La investigación científica argentina ha estado sostenida históricamente por dos pilares institucionales: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el conjunto de universidades nacionales de gestión pública. Es un sistema científico predominantemente público cuyo desarrollo ha estado caracterizado por periodos de expansión y de retracción, tal como mostraremos a lo largo de este trabajo. Los vaivenes y altibajos en el desarrollo de las actividades de investigación han reforzado un conjunto de asimetrías institucionales de las capacidades de investigación tanto entre el CONICET y las universidades, recreando una división histórica entre investigación y docencia, como al interior de ambos sistemas donde existen fuertes desigualdades entre regiones, institutos y disciplinas. En trabajos previos hemos demostrado que el campo científico argentino es estructuralmente heterogéneo (Bekerman, 2018a).

Para comprender esa complejidad es necesario realizar estudios empíricos con una lógica desde abajo hacia arriba, tipo bottom-up, para conocer la diversidad y construir perfiles institucionales que den cuenta de ella. Precisamente, los resultados que presentamos en este trabajo fueron parte de un estudio colectivo, desarrollado en el CECIC, orientado a conocer en profundidad los modelos institucionales en tres universidades argentinas: de Cuyo (UNCUYO), de San Juan (UNSJ) y de San Martín (UNSAM). Con ese objetivo, indagamos el desarrollo histórico de las tres instituciones: sus capacidades académicas, de investigación, de vinculación y de edición a partir de un relevamiento empírico que incluyó entrevistas, observaciones, revisión de documentación institucional y el diseño y aplicación de una encuesta al conjunto del cuerpo docente.

Aquí presentamos algunos resultados de esa pesquisa y proponemos un análisis comparativo sobre las capacidades de investigación en los tres casos estudiados, buscando identificar tendencias y perfiles institucionales; siempre desde una mirada comparativa con las tendencias nacionales. Nos preguntamos, ¿cuál es el modelo de promoción de la investigación?, ¿cuáles son las políticas y recursos disponibles en esas universidades para el desarrollo de la investigación?, ¿con qué estructura cuentan para estas actividades?, ¿cuáles son los vínculos que mantienen con el CONICET, principal organismo que financia la carrera científica?, entre otras cuestiones.

La primera parte del trabajo propone una breve reconstrucción histórica del surgimiento de la función de investigación en las universidades argentinas, así como las particularidades de los modelos resultantes de ese desarrollo en cada una de las tres universidades estudiadas. La segunda, está centrada en un análisis comparativo de los espacios y recursos humanos disponibles para las actividades de investigación en los tres casos en relación con el conjunto de universidades nacionales. Los datos utilizados corresponden a tres bases de datos: a) relevamiento primario que realizamos en 2021 sobre los espacios de investigación en el conjunto de las universidades nacionales del país; b) sistematización de una matriz de información al 2020 sobre los y las investigadores/as pertenecientes al CONICET y c) una base de datos de profesores categorizados en el Programa de incentivos a los docentes-investigadores (PROINCE) a nivel nacional sobre la última convocatoria finalizada en 2019. Finalmente, diferenciamos perfiles institucionales de investigación en los tres casos de estudio que reflejan la heterogeneidad del sistema universitario nacional.

Desde la creación de la primera universidad occidental, la Universidad de Bolonia en 1088, el origen de todas las universidades estuvo vinculado casi con exclusividad a la función de enseñanza (Echeverry e Isoglio 2021) y hasta mediados del Siglo XIX el impulso a la ciencia se desarrolló en el marco de las academias.

En América Latina el itinerario fue similar dado que desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XIX las universidades estuvieron orientadas a la transmisión más que a la producción de conocimientos y se caracterizaron por una marcada orientación profesionalisa (Echeverry e Isoglio 2021; Gordon 2013; Vasen 2012; Prego 2010; Buchbinder 2005; Escotet et al. 2010). Fue recién a mediados del siglo XX cuando las actividades de investigación de varias universidades de la región comenzaron a ser parte de proyectos de modernización institucional, expandiendo tales actividades y legitimando la investigación como opción profesional. Sin embargo, estas acciones innovadoras no se produjeron de un modo homogéneo entre las universidades latinoamericanas y tampoco al interior de cada una de ellas. Por el contrario, se desarrolló una gran heterogeneidad y asimetrías en las capacidades institucionales de investigación (Albornoz y Estébanez 2002).

En Argentina, la Universidad Nacional de La Plata fue pionera en la adopción del modelo de universidad humboldtiano a partir de su reorganización en 1905. Sin embargo, no hubo cambios generalizados en otras instituciones ni siquiera como resultado de las profundas transformaciones pedagógicas y políticas que implicó la Reforma Universitaria de 1918. Paralelamente, en los espacios extrauniversitarios, el desarrollo de la investigación tuvo dos pilares: uno, apoyado directamente por el Estado nacional con una expansión significativa a partir de la década del treinta que se cristalizó en Museos de Ciencias Naturales y Observatorios y, más tarde, en laboratorios técnicos de reparticiones y empresas públicas; y, otro, de aparición más tardía y menor, constituido por investigadores particulares y empresas privadas, que se desarrolló en los años 40, arraigándose sobre todo en las ciencias sociales (Bekerman, 2016).

El golpe militar de 1955 inició una reorganización institucional de las actividades de ciencia y tecnología en el país. Las universidades nacionales comenzaron un periodo denominado modernización académica (1955-1966) vinculado principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, pero que forjó las bases materiales e institucionales para la profesionalización de la investigación como actividad especializada. En ese sentido, las medidas más importantes fueron: dedicaciones exclusivas de los profesores/as a la docencia y la investigación, propuesta de crear departamentos como estructura organizativa (que suponía unidad epistemológica entre investigación y docencia), creación de la extensión universitaria y de editoriales universitarias, entre otras iniciativas. Todo esto significó un cambio en la concepción de la investigación científica que pasó de ser una vocación a una profesión (Prego y Vallejos 2010).

Este impulso fue acompañado en el espacio extrauniversitario entre los años 1950 y 1960, cuando se establecieron la mayoría de las instituciones destinadas a diseñar y ejecutar el desarrollo científico y tecnológico del país. Entre ellas el CONICET, creado en 1958, que representó el primer organismo dedicado exclusivamente a la investigación con presupuesto propio (Bekerman, 2018b).

A mediados de la década del 60, el golpe militar de Onganía provocó violentos incidentes en algunas facultades que eran consideradas como centros de infiltración revolucionaria (Buchbinder 2005), cerrando la “etapa dorada” e inaugurando un periodo de supresión de la autonomía, estancamiento y reducción de la matrícula, así como el éxodo de grupos de científicos consolidados. Además, el gobierno militar buscó descomprimir la concentración de grandes masas descentralizando el sistema universitario con la creación de 13 nuevas universidades nacionales; sin embargo, no logró frenar la politización de la vida académica que, junto con el descontento social, estudiantil y obrero, derivaron en una escalada de violencia que culminó con la destitución de Onganía en 1970 (Pérez 1985; Chiroleu et al. 2012).

Hacia 1973 asumió un nuevo gobierno democrático que promulgó la ley universitaria orgánica y de normalización Nº 20.654; sin embargo, en 1974, con la muerte del presidente Perón, se instauró una etapa autoritaria y ultraconservadora en la universidad pública que se profundizará con un nuevo golpe cívico-militar producido en 1976. Ese año, el gobierno de facto intervino las universidades nacionales dejándolas bajo control del poder ejecutivo y designando delegados militares en cada una de ellas. Durante todo el periodo sufrieron una política restrictiva, la disminución y ahogo presupuestario, un estricto control ideológico, la desarticulación de grupos enteros de investigación, la imposición del examen de ingreso, un sistema de cupos por carrera y el arancelamiento de los servicios educativos. En el presupuesto nacional destinado a ciencia y técnica hubo una transferencia de recursos desde las universidades hacia el CONICET generando el vaciamiento de los institutos de investigación universitarios y una profunda escisión entre investigación y docencia. (Bekerman, 2018b).

Durante el gobierno democrático iniciado a fines de 1983 los recursos para ciencia y tecnología permanecieron congelados y el foco estuvo puesto en la normalización de la gestión y la democratización de las instituciones. En las universidades nacionales se restablecieron los estatutos vigentes en 1966 (previo al Golpe de Estado de Onganía) a través de la promulgación de una nueva ley universitaria, la creación del Consejo Interuniversitario Nacional como nueva instancia para la coordinación del sistema universitario, la restauración de la forma colegiada de gobierno y la reincorporación de profesores/as expulsados/as por motivos políticos. Sin embargo, el nuevo gobierno, iniciado en 1989, tomó medidas en sentido contrario fortaleciendo nuevamente los centros e institutos propios del CONICET y alejándolo de las universidades (Roca y Versino 2009; Vasen 2012; Gordon 2013; Albornoz y Gordon 2011).

En 1993 fue creada la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que adquirió un importante protagonismo, sobre todo, a partir de la creación del Programa de incentivos a los docentes investigadores ³ (PROINCE) cuyo objetivo era aumentar la investigación en las universidades públicas por medio de la asignación de un plus salarial y una categoría de investigación a los docentes que realizaran investigaciones, previo proceso de evaluación curricular. Este programa fue asumido como un aumento salarial encubierto en un contexto de reducción presupuestaria y contribuyó a profundizar un fuerte vínculo entre la evaluación y el financiamiento, característico de las reformas del sistema de educación superior iniciadas en la década del noventa (Chiroleu et. al. 2012, Gordon 2013). Durante el mismo periodo se sancionó la Ley de Educación Superior que favoreció la diferenciación institucional, el mercado académico diferenciado y habilitó a las universidades a cobrar aranceles; el Programa de Reforma de la Educación Superior que fortaleció el rol de evaluador del Estado frente a las universidades a través de la creación del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad que asignaba recursos para la mejora de la docencia por mecanismos competitivos; y, la Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Desde principios de los dos mil, comenzó una reestructuración del espacio científico-universitario caracterizada por la expansión, el crecimiento presupuestario y los intentos por reestablecer los vínculos entre el CONICET y las universidades. El área de ciencia y tecnología pasó a ocupar un lugar destacado, reflejado en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007, la multiplicación de institutos de investigación, becas de doctorado y puestos full-time; la creación de 22 nuevas universidades públicas y nuevos centros regionales en el CONICET.

Con el cambio de signo político en el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), el sistema científico sufrió las consecuencias de las políticas de ajuste y pérdida salarial del sector estatal. La proporción del presupuesto general destinada al sector de ciencia y tecnología disminuyó de manera sistemática. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández (2020-2023) ese presupuesto aumentó en términos absolutos y como proporción del PBI (Aristimuño 2023).

Tal como hemos mostrado hasta aquí, la promoción, financiamiento y ejecución de las actividades de investigación en las universidades involucra diferentes aspectos y su génesis y desarrollo ha tenido avances y retrocesos. En términos generales, las universidades nacionales han mantenido un “modelo estándar” de promoción de la investigación que consiste en magros subsidios para proyectos de investigación, la asignación de becas de grado y posgrado con montos significativamente inferiores a los que otorgan los organismos nacionales de ciencia y tecnología (a excepción de algunas de las universidades más importantes) y el Programa de Incentivos, cuyo plus por investigación no garantiza las condiciones materiales para la realización de las actividades de investigación (Vasen 2013).

Entre los motivos que condicionaron las posibilidades de expansión sostenida de la investigación científica en las universidades podemos destacar dos factores histórico-estructurales. En primer lugar, la existencia desde 1958 de una agencia pública con una carrera de investigación separada de las universidades, el CONICET, que tuvo etapas de fuerte expansión afectando directamente los recursos asignados a las universidades para la función de investigación. Como mencionamos previamente, durante la última dictadura militar (1976-1983) se transfirieron recursos financieros desde las universidades hacia el CONICET, expandiendo el segundo a expensas de las primeras y produciendo una profundización de la brecha y escisión entre investigación y docencia, cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días. En segundo lugar, la arraigada tradición de autonomía universitaria que también atravesó distintas etapas en Argentina y tuvo, en los años noventa, una particular configuración. Esta dinámica ha complejizado la relación entre lo que se denomina sistema universitario y sistema científico-tecnológico, y al interior de cada uno de estos, produciendo múltiples reglamentaciones, clasificaciones, escalafones y otros mecanismos que dificultan los vasos comunicantes entre las distintas instituciones.(Beigel y Bekerman 2019)

La escisión estructural entre investigación y docencia ha dejado a la mayoría de las universidades alejadas de la función de investigación. En términos generales, según las últimas estadísticas universitarias disponibles sobre un total de 142.464 docentes universitarios sólo el 12,6% ha realizado una formación doctoral y sobre un total de 208.476 cargos docentes sólo el 10,5% corresponde a una dedicación exclusiva, entre cuyas exigencias se encuentran las actividades de investigación (SPU 2022). Sin embargo y a pesar de la deuda que las universidades aún tienen con la investigación, al interior del sistema universitario encontramos una profunda heterogeneidad y diversidad y, precisamente, nuestro estudio estuvo orientado a la búsqueda de esas particularidades y complejidades que conforman la estructura del conjunto.

La UNCUYO, fundada en 1939, está organizada bajo el modelo tradicional de facultades que funcionan como unidades académicas. Las actividades de investigación dependen de la Secretaría de Internacionalización, Investigación y Posgrado (SIIP) bajo la órbita del Rectorado ( Figura 1 ). Bajo su ámbito se encuentran los programas y el financiamiento de proyectos, becas, movilidad y posgrado. Simultáneamente la mayor parte de las unidades académicas cuenta con su propia Secretaría de Investigación (CONEAU 2012).

Figura 1 Figura 1 Organigrama UNCUYO Figura 1 Organigrama UNCUYO Ordenanza N°52/2018 UNCUYO

El presupuesto destinado para investigación proviene principalmente de la función Ciencia y Técnica del Tesoro Nacional y algunos adicionales pueden ser asignados por el Consejo Superior. Si bien el conjunto del presupuesto en la UNCUYO ha crecido significativamente, la participación específica porcentual de esta función en el total se ha mantenido estable. Una porción adicional de fondos proviene de los recursos propios de las unidades académicas, administrados generalmente a través de cooperadoras, y de la financiación de la que se hacen los grupos de investigación vía agencias nacionales o provinciales, y excepcionalmente internacionales.

La SIIP mantiene la principal convocatoria para financiar proyectos de investigación desde 2002. Diferenciados en cuatro tipos de proyectos con distinciones en la orientación de las investigaciones, el tipo de instituciones con las que se asocia la universidad y la periodicidad de los llamados. Los tipos I y II se convocan de manera bienal a todas las áreas del conocimiento, y se distinguen por los requisitos en cuanto a la conformación de los equipos y algunas exigencias sobre el perfil de directores/as. Los tipos III y IV se focalizan en la solución de problemáticas que demande la comunidad para el desarrollo sustentable de la región (Ord. No 25/2016), en el primer caso en asociación con instituciones públicas y privadas de cualquier pertenencia territorial. Mientras que en el Tipo IV la asociación es con instituciones sociales o microempresas sin fines de lucro, las que contribuyen con infraestructura y recursos humanos.

Paralelamente, existen diversas convocatorias y programas de financiamiento para la formación de personas. El principal instrumento son las Becas SECTYP, incompatibles con cualquier otra beca de investigación, como así también con cualquier otro financiamiento de la universidad o externo que se otorgue con el mismo objetivo. Los destinatarios del programa se clasifican según el grado de formación: estudiantes avanzados de grado, graduados de la universidad y estudiantes de especializaciones, maestrías o doctorados que participen en Proyectos de Investigación o Programas I+D+I financiados por la SIIP o por otras instituciones de índole científica, tecnológica y/o artística.

La UNSJ fue creada en 1973 como un desprendimiento de la UNCUYO. Su conformación inicial estaba integrada por la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario.

Las actividades de investigación se despliegan en la Secretaría de Ciencia y Técnica en el ámbito del Rectorado ( Figura 2 ). De la secretaría depende el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y de Creación Artística (CICITCA) integrado por los cinco secretarios de investigación de las Facultades y presidido por el mismo secretario, con la finalidad de organizar la función de investigación de acuerdo con la política científica predefinida y regular los diferentes instrumentos para su cumplimiento. Está a cargo de otorgar subsidios internos a grupos de trabajo; la administración del programa de becas de investigación; la gestión de las categorizaciones de los docentes integrados al PROINCE; y de subsidios externos destinados a la promoción de las actividades de CyT. Por su parte, las secretarías de investigación de cada Facultad se encargan principalmente de identificar demandas y necesidades del medio en vistas a potenciar el alcance de la investigación, a la vez que entienden en los procesos de ejecución y evaluación de los proyectos y becas de investigación.

Figura 2 Figura 2 Organigrama UNSJ Función investigación Figura 2 Organigrama UNSJ Función investigación CECIC, 2021.

De igual manera que la UNCUYO, la UNSJ obtiene el mayor financiamiento destinado a actividades de investigación de la función CyT del presupuesto nacional. Recientemente ha sufrido una modificación en su distribución por rubros: en 2012 había una relativa paridad entre becas y proyectos y progresivamente fue corriéndose a favor del fortalecimiento del sistema de becas de investigación. Además, la universidad accede a un financiamiento externo a través de subsidios obtenidos por equipos de investigación de otras instituciones nacionales, provinciales o extranjeras. El grueso de los ingresos de este rubro, con algo más del 50%, corresponde a la Facultad de Ingeniería, seguida por la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (24%), de Humanidades y Artes (12%), de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (9%) y de Ciencias Sociales (4%).

La convocatoria de “proyectos CICITCA” con financiamiento propio representa el principal instrumento de política científica de la universidad. Los montos asignados se distribuyen en forma más o menos igualitaria a una determinada cantidad de proyectos y líneas de investigación definidas en conjunto con las Unidades Académicas. De manera que, en función a la cantidad de proyectos aprobados, los montos por proyecto pueden resultar exiguos.

En cuanto al financiamiento para trayectorias académicas la universidad estimula la formación de recursos humanos a través de un sistema de becas de investigación iniciado en 1978, que incluyen becas internas o externas en la propia UNSJ o en otros centros o instituciones del país o del exterior.

La UNSAM fue creada en 1992 como parte de un proceso de expansión de universidades en el conurbano bonaerense que se dio entre 1989 y 1998 (Accinelli y Macri 2015). Esas nuevas instituciones asumieron configuraciones institucionales híbridas o alternativas, que combinaban el modelo anglosajón de corte norteamericano con las racionalidades de los modelos preexistentes. A diferencia de este conjunto de universidades, la UNSAM junto con la Universidad Nacional de Lanús constituyen las únicas dos instituciones que especificaron entre sus objetivos la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.

La estructura organizativa refleja una fuerte jerarquización de las actividades de investigación, que dependen de la Secretaría de Investigación, Innovación y Transferencia (SIIT) bajo el vicerrectorado siendo la única área de la cual se ocupa esta oficina ( Figura 3 ). La SIIT está dividida en dos gerencias que se ocupan por una parte de la investigación y por otra de la innovación y transferencia tecnológica.

Figura 3 Figura 3 Organigrama UNSAM Figura 3 Organigrama UNSAM UNSAM, 2018

A diferencia de las otras dos universidades, los recursos para investigación se cubren principalmente con aportes de organismos externos, entre ellos los salarios de investigadores del CONICET que cobran por diferencia o el sueldo completo por parte de ese organismo; los becarios financiados por los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) o CONICET; los subsidios nacionales provenientes de los PICT, Proyectos de Investigación Plurianuales de CONICET; y los subsidios internacionales. Además, esta universidad capitaliza el uso de equipamiento de institutos que forman parte del Polo Tecnológico Constituyente ⁴ . Por su parte, los fondos propios de la UNSAM destinados a las actividades de investigación son escasos y enfocados exclusivamente en el financiamiento de proyectos cuyos abordajes son interdisciplinarios, a través de dos convocatorias dirigidas: “Diálogo entre las Ciencias” para financiar proyectos que involucran las ciencias exactas, naturales y de la ingeniería y las ciencias sociales y las humanidades; y “UNSAM25” (luego UNSAM Investiga).

En el caso de las becas de posgrado cerca del 80% son financiadas exclusivamente por el CONICET mientras que la UNSAM invierte alrededor del 10% de las becas y un porcentaje menor corresponde a becas cofinanciadas entre ambas instituciones. Lo cual indicaría una baja o escasa apuesta por parte de la propia institución en este tipo de financiación.

El concepto capacidades de investigación supone e involucra el cuerpo de personas, el conjunto de acciones institucionales, la infraestructura, el financiamiento y los espacios de trabajo que contribuyen al desarrollo de la investigación científica en sus diversas modalidades y enfoques disciplinares. Esas capacidades varían notablemente entre las distintas instituciones universitarias, donde la autonomía ha jugado un rol central en la definición de los objetivos y herramientas que cada institución construye para estimular la investigación científica. Las universidades disponen de una multiplicidad de estructuras organizativas (institutos, centros, laboratorios, grupos, áreas, unidades) y cada universidad define con criterios propios la normativa, el financiamiento y el volumen/alcance de estos espacios.

Para acercarnos al análisis de las capacidades de investigación en las tres universidades seleccionadas y comparar esos perfiles con las tendencias nacionales, hemos recurrido a tres bases de datos. La primera, construida con datos primarios sobre los espacios de investigación disponibles en las universidades nacionales; la segunda, sobre los investigadores/as del CONICET que tienen vínculos con las universidades y, la tercera, sobre los docentes que están categorizados en el Programa de Incentivos a los docentes-investigadores (actualmente PRINUAR).

La investigación científica no constituyó una de las misiones fundantes en la mayoría de las universidades argentinas. Por el contrario, fue incorporándose de manera tardía y diferenciada a lo largo de un proceso profundamente vinculado con los vaivenes de las políticas universitarias nacionales y los modelos institucionales donde cumplió un rol esencial la autonomía universitaria, permitiendo que cada institución decida sobre este aspecto de un modo particular.

Como consecuencia el sistema universitario argentino se fue constituyendo bajo fuertes asimetrías de todo tipo: institucionales, regionales y disciplinares. Además, el vínculo entre investigación y docencia fue evidenciando tensiones, distancias, acercamientos; en definitiva, se fue estableciendo una relación compleja entre ambas funciones sobre todo teniendo en cuenta la existencia de un organismo científico dedicado exclusivamente a la investigación como es el CONICET.

Para conocer la diversidad institucional del sistema universitario es necesario abordar estudios situados que releven las múltiples estructuras y direcciones, circuitos, vínculos en los procesos de producción y circulación del conocimiento científico a partir de datos primarios. No es posible llegar a una generalización que tienda a homogeneizar los perfiles borrando las particularidades que le otorgan al conjunto una característica estructural: la heterogeneidad. Este fue el objetivo de los tres estudios desarrollados en el CECIC y si bien en este trabajo hemos mostrado parcialmente algunos resultados nos permitieron conocer los modelos de estímulo a la investigación de estas tres universidades y ponerlos en relación con las tendencias nacionales.

En términos generales, hemos observado que la UNSAM realiza una fuerte apuesta al desarrollo de las actividades de investigación recurriendo a herramientas de financiamiento externo y la cooptación de recursos humanos formados; la UNSJ muestra una profunda concentración de las actividades de investigación en una de las unidades académicas más antiguas y prestigiosas como es la Facultad de Ingeniería; y, la UNCUYO está mayormente comprometida con otras actividades como la extensión mientras la investigación sigue su curso de un modo más o menos estable. La breve descripción acerca de la gestión, el financiamiento y las herramientas de promoción de la investigación en estas tres universidades nos permiten delinear las siguientes tendencias institucionales diferenciadas:

• Comparativamente la UNCUYO es la institución que mayor cantidad de espacios de investigación posee en relación con las otras dos casas de estudios. Aunque esto no indique estrictamente mayores capacidades de investigación.

• Tanto a nivel nacional como en la UNCUYO y UNSJ predominan los espacios de investigación bajo el formato de Institutos; mientras que en la UNSAM la mayoría son Centros cuya particularidad es que su creación responde a problemas multidisciplinares.

• Para la mayoría de las universidades -incluyendo las tres bajo estudio- encontramos preponderancia de espacios de investigación de dependencia exclusiva de las universidades. El vínculo institucional con el CONICET es mayor en el caso de la UNSJ en relación con las otras dos, aunque con una proporción inferior a la tendencia nacional. Se destaca la UNSAM por su relación con organismos científicos como CNEA, INTA, INTI, etc.

• En la mayoría de las universidades los espacios de investigación desarrollan principalmente las ciencias sociales. Sobresale la UNSAM donde el 54% de sus espacios de investigación corresponden a estas áreas. La UNSJ constituye una excepción porque predominan las ingenierías y tecnologías y además las ciencias sociales se ubican en el último lugar.

• En relación con los investigadores/as del CONICET que tienen un cargo docente y lugar de trabajo en una universidad, a nivel nacional observamos una profunda concentración en las tres universidades más grandes y antiguas del país: Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Entre los tres casos estudiados la UNSAM es la que mayor proporción de investigadores concentra y en la categoría Adjunto que habilita y exige la formación de recursos humanos y la dirección de proyectos de investigación; a pesar de ser la institución más reciente. Le sigue la UNCUYO con una distribución piramidal: una base ancha de categorías iniciales y un achicamiento a medida que aumenta la jerarquía. Finalmente, la UNSJ tiene más del 40% de investigadores en la categoría inicial, Asistentes, lo cual indica el reciente proceso de incorporación a la institución de docentes que son investigadores del CONICET (a excepción de la facultad de Ingeniería).

• Los docentes categorizados en el PROINCE representan una proporción más elevada en la UNCUYO comparada con las otras dos, seguida de la UNSJ donde predomina la categoría intermedia y finalmente la UNSAM que -al contrario de la tendencia con los investigadores de CONICET- es la que tiene menor cantidad de docentes categorizados en el PROINCE pero de mayor categoría, lo cual indica nuevamente que en esta universidad predominan los docentes formados en la investigación.

Nuestro trabajo buscaba dar cuenta de la multiplicidad de modalidades a través de las cuales las universidades argentinas producen conocimiento científico, así como las estrategias y herramientas que ponen en funcionamiento para lograrlo. La intención de fondo es mover el foco de atención desde el “impacto” medido por medio de rankings e indicadores bibliométricos tradicionales hacia el análisis del universo de formas de producción incluyendo distintos tipos de conocimiento, diferentes vínculos con el medio local, variados perfiles docentes y de investigadores/as, diversas relaciones históricas con otros organismos científicos, etc. Sólo a partir de esta multiespacialidad, multidiversidad y heterogeneidad podremos conocer, evaluar y poner en valor la diversidad de modelos o perfiles institucionales existente en el conjunto de universidades nacionales del país.