Venezuela es un territorio caracterizado por la heterogeneidad de paisajes naturales y humanizados, sometido a dinámicas internas y externas que configuran su relieve y condicionan la ocupación y uso del espacio geográfico. Vivas (2015) ha denominado a esta nación como un territorio megadiverso en relación a otros países de la región, en términos de geología, clima, biodiversidad, hidrografía, suelos y recursos naturales. Este entorno físico-natural ha sido dividido en regiones naturales: macizo de Guayana, sistema montañoso Caribe, Litorales: Caribe y Atlántico, región Insular, sistema de relieve Falcón-Lara, sistema montañoso andino, los Llanos, sistema deltaico Orinoco, depresión del lago de Maracaibo, piedemontes y depresiones intermontanas.

Cada una de estas regiones naturales se encuentra sometida a múltiples amenazas naturales y tecnológicas, tales como actividad sísmica, movimientos de masa, desbordamientos, inundaciones, incendios, así como a diferentes grados de vulnerabilidad frente a las mismas, derivando escenarios de riesgos complejos que han dejado en los últimos años, un saldo importante de pérdidas de vidas humanas y materiales. Estos hechos han motivado la activación de esfuerzos en las políticas nacionales para emprender acciones locales que conlleven a formalizar y fortalecer la gestión de riesgo de desastres.

Un ejemplo local de referencia en cuanto a fortalezas, debilidades y oportunidades en materia de gestión de riesgos socionaturales se puede visualizar en la ciudad de Mérida. Esta ciudad se localiza en el sistema montañoso andino, al occidente venezolano, específicamente, en el valle del río Chama, entre las conspicuas montañas de la sierra Nevada y la sierra de La Culata, expuestas a una actividad sísmica activa del sistema de fallas de Boconó, y moldeada por la dinámica externa que dan lugar a diferentes procesos geomorfológicos, especialmente procesos erosivos y movimientos de masa que, junto al régimen de precipitaciones, así como las características de sus cuencas hidrográficas, es susceptible a crecidas y desbordamientos, tanto de ríos como quebradas que afectan las comunidades con alto potencial a generar pérdidas de vidas humanas y daños materiales significativos.

El último sismo que afectó la ciudad ocurrió en el año 1894; al día de hoy, de ocurrir un movimiento telúrico similar, causaría un gran desastre. Diversas investigaciones concluyen que la comunidad en general desconoce los potenciales daños que puede sufrir la infraestructura, las actividades humanas actuales, los protocolos institucionales y comunitarios que se deben emprender durante los diferentes ciclos de la gestión de riesgos de desastres: preparación, prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Afortunadamente, el país cuenta con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), ente rector encargado de hacer el monitoreo de la actividad sísmica a nivel nacional a través de una red sismológica moderna y educar a la población en estos temas, además, en nuestra ciudad contamos con la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico que apoya esta tarea, el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (CIGIR), el Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Mérida (INPRADEM), junto a las protecciones civiles municipales, el Instituto Nacional de Geología y Minería, un grupo de universidades orientadas a la formación de técnicos y profesionales en pregrado y postgrado para entender el tema de la caracterización de amenazas geológicas, hidrometeorológicas y tecnológicas: Universidad de Los Andes (ULA), el Instituto Universitario Politécnico ‘Kleber Ramírez’ (IUPTM), la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA); las actuaciones de los diferentes actores en la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo; así como los diferentes procesos de articulación interinstitucional, interdisciplinaria y comunitaria; generación de políticas públicas, desarrollo de indicadores de sostenibilidad, entre otros temas de investigación enfocados directamente en el fortalecimiento de la gestión pública enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible.

No obstante, existen varias condiciones humanas, sociales, políticas e institucionales que afectan a la sociedad, lo cual cataloga a la ciudad de Mérida como altamente vulnerable y baja resiliencia, si llegase a ocurrir un evento natural en este momento.

Estos conocimientos generados por los centros de investigación sobre los riesgos socionaturales y su gestión aún no han logrado permear de manera suficiente como eje transversal en la sociedad y la administración pública, debido a múltiples razones, entre ellas se puede destacar que la inserción en los procesos educativos formales y comunitarios aún es incipiente, no son sistemáticos y sostenidos en el tiempo; siguen ocurriendo invasiones en vertientes con altas pendientes, susceptibles a movimientos de masa o en vegas de ríos sin actuaciones contundentes de los órganos del Estado; los planes de ordenamiento territorial como instrumento primordial de la gestión prospectiva para la reducción de la construcción de escenarios de riesgos se encuentran desactualizados, la mayoría de ellos datan de la década de los 90.

Aunado a ello, se enfrenta una crisis política por el atentado a los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) que garantizan la democracia; así mismo, una crisis económica debido al empobrecimiento marcado como consecuencia en la baja de los ingresos petroleros como principal fuente de divisas del país, lo que limita la importación de alimentos, medicinas, bienes y servicios básicos para mantener activo el aparato productivo nacional, lo que se ha traducido en bajo poder adquisitivo, hiperinflación estimada en más del 1000% para el año 2017, deplorables sistemas de salud y una crisis social acompañada por una aguda polarización entre partidos políticos oficialistas y opositores al sistema de gobierno, lo cual atenta contra los modos de cooperación,

igualdad, tolerancia, acuerdos para trabajar en preparación, prevención y mitigación de los escenarios de riesgos, cuando las prioridades comunitarias están centradas en la sobrevivencia, basada en adquirir alimentos básicos para la vida y medicinas a un alto costo, en relación a su ingresos económicos.

Así mismo, se destaca una débil institucionalidad que se manifiesta en el deterioro ambiental, la impunidad de delitos ambientales, a pesar de un rico marco jurídico que finalmente no se aplica, por ende, se genera la desconfianza y la falta de credibilidad ante las actuaciones del Estado, lo que ha incentivado la ocupación espontanea del territorio, sin considerar la valoración adecuada de los escenarios de riesgos, trayendo como consecuencia el incremento de los grados de exposición tanto a movimientos de masa como desbordamientos.

Las obras de protección en la ciudad aún son insuficientes; otras se han deteriorado y no se prevé un mantenimiento permanente que garantice su funcionamiento, especialmente en obras de control de torrentes. En lugares específicos donde han sido recurrentes las crecidas o desbordamientos existe un patrón de respuesta de las comunidades e instituciones, pero en lugares donde los periodos de retorno son superiores a 50 años, se pierde la memoria histórica para actuar ante estos fenómenos.

Cuando se han producido eventos que han dejado familias damnificadas, el Estado ha demorado años en atender sus necesidades de vivienda, razón por la cual cuando se recomienda una medida de desalojo preventivo, la familia generalmente se niega a hacerlo teniendo esta decisión resultados fatales.

El país tiene que hacer un esfuerzo importante en la recuperación de su gobernanza, rescatando la credibilidad institucional y el ordenamiento jurídico, garantizar las condiciones mínimas para abastecer el mercado nacional de alimentos y medicinas, promover la inversión pública y privada, ofreciendo seguridad jurídica que brinde confianza al inversionista con la finalidad de generar empleo, actualizar sus planes de desarrollo, entre ellos el de ordenación del territorio, especialmente a escala local con participación efectiva de los diferentes actores, además considerando los escenarios de riesgos socionaturales, articulando el conocimiento científico de las universidades y centros de investigación con los saberes locales que propenda al rescate de la memoria histórica para profundizar actuaciones planificadas y bien estructuradas en las diferentes fases de la gestión de riesgos socionaturales.

Referencias citadas

VIVAS, L. 2015. Megadiversidad físico-natural del territorio venezolano. Editorial Gráficas El Portatítulo. Mérida, Venezuela.

Información adicional

Lugar y fecha de finalización de la nota: Mérida, Venezuela; febrero, 2017