dijkstra et al., 2015; Levey et al., 2019).

Un segundo factor de riesgo estaría relacionado con las carencias de apoyo prosocial a partir de las experiencias que los jóvenes tienen en sus barrios, familias, escuelas y grupos de amigos, mostrando una mayor dependencia de los compañeros y un distanciamiento de los padres (Hadiwijaya et al., 2017). Las carencias de apoyo prosocial también estarían vinculadas a historias de maltrato (Meldrum et al., 2020) o dificultades para tomar decisiones en contextos de desempeño social (Ruiz y Silva, 2019); otros trabajos ponen de manifiesto prácticas de crianza donde los jóvenes presentan conductas desadaptativas (Hoeve et al., 2009;Rolan y Marceau, 2018).

En la escuela los aspectos implicados estarían relacionados con el absentismo y/o abandono escolar, problemas de disciplina, fracaso escolar, actitud negativa hacia la escuela (Lozano et al., 2021). Además, suelen haber experimentado estigmatización dentro de los centros educativos. Los sentidos construidos en torno a estas experiencias delictivas están íntimamente vinculadas al territorio de residencia y a las manifestaciones espaciales de la pobreza urbana (Del Castillo, 2020).

Existe una última categoría que integra variables que suponen la exposición a oportunidades de cometer delito, por ejemplo, la ausencia de control y supervisión de adultos o el hecho de vivir en barrios de alta criminalidad.

Akers y Jensen (2006) plantean que el aprendizaje delictivo se ve motivado por cuatro mecanismos: 1) asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos, 2) adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito, 3) reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos, y 4) imitación de modelos pro-delictivos.

En un esfuerzo por comprender los factores de riesgo, Vásquez (2003) señala que se pueden diferenciar en factores estáticos (como la precocidad delictiva de un sujeto, su impulsividad o su psicopatía) que contribuyen al riesgo actual pero que no pueden generalmente modificarse, y factores dinámicos o sustancialmente modificables (como sus cogniciones, tener amigos delincuentes o el consumo de drogas). Estudios sobre delincuencia juvenil han resaltado el papel de la interacción entre los distintos factores que contribuyen al inicio, desarrollo y persistencia o desistimiento de conductas problemáticas en la adolescencia (Hein et al., 2017).

A partir de los antecedentes expuestos nos preguntamos: ¿Cómo pueden las trayectorias de vida de jóvenes privados de libertad determinar sus actuaciones, formas de relacionarse y oportunidades de desarrollo personal, educativo y profesional? ¿Qué factores los llevan a delinquir, cómo se provocan los desajustes frente al sistema social y cómo se manifiestan las prácticas de resistencia al interior de los centros de internación?

Métodos

Enfoque y diseño

En coherencia con las preguntas de investigación se ha optado por un enfoque cualitativo que se caracteriza por constituir un proceso sistemático de aproximación a una situación social, considerada de manera global en su propio contexto natural; específicamente, un diseño narrativo que se desarrolla mediante un estudio de casos.

Contexto y participantes

En la ciudad de Talca se encuentra el Centro SENAME- Centro de Internación Provisoria CIR- Centro de Régimen Cerrado CRC, al alero del cual se encuentra el Liceo Técnico Profesional Aulas de Esperanza, lugar donde se llevó a cabo la investigación. Se estableció un muestreo no probabilístico por conveniencia, destacando el carácter voluntario de la participación bajo los siguientes criterios: a) jóvenes y adolescentes en régimen cerrado, b) representación geográfica de origen dentro de la región, c) diversificación de condenas y delitos, y d) representación de género. A partir de esta definición participaron en el estudio seis jóvenes, dos mujeres y cuatro hombres (Tabla II). Para resguardar su identidad se emplean pseudónimos en los relatos incluidos en el apartado de resultados.

Técnicas de recolección de datos

Para aproximarnos a las trayectorias de los jóvenes empleamos la entrevista semiestructurada a seis jóvenes internados en régimen cerrado, discursos que fueron complementados con un análisis de contenido a los Programas de Intervención de cada joven (Plan de Intervención Individual). Se analizaron el área de inserción educacional, el área ocupacional, área desarrollo evolutivo, área responsabilización, área psicológica y consumo problemático de drogas (si corresponde). Estos son criterios establecidos en las normas técnicas del centro.

En los aspectos teóricos se siguió la propuesta de Casassus (1998) sobre trayectorias, comprendidas como elementos de movilidad social en poblaciones vulnerables cuya existencia está marcada por la lucha por insertarse en la sociedad, siendo algunas dimensiones la familiar, social, laboral, política y cultural.

Análisis de datos

Se llevó a cabo a través de una descripción analítica de las categorías, la codificación y elaboración de esquemas lógico-semánticos que posteriormente generaron nueva teoría. Al principio la codificación fue abierta para efectuar una primera sistematización de los datos. Posteriormente, el proceso se orientó hacia un análisis de la información de acuerdo con una codificación más teórica, apoyados por el software para datos cualitativos Nvivo

Resultados

Al presentar los relatos de los entrevistados no queremos dejar de mencionar que sus trayectorias vitales están íntimamente vinculadas a los lugares donde viven. Para Del Castillo (2020) esta es una dimensión clave para dilucidar las prácticas y representaciones que coadyuvan a la configuración de las trayectorias biográficas.

De los seis casos, la mitad de los jóvenes han pasado gran parte de su vida en barrios de gran marginalidad social, como son los casos de la población Padre Hurtado y San Miguel del Piduco en Talca o la población Santa Lucía en Curicó. Se trata de barrios de gran pobreza que se caracterizan por la precariedad y la informalidad habitacional.

Los y las jóvenes que aceptaron participar del estudio tienen entre 14 y 19 años de edad, dos son mujeres y una tiene un hijo de tres años. Las condenas que deben cumplir oscilan entre uno y diez años en régimen cerrado.

Respecto del tipo de delito son reiterativos el robo y el homicidio. Algunos de los jóvenes muestran indiferencia frente a los hechos, otros expresan arrepentimiento; sin embargo, la mayoría culpa a ‘otros’ de los hechos justificando sus actuaciones por el consumo de drogas, la influencia de amigos o la ausencia de una familia que les contenga. “Empecé a juntarme con amistades y ahí me desvié, iba a clases al liceo, pero a mitad de año me salí y no fui más. Todo fue porque me empecé a meter en la pasta base, siempre me pillaban los pacos (policía) drogándome y me llevaban a centros de jóvenes, pero me arrancaba para volver a consumir” (entrevista C3). Este caso nos muestra la complejidad del entorno familiar y las trayectorias de vida de los jóvenes. En el caso de José el consumo problemático de drogas fue iniciado por su propia madre, quien no solo sufre de adicciones sino también de esquizofrenia.

“En relación a los factores de riesgo criminológicos estáticos se describe una historia de vida con presencia de negligencia severa parental, específicamente enmarcado en el consumo perjudicial de drogas de ambos padres, durante los primeros años de José, sumado a la presencia de esquizofrenia en su madre, por ello se estimó necesario otorgar la tutela legal del joven a su abuela” (Plan de Intervención Individual, C3). En la práctica solo la abuela está presente en la vida del joven, es quien lo visita todas las semanas y se ocupa de su bienestar. Como se puede observar, esta solidaridad intergeneracional viene a suplir un aspecto socioemocional importante en los jóvenes a través del cuidado que ha transitado de generación en generación, debiendo las mujeres adaptarse a la cultura juvenil y re-significar el momento histórico en que estas nuevas generaciones han debido insertarse socialmente (por ejemplo, cultura juvenil urbana, estallido social, reivindicaciones feministas, entre otras).

Otro aspecto que llama la atención en el estudio es el inicio temprano en la trayectoria delictual, que ocurre entre los 12 y 14 años, muy asociada a una negligencia severa parental. El caso de Miguel puede ilustrarnos de mejor forma la vinculación delictual al núcleo familiar y la normalización de prácticas ilícitas como vía para obtención de recursos: “Miguel presenta factores de riesgo criminológicos estáticos a nivel familiar, como la presencia de historial delictivo en miembros de la familia, específicamente padre biológico y tío materno del menor. En relación al tío de Miguel, a través de diagnóstico realizado, se visualiza una ascendencia respecto de establecimiento de patrones conductuales que dicen relación con el ámbito delictivo, por sobre las normas o límites establecidos al interior del hogar, situación que expone al menor desde temprana edad a vincularse con un entorno de riesgo” (Plan de Intervención Individual, C4).

La historia delictual de Miguel impresiona por la normalización de la violencia: su delito fue homicidio simple. El joven cruzaba la ciudad para estar en uno de los barrios más complejos de Talca, en la población Padre Hurtado, lugar donde habitaba su abuela. Según el joven, dio muerte a su víctima porque en reiteradas ocasiones había amenazado a su hermano menor y le había quitado dinero. Además, él mismo recibía constantes amenazas a través de redes sociales. “Un día me vio y él me sacó dos pistolas, como yo no andaba con nada para defenderme tomé mi bicicleta y fui a buscar una pistola y volví a darle dos balazos”. Cuando el entrevistador le hace ver que no le disparó: “No, no tuvo tiempo porque yo fui a buscar mi pistola, lo pillé afuera de la casa caminando y vi que se metió la mano en el bolsillo y yo pensé que iba a sacar una pistola y me aseguré primero y le di un balazo pero no le di así que me eché para atrás y le di otro balazo y sentí que gritó entonces salí corriendo” (Entrevista C-4).

Frente a este relato tienen sentido los planteamientos de Papalia et al. (2010), quienes señalan que la conducta antisocial de inicio temprano está influenciada por la interacción de factores que van desde la influencia del microsistema (como la hostilidad entre padres e hijos, malas prácticas de crianza y la desviación de los pares) hasta influencias del macrosistema (como la estructura de la comunidad y las características del barrio), ya que estas influencias que se encuentran entrelazadas comienzan a manifestarse tempranamente en la niñez.

Respecto del tipo de delitos, los relatos nos muestran que siempre la violencia va en aumento y que tiende a ser naturalizada. La justificación continúa siendo ‘no estaba en mis cabales por la droga’ pero se agrega un aspecto de interés para el estudio que es el cuidado de la imagen atribuida a un cierto status y poder dentro del grupo. “Se distingue conductas inmediatistas, desafiantes y contestatarias con escasa adherencia a las normas y respuesta violenta y agresiva frente a la resolución de conflictos. Existe una tendencia a mantener una ‘imagen’ frente a sus compañeros que se caracteriza principalmente por un estilo antisocial” (Plan de Intervención Individual C4). Los jóvenes presentan una distorsión en la representación de sí mismos asociada a una sobre o subvaloración de sus características personales que polarizan su autoimagen.

Cabe señalar que Luis, a sus 17 años, ha tenido previamente condena por tres robos en lugar habitado, un robo con sorpresa, un robo con violencia y una receptación (reducción de especies robadas a través de su comercialización). Estos delitos fueron la antesala del actual: homicidio calificado. Con estos hechos es posible visualizar cómo el tipo y frecuencia del delito se ha ido agudizando con los años a pesar de la internación provisoria o permanente de la que ha sido objeto.

También es importante considerar que los jóvenes de menor edad (14 y 15 años respectivamente) presentan hitos relevantes para el inicio de su trayectoria delictiva. Miguel tiene a su padre biológico en la cárcel cumpliendo condena por tráfico de drogas, mientras que Pedro inicia su vida en centros institucionalizados al cumplir un año y dos meses. Desde ese momento deambula entre uno y otro centro de cuidado de menores a cargo del Estado. “La dinámica familiar de Pedro presentaba irregularidades y disfuncionalidades, donde el progenitor ejercía violencia intrafamiliar contra la madre e hijos, situación que fue judicializada… Debido a lo anterior joven inicia vida en la calle evadiendo el sistema de protección donde junto a sus pares en contexto de vulneración, iniciando comportamientos transgresores vinculados a delitos y consumo de sustancias” (Plan de Intervención Individual C-5).

La violencia física y simbólica, la desatención y la falta de entendimiento van configurando la salida del hogar como una reacción esperable ante un medioambiente hostil. Una abuela que tiene a cargo a una de las chicas del centro señala: “Yo la crié de recién nacida porque su mamá la abandonó. Mi hijo es su papá pero se fue, en ese tiempo el estaba preso en la cárcel y entonces la mamá tomó sus cosas y se fue y dejó a la niña, entonces yo me tuve que hacer cargo, así he sido su abuela y su mamá desde los tres meses” (Entrevista abuela caso 2). En la mayoría de los casos la delincuencia es intergeneracional, en efecto, la familia muchas veces ha impulsado a los jóvenes a delinquir, siendo una práctica validada para conseguir bienestar material.

La realidad de Pedro también tiene un patrón común, que es la incorporación temprana a centros de menores institucionalizados por el Estado. Estos jóvenes pasan prácticamente toda su vida en sistemas de cuidado que además han sido muy cuestionados por la falta de resultados en materia de reinserción social. “El adolescente presenta historia de institucionalización temprana (primer ingreso a la edad de un año y dos meses), vida de calle, víctima de abuso sexual y participación en hechos de connotación sexual en calidad de autor. Actualmente el adolescente se mantiene en estado de total abandono por parte de su progenitora, quien solo establece contacto esporádicamente a través de llamadas y video-llamadas” (Plan de Intervención C-5).

En relación con la educación que han recibido los y las jóvenes, cinco de los seis jóvenes presentan deserción temprana del medio escolar y repitencias en educación primaria (Tabla III). Los y las jóvenes no finalizan la educación secundaria, afectando sus posibilidades de continuar con estudios técnicos o profesionales, lo que merma sus posibilidades de reinserción.

Las dificultades de aprendizaje (por ejemplo, María fue diagnosticada a temprana edad con dislalia), el predominio de comportamientos disruptivos o el excesivo control en las escuelas los lleva a automarginarse del sistema. “A mí no me gustaba la escuela, siempre me echaban para afuera, yo era desordenado, siempre estaba en la inspectoría, es que no me gustaba hacer tareas y tantas cosas aburridas, además los profes eran cuaticos porque lo único que hacían era mandarnos y castigarnos” (Entrevista C-3).

Lo cierto es que los jóvenes no se interesan por un sistema educativo que consideran altamente normado y donde la disciplina juega un papel central en los márgenes de lo que le es permitido hacer. En las entrevistas los jóvenes describen el medio escolar como hostil y con un régimen muy estricto que no les dejaba actuar con libertad. Asimismo, han ido elaborando un sentimiento de desvalorización de sus capacidades, sentimiento de inferioridad y desapego por las reglas. Uno de los profesionales que trabaja con los jóvenes cuenta la respuesta de uno de ellos cuando le pedía participar de un taller: “Pucha tía, pero de que me sirve aprender esto o desarrollar tal habilidad si voy a volver a la calle y no voy a tener ninguna oportunidad. La gente va a ver mis antecedentes y van a ver que yo he cometido delitos y no me van a dar trabajo” (E-PS).

Por otra parte, el barrio ocupa un lugar importante para los jóvenes ya que en ellos se llevan a cabo prácticas sociales. Es ese precisamente el punto de encuentro y de sociabilización con sus pares y donde las familias comparten una historia, muchas veces trabajo y camaradería. “…jugamos a la pelota, consumimos, tenemos un amigo que lleva un parlante super grande y ahí escuchamos música y la pasamos bien, nada nuevo, siempre lo mismo, así pasa el día. Igual peleamos a veces porque los locos se tiran a choros, se hacen los valientes y nos quieren quitar nuestro espacio, en la calle peleamos los lugares, son de uno” (Entrevista C6).

Las esquinas son los lugares preferidos por los jóvenes para reunirse; es un punto que los hace visible ante los ojos de los vecinos otorgándoles cierto estatus y poder de control de esas calles. En las esquinas suelen pedir dinero a los automóviles o pasar datos para la compra de drogas en menor escala, pero también se ocupan las esquinas como espacios para protección de quienes comercializan drogas. “Yo me ganaba unas monedas limpiando los vidrios de los autos, a veces nos daban buena plata, también nos daban plata por dar datos, tu sabes, pa comprar pasta, yo me ganaba con un amigo que tenía desde chico, hicimos harta plata y nos repartíamos, después nos íbamos por ahí” (Entrevista C3).

Para los y las jóvenes la calle es un espacio donde han encontrado compañía y contención afectiva, en esos lugares los jóvenes ‘agrupados’ experimentan autonomía e independencia. Como señala Urresti (2002), la fisonomía de los grupos de pares se encuentra íntimamente vinculada al espacio barrial. La sociabilización se circunscribe a círculos sociales homogéneos (pares) como consecuencia de los procesos de segregación socio-espacial que operan en la ciudad (mi calle/tu calle). Dentro de los elementos distintivos la forma de vestir, los tatuajes, el corte del cabello son elementos compartidos y que requieren la aprobación del grupo, ellos lo denominan en jerga juvenil como ‘la percha’ sí importa.

En la mayoría de los casos son las mujeres quienes tienen a cargo el hogar, madres o abuelas con familias extendidas. La separación temprana de los padres y la institucionalización a temprana edad en centros de cuidados para menores es un factor determinante en la personalidad de los jóvenes. “A María le afectó mucho que su mamá la dejara tan chica, la mamá se estaba drogando todo el día en las esquinas y nunca se ocupó de la niña. Su papá abandonó a la mamá e hizo familia con otra mujer pero también se olvidó de María, no tienen ningún contacto. Ni la mamá ni el papá preguntan por ella” (abuela C2). La abuela paterna ha debido asumir el cuidado de la adolescente y es quien la visita con frecuencia, señala estar pasando momentos dolorosos porque piensa que la joven no debería estar en ese lugar.

El caso de María es similar a otros, ella reclama un evidente abandono de su madre, quien establece compromisos que nunca llega a cumplir; por ejemplo, cuando le dice que irá a visitarla y no llega al centro (solo ha ido un par de veces). Esta situación ha afectado significativamente su área emocional: “Su estado de inseguridad la lleva a escapar de todo y todos, su timidez en ocasiones parece distante, pues desconfía de sus relaciones, tiende a permanecer en lo provisorio y superficial. A nivel de vínculos desarrolla un tipo de vinculación ambivalente la cual se evidencia en la relación con figuras significativas” (Plan de Intervención Individual).

En los relatos de los jóvenes llama la atención el caso de Miguel, quien ingresó a la edad de un año a un centro del SENAME y destaca por un daño significativo en el área afectiva y reiterados estados depresivos. Un hito importante en la trayectoria delictiva de este joven fue que el centro donde ingresó, que se suponía tenía a su cargo el cuidado de los niños, no dio garantías de seguridad, aconteciendo la muerte de uno de sus hermanos producto de un traumatismo encefálico.

Este punto es relevante para comprender el rechazo que tienen los jóvenes con los centros de cuidados del Estado. Sienten que lejos de constituir una red protectora han sido negligentes con esta tarea. Los sistemas residenciales muestran la complejidad con la que opera un sistema que repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Según UNICEF (2020) se trata de un sistema que históricamente se ha mostrado incapaz de reconocer las profundas situaciones de injusticia que están en la raíz de la violencia.

El consumo de sustancias psicoactivas es continuo y se hace referencia a la combinación o alternancia entre marihuana y cocaína. Llama la atención que no mencionan el alcohol, aunque lo utilizan con regularidad, porque su consumo está socialmente aceptado. “…la adolescente presenta hábitos perjudiciales como el consumo problemático de drogas, interfiriendo de manera directa en las funciones cognitivas. Participa del dispositivo de drogas dentro del centro… A esta situación se suma el contexto social en el que se desenvuelve la joven, el cual presenta presencia de tráfico de drogas y un alto nivel delictivo” (Entrevista C2).

Es posible observar que el uso de sustancias ilícitas en todos los casos es una constante con un inicio muy temprano. Además, las actividades ilegales (principalmente el robo y hurto) en todos los casos están relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas, teniendo como motivación la adquisición para continuar dicho consumo o suplir necesidades básicas como alimentación o vestimenta (por ejemplo, zapatillas).

Cuando conversamos con Laura, que tiene un niño de tres años, relata que su hijo está bajo el cuidado de su madre y lo ve solo una vez por semana. Que producto de las drogas abandonó tempranamente el sistema educativo. La madre de Laura se culpa porque no pudo cuidarla señalando que le era difícil compatibilizar las distintas tareas que tenía. “Con mi esposo nos separamos y debí cuidar a los niños sola, no tenía ninguna ayuda y tenía que trabajar todo el día para poder mantener a mis hijos. Yo sé que no la veía en todo el día por mi trabajo, pero yo creo que la culpa de que Laura esté aquí son sus amigos, siempre fue una niña normal, muy tranquila, nunca pensé que fuera a terminar así” (Madre C1). Así, la madre se ha visto en una situación que la obliga a asumir nuevos papeles a pesar de no estar preparada para ellos. Tener un trabajo es una necesidad urgente a la que se enfrenta ya que el futuro de la familia depende de ella. Esta situación de abandono motiva a Laura para salir tempranamente a la calle.

Discusión

La incorporación de los jóvenes al mundo del delito presenta diferentes motivaciones, siendo las principales, el abuso de sustancias ilícitas y la necesidad de conseguir recursos materiales de orden primario (comida, alimentación). Como señala Pérez (2009), la inmediatez de sus discursos y la premura con la que viven sus urgencias económicas familiares, les tensiona la posibilidad de espera, de desarrollar un proceso educativo que les permita acceder a mejores posibilidades laborales y optan por la vía delictual.

La salud mental ocupa un lugar central en los procesos de internación ya que en todos los casos estudiados los jóvenes poseen un deterioro en este ámbito. Los estudios realizados “ponen de manifiesto que los jóvenes transgresores presentan carencias en habilidades emocionales, como el control de los impulsos o la capacidad para ponerse en el lugar del otro” (González, 2002: 4).

La falta de oportunidades y la estigmatización de la cual son objeto los jóvenes representa una tarea pendiente desde el sistema procesal penal. Esta situación puede explicarse desde los planteamientos de Becker (1963) y su teoría del etiquetamiento social, ya que se criminaliza la imagen del joven que cumple con ciertas características asociadas a conceptos negativos (Di Napoli, 2016), instaurando así un estigma social sobre la persona adolescente, a pesar de haber cumplido legalmente con la medida que correspondía a su conducta, por lo que sería conveniente la intervención y participación de los grupos más cercanos e íntimos como la familia, su grupo de pares y la comunidad, a fin de evitar la reincidencia y lograr que su integración efectiva no se vea comprometida (Montejano et al., 2019).

Para Checa et al. (2003) la exclusión (económica, cultural, jurídica, etc.) de la que son objeto los jóvenes tiene su base la mayoría de las veces en una representación previa, en un prejuicio colectivo que el grupo mayoritarío ha generado respecto al otro; cuando el trato se produce realmente, la estigmatización se hace efectiva y a su vez retroalimenta la representación que se tenía de ellos.

Como hemos visto, cuando los jóvenes ingresan al sistema sufren una pérdida importante del entorno habitual, de su familia y de su grupo de pares, por eso sus efectos se proyectan más allá del período de encierro, contribuyendo a incrementar y agravar su desarraigo social y la desvinculación familiar. No se debe olvidar que los jóvenes privados de libertad tienden a adquirir una autopercepción distorsionada (carente, abandonado y/o rechazado) afectando profundamente su identidad (Sarmiento et al., 2017).

Ante este panorama tan adverso para un adolescente infractor de la ley, el adaptarse a la escuela se transforma en un foco de tensión y conflicto constante; y por otra parte, la escuela no logra adecuarse a las características diversas de este tipo de jóvenes, precipitándolo de alguna forma, a la deserción escolar, la cual “mientras más precoz, genera más posibilidades de que el adolescente presente conductas delictivas” (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003: 5).

El control también está a la base del modelo educativo que desarrollan centros privativos de libertad. Existe una constante corrección disciplinaria de aquellos comportamientos ‘indeseados’, una transmisión mecánica y asimétrica del currículum y el predominio de un modelo centrado en la cualificación de los menores.

Un aspecto de interés para el estudio fue el predominio de un modelo educativo altamente psicologizado, lo que se expresaba en discursos como diagnóstico, intervención, déficit, entre otras. Zambrano et al. (2015) señalan que la comprensión de la desviación (conducta delictiva) se hace desde la perspectiva de la estructura social, del sistema social imperante y de sus exigencias concretas. El quebramiento de las normas supone un acto disfuncional para el sistema en la medida que altera el comportamiento normal; de allí que se ponga el acento en una intervención clínica y se remita la responsabilización de los actos únicamente a los jóvenes.

Lo anterior ha llevado a que la educación se organice en torno a una pedagogía del déficit donde los jóvenes son vistos como ‘incompletos’ o ‘víctimas’ por lo cual serían carentes de potencial transformador. Se produce lo que Barudy (2001), denomina como proceso de victimización temprana, en donde el niño no puede resolver sus necesidades, transformándose en muchas ocasiones en ‘objeto’ para los adultos.

El género también aportó información relevante para la comprensión de las trayectorias delictivas de las jóvenes. El deterioro de la salud mental de las madres, el abandono de sus hijos, la culpabilidad ante la posibilidad de conciliar cuidado y trabajo, el embarazo no deseado, el traspaso de roles de cuidados a las abuelas fueron temas presentes en el estudio. Ajaaouani (2015) señala que, a pesar de sufrir una gran presión social y familiar, las madres se niegan a abandonar a los niños y mantienen la esperanza de que algún día pueda sacarlo de la calle e insertarlo en la familia y, por lo tanto, en la sociedad. La experta indica que apoyar y mejorar la situación de la mujer es una de las medidas urgentes que se deben tomar para evitar la salida de más niños a la calle. Cuanto mejores sean las condiciones de la madre, mejor será atendido y protegido el niño.

Conclusiones

Hemos expuesto las trayectorias de vida de seis jóvenes infractores de ley, sus experiencias desde la primera infancia, las relaciones que establecen con sus amigos, las condiciones de precariedad de sus familias y la respuesta que han recibido desde el sistema educativo y el sistema judicial en Chile. A partir de los resultados se puede concluir que las experiencias individuales y colectivas actúan como factores de riesgo para incorporar comportamientos delictivos.

Las trayectorias de vida de los jóvenes privados de libertad se caracterizan por un abandono temprano en un contexto de pobreza estructural multidimensional. Las familias juegan un rol fundamental como modeladores de la conducta pues han expuesto a sus hijos tempranamente a hechos delictuales. La participación de los jóvenes en el mundo delictual está determinada por las características del entorno sociocultural que promueve (o no) los actos delictivos. Los jóvenes experimentan el abandono temprano del sistema educativo, en atención a una educación centrada en el control y un currículum uniforme que da escasas de posibilidades para su desarrollo. En la mayoría de los casos el consumo problemático de drogas motivó las conductas delictivas bajo la finalidad de suplir bienes materiales de orden primario. Sus formas de resistencias frente al sistema se manifiestan a través de relaciones violentas, relativización de la autoridad y de una manipulación frente al sistema.

Resulta conveniente plantear algunas limitaciones con el propósito de que sean consideradas para futuras investigaciones. Los casos son ideográficos y su alcance está limitado a los contextos, personas y condiciones donde se llevó a cabo el estudio. Otra limitación fue la dinámica interna del sistema de cuidado de menores, que afectó las visitas debiendo trabajar en espacios limitados y supervisados por los equipos responsables del centro, más aún en un contexto de pandemia donde las visitas se vieron drásticamente disminuidas.

Líneas de investigación futura deberían centrarse en la evaluación de los programas de funcionamiento interno de los centros que atienden a jóvenes privados de libertad. Desde una perspectiva metodológica sería interesante desarrollar estudios longitudinales que aporten información ‘en el tiempo’ sobre el desempeño de los jóvenes dentro y fuera del centros privativos de libertad.

Referencias

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Notas de autor

jdominguez@ucm.cl