¿Qué hace que cualquiera de nosotros, sin tener ninguna vivencia directa del acontecimiento, ni haber examinado fuentes históricas primarias, sin siquiera haber estudiado libros especializados que relaten los hechos, pueda estar en condiciones de considerar verdadero que Colón llegó a América en 1492?

Ciertamente, este tipo de preguntas apuntan a los problemas epistemológicos del testimonio. Usualmente, se reconoce que la mayor parte de nuestro conocimiento y de nuestras creencias tienen como fuente el testimonio (Adler, 2006). La dificultad que aparece es conocida como problema de vulnerabilidad: no parece haber un fundamento para aceptar la palabra de otro, quien muchas veces es un extraño. Los argumentos que se ofrecen para resolver o neutralizar el problema se pueden clasificar entre respuestas reduccionistas, que derivan la validez del testimonio de otras fuentes (e.g. la inducción sobre la veracidad del testimonio en general o la de hablantes particulares), las cuales deben ser consideradas por cada oyente como evidencia para justificarlo, y antirreduccionistas, que proponen una epistemología social basada en el testimonio como forma de justificación por sí mismo. Una de las respuestas del segundo grupo es la que ofrece Robert Brandom. De acuerdo con su teoría de la práctica discursiva, considerar que una afirmación es verdadera significa estar dispuesto a asumir un compromiso asertivo con ella, en el contexto del marco normativo que configura la práctica lingüística: el juego de dar y pedir razones. Pero este juego no consiste exclusivamente en asumir y traficar compromisos asertivos. En él, realizar afirmaciones también comprende la exigencia implícita de legitimaciones para los compromisos asumidos al hacerlo, las cuales se atribuyen y heredan entre los participantes. Las relaciones de testimonio que nos legitiman a creer que Colón llegó a América forman parte de la red de justificaciones y herencias intersubjetivas que manifiesta la dimensión social de la práctica discursiva.

Por otra parte, la transformación de las prácticas lingüísticas inducida por el surgimiento de nuevos medios de comunicación con reglas particulares y la producción de discursos mediante el uso de inteligencia artificial (IA) en el marco de dichos medios ha animado interrogantes sobre sus posibles consecuencias. En particular, estas transformaciones desafían el equilibrio de la estructura normativa que Brandom considera inherente a la práctica discursiva. Así, el objetivo de este trabajo, antes que determinar los peligros específicos que surgen del uso de plataformas de redes sociales o herramientas de IA generativa, consiste en esquematizar los rasgos generales de la transformación en el vocabulario normativo del modelo de comunicación desarrollado por Brandom y, a partir de este marco conceptual, obtener una mejor comprensión del fenómeno y esbozar algunas de las consecuencias generales del uso de las nuevas tecnologías de comunicación.

Para ello, y aunque Brandom considera opcional utilizar el concepto de verdad, pues su teoría podría expresarse completamente en términos de afirmaciones e inferencias, será provechoso servirnos de él para remarcar una condición elemental del juego de dar y pedir razones. Sin embargo, habrá que distinguir entre los múltiples sentidos en que puede entenderse el término, y distinguir especialmente cómo la veracidad queda formalizada en el modelo.

Como se verá, el análisis pondrá de manifiesto el incumplimiento de algunos principios fundamentales de la teoría en los nuevos contextos discursivos, lo cual sugiere que la actividad en ellos puede no llegar a constituir una práctica auténticamente lingüística o incluso representar una descomposición de las estructuras normativas que permiten la comunicación. Sin embargo, el uso del modelo de Brandom también induce un cuestionamiento sobre su propia adecuación, más allá de los problemas metodológicos propios de una explicación de prácticas concretas a partir de un modelo ideal: si los nuevos contextos discursivos no cumplen las condiciones fundamentales concebidas en la teoría, es posible que su alcance explicativo no supere una mera forma específica y contingente de comunicación: la tradicional. Esta posibilidad desacreditaría también la plausibilidad general de la teoría para dar cuenta de los rasgos inherentes de la práctica lingüística, incluso para formas tradicionales, pues solo estaría describiendo características circunstanciales. En cualquier caso, estas consideraciones requieren una profundización que excede los alcances de este trabajo.

El esquema que propongo para el análisis comienza con un breve desarrollo de la estructura social de la práctica discursiva concebida por Brandom, para luego examinar más detalladamente las condiciones normativas básicas relacionadas con la veracidad. Luego, revisaré los rasgos críticos que mejor describen la transformación de la práctica lingüística por el uso de nuevas tecnologías de comunicación y producción de discursos. Finalmente, presentaré las conclusiones del análisis y las preguntas que será necesario responder en futuros trabajos.

La teoría del lenguaje de Brandom, desarrollada en Making It Explicit ¹ , adopta dos compromisos básicos: la semántica inferencialista y el pragmatismo lingüístico. Este último es desarrollado en términos de normatividad, entendida en el sentido amplio que se deriva de la concepción de autonomía: la capacidad de concebir normas y de actuar de acuerdo con ellas, que nos distingue como seres racionales. ²

Ambas dimensiones de la teoría, semántica y pragmática, se encuentran estrechamente relacionadas, aunque de modo asimétrico. En efecto, Brandom adopta como principio básico que “la semántica debe responder a la pragmática” (1994, p. 83). Por eso, por una parte, la concepción de normas debe comprenderse como un dominio de prácticas más que como una comprensión intelectiva de principios (p. 32). En coherencia con los argumentos de regreso infinito de Wittgenstein y Sellars con respecto a las reglas (pp. 20-30), Brandom considera que todas las normas se conciben en un nivel primordial de forma implícita, aunque luego puedan ser explicitadas en forma de afirmaciones. Y, por otra parte, la clase de normas que nos distinguen como seres racionales son específicamente aquellas que relacionan inferencialmente ciertas afirmaciones como razones de otras, por eso califica a su teoría como una forma de pragmatismo conceptual o racionalista.

Específicamente, la semántica inferencialista explica el contenido conceptual de las expresiones lingüísticas por el rol que juegan en las inferencias materiales ³ que las involucran. El significado de una afirmación, entonces, lo conforman todas las inferencias que se pueden extraer de ella en combinación con un conjunto de premisas concomitantes, los conjuntos de premisas que pueden justificarla y los conjuntos de oraciones incompatibles. Por consiguiente, el contenido conceptual es paradigmáticamente proposicional, pues nace del rol de premisa o conclusión que juega en una inferencia. Cualquier otra forma de contenido conceptual no proposicional solo puede ser derivado de esta forma fundamental.

Ahora bien, la semántica inferencialista es complementada con el fundamento que instituye la corrección de las inferencias materiales: la práctica social. ⁴ Que la explicación del contenido comience con la inferencia —en lugar de una propiedad metafísica como la verdad— permite establecer una conexión directa con la actividad práctica, pues inferir es algo que los hablantes hacen (Brandom, 2009, p. 168). Por ende, la comprensión de una expresión consiste en el dominio práctico de su uso, y el contenido de las proposiciones radica en el movimiento particular que supone su afirmación en el contexto de la práctica social. En este sentido, la actividad discursiva entraña, según Brandom, una estructura de interacciones sociales, para la cual propone un modelo deóntico ideal: el juego de lenguaje de dar y pedir razones. En él, una afirmación tiene el doble rol de valer como razón para otras afirmaciones y habilitar la exigencia de razones que la justifiquen a ella misma. Por ende, quien realiza una afirmación autoriza (a sí mismo y a otros) a hacer otras afirmaciones que se siguen de ella, y a la vez asume la responsabilidad de mostrar que tiene autorización para realizarla (Brandom, 1994, p. 171). Así, aceptar una afirmación como justificación de otra significa aprobar la corrección de determinada inferencia. Esta actitud práctica y normativa instituye las correcciones inferenciales que justamente confieren contenido a las aseveraciones (p. 174).

Formalmente, el modelo deóntico se compone de actos de habla asertivos o aseveraciones como movimiento básico, y la articulación normativa es codificada en términos de actitudes y estatus deónticos. En específico, los estatus deónticos del modelo son el compromiso y la legitimación, y se constituyen según la fórmula del fenomenalismo normativo, según la cual “uno cuenta como alguien que ha asumido un compromiso [o una legitimación] siempre que para otros resulta apropiado atribuírselo” (Brandom, 1994, p. 507). Por lo tanto, los estatus son establecidos por actitudes deónticas, las cuales pueden ser de atribución de compromisos o legitimaciones, a los demás o a uno mismo; o de asunción de compromisos.

Los estatus de compromiso y legitimación dan cuenta de los momentos normativos fundamentales: responsabilidad y autoridad, respectivamente. Realizar una afirmación tiene la significación de autorizar a otros a atribuir un compromiso con ese contenido, y esto a su vez establece la asunción de ese compromiso. Simultáneamente, para asumir una responsabilidad, se requiere que otros atribuyan la autoridad para hacerlo, y al asumirla expone la propia autoridad a una sanción por incumplimiento de la responsabilidad. Ambos momentos, entonces, se refieren recíprocamente. Por una parte, la autoridad está condicionada por la responsabilidad, pues la autorización que se concede a otros al afirmar algo depende del cumplimiento de la responsabilidad de justificar la afirmación. Por otra parte, la responsabilidad de justificar la afirmación tiene que apelar a la autoridad de otras aseveraciones de las que se hereda la autorización. Esta interacción recíproca es lo que finalmente determina el significado práctico de las afirmaciones (Brandom, 1994, p. 174).

Estos elementos básicos se integran en una trama de evaluaciones recíprocas en donde cada participante, además de realizar afirmaciones —mediante las cuales asume compromisos asertivos o doxásticos—, juega el rol de intérprete o, en palabras de Brandom, registrador de puntuación (scorekeeper) ⁵ . Este papel comprende la función de llevar la contabilidad de los compromisos y legitimaciones que él mismo atribuye, a los demás hablantes y a sí mismo, en el curso de una conversación o discurso. La articulación inferencial de los contenidos se realiza específicamente en las actitudes del scorekeeper que determinan la atribución de compromisos y legitimaciones a partir de relaciones inferenciales, tal como explica Brandom:

Las conexiones inferenciales entre afirmaciones se entienden […] pragmáticamente, en términos de relaciones consecuenciales entre las actitudes por medio de las que se lleva la contabilidad de los compromisos y legitimaciones para compromisos —cómo atribuir un compromiso implica atribuir otros, excluye la legitimación para otros, etcétera (1994, p. 472).

El rol del intérprete manifiesta un rasgo fundamental del modelo deóntico: el registro de puntuación es un asunto esencialmente personal: somos agentes empíricamente situados en el espacio-tiempo egocéntrico y público (Brandom, 1994, p. 460). Esto quiere decir que “los contenidos inferenciales son esencialmente perspectivos: en principio solo pueden ser especificados desde algún punto de vista” (p. 485, énfasis agregados). Así, como la naturaleza del contenido semántico es relacional, esta estrategia entraña un holismo inferencial. Y este a su vez se complementa con un holismo social, pues la articulación inferencial de las afirmaciones se entiende en el marco de una estructura normativa que involucra a todos los participantes del juego.

En suma, la teoría de Brandom se presenta como una alternativa a las explicaciones a causales-conductuales o mentales del significado lingüístico. Su estrategia consiste en dar cuenta de la comunicación y la actividad lingüística de una comunidad a partir de la constelación de interacciones normativas y valoraciones recíprocas de los hablantes-intérpretes. De este modo, el expediente conceptual pretende dar cuenta de relaciones que trascienden las meras respuestas conductuales, pero sin apelar a una idea primitiva de intencionalidad: “Uno de los principios conductores de la teoría es que la noción de estatus normativo puede asumir buena parte de la tarea teórica y explicativa de la que se encargaba la noción de estado intencional” (Brandom, 1994, p. 201). Así, la labor teórica se concentra en “explicar los contenidos proposicionales aseverados a partir de las prácticas de aseverarlos” (p. 173), es decir, mostrar cómo es que de las prácticas lingüísticas se pueden extraer normas implícitas que regulan el rol de las afirmaciones como premisas y conclusiones en inferencias materiales y por consiguiente confieren contenido conceptual a las expresiones.

Otro de los elementos cruciales del modelo lingüístico resulta de la necesidad de distinguir la articulación inferencial de los contenidos de un simple idealismo lingüístico entregado al arbitrio de nuestras determinaciones semánticas. Para ello, Brandom dispone de un modo de externalismo semántico (Brandom, 1994, p. 647) conforme con la teoría, esto es, una dependencia fuerte de los conceptos y las afirmaciones con respecto a cómo son las cosas mismas o a la realidad objetiva.

En cualquier caso, para que “responder a una realidad objetiva” tenga sentido dentro de la teoría, se requiere establecer de qué somos responsables y qué autoridad reconocemos cuando pretendemos representar algo, es decir, ajustar nuestras afirmaciones y conceptos a la realidad. ⁶ De acuerdo con Brandom, lo representado debe ejercer un peculiar tipo de autoridad sobre las representaciones de sí, es decir, proveer un criterio de evaluación normativa sobre la corrección de estas últimas (2009, pp. 95 y ss.). Esto no significa investir de autoridad a cosas no humanas: puesto que las prácticas normativas son esencialmente humanas, sería insensata una atribución así. Por eso, que “las cosas objetivas […] mismas ejerzan autoridad sobre las afirmaciones que cuentan como alusiones a esas cosas, en el sentido normativo de que los hablantes sean responsables ante ellas” (2011, p. 110, énfasis en el original), requiere de la participación de un mediador entre los dos polos. El cómo son las cosas mismas puede tener significado normativo para la corrección de las afirmaciones de un hablante solo en el contexto de las actitudes de alguien más hacia cómo son las cosas (p. 130). En otras palabras, reconocer la autoridad en lo representado quiere decir reconocernos mutuamente como responsables de los compromisos que asumimos mediante nuestras afirmaciones ante aquello sobre lo que hablamos (pp. 113-114).

El aparato formal utilizado para describir esta dependencia consiste en incorporar al modelo de relaciones inferenciales —en estricto rigor, relaciones entre premisas y consecuencias— circunstancias y consecuencias que no son contenidos proposicionales. En este sentido, la percepción y la acción se definen como relaciones no estrictamente inferenciales entre circunstancias adecuadas y compromisos asertivos, y entre compromisos asertivos y consecuencias adecuadas, respectivamente. Así, el contenido de los enunciados observacionales está dado, en parte, por las circunstancias perceptuales adecuadas que justifican tal contenido articulado conceptualmente. Del mismo modo, el resultado de una acción no es una mera respuesta causal a un estímulo, sino una consecuencia directa de un compromiso asertivo en un razonamiento práctico. Percepción y acción constituyen así las “entradas” y “salidas” del espacio conceptual (Brandom, 1994, p. 131), y permiten comprender cómo la práctica lingüística se encuentra relacionada causalmente con la realidad objetiva, es decir, empírica y prácticamente constreñida por ella (p. 331).

Ambas relaciones no inferenciales son posibles gracias a la capacidad de los hablantes de responder diferenciadamente a determinadas situaciones del entorno asumiendo un compromiso asertivo —haciendo una afirmación—, y a un cierto compromiso de actuar haciendo verdadera una afirmación que describe dicho compromiso. Ahora bien, en el caso particular de la percepción, la corrección de la relación entre las circunstancias físicas o causales y la aserción de un enunciado observacional se establece mediante la misma interacción de autoridad-responsabilidad desarrollada en la sección anterior. Por tanto, el valor práctico de una percepción depende de las atribuciones de legitimaciones y compromisos que otros realizan al sujeto que percibe. Estas atribuciones a su vez dependen de los conceptos usados —y las legitimaciones particulares que exige el uso de cada concepto— y de la fiabilidad de las condiciones de observación que atribuye el scorekeeper. Por ejemplo, no todos tienen la legitimación para enunciar la observación de muones en una cámara de niebla, porque se requiere un grado de especialización científica que debe ser reconocido por el resto de la comunidad. Tampoco cualquier observación de un castaño realizada por un hablante autorizado para reconocer castaños será necesariamente considerada legitimada, porque la niebla presente en el momento de la observación puede ser demasiado densa para hacerlo.

En consecuencia, las relaciones causales que permiten incorporar las dimensiones empírica y práctica al modelo deóntico también están mediadas normativamente. El carácter normativo de la percepción, en particular, tiene especial relevancia aquí pues, como se verá, la fiabilidad de los reportes observacionales es una de las tres formas de demostrar legitimación. No obstante, como he recalcado en esta sección, también en sentido inverso “[l]a estructura normativa de autoridad y responsabilidad exhibida por evaluaciones y atribuciones de fiabilidad en la percepción y la acción se encuentra causalmente condicionada” (Brandom, 1994, p. 331).

De acuerdo con los rasgos generales presentados en las secciones anteriores, la teoría de Brandom puede calificarse como deflacionista con respecto a la verdad, porque no la considera un elemento primitivo ni semánticamente relevante para explicar los contenidos proposicionales. Tradicionalmente, la verdad es tratada como una propiedad semántica de las proposiciones: “es verdad que p” expresa una propiedad de p. Muchas veces es considerado el invariante semánticamente relevante que debe preservarse en operaciones y análisis lógicos. Como en el inferencialismo el invariante semántico a preservar es la corrección de las inferencias, esta concepción no es satisfactoria: “Cuando se empieza con las inferencias, las oraciones se asimilan en muchas clases inferenciales de equivalencia de rol, y no simplemente en la clase de oraciones que son designadas como correctas y la de las que no lo son” (Brandom, 1994, p. 350). En este sentido, el orden de explicación que defiende Brandom comienza con afirmaciones e inferencias:

No se puede otorgar sentido a la noción de inferencia separada de la de aseverar, ya que las afirmaciones son los terminales de los movimientos inferenciales. Pero es posible dar sentido a ambas actividades sin apelar a la noción de verdad desde el principio, y luego comprender a esta como lo preservado por buenas inferencias y el modo en que es presentado algo cuando es aseverado (2009, p. 168).

Los usos de ‘verdad’, entonces, tienen un sentido semántico derivado de las nociones fundamentales y un rol principalmente expresivo. Por ejemplo, el uso de la locución ‘es verdadero’ se entiende como parte sincategoremática de pro-oraciones, lo cual se conoce como una teoría pro-oracional de la verdad. ⁷

En un sentido pragmático, la locución ‘tener por verdadero’ juega un papel más genérico como parte del metavocabulario usado para hacer explícitas las relaciones normativas: expresa la actitud deóntica de asumir y reconocer un compromiso asertivo en el marco del juego de lenguaje. En este sentido particular, la verdad es una cualidad implícita de un acto aseverativo, pues quien lo realiza tiene por verdadera la afirmación: “una teoría de la aserción y el compromiso asertivo es una teoría del tener-por-verdadero” (Brandom, 1994, p. 202).

En concordancia con esta forma de entender la verdad, es posible hacer sentido de la noción de conocimiento desde el modelo deóntico, asociándola a lo descrito formalmente como atribución de conocimiento, con lo cual se cumplen las tres condiciones del paradigma clásico —creencia justificada verdadera (CJV)—. Así, la creencia se asimila a la asunción de un compromiso doxástico; la justificación al estatus de legitimación para ese compromiso; y la verdad del conocimiento se entiende como la actitud de tener por verdadero el mismo compromiso atribuido, por parte de quien lo atribuye. En consecuencia, toda aserción en el juego de dar y pedir razones es una aspiración implícita de conocimiento (Brandom, 1994, p. 203): ella es exitosa cuando el conocimiento es reconocido por otros.

Por tanto, el componente de verdad en el conocimiento simplemente expresa que solo cuentan como conocimiento aquellas creencias que son compartidas desde distintas perspectivas (Brandom, 2009, p. 158). Dado que la creencia y el tener por verdadero son posiciones que se pueden adoptar en el modelo, el problema específico del conocimiento recae entonces sobre la justificación. En efecto, verificar si nuestras creencias pueden considerarse conocimiento “consiste en poner atención crítica a nuestra evidencia, a las justificaciones que tenemos para respaldar las diferentes afirmaciones en consideración” (p. 156).

En este sentido, es necesario comprender la práctica lingüística como una actividad más significativa que un mero ejercicio expresivo: “Un juego de dar y pedir razones no puede consistir exclusivamente en el intercambio de actos de habla con la significación de meras afirmaciones” (Brandom, 1994, p. 229), y exige considerar como parte esencial un contexto de genuinas afirmaciones, esto es, aquellas que suponen la demostración de su legitimación. En el juego de lenguaje, los actos asertivos no solo comunican un contenido, sino que también se articulan en las cadenas de justificación. Aseverar, poner una afirmación como verdadera, es también presentarla como una premisa adecuada para que otros hablantes realicen inferencias (Brandom, 2009, p. 168), es decir, para que hereden la legitimación para justificar sus propios compromisos. En cambio, que una aseveración carezca de legitimación tiene la significación práctica de que no pueden heredarse legitimaciones de ella, o sea, la afirmación se considera falsa.

Brandom distingue tres formas básicas de demostrar la legitimación que explotan tres dimensiones de la práctica discursiva consideradas en el modelo: inferencias intercontenido, es decir, ofrecer otras afirmaciones que sirvan como premisas (dimensión inferencial); reportes observacionales (dimensión empírica); y deferencias o testimonios, o sea, remitirse a la autoridad de otros hablantes (dimensión social) (Brandom, 1994, p. 174).

Ahora bien, evidentemente los requerimientos de justificación podrían terminar en circularidad o una regresión infinita (Brandom, 1994, p. 176): cada una de las afirmaciones que se ofrecen como razones exigen a su vez su propia justificación. ⁸ Es claro que estos mecanismos de justificación sirven para “extender legitimaciones pero no para fundarlas” (p. 176). Para despejar esta dificultad, Brandom comienza por destacar que la legitimidad es antes que nada un estatus social, por ende, la cuestión de qué compromisos necesitan justificación depende de las actitudes prácticas que adoptan los participantes de una comunidad (p. 177). Luego, argumenta que a riesgo de hacer impracticable el juego de dar y pedir razones, la práctica debe comprender una estructura de legitimación por defecto y desafío, según la cual las afirmaciones gozan de legitimidad por defecto a no ser que sean desafiadas por un cuestionamiento. Pero este no puede ser gratuito, para ser válido requiere su propia legitimación. De modo que solo se puede cuestionar una aserción reclamando legitimación para otra aserción que sea incompatible con ella (p. 178). Por supuesto, podrían pensarse diversos ejemplos en los que un interlocutor no atribuye legitimación por defecto al hablante. Sin embargo, en general es posible argumentar que en todos los casos el interlocutor tiene razones que justifican su desafío. ⁹ En la práctica, concluye Brandom, “hay puntos suficientes en los que las exigencias de legitimación pueden terminar, de modo que no hay un peligro global de un regreso paralizador” (p. 178, énfasis en el original).

La responsabilidad de demostrar justificación es entonces condicional a un cuestionamiento legítimo (Brandom, 1994, p. 178). Sin embargo, esto no significa que quien asevera primero tenga un estatus privilegiado. Más bien, se trata de no atribuir un estatus privilegiado al cuestionamiento, o sea, considerarlo en el mismo nivel de legitimidad que aquello que es cuestionado, lo cual fuerza a realizar una evaluación comparada de las justificaciones correspondientes.

En cualquier caso, la legitimación atribuida por defecto no es permanente o definitiva (Brandom, 1994, p. 177). En un sentido más general, podemos definir una afirmación verdadera a partir de las actitudes —mudables— de los hablantes que determinan su estatus de verdadera cuando es considerada autoritativa. Este estatus es siempre provisorio y su determinación depende del desarrollo efectivo del juego de dar y pedir razones. Brandom lo expresa de la siguiente manera:

Determinar […] qué afirmaciones y aplicaciones de conceptos deberían tratarse como autoritativas, es una ardua tarea que supone evaluar la autoridad comparada de afirmaciones justificadas por evidencias e inferencias que compiten entre ellas. La autoridad que surge de este proceso se deriva de lo que dicen varios interlocutores más que de quien lo dice; ninguna perspectiva es autoritativa como tal. Solo existe la práctica efectiva de determinar quién tiene las mejores razones en casos particulares. […] El estatus de cualquiera de estos principios como probatorios siempre está en sí mismo en cuestión (1994, p. 601).

En definitiva, no hay un fundamento último que establezca la verdad de las afirmaciones, sino solo estructuras de legitimación. Por ello, los contenidos de afirmaciones y el conocimiento en general están en permanente producción, cuestionamiento y justificación. En todo caso, el ser verdadero no es una propiedad metafísica relevante y externa a la práctica lingüística, ni la correspondencia de una afirmación con algo externo. De ahí el deflacionismo semántico de la verdad. En cambio, el tener por verdadero manifiesta un aspecto fundamental de la práctica lingüística. Como se verá en la siguiente sección, la veracidad tiene un rol relevante en las interacciones sociales y puede ser considerada una norma a priori, en un sentido ideal, de la práctica lingüística. De ahí el inflacionismo normativo de la verdad.

La estrategia de fondo del modelo de juego ideal es que el contenido conceptual usado por todas las otras formas de actos de habla es otorgado por la práctica más fundamental de dar y pedir razones, compuesta por actos de habla asertivos. “El modelo pretende servir como núcleo de una explicación por capas de la práctica lingüística. Cuando nuestra práctica difiere de la especificada en el modelo, las diferencias deberían poder explicarse como adiciones o modificaciones posteriores de la práctica subyacente” (Brandom, 1994, p. 158). De esta manera, las preguntas, por ejemplo, solo son comprensibles en virtud de su relación con conjuntos de posibles respuestas, esto es, aserciones. Las órdenes, por su parte, son actos que determinan lo que es lícito u obligatorio especificándolo de una manera parasitaria del afirmar. Para que la oración “cierra la puerta” tenga el significado de una orden es necesario que sea enunciada en el contexto de prácticas donde ciertos actos de habla afirman que la puerta está cerrada o que no lo está (p. 172).

Más allá de las limitaciones propias del uso de un modelo ideal para describir prácticas concretas, esta jerarquización de los actos de habla y la suficiencia del modelo básico para dar cuenta de la diversidad de funciones del lenguaje representa uno de los puntos críticos de la teoría y ha sido discutida por los críticos de Brandom. ¹⁰ También pueden considerarse casos más sofisticados en los que el sentido de determinadas actuaciones lingüísticas no está asociado a una fuerza performática explícita, sino que se usan ciertos actos de habla para expresar ideas o producir efectos distintos de los literales. Estos casos incluyen los actos de habla indirectos (Searle, 1975), el uso de las metáforas (Davidson, 1984), o la dimensión reveladora del lenguaje (Taylor, 2010). En cualquiera de ellos, la posición de Brandom se mantiene igual: la significación de cualquiera de estas expresiones lingüísticas obtiene su contenido y es parasitaria de la significación de las aserciones puras.

Sin embargo, la mentira —o si se quiere, los actos de habla de mentir— tiene una característica particular en este tipo de discusiones: su ejecución performática queda completamente inscrita en el modelo deóntico básico, sin necesidad de agregar capas adicionales. En efecto, mentir es simplemente hacer una aserción. Ni siquiera hay un contenido oculto, metafórico o un acto de habla indirecto que se quiera dar a entender mediante tal aserción. Lo que un hablante quiere decir al mentir es exactamente el contenido proposicional que expresa la aserción realizada.

La única diferencia que podría reconocerse con respecto a un “genuino” acto de habla asertivo es una intención fraudulenta que motiva esa ejecución lingüística, o bien, la ausencia de convicción “privada” sobre la afirmación que se está expresando y con la que se está asumiendo un compromiso doxástico en el marco del juego de lenguaje. Sin embargo, esta no es una forma neutral de describir el asunto. De hecho, apela a la noción de estado intencional, la cual no es parte del repertorio conceptual de la teoría. Para hacerla inteligible, habría que derivarla de los estados más fundamentales del modelo deóntico: los estatus normativos.

A grandes rasgos, de acuerdo con Brandom, los estatus intencionales se confieren a partir de los papeles normativo-funcionales que juegan en la estructura racional de la acción, la cual supone hacer o decir cosas por determinadas razones. Es decir, se atribuyen estados intencionales como circunstancias adecuadas para satisfacer los requerimientos de racionalidad al momento de explicar actos de habla o acciones concretas (Brandom, 1994, pp. 148-153). En particular, para dar cuenta de los estados intencionales fraudulentos de un mentiroso, habría que considerar un patrón común en sus aserciones que permita presumir que sus creencias pueden ser incompatibles con sus aserciones, y que lo son con respecto a una aserción particular.

Con todo, como la intención de un mentiroso es una noción derivada, no debería ser necesario apelar a estados intencionales para analizar las consecuencias normativas de un acto de habla de mentir. Para los efectos del modelo deóntico, se puede argumentar que, independientemente de la intención fraudulenta o no, quien afirma algo dentro del juego de lenguaje presenta la afirmación como una premisa adecuada para ulteriores inferencias, se compromete con esa afirmación, asume la responsabilidad de justificarla y con ello pone en juego su propia autoridad. Entonces, mientras la mentira no sea descubierta, la afirmación permanece legitimada en el desarrollo del juego. Pero cuando un hablante es desmentido —ya sea por mentir o por errar—, su autoridad queda parcialmente desacreditada en la trama de evaluaciones sociales. Es exactamente lo que expresa la fábula de “Pedrito y el lobo”.

Así, en la medida en que las mentiras son marginales en la actividad lingüística, no representan un inconveniente para el modelo deóntico. De hecho, es claro que la mayor parte de las afirmaciones cotidianas son implícitamente consideradas veraces por defecto, sin perjuicio de que muchas otras sean puestas en duda —siempre que haya razones que justifiquen el cuestionamiento, por ejemplo, el historial de mentiras del hablante, su impericia para observar lo que dice observar, el modo confuso de expresarse, conflictos de interés y cualquier indicio que sugiera la posibilidad de que mienta o se equivoque—. Ciertamente, la capacidad de distinguir cuándo resulta adecuado poner en duda la veracidad e ignorar la posibilidad de la mentira en todo el resto de los casos es una de las habilidades prácticas específicas que hacen posible la práctica lingüística.

Sin embargo, las mentiras se vuelven un problema si su uso representa una porción significativa de las interacciones lingüísticas de una comunidad. Efectivamente, lo que en la pequeña escala de la interacción yo-tú no tiene mayores consecuencias que la credibilidad de hablantes particulares, en la gran escala desequilibra la estructura normativa completa. En primer lugar, la estructura de legitimación por defecto y desafío deja de resultar adecuada, porque ante cualquier afirmación recibida resulta más sensato dudar de su veracidad. En este escenario, la contabilidad deóntica se complejiza por la necesidad de evaluar además el grado de credibilidad del interlocutor. ¹¹ Y, en segundo lugar, si demasiados hablantes hacen uso abusivo del afirmar, resulta impracticable la exigencia efectiva de responsabilidad justificatoria, porque sin autoridad por defecto, cada afirmación requeriría muchas afirmaciones más para verse justificada. En otras palabras, los hablantes en general dejan de ostentar autoridad a la vez que dejan de asumir responsabilidad.

En definitiva, la mentira es perfectamente explicable a partir del modelo deóntico básico sin necesidad de enriquecerlo con capas adicionales. Sin embargo, la desproporción de mentiras con respecto a aseveraciones veraces produce un desequilibrio normativo que socava la efectividad de la comunicación. Más aún, en algún punto crítico, la imposibilidad de aceptar lo que dice el otro podría resultar en que nada de lo que diga nadie sea significativo en absoluto. ¹² De este modo, la norma de veracidad parece ser una condición previa indispensable para la práctica discursiva. Pero tal como la intención fraudulenta resulta innecesaria e ininteligible para el modelo deóntico, su contraparte, la veracidad en su sentido habitual, también representa la relación entre una aseveración y un estado intencional. La manera de dar cuenta de ella en el modelo deóntico es precisamente mediante la condición de legitimación por defecto. En adelante, la veracidad será entendida en este sentido, como la norma a priori que corresponde a la estructura de legitimación por defecto y desafío.

De acuerdo con la estructura normativa de la práctica lingüística y la condición de veracidad presentadas en las secciones anteriores, que un hablante afirme algo o considere verdadera una afirmación lo compromete personalmente, pues se arriesga a socavar o perder totalmente el grado de autoridad mínimo para ser parte de la práctica lingüística comunitaria: ser un hablante creíble. Esto no significa que no pueda equivocarse o mentir. La autoridad lingüística, en su sentido más básico, no es un estatus definitivo, siempre es susceptible de ser evaluado y desafiado, pero es indispensable para la comunicación. En otras palabras, es lo necesario para que otros participantes tomen en serio lo que dice, para que presuman que tiene razones —buenas o malas— para decir lo que dice y no lo consideren simplemente un disparate.

Así, la articulación social de estas relaciones normativas conforma una infraestructura sobre la que uno puede apoyarse para tener por verdadero —asumir compromisos doxásticos sobre— lo que ha escuchado comentar en la radio, en clases, lo que ha intercambiado en conversaciones personales y leído en libros y diarios. Cada una de las personas de las que se toma testimonio pusieron en riesgo su autoridad, es decir, se responsabilizaron personalmente por lo que decían. El riesgo es máximo —y deseable en el sentido del ideal de espacio público ¹³ — cuando se trata de discursos públicos, pues son susceptibles de ser objetados por una mayor cantidad de participantes.

En la fábula de “Pedrito y el lobo”, todos comprendemos bien por qué a Pedrito se le quitó el estatus de autoridad necesario para que sus declaraciones fuesen creíbles. Pero resulta tan natural que usualmente queda implícita la razón por la que, desde un comienzo, se le concede la legitimidad para realizar observaciones simples sobre lobos: es un estatus que se adquiere con el mismo entrenamiento práctico en el uso del lenguaje cuando el niño aprende a hablar. Que Pedrito sepa hablar es, en la práctica, una condición suficiente para que sea apropiado atribuirle esa legitimación —además del entrenamiento particular en los conceptos usados en la observación, o sea, la capacidad de reconocer lobos—.

La estructura de autoridad y responsabilidad es, en definitiva, una de las características de las relaciones interpersonales que confluyen en la configuración de la sociedad en toda su complejidad y, por tanto, personalmente nos definen en tanto sujetos sociales y ciudadanos. En el mismo sentido, la herencia de legitimación mediante el testimonio constituye la infraestructura básica para el desarrollo del conocimiento. Aun cuando cada testimonio en particular no es una garantía indiscutible, la estructura global que se desarrolla a partir de esta forma de legitimación es la única forma de articular socialmente el cuerpo del conocimiento en toda su amplitud. Demás está decir que comprobar personalmente todas las afirmaciones que conforman la esfera de conocimiento de cada uno resulta impracticable.

En este contexto, es interesante analizar en los términos desarrollados hasta aquí la transformación de una porción significativa de las interacciones comunicativas, tanto personales como públicas, debida a la aparición de dispositivos digitales como las plataformas de redes sociales; para así evaluar la estabilidad de la estructura normativa del lenguaje en este proceso. Este análisis supone aceptar en principio la validez del modelo de comunicación brandomiano para dar cuenta de los rasgos fundamentales de la práctica lingüística, independientemente de los posteriores cuestionamientos al propio modelo que puedan inducir los resultados.

En consecuencia, a continuación presento una enumeración esquemática, en ningún caso exhaustiva, de las características generales del contexto discursivo creado por las nuevas tecnologías de comunicación, que permite analizarlo en el vocabulario normativo provisto por la teoría de Brandom. ¹⁴

(1) Las plataformas establecen reglas propias. El formato y las reglas que articulan los actos comunicativos —el juego de lenguaje— viene preestablecido por el diseño particular del software que soporta cada plataforma. Si estas reglas no reproducen —y no tienen la obligación de hacerlo— la estructura normativa tradicional de la práctica lingüística, es posible que los hablantes dejen de participar en el juego de dar y pedir razones y más bien formen parte de otro juego.

(2) Burbujas de información y opinión. Dentro de las nuevas reglas —compartidas por la mayoría de las plataformas—, está la facilidad con que se puede eliminar y bloquear usuarios del espectro de interlocutores. Esto generaliza, agudiza y perfecciona un fenómeno que no es nuevo, pero que antes resultaba más difícil de lograr y siempre de modo parcial: la tendencia a conformar comunidades herméticas de hablantes o burbujas de información y opinión. Así, el espectro de afirmaciones —fuentes de información, opiniones— que un hablante recibe puede ser curado con demasiada facilidad, generando así una impresión distorsionada de la legitimidad de cada afirmación: si los cuestionamientos pueden ser filtrados, la legitimidad por defecto que se les atribuye probablemente permanecerá incólume. Con respecto a los hablantes también se genera el mismo efecto: un participante puede, por ejemplo, bloquear a cualquier potencial impugnador, y con ello blinda su propia autoridad discursiva. De este modo se abandona el ideal de esfera pública y la autoridad discursiva se concede sin méritos comprobados, dependiendo del grupo que compone la audiencia, y a la vez queda artificialmente protegida por la clausura del mismo y la facilidad con que se pueden purgar voces disidentes.

La fragmentación de la esfera pública en grupos que de antemano comparten opiniones descompone el juego de dar y pedir razones. Pues este se vale de la interacción de diversas perspectivas para desarrollarse adecuadamente (como se vio en la sección 4). Las justificaciones, que como mencioné antes constituyen el problema específico del conocimiento, pierden relevancia en el juego, y la comunicación se vuelve un mero tráfico de afirmaciones aisladas, o peor aún, un tráfico que filtra afirmaciones según su concordancia con las creencias previas. En suma, el perfeccionamiento de las burbujas de información no solo reduce el universo de experiencias, opiniones y enfoques que recibe un participante, sino que también protege artificialmente el crédito social de los hablantes, lo cual los exime de la responsabilidad de ofrecer una justificación adecuada para sus discursos.

(3) El carácter esencialmente personal de la interacción lingüística tradicional —que los hablantes son agentes normativos en una situación espacio-temporal particular— se diluye en la virtualidad de internet: aun cuando el usuario presente su verdadero nombre, la abrumadora profusión de participantes convierte la condición de usuario en algo muy similar al anonimato. Adicionalmente, entran al juego de lenguaje lo que podríamos llamar pseudoagentes —esto es, cuentas falsas manejadas en conjunto, bots que reproducen mensajes, algoritmos que generan mensajes, entre otras— que son tratados como agentes. Entre otras, una de las consecuencias de esto es que se les atribuye legitimidad por defecto por lo que dicen, como a cualquier hablante. Pero los pseudoagentes no asumen la responsabilidad lingüística de justificar sus aserciones: ya sea porque los algoritmos, en tanto procesos causalmente determinados, no tienen lo necesario para ser reconocidos como agentes normativos; ya porque su autoridad no corre riesgo alguno, pues cerrar y abrir cuentas virtuales no tiene costo.

Ahora bien, si la autoridad que surge del proceso de evaluación de afirmaciones y justificaciones “se deriva de lo que dicen varios interlocutores más que de quien lo dice”, la introducción artificial de interlocutores en un determinado contexto discursivo perturba el propio proceso de determinación de la verdad de las afirmaciones, es decir, de la selección de las que tienen mejores justificaciones. El impacto es más evidente aún si la visibilidad de los discursos dentro de la plataforma varía de acuerdo con la cantidad de validaciones (normalmente el número de interacciones con cierta publicación). Así, en la determinación de la verdad de una afirmación —i.e. la creencia compartida—, pierde relevancia la evaluación crítica de la justificación con respecto a la capacidad de quienes controlan pseudoagentes para incidir en el desarrollo del juego de dar y pedir razones.

Sobre este punto, cabe destacar el particular caso de pseudoagentes desarrollados con inteligencia artificial que producen discursos. Para este análisis, basta con entenderlos como dispositivos que utilizan algoritmos de predicción de la siguiente palabra con el objetivo de producir discursos verosímiles. ¹⁵ Sin embargo, los propios desarrolladores reconocen que no son capaces de determinar la verdad o falsedad de sus propias producciones. El marcado énfasis en la verosimilitud en desmedro de la veracidad es consecuente con uno de los tópicos que han acompañado el desarrollo de la computación desde sus inicios: el test de Turing, la pregunta por la posibilidad de distinguir a un autómata según su comportamiento discursivo. Sin embargo, hay una razón de otro tipo que hace imposible (al menos hasta ahora) considerar a un dispositivo desarrollado con IA como genuino participante del juego de dar y pedir razones, independientemente de su verosimilitud: no pueden hacerse responsables de sus afirmaciones y por tanto no puede atribuírseles autoridad. La verdad de las afirmaciones, más que una distinción computable, es un asunto de decisión, esto es, tiene consecuencias en el marco normativo del juego de lenguaje.

(4) Finalmente, la producción artificial de contenidos no se limita a los discursos: algunas herramientas de inteligencia artificial, e incluso la mera manipulación “manual” de imágenes, permiten generar evidencias falseadas en forma de imágenes y videos. Tradicionalmente, la mayoría de los reportes observacionales —aquellos que no requieren un grado de especialización científica— cuentan con legitimación por defecto. Pero cada vez resulta menos adecuado atribuirla ante la posibilidad de registros adulterados o generados artificialmente. La veracidad, lo muestra este fenómeno, no solo es un requisito preliminar para las aserciones sino también para la evidencia visual que se presenta como justificación.

En el contexto de estas consideraciones muy generales sobre las nuevas tecnologías de comunicación, se pueden distinguir dos rasgos críticos de la estructura normativa formulada por Brandom que se ven tensionados —si no directamente desarticulados— por la transformación de las prácticas discursivas. Por una parte, la condición a priori de veracidad, y por otra, el balance recíproco de autoridad y responsabilidad.

Que la veracidad no sea un estatus que resulte adecuado atribuir en los medios de comunicación actuales se debe principalmente a lo expuesto en los puntos (3) y (4). El problema inmediato es que, en general, persistimos en las disposiciones normativas del paradigma tradicional: nuestras prácticas están, en el mejor de los casos, habituadas a atribuir legitimidad por defecto, si es que no estamos neurológicamente condicionados para ello. Por tanto, se concede legitimación a agentes y afirmaciones que no tienen los méritos para serlo: ya sea porque son directamente formuladas fraudulentamente, ya porque no han sido sometidas a un juego de dar y pedir razones competitivo (2). Pero la sola adaptación individual de la disposición a atribuir legitimidad por defecto no arreglaría nada. Pues la función de la estructura de legitimación por defecto y desafío era evitar el regreso infinito de la exigencia de justificaciones. Luego, si no se puede descansar en ella, la comunicación fiable y el conocimiento se vuelven irrealizables.

En cualquier caso, no pretendo defender que la mentira sea un fenómeno nuevo. Sin embargo, mentir en la estructura normativa tradicional implicaba poner la autoridad en juego. Esto nos lleva al segundo elemento crítico. Si, por la razón que sea, una norma o una estructura normativa deja de ser reconocida por una parte suficientemente significativa de la comunidad, la norma pierde su condición de tal. Las normas, a diferencia de los objetos físicos, dependen del reconocimiento para subsistir. Entonces, la participación de pseudoagentes que no asumen responsabilidad por sus afirmaciones y la dilución del carácter personal de la práctica lingüística (3) resulta en que los participantes dejan de ser tratados como agentes normativos: nadie les exige responsabilidad por sus actuaciones lingüísticas y en consecuencia dejan de asumirla. Así, la comunicación pierde el contrapeso entre autoridad y responsabilidad, y se vuelve unilateral.

Este desbalance normativo tiende a una forma de solipsismo. Obligado a desconfiar del otro, porque ya no resulta apropiado concederle autoridad, y desprendido de relaciones de autoridad-responsabilidad, cada hablante se desacopla de las múltiples perspectivas alternativas y propende a erigirse como criterio unilateral de verdad, es decir, a considerar la propia perspectiva como privilegiada. Esta tendencia es acelerada por la confirmación autocomplaciente de las burbujas de información (2). La asimetría del espacio personal con respecto a la esfera pública genera en cada uno la ilusión de que para determinar la verdad basta la propia perspectiva, negando la concepción de que el componente de verdad en el conocimiento consiste en que la creencia sea compartida.

En suma, la teoría de Brandom subraya enfáticamente una necesidad crucial de cualquier estructura normativa de interacciones sociales, y en particular de la que entraña la práctica discursiva: el equilibrio entre autoridad y responsabilidad. ¹⁶ Este equilibrio se ve perturbado por la introducción de nuevas tecnologías que configuran nuevos contextos de comunicación, tal como se ha descrito hasta aquí.

Lo que podríamos llamar la estructura social de la verdad, lo que permite considerar algo verdadero en absoluto, es un marco dinámico de relaciones normativas implícitas en las interacciones sociales que constituyen nuestra práctica lingüística. Entre otras, he subrayado la importancia de la veracidad como una de las condiciones implícitas en dicho marco, la cual se manifiesta en la atribución de legitimidad por defecto y desafío. La teoría de la práctica discursiva de Brandom ofrece un expediente conceptual para hacer explícito el marco normativo y analizar su despliegue a través de las transformaciones sociales.

Esta peculiar noción de verdad no ofrece un fundamento último para la verdad de las afirmaciones que intercambiamos, sino solo cadenas de justificación. Por eso no solo es “deseable” que nuestras creencias —aquello que tenemos por verdadero— estén justificadas, sino que es una condición normativa básica que quien asume un compromiso asertivo tiene la responsabilidad de justificarlo: “Somos buscadores y hablantes de la verdad porque somos hacedores y tomadores de razones” (Brandom, 2009, p. 176).

Si comprendemos la verdad y el conocimiento como productos de las prácticas de inferir podremos discernir mejor las dificultades que conllevan las nuevas tecnologías de comunicación, especialmente aquellas relacionadas con la verdad y la confianza. En este sentido, la preocupación debiera estar centrada en las prácticas de justificación —el motivo central del juego de dar y pedir razones— más que en garantizar la verdad de lo que se dice como una propiedad metafísica de las afirmaciones: “Siempre que pongamos suficiente atención a las razones que pueden ofrecerse a favor y en contra las distintas afirmaciones, la verdad se encargará de sí misma, o al menos habremos hecho todo lo que podemos al respecto” (Brandom, 2009, p. 157).

En definitiva, no puede haber verdad sin normatividad. Que la verdad autoriza es algo a lo que estamos habituados, porque es propia de la concepción tradicional de la verdad. Pero, por el otro lado, la verdad también entraña responsabilidad. Por eso un dispositivo de IA (como los chats de inteligencia artificial generativa) no es capaz de poner una afirmación como verdadera, solo puede generar textos relativamente creíbles y bien formados. Por lo mismo, ningún proceso exclusivamente algorítmico ¹⁷ puede decir algo verdadero: se requiere agencia normativa para entrar al juego en el que ‘verdad’ tiene algún sentido. De modo que tampoco puede haber verdad sin libertad: lo que alguien esta causalmente determinado a decir no puede considerarse verdadero, solo sería una respuesta natural a un estímulo ¹⁸ . La verdad —en el sentido pragmático de tener por verdadero, desarrollado a lo largo de este trabajo— forma parte del contexto de compromisos de fondo que integran “la estructura implícita de la racionalidad” (Brandom, 2009, p. 63).

A partir de este marco conceptual, es posible abordar las pujantes preguntas sobre las consecuencias del advenimiento de nuevas tecnologías de comunicación y de la producción discursiva mediante inteligencia artificial. En este trabajo esbocé a grandes rasgos los efectos de utilizar tales tecnologías en la estructura social de la práctica discursiva. No busqué ofrecer una mirada amplia del espectro de consecuencias en la democracia, la subjetividad o la vida en general, sino enfocarme en aquellas que tocan el núcleo mismo de la comunicación lingüística y la racionalidad del significado —lo cual, por supuesto, también impacta en los otros ámbitos—.

Por una parte, respecto a la producción artificial de discursos, creo que la pregunta más interesante no es si los autómatas desarrollados con IA pueden llegar a poseer conciencia o genuina intencionalidad, sino bajo qué condiciones podemos tratarlos genuinamente como agentes normativos en la estructura de la interacción social y cuáles serían las consecuencias de ello. Esta cuestión requerirá un abordaje detenido en investigaciones futuras.

Y, por otra parte, el principal efecto de las actuales plataformas de comunicación es que, producto del desbalance normativo entre los polos de autoridad y responsabilidad, las relaciones lingüísticas se vuelven un proceso unilateral. De ahí que no logren funcionar como medios de comunicación efectivos y tiendan a transformarse en meras plataformas de expresividad ¹⁹ donde prima la propia perspectiva como criterio de verdad.

El reconocimiento de la relevancia de este diagnóstico y la ponderación del rol del modelo ideal de Brandom como criterio de evaluación de la autenticidad de nuestras prácticas concretas de comunicación abre preguntas críticas que involucran simultáneamente la adecuación del modelo para dar cuenta de prácticas lingüísticas no tradicionales y las conclusiones desarrolladas arriba. En este sentido, la discordancia crucial entre las condiciones fundamentales del modelo de Brandom y las características propias del fragmento de la práctica lingüística analizado en este trabajo puede inducir visiones tanto optimistas como pesimistas con respecto al futuro de la comunicación en la sociedad.

Una visión pesimista podría considerar que la desarticulación de las relaciones normativas constituye directamente una descomposición de la infraestructura del lenguaje y con ello de la sociedad civilizada y la democracia. La justificación de esta conclusión supone al menos aceptar el modelo brandomiano como caracterización general de cualquier modo genuino de comunicación.

La visión optimista no tiene que ser necesariamente una aceptación acrítica de las nuevas tecnologías tal como están. Simplemente basta considerar la posibilidad de que ellas sigan transformándose hasta lograr articular el balance normativo necesario para una comunicación eficaz. La nueva estructura normativa puede llegar a ser muy parecida a la anterior, si es que los postulados de Brandom representan las condiciones necesarias de cualquier práctica auténticamente lingüística; o bien conformar una estructura alternativa, en cuyo caso el juego de dar y pedir razones sería solo una forma histórica de racionalidad lingüística. De ser así, el modelo deóntico solo podría cumplir un rol explicativo para las prácticas tradicionales de conversación y su contingencia quedaría al descubierto producto de la evolución de la práctica efectiva.

A fin de cuentas, estas consideraciones apuntan hacia la pregunta por lo esencial y lo contingente del lenguaje. Si lo esencial fue captado por la teoría de Brandom, los fenómenos tecnológicos actuales tienden a una descomposición de la infraestructura del lenguaje humano. Si la teoría de Brandom solo dio con ciertos rasgos contingentes de determinada época histórica, es posible que las nuevas formas de comunicación simplemente constituyan una nueva etapa del desarrollo histórico del lenguaje humano. En cualquier caso, las relaciones bilaterales y recíprocas de autoridad y responsabilidad parecen ser ineludibles para la comunicación.

Todavía resulta demasiado aventurado inclinarse de antemano por una u otra perspectiva. Pero por ahora el aparato teórico de Brandom, complementado con una concepción madura de normatividad, parece adecuado para realizar un análisis más profundo de las transformaciones y obtener así una respuesta justificada a las preguntas por sus consecuencias.