Mapuches, árabes y fake news. Revisitando el expediente sobre supuestos crímenes masivos y antropofagia ritual de sirio-libaneses en El Cuy (1907-1912)

Mapuche, Arabs and fake news. Revisiting the proceedings on alleged mass crimes and ritual anthropophagy of Syrian-Lebanese in El Cuy (1907-1912)

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Los principales medios de comunicación de nuestro país suelen revisitar periódicamente los episodios vinculados con el supuesto asesinato masivo y consumo ritual de inmigrantes sirio-libaneses por parte de pobladores indígenas a comienzos del siglo XX en El Cuy (Río Negro). Estos sucesos frecuentemente son replicados desde perspectivas sesgadas, que terminan reproduciendo una serie de falacias que no se condicen con la información que ofrece el expediente judicial. La vigencia de esta fake new se puede verificar a través de numerosos ejemplos. Entre ellos, el 5 de septiembre de 2021, el diario La Nación publicó una nota sobre el tema titulada: “La macabra historia de la banda caníbal que mató a más de 100 personas en la Patagonia”. Unos días más tarde, el 26 de septiembre del mismo año, Infobae replicaba la noticia en su portal bajo el título: “La horrible historia de ʻLos caníbales de la Patagoniaʼ: la banda que se comió a más de un centenar de personas”. Incluso, programas de televisión han reproducido las mismas conclusiones. Entre ellos, “Historias para no dormir” -emisión que conduce el periodista especializado en casos policiales Ricardo Canaletti en el canal de cable Todo Noticias-, le dedicó un capítulo completo a estos sucesos el 23 de julio de 2021. El episodio se tituló: “Comiendo turcos en la Patagonia: Canibalismo y horror en el sur del país”. En el programa se detallaron los presuntos crímenes a través de una narración sensacionalista que se centró en los aspectos más morbosos del caso.

Los supuestos asesinatos de mercachifles sirio-libaneses a principio del siglo XX en los parajes Lagunitas y Sierra Negra posiblemente sean los episodios más difundidos de la experiencia migratoria árabe en Patagonia. Los documentos vinculados con esta causa son una de las fuentes más consultadas en los repositorios de la región. Un indicador de ello es que los empleados del Archivo Histórico de Río Negro, que se ubica en Viedma, decidieron fotocopiar y anillar el expediente en cuatro volúmenes bajo el título “Expte. Los Turcos”, para preservar los documentos originales que sufrían deterioros por la frecuente manipulación de los usuarios. Además, los mismos empleados identifican ese corpus documental como la principal pieza del archivo, o por lo menos la de mayor originalidad e impacto.

Una breve síntesis sobre el caso puede brindar un primer marco contextual. El expediente se inició el 15 de abril de 1909 a instancias del comisario de El Cuy, José María Torino, quien tenía jurisdicción sobre el Departamento 9 de Julio del Territorio Nacional de Río Negro. Torino tomó la denuncia inicial al comerciante árabe Salomón Daud por la desaparición de su cuñado José Elías. Según el denunciante, Elías había desaparecido en agosto de 1907, luego de salir de la localidad de General Roca en compañía de un peón de apellido Ezen¹. A partir de ese momento Torino llevó adelante un procedimiento policial viciado de irregularidades en el que arribó a la conclusión de que durante los últimos años decenas de mercachifles sirio-libaneses habían sido asaltados y asesinados en lugares próximos a los parajes Lagunitas y Sierra Negra. El supuesto modus operandi era sencillo: los pobladores indígenas invitaban a comer o alojaban a los buhoneros y luego los atacaban cuando estaban desprevenidos. Según el comisario, los responsables eran un grupo de indígenas de origen chileno que comerciaban en aquel país las mercancías robadas mediante la intermediación de familiares cómplices. En el expediente se detallaban crímenes perpetrados con extrema violencia y se aseguraba que se habían registrado prácticas antropófagas promovidas por una machi indígena, a la que se identificó como “hechicera”.

El principal objetivo de este artículo es realizar una interpretación crítica de síntesis sobre el caso, a partir de un análisis detallado del expediente judicial. Si bien estudios previos avanzaron en demostrar las falacias del procedimiento policial liderado por Torino, se presentan nuevos elementos que reafirman que la causa fue un montaje. Al mismo tiempo, se discuten algunas de las conclusiones que ofrecen los antecedentes específicos, articulando las experiencias de los inmigrantes sirio-libaneses en relación con el caso, ya que fueron actores directamente implicados que no han sido suficientemente considerados. Finalmente, se reflexiona sobre las razones de la vigencia de la fake new, señalando que la misma ha sido reutilizada en el marco de campañas propagandísticas que buscan fomentar políticas represivas contra población mapuche hasta la actualidad.

El recorte temporal de este trabajo se inicia a mediados de la primera década del siglo XX, momento en se habría registrado la desaparición de los primeros mercachifles árabes, y se cierra en 1912 con la resolución judicial definitiva. En cuanto al alcance espacial se centra en el oeste de Río Negro, con énfasis en la región en que se ubican los parajes Lagunitas y Sierra Negra, epicentro de los supuestos crímenes y zona que ocupaban los grupos familiares indígenas que fueron incriminados.

Pasaron más de 50 años de los supuestos episodios sin que circularan nuevas crónicas sobre el caso, hasta que en 1970 el periodista Pedro Olgo Ochoa publicó un artículo específico en la revista de divulgación historiográfica Todo es historia, bajo el título sensacionalista “Comiendo turcos…”. El autor reprodujo en esa nota las principales conclusiones de la investigación liderada por el comisario Torino. Si bien Ochoa advertía que algunos de los periódicos de la época habían sobredimensionado los hechos, sostenía que existía una base verídica: “Claro está que no todo fue exageración. Escenas de salvajismo y canibalismo existieron, aunque no en la medida que algunos diarios importantes publicaron” (Ochoa 1970: 50). Es decir que el autor no solamente defendió la existencia de crímenes masivos, además ratificó que se habían verificado prácticas antropófagas.

Pasaron más de veinte años para que el caso fuese revisitado por Elías Chucair, quien publicó “Partida sin regreso: de árabes en la Patagonia”, que es hasta la fecha la obra más difundida sobre los supuestos crímenes de El Cuy. El libro se editó originalmente en el año 1991, y desde entonces ha sido reeditado en varias oportunidades. El autor menciona en el prólogo que conoció los episodios por comentarios de un antiguo poblador del oeste de Río Negro a fines de la década de 1960. No obstante, su curiosidad “creció” cuando leyó la crónica de Ochoa en 1970. Chucair era descendiente de inmigrantes sirio-libaneses, quienes se habían dedicado al comercio en el sudoeste de Río Negro desde principios del siglo XX. En este sentido el autor parecía partir de una fuerte identificación con las presuntas víctimas, en base a su ascendencia familiar árabe.

Chucair (2007) realizó una descripción sobre los supuestos crímenes que ratificó en lo fundamental las conclusiones de la pesquisa policial que lideró el comisario Torino, sin cuestionar las contradicciones de la investigación y replicando una perspectiva xenófoba. Para el autor las víctimas árabes habrían sido más de ciento treinta, y los perpetradores más de setenta indígenas de “origen chileno”, quienes robaron, asesinaron, y hasta consumieron a los “turcos mercachifles”.

En los últimos años, otros autores han replicado los discursos sobre la supuesta antropofagia ritual, arribando a conclusiones similares a las de Chucair. Por ejemplo, Julia Chaktoura (2004) publicó un breve artículo en una compilación sobre historia de la inmigración sirio-libanesa en Argentina, reafirmando la supuesta antropofagia y ofreciendo una síntesis sobre los principales corolarios del trabajo de Chucair. Por su parte, Pablo Ferrajuolo (2007) conectó el expediente con casos de canibalismo que se registraron en otras partes del mundo buscando identificar las posibles especificidades del supuesto consumo de humanos en Patagonia.

Recientemente el historiador Mauricio Dimant (2017) abordó el caso desde una perspectiva ambigua. Si bien el autor no reprodujo las conclusiones más sensacionalistas, sostuvo que la versión sobre crímenes masivos resultaba verosímil. En este sentido, argumentó que las investigaciones policiales de la época se encontraban en proceso de modernización, lo que implicaba la adopción de técnicas más eficientes para la toma de evidencias. Asimismo, señaló que en ese contexto se registraban elevadas tasas delictivas en Patagonia, por ello consideraba plausible un alto número de víctimas. En un trabajo más reciente (Dimant 2022) trató nuevamente el caso centrándose en la descripción de la cobertura que realizaron los medios nacionales de prensa durante la época.

Es decir que son varios los autores que han sostenido que la mayor parte de los crímenes realmente existieron. Si bien en esa línea se encuentran algunos historiadores, la mayoría de los trabajos fueron escritos por periodistas o memorialistas. Una de las constantes en este tipo de indagaciones es que tienden a oscurecer el desenlace judicial del caso, ya que fue en esa etapa en la que surgieron las objeciones más firmes al montaje policial, como se verá más adelante. Por otra parte, estas indagaciones suelen reforzarse entre sí, utilizando a sus predecesores como cita de autoridad y basándose más en fuentes secundarias que en el análisis del expediente judicial.

No obstante, otros autores contribuyeron a desmontar algunas de las principales falacias del caso, en trabajos que fueron publicados a mediados de la década del 2000. Entre ellos, el periodista Osvaldo Aguirre (2004) señaló que el procedimiento policial montado por el comisario Torino comenzó a mostrar fuertes debilidades a partir de que se inició la instancia judicial. Al mismo tiempo, el autor destacó que la difusión de los supuestos crímenes en los medios de prensa de la época promovió el aumento de las políticas represivas contra la población indígena de la región.

Por su parte, el periodista Francisco Juárez discutió algunas de las principales conclusiones de Chucair en una serie de notas breves publicadas entre fines del año 2005 y principios del 2006 en el periódico Río Negro. El autor enfatizó en algunos de esos artículos que los indígenas detenidos habían sido sometidos a vejámenes y torturas durante todo el proceso policial (Juárez 2005). Por esos delitos el comisario Torino y algunos de sus subalternos serían procesados meses más tarde.

Pese a la importancia de esas contribuciones, fue María E. Argeri (2005) quien más avanzó en la crítica del expediente, inscribiéndolo en el marco de las políticas represivas y de criminalización contra los pobladores indígenas del Territorio Nacional de Río Negro. La autora sostuvo que ese tipo de procedimientos tenían por principal objetivo la desarticulación de las principales jefaturas indígenas de la región. Asimismo, llamó la atención sobre lo inverosímiles que resultaban conclusiones policiales que exageraban los delitos y utilizaban a un grupo de pobladores mapuches como chivo expiatorio.

Argeri argumentó que el conflicto de fondo lo habían protagonizado los “viejos” comerciantes de Carmen de Patagones, quienes monopolizaban el mercado del sur de Río Negro, y los “nuevos” mercachifles sirio-libaneses que se insertaban en ese mismo espacio desde la localidad de General Roca². Para la autora los comerciantes maragatos buscaban al mismo tiempo terminar de desarticular las redes mercantiles de los grupos indígenas que ocupaban la misma región. En este sentido, Argeri señaló que los pobladores locales tenían todavía un importante peso económico en la meseta rionegrina, ya que contaban con numerosos planteles ganaderos y tenían sólidas alianzas comerciales al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Por otra parte, Rafart (2008) comentó brevemente la supuesta “matanza de los turcos” en el marco de su estudio sobre criminalidad y violencia en el norte de Patagonia entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El autor sostuvo que si bien los episodios nunca fueron aclarados cabalmente, no resultaban fiables las denuncias sobre decenas de desapariciones, y que los supuestos crímenes no se vinculaban con los delitos que se solían registrar en la región. No obstante, Rafart señaló que las conclusiones inverosímiles de la investigación policial provocaron efectos duraderos en periodistas, empleados policiales y funcionarios judiciales, quienes en los años siguientes tendieron a abonar discursos que exageraban la peligrosidad de la Patagonia, especialmente en zonas de frontera.

Los presuntos sucesos de El Cuy tuvieron gran resonancia en los medios de comunicación contemporáneos. Debe considerarse que los episodios fueron concomitantes al proceso de consolidación de la prensa regional de Patagonia, fundamentalmente de los periódicos. Estos nuevos órganos de prensa aceleraron la circulación de información, se configuraron en foros de discusión y, en algunos contextos, funcionaron como verdaderas fuentes de propaganda política (Prislei 2001). En cuanto a la prensa nacional, los antecedentes indican que durante los primeros años del siglo XX tendieron a presentar a los territorios patagónicos como espacios turbulentos, peligrosos y violentos, en vinculación directa con el problema del bandolerismo (Suárez 2008).

Algunos de los medios nacionales que cubrieron la noticia, son los mismos que actualmente continúan replicando la fake new. En enero de 1910, mientras en la capital nacional se preparaban para realizar los festejos por el centenario de la independencia, periódicos como La Nación y revistas como Caras y caretas se hacían eco de los supuestos crímenes. Durante la segunda semana de enero de 1910 La Nación publicó un artículo asegurando que se habían constatado “no menos de 50 asesinatos”, mientras que se responsabilizaba por los hechos a una “gavilla de malhechores chilenos con ramificación en aquella república”³. Unos días más tarde, el 3 de febrero, el mismo diario ampliaba la información sobre los asesinatos de los “bandoleros chilenos”, acusando a la “bruja” Antonia Goyche de haber instigado a la gavilla para que consumaran prácticas antropófagas⁴.

En tanto la revista Caras y Caretas envió a un corresponsal especial para que cubriese las actuaciones policiales, y el 5 de febrero de 1910 publicó una crónica bajo el título: “Los caníbales de Río Negro”. Era una nota extensa -de cuatro páginas- en la que se incluyeron fotografías de los procedimientos, con énfasis en los detenidos, y en la que también se anexó una lista con los nombres de los principales indígenas apresados, tanto de hombres como de mujeres. El artículo terminaba reproduciendo los argumentos que difundía el comisario Torino, exaltando la condición de extranjeros de los presuntos responsables y la supuesta sistematicidad de los crímenes. Además, se subrayaba que en la región se contaba con personal policial insuficiente, un argumento que fue utilizado recurrentemente por las fuerzas de seguridad para justificar su inacción y como una estrategia para reclamar aumentos en las partidas presupuestarias.

Caimari señala que durante las primeras décadas del siglo XX se produjo una transformación en la relación entre los medios de comunicación y el delito en Argentina, a partir de la incorporación de fotografías en la prensa gráfica, especialmente en los ámbitos urbanos: “Como comprueban con rapidez los editores, el gran potencial de entretenimiento de las historias del delito se multiplica cuando incluyen imágenes” (Caimari 2012: 62). La autora destaca que la historia del crimen se desarrolló con mayor énfasis en los nuevos magazines ilustrados, y entre ellos el más importante fue la revista Caras y caretas, la cual solía incluir fotografías impactantes en el lugar mismo de los acontecimientos. El caso de la supuesta matanza de “turcos” en Río Negro mostraba que la fotografía periodística comenzaba a llegar a espacios rurales alejados de los centros metropolitanos, y allí se utilizaba para acompañar relatos sensacionalistas que eran consumidos en el resto del país como entretenimiento y espectáculo.

Llamativamente los artículos periodísticos fueron incluidos en el expediente de la causa como un insumo judicial, aunque era evidente que las fuentes de prensa redundaban con la información de los procedimientos policiales en los cuales se fundamentaban, ya que tendían a reforzar circularmente los argumentos del comisario Torino. No obstante, allí aparecían algunos elementos que contradecían, al menos parcialmente, las conclusiones más sensacionalistas. Por ejemplo, en una breve entrevista al general Godoy publicada en La Nación el 16 de febrero de 1910⁵. En esa nota el general elogiaba el procedimiento policial liderado por el comisario de El Cuy, no obstante, señalaba que después de entrevistarse con algunos de los detenidos podía asegurar que el supuesto canibalismo era solamente una leyenda.(Bohoslavsky, 2009;Iuorno, et al. 2007)

Figura 1.
Fotografías de los detenidos por supuestos asesinatos múltiples y canibalismo ritual
Caras y Caretas, Nº 592,5 de febrero de 1910, p. 59.

Más allá de su apego a la versión policial oficial, los medios nacionales brindaron algunas evidencias originales, como por ejemplo las fotografías que ilustraban el artículo de Caras y Caretas. Si bien esas imágenes buscaban exaltar la supuesta ferocidad de los sospechosos, terminaban por evidenciar la pobreza material y la vulnerabilidad de los detenidos ante la violencia de los empleados estatales. En las fotografías se mostraba cómo los acusados habían sido atados, hacinados y acostados boca abajo en un patio de la comisaría para facilitar su custodia, en condiciones que produjeron la muerte de varios de ellos. De este modo las imágenes terminaban tensionando, al menos, las narraciones sensacionalistas que presentaban las fuerzas policiales y los cronistas nacionales, y funcionaban como prueba de la violencia con que se sometió a la población indígena como continuidad de las campañas militares de fines del siglo XIX.

Luego de la lectura íntegra del expediente no se puede probar la instigación de los supuestos crímenes por parte de los comerciantes de Carmen de Patagones, aunque durante las primeras etapas algunos de los testigos vincularon directamente a miembros de las familias Inda y Contín (una de las principales firmas comerciales de la mencionada localidad). Concretamente, a comienzos de la investigación los pobladores Avendaño y Álvarez señalaron al joven Babil Inda y Contín como el testigo que había encontrado las pertenencias de los primeros árabes desaparecidos, es decir las que corresponderían a José Elías y su ayudante. Asimismo, algunos de los declarantes afirmaron que parte de las mercaderías robadas a los “turcos” habían sido vendidas a los comerciantes de Lagunitas, entre los que se nombró a la firma Inda y Contín, además de las casas comerciales que pertenecían a los pobladores Prioli y Echeverría⁶.

Pese a estos datos, el comisario Torino decidió seguir los rumores de algunos vecinos que decían haber visto por última vez a los “turcos” en proximidades de la casa de la familia Muñoz en el paraje Sierra Negra, estos últimos eran pobladores con quienes los comerciantes árabes habrían tenido desavenencias por la venta de un cuchillo defectuoso. Rápidamente surgió el nombre de una posible tercera víctima al que se señalaba como un “turco viejo” identificado bajo el nombre Juan N., quien supuestamente acompañaba a los otros dos mercachifles árabes, aunque no todos los testimonios eran coincidentes sobre su real existencia.

Algunos empleados de Inda y Contín alimentaron los rumores sobre la presunta responsabilidad de grupos mapuches, e incluso llegaron a firmar declaraciones en nombre de pobladores locales que confesaban crímenes que no podían suscribir, ya que eran analfabetos⁷. Es decir que, aunque no se pueda probar concluyentemente la instigación por parte de actores vinculados con Inda y Contín, por lo menos es altamente probable la complicidad de algunos miembros de esa familia con los empleados policiales de El Cuy en el armado de la causa.

El proceso policial avanzó vertiginosamente a partir de que distintos pobladores de Lagunitas y Sierra Negra comenzaron a acusarse mutuamente por los supuestos asesinatos, señalando a referentes sociales y políticos locales como los autores intelectuales de los crímenes, entre ellos: Bernardino Aburto, Pedro Ávila, Hilario Castro, Ramón “Sañico”, “Guentemilla” y Francisco Muñoz⁸. Un aspecto sobre el que los antecedentes no han llamado la atención es que los mapuches no eran un grupo homogéneo. De hecho, rápidamente se formaron facciones y se reactualizaron viejos conflictos entre ellos, incluso entre algunos que estaban emparentados entre sí. Es más, aún asumiendo la veracidad de parte de las declaraciones, según los testimonios de los imputados algunas de las víctimas de los delitos habrían sido peones indígenas que presenciaron homicidios y fueron considerados potenciales delatores⁹. La literatura sobre el tema, que fue citada en el apartado de los antecedentes, obvió este tipo de matices y tendió a presentar a los indígenas y a los sirio-libaneses como grupos monolíticos.

El comisario Torino obtuvo rápidamente la autorización del juez de paz del Departamento 9 de Julio para allanar todas las viviendas de los parajes Lagunitas y Sierra Negra. Con la continuidad de los procedimientos policiales se precipitaron las detenciones de decenas de supuestos cómplices, y se terminó apresando a todos los vecinos que habían participado en los meses anteriores de reuniones sociales en esos parajes, tales como asados y señaladas. A partir de allí aumentaron exponencialmente las “confesiones” de los indígenas sobre crímenes similares contra otros inmigrantes árabes, los cuales se habrían producido entre los años 1904 y 1909, presuntamente motivados por el robo sistemático de mercaderías. Como consecuencia de esos hechos se habrían producido más de 100 asesinatos, un número que resultaba inverosímil.

Durante el proceso policial el comerciante árabe Salomón Eldahuk declaró que entre abril de 1907 y agosto de 1909 habían salido de su comercio en la localidad de General Roca (ubicada en el norte de Río Negro), unos cincuenta y cinco mercachifles sirio-libaneses llevando capitales de entre setenta mil y ochenta mil pesos facilitados por el mismo, quienes todavía no habían regresado. Si bien Eldahuk presentaba como prueba una serie de facturas, no podía precisar la identidad de los supuestos connacionales, y el número de comerciantes era improbable. Si bien los fiscales del caso desestimaron rápidamente la denuncia, el testimonio fue recogido por la prensa y la opinión pública, y sirvió para exagerar el número de posibles víctimas.

En determinados pasajes del expediente resulta evidente que algunos de los incriminados usaban como estrategia de defensa la exageración de sus testimonios. Como luego ocurrió con los fiscales, cualquier lector imparcial concluiría que los relatos de decenas de crímenes sólo podían ser el producto de confesiones arrancadas mediante torturas y en ausencia de garantías legales^10. Algunos de los detenidos modificaron las que habían sido sus declaraciones iniciales ante la policía y en el momento de las indagaciones judiciales alegaron que habían mentido en sus confesiones sobre los crímenes por temor a las autoridades o por “[…] los malos tratamientos de que eran objeto por parte del Comisario”¹¹.

Los supuestos crímenes reflejaban regularidades llamativas. Todos los presuntos asesinados tenían rasgos particulares evidentemente árabes, pero en ningún caso se podía precisar la identidad de las víctimas, más allá de nombres de pila que aparecían acompañados de alguna letra -como Abraham N. o Alejandro N.- o apellidos aislados de que tenían cierta sonoridad árabe. Conforme se acumulaban las declaraciones de quienes se auto-inculpaban o señalaban a vecinos o conocidos como culpables, se ampliaba el número de supuestos cómplices, también surgían testimonios que hacían referencia a episodios de violencia extrema: como la extirpación de genitales, el uso de polvo de huesos para hechicerías o el consumo de parte de las víctimas¹². Promediando el expediente el caso pasó de ser un simple robo en “gavilla” a un supuesto asesinato ritual múltiple que alimentaba un circuito comercial transnacional e ilegal.

Un punto clave es que las confesiones que se registraban al interior del expediente no se condecía con la disponibilidad de evidencias materiales, que se reducían a escasos restos óseos que no se podían identificar, “tierra quemada” y fragmentos de prendas de vestir que supuestamente habían sido parte de las mercaderías que transportaban los comerciantes árabes. Tampoco había coincidencias entre las declaraciones, en algunos casos se aseguraba que los homicidios se habían perpetrado con armas de fuego, en otros con cuchillos, y luego con rebenques o boleadoras. Según una parte de los testimonios los árabes habían sido ultimados en grupo, mientras otros indicaban que los crímenes habían sido individuales. Ante la gran variedad de información el único hilo narrativo que buscaba infructuosamente ordenar los supuestos delitos eran los informes del comisario Torino.

De la lectura del expediente se desprende que de ninguna manera hubo un plan sistemático para asesinar a decenas de víctimas en El Cuy, sino que a los sumo se trató de delitos aislados que no se distinguían de los hechos policiales típicos de la región. La supuesta “gavilla” a la que se le endilgaron los presuntos crímenes no era más que la traducción de las redes parentales mapuches articuladas desde los parajes Lagunitas y Sierra Negra, surgida a partir de la confesión forzada de procesados que terminaron implicando a la mayoría de sus parientes y vecinos.

La prensa nacional de la época insistía en denunciar el salvajismo de los indígenas del sur de Argentina y promovía explícitamente la continuidad de la conquista militar y el disciplinamiento policial. En febrero de 1910 La Nación vinculaba los episodios de El Cuy con los sucesos de bandolerismo que se registraban en el oeste de Patagonia en general, y con los “malones” que atacaban obrajes, estancias y misiones en Chaco y Formosa, identificando a los responsables como indígenas y “gauchaje cuatrero”: “Ha llegado, pues, con creces el momento de que los ministros del interior y guerra combinen un serio plan de limpieza de las fronteras contra los bandoleros, que con etiqueta de indios o sin ella cometen sus depredaciones”¹³. En este sentido, los procedimientos policiales liderados por Torino prolongaban las razias contra mapuches, pampas y tehuelches de las campañas militares de expansión nacional de fines del siglo XIX.

El fiscal Villafañe, quien estuvo a cargo de la causa durante la primera etapa de instrucción, enfatizó que no se podía probar la existencia real de las presuntas víctimas. Como en el caso de N. Ezen, estos mercachifles sólo existían conjeturalmente a partir de los dichos de comerciantes sirio-libaneses de General Roca. En palabras del fiscal se trataba de “un simple rumor recogido entre ellos”¹⁴.

Los estudios específicos sobre inmigración sirio-libanesa en el norte de Patagonia muestran que si bien algunos árabes excepcionalmente se insertaban comercialmente en la región sin familiares directos, ninguno de ellos llegaba sin redes sociales que lo contuviesen (Chávez y Sourrouille 2021). Asimismo, durante las primeras etapas de inserción como mercachifles, estos inmigrantes emplearon baqueanos indígenas que le permitieron familiarizarse con la geografía de la región y establecer vínculos concretos con pobladores locales¹⁵. Aunque los vendedores ambulantes podían aparecer como actores aislados y disgregados, en realidad estaban estrechamente vinculados y compartían espacios de sociabilidad con sus connacionales, aunque operaran en espacios muy distantes entre sí (Chávez 2022). Asimismo, existían aceitados mecanismos de intermediación entre estos inmigrantes que articulaban redes sociales entre los árabes que estaban radicados en los principales centros urbanos y aquellos que operaban comercialmente en el interior patagónico. Es decir, que necesariamente tendrían que haberse registrado reclamos ante la supuesta desaparición masiva de vendedores ambulantes sirio-libaneses, mucho antes de la primera denuncia de 1909.

Para el fiscal Villafañe tampoco los escasos restos materiales que se vinculaban con los presuntos crímenes eran suficientes para constatar la presencia de los comerciantes árabes en los parajes Lagunitas y Sierra Negra. Asimismo, indicaba que los elementos que se habían secuestrado a los procesados no estaban: “[…] de acuerdo con los grandes robos que se les imputa y resulta inverosímil que esta gente que despojara a sus pretendidas víctimas de sendos miles de pesos y numerosas cargas de mercaderías no tuvieran ni un centavo en su poder […]”¹⁶. La pobreza material de los detenidos a la que hacía referencia el funcionario judicial era coherente con las fotografías que habían tomado los medios nacionales de prensa.

Villafañe llamó la atención además sobre que los peritajes oficiales habían sido claramente deficientes. Los mismos estuvieron a cargo del poblador Víctor Ramillo, un vecino de Choele Choel que no contaba con conocimientos científicos, y quien no había justificado adecuadamente sus conclusiones. El perito no había podido determinar si los pocos restos orgánicos exhumados pertenecían a seres humanos, aduciendo que no contaba con los elementos químicos necesarios para los procedimientos que eran necesarios. Por ello el fiscal consideraba que no estaba comprobada la existencia de un cuerpo del delito. Además, señalaba que las declaraciones se habían tomado de forma irregular y que no existía concordancia entre los testimonios. Finalmente, Villafañe solicitó en su dictamen el sobreseimiento definitivo de los acusados, pero el juez Torres se opuso. Ante esa desavenencia respecto de la resolución judicial, el fiscal ad-hoc presentó su renuncia. El 9 de diciembre de 1911 Villafañe fue remplazado en su cargo por el abogado De Rege, quien fue nombrado fiscal especial. Unos meses más tarde, en abril de 1912, el juez Torres también fue remplazado por un juez letrado suplente.

Luego del estudio del caso, De Rege le comunicó al juez suplente que no encontraba méritos suficientes para formular una acusación contra los procesados: “Después de un detenido examen de este proceso, me he formado la íntima convicción de que en autos no hay hoy día pruebas suficiente para que el ministerio fiscal acuse”¹⁷. El fiscal especial argumentó que los procedimientos policiales y judiciales erróneos habían provocado la eliminación de los elementos de prueba necesarios para condenar o exonerar a los acusados. Las evidencias del caso habían sido enviadas a incinerar por orden del juez Torres. Finalmente, De Rege solicitó el sobreseimiento provisional, que fue aceptado por el juez letrado suplente, y los detenidos quedaron en libertad el 11 de mayo de 1912, luego de un extenso proceso judicial.

Luego de repasar la base empírica del extenso proceso judicial en torno al caso de los supuestos crímenes masivos y antropofagia ritual en El Cuy es difícil explicar las razones de la vigencia de la falsa noticia. Recuérdese que incluso antecedentes historiográficos recientes han planteado la veracidad de la mayor parte de los hechos denunciados. En la búsqueda por identificar las causas del vigor de la fake new, se puede señalar que el caso ofrece una serie de elementos altamente atractivos desde la perspectiva de los autores de artículos sensacionalistas. En este sentido, los protagonistas de los episodios eran actores históricos que podrían ser considerados como exóticos desde enfoques metropolitanos: indígenas e inmigrantes del Cercano Oriente. Asimismo, los sucesos habrían tenido lugar en espacios que desde las perspectivas centradas en Buenos Aires eran percibidos como remotos. Además de estar vinculados con experiencias que desde esos mismos enfoques podían ser consideradas como rémoras asociadas con el pasado inmediatamente previo a las invasiones militares de fines del siglo XIX.

Al mismo tiempo, la supuesta ferocidad -y principalmente- el condimento de la antropofagia ritual, contrastaban con la imagen de la civilidad nacional. Recuérdese que en ese mismo momento todo el país, pero especialmente la elite porteña, se preparaba para festejar el centenario de la independencia. Por otra parte, las imágenes que acompañaban las notas de la prensa gráfica de la época permitían explotar las potencialidades de entretenimiento de los supuestos delitos, alimentado el morbo de los consumidores de periódicos y magazines. No obstante, estos elementos no alcanzan para explicar la vigencia de una fake new anclada en una causa judicial montada y exagerada.

Es posible que el vigor de la “noticia” esté vinculado con que permite demonizar a actores mapuches, en un contexto actual de alta conflictividad en relación con las reivindicaciones territoriales y de soberanía por parte de ellos, especialmente en el norte de Patagonia. Desde principios del siglo XX los presuntos crímenes masivos de El Cuy fueron utilizados por las autoridades territorianas para profundizar la persecución y sometimiento de población indígena del oeste de Río Negro en el período inmediatamente posterior. En este sentido, este caso emblemático y otros destacados episodios policiales de la época (como el asesinato de Llwyd Ap Iwan, gerente regional de la Compañía Mercantil Chubut, en la Colonia 16 de Octubre en 1909), sirvieron para impulsar la creación de la Policía Fronteriza. Esta nueva agencia fue presentada como un escuadrón policial especial cuyo principal objetivo era erradicar el bandolerismo. No obstante, la fronteriza fue un órgano represivo que se encargó de erradicar población considerada indeseable (Pérez 2017). En este sentido, las razias policiales de la fronteriza se concentraron en perseguir y violentar a los pobladores indígenas y criollos.

Como cierta continuidad, actualmente algunos medios de comunicación revisitan los aspectos más morbosos de la presunta “matanza de turcos” para exaltar la supuesta condición extranjera de los grupos indígenas involucrados, desde perspectivas fuertemente xenófobas. Simultáneamente, en este tipo de discursos periodísticos se sostienen una serie de estereotipos en relación con los mercachifles árabes, quienes son presentados como vendedores ambulantes exóticos que se arriesgaban en los “desiertos” patagónicos sin ningún anclaje con la sociedad local. Muchas veces vinculándolos con representaciones simplificadas en torno a los tradicionales beduinos de los desiertos africanos o asiáticos. De este modo se representa a supuestas víctimas pasivas que aparecen como figuras sin una identidad y despojados de una historia efectiva, tal como fueron presentados en la causa policial que originó la noticia. Es decir que parte de la efectividad de estos relatos se basa en evocar actores estereotipados y sin trayectorias sociopolíticas, insistiendo sobre la extranjería real de los sirio-libaneses, y supuesta de los mapuches.

Es evidente que los esfuerzos que se han realizado desde la historiografía para desmontar las falacias en torno a los supuestos episodios de El Cuy han resultado insuficientes, o por lo menos no han repercutido en los principales medios de prensa. Es posible que además de revisitar el expediente para desmentir las conclusiones sensacionalistas, sea necesario avanzar en la reconstrucción histórica de las trayectorias de los actores implicados para superar los estereotipos a los que han sido reducidos. Si bien es significativa la bibliografía específica que ha estudiado a los grupos mapuches y sirio-libaneses del norte de la Patagonia, resta profundizar en trabajos que reconstruyan sus experiencias de manera articulada.

El análisis del expediente judicial sobre la supuesta “matanza de turcos” muestra que se trató de proceso policial montado por el entonces comisario Torino, quien se basó en un simple rumor para desatar razias violentas contra la población indígena que residía en torno a los parajes Lagunitas y Sierra Negra¹⁸. Sin contar con evidencias materiales, y a partir de “confesiones” arrancadas mediante torturas, el comisario apresó a decenas de pobladores mapuches. Tal como lo señalaron parte de los antecedentes, el montaje de la causa sirvió para criminalizar y perseguir a población indígena y criolla considerada indeseable, lo que funcionó como una continuidad de las campañas militares de fines del siglo XIX.

Los fiscales que actuaron en la causa fueron contundentes al demostrar que el caso se sostenía solamente en dichos y trascendidos, que los peritajes se habían realizado con serias irregularidades y que no existía evidencia material o cuerpo del delito. Al mismo tiempo, llamaron la atención sobre las fuertes regularidades de las declaraciones sobre supuestas víctimas con rasgos eminentemente árabes pero sin que se pudiesen determinar identidades efectivas. Si bien la resolución de la causa se demoró, ya que pasaron más de cuatro años, el fallo final desmintió el montaje de Torino. De allí que los antecedentes que ratifican la existencia de los crímenes tienden a omitir el desenlace judicial del caso.

Ante la ausencia de evidencia empírica, la resolución de la justicia y los aportes de los antecedentes historiográficos que han contribuido a desmentir los supuestos crímenes masivos, resulta difícil comprender la vigencia de la fake new en algunos de los medios masivos de comunicación de la actualidad. Como se argumentó, es posible que tal como ocurrió en la década de 1910 con el uso del caso para promover la creación de la Policía Fronteriza, se recurra a esos presuntos episodios criminales para fomentar políticas represivas contra la población mapuche. Especialmente en la actualidad, en un contexto en el que se verifica una alta conflictividad en relación con los pueblos indígenas y sus reivindicaciones territoriales.

Se buscó mostrar que los discursos periodísticos más sensacionalistas sobre el caso de la presunta “matanza de turcos” se basan en la reproducción de una serie de estereotipos sobre mapuches y árabes. De este modo los primeros son estigmatizados como actores foráneos y peligrosos. Y los sirio-libaneses son presentados como buhoneros exóticos, quienes habrían sido víctimas pasivas y sin biografías, ni relaciones de arraigo con la región patagónica. En este sentido, más allá de continuar discutiendo las falacias vinculadas con estos episodios en los momentos en que emerjan nuevamente, será necesario profundizar el estudio de los actores implicados, para dotar de mayor espesor sus trayectorias sociopolíticas efectivas.