1. INTRODUCCIÓN

Las contribuciones de la economía feminista han tomado mayor impulso en América Latina, demostrando a través de encuestas de uso de tiempo y de cuentas satélites el valor económico del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, y cómo esto repercute en su participación laboral y en la división sexual del trabajo (DST). Se ha enfatizado en cómo afecta la DST –incluido en relación al trabajo remunerado y no remunerado- en la desigualdad económica de género y por consiguiente en la autonomía económica de las mujeres. No obstante esto, los trabajos sobre organización social del cuidado (OSC, es decir sobre cómo se organizan y redistribuyen las tareas referidas a la sostenibilidad de la vida) y de DST –aun cuando advierten su correlación- no suelen presentar análisis sostenidos sobre cómo esto afecta a las mujeres sobre todo de sectores más vulnerables, que por las características de sus hogares se encuentran con mayores responsabilidades de cuidado y tienen menor inserción en el mercado laboral y ocupan las posiciones dentro del segmento que brinda condiciones de trabajo de menor calidad.

En este trabajo nos preguntamos cuál es la relación entre las políticas de cuidado infantil y la participación laboral de las mujeres de los sectores más vulnerables en Argentina. La evidencia sugiere que las brechas en el mercado laboral se profundizan para las mujeres de sectores vulnerables con hijos/as pequeños/as a cargo. Puesto que las intervenciones en materia de cuidado se encuentran estrechamente imbricadas a las dinámicas en el mercado laboral², consideramos que el tipo de inserción laboral de las mujeres está condicionada por las opciones de cuidado que las dinámicas laborales y las políticas de cuidado le permiten articular.

Con esto, el objetivo del trabajo es analizar el vínculo entre las brechas de género en el mercado laboral y el diseño de las políticas de cuidado infantil vigentes en Argentina (servicios de atención y cuidado infantil y licencias por nacimiento), a partir de tipificar a estas últimas como corresponsables y maternalistas. Para ello, se toman los aportes de la economía feminista que giran en torno a la OSC y se los pone en diálogo con las contribuciones del estructuralismo latinoamericano relativas al funcionamiento de los mercados de trabajo de la región. Se adopta una estrategia metodológica mixta basada en el análisis de la estructura del mercado laboral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH INDEC) y de fuentes legales, documentales de las políticas de cuidado infantil a nivel nacional.

El presente artículo se estructura en cinco secciones, incluida esta introducción. La segunda sección plantea el marco analítico del trabajo, la tercera sección presenta las decisiones metodológicas adoptadas, y la cuarta sección contiene el análisis de la evidencia, para establecer la vinculación entre la desigualdad socioeconómica de género y las políticas de cuidado infantil en Argentina. La quinta sección presenta la discusión y reflexiones finales que surgen a raíz del análisis desarrollado.

2. MARCO ANALÍTICO

2.1. El funcionamiento del mercado laboral como fuente de desigualdades socio-económicas y de género

El estudio de la inserción en el mercado de empleo como fuente de desigualdades socio-económicas y de género ha sido abordado desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y desde numerosas perspectivas teóricas (neoclásicas, institucionalistas, marxistas, estructuralistas, por mencionar algunas dentro del pensamiento económico). En este trabajo, desde la Economía Feminista, retomamos aportes efectuados por el estructuralismo latinoamericano dada su vigencia y relevancia en la explicación de las desigualdades laborales en nuestra región y Argentina, en particular³.

Desde esta corriente del pensamiento latinoamericano, se entiende que los estilos de desarrollo de las economías de la región han sido afectados por el fenómeno de la heterogeneidad estructural (HE). La penetración lenta y limitada del progreso técnico ha tenido como consecuencia la conformación de una estructura económica heterogénea que: i) ha diferido de las estructuras de los países desarrollados caracterizadas por la homogeneidad de la productividad entre los sectores económicos; ii) resulta explicativa del funcionamiento del mercado laboral y la desigualdad económica (Pinto 1973; CEPAL 2012).

A modo de continuación de este postulado, aquí retomamos la reflexión del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que desarrolló un abordaje de la segmentación en el mercado laboral colocando al estilo de desarrollo latinoamericano en el origen de la segmentación (Espino Rabanal 2001; Arakaki 2015; entre otros).

Desde esta línea de pensamiento, la segmentación aparece como el resultado de la incapacidad del sector formal para absorber a la fuerza de trabajo en su totalidad y se plantea que la posibilidad de generar empleos de calidad está restringida por las condiciones productivas de las actividades y empresas al interior de estos sectores. Así, al estudiar al mercado laboral, conformado por el sector formal y el sector informal, entiende que mientras en el sector formal predominan las ocupaciones con mejores condiciones laborales, en el sector informal estarán las de menor calidad.

A partir de esta breve descripción de los aportes tomados del estructuralismo latinoamericano, es posible entender que los efectos de la heterogeneidad productiva estructural en el mercado laboral suelen indicarse como un nudo crítico sobre el cual se asienta la reproducción de la desigualdad económica en la región. Pues, esta heterogeneidad se proyecta en los elevados niveles de ocupación en actividades de baja productividad, en la informalidad laboral, en la brecha de ingresos entre el sector formal e informal. Y ante la vinculación entre la protección social y el tipo de inserción laboral, la heterogeneidad estructural acarrea problemas de cobertura y fragmentación de la protección social (CEPAL, 2012).

Sobre la base de lo visto hasta aquí, resulta conveniente mencionar que esta cadena de reproducción de desigualdades se articula con el orden de género imperante en las sociedades latinoamericanas (CEPAL 2016; CEPAL 2019; Alonso, 2019; Alonso, 2020). Sin embargo, las investigaciones que indagan esta articulación no son abundantes, ya que la mirada de género en el estudio de la heterogeneidad estructural y la segmentación desde postulados estructuralistas tuvo poca cabida hasta fines del siglo XX y, fundamentalmente, en el presente siglo.

En el caso de los estudios de género y la economía feminista, se pueden mencionar los trabajos institucionalistas de Humphries y Rubery (1984) y Craig, Garnsey y Rubery (1985) por su incorporación de aspectos de la reproducción social realizados al interior de los hogares y la discriminación de género en el mercado a las teorías de la segmentación del mercado de trabajo. A su vez, tal como lo han planteado investigaciones sobre el mercado laboral argentino, los estereotipos de género sobre rasgos de estas y estos trabajadores y las responsabilidades reproductivas están presentes, al momento de la contratación, en forma de discriminación laboral contra las mujeres (con sus efectos en la segregación laboral basada en el género) (Actis Di Pasquale y Savino, 2019; Alonso, 2020). Además, en la segmentación del mercado de trabajo están presentes aspectos de la reproducción social, basada en la división sexual del trabajo, realizados al interior de los hogares. De esta manera, las responsabilidades reproductivas (domésticas y de cuidado) también actúan como limitantes para las mujeres a la hora de insertarse en empleos de mejor calidad (Rodríguez, 2015).

En concordancia con ello, se observa que las mujeres se encuentran sobre-representadas en los estratos de baja productividad y en los sectores informales con sus efectos desiguales en términos de condiciones laborales y acceso a los sistemas de protección social (CEPAL 2016; CEPAL 2019; Alonso, 2019;Alonso, 2020).

Como evidencia de esto, para el año 2013 en Argentina, el estrato de productividad que brindaba las peores condiciones laborales tenía la tasa de feminidad más alta y concentraba a la mayoría de las trabajadoras (Alonso, 2019). Al interior de este, el sector informal ofrecía aún peor calidad de empleo (en tanto la tasa de personas asalariadas no registradas era de 76% y las remuneraciones eran las más bajas del sector privado) y concentraba al 42% de las mujeres ocupadas a nivel nacional, mientras sólo el 31% de los varones (Alonso, 2020).

De la mano de estos antecedentes, resulta necesario avanzar en el estudio de la vinculación del rol de las políticas de cuidado infantil y el mercado laboral afectado por los fenómenos señalados desde el enfoque estructuralista. Consideramos que el modo en que se organizan las responsabilidades de cuidado de niños y niñas, durante las edades seleccionadas, se presenta como uno de los más acuciantes aspectos de la configuración de las desigualdades de género en el mercado laboral. Por ello, seguidamente, expondremos aquellos aportes sobre la OSC que se retoman para contribuir, mediante la articulación de estos enfoques teóricos y el recorte efectuado, al desarrollo de esta línea de investigación.

2.2. La organización social del cuidado como fuente de desigualdades socio-económicas y de género

Entendemos al cuidado desde una perspectiva amplia, que involucra todas aquellas actividades necesarias para el sostenimiento de la vida y bienestar de las personas, que van desde las tareas para satisfacer las necesidades básicas hasta las afectivas y de socialización (Carrasco, 2003; Tronto, 1987). En el marco de sociedades desiguales, estas actividades, por lo general son realizadas por las mujeres por lo que la forma en que se organiza la provisión del cuidado en una sociedad –lo que llamamos organización social del cuidado (OSC)- tiene importantes repercusiones en términos de la igualdad de género. Daly y Lewis (2000), son de las primeras estudiosas en acuñar el concepto de Cuidado Social, como aporte para vincular las relaciones de cuidado y los Estados de Bienestar, y a partir de ello mostrar como el modo en que se organizan los cuidados en una sociedad (la llamada Organización Social del Cuidado –OSC-) se encuentra moldeada por las instituciones estatales de protección social. Esta conceptualización muestra el aspecto ambiguo y multi dimensional de los cuidados, en el sentido de que es parte inherente al bienestar de las personas, y de su provisión, pudiendo presentarse de manera no remunerada como remunerada, hogareña o institucionalizada.

En este sentido, el Estado, como articulador de relaciones sociales y económicas y de proveedor de servicios de protección social, tiene un rol preponderante en la forma de la OSC y el llamado diamante de cuidados constituido por las diferentes esferas de bienestar: el Estado (como proveedor de infraestructura y garante regulador de relaciones de cuidado), el mercado (como oferente de servicios y como empleador), las familias y la comunidad (como receptoras y como dadoras de cuidado) moldean las relaciones y responsabilidades de cuidado en las sociedades (Razavi, 2011).

En América Latina, dada la menor participación del Estado en la provisión de bienestar, por lo general no se usa el término Estado de Bienestar y en su lugar se utilizan acepciones como regímenes de bienestar (Martinez Franzoni, 2007) o Estado Social (Filgueira, 2013). Como contra partida, se observa el rol preponderante de las familias para la provisión de los cuidados, y como consecuencia de ello, podemos observar el nivel de familiarismo de organización social del cuidado, pudiendo encontrar experiencias regionales de provisión de cuidado donde este recae exclusivamente sobre las familias y la comunidad, y otras donde el Estado y el Mercado también juegan un rol importante sobre este (Pineda Duque, 2020).

En el caso de la OSC en Argentina, si bien no escapa a la lógica familiarista de los regímenes de bienestar de la región, existe un fuerte legado de participación del Estado en la provisión de bienestar, y las relaciones laborales en el ámbito de mercado, a pesar de la persistente heterogeneidad estructural, se encuentran reguladas desde el Estado. Con ello, hay una mayor –aunque insuficiente -presencia estatal en la OSC, lo que genera que por un lado, siga presentándose inequitativa, puesto que sigue recayendo principalmente sobre las familias, y dentro de estas sobre todo en las mujeres (Rodríguez Enríquez y Pautassi 2014). Y por otro lado, porque refuerza concepciones maternalistas sobre la división sexual del trabajo y los roles de género, que entre otros aspectos, afectan el tipo de participación laboral de las mujeres (PLF).

Como advertíamos en la sección anterior, se encuentra que existe un acceso diferencial a políticas sociales y el desigual ejercicio de los derechos asociados a los cuidados dependiendo del tipo de inserción en el mercado de empleo.

Esto respondería a que en el mercado laboral se observa una perpetuación de los roles tradicionales de género acompañado de la idea de los varones como proveedores “fuertes”, es decir en un rol principal, y de las mujeres como “soporte” en el sector productivo, donde participarían “a medias” para poder “conciliar vida familiar y laboral” y no como un espacio cardinal para la autonomía económica. Como consecuencia, el lugar secundario de las mujeres en las filas de empleo se cristaliza en la falta de medidas asociadas a los derechos y beneficios de los/as trabajadores/as en torno a las responsabilidades de cuidado.

Esta situación se deriva del modo en que históricamente se constituyeron las instituciones de protección social en la región, que colocaron en la relación laboral de los varones asalariados registrados el acceso y titularidad de los derechos sociales como el acceso a prestaciones de salud, licencias, asignaciones familiares, seguro de desempleo y sistema de pensiones y retiro de ellos y sus familias (Pautassi 2004; Pribble 2006; Orloff 2006).⁴ Frente a esto, el Estado, en su función de regulador y proveedor de bienestar, desde la irrupción de los problemas aparejados a la participación laboral femenina ha dado tímidas y parciales respuestas a la situación a partir de: (i) la provisión de servicios de cuidado infantil orientados a la población de menores recursos, enfocados en cuidar y atender a los/as pequeños/as al tiempo; (ii) la ampliación de subsidios por maternidad y licencias por nacimiento tanto en cuestión de días como de acceso al derecho; y (iii) la regulación e incorporación de derechos laborales para las mujeres que se desempeñan en el ámbito del servicio doméstico (Blofield y Martínez Franzoni 2014).

Estas políticas en su interacción y complementariedad con otras de bienestar, reproducen un modelo de cuidados en particular, que a su vez presenta una fuerte vinculación con las características de la estructura del mercado de empleo. En base al modelo de cuidados que reproducen, podemos caracterizar a grandes rasgos a las políticas de cuidado como: maternalistas, en el sentido que exacerban la capacidad de las mujeres como madres y principales cuidadoras, orientando las políticas públicas al sostenimiento de los roles de género tradicionales,o corresponsables en el sentido en que entienden que las tareas reproductivas (domésticas y de cuidados) deben ser una responsabilidad compartida entre el Estado, el Mercado, la Comunidad y las Familias, y que dentro de las familias entre varones y mujeres (Orloff 2006.; Razavi 2011), y por lo tanto orientan el conjunto de políticas de cuidado a equilibrar las relaciones de género en los hogares y el mercado laboral.

A partir de esto, consideramos necesario incorporar la evaluación del diseño de estas políticas para advertir si en su búsqueda por desfamiliarizar parcialmente las responsabilidades de cuidado reproducen modelos corresponsables o maternalistas. Conocer el tipo de OSC que se reproduce a partir de las políticas públicas, nos podría otorgar elementos para el entendimiento de un aspecto central de las desigualdades de género en el mercado laboral.

3. ABORDAJE METODOLÓGICO

Con el propósito analizar el vínculo entre las brechas de género en el mercado laboral y el diseño de las políticas de cuidado infantil, a partir de tipificar a estas últimas como corresponsables y maternalistas, se adopta una estrategia metodológica mixta basada en el análisis del mercado laboral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y de fuentes documentales de las políticas de cuidado infantil a nivel nacional para el año 2017.⁵/⁶

La investigación no estuvo exenta de desafíos a partir de nuestro objetivo. El aporte de este trabajo radica en la vinculación de estas fuentes de información, dado que por la falta de acceso, sistematicidad y periodicidad de la información sobre la implementación de políticas públicas de cuidado, encontramos una limitación para realizar un análisis inferencial sobre el vínculo entre el tipo de PLF y el acceso a políticas de cuidado infantil con el grado de confianza estadística suficiente para establecer una relación de causalidad. Con las bases empíricas disponibles consideramos que no es posible dar respuesta al objetivo de investigación mediante otras estrategias metodológicas y por ello se optó por establecer de manera descriptiva la vinculación entre la PLF y el tipo de diseño de las políticas de cuidado ofrecidas, realizando inferencias analíticas y llegando de este modo a conclusiones parciales.

El estudio de las brechas de género atiende a las diferencias en las tasas laborales de hogares con y sin niños y niñas. Luego, para ahondar en la generación de evidencia actualizada y original, dentro de los hogares con presencia de niños/as, se construyen indicadores para indagar las brechas según la inserción dentro del mercado segmentado desde una mirada estructuralista. Además, para examinar los indicadores laborales y de ingresos se fijan las siguientes líneas de corte etario: desde los 15 años hasta las edades jubilatorias de cada género en el país.

Por su parte, las políticas de cuidado de niños y niñas pequeñas imbricadas al mundo laboral que aquí analizamos para luego vincular con las brechas de género en el mercado laboral, involucran la regulación de tiempos de cuidado (licencias) y servicios de cuidado (establecimientos de cuidado y desarrollo infantil).

Licencias por nacimiento (maternidad y paternidad). Las licencias por maternidad, implican por un lado, el derecho a resguardar la salud de la mujer embarazada y a su recuperación durante el puerperio, por otro lado para el cuidado de las necesidades de los/as recién nacidos/as y el establecimiento de la lactancia materna.⁷ Las licencias por paternidad, en un inicio surgieron para el acompañamiento de la mujer grávida y para la inscripción del nuevo integrante de la familia, aunque con los cambios en dinámicas familiares y nuevas paternidades en la actualidad también responden a la importancia de compartir las tareas de crianza y cuidados (Brandth & Kvande, 2019).

Analizamos aquellos aspectos de los regímenes de licencias por nacimiento que consideramos puedan tener posibles efectos en la reproducción de las brechas de género y la DST en el mercado laboral, tipificándolas como maternalistas o corresponsables en relación al tipo de modelo de cuidado reproduzcan a partir de su diseño.

Establecimientos de cuidado. Uno de los elementos centrales de las políticas de cuidado de la primera infancia es la provisión de servicios que "atiendan" a los/as niños/as. El Estado puede colaborar con la des-familiarización de los cuidados a través de establecimientos públicos gratuitos, a través del subsidio de aquellos servicios de gestión privada y a través de la regulación para que empresas grandes cuenten con estos servicios para sus empleados y empleadas (Marzonetto, 2019). Englobamos a este conjunto de servicios en los Establecimientos de Atención y Educación en Primera Infancia (AEPI). Para los fines de este estudio analizamos los servicios de cuidado infantil de carácter público estatal para niños y niñas de 0 a 3, es decir no escolarizados formalmente. Si bien se reconoce que los servicios de nivel inicial de los primeros años de escolarización de los/as pequeños/as también tienen efectos sobre la organización del cuidado, debido a que a partir de la modificación del Plan Nacional de Educación Inicial en 2014 que establece que la educación formal comienza en sala de 4 y con ello se convierte a partir de esta edad en universal y obligatoria, y para las de carácter público estatal de media jornada, en este artículo no se analiza debido a que no presenta criterios de exclusión por condición socio económica familiar a diferencia de los servicios estatales de AEPI que se orientan a población en situación de vulnerabilidad social.

En breve, consideramos que a partir del análisis del acceso a los beneficios de licencias por nacimiento y el acceso a servicios de cuidado no formales, podemos observar si la organización social del cuidado reproduce modelos maternalistas o corresponsables, y a partir de ello establecer si las opciones de cuidado de las trabajadoras de sectores vulnerables representan un condicionamiento a su participación laboral. La tabla 1 presenta sintéticamente los aspectos en los cuales pondremos el foco de análisis en relación a las opciones de organización del cuidado de estas dos políticas específicas.

Tabla 1.
Estructura del análisis de los modelos de cuidado que propician las políticas a analizar
Elaboración propia.

4. RESULTADOS

4.1. La desigualdad económica de género en Argentina

En el caso de la organización social del cuidado, los antecedentes han mostrado que el cuidado recae fundamentalmente en los hogares y sobre todo en las mujeres (Rodríguez Enríquez, 2015). Entendiendo que la primera infancia supone una intensa demanda de cuidado y que como consecuencia impacta sobre las trayectorias laborales de las mujeres, a continuación, se analizan las tasas laborales de varones y mujeres según la presencia o ausencia de niños/as pequeños/as. La comparación entre los hogares con y sin niños/as de estas edades permitirá dimensionar algunas de las implicancias de la actual OSC en la inserción laboral según sexo y en la autonomía económica de las mujeres argentinas.

La información en la figura 1 muestra que la desigualdad de género se observa en todas las tasas (actividad, empleo y desocupación) sea cual sea la configuración del hogar (con o sin niños/as), a excepción de la brecha en la tasa de desocupación para las personas en hogares sin niños y niñas. De esta forma, se encuentran cinco brechas con diferencias significativas según sexo.

Figura 1:
Tasas laborales y brechas de género en la población en hogares con y sin niños/as pequeños/as. Argentina, segundo trimestre 2017.
Elaboración propia en base a micro datos de la EPH-INDEC.

Si ponemos la mirada sobre lo que sucede en las brechas de acuerdo a las características de los hogares, se registra que las mujeres de los hogares sin niños/as pequeños/as participan en el mercado de trabajo y/o se encuentran ocupadas en menor medida que sus pares varones. Pues, sus tasas de actividad y empleo están, aproximadamente, 15 puntos porcentuales por debajo de las tasas masculinas. Cuando pasamos de estos hogares a los que tienen niños/as pequeños/as, esta desigualdad aumenta en forma marcada para las mujeres con niños/as ya que las brechas de género en ambas tasas se incrementan, sobre el nivel anterior, alrededor de 20 puntos porcentuales.

Este comportamiento se encuentra alineado con los roles de género y por consiguiente con la DST, puesto que el acrecentamiento de la brecha se debe a que en los hogares con niños/as pequeños/as los varones aumentan la participación en el empleo, mientras que ambos indicadores disminuyen en las mujeres. Consecuentemente, en el caso de la tasa de actividad, mientras los varones incrementan su participación en torno a 9 pp., las mujeres presentan una reducción de 11 puntos. Cuestión que es indicativa de la diferenciación socialmente establecida de roles: en las familias con hijos e hijas, las mujeres se repliegan a los hogares mientras los varones se presentan como los principales proveedores.

Además, resulta importante destacar que la tasa de desempleo de las mujeres con niños/as es superior en 5,5% a la de los varones, superando el indicador masculino en un 79%. Esta significativa brecha puede deberse a distintos factores. Entre ellos, la diferencia que representa respecto al valor que registran los hogares sin niños/as, hace pasar a primer plano las responsabilidades de cuidado, los problemas de conciliación a la hora de elegir un trabajo remunerado y la posible discriminación por parte de los empleadores/as.

Lo encontrado hasta aquí tiene importantes repercusiones sobre la autonomía económica de las mujeres. En tanto los bajos niveles de participación y los altos de desocupación de aquellas que forman parte de hogares con niños/as se traducen en la ausencia de ingresos laborales para el 55,8%. Es decir, más de la mitad de las mujeres en esos hogares.

Para el 42,8% restante de las mujeres en hogares con niños/as (las ocupadas) se observa que tienen mayores brechas de ingresos laborales respecto a las personas en hogares sin niños/as (figura 2). Mientras los ingresos mensuales de esas mujeres son un 29% menor al monto de los varones, las mujeres sin niños/as ganan un 21% menos que los ocupados en esos hogares.

Figura 2
Promedio de ingresos de la ocupación principal y brechas de género en la población en hogares con y sin niños/as pequeños/as. Argentina, segundo trimestre 2017.
Elaboración propia en base a micro datos de la EPH-INDEC.

De esta manera, el examen de los indicadores referidos a la desigualdad económica de género muestra que en los hogares con responsabilidades de cuidado de la primera infancia, las mujeres registran una peor participación y mayores brechas. Por su parte, la indagación de la segmentación del mercado laboral, plantea que para estas mujeres los indicadores empeoran cuando se encuentran empleadas en el sector informal⁸.

Al igual que otros estudios que brindan evidencia sobre la importancia de la segmentación en las brechas de género en los ingresos⁹, se encuentran mayores brechas dentro del sector informal. En adición, la evidencia construida desde el enfoque estructuralista, muestra cómo se profundiza la brecha para el caso de las mujeres con niños/as que trabajan en el sector informal (figura 3). Quienes ganan un 40% menos que los varones que trabajan en ese sector.

Figura 3:
Promedio de ingresos de la ocupación principal y brechas de género en la población en hogares con niños/as pequeños/as. Argentina, segundo trimestre 2017.
Elaboración propia en base a micro datos de la EPH-INDEC.

La desigualdad en los ingresos, leída desde estos rasgos del mercado laboral argentino, se interpreta por la heterogeneidad de la estructura productiva y sus efectos en el empleo (Pinto 1973; Lavopa 2008; Arakaki 2015; Alonso, 2020; entre otros). Más específicamente, por la configuración de dos segmentos al interior del mercado (sector formal e informal) que implican desiguales condiciones laborales que se ven reflejadas en las remuneraciones.

A su vez, la consideración de la cantidad de horas trabajadas también es explicativa de las brechas de género en los ingresos laborales, especialmente en el sector informal. En el caso de las mujeres insertas en el sector informal, se encuentra que son el grupo que menos horas participa (figura 4). Esta brecha en la cantidad de horas trabajadas en el mercado explica, en parte, la brecha en los ingresos laborales y sus menores recursos para satisfacer sus necesidades y deseos de manera independiente; y en parte la preferencia por empleos de menor carga horaria para compatibilizar responsabilidad de cuidado en sus hogares.

Figura 4:
Promedio de horas trabajadas en la semana de referencia y brechas de género en la población en hogares con niños/as pequeños/as. Argentina, segundo trimestre 2017.
Elaboración propia en base a micro datos de la EPH-INDEC.

A modo de cierre de la sección, se encuentra que los valores adoptados por las variables indican que el cruce de ambos nudos críticos (responsabilidades de cuidado de niños y segmentación del mercado laboral) implica que la situación económica de las mujeres empeore.

4.2. Políticas de cuidado infantil en Argentina

En esta sección analizamos las políticas de cuidado y el modelo de cuidado que propician, esto es si propenden al maternalismo o a la corresponsabilidad, y con ello si se presentan como potenciales facilitadoras u obstaculizadoras de la participación laboral femenina.

4.2.1. Establecimientos de AEPI

Los establecimientos de AEPI en Argentina se dividen en tres tipos de establecimientos. Según el tipo de servicios que brindan, caracterizados como formales a los que brindan principalmente contenidos educativos y no formales a los que prestan servicios de cuidado y donde lo pedagógico ocupa un segundo plano (Rozengardt 2020), y dentro de estos, se encuentran los de carácter asistencial destinados a grupos focalizados de la población, y los de carácter privado a los que acceden los hijos e hijas de trabajadores mediante el pago de un arancel.

En relación a los establecimientos de AEPI asistenciales encontramos una variedad entre los que dependen de organizaciones comunitarias, y aquellos que pertenecen a la órbita estatal, pudiendo ser iniciativas locales, provinciales o nacionales. Los servicios que se brindan en los Espacios de Primera Infancia de carácter asistencial se encuentran regidos por la Ley 26.233 de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil, por el Decreto Presidencial 574/2016 de creación del Plan Nacional de Primera Infancia y el “Plan Infancia Primero” aprobado en 2019 por Decreto presidencial 750/2019.

Los principales destinatarios de estos AEPI son los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), hijos e hijas de beneficiarios de seguro de desempleo y pensiones no contributivas. Por este motivo, son los espacios a los que potencialmente acceden las familias que se encuentran por fuera del segmento de empleo formal, donde como se observa más arriba, se encuentran sobre-representadas las mujeres de sectores más vulnerables.

Estos espacios con múltiples y diversas denominaciones, pueden depender de organismos públicos, o de organizaciones sociales, no gubernamentales o comunitarias. Según información recabada por Adrián Rozengart (2020), el 55% de estos espacios son de gestión estatal, y dependen de las áreas sociales de los gobiernos provinciales (23% de los establecimientos) y municipales (77% de los establecimientos). Los establecimientos 'comunitarios', que representan el 45% del universo, son implementadas por ONG’s, organizaciones sociales, comunitarias, iglesias, fundaciones empresarias, entre otras.

En base a evidencia recabada en los documentos de programa en vigencia podemos advertir que la mayoría de estos centros brinda servicios en jornada simple (de entre 4 y 5 horas diarias) y en la búsqueda del objetivo del fortalecimiento familiar, ponen a las madres en un lugar central en cuanto a las actividades que en estos espacios se desarrollan (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 2012; Marzonetto 2019; Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF 2012; Rodríguez Enríquez 2011). Esto potenciaría el desarrollo infantil pero a su vez reforzaría roles de género tradicionales con efectos negativos para la corresponsabilidad de los cuidados.

Respecto a la demanda cubierta por los servicios, se evidencia que del total de los niños y las niñas de entre 2 y 3 años¹⁰ sólo el 18,8% asiste a algún establecimiento de AEPI. Mientras que en esta misma franja etaria, sólo el 22,8% de quienes perciben un subsidio estatal (que casualmente son el target de los programas de estos espacios) asiste a un establecimiento. Lo que sería indicativo de que: i) la oferta está muy lejos de cubrir la demanda potencial de estos espacios; y ii) podría existir una preferencia de las familias por que los niños y niñas de menor edad se queden al cuidado de familiares -como se mostró en la ECOVNA (Ministerio de Desarrollo Social 2013) para las edades comprendidas entre menos de uno y dos años de edad.

Se observa que los espacios de AEPI no formales propenden al maternalismo, debido a: (i) el tipo de servicio que brindan, puesto que la jornada de atención a los más pequeños se presenta reducida en cantidad de horas afectando a las posibilidades de participación laboral de quienes estén a cargo de los mismos (considerando entre otros aspectos los tiempos de traslado que involucra tanto la asistencia a espacios de AEPI como a los lugares de trabajo). (ii) El criterio de inclusión a los mismos, que refuerza la desactivación laboral de los/as jefes del hogar al vincularse a programas de seguridad social específicos para personas desocupadas o insertas en los sectores informales de la economía. (iii) Porque fomentan poner en el centro de los cuidados a la participación familiar. La tabla 2 sintetiza lo expuesto.

Tabla 2.
Sistematización de las características de espacios públicos de AEPI no formales.
elaboración propia.

4.2.2. Licencias por nacimiento

A partir de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que excluye a los trabajadores dependientes de la administración pública, casas particulares y del ámbito agrario, se mantiene un esquema de 90 días de licencia, en el cual la mujer comienza su descanso 45 días antes del parto y lo termina 45 días después del mismo. La asignación a la maternidad a partir de esta normativa corresponde al equivalente al 100% del salario y se realiza en su totalidad con aportes de la seguridad social mediante la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), sin tope de asignación. Por su parte la normativa incorpora la licencia por nacimiento del hijo al régimen de licencias especiales. Esta es de dos días corridos para el trabajador varón y pagada por el empleador.

La importancia del análisis del régimen de licencias de la LCT¹¹ se deriva de que establece el piso de los derechos de los/as trabajadores/as formales, a partir de la cual se establecen las normativas de otros sectores de ocupación (Marzonetto 2019). La LCT alcanza a trabajadores formales en relación de dependencia, pero algunos sectores y categorías ocupacionales cuentan con regímenes propios, por lo que varían los beneficios y pueden incluir otros como la contemplación de las licencias por adopción. A su vez, este beneficio no sólo es excluyente para quienes se desempeñan en la economía informal sino también para las trabajadoras cuentapropistas y/o que están inscriptas en el régimen de monotributo. Sumado a esto, se observa un rezago de la legislación en materia de licencias para las parejas del mismo sexo, puesto que no cuentan con los beneficios que sí tienen las parejas heterosexuales (íbid. 2019).

Adicionalmente, la legislación vigente solo contempla las licencias por nacimiento pero no por cuidado en caso de enfermedad de hijos y grupo familiar, y adaptación escolar, entre otros aspectos que comprenden el conjunto de actividades de cuidado.

Asimismo, la LCT no contempla al personal dependiente de la administración pública sea esta nacional, provincial o municipal. Por ello, además del sector público nacional (SPN), cada una de las 24 jurisdicciones del país cuenta con un régimen de licencias propio, anclado a sus respectivos estatutos de administración pública. Con ese motivo encontramos que dentro del sector de ocupación formal, existe una variación de los beneficios asociados a las licencias por nacimiento que van desde el piso de 90 días de maternidad hasta licencias de 210 días (por ejemplo sector público de las provincias de La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y de un piso de 2 días por paternidad a 30 días (por ejemplo sector agrario –Ley 26.727- y sector público de la provincia de Santa Cruz). A partir de estas diferencias significativas entre regímenes de licencias por nacimiento, nos encontramos frente a lo que Laya y Rossi (2015) denominan un 'mosaico regulatorio' donde los derechos se derivan de las diversas situaciones individuales (su situación frente al empleo, ya sea público o privado) antes que como un derecho universal, inherente a todas las personas (2015: 22).

En lo que respecta a la LCT, cuyo régimen nuclea a la mayor parte de los asalariados argentinos (47,5% de los trabajadores y 51,1% de las trabajadoras según datos de CIPPEC 2017), observamos que se presenta con características marcadamente maternalistas.

Observamos que en relación a la cantidad de días que otorga por maternidad no llega al piso de14 semanas sugerido por OIT (otorgando un promedio de 12 semanas), presentándose como una medida familiarista. Por su parte, otorga un beneficio mínimo a los padres y no presenta la opción de licencias compartidas, cuestión que implícitamente designa el lugar de los varones y las mujeres en la crianza: los primeros como principales proveedores y las segundas como principales cuidadoras. Por su parte, al excluir de este derecho a mujeres desocupadas y trabajadoras del sector informal, se constituye como el principal obstáculo para la participación laboral de las mujeres que son madres de niños/as pequeños/as. Por lo tanto, la evidencia sugiere que las políticas de licencias en Argentina tienen un fuerte sesgo maternalista.

Tabla 3.
Sistematización de las características de las licencias por nacimiento LCT.
elaboración propia en base a LCT.

5. DISCUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES

A partir de lo desarrollado, entendemos que la OSC y el funcionamiento del mercado laboral en Argentina, en su interrelación, operan como fuentes de desigualdades económicas de género que afectan a la autonomía económica de las mujeres. La combinación de falta de mecanismos que permitan la desfamiliarización de los cuidados con mercados laborales excluyentes y segmentados repercute de manera negativa en la capacidad de las mujeres de acceder y controlar bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades y deseos, de manera independiente.

Más específicamente, se encontró que las mujeres con niños/as pequeños/as presentaban las peores tasas laborales y promedios de ingresos junto a las mayores brechas de género. A su vez, el examen de los indicadores permitió notar: i) la marcada forma en que se profundizan los roles de género en torno al cuidado en estos hogares; y ii) la presencia de problemas de conciliación detrás de la menor ocupación y las menores horas destinadas al trabajo productivo por esas mujeres, que se cristalizan en la oferta de políticas de cuidado (i.e. licencias y establecimientos de AEPI públicos).

Al concentrarse el estudio en la inserción en el mercado de trabajo segmentado de las personas de los hogares con responsabilidades de cuidado, las desigualdades se recrudecieron. Se encontró que las mujeres del sector informal son las que perciben los menores ingresos, cobran 40% menos que los varones de este sector y un 60% menos que las mujeres del sector formal. Estas diferencias en los ingresos se encuentran asociadas a las desiguales condiciones laborales que ofrecen los sectores y se explican, en una parte notable, por la menor cantidad de horas semanales para el trabajo productivo.

Esto último, resulta de gran relevancia ya que las mujeres que se insertan en el sector informal no cuentan con ingresos suficientes para desfamiliarizar el cuidado a través de la contratación de servicios específicos en el mercado (como la contratación de niñeras y el pago de espacios de AEPI de gestión privada) y cuentan en menor medida con mecanismos que faciliten la conciliación entre la familia y trabajo, a diferencia de lo señalado para las trabajadoras del sector formal. Por todo ello, la existencia de servicios de cuidado para la primera infancia aparece como factor central para facilitar la mejor inserción de estas mujeres.

De todos modos, no basta con contar con la existencia de políticas públicas de AEPI cuyos diseños propendan a la conciliación de trabajo remunerado y no remunerado de las madres. Resulta necesario que las políticas de cuidado se anclen en modelos que propendan a la corresponsabilidad, que permitan incorporar a los varones en estas tareas a fin de romper con una fuente de desigualdad no sólo en los hogares sino que también en el mercado laboral. A su vez, resulta importante señalar que independientemente del modelo de cuidado que reproducen estas políticas, la oferta actual se muestra insuficiente para cubrir a su demanda potencial, puesto que, como muestra la evidencia, la oferta de servicios sólo cubre alrededor del 22% de su población destinataria.

Por su parte, la falta de acceso a las licencias por maternidad y nacimiento acompañado de la falta de una mayor protección frente a la discriminación y despido por causa de maternidad, repercute sobre las trayectorias laborales de las mujeres de estos sectores. Cuestión que se evidencia en la brecha de género en las tasas de ocupación, actividad y desempleo, donde las mujeres con niños/as a cargo muestran tener el peor nivel de inserción en el mercado laboral.

En breve, en lo desarrollado se muestra que el diseño de las políticas de cuidado analizadas refuerza el maternalismo, y por las características de las prestaciones propenden a reforzar el familiarismo en la OSC. Frente a esto, las políticas de cuidado, en su concepción y características actuales, obturan las posibilidades de participación laboral de las mujeres de los sectores más vulnerables.

Todas estas consideraciones se hacen necesarias si se tiene en cuenta que las mujeres deben insertarse en un mercado de trabajo segmentado y excluyente que se articula con el orden de género colocándolas en las peores condiciones laborales.

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Notas