En la región latinoamericana la urbanización y planificación del territorio en manos de grandes inmobiliarias ha configurado escenarios, especialmente en las periferias de las metrópolis, donde las infraestructuras hídricas necesarias para la provisión de los servicios urbanos de agua y saneamiento se han extendido parcialmente. Cruz-Muñoz (2021) destaca que la mayoría de los países latinoamericanos modificó sus políticas de desarrollo urbano en lo que concierne al acceso a la vivienda en el marco de la implementación de políticas neoliberales. En dichas políticas las empresas inmobiliarias han definido y aún definen las normas de ordenamiento y de la propia expansión de las metrópolis en el marco del libre mercado (Perahia, 2009). Así en la periferia de las metrópolis, como en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), la expansión de los servicios urbanos de agua potable y saneamiento ha sido subóptima en relación con el crecimiento de la demanda.

Por su parte, la RMBA ocupa un territorio aproximado de 13.267 km2, alberga a más del 35% de la población del país y recorre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 39 partidos de la provincia (fuente: INDEC,2024). ² Esta situación ha dado lugar a que en la RMBA cohabitan hogares que resuelven las necesidades básicas de acceso al agua con conexión al servicio público de redes. A su vez, existen otras que tienen que resolverlo mediante modalidades individuales y/o colectivas menos seguras y costosas como son las perforaciones domésticas, el acarreo de agua de canillas comunitarias y la compra de agua embotellada. A su vez, también se observa, especialmente en barrios populares que el acceso al agua de red puede provenir de conexiones informales y cañerías precarias. Esto es parte de la fragmentación urbana, aspecto estructural de las ciudades en la RMBA, que se expresa de forma “dramática” en el acceso al agua, especialmente en los barrios populares (Piccolo y Forcinito, 2024). A su vez, esta situación se agrava por la falta de tendido de redes cloacales y los reducidos niveles de tratamiento de los efluentes domésticos e industriales.

Cabe destacar que en Argentina la provisión de agua conformó una arena de intervención estatal en lo que concierne a la planificación, financiamiento, provisión y control del servicio desde fines del Siglo XIX. Una empresa emblemática del sector fue Obras Sanitarias de la Nación (OSN) creada en 1912, con la sanción de la Ley nacional Nº 8889 y la decisión del Estado nacional de sostener la provisión en las principales ciudades del país. A lo largo de su historia, el financiamiento del sector en el país exploró distintas modalidades como son la asignación de fondos específicos, la emisión de bonos, créditos externos y el aporte de los futuros usuarios.

Ya para inicios de la década del ochenta y tras un proceso profundo de desinversión, el Estado nacional impulsó la descentralización y transferencia del servicio de agua de la esfera de la histórica OSN hacia las provincias. El caso de la provincia de Buenos Aires que, previamente, había construido el servicio de agua en algunas áreas de su territorio, también avanzó en la misma política en los municipios.

La única área del país en la que no se descentralizó el servicio de agua en 1980 fue la actual CABA, al igual que en los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y General San Martín. Como consecuencia de diversos cambios institucionales, en la actualidad esta área incluye también a los partidos de Quilmes, Hurlingham, Ituzaingó, Escobar, Florencio Varela, Pilar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo y Presidente Perón.

Desde la descentralización y transferencia del servicio de agua la trayectoria institucional del sector, en coincidencia con lo que sucedió en la región latinoamericana, avanzó con la privatización de las empresas públicas prestadoras del servicio durante la última década del siglo XX y en los inicios del siglo XXI con la re-estatización (Tobías, Tagliavini y Orta (2017), Cáceres (2016) y (2024), Acuña et al (2018), Azpiazu y Castro (2013), Azpiazu et al (2005), entre otros).

Ciertamente el acceso al agua potable conforma un derecho humano básico y la población que se encuentra excluida del servicio tiene derecho a ser incluida porque es legalmente exigible. Dicho derecho fundamental no puede ser ignorado porque se encuentra reconocido por nuestra Constitución Nacional, en el Derecho Internacional y en el Código Civil y Comercial de la Nación (Minaverry & Martínez, 2016).

En Argentina, los hogares con acceso al agua por redes alcanzaban al 89% a nivel nacional y se redujo en el servicio de cloacas al 61,5% según el INDEC (2022), presentando una distribución desigual entre las provincias. Así se observa que la CABA contaba con una cobertura de 98,01% en agua y 98,79% en cloacas, Chubut con 96,22% y 81,17%, y Entre Ríos 91,06 % y 78,31% respectivamente; y entre las más postergadas se encontraban la provincia de Buenos Aires con 76,32% en agua y 59,37% en cloacas, Formosa 77,76% y 41,39%; Santiago del Estero con 79,17% y 26, 85% y Misiones con 79,67% y 25,36% respectivamente (INDEC, 2022).

Estas realidades fluctuantes han dado lugar a la coexistencia de un conjunto heterogéneo de prestadores y normativas del servicio de agua con distintas formas societarias como son las empresas con mayoría accionaria de capital público o privado, incluyendo a las cooperativas y a organismos locales.

Las políticas públicas en el sector de agua demandan esfuerzos considerables para mejorar las condiciones de accesibilidad y conexión efectiva de la población. Este esfuerzo resulta crítico cuando la provisión de agua queda ubicada en la órbita local, en tanto se trata de un sector que involucra complejas actividades en las distintas fases de extracción, tratamiento, distribución a los usuarios y recolección de los efluentes. Además, requieren de mucha inversión para la expansión, la operación y el mantenimiento de sistemas de infraestructura hídrica (Cáceres, 2024). En este marco general, el objetivo del presente trabajo es explorar las políticas de agua a nivel local en la Región Metropolitana de Buenos Aires, particularmente a partir de considerar la provisión de agua potable en el partido de Luján, en donde se configuró una responsabilidad del gobierno local desde inicios de la década del ochenta del siglo XX. A lo largo del trabajo se describe cómo ha sido la trayectoria institucional del servicio desde su génesis en la década del cuarenta del siglo XX, la gestión desde su transferencia y su actual regulación para pensar los desafíos que afronta a futuro.

La provisión de agua potable conforma un aspecto fundamental para la salud de la población y el desarrollo económico y social. Su provisión involucra un conjunto de infraestructuras hídricas que incluyen sistemas de captación de agua, potabilización, almacenamiento y distribución en el territorio. Dichas infraestructuras conforman parte del soporte colectivo que permite resolver necesidades indispensables de la población y de las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Se trata de un servicio urbano que, por sus condiciones intrínsecas, su prestación se efectúa mediante un monopolio natural y que por su esencialidad posee una demanda cautiva. Por lo que la regulación de la calidad del servicio, sus tarifas y las metas de universalización y mantenimiento resultan sumamente relevantes. Además, el sector tiende a enfrentar subinversión y esto afecta la calidad del servicio que se provee y genera problemas en la gestión, operación y mantenimiento (Cáceres, 2024).

Cabe señalar que Argentina posee un sistema de gobierno de carácter federal. El federalismo se organiza en, al menos, dos ámbitos de gobierno cada uno con una determinada distribución de atribuciones y funciones. Estos ámbitos refieren a una división territorial del poder y autoridad entre el nivel federal o subnacional y el central que lo torna complejo y conflictivo por las distintas atribuciones y funciones que corresponden a cada nivel (Cáceres, 2016). El federalismo está asociado a un entramado institucional y de relaciones complejo de articular en tanto reconoce múltiples unidades de gobierno que eligen a sus propios gobernantes.

En el país, las provincias preexisten a la Nación, estas pueden sancionar (y así lo han hecho) sus propias constituciones, respetando la forma representativa y republicana y conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al nivel nacional. Son 23 provincias más la CABA, que, si bien no es una provincia, posee un régimen de gobierno autónomo, un jefe de gobierno y legisladores. Así en el país coexisten la Nación, las provincias y los municipios. La Constitución Nacional en su artículo 123 reconoce la autonomía de los municipios y no existe reconocimiento jurídico a las áreas metropolitanas. En cada Constitución provincial se establece cómo se organiza el propio régimen municipal.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, su Constitución provincial establece los lineamientos del régimen municipal: composición, atribuciones, responsabilidades y limitaciones. Asimismo, la Ley Orgánica de las Municipalidades ordena el funcionamiento de los municipios (Decreto Ley N0 6.769/58 y sus modificatorias), en tanto estos cuentan con la posibilidad de recaudar tasas, derechos, contribuciones, retribución de servicios, entre otros.

Aunque Argentina asume un sistema de gobierno federal, su historia se encuentra atravesada por un proceso de centralización de las políticas que se incrementó desde los años treinta del siglo XX, contando con un mayor protagonismo del Estado nacional en la regulación de la actividad económica, la producción de bienes, servicios y en el empleo. Así pasó a asumir las funciones de brindar salud y la provisión del servicio de infraestructura mediante empresas públicas y seguridad, entre otras (Cáceres, 2024). Esta situación comenzó a revertirse recién hacia la década del sesenta del siglo XX cuando se observó un proceso de descentralización en el marco de reducción del gasto público nacional.

En la experiencia argentina la descentralización de funciones no estuvo acompañada por la del cobro de los principales tributos que siguieron siendo recaudados por la jurisdicción nacional. Todo lo anterior afectó el desempeño de los niveles subnacionales en la provisión de servicios y profundizó las desigualdades territoriales y los desequilibrios regionales en materia de la calidad de las prestaciones. Como destacan Cao et al (2023), especialmente, en los momentos de crisis los municipios han desarrollado un papel protagónico en lo que concierne a la cuestión social.

La provisión de agua potable conforma una arena descentralizada de política pública donde tienen lugar relaciones intergubernamentales entre los niveles de gobierno nacional, provincial y local. Estas relaciones atraviesan momentos de conflicto y/o competencia, de colaboración y de indiferencia (Harrison y Fafard, 2000). La consideración de las relaciones intergubernamentales asume un “lugar clave” en la coordinación (Cao et al, 2023:13), para fomentar la integralidad de las acciones que son fundamentales en un servicio esencial para la sostenibilidad de la vida. No obstante, no se enfatiza en ellas en este trabajo exploratorio.

Sin embargo, se destaca una situación diferenciada en la provisión de agua en la RMBA porque en la CABA y en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires el servicio aún está centralizado a nivel nacional y gestionado por una empresa pública denominada Agua y Saneamiento Argentino (AYSA). ³ La creación de AYSA en 2006 tuvo lugar tras la fallida concesión al consorcio Aguas Argentinas S.A y su salida del servicio tras notorios incumplimientos contractuales. Esta situación se dio en un marco de re-centralización de las políticas públicas nacionales en el desarrollo.

En el resto de la RMBA la prestación se encuentra a cargo en 8 partidos de una prestataria dependiente del gobierno provincial denominada Aguas Bonaerenses (ABSA) ⁴ y en otros 5, de los propios municipios y por decisión de estos, de algunas cooperativas. ⁵ Sin embargo, de todas maneras se observa una deficiente cobertura de hogares con acceso a la red de agua potable, lo cual impacta negativamente en la salud de la población y en la gestión integral de los recursos hídricos.

El presente artículo recupera una investigación cualitativa que procura indagar de forma exploratoria en la política pública del servicio de agua a nivel local en la RMBA. Se ha aplicado un diseño de tipo bibliográfico- documental y descriptivo basado, por un lado, en la revisión y sistematización de fuentes secundarias, empleando el método de la hermenéutica jurídica. También se relevaron periódicos digitales locales, estudios científicos vinculados con la provisión del servicio de agua y de las fuentes subterráneas en el partido de Luján, tesis e informes de pasantías académicas presentadas por estudiantes de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Luján. Para la recopilación de las notas periodísticas se utilizaron las herramientas digitales a través de los criterios “servicio público de agua, Luján”, “Luján y agua potable” y “Luján y agua de red” en periódicos emblemáticos y con trayectoria en el partido: El Civismo y Tribuna del Pueblo.

Por otro lado, se realizaron entrevistas en profundidad a informantes claves que son funcionarios públicos municipales y que se encuentran vinculados con la implementación de políticas públicas y de normativa sobre protección ambiental y del servicio público del agua. Se ha adoptado la estrategia de la triangulación metodológica (Denzin, 2012) y se recurrió al método de caso de tipo instrumental (Stake, 2010), ya que el análisis del caso singular nos permitió comprender la relación entre las categorías de análisis en otras áreas. Se ha considerado la trayectoria institucional del servicio de agua potable y su situación desde la transferencia del servicio hasta la actualidad (2024).

La justificación del ámbito espacial se fundamenta en que Argentina posee un sistema de gobierno federal, que ha transitado un proceso de descentralización de un conjunto de arenas de políticas a los niveles subnacionales. Entre estas funciones se incluye la provisión de agua potable. En la RMBA, el municipio de Luján asumió la responsabilidad sobre este servicio y la ha sostenido en las últimas cuatro décadas, en tanto se trata de un servicio intensivo en inversión tendiente a sostener la calidad, continuidad y regularidad de la prestación. Además, el mismo gestiona agua, un recurso crítico que enfrenta problemas de contaminación y sobreexplotación en la RMBA.

El partido de Luján es uno de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires y se ubica al noroeste de la RMBA, precisamente a 67 km de la CABA. ⁶ De la RMBA, este partido tiene una superficie total de 777 km2 y se encuentra integrado por las localidades de Luján, cabecera que concentra al núcleo de la población ⁷ , Olivera, Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortínez, Open Door, Torres, y Carlos Keen. El partido limita con Pilar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez y General Las Heras, Mercedes y San Andrés de Giles. Según el último Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2022, la población total ascendía a los 110.111 personas y 39.254 hogares (INDEC, 2022).

La ciudad de Luján, se considera históricamente el principal centro religioso nacional, en tanto la Virgen de Luján es la patrona de Argentina en la religión católica. Aun cuando posee una intensa actividad productiva, comercial y educativa, con la presencia del campus de la Universidad Nacional de Luján, creada en 1972, ubicada a pocos kilómetros y vinculada con la dinámica de la CABA, la actividad turística se conforma como una de las actividades medulares. La ciudad de Luján conforma un centro cultural y turístico nacional e internacional que moviliza entre 4,5 y 6 millones de turistas al año (Lanson, 2011).

El partido de Luján forma parte de la Cuenca del Río Luján que junto con las cuencas del Reconquista y Matanza-Riachuelo son las tres más importantes de la RMBA. Se trata de un territorio con amplia biodiversidad, que se ha destinado a la producción agrícola-ganadera extensiva y de cría, con mayor intensificación de las actividades agrícolas durante los últimos años y de desarrollo de emprendimientos inmobiliarios que han afectado los humedales (Pintos, 2012). Existen numerosos trabajos sobre la Cuenca del Río Luján, una cuenca hidrográfica ubicada sobre una parte de la planicie de acumulación conocida como Pampasia, perteneciente a la Gran Cuenca del Plata, conformada por pisos geológicos que contienen los acuíferos subterráneos desde donde se extrae el agua de consumo en la zona (Mateucci, 2012). La cuenca que conforma el río se ubica en el noreste de la provincia de Buenos Aires, abarca una superficie de 3.760,07 km2 y recorre los partidos de Campana, Carmen de Areco, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre. Existen diversos trabajos que sitúan la atención en los potenciales conflictos por el uso del suelo en la cuenca (Buzai y Principi (2017)), los negocios inmobiliarios (Pintos (2012), las inundaciones (Molero et al (2022), aspectos normativos e institucionales (Sanmartino, (2024), Ferro y Minaverry (2019), entre otros. No obstante, el análisis de la política de provisión y gestión del servicio de agua conforma un área de vacancia relativa.

La historia del servicio de agua en el partido de Luján se encuentra atravesada por la trayectoria institucional que ha tenido este servicio en la RMBA y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Precisamente en buena parte de los partidos del interior bonaerense la construcción de las primeras obras sanitarias demandó la habilitación del Estado bonaerense mediante la firma de distintos convenios (Ministerio de Obras Públicas, 1923).

Así tuvo lugar un largo proceso con sumatoria de convenios que actuaron como la génesis del servicio en Luján. El primero se efectuó mediante la Ley provincial Nº 1944, ya en 1887, que fue sancionada a pedido de un organismo clave de la época, el Departamento de Ingenieros dependiente del Ministerio de Obras Públicas (Ministerio de Obras Públicas, 1914). Por entonces se consideraba que las transferencias de la provincia tendrían que financiar la construcción de las infraestructuras para comenzar a poner en marcha el servicio.

En la provincia de Buenos Aires la responsabilidad sobre la construcción del servicio estuvo centrada en la órbita de la Oficina de Obras Sanitarias que tenía bajo su responsabilidad la dirección, administración, explotación y conservación de las obras sanitarias y el ejercicio del poder de policía con el cobro de multas (Cáceres, 2016).

Aunque el gobierno provincial tenía responsabilidad sobre los servicios sus esfuerzos se concentraron en la ciudad capital, La Plata, donde el servicio fue inaugurado en 1885, lo que se sustentó en razones de higiene y salubridad pública (Castillo, 2011). Por su parte, la expansión de las obras sanitarias en los partidos del interior demandó varios años más. Generalmente para concretar el inicio de las mismas, la legislatura bonaerense avaló la expropiación de los terrenos, la enajenación en subastas públicas de bienes y la emisión de fondos públicos (bonos de salubridad) para el financiamiento de la construcción de las infraestructuras sanitarias (Cáceres, 2016).

Con el correr de los años, en 1913, la Oficina de Obras Sanitarias fue reemplazada por la Dirección General de Saneamiento y Obras Sanitarias, como organismo centralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y desde entonces tuvo distintos cambios institucionales (Ministerio de Obras Públicas, 1967). Uno de los condicionantes que enfrentó el sector, históricamente, ha sido la necesidad de ampliar el financiamiento de las obras, afectadas por distintas crisis económicas y cambios políticos e institucionales. Para 1924, la Ley provincial de Saneamiento Urbano N° 3833 acordó que se extendiera el servicio a los centros urbanos con una población superior a los 6.000 habitantes o en los casos que existiera riesgo sanitario. El financiamiento de las obras se proyectó con el aporte de los futuros usuarios y de la recaudación provincial. La sanción de la norma impulsó parcialmente la construcción de infraestructuras en municipios del interior, donde la provincia propuso que “una vez que las contribuciones percibidas hayan cubierto totalmente la emisión y demás gastos, las obras y sus accesorios serán entregados en propiedad a las Municipalidades, siendo por cuenta de ellas en adelante la administración, explotación y conservación” (artículo 8 Ley provincial N° 4026 que fue promulgada el 9 de noviembre de 1928 y a su vez derogada por la Ley provincial Nº 5137 el 23 de julio de 1947, modificando a su vez la Ley Nº 3833 sobre obras sanitarias en ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires.). Esto reconocía el carácter local de la prestación del servicio público de agua. Asimismo, se destaca que en esta última norma jurídica vigente se estableció la obligatoriedad de la incorporación de este servicio público de la siguiente manera: “Artículo 12: Declárase obligatorio el uso de los servicios de agua corriente y de cloacas para todo inmueble habilitado o habitable, comprendido dentro del radio a que se extienden las obras en cada una de las ciudades o pueblos, una vez que las mismas hayan sido libradas al servicio público. El importe de las tarifas que fije el Poder Ejecutivo para el pago de los servicios sanitarios correspondientes a fincas con frente a las cañerías, será abonado por los propietarios respectivos, desde el momento que esté vencido el plazo que fije la reglamentación para efectuar las conexiones a la red general, estén o no instaladas y concluidas las obras internas en las fincas respectivas.”

No obstante, la construcción del servicio en el partido de Luján adquirió promoción, recién, en la década del cuarenta del siglo XX, inicialmente, se planificó de forma complementaria la extensión de agua y cloacas, pero con el correr de las décadas, el servicio de cloacas tuvo mayor rezago. Luego de la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de las infraestructuras hacia fines de 1949, recién ahí comenzó la construcción de perforaciones de toma de agua, la torre elevadora y tanque de agua a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. El tanque de agua característico del partido fue construido por el ingeniero Horacio Tocacuwa y conforma una de las obras del sector más importantes. El primer tendido de red de agua se inauguró a mediados de la década del cincuenta y rápidamente mostró problemas de interrupciones crecientes, lo que afectaba directamente a los usuarios que al conectarse a la red de agua tenían que suprimir las bombas y pozos domésticos. Para fines de los años sesenta, como dan cuenta los archivos de los periódicos locales, la cobertura abastecía a un número acotado de hogares en relación con el total y se registraban poco más de 3500 viviendas conectadas al servicio en Luján (El Civismo, 2023).

Ya a fines de los años setenta comenzó la ampliación de la red de agua por fuera del radio céntrico, previo acuerdo entre el gobierno local y la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (Boletín oficial de la provincia de Buenos Aires,1979). lo que demandó el aporte económico de los frentistas. Por entonces, en un contexto de gobiernos de facto, y en sintonía con el denominado principio de subsidiaridad del Estado, el gobierno provincial impulsó un proceso de descentralización de distintas arenas de políticas públicas. En ese marco de transferencia de las responsabilidades sobre la planificación, regulación, control, fiscalización y prestación de los servicios de agua a un conjunto de municipios, se incluyó entre ellos al partido de Luján (así a otros como Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Berisso, Bragado, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento).

Así en 1979 mediante la sanción del Decreto-Ley provincial N° 9347, el gobierno dispuso que “en observancia de las disposiciones de la Constitución Provincial que asignan a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales, dispondrá la municipalización de aquellas funciones y servicios actualmente a su cargo que por su índole son propios de la competencia comunal, mediante las transferencias que correspondan” (artículo 1, Decreto-Ley provincial N° 9347).

Posteriormente, mediante el Decreto N° 1470/79 estableció la municipalización de las distintas funciones de la política del servicio de agua y la transferencia de la totalidad de los inmuebles, las instalaciones, obras, bienes muebles, y otras infraestructuras, así como los derechos, acciones, obligaciones y contratos; como el personal que se desempeñaba en la prestación de los servicios. Ya en 1982 mediante los decretos del Poder Ejecutivo Provincial Nº1189 y Nº 1252 se transfirieron los materiales, infraestructuras e instalaciones sanitarias al municipio de Luján. Por entonces y hasta la actualidad, el servicio se abastecía de agua subterránea mediante baterías de pozos, con infraestructuras no interconectadas con otros partidos.

En los barrios más alejados del centro de Luján, el servicio de agua se fue construyendo con intervención de otros actores sociales. ⁸

En las áreas rurales intervino un organismo público denominado Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR). El SPAR se creó en 1969 con personal de la Dirección de Obras Sanitarias como organismo descentralizado con capacidad de derecho público y privado en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social (Ley provincial N° 7533). Se constituyó luego de la organización del Servicio Nacional Agua Potable y Saneamiento Rural, para ejecutar el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural, promovido y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apuntó a dotar de los servicios a pequeñas localidades mediante la creación de cooperativas que se hicieran cargo de los servicios sanitarios en distintos pueblos con entre 100 y 3.000 personas. Durante varias décadas el SPAR promovió acciones tendientes a garantizar la construcción de perforaciones y tanques de almacenamiento de agua en pueblos del interior provincial, entre ellos las localidades del partido de Luján (Maihuire y Alderete, 2008).

En 1982, con apoyo del SPAR, se inauguró en la localidad de Torres el servicio de agua a cargo de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada (Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, 2024). Se trata de un servicio que se sostiene de forma desvinculada de la red que operaba el municipio. Cabe señalar que la provisión de agua en el partido de Luján conforma una responsabilidad del municipio, aun cuando una parte del territorio esté atendida por la Cooperativa, en tanto la gestión del servicio no volvió a re-centralizarse, como sucedió en municipios vecinos como General Rodríguez. Tampoco fue privatizada durante la década de 1990, como sucedió con otras prestaciones locales como Pilar o Balcarce.

En este trabajo exploratorio y descriptivo partimos de considerar que la provisión segura de agua contribuye a garantizar la salud de la población, las condiciones de vida digna, la protección de los recursos hídricos y la promoción de la biodiversidad.

En el partido de Luján la provisión de agua ha sido descentralizada y transferida desde el gobierno provincial al municipio en la década del ochenta del siglo XX y, desde entonces, se ha mantenido la prestación del servicio como una competencia local. Esto no es lo más frecuente en la RMBA donde la mayoría de los partidos son abastecidos por la empresa nacional: AYSA o la que es provincial: ABSA.

Este trabajo logró realizar un recorrido por la trayectoria institucional del servicio desde fines de la década del cuarenta y destacar las particularidades que tiene, especialmente desde la descentralización hasta la actualidad. La provisión del servicio en el partido de Luján, como sucede en otros partidos, enfrenta una creciente demanda insatisfecha. A pesar de que se han consolidado cuadros técnicos con experiencia en el sector, con conocimientos vinculados a las distintas dimensiones del servicio, las posibilidades en el futuro de ampliar la cobertura y de avanzar en la universalización superan las capacidades instaladas a nivel local y demandan la articulación con los otros niveles de gobierno. Esto se fundamenta especialmente en el volumen de inversiones que requiere y en su complejidad técnica. La consideración de las relaciones intergubernamentales y de los diferentes actores sociales en el sector del servicio público del agua en el partido analizado no ha sido objeto central de este trabajo, pero conformará una dimensión a explorar en futuras investigaciones.

Desde el plano legal, se destaca que se ha dictado escasa normativa municipal que considere tanto la provisión a cargo de la Dirección local y la Cooperativa que también provee ese servicio. Existen vacíos legales en la regulación en lo que concierne a la posibilidad de articulación de la provisión del servicio con la regulación ambiental y la cuenca. Podemos concluir que la provisión de agua en el partido de Luján se encuentra fragmentada y tiene niveles de desigualdad en la cobertura del servicio. En la regulación existe un solapamiento normativo e institucional y vacíos legales en la articulación entre la gestión del servicio y la cuenca hidrográfica.

Considerar la provisión a nivel local se complejiza debido a la existencia de estudios que muestran la contaminación de la cuenca, la interacción que se genera entre los agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas, el vuelco de efluentes, la construcción de emprendimientos inmobiliarios y la aparición de nuevas realidades como es el caso de los contaminantes emergentes que aún no se encuentran regulados ni a nivel nacional ni internacional. Sin embargo en este último ámbito se encuentran algunos procesos en curso y la publicación de diversas publicaciones científicas.

De este trabajo surgen diversos desafíos actuales y futuros del servicio público del agua en el partido de Luján, los cuales requieren de un desarrollo particular debido a su complejidad y profundidad: no solo la cobertura, sino la calidad, continuidad, presión del agua, el financiamiento del servicio, su cobrabilidad y micromedición.