INTRODUCCIÓN

Inserta en el norte patagónico, la provincia de Río Negro (40°48′S, 63°00′O) presenta una geografía diversa y de amplios contrastes a lo largo de su vasta superficie de 203.013 km², que se extiende desde la costa atlántica hasta la cordillera de los Andes, con una población relativamente escasa que asciende, según el censo poblacional de 2010, a 650.000 habitantes (INDEC, 2010) y que hoy se estima, a la espera de los datos del Censo del corriente año, que superará las 700.000 personas (Trucchi, 2022). Su territorio comprende mayoritariamente una formación geológica y fitogeográfica de meseta árida o semiárida (200 a 400 mm de lluvia anual), de climas templados a templados-fríos con temperaturas medias anuales de 15 a 8°C, cubierta por estepa y un monte más o menos achaparrado según la condición hídrica y/o térmica predominante, (Hurtado et al., 2008; Zeberio et al. 2012). Con la salvedad de los bosques andino- patagónicos en el extremo oeste provincial, génesis de las altas cuencas hídricas, que reciben precipitaciones medias anuales del orden de 800 a 1000 mm, Río Negro integra las dos terceras partes de la Argentina árida o semiárida (SAyDS, 2012).

El clima modela el medio natural como forjador de un paisaje y ambiente “permanente”. Sin embargo, desde la era preindustrial y, en particular en las últimas décadas, presenta condiciones de variabilidad no asignables a razones naturales. La actual hipótesis de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica cuenta con un hecho irrefutable: la superficie terrestre es, en la actualidad, 1,1°C más cálida que hace 100 años (IPCC, 2021). Río Negro y la región patagónica presentan en los últimos 50 años un aumento térmico medio anual de 1°C y menores lluvias en la zona andina (Brendel et al. 2020), tendencias que según los modelos climáticos actualmente en estudio se profundizarán a lo largo del corriente siglo (del Barrio et al. 2020).

Ahora bien, los impactos que producen los desequilibrios ambientales descritos no afectan a las sociedades como un todo homogéneo, muy por el contrario, las dificultades y perjuicios recaen en mayor medida sobre las poblaciones más vulnerables. Este hecho se refleja de diversas maneras: inseguridad alimentaria, alza del precio de los alimentos, caída de ingresos, pérdidas de actividades de sustento, impactos en la salud y desplazamientos forzados. Asimismo, las mayores secuelas afectarán a aquellas comunidades con menor grado de desarrollo socioeconómico, en situación de pobreza, que dependen mayoritariamente de las actividades agrícolas y costeras, a las poblaciones indígenas, a niños, niñas y personas mayores, (Roy et al. 2018). Más aún, Maisa Rojas (2020), reconocida física, climatóloga y actual Ministra de Medio Ambiente de Chile, sostiene que el cambio climático empeora los niveles de pobreza y desigualdad y, en consecuencia, amplía las brechas de género.

El objetivo de esta contribución es presentar un conjunto de reflexiones teóricas y prácticas sobre las causas y consecuencias más relevantes relativas al concepto de gobernanza climática en la provincia de Río Negro, contextualizado en un proceso de cambio climático en curso, abarcando desde los principales desafíos en torno a la implementación de políticas género-responsivas en materia ambiental, hasta profundizar en el “Plan Estratégico Hidrógeno Verde” como ejemplo de construcción de políticas públicas que abordan el cambio climático con una visión inclusiva.

El hidrógeno “verde” desempeña un papel crucial en la transición energética al ofrecer una fuente de energía limpia y renovable. Producido mediante la electrólisis del agua utilizando energía renovable, como la solar o eólica, el hidrógeno verde es una alternativa sostenible a los combustibles fósiles. Se puede utilizar en sectores clave como el transporte, la industria y la generación de energía, ayudando a reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático. Además, puede almacenarse y transportarse fácilmente, lo que lo convierte en una opción versátil para respaldar la integración de fuentes de energía intermitentes y descentralizadas. Su adopción a gran escala promueve una economía más limpia y resiliente, impulsando la innovación y la creación de empleo en el sector de energías renovables.

La metodología planteada para este trabajo es de tipo cualitativa dado que propone el abordaje del estudio desde una dimensión comprensiva e interpretativa respecto del análisis de las causas y consecuencias del cambio climático, los desafíos que plantea para la construcción de una gobernanza climática en la provincia de Río Negro, pero, a la vez, con una visión de generación de políticas públicas género responsivas. Tanto la revisión del estado del arte sobre la cuestión, como la profundización teórica de conceptos claves como gobernanza climática, cambio climático, género, energías limpias e hidrógeno verde, y la perspectiva de los actores claves, aportan al marco de referencia del artículo y contribuyen a dar sustento a la propuesta (Saget et al. 2020; Schröer et al. 2021).

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA PROBLEMÁTICA PRODUCTIVO-AMBIENTAL-CLIMÁTICA DE LA NORPATAGONIA

La historia tanto ambiental como productiva del norte de la región patagónica se encuentran íntimamente relacionadas. La introducción de ganadería ovina con fines productivos constituyó el motor de desarrollo más antiguo de la Patagonia en general y de Río Negro en particular. Históricamente, la región ha vinculado su proceso de desarrollo a la producción ovina extensiva reflejo de su colonización asociada estrechamente al despliegue de la red ferroviaria que une San Antonio Oeste con San Carlos de Bariloche (Bendini et al. 2008). Así, los primeros colonos llevaron a cabo la producción ovina con un manejo de los pastizales naturales que se basaba en sus propias experiencias, cuya génesis se sustentaba en ecosistemas muy diferentes a los de la región bajo estudio (Coronato, 2015). Este manejo produjo profundos cambios en los suelos y en la estructura y composición florística de la vegetación y es una de las principales causas de la desertificación en la estepa patagónica (Alonso, 2019). Más allá de algún año “meteorológicamente bueno” con lluvias algo por encima de lo normal, que aumenta el optimismo y renueva las esperanzas, los estudios serios indican con absoluta claridad las limitantes climáticas severas que impone la región a desarrollos económico productivos de base agropecuaria (Bianchi, 2016).

En este marco, la aridez de la región estudiada, excluyendo los valles irrigados, motivó el desarrollo de actividades económicas vinculadas a la extracción de recursos (bienes) naturales no renovables. Así, desde hace décadas se propende a una minería de primera categoría con el hierro en Sierra Grande, y de segunda categoría principalmente, (piedra laja, pórfidos, diatomeas, bentonita), en la región sur y en algunas zonas del alto valle de Río Negro. El hallazgo en los últimos años de reservas importantes de oro al sur de Ingeniero Jacobacci ha provocado una fuerte controversia entre actores regionales y extra regionales en cuanto a la relación costo(ambiental)-beneficio(socioeconómico) del desarrollo de esta minería. Incluso se avanza con la minería de uranio en zonas cercanas a la localidad de Valcheta. En el noroeste provincial, Río Negro bordea la cuenca hidrocarburífera neuquina permitiendo la extracción de gas y petróleo convencional en mediana cuantía mientras que en algunas zonas del alto valle rionegrino avanza la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales como la controvertida fractura hidráulica o “fracking”.

Más allá de lo expuesto, en los últimos años ha tomado gran impulso en la provincia el camino hacia la transición energética a partir del desarrollo de energías renovables o “limpias”, lo que incluye al hidrógeno verde como una nueva oportunidad, con el objetivo de implementar un proyecto provincial que permita ampliar la matriz productiva. Es así como llegamos a la implementación del Plan Estratégico Hidrógeno Verde a la vanguardia (Río Negro, 2021), una política pública a partir de la cual el gobierno rionegrino busca fomentar el desarrollo científico, académico y productivo propiciando la generación de nuevos vectores energéticos basados en fuentes de energías renovables y su aplicación como es el hidrógeno verde en toda su cadena productiva.

Sin lugar a dudas, estamos ante el comienzo de un círculo virtuoso dado que la descarbonización en marcha a nivel global reducirá la demanda de bienes y servicios sucios y aumentará la de aquellos que son más limpios y ecológicos (Hausmann, 2022).

Las posibilidades de desarrollo socioeconómico de la provincia de Río Negro, inserta en el norte de la región patagónica dependerán de los servicios ambientales capaces de ser provistos por sus ecosistemas y de las propias disponibilidades de bienes naturales renovables (i.e. viento, energía solar, agua). En este contexto, debe pensarse y llevar adelante políticas públicas que propendan a la sustentabilidad ambiental con inclusión social e igualdad de oportunidades, que coadyuven a la mitigación y adaptación al cambio climático.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNANZA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA: UNA ARTICULACIÓN COMPLEJA, MULTIDIMENSIONAL Y MULTISECTORIAL

La noción de política pública se relaciona con el Estado, con las articulaciones Estado-sociedad. Es un término polisémico que admite varias interpretaciones, siendo parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. Estévez (2014) postula que el campo del análisis de políticas públicas muestra una cierta estabilidad en términos de sus características principales. Plantea algunas tendencias centrales a tener en cuenta en el análisis prospectivo de las mismas, tales como la heterogeneidad en la realidad de las políticas públicas; la complejidad creciente ya sea por efecto de la globalización o por la dinámica propia del proceso de modernización social; las grandes distancias sociales tanto materiales como simbólicas que tienen que afrontar las democracias actuales, Estados y gobiernos; y el proceso de aumento de la desigualdad que incrementa la exclusión social.

En este punto, Brower Beltramin (2016) enuncia que las teorías políticas se enfrentan, cada vez con mayor intensidad a las demandas de la sociedad civil, en el sentido de articular o construir políticas públicas que la representen y que, por tanto, den cuenta de los contenidos que importan a dicha sociedad. Allí se encuentra el punto central de los nuevos formatos de gobernanza y por tanto de su conceptualización más profunda y genuina.

En el contexto expuesto, la gobernanza es una nueva forma de gobernar y su estrategia sociopolítica más importante es la cogestión; es decir, la manera en que las comunidades se organizan para tomar decisiones y llevar a cabo iniciativas y actividades bajo normas, pautas y acuerdos que regulan sus interrelaciones. El concepto de gobernanza comprende las nociones de legislación, institución y gestión pública al tiempo que se nutre de la historia, de las ciencias políticas, del derecho administrativo, de la sociología de las organizaciones y de la cultura (Torres Medrano, 2013). Implica la ejecución de actividades sobre la base de los procedimientos y normas que regulan las relaciones, acuerdos y transacciones entre los actores. Además, promueve un estilo de gobierno diferente del modelo tradicional de control jerárquico, ya que se orienta a una configuración de acción en cooperación e interacción entre Estado y actores no gubernamentales mediante la génesis de redes mixtas de toma de decisiones entre lo público y lo privado (Aguilar Villanueva, 2015).

La gobernanza puede describirse como el medio con el que la sociedad define metas, prioridades y avances de cooperación; ya sea a nivel global, regional, nacional o localmente. Las disposiciones y estructuras de la gobernanza se expresan a través de marcos legales y políticos, de estrategias y planes de acción que incluyen los acuerdos organizacionales para el seguimiento de las políticas, los planes y el control y evaluación de resultados. La gobernanza cubre las reglas de construcción de decisiones, incluyendo a quienes obtienen acceso a la información y participan en el proceso de toma de decisiones, así como las decisiones en sí mismas (Scanlon, J., & Burhenne-Guilmin, 2004).

Con la incorporación de la variable ambiental y climática en el marco de las decisiones políticas respecto del ordenamiento territorial, los bienes naturales y la adaptación al cambio climático, la noción de gobernanza ambiental y de gobernanza climática han empezado a tener importancia por sus principios de integración, interdisciplinariedad y conectividad entre espacios y territorios para alcanzar un desarrollo en armonía con la naturaleza. La gobernanza ambiental brinda una perspectiva analítica que combina la investigación socio-ambiental que conecta cuestiones de cambio social y ambiental con la investigación de la gobernanza que aborda cuestiones de desarrollo. En dicho contexto, puede definirse a la gobernanza climática como el conjunto de mecanismos interinstitucionales orientados a conducir el sistema social hacia la prevención, mitigación o adaptación al cambio climático propendiendo a la construcción de políticas públicas de cara a este fenómeno. Como se expresara precedentemente, el cambio climático, definido como las modificaciones a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, ya está produciendo consecuencias irreversibles que se podrán limitar, pero no revertir. La adaptación al mismo supondrá una reorganización profunda de la sociedad que incluye la creación de nuevas instituciones democráticas de base (Keucheyan, 2016).

Por ende, esta concepción de la gobernanza ambiental y de la gobernanza climática no las restringe a un problema de gobierno, sino que contempla también la participación de otros sectores en los procesos de toma de decisión. La articulación entre distintos niveles de responsabilidad y de involucramiento, es entonces un aspecto crucial para determinar la eficacia de la gobernanza.

En síntesis, construir políticas públicas orientadas a una gobernanza ambiental y climática implica la administración del medio ambiente y los bienes naturales desde una perspectiva del desarrollo sostenible, entendiendo al clima como un Bien Público y, a la vez, con la necesaria coordinación multiactores, multiescala y multisectorial con una visión holística que integre los principios de inclusión e igualdad de oportunidades.

GOBERNANZA CLIMÁTICA EN RÍO NEGRO CON UNA VISIÓN INCLUSIVA: PRINCIPALES DESAFÍOS EN TORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS GÉNERO RESPONSIVAS EN MATERIA AMBIENTA

Comenzaremos por definir a las políticas género responsivas o políticas con “perspectiva de género” como aquellas que identifican, comprenden e implementan acciones para cerrar las brechas de género y superar los sesgos históricos de género en las políticas e intervenciones, contribuyendo de manera proactiva e intencional a promover la igualdad de género (Castañeda Camey, 2019). Tal como fuera mencionado anteriormente, si el cambio climático empeora los niveles de pobreza y desigualdad y consecuentemente amplía las brechas de género, nos encontramos ante la posibilidad de enfrentarlo con una visión abarcativa, inclusiva de la problemática expuesta. Sin embargo, muchas de las iniciativas que pueden observarse en la actualidad, dan prioridad a la reducción del riesgo climático inmediato y a corto plazo, lo que reduce la oportunidad de una adaptación transformadora. La mala adaptación se puede evitar mediante la planificación y la implementación flexibles, multisectoriales, inclusivas y a largo plazo de acciones de adaptación que beneficien a muchos sectores y sistemas.

En esta línea, cabe introducir la idea de desarrollo resiliente al clima, el cual es posible cuando, de manera articulada, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado toman decisiones de desarrollo en sentido sostenible e inclusivo, promoviendo la reducción de los riesgos, al mismo tiempo que la equidad y la justicia. Para ello y como ya se expuso, es fundamental la cooperación internacional y el desarrollo de alianzas con grupos sociales históricamente relegados, como ser, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades locales y minorías étnicas (IPCC, 2021).

Resulta necesario entonces repensar las políticas públicas a planificar e implementar desde los servicios que un ambiente como el descripto puede prestar en forma sostenible. Pero ese rediseño, requiere sin dudas una visión distinta, inclusiva. Al decir de Mary Robinson, primera mujer en ser electa presidenta de la República de Irlanda, “el cambio climático es un problema creado por el hombre que requiere una solución feminista” (Daza & Lippi, 2019).

Para ello, no podemos dejar de citar algunos antecedentes normativos que, al igual que el Acuerdo de París, constituyen la base que deben tomar los Estados para diseñar políticas de desarrollo sostenible.

Cabe mencionar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), producto de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en la capital de China en dicho año. La Plataforma, en el objetivo estratégico K, aborda el ámbito de las mujeres y el ambiente. Bajo este objetivo se exhorta a los gobiernos a: “integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y conocimientos, en igualdad de condiciones con los hombres, en la adopción de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo de políticas y programas para el desarrollo sostenible, incluidos en particular los diseñados para abordar y prevenir la “degradación ambiental de la tierra; y a desarrollar una estrategia de cambio para eliminar todos los obstáculos a la participación plena y equitativa de la mujer en el desarrollo sostenible y al acceso igualitario a los recursos y al control de los mismos” (Naciones Unidas, 1995).

Por su parte, en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y abrió para la firma y ratificación la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), constituyéndose en el primer tratado internacional específico sobre los derechos de las mujeres. A pesar de que este valioso instrumento no contiene referencias específicas para el sector ambiental, en su artículo 14 obliga a las partes a adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en las zonas rurales, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, que estas participen en el desarrollo rural y en sus beneficios y asegurar que las mujeres participen en todos los niveles de la planificación para el desarrollo” (CEDAW, 1979).

Por otro lado, la “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030” (CEPAL, 2016) reconoce que la integración de los derechos y la autonomía de las mujeres en la adaptación y mitigación ante el cambio climático no solo es esencial y complementa los compromisos globales respecto a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. También, maximiza la eficacia de las políticas, programas y recursos climáticos. La Estrategia también hace un llamado a “armonizar la normativa a nivel regional teniendo en cuenta los derechos humanos de las mujeres, y evaluar los efectos extraterritoriales de la legislación y las políticas que se adoptan, a fin de responder a fenómenos de carácter transnacional como el cambio climático y los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, de etnias diversas y originarias.”

Finalmente, y como punto de partida del próximo capítulo, debemos mencionar un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo (2020), el cual indica que más del 80% de los nuevos empleos creados por la agenda de descarbonización estarán en los sectores que hoy son dominados por los hombres y solo el 20% de estos nuevos empleos se crearán en sectores donde las mujeres son mayoría. Una de las conclusiones del estudio señala que las mujeres no se beneficiarán de la creación de nuevos empleos a menos que se aborde la actual segregación de género en el mercado laboral en los sectores más relevantes con la descarbonización (energía, agricultura, construcción, gestión de residuos, entre otros).

EL PROYECTO DE “HIDRÓGENO VERDE” COMO CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNANZA CLIMÁTICA DE LA NORPATAGONIA Y SU VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS INCLUSIVAS

La Provincia de Río Negro, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se encuentra realizando los estudios preliminares para el desarrollo de la política de producción de Hidrógeno Verde, a partir del Plan Estratégico de Hidrógeno Verde en Río Negro (2021).

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las premisas del Acuerdo de París que Argentina suscribe, nuestra provincia cuenta con el potencial científico-tecnológico así como también con los recursos naturales necesarios para llevar adelante esta política (2021).

De manera sucinta, diremos que este proyecto consiste en la instalación de una planta de producción de hidrógeno mediante la utilización de energías limpias o renovables, principalmente, utilizando agua y viento a través de un proceso eléctrico denominado electrólisis. La puesta en marcha de esta planta se prevé en una zona estratégicamente ubicada por los vientos que allí corren (Guozden et al. 2018) y por el acceso al agua de mar, la que será previamente desalinizada. El Instituto Fraunhofer de Economía de la Energía y Tecnología de Sistemas Energéticos (IEE, 2021) fue el encargado de elaborar dos estudios de prefactibilidad en la zona elegida para determinar si allí se daban las condiciones climáticas y naturales indispensables para la implementación de este proyecto.

Entre las conclusiones que arrojan dichos estudios, se destaca que La provincia está bien situada para convertirse en pionera de la "economía verde del hidrógeno" en Argentina y Sudamérica, al posicionarse en una fase temprana de la innovación tecnológica y de la implantación en el mercado de la producción y utilización del hidrógeno. Asimismo, plantea que existen a largo plazo, grandes oportunidades para la exportación de hidrógeno, por ejemplo, en forma líquida. Debido a sus condiciones naturales únicas y a su ubicación, dichos estudios concluyen que la Patagonia argentina es probablemente la región del mundo donde se puede alcanzar la mayor escala de producción de hidrógeno verde.

De esta manera, la Patagonia, de a poco, se va posicionando en nuestro país y en el mundo, como una región a la vanguardia cuando, de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, se trata. Tal es así que empresas del exterior, dedicadas a las energías renovables, han suscripto acuerdos con Río Negro para proyectar la implementación de inversiones que promuevan el camino hacia la transición energética.

Pero ello no termina allí. El gobierno provincial tiene, entre sus políticas rectoras, no solo aquella vinculada a la reducción de los efectos del cambio climático sino también la de transversalizar la perspectiva de género al interior de la Administración Pública Provincial, a partir de la creación del Comité para el Abordaje Integral de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, mediante el Decreto N° 1026 (2020); en adelante, el Comité.

En este sentido, el abordaje en conjunto de ambos ejes temáticos (género y cambio climático) resulta una de las prioridades más destacadas en la agenda de este gobierno, velando desde sus inicios por una mayor igualdad de género en las políticas que se implementen.

Así es como, el Plan Estratégico mencionado demandó el trabajo de funcionarios y funcionarias que se incorporaron a espacios de toma de decisión en materia de esta política y otras de corte ambiental derivadas en consecuencia. Más mujeres comenzaron a tener un rol predominante, por ejemplo, a partir de la creación de un Consejo Asesor destinado a colaborar con la implementación del Plan. Igualmente, se convocó a mujeres representantes del gobierno para integrar el Instituto de Hidrógeno Verde, recientemente creado bajo la órbita de la Universidad Nacional de Río Negro.

En igual sentido, en el marco de dicho Plan, comenzaron a dictarse diversas capacitaciones articuladas a través del Ministerio de Trabajo provincial en distintos oficios que serán requeridos en la zona donde se instalará el proyecto de hidrógeno verde (Punta Colorada, a 30 km. de la localidad de Sierra Grande). Ello, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la provincia, a partir de la demanda de trabajos directos e indirectos que necesitará el proyecto. Se centra en asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales, a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad. Entre ellos, cabe destacar el curso de albañilería y hormigón, mozos y camareras de salón, electricidad y soldadura.

Cabe mencionar que esta convocatoria para la formación en oficios tuvo una creciente participación de mujeres, lo que era una pretensión del gobierno, teniendo en cuenta que se trata de espacios de trabajo mayormente ocupados por varones.

Por otra parte, el Comité de Género se encuentra trabajando en la elaboración de un documento que contenga lineamientos para la incorporación de perspectiva de género en las contrataciones públicas (en particular, en los llamados a licitación pública, licitación privada, concursos públicos y privados, y contrataciones directas que se deriven de aquel proyecto).

Para finalizar, podemos destacar los esfuerzos que se vienen realizando a nivel provincial a fin de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, como también combatir las desigualdades de género en el ámbito energético y en todas las áreas que están estrechamente ligadas a este proyecto, siendo que se trata de espacios de trabajo desde siempre entendidos como pertenecientes al mundo de “lo masculino”.

Por lo tanto, el eje de temáticas prioritarias del actual gobierno de la provincia se encaminaría a la transición hacia una economía verde, justa, inclusiva, con pretensiones de cumplir las expectativas “género responsivas” exigidas por los acuerdos celebrados y la normativa internacional referidas al cambio climático. “Es urgente atender sus efectos y formular estrategias de adaptación y mitigación acordes con las realidades regionales” (Euroclima, 2020).

CONCLUSIONES

Tal como fuera reseñado en la presente contribución, el clima ha sido y es un condicionante de suma importancia a las potencialidades de desarrollo de la provincia de Río Negro inserta en la región Norpatagónica. Sobre esa base deben diseñarse las políticas públicas a llevar adelante, privilegiando aquellas ambientalmente sustentables y socialmente inclusivas.

La gobernanza sostiene, entre sus principales características, un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado. Con la incorporación de la variable ambiental y particularmente la climática, en el marco de las decisiones políticas respecto del ordenamiento territorial, los bienes naturales y la adaptación al cambio climático, la noción de gobernanza ambiental y gobernanza climática para la región estudiada adquiere relevancia por sus principios de integración, interdisciplinariedad y conectividad entre espacios y territorios para alcanzar un desarrollo en armonía con la naturaleza.

En este punto, resulta fundamental la incorporación de la perspectiva de género en las políticas ambientales destinadas a la mitigación de los efectos del cambio climático, dado que no existen dudas acerca de los impactos diferenciados que estas políticas tienen principalmente respecto de mujeres y niñas, teniendo en cuenta la falta de inclusión que atraviesan por razón de su género, en los distintos ámbitos vinculados a la temática ambiental. También, que los Estados (nacionales, provinciales o municipales) cumplan con los compromisos asumidos mediante acuerdos internacionales y regionales; el trabajo articulado e intersectorial en el diseño e implementación de políticas públicas sostenibles. Y todo ello, teniendo en cuenta que la ausencia de un trabajo donde ambos ejes prioritarios (género y cambio climático) no puedan ser abordados de manera conjunta, lo que produce es la profundización de las desigualdades de género en un mundo que necesita la presencia de medidas concretas, porque cada día que pasa, cuenta.

En definitiva, la acción por el clima debe estar orientada, indefectiblemente, a combatir las desigualdades existentes o superarlas en un camino que tienda a una mayor igualdad de oportunidades. Es por eso que una política ambiental como el Plan Estratégico de Hidrógeno Verde en Río Negro constituye una clara muestra del abordaje de dos ejes temáticos transversales a partir del cual se intenta, a todas luces, promover el enfoque inclusivo y de protección de derechos.

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