Introducción

En toda su historia, la educación superior mexicana ha pasado por diversas transformaciones producto de los cambios en su contexto económico, social y político. Lo anterior ha dado lugar a un conjunto heterogéneo, caracterizado por las diferencias expresadas en su denominación, tamaño, perfil académico, funciones que realizan, áreas del conocimiento que abarcan extensión territorial, prestigio, personal académico y finalidad (Mendoza, 2018). Como argumenta Rubio (2006), tal diversidad exterioriza la dificultad de lograr una coordinación efectiva en la aplicación de políticas nacionales, estatales e institucionales, precisamente por la discrepancia entre éstas y las particularidades de los distintos actores del sistema. Las políticas nacionales tienen impacto “en el proceso de construcción de un sistema de educación superior de buena calidad, abierto, flexible, diversificado y bien distribuido geográficamente, que responda a las expectativas de la sociedad y coadyuve con oportunidad y calidad a la demanda del desarrollo económico y social del país” (Rubio, 2006:11).

Actualmente, se configura un nuevo escenario en el que confluyen cambios en el entorno político y demandas sociales que exigen una capacidad de respuesta oportuna. La universidad en México se enfrenta, por un lado, a las disposiciones propias del sexenio entrante y, por otro, a los retos en cuanto a calidad e inclusión que arrastra desde años previos. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es llevar a cabo un análisis documental sobre los ejes estratégicos en materia de calidad educativa e inclusión planteados como parte de la política educativa en el sexenio anterior (2013-2018) con la finalidad de reflexionar sobre la propuesta y materialización de las políticas planteadas del sexenio en curso (2018-2024).

Para ello, el documento se estructura en tres apartados. En el primero, se retoma el eje Educación de calidad y se muestran las acciones emprendidas en dos vertientes, la primera en referencia a la pertinencia de los planes y programas de estudio y la segunda con la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el segundo apartado, se desglosa la cuestión de la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, donde se señala que los frentes estratégicos recuperados por la administración anterior fueron: la ampliación de oportunidades de acceso, la mejora en la distribución de recursos para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y el aprovechamiento de los servicios educativos. Por último, en el tercer apartado, se elabora una discusión acerca de los alcances obtenidos por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El trabajo se realizó a través de una consulta de fuentes documentales, específicamente y como punto de partida se tomó el Plan Nacional de Desarrollo (PND)¹ 2013-2018. En este se plantea la meta México con educación de calidad. Dentro de ésta se encuentran cinco objetivos² de los cuales se recuperan para este trabajo el primero: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad; y, el segundo: Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. A su vez, se integra para el análisis el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018³ y se contrasta con los datos reportados en el Sexto Informe de Gobierno (2017-2018)⁴. Posteriormente se reflexiona sobre el apartado 2. Política Social⁵del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para mostrar el avance actual. En suma, se sigue la recomendación de Flores-Crespo (2008) sobre evaluar las políticas y los programas a partir de qué se planeó, qué se obtuvo y cuáles son las implicaciones para los individuos y los grupos.

Educación de calidad

Como se señaló previamente, uno de los ejes estratégicos en los que se ha puesto mucha atención en los últimos años, es el relativo al fortalecimiento de la calidad en el sistema educativo. Específicamente en cuanto al Sistema de Educación Superior (SES) se busca que las universidades se adapten a nuevos esquemas de competencia y cooperación universitaria que refuercen sus funciones académicas de servicio a la sociedad y aquellas encaminadas a contribuir al desarrollo humano, cultural y económico de su entorno (ANUIES, 2017). No obstante, de manera general, la calidad es un término que posee múltiples interpretaciones. Barba (2012) explica que esto se debe a la percepción que se tiene de ella y su aplicación en los procesos organizacionales, en los que comúnmente se da respuesta a necesidades de efectividad, eficiencia, eficacia y cambio.

En cuestión de política educativa, la calidad se concibe como una función del Estado que tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación de las nuevas generaciones, mediante un conjunto de acciones que provean a las escuelas, docentes y estudiantes de los recursos necesarios para promover innovaciones y mejoras que fortalezcan la calidad de los aprendizajes y la equidad del sistema (INEE-IIPE UNESCO, 2018). Específicamente en el rubro de la educación superior, la calidad se alinea con los retos a los que se enfrenta el conjunto, entre los cuales se mencionan: la cobertura y la equidad, pertinencia, evaluación de la calidad, carrera académica, financiamiento y gobernanza (Fernández, 2017). De los anteriores, la línea que refuerza la calidad en el SES es la pertinencia. Esta última se concibe como “el fenómeno por medio del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y su entorno” (Malagón, 2003:114). Los indicadores que miden la pertinencia de la educación superior de acuerdo con Fernández (2017) son: la formación de profesionistas de alta calidad, la generación y aplicación de conocimiento social y económicamente útil y la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible del país. El autor detalla que desde décadas previas se ha fortalecido la vinculación de los actores educativos con los sectores privado, social y público, así como con entornos locales, nacionales e internacionales, dada la importancia social y económica implícita.

Se debe añadir, que la noción de calidad se ha orientado en los últimos años por las recomendaciones emitidas por entidades internacionales⁶ como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo papel es coadyuvar a los Estados y partes interesadas a llegar a un acuerdo sobre objetivos en común, la consecución de mecanismos de aplicación y seguimiento (UNESCO, 2017). Por ejemplo, Naciones Unidas (2020) entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dedica un rubro en el que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje cuyo acceso sea universal.

Durante el último sexenio, las medidas declaradas desde el PND 2013-2018 para garantizar la calidad en el sector terciario de la educación, siguieron estrategias mayoritariamente enfocadas hacia dos aristas afines. La primera tuvo que ver con la pertinencia de los planes y programas de estudio, en el sentido de que permitieran a los estudiantes generar aprendizajes significativos y competencias enfocadas en la incorporación de éstos al mercado laboral. La segunda, se relacionó con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).

En cuanto a la pertinencia, desde finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la educación superior ha mostrado una clara orientación al mercado laboral; la premisa es que la educación superior es un bien estratégico para las naciones, ya que es un vínculo entre la producción de capital humano altamente capacitado y la difusión de conocimientos de las economías competitivas entre las naciones (Fernández, 2017). Dicha tendencia se manifiesta desde la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (UNESCO, 1999), en la que se deja en claro que la pertinencia de la educación superior requiere de una articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo, emitiendo la recomendación de estrechar la relación con el aparato productivo, brindar una educación centrada en competencias y aptitudes, y asumir mayores responsabilidades con las partes interesadas. Actualmente, para la ANUIES (2018), lo anterior continúa siendo una prioridad; es decir, prevé que, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, se debe aumentar sustancialmente el número de jóvenes que acrediten competencias técnicas y profesionales que les permitan acceder al empleo y/o emprendimiento.

Tal prioridad converge con la idea de que los retos que enfrenta el SES tienen que ver con la comprensión de las problemáticas sociales y económicas y su papel como instituciones que, a partir de sus funciones sustantivas, pueden emitir soluciones tangibles (Fernández, 2017). Desde esta esfera, el PND 2013-2018 promovía incrementar la calidad de la educación cerrando las brechas entre lo que se enseña en las escuelas y las necesidades del mercado laboral, así como “fomentar las carreras técnicas y vocacionales que permitan la inmediata incorporación al trabajo, propiciando su especialización, así como la capacitación en el trabajo” (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013: 62).

En este sentido, algunas de las líneas de acción plasmadas en el objetivo 2.5 del PSE 2013-2018 orientadas a fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo fueron: promover la diversidad de la oferta educativa para ajustarla a los requerimientos sociales, ambientales y productivos; impulsar el reconocimiento de las competencias adquiridas en el trabajo o de forma autodidacta en el sistema educativo nacional; establecer sistemas de equivalencias de créditos entre la formación para el trabajo y la educación formal; y, fortalecer la cooperación educación-empresa para favorecer la actualización de planes y programas de estudio, la empleabilidad de los jóvenes y la innovación, por señalar algunas (SEP, 2018).

Entre las líneas de acción transversales acordes a tal objetivo incluidas en la Estrategia 1 de la sección III del PSE 2013-2018 se enuncian: profundizar la vinculación entre el sector educativo y el productivo; diseñar e implementar modelos educativos de formación para y desde el trabajo; impulsar políticas activas de capacitación laboral que fomenten la actualización y vigencia de capacidades y competencias de trabajadores, entre otras (SEP, 2018). Las anteriores, son afines a las recomendaciones de la OCDE (2017) acerca de que se deben emprender acciones en tres aristas, la primera, el desarrollo de competencias relevantes desde la infancia hasta la vida adulta; la segunda, la activación de las competencias en el mercado laboral; y, en tercer lugar, el uso de competencias de manera eficaz para la economía y la sociedad. La premisa es que al “desarrollar competencias superiores y relevantes, y al apoyar a los empleadores para que mejoren la gestión de sus recursos humanos, México podrá incrementar sus niveles de productividad y, por tanto, los incentivos para que los empleadores contraten a trabajadores en el sector formal” (OCDE, 2017:15).

Para fortalecer este aspecto, el Gobierno Federal dio seguimiento al Sistema Nacional de Competencias (SNC) (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2017), cuyo antecedente es el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la definición de Normas Técnicas de Competencia Laboral emitido el 1 de agosto de 1995 por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El 29 de abril de 2005, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), crea el contrato constitutivo del Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral (SNCL) y de Certificación de Competencia Laboral (SCCL), donde éste se considera como una entidad paraestatal y se denomina Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (Conocer, 2017).

Según la OCDE (2017), las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas —incluidos los aprendizajes cognitivos, técnicos y socioemocionales—que permiten a los individuos desarrollar una actividad y tener éxito en el mercado laboral, siendo éstas la base del capital humano del país. Conocer (2017) apoya este argumento, teniendo como misión desarrollar el potencial productivo del capital humano para la competitividad de México a través de la creación del Sistema Nacional de Competencias (SNC). Para 2018 se registraron más de 600 mil certificados de competencias laborales emitidos por conocer (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). Cabe destacar que, dentro de esta iniciativa, se incluye el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (Procadist), el cual es una plataforma educativa a distancia que ofrece el servicio de capacitación virtual gratuita para el perfeccionamiento o desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales (Procadist, 2020). Se suma el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (Pades), el cual en 2017 destinó 12.6 millones de pesos para realizar 40 proyectos en 29 instituciones orientados a fortalecer la pertinencia y calidad de los programas educativos a través de la vinculación con los sectores productivo y social siguiendo el enfoque por competencias (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

Por otro lado, una de las medidas que ha ejercido la ANUIES (2018) para asegurar la calidad de la educación superior, es la evaluación de programas educativos, personal docente, estudiantes, instituciones y procesos de gestión, a través de organismos como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Por ejemplo, una de las metas del PSE 2013-2018 fue que al menos el 72% de la matrícula de estudiantes en licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) pertenecieran a programas reconocidos por su calidad y sólo se alcanzó el 44.7% (ANUIES, 2018).

En otro orden de ideas, en pro de una mejora en la calidad educativa, el PND 2013-2018 alentaba al desarrollo de programas educativos flexibles con salidas intermedias como las carreras técnicas y vocacionales que apoyarían la estrategia de generar competencias para el empleo (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). En este sentido, la estrategia fue continuar con los apoyos para las instituciones que conforman el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con un presupuesto ejercido en 2017 de 1,515.5 millones de pesos. Se especifica que se implementó una estrategia de vinculación para determinar los perfiles requeridos por la planta productiva y el diseño de planes y programas de estudio, manteniéndose tres niveles educativos: Técnico Superior Universitario, Licenciatura o Ingeniería e Ingeniería técnica. En éstas mismas se gestó la Red de Incubadoras de Empresas para la generación de empleos de calidad, que en 2018 se integró por 118 centros de emprendimiento en 29 entidades federativas, lo que dio lugar a la creación de 3,846 empresas y 12,360 empleos entre 2012-2018 (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

En cuanto a la estrategia de promoción e incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) tiene un papel preponderante. Hasta junio de 2018 contaba con una oferta educativa de 23 programas a nivel licenciatura⁷, 19 de Técnico Superior Universitario (TSU), una especialidad y dos posgrados (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). La UNADM inicia actividades en el ciclo escolar 2010-2011 con 41 mil estudiantes y termina el ciclo 2017-2018 con una matrícula de 51 mil, cifras con las cuales concentra el 8.8% de la matrícula total nacional, el mayor número de estudiantes en esa modalidad (ANUIES, 2018). Tal institución ha promovido desde 2016 el curso: Aprendizaje Autogestivo en un Ambiente Virtual, el cual ha tenido el propósito de apoyar el desarrollo de habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias y técnicas de estudio para que los estudiantes se desempeñen dentro y fuera de un aula virtual (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

Inclusión y equidad en la educación superior

La inclusión y la equidad en política educativa, refieren a cómo la actividad del Estado se encuentra orientada a ampliar las oportunidades de acceder, transitar y permanecer en el sistema educativo, sobre todo en regiones donde se registra una mayor proporción de rezago educativo o población que enfrenta situaciones de vulnerabilidad por carencias materiales persistentes, discapacidad, pertenencia étnica, situación migratoria, género, preferencias sexuales, creencias religiosas o prácticas culturales (INEE-IIPE UNESCO, 2018). En este tema, las estrategias que marca el PND (2013- 2018) fueron: 1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población; 2. Extender los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad; y, 3. Crear nuevos servicios educativos, acrecentar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).

El primer y segundo frente fueron una de las prioridades del PSE 2013-2018, donde se buscó incrementar la diversificación de la oferta educativa, aumentar los programas de educación a distancia y apoyar con programas de becas a los estudiantes del sector público (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). Que estas estrategias funcionen depende de que el Estado intervenga en el fortalecimiento de la base de bienestar de los hogares, en especial de aquellos en una situación crítica dado que existen rezagos importantes (INEE-IIPE, UNESCO, 2018). Los datos de la ANUIES (2018) describen que para 2016 existían 53.4 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales alrededor de 9.4 millones sufrían de pobreza extrema, lo que representó un 43.6% y un 7.6% respectivamente de la población del país. En comparativa con 2010, la pobreza disminuyó alrededor de cuatro puntos porcentuales, lo que en términos absolutos es un total de 3.6 millones de personas, reportándose 32.9 millones de personas en situación de vulnerabilidad por carencias sociales y 8.6 millones vulnerables en ingresos. Ante este panorama, los avances aún son insuficientes.

Siendo este un obstáculo para la continuación de los estudios, se dio continuidad a los programas de becas, que para el nivel superior fueron las Becas de Manutención⁸ que pasaron de 528,820 en el ciclo escolar 2016-2017 a 388,818 en el ciclo escolar 2017-2018. Se sumó la beca complementaria “Apoya tu Transporte” con un total de 87,797 apoyos y prospera con 116,540 subvenciones (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). Por otro lado, las Becas de excelencia, titulación, servicio social, vinculación, movilidad y superación profesional del Pronabes tuvieron una disminución considerable de alrededor del 94%, pasando de 51,901 en el ciclo 2016-2017 a 2,757 en el ciclo escolar 2017-2018 (SEP, 2018).

En cuanto a inclusión, se desarrolló el Programa de Oportunidades para el Empleo para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la Tecnología de las Américas (POETA), la cual consiste en brindar capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación proporcionando acceso a oportunidades de empleo y una participación social más activa. Se reporta que en el ciclo escolar 2017-2018 se atendieron cerca de 8 mil estudiantes. De igual manera, en seis Universidades Tecnológicas y dos Politécnicas, durante 2017, se fomentó el desarrollo de la “Red de Atención Incluyente a las Personas con Discapacidad”, basado en el modelo de la Universidad Tecnológica Santa Catarina en Nuevo León y se aplicó el Programa de Capacitación y Profesionalización en materia de inclusión a 58 instituciones. Por último, la UNADM en conjunto con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad CDMX) ha dado atención a 7,264 estudiantes con discapacidad (auditiva, motriz o visual). El reto pendiente es adecuar la infraestructura, equipamiento y accesibilidad de los planteles existentes para favorecer la atención de los jóvenes con alguna discapacidad (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

El tercer frente invitaba a ostentar una cobertura en educación superior de al menos 40% para el 2018, apoyándose de la ampliación de la oferta educativa en diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no escolarizada (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013; SEP, 2018). La cobertura es un indicador que mide la oferta de estudios y la capacidad del sistema educativo nacional para atender a la población (SEP, 2016). En este sentido, la cobertura en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 38.4%, teniendo un incremento de 1.1 puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar previo (2016-2017) y 6.3 puntos porcentuales más en comparación con el ciclo escolar 2012-2013. No obstante, faltaron 1.6 puntos porcentuales para alcanzar la meta prevista al inicio del sexenio (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). Pese a que hay una evolución favorable de este indicador, la cifra se encuentra diez puntos porcentuales debajo de países como Argentina, Uruguay y Cuba, lo cual no es suficiente para atender las necesidades educativas (Mendoza, 2018). Por otro lado, la OCDE (2020) reconoce que, aunque el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años con educación superior aumentó de 16% a 23% entre 2007 y 2017, aún es insuficiente si se compara con el promedio de 44% que reporta la organización.

Otro indicador de creciente interés en cuanto a la cobertura es el de la población entre 15 y 19 años que no estudia ni trabaja. La OCDE (2017) señala que cerca del 22.2% de jóvenes en México en el rango de edad antes indicado, se encuentran en esta condición, lo cual está por encima del promedio de 14.6% de los países de la organización; la misma señala que representan un alto costo a la sociedad y es capital humano que no tiene movilidad, incluso se encuentran en riesgo permanente de estar marginados del mercado y la sociedad y se ven forzados a migrar. La INEE-IIPE UNESCO (2018) identifica que este grupo se conforma en su mayoría por mujeres que permanecen en el hogar desempeñando tareas domésticas. Entre las alternativas emprendidas en el sexenio anterior y destacadas por la OCDE (2017) para hacer frente a esta situación, se encuentran: el programa bécate, administrado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que consiste en brindar capacitación y apoyo económico a los usuarios; Capacita-T, otro programa federal de la Subsecretaría de Educación Media Superior que busca desarrollar competencias integrales en jóvenes de 15 a 29 años a través de cursos en planteles de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo; y, Crédito Joven, el cual ofrece préstamos para iniciar un negocio.

Avances y retos en los ejes estratégicos calidad, inclusión y equidad

Desde la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, la calidad educativa demarcó la orientación del Proyecto Alternativo de Nación (2018-2019). En este, se argumenta que la educación es un elemento indispensable para el desarrollo nacional, la cual permite mejorar la calidad de vida de las familias y es un medio que impulsa la economía y hace posible la democracia. En el discurso, a la educación se le ha adjudicado la responsabilidad de combatir los fenómenos de inseguridad, violencia y deterioro del estado de derecho, argumentando que ésta debe ir acorde con el programa de transformación esperado para el país. En el actual Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) se refuerzan los programas ya planteados desde la campaña electoral, estos son: el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG). En conjunto, estos programas se alinean también con las estrategias de inclusión y equidad previamente desglosadas.

El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se dirige a jóvenes cuyos hogares se encuentran en situación de pobreza y estudian desde educación inicial, básica, media superior y superior. El apoyo se restringe a una beca por familia de 800 pesos mensuales otorgados de manera bimestral durante el ciclo escolar, los beneficiarios deben reincorporarse anualmente. Por otro lado, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, está dirigido a jóvenes inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada con menos de 29 años y que no se encuentren adscritos a alguna otra beca del gobierno federal, priorizando a jóvenes provenientes de hogares que se encuentran en situación de pobreza, hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes y personas que vivan en contextos de violencia. En una primera etapa se aplica en escuelas normales, universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. La aportación es de 4,800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar en tanto que concluyen su educación superior (Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2019). A la fecha el avance del programa es de un 89% lo que representa poco más de 267 mil becas (Prospera, 2019).

Para la ANUIES (2018), la prioridad es que efectivamente se distribuyan los recursos entre los hogares situados en los cuatro primeros deciles de ingreso monetario, además de que el monto sea efectivo para permanecer y concluir sus estudios en condiciones de equidad. Como se apreció previamente, la tendencia muestra una baja en los recursos destinados para los anteriores programas de becas. En todo caso, la estrategia debe mantener la continuidad, pero también rendir cuentas a largo plazo y establecer criterios claros sobre la utilización del recurso y si efectivamente contribuyó no sólo a que los jóvenes ingresen a la educación superior, sino que también se garantice la permanencia y culminación de sus estudios, sobre todo en los sectores vulnerables de la población. Para ilustrar lo anterior, los datos de la OCDE (2020) indican que México tiene la proporción más baja (17%), respecto de los países que forman parte de ésta de adultos entre 25 y 64 años con un título de educación superior.

En otro orden de ideas, la iniciativa desarrollada en el documento Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene la intención de generar capital productivo para el país, lo que es acorde con el discurso del sexenio anterior. La estrategia de capacitación tiene una población meta de 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años y está a cargo de la STPS. Se busca vincular a jóvenes que no estudian y no trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios donde puedan desarrollar o fortalecer hábitos laborales y de competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad. El monto del apoyo es de 3,748 pesos mensuales hasta por un año (López, 2018; Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2019). El avance se puede monitorear en tiempo real en una plataforma estipulada para tal finalidad. Al momento de la revisión, los aprendices vinculados son 576,335 con cerca de 59% de mujeres incorporadas y 41% de hombres, en su mayoría con escolaridad media superior. El 74% se encuentran adscritos al sector privado, alrededor del 24% en instituciones gubernamentales y el 2% en organizaciones de la sociedad civil (STPS, 2020).

En septiembre de 2018 se suma a esta iniciativa el Sistema de Formación de Habilidades a cargo del Comité Nacional de Productividad (CNP), el cual se crea por recomendación de la OCDEy el BID, en el entendido de que la educación y la formación de habilidades para los empleos del futuro es indispensable para lograr crecimiento económico y eficiencia productiva. Entre sus objetivos se encuentran: fortalecer los mecanismos de colaboración entre las dependencias públicas involucradas a través de un plan estratégico de formación de habilidades y competencias; facilitar la incorporación de los trabajadores en sectores cada vez más productivos; y, promover la inserción de las personas al mercado laboral con programas de aprendizaje y capacitación en el lugar de trabajo, apoyos a la inserción profesional, incentivos para los empleadores y programas de creación de empleo (CNP, 2018).

Como se puede apreciar, la estrategia desglosada sigue la recomendación de la OCDE (2017) y Naciones Unidas (2020) acerca de favorecer la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral. También marca un avance respecto de los programas a los que se les dio continuidad en el sexenio anterior como lo son conocer y Procadist, dado que la iniciativa busca el aprendizaje y la formación de competencias en tiempo real. Empero, una de las posibles implicaciones de este programa es la carencia de una fundamentación filosófica, sociológica y psico-didáctica del modelo de formación en términos de que se reduce a la familiarización del educando con habilidades, destrezas, valores o actitudes que pudieran excluir la dimensión integral del desarrollo humano (Guzmán, 2017).

Una previsión más es que este curso de acción pudiese precarizar aún más las condiciones de empleabilidad de este sector, en el sentido de que las empresas se apoyen de mano de obra financiada por el gobierno y no den lugar a plazas de nueva creación ni garanticen que los becarios al final de la certificación obtengan un empleo bien remunerado. Como señala la OCDE (2020), los trabajadores jóvenes con títulos de educación superior de entre 25 y 34 años se enfrentan, en primer lugar, a la informalidad, la cual es de 27%; en segundo a la sobre calificación, es decir, un 46% de personas en el rango de edad antes señalado se emplean en puestos que no requieren un título de educación superior; y, por último, al desempleo. Si se busca ampliar la cobertura, esto debe ir de la mano de un programa de creación de empleos que superen la precariedad del mercado laboral, los bajos ingresos y permita a los futuros egresados mejorar sus condiciones de vida.

No obstante, al hablar de la pertinencia y la orientación de las Instituciones de Educación Superior (IES) al mercado laboral, desde el discurso antes desarrollado, extrapola una visión funcionalista del trabajo universitario, en otras palabras, pone el conocimiento generado en las aulas al servicio del mercado de trabajo. Pese a que Naciones Unidas (2018) maneja como meta que la educación garantice conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo sostenible a través de derechos humanos, igualdad de género, ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural, entre otros; la formación por competencias orienta la finalidad de la educación al mercado y deja de lado los pilares sustantivos de las universidades tales como la investigación y la extensión. Esta tendencia se ha manejado en los programas de educación a distancia como la UNADM, el ya señalado Procadist y ahora en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El peligro de que esta tendencia se incorpore a las IES es la posible crisis de legitimidad institucional ante el cuestionamiento de los pilares que conforman su identidad, al ya no considerarse universidades sino empresas productoras de competencias sometidas a la productividad, perdiendo así su concepción como espacios de reflexión (Montaño, 2005). Implica una reducción importante de su naturaleza y alcances históricamente atribuidos, tales como la formación de personas, comunidades y naciones (Aboites, 2009; Ibarra-Colado, 2005; Ordorika, 2007). La función social de la universidad deriva en una aportación positiva para la sociedad relacionada con el cultivo del conocimiento y la vinculación de éste con las realidades sociales para afrontar las necesidades de la sociedad en su conjunto y no está supeditada a criterios o intereses particulares, como en este caso lo sería el mercado laboral (Villaseñor, 2003).

En otro orden de ideas, una medida más en la búsqueda de la universalización de la cobertura consiste en la creación de 100 universidades UBBJG con el objetivo de ampliar la oferta de educación superior esperando garantizar la universalización de la educación superior sobre todo en las zonas con un alto rezago. Esta medida consiste en brindar el servicio educativo sin la aplicación de algún examen de admisión, sólo una valoración diagnóstica para atender las necesidades de formación de los estudiantes. Cada joven inscrito recibe una beca de 2,400 pesos mensuales por diez meses al año mientras concluyan sus estudios, los cuales tienen una duración de 8 ciclos escolares de 14 semanas cada uno. Cada plantel tiene una carrera que depende del contexto regional (UBBJG, 2019). Con las convocatorias de inscripción en curso, el programa se encuentra en operación, aunque con instalaciones improvisadas, una matrícula de 7,575 estudiantes y una planta docente de 459 profesores (Acosta, 2019). En este sentido, se debe asegurar que la oferta de programas académicos se encuentre alineada a los objetivos de desarrollo regional de modo que los proyectos de investigación y acciones de extensión universitaria sean congruentes con las necesidades sociales, y no exclusivamente encaminados a la formación de mano de obra para el sector empresarial.

Además, más allá de crear nuevos planteles, se debe fortalecer la infraestructura ya existente. En las organizaciones públicas el tema primordial es el del financiamiento, ya que se necesitan recursos para atender el crecimiento esperado de la matrícula (Román, 2019). Por otro lado, está pendiente la unificación del SES, donde se puede aprovechar la capacidad de las instituciones de educación superior privadas en todos sus estratos, llevando a cabo una tarea importante que se ha dejado es la revisión al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Esta medida no sólo beneficiaría al indicador de cobertura y las estimaciones de calidad sobre el sector, sino que también se aprovecharía la incorporación de la mano de obra docente que se encuentra sin oportunidades de crecimiento laboral, salarios ínfimos y nulas prestaciones.

Otro de los retos para superar el indicador de cobertura, es la inequidad en el acceso a la educación superior por condición socioeconómica; los estudiantes favorecidos económica y socialmente tienen mayores oportunidades para cursar sus estudios en IES públicas, privadas o incluso en programas a distancia como los ofertados por la UNDM de ahí que sea fundamental ampliar las oportunidades de inclusión a la educación superior para grupos sociales en situación de vulnerabilidad (ANUIES , 2018; Naciones Unidas, 2018; OCDE, 2020) y garantizar que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro tenga resultados tangibles. Por otro lado, también se debe mejorar el porcentaje de egresados EMS (SEP, 2013), el cual tiene una matrícula de 5.2 millones de alumnos, equivalente al 14.4% del sistema educativo escolarizado y cuya cobertura para el ciclo escolar 2017-2018 es del 78.5% respecto de la población total de 15 a 17 años (SEP, 2018). Esto implica reforzar todo el sistema educativo en México.

Conclusiones

Como se ha señalado a lo largo del documento, la educación superior en México se caracteriza por ser heterogénea y el diseño y aplicación de políticas educativas requieren atender las disparidades existentes. El gobierno actual se enfrenta a los rezagos de un conjunto que no se mantiene estático y tiene la obligación de dar respuesta a los desafíos contingentes. En este sentido, en cuanto a la calidad del sistema de educación superior, se explicó que las políticas diseñadas siguen las recomendaciones de organismos internacionales como UNESCO, OCDE y BID. Desde el PND 2013-2018, las aristas imbricadas fueron referentes a la pertinencia de los planes y programas de estudio y el aprovechamiento de las tic en los procesos de enseñanza aprendizaje. En la primera, se documentó la tendencia de la formación por competencias implementada en iniciativas como el SNC, conocer y Procadist. Actualmente, es posible enunciar que la función del SNC es similar a la del recién creado Sistema de Formación de Habilidades cargo de la CNP. Además, se enlistan los apoyos concedidos a las instituciones pertenecientes al Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. En la segunda, se hace visible la UNADM con sus programas de formación a distancia bajo un esquema de competencias.

Sobre la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, se hizo un balance acerca de la ampliación de oportunidades de acceso para los sectores sociales vulnerables y el incremento en la cobertura. En general, se manifestó que son múltiples los apoyos económicos existentes para los alumnos de educación superior y que, pese a que durante el último ciclo escolar del sexenio anterior se muestra un decremento sustancial de los mismos, actualmente se emprenden programas como el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro, este último diseñado para incorporar a la población de jóvenes que no estudian y no trabajan en el mercado laboral. No obstante, este sector era atendido desde el sexenio anterior a través de iniciativas como bécate, Capacita-T y Crédito Joven. En este sentido la cuestión central es que se establezcan reglas de operación que garanticen que el recurso se encamina hacia quienes más lo necesitan. Queda pendiente la integración de los jóvenes con discapacidad a las ies dado que, si bien existe el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, hay que analizar si éste incide en su formación o si hay avances en la inclusión de este sector en los espacios educativos.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el indicador de cobertura actual (38.4%) es inferior a la meta propuesta desde la administración pasada (40%) y es menor en diez puntos porcentuales entre el promedio de los países de América y el Caribe, por lo que es necesario fortalecerlo para atender las necesidades educativas (ANUIES, 2018). Ante la premisa de que los apoyos económicos son insuficientes para garantizar el derecho universal a la educación, la estrategia del gobierno actual es emprender la construcción de 100 universidades en las zonas con mayor rezago como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo, ante lo cual se hace la observación de que dichos programas deben ser congruentes con las necesidades sociales y ostentar calidad educativa.

Para finalizar, se señala que, aunque todos los programas muestran avances consistentes al momento, en el documento se resalta el hecho de que las estrategias diseñadas para mejorar la calidad y equidad en la educación de los jóvenes deben corresponder con mejores oportunidades en el mercado laboral que garanticen que las personas formadas y capacitadas no entren en las filas del desempleo, sino que significativamente mejoren su calidad de vida con oportunidades que rompan con la precariedad. Por otro lado, se reconoce la importancia de transitar hacia una integración del SES.

Referencias

Aboites, H. (2009). Derecho a la educación y libre comercio: las múltiples caras de una confrontación. En Gentilli, P.; Frigotto, G.; Leher, R. y Stubrin, F. (comp.) Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina, pp. 67-82. Argentina: clacso.

Acosta, A. (2019, junio 5). Universidades para el Bienestar: El desafío de la legitimidad. Campus milenio. Recuperado de: http://www.campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=16593:universidades-para-el-bienestar-el-desafio-de-la-legitimidad&Itemid=349.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (2017). ANUIES y FIMPES suman esfuerzos por la calidad de la educación superior. Boletín Confluencia 208, p. 38.

ANUIES, (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la anuies para renovar la educación superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional. México: anuies.

Barba, A. (2012). La calidad en las Instituciones de Educación Superior en México: ¿De lo privado a lo público? En Barba, A. y Lobato, O. (coord.) Instituciones de educación superior, políticas públicas y organización, pp.135-150. México: Porrúa.

Comité Nacional de Productividad (CNP) (2018). Sistema de formación de habilidades a lo largo de la vida para México. [Presentación]. México: CNP. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394533/CNP_presentaci_n_SFH_.pdf.

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) (2017). Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral. México: conocer. Recuperado de: http://www.sems.gob.mx/es/sems/conocer

Díaz-Barriga, A. (2004). Autonomía universitaria. Orígenes y futuro en la realidad mexicana. Revista de la Educación Superior, 33(129), pp. 41-48. Recuperado de: http://publicaciones.anuies.mx/revista/129/3/2/es/autonomia-universitaria-origenes-y-futuro-en-la-realidad-mexicana

Fernández, E. (2017). Una mirada a los desafíos de la educación superior en México. Innovación educativa, 17(74), pp. 183-207.

Flores-Crespo, P. (2008). Análisis de política pública en educación: línea de investigación. México: Universidad Iberoamericana.

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México. Recuperado de: http://pnd.gob.mx/.

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, (2017). Sistema Nacional de Competencias. México. Recuperado de: https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, (2018). 6to Informe de Gobierno 2017-2018. México. Recuperado de: https://issuu.com/soldemexico/docs/6_ig_informe_completo__1_

Guzmán, F. (2017). Problemática general de la educación por competencias. Revista Iberoamericana de Educación, 74, pp.107-120.

Ibarra-Colado, E. (2005). Origen de la empresarialización de la universidad: El pasado de la gestión de los negocios en el presente del manejo de la universidad. Revista de la Educación Superior, 34(134), pp. 13-37.

INEE-IIPE, UNESCO (2018). La política educativa de México desde una perspectiva regional. México: Autores. Recuperado de: https://historico.mejoredu.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1C236.pdf

López, A. M. (2018) Jóvenes Construyendo el Futuro. México. Recuperado de: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Manual.-JovenesConstruyendoElFuturo.pdf.

Malagón, L. A. (2003). La pertinencia en la educación superior: elementos para su comprensión. Revista de la Educación Superior, 32(127), pp. 113-134.

Mendoza, R. J. (2018). Subsistemas de Educación Superior. Estadística básica 2006-2017. México: DGEI-UNAM.

Montaño, L. (2005). Organización y sociedad. Un acercamiento a la administración pública mexicana. Gestión y política pública, 14(3), pp. 465-495.

Organización de las Naciones Unidas (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas, (2020). Objetivos de desarrollo sostenible. [Sitio web]. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

Ordorika, I. (2007). Universidades y globalización: tendencias hegemónicas y construcción de alternativas. Educación Superior y Sociedad, 1(1), pp. 157-172.

Ordorika, I. (2008). Los límites de la autonomía universitaria. Educación Superior Cifras y Hechos, 38(152), pp. 24-40.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1999). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi, visión y acción. Educación Superior y Sociedad, 9(2), pp. 97-113. Recuperado de https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/171/162

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2017). Rendir cuentas en el ámbito de la educación: Cumplir nuestros compromisos. Francia: unesco.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2017). OECD Skills Strategy Diagnostic Report. México: OCDE.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020). Educación superior en México: Resultados y relevancia para el mercado laboral. México: OCDE.

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. México. Recuperado de: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf

Programa de Capacitación a Distancia para trabajadores (PROCADIST) (2018). Lineamientos de participación y operación. México. Recuperado de: https://www.procadist.gob.mx/portal/files/LINEAMIENTOS-PROCADIST.pdf.

Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (PROCADIST), (2020). Conócenos. México. Recuperado de: https://www.procadist.gob.mx/portal/Home

PROSPERA (2019). Avance del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. México. Recuperado de: https://www.gob.mx/prospera/prensa/avance-del-programa-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez-201987?idiom=es.

Román, J. A. (2019, enero 16). Urge nuevo modelo para financiar la educación superior: ANUIES. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/01/16/urge-nuevo-modelo-para-financiamiento-de-la-educacion-superior-anuies-5364.html.

Rubio, O. J. (2006). La política educativa y la educación superior en México. 1995-2006: Un balance. México: FCE, SEP.

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. México: SEP.

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2016). Glosario Educación Superior. México: sep. Recuperado de: http://dsia.uv.mx/cuestionario911/Material_apoyo/Glosario%20911.pdf

Secretaría de Educación Pública (SEP), (2018). Sistema Educativo Nacional Principales Cifras 2017-2018. México: SEP. Recuperado de: http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2020). Jóvenes Construyendo el Futuro en Números. México. Recuperado de: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) (2019). Universidades para el Bienestar. México. Recuperado de: https://ubbj.gob.mx/registro

Villaseñor, G. G. (2003). La función social de la educación superior en México. La que es y la que queremos que sea. México: UAM Xochimilco.

Notas