INTRODUCCIÓN

La cuestión de la seguridad siempre estuvo presente en el devenir histórico de las sociedades. A medida que estas se fueron consolidando y complejizando, la seguridad de la vida y los bienes fue tomando mayor relevancia dentro de la gestión de la cosa pública. Avanzado el siglo veinte, las cuestiones vinculadas a la provisión estatal de seguridad fueron ocupando mayores espacios en la agenda pública. Esto se debió a un crecimiento de los indicadores delictivos como así también a la necesidad del Estado de reafirmar su autoridad en el territorio. Más cerca en el tiempo, la seguridad pública se instaló como un tema preponderante en la agenda de la Argentina durante la última parte de la década de 1990, debido a que la mala performance económica, que tuvo como corolario la crisis del año 2001, trajo aparejado el aumento sostenido de los delitos en nuestro país. A modo de ejemplo, según los datos brindados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) se puede observar, que a nivel nacional, la evolución del total de la comisión de delitos aumentó un 12.08% en el lapso del año 2001 al año 2002, mientras que en la Provincia de Santa Fe tuvo un aumento muy similar, con un 12.02% en el mismo período¹.

La cuestión de la seguridad pública (inseguridad o hechos delictivos) comenzó a aparecer en los primeros puestos en las encuestas de opinión pública. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Victimización (ENV) 2017, “el 85,1% de la población del país considera la inseguridad en su ciudad de residencia como un problema bastante o muy grave” (INDEC, 2018). Asimismo, en estricta correlación, los sondeos relativos a los indicadores de victimización se mantienen estables en altísimos niveles. Este punto se puede corroborar observando el informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2018) basado en los datos de percepción y victimización de inseguridad que fueron obtenidos en la Encuesta de la Deuda Social Argentina. Dicha encuesta comprende el período 2010-2016 y se verifica que en toda la serie 2010-2016, la percepción de inseguridad por parte de la población se mantuvo constantemente en niveles muy elevados, superando el 80% en todos los años.

Por supuesto, la Provincia de Santa Fe no es la excepción nacional, sino que se encuentra inserta dentro de la dinámica nacional. Si se observa la última Encuesta de Victimización realizada, en el año 2016, a nivel provincial por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), cerca del 90% de la población indicó la presencia de un contexto de inseguridad a nivel provincial. Un dato que resulta de interés es que, si se contabiliza solamente a las ciudades, el nivel de percepción de inseguridad aumentaba al 92% de las respuestas. Si bien no existen datos actualizados, la situación muy conflictiva que se suscita en la ciudad de Rosario y el incremento de los indicadores delictivos -sobre todo aquellos ligados a homicidios y balaceras- permiten hipotetizar que la altísima percepción de inseguridad del año 2016 se mantuvo en niveles similares o incluso aumentó.

Aquí se debe realizar una diferenciación vital para comprender los procesos relacionados a la seguridad pública. La percepción de inseguridad y la comisión efectiva del delito son dos hechos totalmente diferentes, como bien señala Kessler (2010), el sentimiento de inseguridad por parte de la población resulta ser un hecho social completamente diferente al del crimen, con dinámicas y consecuencias sociales específicas.

Paralelamente al incremento de los indicadores delictivos, comenzó a consolidarse el fenómeno denominado municipalización de las demandas. En este aspecto, los gobiernos locales fueron convirtiéndose en receptores constantes de requerimientos por parte de la sociedad, y en respuesta a ello, han debido incrementar su ámbito de actuación. La cuestión securitaria no ha sido la excepción y hemos sido testigos de numerosas políticas locales que intentan hacer frente a la creciente demanda de la sociedad. La seguridad se ha convertido en uno de los reclamos más fuertes y continuados que la población realiza a sus gobiernos locales pero sin que estos cuenten con las facultades ni con las competencias necesarias para intervenir decididamente. Las autoridades locales han recurrido frecuentemente a una suerte de respuesta exculpatoria, en la que pretenden desligarse de las demandas sociales aduciendo cuestiones normativas y falta de coordinación con otros niveles del Estado, con el fin de trasladar la demanda y la responsabilidad a estos últimos.

Esta “desresponsabilización” municipal de la seguridad generalmente trae asociado el refuerzo del paradigma tradicionalista de la seguridad pública. En este sentido, se puede mencionar que existen dos grandes modelos que se encuentran desarrollados en la región. Por un lado, la visión tradicionalista (Binder 2012) vincula la problemática de la seguridad pública al accionar de la institución policial, mediante la cual se llevan adelante la mayoría de las intervenciones posibles para el abordaje de la cuestión. Por otro lado, el modelo de “seguridad democrática” (Binder, 2012; Dammert, 2012) sostiene que la seguridad pública es un concepto mucho más amplio que el accionar policial y que engloba a gran parte de las agencias e instituciones del Estado, con intervenciones multidisciplinarias y multiagenciales, que buscan -además de la represión de las actividades delictivas- cambiar los factores que llevan a una proliferación del hecho ilícito.

La cuestión local en la Argentina se encuentra atravesada por elementos y complejidades que deben ser tomadas en consideración a la hora de cualquier análisis que tenga en el centro a los municipios. Si bien la Reforma de la Constitución de la Nación Argentina (en el año 1994) asegura la autonomía municipal, existen algunas provincias que no han consolidado este proceso (Santa Fe es una de ellas) por lo cual esto lleva prácticamente treinta años de atraso normativo. Más allá de la discusión macro sobre el significado y la importancia de la autonomía, como bien sostiene Iturburu (2012), “la discusión medular en relación con la autonomía municipal se refiere al reparto de competencias y de recursos entre los tres niveles de gobierno” (p.182). La seguridad pública en la Provincia de Santa Fe es uno de los temas que se incluyen en este debate sobre la cuestión de las facultades y competencias. Siguiendo con lo planteado por Iturburu (ibidem) “los límites son cada vez más difusos por las marchas y contramarchas de la opinión pública y los medios, porque la ciudadanía espera cada vez más funciones del municipio” (p.184).

Como se mencionó anteriormente, en Santa Fe los gobiernos locales no poseen facultades para abordar la cuestión de la seguridad pública de manera directa. La Constitución provincial santafesina, sancionada en el año 1962, dicta que es el Gobernador quien debe prestar el auxilio de la fuerza pública a las municipalidades. Esto se encuentra establecido en el Capítulo III que le asigna las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial. El artículo 72 -inciso 17-, sostiene que “[El Gobernador] Dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley para hacer uso de ella”.

De todos modos, más allá de lo normativo, la ciudadanía exige a sus representantes locales que tomen participación en las problemáticas que la aquejan sin importarle las facultades y competencias que le fueron otorgadas. Frente a esto, los municipios intermedios y grandes han desarrollado numerosas iniciativas con el fin de poder brindar algún tipo de respuesta directa en aquellos temas que tienen mayor envergadura y, por lo tanto, interés electoral. Con un breve análisis de la estructura orgánica municipal se podrá observar las funciones que el gobierno local se propone asumir y de la relevancia que le otorga.

Retomando a Iturburu (2012) la “creciente expectativa de la ciudadanía sobre la responsabilidad de los gobiernos locales ha presionado para un mayor compromiso en el sostenimiento de estos servicios sin relación con la competencia legal”, lo cual ha llevado a que los municipios desarrollen áreas vinculadas al control urbano, la colocación de cámaras de videovigilancia, la puesta en funcionamiento de alarmas comunitarias o barriales, entre otras iniciativas. De todos modos, en general, los municipios continúan priorizando la línea tradicionalista de la seguridad pública que la vincula directamente con el accionar policial, y ello conlleva un intento de desresponsabilización de la cuestión.

Sin embargo, se debe tener en consideración que no sólo los diferentes niveles del Estado son los que toman parte en esta cuestión. Como plantea Rofman (2007), la problemática social se ha diversificado y la cantidad de actores que se encuentran involucrados en la gestión de la política estatal se ha ampliado. Esto lleva a repensar el rol del Estado como coordinador y articulador de políticas en conjunto con diversos sectores de la sociedad civil, y no sólo como un mero programador y ejecutor. Sin embargo, apuntar a una gobernanza que se encuentre fundada en la interacción que debe existir entre gobierno y sociedad requiere, como bien sostiene Canto Chac (2008), una repolitización de la sociedad civil.

Las intervenciones multiagenciales en el territorio, necesitan sí o sí de la participación de los habitantes de los barrios, puesto que son los destinatarios finales de los operativos y porque la búsqueda del Estado por reposicionar su presencia busca también una legitimación por parte de sus ciudadanos. Pese a esto, es muy habitual encontrar políticas públicas que consideren a la sociedad como un mero receptor y no como un actor fundamental: Canto Chac (ibídem) desarrolla la idea de que la concepción “desde arriba” de las políticas públicas denota el origen estrictamente institucional de las acciones tomadas y que estas son un producto consumible por parte de una sociedad pasiva que no participa en ninguna etapa.

Sin embargo, la participación ciudadana generalmente opera de forma agregada, es decir a través de representantes de grupos de ciudadanos o vecinos (asociaciones vecinales) que suelen erigirse como la voz del colectivo. Díaz Aldret (2017) postula que un riesgo que está siempre presente “es que intereses particulares se arroguen la representación del ‘interés público’ y que sus posiciones sean identificadas como el ‘objetivo de la política’” (p.370). Esto ocurre muchas veces porque los representantes analizan las problemáticas desde la óptica de su vida cotidiana y reproducen sus vivencias o concepciones, que pueden diferir de las de sus vecinos.

Por caso, en el presente trabajo se busca describir el rol, mediante su acción y participación, de la Municipalidad de Rosario en el “Plan Integral de Abordaje de las Violencias en el barrio Grandoli-Gutiérrez”, abordando las intervenciones que el municipio rosarino llevó adelante en el marco del mencionado Plan.

DESARROLLO

El “Plan Integral de Abordaje de las Violencias en el barrio Grandoli-Gutiérrez” de la Ciudad de Rosario, se implementó durante los años 2021 y 2022, y fue llevado a cabo por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe (a través del Ministerio de Seguridad), la Municipalidad de Rosario y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Dicha política pública se constituye como un conjunto de intervenciones orientadas a disminuir los indicadores delictivos, precisamente aquellos ligados a la utilización de la violencia altamente lesiva, y vinculados a la existencia de mercados ilegales.

Se debe tener en consideración que si bien no fue un actor que haya participado directamente de la ejecución del Plan de abordaje, la ciudadanía cumplió un rol necesario debido a que fue motivo de consulta por parte de las agencias del Estado vinculadas al estamento provincial y municipal. En este sentido, los equipos territoriales mantuvieron un trabajo constante con agrupaciones de vecinos, organizaciones sociales, clubes, escuelas, entre otros con el fin de poder conocer su parecer sobre las necesidades, cuestiones y problemáticas que se suscitaban al interior de su barrio.

Siguiendo los criterios de Fung (2006), una dimensión de interés es la “extensión”, es decir la decisión sobre quiénes participarán. Es menester destacar que no existió una formalización de la intervención multiagencial, es decir, no se firmó ningún convenio que estableciera las dinámicas de funcionamiento, la coordinación entre los actores ni las responsabilidades que le cabían a las partes involucradas. Del mismo modo, la participación ciudadana no se encontraba institucionalizada sino que venía dada por el funcionamiento cotidiano de las áreas vinculadas a lo social tanto de la Provincia como de la Municipalidad. El Plan de Intervención terminó contando con una suerte de selección abierta a una población objetivo, debido a que se tomaba en cuenta la participación de referentes territoriales (en su mayoría, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales, clubes, comunidad educativa, sectores de la economía popular, entre otros) con la posibilidad de que cualquier vecino se acerque a los espacios de reunión siempre que se encuentre dentro residiendo en el barrio en cuestión. Otra dimensión que cobra interés refiere a las consecuencias de la participación. En este caso, los resultados del proceso participativo generalmente sirven de “input” a las autoridades que son las encargadas de tomar y aplicar las decisiones. En cuanto a la dimensión del “ámbito de la participación”, la etapa en la que se da la participación de la ciudadanía es en la etapa de la definición de alternativas, en las cuales se evalúan diversas propuestas para analizar la viabilidad de las mismas y el cálculo de impactos estimados de llevarse a cabo.

A modo de contexto, el barrio “Grandoli-Gutiérrez” se encuentra emplazado entre las avenidas Abanderado Grandoli y Juan María Gutiérrez de la zona sur de la ciudad de Rosario. Es considerado como el FONAVI (Denominación común a aquellos barrios, agrupamientos o sectores compuestos por viviendas construidas mediante el financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda) con mayor dimensión del país, debido a que está compuesto por treinta y tres torres, ciento sesenta y cuatro monoblocks que totalizan aproximadamente diez mil departamentos -que están distribuidos en subsectores- siendo habitados por cerca de ochenta y cinco mil personas². El barrio, en sus orígenes, estaba vinculado a la clase media trabajadora, pero los procesos de pauperización económica que sufrió el país durante la década de los 90´ y el posterior estallido económico de diciembre del 2001 terminaron por vincularlo a la presencia de bandas vinculadas al comercio ilegal de estupefacientes y el consecuente aumento de los indicadores delictivos³. La presencia de un barrio que fue siendo degradado en cuanto a la atención estatal en lo relativo a la provisión de servicios públicos, la presencia de agencias estatales, el decaimiento de las condiciones del espacio público y el posterior repliegue de la ciudadanía, fueron factores que acrecentaron la presencia de mercados ilegales y a una suerte de “abandono” por parte de las autoridades. La cuestión de la desigualdad emerge como un catalizador de los fenómenos vinculados a la proliferación de mercados ilegales debido a que, junto a la exclusión social, comienzan a fracturar a la sociedad. Aquí aparece la relación entre desigualdad y sociedad, ya que como plantea Mayntz (2001) “una sociedad civil no puede existir donde hay gran desigualdad social”.

Al momento de pensar una estrategia de abordaje vinculada a la seguridad pública generalmente se pueden encontrar, en nuestra región, dos grandes modelos que funcionan como paradigmas y que se presentan como dicotómicos. En primer lugar, un modelo basado en la visión tradicionalista de la seguridad pública que considera que los problemas son una cuestión de tipo policial y el accionar de esta institución constituye el núcleo de las intervenciones. Asimismo, se suele observar una tendencia a la militarización que se expresa directamente en el uso del lenguaje, con frases conocidas y repetidas constantemente tales como “guerra al narcotráfico” o “combate de la delincuencia”. Por otro lado, el segundo modelo se encuentra vinculado al paradigma de la “seguridad democrática” en la cual la concepción de una política de seguridad pública se vuelve más amplia, compleja, integral y multiagencial, siendo desarrollada por una estructura de instituciones y agencias que forman parte del Estado y son controladas por el poder político.

En la Provincia de Santa Fe coexisten ambos modelos y su tensión es manifiesta, de hecho, es muy común observar iniciativas que se inclinen por uno de los dos modelos pero que al poco tiempo son complementadas o reemplazadas por otras que tienen su génesis en el modelo antagónico. Por caso, el “Plan Integral de Abordaje de las Violencias en el barrio Grandoli-Gutiérrez” fue desarrollado bajo la óptica de la multiagencialidad, en pos de una intervención integral que apunte a transformar las condiciones favorables a la existencia y proliferación de bandas vinculadas a la narcocriminalidad y delitos conexos.

La Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Policía de la Provincia y fuerzas federales (Gendarmería Nacional Argentina) fueron actores participantes de la implementación del Plan. Esta iniciativa fue de carácter multiagencial y tuvo el objetivo principal de contribuir a la disminución de las violencias altamente lesivas. La cuestión de la multiagencialidad y de la integralidad tiene su núcleo en que no se centra exclusivamente en acciones de intervención policial o persecución penal, sino que tiene su base en estrategias de prevención situacional-ambiental y social. En cuanto a la prevención, Dammert (2005) retoma la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la entiende como:

“toda acción orientada a evitar que el delito o la violencia ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad y la convivencia no sólo a través del sistema formal de justicia criminal sino a través también de la promoción e implementación de estrategias que involucren a los diferentes sistemas informales de prevención como las instituciones y la ciudadanía en general" (2005, p.130).

Se pueden diferenciar tres grandes ejes de intervención:

1. 1. 1. Acciones tendientes a la Regulación y Control: Estas son acciones que están orientadas a desalentar y desactivar la presencia delictiva en el territorio y crear las condiciones para prevenir nuevas manifestaciones. Aquí conviven iniciativas vinculadas al patrullaje policial, la persecución penal, pero también la búsqueda de regularización y el reordenamiento del espacio público.

   2. Acciones relativas a lo Urbano-Ambiental: Estas intervenciones buscan la desestructuración de los circuitos de violencia, mediante procesos de regularización de la tenencia o propiedad de la vivienda, la mejora de las condiciones de seguridad habitacional, los entornos residenciales y el espacio público, acciones orientadas a mejorar la circulación y la transitabilidad de los barrios como el mantenimiento del espacio público, la colocación de luminarias en las calles, el desarrollo de obras de infraestructura, garantizar la conectividad con el resto de la ciudad mediante el transporte urbano de pasajeros como así también la provisión de servicios públicos.

   3. Acciones Socio-comunitarias: Estas acciones tienen como objetivo principal prevenir situaciones de violencias generando espacios de inclusión social. Las mismas se encuentran fuertemente vinculadas a la prevención social del delito y tienen como fin abordar situaciones de vulnerabilidad social que puedan desencadenar en prácticas violentas.

Tomando en cuenta todo lo planteado con anterioridad, y siguiendo a Ciafardini (2005), las políticas de seguridad pública deben tomar en consideración las particulares condiciones de cada contexto, tanto económicas, como sociales y culturales. El Estado debe diseñar e implementar acciones integradas, con la participación de los diferentes niveles vinculados a la seguridad, la salud, la educación, obras públicas e infraestructura, buscando combinar estrategias de Prevención Social -cuyo fin es revertir las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las poblaciones de determinados territorios- y las de Prevención Situacional -buscan reducir la oportunidad de la comisión de delitos transformando el ambiente en el que ocurren.

La prevención social es entendida por Garland (2017) como un aspecto de las protecciones sociales y los servicios sociales que establecen las políticas de bienestar que llevan adelante los Estados. Estas políticas se encuentran enmarcadas en temáticas relacionadas al apoyo familiar e infantil, asistencia sanitaria, cultural, educativa, laboral, entre otros. Por otro lado, la prevención situacional del delito -tal como la entienden Garland (2017) y Luneke (2017) refiere a la intervención sobre las características físicas y urbanas que favorecen la comisión de delitos. Esto se realiza protegiendo -focalizadamente- lugares físicos y/o grupos de personas determinados, lo cual requiere de análisis estratégico para identificar las oportunidades favorables para la ocurrencia de delitos.

EL ROL MUNICIPAL

Como bien se mencionó a lo largo del presente trabajo, la demanda ciudadana sobre la temática de seguridad ha obligado a los municipios a tomar parte de acción pese a no contar con competencias directas para ello. Muchos de estos gobiernos municipales al no poseer un cuerpo policial propio, han recurrido frecuentemente a la respuesta exculpatoria buscando transferir la responsabilidad al estamento provincial. Este tipo de acciones termina por fortalecer una visión tradicionalista de la seguridad en la cual la policía es el único actor que puede y debe intervenir en estos casos, y ha llevado a los gobiernos locales a olvidar la multiplicidad de factores y a la multidisciplinariedad del fenómeno.

Sin embargo, también es cierto que pese a reproducir la visión tradicionalista, la realidad los ha obligado a tomar parte mediante iniciativas vinculadas a competencias que le son propias. Esto se da, como sostiene Grandinetti (2013), en el marco de un proceso sostenido de “ampliación y complejización de sus roles y funciones; desde un rol de municipio administrador hacia el de gobierno local vinculado” (p.56). Por ello, los municipios se constituyen en “gobiernos vinculados” que deben “articular con las diferentes jurisdicciones y agencias que intervienen con políticas en el territorio municipal” (p.58).

En este sentido se propone abordar las intervenciones que el municipio rosarino llevó adelante en el marco del Plan integral de abordaje de las violencias en Grandoli-Gutiérrez, desarrollado durante los años 2020 y 2022. Se debe destacar que los resultados cuantitativos se encuentran plasmados en diferentes informes evaluativos que confeccionaron diferentes áreas del gobierno provincial, sin embargo, estos son de carácter reservado por lo cual no se pudo acceder o bien no pueden ser reproducidos. De todos modos, cabe señalar que no se hará mención de aquellas iniciativas realizadas en el marco del componente regulación y control debido a que se tratan, en general, de acciones policiales y penales.

1. Componente urbano-ambiental: Aquí se podrá observar una serie de iniciativas que tienden a incidir en el corto plazo en el diseño y ambiente del barrio, a los fines de aumentar los riesgos para aquellos que pretendan cometer delitos. Se debe mencionar que se encuentran orientadas a abordar el componente “físico” del barrio, en tanto que no se observa durante el período de tiempo analizado intervenciones de carácter “social”. En este marco, se pueden mencionar: a) relevamiento, inspección y derrumbe de edificaciones irregulares ubicadas en los espacios públicos (en general eran espacios utilizados como cocheras irregulares e ilegales que ciertos grupos alquilaban a los vecinos); b) retención y secuestro de vehículos que se encontraban estacionados sobre espacios públicos, lo cual generaba una imposibilidad del uso y disfrute de los mismos por parte de los vecinos; c) intervención vinculada al desmalezamiento, poda y escamonda en los espacios públicos tales como plazas, espacios comunes, calles y veredas; d) instalación de luminarias LED en calles específicas del barrio que presentaban una gran concentración de delitos e incidencias al Sistema de Emergencias 911 en horarios nocturnos o que los vecinos identificaban como cuadras problemáticas; e) pavimentación, bacheo y mejoramiento de calles seleccionadas del barrio, con el fin de poder facilitar el traslado de los vecinos mediante sus vehículos personales, el acceso del transporte urbano de pasajeros, el acceso de los vehículos de emergencia (ambulancias, autobombas o patrulleros); f) colaboración en el proceso de tareas de mantenimiento para el acceso a servicios públicos básicos (agua potable en general); g) colaboración en el proceso de inspecciones y diagnósticos infraestructurales de los complejos FONAVI.

2. Componente socio-comunitario: En este eje de acción, se encuentran las iniciativas vinculadas a la estrategia de prevención social del delito implementadas en el barrio Grandoli-Gutiérrez de la ciudad de Rosario. En primer lugar, se observa que la mayoría de ellas corresponden a acciones orientadas a revertir el “déficit material” de los/as vecinos/as de este territorio. Por otro lado, se debe mencionar que es posible agrupar este conjunto de políticas en el nivel primario (orientadas a toda la comunidad), secundario de prevención del delito (específicas a los grupos considerados de riesgo) y terciario (centradas en personas con antecedentes penales o en conflicto con la ley).

3. Acciones de prevención social-nivel primario: Participación de reparticiones del Estado municipal en la realización de operativos socio-comunitarios que brindaban servicios de asesoramiento legal y psicológico; participación en operativos de tramitación de trámites administrativos de índole municipal; participación en el operativo de colocación de vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas consideradas de interés como la Antigripal; implementación de jornadas de cultura y convivencia para los vecinos/as del barrio y con principal foco en las/os jóvenes; implementación de jornadas para la promoción de derechos y abordaje de las violencias contra las mujeres.

4. Acciones de prevención social-nivel secundario: Diagramación y ejecución de un relevamiento de personas y familias atravesadas por situaciones de vulnerabilidad social y de violencias; establecimiento de espacios y mecanismos de coordinación y derivación de casos de violencias a las áreas de Niñez y de Género del Estado provincial y municipal; identificación y vinculación de jóvenes con los talleres provinciales de capacitación y empleo.

5. Acciones de prevención social-nivel terciario: Creación de un dispositivo de abordaje para casos que involucraban a menores de edad con antecedentes penales.

CONCLUSIONES

Como se puede vislumbrar en este trabajo, el gobierno municipal de Rosario formó parte de iniciativas vinculadas a la seguridad pública que se encontraban dentro de sus competencias y facultades otorgadas por las normativas vigentes. Esto se debe a que la seguridad pública no es sólo una cuestión policial sino que tiene múltiples aristas que deben ser abordadas en pos de la prevención. Se debe destacar que la participación ciudadana en el rol de proveedor de información clave y articulador en territorio supone una ventaja para la política pública, ya que permite prever dificultades que de otra manera sólo se podrían observar durante el desarrollo de la misma.

En este sentido, la modalidad de la participación es una suerte de mezcla entre la incidencia y la coproducción. En primer lugar, los referentes territoriales consiguen privilegiar sectores dentro de su barrio según lo que consideren más problemático, la presencia particular de ciertas agencias del Estado, como así también funcionan como un articulador con el resto de los residentes del barrio a los cuales le trasladan la existencia del dispositivo multiagencial y los beneficios de acercarse a participar del mismo. Por ello, se puede comprender que este tipo de incidencia se asemeja más a lo deliberativo, debido a que suelen aportar información sobre el territorio que se conjuga con la decisión operativa ministerial, lo cual permite una cierta flexibilidad y posibilidad de incidir en el proceso de actividades vinculadas al funcionamiento del Plan Integral. Por otro lado, también se puede mencionar la concreción de instancias de co-producción, debido a que las intervenciones son generadas en conjunto entre las instancias del gobierno provincial, el gobierno municipal y los referentes vecinales que vinculan y articulan numerosas aristas como las de salud, desarrollo social, cultura, entre otros.

En cuanto al rol del municipio, se puede observar que este forma parte de las intervenciones relacionadas a la cuestión de la seguridad pública pero que no se encuentran estrictamente vinculadas a lo policial. Ello supone el desarrollo de las funciones y competencias que le son asignadas al gobierno local por la normativa vigente pero también una suerte de responsabilización del mismo a la hora de enfrentar la problemática. Este tipo de accionar, tiene la ventaja de romper con la visión tradicional de que la agencia policial es la única encargada de abordar la seguridad pública por lo cual evita el proceso de la respuesta exculpatoria de los gobiernos locales. Vinculadas más al paradigma de seguridad democrática, las intervenciones que puede llevar adelante un gobierno local son de corte urbano-ambiental y socio-comunitario, que infieren tanto directa como indirectamente sobre los factores que coadyuvan a la comisión de distintos tipos de ilícitos, incluyendo a los que poseen como característica principal el uso instrumental de la violencia altamente lesiva.

REFERENCIAS

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2. Canto Chac, M. “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo”. Política y Cultura, (30), 2008, pp. 9-37.

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10. Grandinetti, R. “Capacidades y Diseño de los Gobiernos Locales Argentinos. El Caso de los Municipios de la Región Rosario”. Reales, Revista Latinoamericana en Educación Superior y Política Pública. Vol 1. N°1. Tianjin Foreign Studies University (TFSU), 2013, pp. 56-66.

11. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Encuesta Nacional de Victimización 2017, Buenos Aires, 2018.

12. Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Encuesta de Victimización 2016, Santa Fe, 2016.

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Notas