INTRODUCCIÓN

La íntima relación entre la educación y las necesidades de las empresas existe desde que se crearon los sistemas educativos nacionales. Sin embargo, a partir del siglo XXI asistimos a una reconfiguración de esta relación que se caracteriza por la intromisión directa en el sistema educativo por parte de actores privados, a partir de lo que denominamos como vínculo orgánico con la anuencia de los gobiernos neoliberales. Las lógicas mercantiles de las empresas permean el espacio público y buscan tanto lucrar con la educación como constituirla en una herramienta de construcción de consenso y legitimidad hacia sus proyectos político-económicos.

En Argentina, la emergencia por vía electoral, en 2015, de un gobierno nacional explícitamente de derecha con Mauricio Macri como presidente y cuyos principales cuadros políticos fueron CEOs y gerentes de empresas, implicó la liberalización de algunas barreras de contención, tanto políticas como en el sentido común, que ponían un coto a la intervención de las empresas de forma directa en la educación pública.

Las orientaciones y acciones de la política educativa del gobierno de Mauricio Macri se alinearon con las necesidades que las empresas -de modo directo o a través de sus fundaciones y ONGs- le demandan al sistema educativo. De esta manera, se profundizaron las tendencias privatizadoras de la educación y se desarrollaron nuevas formas (Feldfeber 2020; Feldfeber et.al 2019). No obstante, el proceso de intervención directa de los monopolios multinacionales en la vida pública de nuestro país no es una novedad, lleva ya más de cuarenta años.

Una las políticas de tendencia privatizadora que llevó adelante el gobierno de la Alianza Cambiemos consistió en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Educación y empresas, fundaciones y ONGs. Tal como indica un trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte” de CTERA (Feldfeber et.al 2019), una de las fundaciones con las que se firmó un convenio fue la Fundación Cimientos (Ball y Yodell 2007; Giniger 2014; 2021).

La Fundación Cimientos se creó en octubre de 1997. Según consta en sus Estatutos, su patrimonio inicial fue aportado por su fundador y primer presidente, Carlos Daniel Tramutola. Tramutola fue vicepresidente ejecutivo del grupo Techint² y en 1993 cuando se privatizó Obras Sanitarias de la Nación y se constituyó Aguas Argentinas, fue el Director Titular del Directorio de la empresa¹. Periódicamente y a lo largo de los años, la fundación fue cambiando sus autoridades. Desde 2016 hasta 2019 -período en el que nos interesa indagar en este artículo- su presidente fue el abogado Miguel Blaquier, socio de la firma Nicholson y Cano Abogados³, ex letrado de la Ingenio Ledesma y sobrino de Carlos Blaquier, dueño de la empresa.

A partir de estos “datos del mundo” (García Negroni 2013), de los vínculos que hallamos desarrollando nuestras investigaciones con el trabajo de análisis de fuentes primarias y secundarias, en este artículo nos proponemos describir y analizar las relación entre el terrorismo de Estado, particularmente del rol de las empresas, y el desarrollo de políticas tendientes a la mercantilización y privatización de la educación, a través de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Nos focalizamos en el período de gobierno de Mauricio Macri, para ubicar las continuidades que allí se expresaron respecto del período de la dictadura cívico-militar-ecleciástica.

En el primer apartado, abordamos el rol de las empresas en el terrorismo de Estado y en la reconfiguración de las relaciones de fuerza sociales. En el segundo, explicamos qué es la Responsabilidad Social Empresaria y su legitimación internacional. En el tercero, nos centramos específicamente en el caso de la Fundación Cimientos. En el cuarto, recuperamos la relación entre este caso particular y el terrorismo de Estado. En el quinto apartado, analizamos las iniciativas desplegadas actualmente por la fundación estudiada. Finalmente, presentamos las conclusiones.

TERRORISMO DE ESTADO Y ROL EMPRESARIAL

Hacia 1975, en la Argentina se pone en marcha un plan sistemático de exterminio a través del terrorismo de Estado. El objetivo era disciplinar al movimiento popular y, al decir de Anderson (1988), producir una contrarrevolución preventiva, que habilite echar por tierra los anhelos emancipadores y recuperar la tendencia de sometimiento al capital monopólico y al Destino Manifiesto, doctrinaa través de la cual Estados Unidos se considera a sí mismo como el dueño y gendarme de América Latina y el Caribe (Galeano, 1970).

De este modo, la configuración del modelo neoliberal en América latina es producto de un genocidio. Tal como plantea Silveyra (2018), para modificar las formas de despliegue del capitalismo en un tiempo y espacio determinados, no siempre hace/hizo falta un genocidio. Sin embargo, cuando está en peligro la perpetuación del propio capitalismo

la clase (o fracción de clase) dominante estará dispuesta a cruzar el límite (…) que conllevan, por el uso del aniquilamiento como herramienta principal, una necesaria puesta en cuestión (antes, durante o después del exterminio) de las premisas y valores humanistas que enmascaran las formas de dominación en las democracias liberales modernas (Silveyra 2018:147).

El rol de las fuerzas armadas y de seguridad en el genocidio argentino y latinoamericano fue sistemática, tanto en la planificación como en la perpetración del mismo, tal y como prueban las sentencias de los juicios de lesa humanidad. Pero también está comprobada -al menos en la Argentina- la participación de otros sujetos sociales, civiles, como la jerarquía eclesiástica⁴ y las grandes empresas⁵.

En cuanto a las corporaciones empresariales que tuvieron un rol preponderante en el terrorismo de Estado hay que señalar, por un lado, una serie de procedimientos de participación que fundamentalmente les permitieron a las empresas hacer desaparecer los conflictos internos, es decir, eliminar por la vía del secuestro, la tortura, la cárcel, el despido o la cesantía a delegado/as y dirigentes sindicales que no colaboraban con ellas; y por otro lado, los réditos económicos derivados de su participación, particularmente con la aplicación de algunas políticas específicas que favorecieron el crecimiento y enriquecimiento de sus dueños. Tal como señala Galeano, “el interés de las corporaciones imperialistas es apoderarse del crecimiento industrial latinoamericano” (1970: 340), en un proceso de concentración de la riqueza, que implicó la destrucción de determinados sectores industriales que ampliaban los márgenes de soberanía y la absorción de pequeñas y medianas empresas eliminando así la competencia. Este proceso termina de realizarse en democracia, con las privatizaciones y la reforma del Estado (Teszkiewicz et al., 2012).

Algunas de las empresas que tuvieron participación probada en el genocidio en Argentina fueron: Carrefour, Acindar, Ford, Mercedes Benz, Dálmine Siderca (Techint), Tensa, Astarsa, La Cantábrica, Papel Prensa (Clarín), Lozadur, Ingenio Ledesma, Mestrino y La veloz del Norte. Sin embargo, como planteamos en otra oportunidad (Ginger 2012), la mayoría de los crímenes en los cuales han participado estas empresas -y que están siendo juzgados- son abordados judicialmente como casos dentro de otros circuitos represivos, en los cuales los principales acusados son miembros de las fuerzas armadas o policiales. Exceptuando algunas causas específicas (Ingenio Ledesma, Papel Prensa, Acindar, La Veloz del Norte) cuyos acusados principales son los dueños, gerentes o miembros del directorio, el resto de los casos no están siendo investigados como delitos que cometieron las empresas, a pesar de que -como en el caso de Dálmine Siderca- eliminar a las y los trabajadores militantes y a la competencia, por medio de prácticas terroristas, favoreció notoriamente a la empresa hasta convertirla en monopolio.

Con el correr de las décadas, por la lucha popular contra la impunidad y por la eficacia política y simbólica de los juicios de lesa humanidad, fue mutando la idea acerca de que los perpetradores del genocidio fueron exclusivamente las armas del Estado y la idea de dictadura cívico-militar-empresaria-eclesiástica fue abriendo paso a la incorporación de un abanico más amplio de sujetos partícipes necesarios del Terrorismo de Estado. No obstante, existen obstáculos jurídicos. En el actual código penal argentino no se puede juzgar a una persona jurídica. Es decir, que aunque el beneficio y la participación de los grupos económicos haya sido en su calidad de empresas, los delitos penales solo pueden ser cometidos por individuos. De este modo, son los dueños de las empresas, jefes y gerentes quienes -con suerte y viento a favor- están en el banquillo de los acusados. De ese mismo modo, las motivaciones económicas de los crímenes de lesa humanidad tampoco pueden ser juzgadas, pues p ara el código penal no es judiciable acumular capital, a pesar de que se realice a través de un genocidio.

Finalmente, la mayoría de las empresas que cometieron delitos en el marco del terrorismo de Estado siguen existiendo e incluso son grandes empresas. Uno de los casos más resonantes es el del Ingenio Ledesma, que más adelante abordaremos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Al comienzo señalábamos que, tal como analiza Silveyra, las clases dominantes tienen múltiples maneras y procedimientos para modificar las formas en las cuales se despliega el capitalismo, sin llegar al genocidio. Y también con Gramsci podemos afirmar que la forma en la cual se lleva adelante la relación social de dominación -la hegemonía- es con el ejercicio del consenso y de la coerción. Entre 1974 y 1983, en Argentina, la coerción asumió la forma de un genocidio, que le permitió a las clases dominantes modificar sustantivamente la relación de fuerzas, pero también ejercitar consensos nuevos.

La educación y los sistemas educativos han sido siempre herramientas eficaces de configuración de consensos sociales. Aunque los modos de construirlos y de fortalecer un sentido común conservador no son necesariamente nuevos, sí lo son algunas herramientas que se pusieron a disposición. Una de ellas es la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

En la historia del capitalismo, los apelativos morales son habituales y le otorgan sentido a la interiorización de la disciplina social (Figari 2009). Con el comienzo de la década del 1980, el papa Juan Pablo II dictó una conferencia en la cual propuso otorgarle un “un rostro más humano a la empresa”⁶. Desde ese imperativo y durante dos décadas de expansión territorial imperialista, la construcción de la legitimidad social de las empresas tuvo la confluencia de la doctrina social de la iglesia y de la tecnocracia del management empresarial (Ginger 2012), a los cuales se incorporó posteriormente la teoría del Capital Humano. Recordemos que la teoría del Capital Humano, nacida en la década de 1960, plantea que la educación -al igual que cualquier tipo de capital- es una inversión que requiere de mediciones de rentabilidad.

A fines de los 80, en Argentina, la RSE ya tenía un premio otorgado por la Asociación Católica de Dirigentes de Empresas (ACDE) y en los años posteriores, comienzan a hacerse más habituales las implementaciones de estos dispositivos, que ponen el acento en la voluntariedad de las empresas de comulgar o no con los preceptos. El pasaje de la filantropía a la RSE es una mutación que adecuada perfectamente en el proyecto neoliberal (Vidal 2013), teniendo en la educación la utopía de la ganancia y el derrame.

Desde comienzos de este siglo, las organizaciones del sistema internacional (ONU, OCDE, OIT, etc.) vienen configurando distintos documentos y aproximaciones a la noción de RSE. En el año 2000, Naciones Unidas fundó el Pacto Global, cuya pretensión es “consolidar con sentido global un entramado de solidaridades corporativas que sean prolíferas en su ‘vocación ética y ciudadana corporativa’” (Figari y Ginger 2014). El Pacto Global es un programa de RSE, que consta de diez principios, al cual las empresas pueden adherir voluntariamente. Si se adhieren, no solo deben cumplir con los diez principios, sino que tienen que rendir cuentas de su implementación. Para ello, existe una batería de herramientas: consultorías, acreditaciones, certificaciones, normas, etc.

Los diez principios se organizan alrededor de cuatro ejes:

Derechos humanos

1. Principio 1: las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos humanos declarados internacionalmente.

   Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.

Trabajo

1. Principio 3: las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

   Principio 4: las empresas deberían defender la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio.

   Principio 5: las empresas deberían defender la abolición efectiva de la mano de obra infantil.

   Principio 6: las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.

Ambiente

1. Principio 7: las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo con respecto a los desafíos ambientales.

   Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad ambiental.

   Principio 9: las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Lucha contra la corrupción

1. Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la extorsión y el soborno.

Con el correr de los años, a estos diez principios se le sumaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como horizonte social. El Pacto Global propone que las empresas se involucren a la par que los Estados con los ODS con, por ejemplo, la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero⁷ o en los contenidos pegagógicos que se despliegan para una nación, como veremos posteriormente.

El proceso de adhesión de las empresas es muy sencillo. En todo el mundo hay diseminadas Redes Locales. La empresa en cuestión se contacta y comienza a pagar una cuota. A partir de allí, empieza a participar de la enorme multiplicidad de cursos, clases magistrales, conferencias, seminarios, etc. Este proceso de inmersión en el lenguaje de la RSE en el Pacto Global, se supone que debe implicar una transformación consecuente por parte de la empresa. Para dar cuenta de ello, se publican Reportes de Sustentabilidad anuales, en donde se explica cuáles son las acciones que la empresa hizo en relación con cada una de las áreas contenidas por el Pacto Global. En estas “memorias” se hace propaganda acerca de cuáles fueron las iniciativas socialmente responsables que la empresa llevó a cabo el año anterior. No se trata de las “memorias y balances” exigidas por el Estado, sino de un espacio publicitario de las empresas para relacionarse con quienes ellas quieran. En los Reportes se miden los resultados, a través de indicadores sugeridos en las guías que existen para la elaboración de estas comunicaciones públicas. En este sentido, es importante indicar que, en los últimos años, estos rankings de “empresas sustentables” forman parte de los elementos que constituyen parámetros de inversión especulativa: son rankings que se toman en cuenta en la bolsa de valores (incluso existe un índice específico: Dow Jones Sustainability World Index).

En el universo RSE, hay tres palabras clave: sustentabilidad, voluntariedad y stakeholders. El primer concepto -sustentabilidad- se fue constituyendo como el principio rector de toda la literatura de Naciones Unidas, siendo la amalgama de las esferas contenidas en el Pacto Global (derechos humanos, trabajo, ambiente y anti-corrupción), bajo la idea de que el desarrollo debe ser sustentable.

La segunda palabra clave -voluntariedad- es el modo a través del cual se establece el vínculo entre las empresas y la responsabilidad social empresaria, en el formato institucional que sea (Pacto Global u otros). Ser responsable es un modo de ser, no una imposición. El principio de libertad y libre empresa no solo no se pone en cuestión, sino que se reafirma con la libre elección del “estilo” moral de la empresa.

Finalmente, la tercera es la palabra central para este artículo. Stakeholders (grupos de interés, en castellano) son aquellos actores de la sociedad con los cuales las empresas se relacionan. El arte de la RSE está precisamente en poder atravesar y transversalizar los diez principios. Los stakeholders son, en primer lugar, los accionistas e inversores. Pero la novedad es que no son solo ellos. Como plantea Vidal (Op. Cit. 2013:114),

se alude a los partenariados constituidos voluntariamente entre las empresas y sus grupos de interés (entre ellos los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, los proveedores, etc.) como si estuviesen formados por partes iguales que comparten intereses, colaboran horizontalmente y alcanzan metas que son siempre, y en todo caso, beneficiosas para toda la sociedad en su conjunto.

En los Reportes de Sustentabilidad, invariablemente aparece una carta del CEO u otros ejecutivos de primera línea de la empresa, en la cual se indican las intenciones de la empresa ligadas con el Pacto Global y la RSE. Luego, se describen las iniciativas en relación con los diez principios, donde se ponen de manifiesto fundamentalmente los stakeholders que la empresa considera relevante mostrar. Los ejemplos habituales son los voluntariados de los trabajadores de la empresa para arreglar plazas, escuelas o salas sanitarias de la comunidad; donaciones o patronazgo a escuelas u otras instituciones educativas; pasantías o prácticas profesionalizantes de estudiantes en las empresas; reducción de emisión de gases de efecto invernadero a través de determinadas inversiones; políticas de reciclaje; etc.

La educación es un eje vertebrador de toda la política de RSE. Las iniciativas educativas (talleres, cursos, seminarios, infraestructura escolar) forman parte indispensable del quehacer de las acciones sustentables. La batería de acciones que llevan adelante las empresas pone el acento en lo educativo, tanto en la relación con instituciones educativas, como en la formación permanente de sus stakeholders.

Estas acciones no son solo las que realiza la empresa en cuestión, sino que además da cuenta de las que lleva adelante a través de sus fundaciones. Las fundaciones, las ONGs o el denominado tercer sector tuvo un crecimiento exponencial durante la década de 1990, en donde se pretendía que determinadas funciones de redistribución de la riqueza fueran llevadas adelante por estas entidades no estatales, pero capaces de esconder sus vínculos con las empresas, a pesar de que son su fuente de financiamiento.

El desarrollo de una fundación de financiamiento empresarial tiene determinados beneficios impositivos y sin lugar a duda, de propaganda. Pero, además, tiene la ventaja de establecer un target de consumo: no es lo mismo auspiciar un partido de polo, que una plaza en un barrio humilde. Es un vehículo eficaz de ubicar con precisión el interés comercial de la empresa y el segmento social al que va dirigido.

También tienen la capacidad de orientar y hacer lobby para determinadas políticas públicas o sentidos que se pretenden instalar socialmente. De este modo, existen fundaciones que llevan adelante tareas filantrópicas de las empresas y dan cuenta de ello en los Reportes de Sustentabilidad; pero también las hay con autonomía relativa respecto de las empresas que las sustentan, incluyendo fundaciones que son consorcios de empresas. Estas pueden adherirse directamente al Pacto Global. Es decir, una empresa puede asociarse y su fundación también, por carriles separados.

La Red Argentina del Pacto Global se inicia en 2004, a través de un Grupo Promotor constituido por treinta de las principales empresas del país, entre ellas Ledesma S.A., Acindar S.A., Grupo Arcor, Banco Galicia, Banco Francés, etc. A partir de la adhesión al Pacto Global, quedaron vinculadas a la iniciativa no solo empresas, sino también sus fundaciones. Como se ve, forman parte de esta iniciativa empresas que cometieron delitos de lesa humanidad.

LA FUNDACIÓN CIMIENTOS

La articulación de la educación pública con el mundo empresarial fue propuesta recurrente en los discursos y políticas ministeriales a lo largo de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. “Diciendo las cosas que hay que decir, hace falta compromiso empresarial con la educación”⁸, expresó Esteban Bullrich, al frente del Ministerio de Educación y Deportes (MEyD), en una entrevista en el marco del coloquio IDEA -un encuentro de los grupos empresariales argentinos-. Y una de sus frases más famosas en esta línea fue en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA): “Yo no me paro como un Ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes”⁹. En esa misma conferencia, minutos más tarde, también dijo,

[Es] Un camino que tenemos que recorrer juntos […] Ustedes tienen que vernos como la oportunidad de formar a sus empleados por 15 años antes de que entren a las empresas. Tenemos que comunicar más, articular más entre el mundo empresarial y el sistema educativo. Esa es la invitación que vengo a hacer hoy¹⁰.

Esta demanda aparente del Ministro hacia los empresarios es en sí misma una demanda empresarial. Son las corporaciones las que vienen insistiendo y batallando con el argumento de que la educación pública no produce los recursos humanos necesarios para el mercado y son quienes, como afirma Brooks (2013) para el caso de Estados Unidos, invierten dinero en programas de privatización de las escuelas públicas, para imponer sus agendas a nivel nacional, tal como dan cuenta en sus Reportes de Sustentabilidad.

Con el objetivo de articular la educación pública con las necesidades de las corporaciones se firmaron, como veremos más adelante, una sucesión de convenios entre empresas y su stakeholder educativo preferido: el Ministerio de Educación. Pero también, el Ministerio desarrolló una serie de políticas educativas tendientes a la participación del sector privado en la educación pública, como por ejemplo el programa “Compromiso por la Educación”¹¹.

Como recién mencionamos, el MEyD suscribió una serie deconvenios y le asignó crédito a un conjunto de empresas, fundaciones y ONGs para que intervengan con diferentes tipos de proyectos y acciones en el campo educativo público (Feldfeber et.al. 2019). A través de la firma de estos convenios el Estado financió con dinero público proyectos de grupos privados, y al mismo tiempo, les abrió la puerta del sistema educativo. De esta forma, actores privados no solo participaron en la definición de las políticas educativas, sino que también actuaron directamente en las escuelas a través de diversos proyectos/programas cuyos principios y fundamentos, se sustentaron en lógicas empresariales y de mercado. De esta forma, se profundizó¹² un proceso novedoso de mercantilización y privatización de la educación que algunos autores identifican como “cambio de paradigma”. La característica principal de este nuevo modelo es que la privatización y mercantilización de la educación se ejecuta con financiamiento desde el sector público a través de organizaciones del sector privado. Tal y como afirma Ball (2003, 2008, 2011, 2012,2014, 2018) a partir de sus investigaciones para el caso de Inglaterra, estos procesos de privatización se producen de un modo encubierto y gradual. Del mismo modo ocurrió para el caso argentino. En el trabajo realizado por CTERA mencionado anteriormente se revela que el MEyD firmó una serie de convenios y/o acuerdos con diferentes actores privados¹³, entre los que se encontraron: Fundación Varkey, Enseñá por Argentina, Observatorio Argentinos por la educación, Fundación Junior Achievment (JA), Fundación Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), Fundación CONIN, Internet Media Services (IMS), Toyota, Grupo PSA-Peugeot-Citroen, Cisco, Nestlé, NIDERA, Samsung, Siemens, FESTO, Loma Negra, Santander Río, Itaú, Swiss Medical, Fundación Favaloro y la Fundación Cimientos, que es la que analizamos en el presente artículo.

El 5 de abril de 2017, el Ministerio firmó un convenio con la Fundación Cimientos para que dicha fundación preste asistencia técnica y capacitación al “Programa Nacional de Tutorías”, que hasta ese momento realizaba el Estado. La firma del convenio fue con el por entonces presidente de la fundación, Miguel Blaquier, a quien antes mencionamos.

Las actividades desarrolladas en el marco del convenio fueron implementadas a nivel provincial. Cimientos trabajó junto con los Ministerios de Educación de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. Según los registros de la fundación “se hicieron 32 instancias de capacitación de las que participaron 1.747 docentes y directivos de 645 escuelas”¹⁴, que así las describió Blaquier en el Anuario de la fundación:

En Cimientos seguimos trabajando en casi todas las provincias del país y en conjunto con los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social para disminuir la tasa de abandono escolar y fortalecer las habilidades socioemocionales de los jóvenes que son las que les van a permitir incorporarse con éxito al mundo del trabajo y/o continuar con sus estudios superiores […] El desafío que enfrentamos es enorme y requiere del esfuerzo público, pero también del privado ya que no podemos pretender que el Estado solucione por si solo todos estos problemas. Tenemos que involucrarnos y contribuir entre todos para lograr una mejor educación y especialmente para los jóvenes que provienen de familias de bajos recursos¹⁵.

Ahora bien, ¿qué es Cimientos? ¿Por qué y cómo fue una de las fundaciones que recibió fondos del Estado? La Fundación Cimientos fue fundada en el año 1997 y se define como

una organización apartidaria, no gubernamental y sin fines de lucro cuya misión es promover la equidad educativa mediante programas que favorecen la permanencia y el egreso de la escuela secundaria, mejoran la calidad de la educación e impulsan la continuidad educativa y/o la inserción laboral de jóvenes que viven en contextos vulnerables¹⁶.

Según sus Estatutos, la Fundación tiene por objeto: a) Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso a la educación a niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. b) Fomentar la permanencia de los niños y jóvenes de bajos recursos en el sistema educativos, en establecimientos educacionales públicos o privados […]. c) Contribuir económicamente a la creación, promover la elevación del nivel académico y apoyar instituciones educativas […]. d) Contribuir al desarrollo de investigaciones y estudios vinculados con la permanencia, inserción y desarrollo de los niños y jóvenes de bajos recursos en el sistema educativo. e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de docentes que realicen su labor en instituciones educativas […] que atiendan a la población escolar de bajos recursos.

Asimismo, estas acciones las lleva a cabo mediante: 1) Auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos. 2) Otorgamiento de becas de apoyo escolar y asistencia familiar a niños y jóvenes de bajos recursos para que accedan a las instituciones educativas. 3) Realización de donaciones en efectivo y en especie a las instituciones educativas. 4) Desarrollo de investigaciones y estudios. 5) Auspicio y realización de congresos, simposios, jornadas, conferencias, seminarios y cursos. 6) Realización de programas de ayuda para el mejoramiento de la calidad de la educación brindada a la población escolar de bajos recursos.

El financiamiento proviene de donaciones, contribuciones o legados que aportan instituciones, organismos y personas del país o del exterior, y de los eventos o servicios que desarrolla por la propia organización, como por ejemplo, la cena anual. La Fundación divide a los aportantes en grandes benefactores¹⁷, benefactores destacados¹⁸, benefactores¹⁹, protectores²⁰, pilares²¹ y aliados red²². Entre los benefactores más importantes se encuentran las siguientes corporaciones nacionales e internacionales como: J.P Morgan, Pan American Energy, Techint, Ford, Coca Cola, Total Energies, Antares Naviera, Grupo Supervielle, Panedile, Banco Industrial, ExxonMobil, Mercedes Benz, YPF, Aeropuertos Argentina 2000, Itaú Fundación, Grupo Santillana, Fundación Cargill, Fundación La Nación.

CONTINUIDADES ENTRE EMPRESAS Y TERRORISMO DE ESTADO

Como mencionamos más arriba, durante el período 2016-2019, el presidente de la Fundación fue el abogado Miguel Blaquier, socio de la firma Nicholson y Cano Abogados, letrado de la empresa Ledesma y sobrino de Carlos Blaquier. Veamos un poco la historia de Ledesma y su buffet de abogados.

El Ingenio Ledesma es una de las corporaciones más poderosas de Argentina. Fue fundada en el año 1908 como ingenio azucarero y se encuentra emplazada en localidad de Libertador General San Martín en la Provincia de Jujuy. Casi el conjunto de las tierras de la localidad son hoy propiedad de la empresa (Karasik y Gómez 2015). Además de la producción de azúcar, a partir de la década del 60 diversificó su producción incorporando, entre otras cosas, la producción de celulosa y papel a partir de los residuos que quedan de la caña de azúcar. Su propietaria es la familia Blaquier, una de las familias más ricas del país.

Hacia 1974, la lucha de los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEIL) venía en ascenso, habiendo conquistado un aumento del jornal básico, para llegar a su máximo entre 1973-1975. Fue a partir de estos años que aparecieron las primeras desapariciones (doce) y víctimas (dieciséis en total). Inmediatamente posterior al golpe de Estado de 1976, hubo nueve detenciones más, de las cuales siete fueron desapariciones forzadas. Luego, en el mes de julio de 1976, se contabilizan cincuenta y cuatro víctimas más, de las cuales veinticuatro continúan desaparecidas. El conjunto de las víctimas tenía militancia gremial en la empresa y/o política en la zona de influencia (Op. Cit. 2015).

El episodio represivo que se hizo más conocido gracias a las marchas que se realizan hace 39 años y que hicieron público el hecho, fue “La Noche del Apagón”. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 se produjeron cortes de suministro eléctrico en forma simultánea en la zona, para llevar adelante un operativo conjunto del Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, con la participación directa de la empresa Ledesma, para el secuestro de alrededor de cuatrocientos obreros y estudiantes en las localidades jujeñas de Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar. La participación de Ledesma fue probada e indica que aportó sus camionetas y trailers para efectuar los secuestros, así como los listados de quiénes era militantes. Los detenidos fueron trasladados clandestinamente a la Comisaría Nº 24, para luego llevarlos al Centro Clandestino de Detención y Exterminio conocido como “Guerrero”, también en la provincia de Jujuy (MJyDDHH 2015).

Asimismo, como en otros casos de participación empresaria, Ledesma no solo prestó sus vehículos, sino que algunos trabajadores fueron detenidos dentro mismo de la empresa, donde se habilitaron las instalaciones para ubicar destacamentos y además, fue la responsable del apagón de la usina eléctrica²³.

Desde el punto de vista del beneficio económico de la empresa, con las detenciones y secuestros de los dirigentes sindicales, en 1976 los jornales cayeron abruptamente y los mínimos se alcanzaron en 1979 (Op.Cit 2015). Pero además, con la ley de promoción industrial de 1977, se favoreció a la empresa notoriamente llegando a ser en la actualidad la empresa productora de azúcar más importante a nivel nacional²⁴.

En 2012, se inició una causa contra Carlos Pedro Blaquier -dueño del ingenio Ledesma- y Alberto Lemos -el administrador general de la empresa-. Ambos fueron procesados por privación ilegal de la libertad en dos causas y por los secuestros de 29 militantes entre marzo y julio de 1976. El procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, pero fue apelado por la defensa. En 2015, la Sala IV de Casación hizo lugar a la falta de mérito. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -con seis años de demora y con el voto en contra del miembro de la corte Rosenkratz- revocó la falta de mérito, de forma tal que el juicio sigue su curso. Hay que decir, de todos modos, que Blaquier tiene 93 años, por lo que la demora -sin lugar a dudas- juega a favor de la impunidad.

Respecto la firma de abogados Nicholson y Cano, esta se fundó en Argentina en el año 1976 y, según su propia definición, representan a clientes locales e internacionales en todos los sectores de la economía²⁵. Entre sus principales clientes se encuentran Ledesma, el Centro Azucarero Argentino, la cámara de banqueros ADEBA, Copal, Grupo HSBC, Cargill, Acindar, YPF, Shell, Whirlpool, Verizon, Camuzzi, Mitsubishi, Panasonic, Adidas, Despegar, Chevrolet, Zurich, SCJ Johnson, Boehringer y Petronas Lubricants.

Además de Blaquier, es socio de la firma -entre otros- Alfredo Vítolo quien, según dice su propia biografía en la página web de la empresa, ha estado “profundamente involucrado en la privatización de las empresas públicas durante la década de 1990”²⁶ y entre otras cosas, preside la financiera Ellerstina Inversiones, la comercializadora de combustibles Latin Energy Argentina y fue director de Metrogas, Air BP Argentina y Central Costanera. Destacamos la figura de Vítolo, porque durante el gobierno de Macri, fue asesor del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y por sus posiciones respecto de los genocidas. En el año 2009, Vítolo escribió un trabajo titulado “La posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad”, publicado por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El texto comienza con la siguiente afirmación:

En el presente trabajo nos proponemos sostener una premisa no poco controvertida en estos días: que los estados, sin renunciar a la idea de justicia, tienen la potestad, conforme a sus derechos nacionales y sin violar obligaciones de derecho internacional, de indultar o amnistiar a los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Pero los vínculos entre esta firma de abogados y la dictadura no se agotan en Blaquier y Vítolo. Nicholson y Canose encuentra ligada también a, por ejemplo, una denuncia por un fideicomiso que posibilitó la fuga de represores²⁷.

Por otro lado y durante más de diez años la directora ejecutiva de Cimientos fue Agustina Cavanagh, esposa de Carlos Rosenkratz, juez de la Corte Suprema, designado en 2015 por Macri mediante decreto. Si bien en el 2017 abandonó el cargo de directora, siguió siendo parte del Consejo de Administración como Vocal. Como comentamos anteriormente, en marzo de 2015, la sala IV de la Cámara de Casación revocó el procesamiento de su tío por delitos de lesa humanidad y durante seis años la causa fue desestimada por falta de mérito. Tras varios años de reclamos y apelaciones por parte de los Organismos de Derechos Humanos, la causa llegó a la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal que lo había beneficiado. Carlos Rosenkratz quien era presidente de la Corte en ese momento, votó en disidencia. Durante la defensa de su pliego en el Senado para su designación como juez de la Corte Suprema, Rosenkrantz había reconocido un vínculo institucional cercano con la familia Blaquier y que había recibido donaciones por parte de ellos para la Universidad de San Andrés cuando era el rector²⁸. Cabe destacar también que en mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió aplicar lo que se conoció popularmente como 2x1. Esta medidade impunidad, de poder computarle el doble de tiempo a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, fue profunda y ampliamente resistida por la sociedad argentina. Una multitudinaria e histórica movilización a Plaza de Mayo, hizo que la Corte revirtiera el fallo y resolvió que las condenas en estos crímenes contra la humanidad no puedan ser reducidas por aplicación del beneficio de dos por uno. Rosenkratz votó en contra.

Insistimos con que es importante develar estos vínculos, porque configuran una red de personas y relaciones que resultan fundamentales para vislumbrar y comprender las tramas que se tejen en estos espacios de poder que luego inciden en la educación pública.

INICIATIVAS DE LA FUNDACIÓN

Actualmente los programas de la Fundación son cuatro: 1) Futuros Egresados; 2) Red de Egresados; 3) Becas Universitarias; 4) Escuelas que Acompañan.

El programa Futuros Egresados consiste en una beca económica mensual y una tutoría personalizada a cargo de Cimientos para estudiantes de entre 12 a 18 años “en situación de vulnerabilidad social para que puedan terminar la escuela secundaria y proyectar su futuro con más y mejores oportunidades”²⁹. El supuesto que sostiene este programa es que la forma de resolver el “riesgo de deserción escolar”, que afecta a uno de cada dos jóvenes, es mediante un apoyo económico individual y la promoción del “desarrollo de habilidades socioemocionales que contribuyen a mejorar su trayectoria educativa y adquirir habilidades para el futuro”³⁰. Cimientos es quien efectúa la selección de los y las estudiantes de escuelas públicas a becar.

Red de regresados se conformó en el año 2007 y consiste en otro de los programas destinado a quienes participaron del programa Futuros Egresados y finalizaron la escuela secundaria acompañados/as por Cimientos. Su objetivo consiste en insertar a las/os jóvenes en el mercado laboral o en los estudios superiores. Como se explica en la página web, la Red trabaja en alianza con empresas, organizaciones sociales, instituciones de educación superior y el Estado.

El programa Becas Universitarias también consiste en un apoyo económico y en una tutoría personalizada por parte de Cimientos. El programa busca “favorecer el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de jóvenes”³¹.

Como puede observarse, estos programas tiene dos aristas, propias de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria. Por un lado, hacer pasar el interés particular por el interés general, a través de un presupuesto moral (“todos debemos involucrarnos”), pero con la lógica neoliberal del voucher, es decir, de financiar la demanda (alumnas/os). Por otro lado, la provisión de mano de obra para el sector privado, con múltiples modalidades de precarización contractual.

Por último y a diferencia de los programas anteriores de la Fundación Cimientos, Escuelas que Acompañan (que antes se llamaba programa de Apoyo a Escuelas) consiste en un proyecto de trabajo con equipos escolares de escuelas públicas de nivel secundario. Según lo definen en la página web “se propone orientar a escuelas secundarias de gestión estatal en la construcción de proyectos institucionales de acompañamiento de las trayectorias con foco en el desarrollo de habilidades socioemocionales”³². El fundamento de este programa consiste en el convencimiento y la confianza de que el acompañamiento de cada estudiante en su trayectoria escolar es el modo para lograr la inclusión educativa. “Desde el ejercicio de su función tutorial, los equipos escolares pueden garantizar el acceso, la permanencia y egreso de sus estudiantes”³³.

El programa consiste en darles un aporte económico y acompañamiento a escuelas públicas para la instrumentación de proyectos educativos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Funciona de la siguiente forma: cada escuela elige referentes para que participen en un ciclo de formación anual que dicta Cimientos, para luego ser incluidas/os en la «Red de Escuelas que Acompañan», un espacio de intercambio de prácticas con foco en la función tutorial y las estrategias de acompañamiento de las trayectorias escolares. Los encargados de acompañamiento de la fundación visitan las escuelas (dos visitas mensuales a las escuelas urbanas y una a las rurales) y los docentes tienen que ir presentando informes. Según los datos que comparten en su página, en el año 2021 participaron 119 docentes y directivos de 40 escuelas de 7 provincias.

Este programa se viene desarrollando desde antes de la firma del convenio y trasciende al mismo también. En todo caso, el convenio institucionalizó una historia y práctica de injerencia por parte de esta organización privada en la educación pública, a través de un dispositivo legitimado internacionalmente, como lo es la RSE, que le abre la puerta de la educación pública a las empresas privadas.

CONCLUSIONES

En este artículo quisimos trazar algunas líneas de análisis respecto de los vínculos entre la educación, la Responsabilidad Social Empresaria y el terrorismo de Estado. El estudio de estas relaciones no fue un propósito que nos planteáramos a priori, sino que emergió del análisis de la realidad concreta. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Educación firmó varios convenios con empresas, fundaciones y ONGs. Uno de esos convenios fue con la Fundación Cimientos. La firma de este convenio visibiliza, desde nuestro análisis, un conjunto de dinámicas que se vienen desarrollando con fuerza a nivel nacional, regional e internacional:

En primer lugar, y recuperando los estudios existentes sobre el tema, la firma de convenios, como el rubricado con Cimientos, forma parte de las nuevas formas de mercantilización y privatización de la educación. El Estado le otorgó dinero público a Cimientos para que se hiciera cargo de un programa que hasta ese momento era responsabilidad del Estado. Esto fue posible porque el gobierno de Macri respondió orgánicamente a las necesidades del sector empresarial, le abrió el sistema educativo público a sus demandas y orientó sus políticas educativas hacia un sentido mercantilizador y privatizador de la educación. El sistema educativo público representa para el sector empresarial la posibilidad de ampliar sus negocios y, por ende, sus ganancias. Tal como lo indica Puiggrós (2018), el mercado de la educación se ha constituido en uno de los principales ámbitos de lucro de nuestros tiempos. De todas maneras, la firma del convenio institucionalizó y legitimó una práctica de injerencia en el sistema educativo público que la Fundación Cimientos -como otras- venía realizando hace tiempo.

En segundo lugar, el caso de la Fundación Cimientos pone al descubierto también la trama histórica de privatización de lo público y los lazos comunicantes de un gobierno que inscribió su gestión en continuidad con la política neoliberal instaurada a través del terrorismo de Estado. La presidencia de Miguel Blaquier en Cimientos coincidió con los cuatro años de gobierno de Macri. Como describimos en el texto, Miguel Blaquier es sobrino y abogado de Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y actualmente procesado por delitos durante la dictadura militar. Las fundaciones y ONGs que participan en la educación pública suelen estar dirigidas por personas con vínculos orgánicos con los sectores más concentrados del poder, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. En el caso que analizamos, la Fundación Cimientos, además con una historia vinculada al terrorismo de Estado. Cuando se firmó el convenio Adriana Puiggrós escribió una nota en Página/12 en la que se preguntaba: “La relación entre educación y trabajo ¿seguirá la concepción del ingenio Ledesma?” (Puiggrós 2017).

En tercer lugar, nos permite advertir que la RSE y particularmente sus iniciativas educativas, son formas actuales de construcción de consenso utilizadas por los sectores dominantes de modo de favorecer modos de ver el mundo acordes a sus necesidades. Como sostiene Castellani (2019)³⁴, en las últimas décadas, las corporaciones han demostrado un creciente interés por influir en la orientación de las políticas educativas y, si bien no es un proceso novedoso, desde los años noventa para acá se viene dando un proceso cualitativamente distinto caracterizado por el avance empresarial en el ámbito de la educación. Las empresas, fundaciones y ONGs realizan un extenso y profundo trabajo territorial y de intervención en diferentes ámbitos del sistema educativo público. Cotidiana y constantemente a través de una diversidad de programas, como es el caso de las tutorías de Cimientos, educan en un sentido mercantil de la vida. Buscan penetrar el sistema educativo para, siguiendo a Gramsci, difundir ciertos valores, ideas, formas de ser y estar en el mundo necesarias para su construcción de poder.

Y este es el punto al cual queríamos arribar. Fundaciones y ONGs creadas, financiadas y dirigidas por empresas y empresarios cuyos intereses son el lucro y cuya historia está ligada al terrorismo de Estado y la impunidad, infiltran la educación pública, forman a docentes, financian y acompañan a estudiantes de los sectores sociales agredidos precisamente por sus prácticas política y económicas construidas sobre la explotación de a quienes luego se dedican a becar para que puedan concluir su escolaridad y para que luego se inserten como mano de obra en las empresas que aportaron a su formación. Construcción de sentido común y lucro son las dos funciones que le otorgan a la educación.

REFERENCIAS

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Notas