Introducción

El programa institucional Cuerpos que Importan de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) tiene sus inicios en 2011 cuando un grupo de académicas, trabajadores/as administrativos y estudiantes se organizaron para actuar en contra de la violencia de género en esta universidad, y tiene un cierre como programa institucional en diciembre de 2019. No es que antes de esa fecha se desconociera este problema, de hecho, solía ventilarse por los pasillos universitarios de forma velada, como parte de una práctica común a la que recurre la comunidad universitaria cuando busca hacer del conocimiento público algo que permanece en el rumor, la secrecía, lo “oscurito”, etcétera, y a la que se le conoce como “radio pasillo”.

Cuando el grupo Cuerpos que Importan trató abiertamente el tema de violencia de género que acontece en el ámbito universitario y encontró una vía para que los rumores, que solían abordarse a puertas cerradas y con unas pocas personas, se transformaran en un asunto de interés comunitario en nuestra casa de estudios, se logró trastocar la barrera de lo privado a lo público. Ante esta situación no faltaron voces que anunciaban la existencia de “brujas” que buscaban encender una especie de hoguera para quemar a “cualquiera”, ya que estos actos no se contemplan en la legislación universitaria y, por lo tanto, no se incurría en alguna falta.

Este documento tiene la intención de brindar elementos para comprender algunos avatares que enfrentan las IES en la consolidación de instrumentos normativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en su ámbito. La investigación tiene como referentes teóricos los conceptos de complejidad y redes, que refieren al conjunto de asociaciones de carácter dinámico, heterogéneo y múltiple que ensamblan conexiones de redes complejas y constituyen lo social. Desde esta propuesta es importante considerar a las prácticas como parte de la recreación de dichas conexiones (Law y Mol, 2002; Latour, 2008). Asimismo, se integran diferentes categorías y nociones de la teoría feminista, tomando en cuenta este posicionamiento se piensa en la violencia de género como parte de estos ensamblajes complejos en constante flujo y reconfiguración, que incluyen las relaciones de género y, en tanto redes, pueden tener continuidad y también desarticulaciones. Siendo coherente con esta propuesta se recurre a la analogía de un caldero de brujas, tomando en cuenta que la existencia de un Protocolo no debe reducirse a un resultado; cual poción o encantamiento con el poder de trasformar situaciones y prácticas como por arte de magia.

La información que se presenta forma parte de las experiencias recabadas en minutas y conversaciones a las que se ha tenido acceso por formar parte y haber coordinado el Programa Institucional Cuerpos que Importan, así como haber participado en diferentes comisiones para impulsar la aprobación institucional del Protocolo para la Atención de la Violencia de Género en la uam-Xochimilco.

En la primera parte del documento se presenta cómo los estudios de violencia de género en las universidades a escala global contribuyen a generar respuestas para su atención; la segunda ilustra cómo se consolida y concreta el Protocolo de la UAM-X, así como la experiencia del Programa Institucional Cuerpos que Importan en la instrumentación. La tercera parte del debate algunos de los nudos problemáticos que pueden enfrentar las IES, como en el caso de la UAM-X, en la aplicación de un instrumento como éste. Finalmente, se presentan las reflexiones conclusivas del trabajo.

Violencia de género en las IES, una mirada a los estudios

Las IES suelen ser entendidas como espacios privilegiados donde se producen saberes y se promueve la creación de valores en las diferentes facetas de lo social (Mier, 2004). Son también consideradas instituciones de vanguardia y de progreso al ser generadoras de conocimientos fundados en la crítica y el razonamiento científico y, por ende, proyectos civilizatorios donde reina la paz y la tranquilidad; sin embargo, en las últimas décadas se ha visibilizado y denunciado la existencia de distintos actos vinculados a la violencia de género que han llegado incluso a normalizarse en el ámbito universitario.

La violencia de género en las IES es un tema que comienza a develarse en los años noventa. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España fueron pioneros en realizar grandes esfuerzos para determinar la dimensión y la dinámica de esta problemática en sus instalaciones (Soldevila y Domínguez, 2014; Valls, 2008). Estos mismos países han logrado poner en marcha distintas acciones para la prevención y atención de la violencia de género en sus instituciones (Luxán, Biglia y Azpiazu, 2018). En América Latina se reconoce a Costa Rica, Colombia y Chile como los países que abrieron brecha en investigaciones sobre el tema (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1995; Fernández, et al., 2005; Lehrer et al., 2007).

Los estudios antes referidos cuestionan percepciones tradicionales sobre las IES, donde éstas se perciben como espacios neutrales en los que prevalece el conocimiento y las buenas relaciones, exponiendo que, como en cualquier otro espacio donde predominan jerarquías de poder y relaciones desiguales entre hombres y mujeres, se produce y reproduce violencia de género. Una revisión general de estos trabajos nos permite corroborar que la violencia por motivos de género en sus distintas modalidades forma parte de conductas normalizadas enraizadas en una cultura sexista y patriarcal predominante en los distintos órdenes sociales.

En España, país que ha sido pionero en este tipo de estudios, se ha definido a la violencia por motivos de género en las universidades como:

una forma de agresión física, sexual, psicológica perpetrada contra las mujeres en función de su género y que se presenta al interior de la comunidad universitaria, tanto dentro, como fuera del espacio físico de la universidad (Mendoza, 2011: 35).

Si bien en esta propuesta se identifica a las mujeres como las sujetas receptoras de dicha violencia, debemos reconocer que ésta afecta a sujetos diversos que quedan enmascarados por el sexismo que:

estructura un sistema de relaciones que causa daños a las mujeres y a los hombres, y por tanto no puede ser definido como un problema sectorial de las mujeres, sino que tiene carácter general cuya raíz es la estructuración social (Izquierdo, 2007: 4).

La violencia de género en las IES no es una problemática nueva o reciente que ha cobrado visibilidad a partir de las exposiciones de diversos casos a escala global, sino que ha sido ignorada o silenciada hasta hace muy pocas décadas. La reputación de ser centros privilegiados del saber y de la ciencia pareciera resguardarlas de toda sospecha; como si estas instituciones estuvieran al margen de la sociedad de la que forman parte y, más aún, del orden patriarcal que jerarquiza y subordina a los sujetos bajo el sistema sexo-género. Por lo que los estudios sobre la violencia de género en las IES han dejado al descubierto que este problema adquiere sus propias dinámicas, vicios y contradicciones internas y han empujado a las instituciones a actuar en consecuencia.

La investigación en el tema ha recurrido a la elaboración de diagnósticos o estudios específicos en las IES y revelan que la violencia de género, en sus distintas expresiones —como el acoso y el hostigamiento sexual, la violación, entre otras—, llega a convertirse en un verdadero obstáculo para el desempeño académico de las personas en esta situación, así como para el resto de la población universitaria y de la propia institución. Este tipo de violencia propicia en las personas depresión, ansiedad, insomnio, discapacidad funcional, ideas de suicidio e incluso el abuso en el consumo de sustancias (Hathaway et al., 2000); también puede afectar la salud física y emocional, la integridad, la libertad, la seguridad y la igualdad de las personas que conviven en esa comunidad (Wright y Weiner, 1990); asimismo, se encuentra ligada a problemas de abstencionismo y abandono de las instituciones (Currie, 1994). A todo ello debemos sumar que los problemas se ven agravados si quien ha vivido violencia de género trata de denunciarla ante las autoridades universitarias o frente a otras instancias externas (Puigvert, 2008; 2010).

En México el análisis de la violencia por motivos de género en las IES constituye un esfuerzo teórico más reciente. Una revisión general de estos trabajos permite corroborar que la violencia por motivos de género en las IES forma parte de un orden que diferencía y jerarquiza a las personas, posicionando con mayor ventaja a algunas con respecto a otras y que adopta conductas sexistas normalizadas (Bustos y Blázquez, 2003; García, 2004; Saldívar et al., 2008; Castro y Vázquez, 2008; Mora, 2010; Huacuz, 2011; Tronco y Ocaña, 2011; Lazarevich, et al., 2013; Buquet et al., 2013; Mendoza, 2013; González et al., 2013; Carrillo, 2014; Mingo y Moreno, 2015; List, 2015; Ehrenfeld, 2016).

Los estudios tanto en México como en el extranjero han logrado exponer la importancia y complejidad de cuantificar y entender este problema. El conocer sus dimensiones, las personas mayormente afectadas, su frecuencia, los lugares de ocurrencia, las distintas modalidades¹, entre otros aspectos, ha hecho posible entender que las IES no están exentas de este tipo de violencia y más bien han empujando a éstas y a los propios gobiernos a tratar de actuar en consecuencia y, en cierto modo, a contribuir a generar alternativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema; tanto en su propio ámbito como en el resto de la sociedad a través de su impacto. Algunas, al menos en el discurso, han abrazado iniciativas para adoptar marcos normativos nacionales e internacionales en la materia. Otras, han dado pasos importantes a este respecto.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue una de las instituciones pioneras en llevar a cabo acciones contundentes y de largo aliento para incorporar la transversalidad de la perspectiva de género, impulsando una política de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Además, como parte de las políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de este tipo de violencias en la institución, en 2019 puso en marcha el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la (UNAM, 2019). Sin embargo, sus resultados no siempre satisficieron a las víctimas y las controversias que generó han abierto diversos debates y críticas en torno a dicho instrumento (Ferreyra, 2019).

Socialmente lo que más impacto ha causado, sin lugar a duda, es la evidencia empírica; es decir, la existencia y exposición de casos que han formado parte de las luchas y demandas de víctimas y activistas. Cierres de escuelas y facultades, paros, denuncias en las redes y en las instalaciones han transformado la realidad en varias ies del país.

En el caso de la UAM-X, una clara expresión de este malestar se presentó el 31 de mayo de 2016 cuando en la cafetería, el espacio central de la Unidad, apareció un periódico mural bautizado como “El Muro”. En éste se señalaban, de manera anónima, casos de violencia de género identificando con nombre y apellido a trabajadores/as como supuestos ejecutores de actos diversos relacionados con violencia por motivos de género, señalizaciones que a lo largo del día y de la semana se fueron incrementando, tanto en el número de denuncias como en el de trabajadores involucrados.

Los testimonios dejaban en claro que algo había cambiado, el activismo feminista había irrumpido en la universidad. Hasta esa fecha —a 42 años de su fundación— esto era impensable en la UAM, las personas en situaciones de violencia de género tenían pocas opciones de exteriorizar sus malestares. Mientras que la institución, la mayoría de las veces, optaba por tratar de evadir la situación, ocultar lo que estaba aconteciendo e incluso negar el problema; ya que la posibilidad de que las personas se arriesgaran a reclamar el hecho era prácticamente nula, a sabiendas que ello podría acrecentar el problema, aun así había valientes.

Estas expresiones en su conjunto no siempre fueron bien recibidas; más bien obtuvieron críticas y ataques, se les minimizó e incluso se buscó desestimar la voz de quienes exponían sus experiencias, justamente por hacerlo desde el anonimato. Muchas de estas reacciones parecían responder no sólo a la desconfianza que generaba el anonimato, sino a que parecieran un ataque a la propia institución y al renombre de las personas involucradas. Si bien es cierto que pueden existir controversias con respecto al anonimato y a la difamación, también es cierto que esta condición garantiza a las personas en situaciones de violencia un medio para resguardar sus derechos como víctimas y, muchas veces, su integridad emocional y física; también constituye un punto de fuga de un malestar y hartazgo al que no se suele voltear los ojos. Lo interesante aquí es que la atención se volcó hacia la polémica y no hacia el esclarecimiento de hechos, y muchos menos a sensibilizar, atender, sancionar y erradicar este problema. Se reforzaba así el imaginario sobre un puñado de brujas que querían levantar una hoguera y quemar ahí a sus verdugos.

Estas y muchas otras manifestaciones hicieron visibles las implicaciones de la violencia de género en contextos universitarios, además evidenciaron la deficiencia, casi generalizada, que persistía en las IES sobre la inexistencia de normatividades y de oficinas especializadas en dónde poder denunciar o reportar dichas situaciones. De ahí que, en los años subsiguientes, surgiera en ellas un particular interés en generar una serie de protocolos, reglamentos o estatutos que impulsaran acciones concretas para la erradicación de la violencia de género en ellas.

Para las IES, los protocolos de actuación han sido considerados como una herramienta normativa que ofrece una ruta de atención, además de poder dar certeza y claridad sobre los procedimientos que una persona debe seguir en caso de verse involucrado/a en actos de violencia de género. En opinión de especialistas, este instrumento puede resultar eficaz, siempre y cuando se enmarque en políticas y acciones acordes con las pautas nacionales e internacionales que existen en la materia, lo que muchas veces ha levantado el debate en torno a la autonomía en las decisiones universitarias.

Sin embargo, como se describe en el siguiente apartado, el buscar trabajar en pro de sensibilizar, atender, sancionar y erradicar este tipo de violencia en las IES no resulta ser miel sobre hojuelas; sino más bien, cada iniciativa suele ser resultado de procesos largos y con muchos obstáculos que irán marcando pautas para que el acceso a una vida libre de violencia de género en las IES mexicanas sea una realidad. Sirva como ejemplo el trabajo de un grupo multidisciplinario de la UAM-X que ha buscado hacer algo a este respecto y después de varios años de haber obtenido un nombramiento que lo colocaba dentro de la organización institucional, con un presupuesto y personal a cargo, decidió devolver esta responsabilidad a la propia institución, para seguir como uno más de los colectivos o grupos que trabajan sobre el tema.

De la buena voluntad a la hechicería que desafió un problema de antaño

El grupo multidisciplinario Cuerpos que Importan de la UAM-X se conformó en el 2011, e inicialmente se integró por estudiantes, trabajadores administrativos y académicos de esta Unidad, en donde sólo existía una especialista en estudios de violencia de género. Tres años más tarde, con el apoyo de la Rectoría de Unidad, se conformó el Programa Institucional Cuerpos que Importan de la UAM-X (Huacuz, 2016; Rodríguez, 2017). Desde sus inicios el grupo impulsó distintas acciones encaminadas a la sensibilización sobre el tema en la universidad a través de foros, conferencias y ferias culturales, entre otras.

Cuando algunas personas del grupo tuvieron contacto directo con dos casos, un feminicidio y un ataque sexual, se buscó hacer visible la gravedad de lo ocurrido y dar acompañamiento a las diversas personas involucradas en ambos casos. Sin embargo, la falta de experiencia y el desconocimiento del tema hizo imposible brindar mayor apoyo a las víctimas, y no fueron más allá de la solidaridad y el acompañamiento emocional, lo que propició que el colectivo se comprometiera a capacitarse para trabajar en visibilizar y sensibilizar sobre el tema y a la par poder elaborar un Protocolo que se centraría en la atención a las personas, para que situaciones como éstas no volvieran a ocurrir.

Para el grupo Cuerpos que Importan esto significó un trabajo de cinco años. Las primeras actividades fueron de carácter cultural e informativo, como foros, exposiciones, conferencias y docu-ficciones que buscaban posicionar el tema entre la comunidad estudiantil. Pronto nos dimos cuenta de que poco valía la visualización, que además alborotaba los ánimos, si no se impulsaban cambios institucionales que coadyuvaran a desarticular esas redes de violencia² que se producen en el ámbito universitario. La necesidad de contar con un Protocolo se hizo evidente, pues la comunidad demandaba más información y sobre todo saber qué hacer y a dónde acudir.

Durante la segunda parte del 2013 se tuvo un período de planeación que permitió elaborar un proyecto de Protocolo ad hoc a la UAM-X, con la particularidad de que éste fue pensado para ser elaborado desde y por integrantes de la comunidad universitaria y no desde las autoridades administrativas (Rodríguez, 2017). Para ello, el equipo se dividió en tres comisiones: una que revisaría los protocolos universitarios existentes; otra se dedicaría a la búsqueda del registro de casos que ubicaran históricamente las instancias y las medidas tomadas a este respecto en la institución, y una más para analizar los reglamentos y legislaciones de la UAM, identificando los artículos que podían dar sostén al protocolo.

De estas tres comisiones surgieron diagnósticos que sirvieron como ingredientes con los cuales se elaboró la “pócima” que dio lugar al Protocolo de la UAM-X. El primero fue simplificar, dada la diversidad de protocolos que existen en torno a la violencia de género en las IES a escala mundial, la mayoría de los cuales están circunscritos a una perspectiva jurídica apegada a las reglamentaciones nacionales e internacionales, así como a los marcos normativos de las propias instituciones que es difícil poder reconocer y establecer un proyecto que equilibre las formas de actuación y las posibles sanciones. De esta comparación surgió el acuerdo de que la propuesta debería, ante todo, privilegiar la atención a las personas en situación de violencia de género y sólo, a partir de ello, atender las posibles acciones administrativas que derivan de conductas y probables delitos asociados a ésta. Ello implicó que el Protocolo no contara con sanciones específicas, sino que se sujetara a procesos, en apego a la Legislación Universitaria y al Reglamento Orgánico; ya que la violencia de género no se contempla literalmente en dichas normatividades. Razón por la cual, en este momento, se privilegió una visión de justicia restaurativa en lugar de una punitiva (Núñez, 2018).

El segundo provino del análisis de los casos que se rastrearon en la Unidad Xochimilco, donde se identificó que no existía una instancia o ruta clara para dar atención, seguimiento y resolución de éstos, y los pocos casos que quedaron registrados en la institución eran, a su vez, canalizados a otras instancias o comisiones con poca experiencia y capacitación en el tema, donde eran tratados como asuntos de carácter informativo en los que poco o, mejor dicho, nada podía hacerse al respecto. A partir de ello se concibió contar con un espacio que brindara acompañamiento y diera seguimiento a los casos.

El tercer ingrediente fue la armonización a partir del diagnóstico que se desprendió del análisis de la normatividad universitaria, elaborada en los años setenta, y por lo tanto, carente de un enfoque o perspectiva feminista o de género. A pesar de ello, se identificó que varios de los artículos incluidos en la Legislación y varios Reglamentos normativos que podían dar cabida al desarrollo de temas vinculados a la violencia por motivos de género, con lo cual, la creación de un Protocolo significaba contar con una guía específica al respecto. Justamente por ello, se incorporó un amplio apartado sobre los avances legislativos existentes en la materia tanto a nivel nacional como internacional, así como de los acuerdos y tratados que ha suscrito el país en orden de situar a las ies, como las instituciones gubernamentales cuya actuación está sujeta a la norma fundamental que rige jurídicamente al país, la Constitución Mexicana.

Todo ello permitió elaborar un plan de trabajo que estableció metas y reorganizó al equipo en torno al contenido del Protocolo sobre la base de una discusión de conceptos, argumentos y elementos clave para: primero, proyectar un posicionamiento sobre el tema de violencia de género; segundo, construir un lenguaje común y; tercero, poder dar paso a acciones claras y contundentes orientadas a desestabilizar esta problemática en los ámbitos que involucra el quehacer académico de la UAM-X. Concretadas estas tareas comenzó la redacción del documento en donde lo más difícil fue establecer una ruta crítica clara que resultara accesible y a la vez no desatendiera a todas las instancias que pueden verse involucradas en los distintos tipos de violencia por motivos de género, y al mismo tiempo a todas esas espacialidades que involucran el ámbito universitario, por ejemplo: el estudiantado suele estar en vulnerabilidad desde su traslado, estancia académica y actividades de divertimento en sus distintos espacios.

A estos ingredientes se sumó la chispa estudiantil. En julio de 2016 surge un movimiento que luchó por que se asignara un presupuesto mayor a las estancias académicas y declaró en paro las actividades de la universidad por más de veinte días (Arellano, 2016). Durante las negociaciones el comité de paro de la Unidad decidió incluir en su pliego petitorio que la institución contara con un Protocolo para atender la violencia de género. Al conocer que ello coincidía con el trabajo que realizaba el equipo de Cuerpos que Importan, el Consejo Académico de dicha institución solicitó a esta instancia elaborar una propuesta para su estudio y aprobación. A finales de 2016, el equipo presentó el documento y tocó el turno a este mismo órgano colegiado para avalar la propuesta, para ello se creó una comisión específica. Esta última tarea tomó un año y medio e involucró a representantes de todos los sectores que integran a la comunidad universitaria: administrativos, estudiantes, académicos y autoridades, y contó con la supervisión de abogados, especialistas feministas y profesionales en edición.

Esta etapa se cocinó con asperezas, frustraciones y aletargamientos relacionados a momentos políticos, a preocupaciones del porqué se abarcaba sólo a la especificidad de género y no a la violencia en general, a la coherencia entre los lenguajes teórico, jurídico y normativo; así como a la tenacidad del grupo proponente para que el protocolo cumpliera con las esperanzas, aspiraciones y objetivos que le dieron origen. Después de todos estos avatares, cuando finalmente el 17 de junio de 2018 el documento se presentó ante el Consejo Académico para su aprobación, la votación fue unánime, como si fuera resultado de un acto de magia. Del caldero emergió el Protocolo para la Atención a la Violencia de Género en la UAM-X (UAM, 2018), como el primer instrumento de este tipo en la institución. Fue entonces cuando comenzó la verdadera tarea, materializar todo lo que quedaba plasmado en dicho documento y el Programa Institucional Cuerpos que Importan fue la instancia contemplada para empujar su instrumentación.

Después de conocer la experiencia que dio lugar a este instrumento, en relativamente poco tiempo, se puede afirmar que la elaboración de propuestas de este tipo, demanda más que buena voluntad el desarrollo de conocimientos que intersectan marcos conceptuales y jurídicos que a la vez deben materializarse en la práctica. En ella, también queda claro que para impulsar prácticas contra las redes de violencia en la universidad se debe contar con protocolos, códigos de ética u otro tipo de normatividades, que independientemente de la forma en la que sean creados —vertical u horizontal—, se debe enfrentar antes el reto de capacitar y posicionar el tema entre la comunidad universitaria, cambiar prácticas institucionales e impulsar políticas transversales con perspectiva de género.

Los avatares de la instrumentación

Una vez aprobado el Protocolo para la Atención de la Violencia de Género en la UAM-X, la primera tarea fue lograr su difusión y acercamiento entre y con la comunidad universitaria, poniendo especial atención a la población estudiantil de la cual había surgido la demanda. A través de diversos foros y declaraciones se fueron despertando expectativas, pero sobre todo dudas sobre sus alcances y efectividad; ya que hay que tomar en cuenta que la existencia de un protocolo avalado y bien recibido por parte los representantes de la comunidad universitaria no garantiza que los casos se conduzcan y se resuelvan de la misma forma en que fue aprobado este instrumento; es decir, como por acto de magia.

Una de las primeras situaciones que se enfrentaron fue el desconocimiento por parte de muchas de las instancias involucradas en su aplicación, especialmente cuando las autoridades de la institución dieron claras señales sobre su instrumentación. Ello implicó el desarrollo de relaciones intra e institucionales que desestabilizaron la centralización de la información y la toma de decisiones cupulares; es decir, dejar de tratar los casos como asuntos privados o de petit comité para ser abordados institucionalmente a través de diferentes instancias, dependiendo de la especificidad del caso y, sobre todo, de lo que requiriera o decidieran hacer las personas en situación de violencia de género. Al mismo tiempo, involucró aclarar los alcances y competencias de cada instancia; trabajar sobre cómo comunicarse de manera pronta y expedita; tener conocimiento mutuo y adecuación de la ruta, de acuerdo con los casos; así como del desarrollo de buenas prácticas en la actuación y, finalmente, compartir experiencias, angustias, temores y frustraciones, buscando la contención de toda persona involucrada.

Gracias a las actividades académicas de difusión, capacitación y asesoría, poco a poco, el Protocolo y la instancia de acompañamiento Cuerpos que Importan lograron posicionarse dentro de la Universidad; y cada vez, fueron más las personas que se sumaban a las actividades para procurar una vida libre de violencia en la Unidad. Esto es importante debido a que la UAM tiene un modelo administrativo rotativo de cuatro años, donde resulta un reto poder mantener el buen ánimo y cohesión mostrados en la aprobación del Protocolo, así como lograr la comunicación adecuada para que las instancias involucradas sean reconocidas por la certidumbre sobre su actuar en cada etapa del proceso. Ello demanda el continuo desarrollo de actividades para que la mayor parte de la comunidad universitaria conozca y se habitúe a los procedimientos, la idea es que en el mediano plazo éste sea un tema que forme parte integral de la formación académica y se logre combatir este grave problema.

En esta historia, la instrumentación del Protocolo aún enfrenta resistencias y formas de actuación que deben mejorarse, sobre todo si las instituciones pretenden que éste no llegue a desgastarse. En los hechos, se ha observado que, sea por desconocimiento o por persistencia de viejas prácticas, se suelen reinstalar mecanismos de omisión, revictimización, injusticia e incluso violencia institucional. De ahí que cada caso demande una atención particular, en donde debe actuarse con seriedad, profesionalismo, responsabilidad y ética; independientemente de que la o las personas en situaciones de violencia de género decidan o no presentar una queja o iniciar una denuncia.

Una de las primeras barreras es romper con atavismos atribuidos a la gestión académica; donde resulta más habitual establecer procedimientos administrativos y sanciones a conductas relacionadas con delitos comunes e incluso a prácticas no aceptadas como deseables dentro de la institución, que tener la misma consistencia en el actuar con respecto a aquellas acciones que involucran violencia por motivos de género.

La perseverancia de los hábitos ha llevado a poner en duda o a cuestionar a los propios representantes de los órganos involucrados en la toma de decisiones, porque toda duda o reserva sobre la validez de su actuación debilita todo el proceso; por ejemplo: resulta mucho más fácil dirimir una “falta” como el plagio, que queda manifiesta en un documento, que sirve a la vez como prueba, a un “asunto” como el acoso y el hostigamiento, que suelen constituirse como delitos ocultos —que suceden a escondidas o escapan de la mirada de otros/as— y que deben sostenerse por la veracidad que se otorgue a cada una de las partes, aun cuando existan elementos que lo demuestren.

Y aunque el papel de la Universidad no es el de un ministerio público ni tampoco puede influir en inclinar la balanza hacia algún lado, lo cierto es que no puede permitirse la omisión, incluso, justificando la falta de competencia ante los hechos. Aunque hay mucho que argumentar en ese sentido, existen elementos para que, como instancia formadora, busque impactar en las sociedades, especialmente trabajando en articulación y sincronía con otras instancias y organismos más consolidados en el abordaje de la problemática. Es decir, actuar en red.

Justamente por el valor que se le otorga a la denuncia, en ocasiones se desatiende a las personas en situación de violencia. En el caso de la UAM-X se buscó que el modelo de atención y acompañamiento delineado en el Protocolo se dé desde que se tiene conocimiento de los hechos hasta que la persona pueda tomar las decisiones que mejor competan en su caso. Es decir, puede recibir atención médica, psicológica, de protección, asesoría y acompañamiento, según sea el caso, tantas veces como sea necesario, sin que medie una presentación de queja o denuncia. Esto procura tener una forma distinta de incidir, buscando aprovechar los recursos con que cuenta la institución y a la vez no condicionar o reducir el problema a un asunto punitivo.

Otra de las viejas prácticas es la revictimización que surge cuando no se valida la voz de quien o quienes denuncian, o se quebranta por cualquier medio el anonimato y la secrecía a la que está obligado/a a seguir cualquier persona involucrada en el conocimiento de hechos. Más grave aun cuando por cualquier medio se somete a las víctimas a juicios sobre sus actos, se justifican los hechos o incluso se propicia la coerción que poco, o casi nada, contribuye a fincar responsabilidades y mucho menos a tratar de reparar o minimizar los daños.

En la atención de casos se ha observado una diversidad de discursos y acciones revictimizantes que confirman la existencia de una política sexual que minimiza la voz de las personas. Enunciados como: “eso no se presenta aquí”, “es la primera vez que escucho al respecto”, “nunca hemos tenido queja sobre esa persona”, “ya vino la otra persona y no sé a quién creerle”, entre otros, generan desconfianza y duda sobre lo que se puede esperar al acudir a manifestar los hechos.

Hacer mención de que los propios procedimientos pueden contribuir a enrarecer el proceso de atención tiene la intención de hacer un llamado a poner atención en ellos, y comprender sus complejidades y efectos. Por ejemplo, cuando se tiene que citar a las partes a brindar sus testimonios no siempre se puede evitar la coincidencia de las mismas, a pesar de citar a diferente hora y de contar con espacios que no faciliten el contacto en momentos rodeados de nerviosismo y tensión. Situaciones como el cruce en los pasillos, la anticipación en la llegada, la escucha entre muros, entre otros muchos factores complejizan la atención. Por ello es importante exhortar la sensibilización, difusión y capacitación con relación al Protocolo, para promover la educación y el ejercicio de buenas prácticas que contribuyan a saber cómo actuar o a dónde derivar a quienes enfrentan un problema de violencia de género, ya que el camino es realmente sinuoso.

Por los argumentos antes expuestos, no debe extrañar que muchos casos en materia de violencia de género que se consolidan como queja en la Universidad, suelen quedar sin resolución o dejarse en el olvido. Esto en parte se debe a las propias barreras que enfrentan las personas en situación de violencia, que dudan sobre interponer o iniciar un proceso formal, sea por miedo, desconocimiento, falta de recursos, desconfianza en el proceso o en las personas que les acompañan; incluso por la autoconfianza en salir del problema por sí mismas, entre otros. Pero también, juega un papel importante la reserva de las instancias a esclarecer hechos y establecer procedimientos administrativos en casos difíciles de probar. Emitir una decisión que pudiera revertirse hacia la propia institución puede resultar un acto suicida; es decir, el miedo a una contrademanda, a la afectación de las personas identificadas con presunta responsabilidad, a que el propio caso demerite el nombre y reputación de la institución, entre otros, suele actuar en contra de las personas en situación de violencia.

El olvido suele ser mucho más frecuente, ya que las instancias tienden a aventurarse a que, una vez que las personas que han atravesado por el proceso de queja o denuncia sin obtener ningún resultado, abandonarán su lucha o buscarán otras vías para la canalización de su malestar, generalmente fuera de la universidad; en ambas situaciones se vive el desgaste, y aquí se debe insistir en la importancia que guardan las instancias y los órganos en la toma de decisiones y la sensibilización y capacitación requerida para ello. La situación no es fácil de resolver, sobre todo cuando la desconfianza, y no la buena fe, prevalece sobre la atención integral de las personas en situación de violencia.

Un elemento más a tomar en cuenta es que, cuando los casos no logran concretar un resultado sea cual fuere, esto no hace que desaparezcan como por arte de magia, y de hecho contribuye a generar un clima de desestabilización, incredulidad, duda, incertidumbre, descalificación y desconfianza sobre las propias instituciones. En la experiencia del Programa Institucional Cuerpos que Importan de la UAM-X, ello también ha generado un desgaste en quienes hasta 2019 participaron a través de dicho programa en el acompañamiento de los casos.

Después de año y medio de estar a cargo de la instrumentación de este Protocolo, Cuerpos que Importan decidió dejar de ser un programa institucional para regresar a su organización grupal, pues a pesar de la buena voluntad y de contar con ciertos recursos económicos y humanos, fue necesario reconocer que ésta es una tarea titánica a la que las y los involucrados en la atención y acompañamiento deben dedicar tiempo completo, situación que no corresponde a quienes integran el grupo, y con ello poder desplegar todo el potencial que brindan las instituciones integralmente para tener un buen desempeño en esta labor. Durante 2019-2020, la UAM-X ha dado pasos importantes en este último aspecto, creando la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género que está integrada por una persona responsable y una asesora, y donde se tiene planeado nombrar a un comité asesor.

Todo lo anterior debe generar conciencia sobre el problema que enfrentan las IES para erradicar prácticas normalizadas de violencia de género, y contribuir a generar situaciones de cambio frente a un problema que demanda una nueva forma de hacer las cosas: de manera empática, aportando a que las personas en esta situación se sientan seguras y respaldadas por la Institución y donde se les brinde atención y acompañamiento profesionalizado, donde el puñado de “brujas” sean sólo un eslabón más de una red que necesita seguir extendiéndose.

Reflexiones finales

Las violencias por motivos de género en las universidades o IES demandan atención y acciones al respecto. Justamente, porque éstas han sido y son consideradas centros de saber y del desarrollo de las ciencias que influyen en las personas como en sus sociedades; además, porque estas instituciones también reproducen órdenes sociales que diferencian y jerarquizan a unos cuerpos en detrimento de otros, en razón de su género.

Las universidades y las IES pueden y deben ser consideradas también como entidades que contribuyen a desarticular este problema, transformando nociones, desestabilizando normalidades, informando, reeducando, previniendo, innovando; en suma, reivindicando sus funciones y potencializando su papel transformador y de vanguardia, actuando en consecuencia con los principios que de ellas emanan.

Se ha argumentado que la existencia de Protocolos resulta de compromisos y trabajo arduo y que no pueden reducirse o descalificarse como si fueran producto de la intervención de actos de magia, por más que éstos hayan visto la luz a partir de las particularidades o estereotipos ligados a quienes les impulsan; sobre todo siendo mujeres. Más bien, surgen de un caudal de elementos que involucran el debate de ideas, el desarrollo de conocimientos, el desafío de conflictos en la instrumentación, el apego a las normatividades, la promoción de la comunicación y seguimiento constante, la ética y responsabilidad en la actuación, el compromiso institucional, entre muchas otras cosas. Sin embargo, así como ocurre con una larga lista de ingredientes, nunca podrán ser predecibles las formas en que éstos se integran y amalgaman con respecto a los resultados esperados y mucho menos a la multiplicidad de repercusiones que puedan generar.

De cierta forma los protocolos contribuyen, como un elemento clave, en la trasformación de realidades y problemas concretos. Como todo instrumento, demanda de diversas acciones que resulten valiosas e innovadoras para poder brindar un poco de bienestar y seguridad a quienes buscan estar bajo su amparo. Es una guía perfectible, que debe permitir la flexibilidad para acoplarse a los distintos escenarios y situaciones a las que debe brindar respuestas, y a la vez lograr hacer armónicos los distintos instrumentos normativos a su alcance. Hemos de recordar que, en momentos de conflicto, contar con ciertas certidumbres puede cambiar las posibilidades de quienes llegan a estar involucrados/as en situaciones de violencia por motivos de género, sea que puedan o no desarticularse de ellas.

La experiencia del Programa Institucional Cuerpos que Importan muestra algunos de los avatares que se enfrentan cuando se trata de impulsar acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en las universidades. Sus acciones, probablemente, han pasado desapercibidas para algunas personas, pero también han hecho efecto en otras. La experiencia ha sido invaluable e igual que sucede con las propias recetas, es tiempo de que alguien más la lleve a su propio punto.

Para concluir, rescato las palabras de Audre Lorde en Tu silencio no te protege:

Cuando hablamos tenemos miedo que nuestras palabras no serán escuchadas ni bien recibidas. Pero cuando nos quedamos en silencio, de todas maneras seguimos con miedo. Así que es mejor hablar (2017).

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Notas