1. Introducción

En los últimos años, la segregación urbana se ha impuesto como tema central de debate en los estudios urbanos y las ciencias sociales en América Latina (Arriagada y Rodríguez, 2003; Sabatini, 2003; Caprón y González, 2006). En Chile, los autores concuerdan en que existe una profundización de este fenómeno que consiste en la formación de sectores concentrando hogares de alto ingreso por un lado, y de bajo ingreso por otro lado (Sabatini et al., 2001; Hidalgo, 2004; Borsdorf y Hidalgo, 2004). Observan también una multiplicación de barrios cerrados y de condominios de altos ingresos en sectores tradicionalmente de bajos ingresos que aumenta la proximidad entre estos dos grupos (Salcedo y Torres, 2004; Sabatini y Salcedo, 2007), agudizando la violencia simbólica que se origina desde esta cercanía.

Estas situaciones generan múltiples debates teóricos, metodológicos y prácticos entre autores y expertos en el tema. No obstante, independientemente de la orientación adoptada, casi todas las investigaciones abordan este fenómeno como una injusticia porque produciría una polarización de la sociedad cada vez más fuerte y una profundización de las desigualdades socio-económicas en el espacio. Desde esta constatación, gran parte de los estudios sobre la segregación en Chile critican y denuncian este fenómeno a partir de estudios sobre la morfología, la estructura y el funcionamiento de la ciudad actual (Janoschka, 2002; De Mattos, 2002; 2010; Borsdorf, 2003; Hidalgo, 2004;Hidalgo et al., 2008).

Por otra parte, mientras la segregación urbana es mostrada por los autores como una injusticia, la defensa de la identidad barrial por parte de habitantes ha sido muchas veces interpretada como la reivindicación por el derecho a la ciudad, basándose para eso en los trabajos de Lefebvre (1968) y Harvey (1973). Frente a estas políticas que transforman de manera radical los paisajes socio-económicos y culturales de la ciudad, la agrupación de habitantes contra este fenómeno es visto como una reacción justa y necesaria por una mayoría de autores. En este marco, las oposiciones de habitantes contra los planes reguladores y los proyectos inmobiliarios son abordados como un espacio público de disputas o arenas de luchas (Canteros, 2011) donde el barrio se construye progresivamente como un ‘común’ (Letelier et al., 2016). En Chile, los autores piensan estos procesos como una producción del espacio urbano que se haría fuera del ámbito del mercado y de la regulación pública y que se basaría en las prácticas de sus habitantes. Se valoriza así la autogestión conducida por los sujetos movilizados en distintos sectores de las ciudades de Chile, y la resistencia organizada a escala barrial es interpretada como una apropiación de la identidad y del patrimonio de los lugares defendidos que apoyaría el proceso de construcción de ciudadanía en un territorio (Pérez y Matus, 2017).

En esta literatura, los temas de la segregación urbana y de la resistencia barrial son abordados como problemáticas distintas: por un lado, la segregación urbana como fenómeno injusto resultando de las políticas neoliberales impulsadas por el Estado y las lógicas económicas de las empresas inmobiliarias y, por otro lado, la resistencia barrial como reacción justa asociada con la valorización patrimonial, la autogestión y el deseo de construcción de ciudadanía por parte de los habitantes buscando un arraigo local en un mundo urbano cada vez más fragmentado. En este artículo proponemos hacer dialogar estos dos campos de investigación, mostrando que se vinculan con una y misma problemática: la distinción social y sus traducciones espaciales.

Si bien la segregación revela procesos sociales que se pueden leer en el espacio a escala comunal o metropolitana, la resistencia barrial se basa en un proceso de distinción social menos visible que hace necesario un estudio micro-social y micro-local. Además, mientras la segregación urbana se funda en una diferenciación principalmente de orden socio-económica, la resistencia barrial se traduce en una diferenciación de orden socio-cultural. Con otras palabras, se quiere mostrar que la resistencia barrial se puede analizar e interpretar como una forma de segregación urbana que se traduce y se revela a escala micro-local y micro-social.

A partir de esta reflexión se quiere, por un lado, interrogar los límites de una definición de la segregación confinada a sus dimensiones socio-económicas, materiales y clasistas y, por otro lado, cuestionar la segregación definida a priori como injusta. Para eso, el artículo se basa primero en una revisión de literatura sobre la segregación urbana y la integración residencial en y sobre Chile, principalmente en Santiago de Chile. Segundo, se funda en un trabajo de campo de corte etnográfico realizado en 2014 y 2015 en barrios centrales de Santiago Centro (Chile), con grupos de habitantes movilizados contra la presión inmobiliaria. El terreno principal -el barrio Matta Sur, en el sur-este de la comuna de Santiago- devela la formación de procesos segregativos contra la construcción de nuevas viviendas y la llegada de nuevos habitantes con otras acostumbres, valores y estilos de vida. En el caso estudiado, no se trata de una segregación socio-económica o urbana que se materializa por una división socio-espacial de los habitantes sino más bien una segregación simbólica que se traduce en prácticas, discursos y comportamientos cotidianos en el espacio barrial. Es un proceso que se vincula con una relación ambigua con la otredad y que conduce a la formación de una distinción social que se traduce en el espacio barrial.

La discusión se organiza en cuatro partes.

Mientras la primera se interesa en la idea segregación como fenómeno espacial, la segunda presenta las políticas urbanas y los procesos de resistencia barrial en Santiago de Chile. La tercera parte cuestiona la organización de la resistencia a escala barrial como forma segregativa y la última parte interroga este fenómeno en relación con la idea de integración residencial.

2. Segregación e injusticia, una relación establecida desde las desigualdades espaciales

La crítica compartida por los autores respecto de la segregación descansa sobre fundamentos filosóficos y conceptuales desde Harvey (1973) y Lefebvre (1974), y últimamente por Soja (2010), que proponen abordar y cuestionar las desigualdades socio-económicas desde lo espacial. Esta tradición teórica se funda en distintas escuelas de pensamiento desde la Escuela de Chicago hasta la Escuela Estructuralista-Marxista (Ruiz-Tagle, 2016). En la segunda parte del siglo XX, la discusión acerca de la ciudad y de sus evoluciones ha sido dominada por autores como Lefebvre (seguido por Harvey) y Castells. Mientras el primero se interesó en la producción del espacio y sus consecuencias en las prácticas cotidianas de los individuos, el segundo se centró en el análisis de las luchas de clase en el contexto urbano. Por su lado, Harvey desarrolló un enfoque crítico desde una aproximación geográfica basada en la idea de que el medio-ambiente es el producto del capitalismo industrial. Uno de los grandes aportes de estos autores es la noción de derecho a la ciudad, planteado por Lefebvre (1968) para cuestionar el rol que juegan las clases obreras excluidas y segregadas en las transformaciones urbanas.

En este marco, la definición de la justica generó rápidamente desacuerdos conceptuales entre los autores. Una parte se apoya en las teorías de Rawls (1971), según la cual una sociedad es justa cuando se reconoce un mismo valor en cada individuo, se garantiza las libertades fundamentales y la igualdad de las oportunidades por el medio de una mejor repartición de los bienes primeros. Autores como Harvey (1973) critican esta posición porque, según él, esta concepción de justicia no tomaría en cuenta la dominación intrínseca de las relaciones espaciales de producción. Otros como Young (1990) se oponen al enfoque individualista de Rawls dentro lo cual la justicia nacería de la anulación de las diferenciaciones sociales. Para Young (1990), la justicia tiene que existir vinculándose con la organización social y cultural de una sociedad, dado que los individuos siempre forman parte de grupos sociales distintos. Mientras el primer enfoque asimila la justicia a la igualdad, el segundo la vincula con las ideas de equidad y paridad.

En la literatura internacional es relativamente común decir que la segregación urbana produce ‘efectos de lugar’ que favorecerían la emergencia de normas culturales vinculadas a comportamientos desviantes (Wilson, 1987; Massey y Denton, 1993; Jargowsky, 1997; Sampson et al., 2002). Se basan en la idea de que existiría un traspaso de las características de los barrios a los individuos por medio de la interacción entre vecinos, y del desarrollo de normas, reglas, prácticas y rutinas compartidas entre ellos. La idea de ‘efectos barrio’ es influenciada por el enfoque funcionalista/positivista dominante en el siglo XX en Estados-Unidos (Ruiz-Tagle, 2016) y que continúa influenciando las teorías actuales. Es una aproximación en la cual la concentración de pobreza es vista como una patología social productora y reveladora de una desorganización social que se debe controlar, pues su aumento conduciría a consecuencias negativas.

A partir de estos análisis, en Chile, los autores anhelan proponer soluciones para cumplir con lo que sería una ciudad con mayores justicias, es decir con menores desigualdades socio-económicas entre los sectores y barrios. Concuerdan en que la ‘integración residencial’ tendría efectos socio-económicos ‘positivos’ para las familias de menor ingreso. Con otras palabras, la cercanía entre familias de ingresos distintos ayudaría aquellas de bajo ingreso para experimentar una movilidad social mayor, gracias al aumento de las oportunidades que ofrece esta proximidad (Sabatini y Cáceres, 2004; Salcedo y Torres, 2004; Hidalgo, 2004; Sabatini y Salcedo, 2007; Sabatini et al., 2012). Permitiría romper o eliminar esta ‘cultura de la pobreza’ entendida como desviante. Para ellos, la mixtura social en el espacio favorecería la integración social y económica de las familias de menor ingreso en el barrio y más generalmente en la sociedad. Según esta línea de pensamiento, la movilidad social sería posible no solamente por las posibilidades de trabajo sino también por la accesibilidad a servicios públicos de mejor calidad, y porque la proximidad con grupos de estrato socioeconómico más alto conduciría a estas personas de ingreso más bajo a superarse.

En suma, en Chile, independientemente de la metodología y del enfoque, los estudios descansan sobre la idea de que la segregación se vincularía con un problema de desigualdades y diferenciaciones entre grupos socialmente distintos, un proceso que se ve como impuesto a los individuos según su clase social. Además, en la literatura, la injusticia que surge desde el fenómeno de segregación es generalmente asociada con la desposesión material y con la falta de servicios, cuyas víctimas serían los habitantes de los espacios de relegación. Sin embargo, la injusticia se puede también vincular con una dimensión más subjetiva. En este sentido, la segregación puede ser reforzada por un proceso de estigmatización territorial que afecta directamente a sus habitantes (Lehman-Frish, 2009). Los grupos dominantes impondrían así normas y valores como universales a los grupos dominados, construyéndolos, como grupos desviantes o inadecuados respecto de estas mismas normas y valores.

La estigmatización socio-espacial es vivida entonces por sus habitantes en la cotidianidad, generando culpabilidad, vergüenza y desconfianza hacia el otro, así como un sentimiento de injusticia (Wacquant, 2006). Esta estigmatización puede ser no solamente un obstáculo para su acceso a servicios o trabajos, sino también un prejuicio por la imagen que tienen de sí mismos.

Por otra parte, puede existir exclusión también al interior de una misma categoría o de una misma clase social tal y como lo mostraron Elias y Scotson (1965) en Winston Parva, barrio de periferia de una ciudad inglesa o Márquez (2008) en Santiago de Chile. En este sentido, la falta de proximidad entre grupos sociales distintos no es un tema esencialmente de clasismo sino de distinción social (Bourdieu, 1979; Grafmeyer, 1994) efectuada por individuos en función de estilos de vida, valores, subjetividades que se juzgan diferentes y a veces superiores a otros.

Para Grafmeyer (1996), la segregación puede ser considerada como un hecho social de puesta a distancia y de separación física. Una diferenciación social y espacial que sería la base del proceso de identificación de un individuo a uno o varios grupos determinados. En esta línea de pensamiento, el artículo quiere plantear que la segregación se traduce de distintas maneras y a distintas escalas en el espacio urbano y que la resistencia barrial revela una de esas. Si bien la segregación tiene un origen social, no viene de un clasismo sino de una búsqueda de iguales (en términos de valores, sentidos, significaciones y trayectorias sociales) frente a lo distinto. La discriminación o el rechazo del otro es un fenómeno que se encuentra vinculado con lo subjetivo de los individuos. El caso de la resistencia barrial permite abordar este cuestionamiento teórico desde las experiencias de terreno a escala micro-social y micro-local.

3. Políticas urbanas y resistencias barriales en Santiago de Chile

En las áreas metropolitanas latino-americanas se observa, desde el último cuarto del siglo XX, una tendencia al retorno de una parte de los habitantes hacia el centro, debido a factores como la transición demográfica, la globalización de la economía y de la cultura y la revolución tecnológica (Carrión, 2005). En el caso de Santiago de Chile, la política proempresarial iniciada en los años 1990 ha profundizado la metamorfosis del centro de la capital por medio de la liberalización del mercado del suelo y del favorecimiento del desarrollo inmobiliario (Hidalgo, 2010). Su implementación se estableció en distintas etapas en el curso de la segunda parte del siglo XX, instalando un modelo de Estado subsidiario neoliberal (Hidalgo et al., 2016). La renovación urbana en Santiago se ha así fundado en la inversión especulativa de capitales privados donde las municipalidades y el Estado tienen un rol de ‘facilitadores del mercado’. En este marco, la Corporación del desarrollo de Santiago (Cordesan), institución mixta pública-privada dependiendo de la municipalidad de Santiago Centro, fue creada luego del terremoto de 1985 para implementar programas de repoblamiento para la comuna de Santiago Centro. Iniciados en 1992, se apoyaron en la delimitación de zonas de renovación con la constitución de reservas de terrenos, la creación de una línea de subsidios para la accesión a una vivienda y la desregulación de las normas de construcción establecidas en el plan regulador de 1939.

Los programas tenían por finalidad la reducción o la anulación de la tendencia a la expansión urbana de la metrópolis de Santiago. Desde 1992, favorecieron la construcción de más de 100.000 viviendas nuevas en más de 570 operaciones inmobiliarias (Contreras, 2011). El número de proyectos inmobiliarios pasó de cuatro en 1990 a 65 en 2008, equivalente a 17.000 unidades de viviendas (Contreras, 2011). Pero, los efectos de las inversiones inmobiliarias son también sociales. Los programas de repoblamiento tienen por consecuencia la fragmentación de la población existente. Por un lado, una parte ha vendido su casa a los promotores inmobiliarios y se fueron hacia las comunas periféricas de la ciudad. Por otro lado, las nuevas construcciones atraen nuevos habitantes: son familias monoparentales, soltero(a) s o parejas jóvenes sin hijo(a)s que eligen vivir en el centro por la proximidad por su lugar de trabajo, los transportes y las redes sociales, familiares o profesionales (Contreras, 2011).

La consecuencia es que, pese a una disminución de la población en la comuna de Santiago centro entre 1992 y 2002, el número de hogares ha aumentado, revelando la creación de ‘nichos’ de consumidores antes marginados del mercado habitacional, y que lo integran hoy gracias a la política subsidiaria y que se componen principalmente de estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, familias pequeñas o migrantes (Casgrain y Janoschka, 2013). En suma, los nuevos habitantes no tienen en promedio ingresos mayores que los establecidos (Hidalgo, 2010). No obstante, su estilo de vida es distinto, pues tienen sus espacios de socialización afuera del barrio y no buscan construir vínculos sociales con otras personas viviendo en el mismo sector.

Desde los años 1990, el modelo de desarrollo urbano se basa en las motivaciones económicas de los inversores, cuyos objetivos no son ni la generación de empleos ni el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes sino más bien la búsqueda de lucros y de valorización de su capital a través este tipo de negocio (De Mattos, 2010). Una de las consecuencias de esta tendencia es la maximización de la plusvalía urbana, conduciendo a la verticalización de la ciudad y a la especulación inmobiliaria en algunos sectores. La rentabilización del suelo pasó en prioridad sobre la calidad de vida de los habitantes o el respecto de los valores patrimoniales de los barrios. Frente a esta situación, a partir de los años 2000, grupos de habitantes se movilizan contra la política in- mobiliaria (Canteros, 2011). Su objetivo es doble. Primero, luchar contra la transformación de su barrio en zona de edificios que pueden tener hasta más de treinta pisos. Segundo, proteger y revalorizar su estilo de vida barrial frente a la llegada de nuevos habitantes con prácticas y costumbres distintas. Defienden otra concepción de la revalorización de los barrios que no se haría por medio de los proyectos inmobiliarios sino a través de la revalorización patrimonial y de sus estilos de vidas.

Las estrategias de los grupos de habitantes se basan en una búsqueda de reconocimiento por parte de las instituciones respecto del valor patrimonial que asocian con su barrio, sus estilos de vida y sus tradiciones. Para eso, sus acciones se orientan, por un lado, hacia una sensibilización de los otros sujetos que no participan en su movilización y, por otro lado, hacia la institucionalización de su barrio como zona de protección patrimonial; es decir, su reconocimiento jurídico por el Estado. Por otra parte, se basan en un espacio político favorable a sus reivindicaciones y a veces bus- can integrarlo presentándose como diputados o consejos municipales. Algunos de estos grupos se han transformado en una movilización con una fuerte vocación política y a veces, actúan como plataformas para el debate público sobre la protección patrimonial en Chile. Quieren demostrar una mayor capacidad para participar en los procesos de decisión de planificación de la ciudad, revalorizando su experticia de uso, es decir la del cotidiano, frente a la experticia técnica desarrollada por los técnicos de las municipalidades.

A través de sus acciones, entran en conflicto con los promotores inmobiliarios. Para estudiar estos procesos, los autores muchas veces abordan los grupos movilizados como representantes de los habitantes del barrio y lo definen como unidad social y política, asociada con un territorio especifico y defendiendo la identidad de este lugar. Sin embargo, las realidades son más complejas. Los grupos no luchan solamente contra cambios materiales o paisajísticos sino también contra transformaciones en sus estilos de vida que serían afectados por la llegada de nuevos habitantes con otras costumbres y rutinas. Se trata aquí de una apropiación de recursos que hacen los grupos y que les provee su propia identidad social y cultural como ‘grupo de origen’. A través de sus prácticas comunes, los grupos de vecinos constituyen repertorios culturales que les permiten distinguirse de los nuevos habitantes. Son procesos que conducen a la formación y la conformación de una segregación cultural y simbólica en el barrio entre los establecidos y los recién llegados.

4. La resistencia barrial como segregación socio-cultural

A partir de una experiencia de terreno con grupos de defensa barrial en Santiago Centro (Chile) entre 2014 y 2015, el artículo buscó cuestionar la resistencia barrial como forma de segregación socio-cultural. Los dos grupos estudiados son: el ‘Comité de defensa del barrio Matta Sur’ creado en 2007, y el ‘Centro cultural Patrimonio Matta Sur’ fundado en 2009. Estas agrupaciones de defensa barrial no son las únicas del barrio, pero son las más organizadas y activas. Cuentan cada uno entre treinta y cuarenta habitantes del barrio que pertenecen en gran mayoría a las antiguas familias del barrio. Pueden ser considerados como los establecidos, en el sentido de Elias y Scotson (1965). Se consideran como los herederos de los valores y estilos de vida de sus padres y abuelos. Son grupos conducidos por personas de estrato socio-económico medio (arquitectos, profesores o trabajadores en el medio cultural), que saben movilizar sus recursos sociales y son capaces de adaptar sus discursos tanto para los habitantes como para las autoridades públicas. Estos líderes son conocidos por la municipalidad y las instituciones estatales. Son también muchas veces solicitados por los periodistas para tratar de temas vinculados con el patrimonio y la defensa cultural de los barrios. El trabajo se basa en observaciones participantes en reuniones y actividades propuestas por estos grupos.

Se participó principalmente en dos proyectos financiados con base en fondos concursables de la municipalidad o del Estado y coordenados por el ‘Centro Cultural Patrimonio Matta Sur’ y apoyado por el ‘Comité de defensa del barrio Matta Sur’. Se asistió a seis reuniones de dos horas en 2014, en el marco de la creación de un museo itinerante del barrio, realizada a partir de la compilación de objetos otorgados por los habitantes y de pancartas con informaciones sobre el barrio, su historia, su arquitectura, sus habitantes, sus lugares típicos o también sus personajes. La primera exposición en febrero 2015 ha tenido lugar en un centro cultural del barrio y la última en diciembre 2015, en el hall de la municipalidad de Santiago. Se participó también en un taller de fotografía patrimonial que se ha desarrollado entre abril y junio 2015. Se asistió a dos clases de dos o tres horas a la semana otorgadas por un profesor profesional para explicar a los treinta habitantes participantes como tomar fotografías, con el objetivo de elaborar juntos un registro patrimonial del barrio según distintos temas tales como la arquitectura, las actividades comerciales, artesanales, las actividades culturales, los lugares típicos o también la cotidianidad de sus habitantes.

Desde este trabajo de campo, se estudió la estructuración y la organización interna de los grupos. Los habitantes movilizados en Matta Sur son en mayoría de las ‘antiguas familias’. Han vivido toda su vida en el mismo barrio y a veces en la misma casa, herencia de sus padres o abuelos. Son dueñas de casa de aproximadamente cincuenta años, generalmente casadas con hombres de profesión intermedia que no está interesado en estas actividades. Otra parte de los participantes son jubilados (hombres y mujeres). Mucho menos numerosos, es también posible encontrar personas más jóvenes de cerca de cuarenta años sensibilizadas a los proyectos propuestos por los grupos de defensa barrial. Se trata generalmente de hijos o hijas de las familias originarias del barrio. Los grupos son conducidos por personas que pertenecen a la clase media que saben movilizar sus recursos sociales y son capaces de adaptar sus discursos para los habitantes como para las autoridades. El líder del ‘Comité Matta Sur’ tiene vínculos en el mundo político local y el presidente del Centro Cultural tiene conocimientos en el medio profesional de la protección patrimonial.

Por otro lado, se pudo identificar sus prácticas colectivas. Los grupos de defensa barrial revalorizan los lugares del barrio a través de demandas de protección jurídica, los discursos que difunden durante sus actividades en el espacio público y sus reuniones, la exposición de objetos de sus cotidianos y de fotografías en el museo itinerante del barrio. Esta recalificación patrimonial se puede interpretar como una apropiación simbólica del espacio. Esta apropiación es material por medio de la autogestión de la basura en el barrio, la plantación de árboles o de flores en las platabandas de las calles. Pero es también y sobre todo ideal. Se ubica en los discursos, las formulaciones, las palabras para caracterizar el barrio. Durante los talleres de fotografías patrimoniales, se trata en general de ‘nuestro’ barrio, de ‘nuestras’ casas, de ‘nuestras’ calles. Los adjetivos posesivos son omnipresentes. Los grupos reivindican una ‘recuperación’ del barrio por sus habitantes. Por otra parte, esta apropiación se hace también a través de prácticas cotidianas compartidas por los grupos establecidos tales como la conversación cada fin de día con su vecino en la calle, el saludo a las personas conocidas, la invitación de vecinos para compartir un té o un café en la casa o la compra del pan al negocio del barrio a la misma hora cada día. Por medio de estas rutinas, el espacio público se vuelve suyo. Si alguien no respecta los repertorios culturales cotidianos está directamente identificado como extranjero en el barrio.

Desde lo anterior, se puede decir que los grupos de defensa barrial se forman a partir de las relaciones afectivas existentes entre los habitantes. Son relaciones familiares presentes a veces desde distintas generaciones. La mayoría de los habitantes han crecido juntos y a pesar de los conflictos que pueden existir entre ellos, se conocen y se reconocen como siendo parte del barrio. Se identifican con el grupo porque se compone de sujetos que experimentan el mismo tipo de relación afectiva con su territorio. El barrio hace parte de sus referencias como espacio fundador de sus identidades (Ramos, 2006). En este marco, se construyen como grupo con una cohesión interna fuerte, capaz de imponer y difundir su concepción del barrio a escala local como de la ciudad. Por este medio buscan quedar entre iguales para poder afrontar la llegada de nuevos habitantes con acostumbres y estilos de vida distintos.

5. La resistencia barrial y la integración residencial

La homogeneidad social de los grupos de Matta Sur conduce a una forma de exclusión de las personas que no comparten esta concepción del barrio. En este sentido, los nuevos habitantes que aceptan los estilos de habitar de los antiguos habitantes no son criticados o despreciados por los grupos que buscan sobre todo, distinguirse de las personas que viven en las nuevas construcciones o de las personas socio-culturalmente distintos tales como las familias con mayores ingresos o los migrantes que tienen menores ingresos. La distinción entre el ‘nosotros’ y los ‘otros’ está muy presente en los discursos de los participantes.

La defensa barrial se funda en una relación compleja entre los grupos establecidos y los grupos que podríamos nombrar ‘móviles’ (los nuevos habitantes), pues tienen muy pocos vínculos socia- les, culturales o económicos en el espacio donde viven. Son individuos que tienen sus espacios de socialización en otras partes de la ciudad o del país. Se caracterizan por su dependencia al auto, hacen sus compras en los ‘malls’ y no se interesan mucho por la vida barrial. Tienen su residencia en el barrio por su ubicación en el centro de la ciudad y por los precios relativamente bajos de los departamentos a la venta o a la locación (Contreras, 2011). Estos habitantes son por lo tanto estigmatizados por el hecho de no compartir los mismos valores que el grupo establecido dominante del barrio. Los habitantes movilizados expresan muchas veces un desprecio por las personas que quieren vivir en las torres ‘con vista hacia la cordillera’, sin buscar generar lazos sociales con los otros residentes. Para ellos, no se puede entender no querer interactuar con sus vecinos. Sin embargo, no existe una definición del barrio (Tapia, 2015) que se vincula con distintos modos de habitar y relacionarse socialmente en la ciudad. Mientras algunos lo abordan como espacio cerrado, otros lo definen como espacio abierto donde las relaciones vecinales no son consideradas como la base de la vida local (Authier, 1995). En el caso de Matta Sur, los habitantes establecidos, movilizados en los grupos de defensa barrial, son personas que valorizan las relaciones sociales de proximidad. Quieren sobre todo defender su concepción del barrio: un espacio social donde se encuentran habitantes compartiendo los mismos estilos de vida y formas de sociabilidades.

Frente a la llegada de nuevos habitantes cada vez más móviles, la segregación socio-cultural parece ser una de las estrategias adoptadas por los grupos establecidos. Esta forma segregativa se produce a través de la revalorización de su ‘autoctonía’ y su ‘arraigo’ que no comparten los otros habitantes. Las personas movilizadas son en parte jubiladas y adultos mayores que no tienen acceso a la multi-pertenencia social y territorial adquirida y valorizada por los nuevos habitantes, pues en general no tienen auto y los transportes públicos no son adaptados por su condición física. Otra parte son personas que eligieron el arraigo como valor socio-cultural que les permiten diferenciarse de los otros.

Esta revalorización de la autoctonía se hace a través de prácticas socio-espaciales como reunirse con los vecinos en la tarde, ir a pasear en las calles y los espacios públicos los sábados y los domingos o también hacer sus compras en los locales de venta del barrio y no en los ‘malls’. La perpetuación de las relaciones vecinales aparece también como el desafío central porque sin ellas, la vida barrial sería imposible. Los grupos de habitantes establecidos buscan así crear una forma de orden social en el barrio por el medio de la imposición de prácticas socio-espaciales, construyendo así una separación entre lo nosotros y los otros. Quieren dar un sentido al hecho de vivir en estos lugares, un sentido no entendido o no compartido por los residentes de las torres y los nuevos habitantes, y que les permite sentirse parte del grupo y del barrio.

El problema que plantea este caso se vincula con la integración residencial como solución a la segregación. En Matta Sur, la llegada de otros habitantes tiene como consecuencia la organización de una segregación socio-cultural de los establecidos frente a los nuevos, una forma de distinción social que se traduce en prácticas y discursos en el espacio público. Si bien a nivel comunal, las estadísticas pueden mostrar una forma de mixtura social y de integración residencial por la llegada de nuevos habitantes en el sector con ingresos distintos, frecuentemente más bajos, a nivel micro local, se observa una separación cada vez grande entre los establecidos, de ‘origen’, y los otros, ‘outsiders’, recién llegados.

6. Conclusión

El caso estudiado en el artículo propone otra mirada sobre dos fenómenos actuales. Por un lado, permite cuestionar los límites de la definición materialista y ‘espacialista’ de la segregación urbana, ampliándola a la problemática de la distinción social y de lo cultural. Por otro lado, conduce a interrogar la resistencia barrial no solamente como reivindicación de un derecho a la ciudad sino también como proceso segregativo y excluyente, donde la defensa de un estilo de vida se hace frente a nuevos habitantes y donde la integración residencial es vista como un peligro por parte de los habitantes establecidos.

El trabajo muestra que la segregación se construye en un doble proceso. Por un lado, el reforza- miento de normas sociales y comportamentales dentro de un grupo que ya cuenta con cohesión interna. Por otro lado, aparece la estigmatización del otro que no comparte estas normas ni sus valores. En este sentido, existiría una segregación elegida y una impuesta. En esta última, la falta de cohesión impide a sus miembros superar su sentimiento de inferioridad y de vergüenza. Por lo tanto, el estudio micro-local y micro-social permite cuestionar la segregación como fenómeno, cuyo problema de fondo no sería la distinción de clase sino una diferenciación que se hace respecto a la idea de otredad social.

Por otra parte, si bien la integración residencial y la mixtura social pueden ser vista como una solución contra la segregación urbana y sus injusticias, se pueden entender como un peligro cultural por algunos habitantes, conduciéndolos a resistirse frente a estos cambios. Los barrios contienen recursos sociales, materiales y simbólicos para sus habitantes (Lehman-Frish, 2009). Retirarlos o cambiarlos constituye en cierto punto otra forma de injusticia, pues conduciría a inferiorizar a estas personas de clase baja frente a las de clase media o alta. En el caso de Matta Sur, no son personas vulnerables por sus condiciones económicas o materiales sino más bien por su falta de adaptación a la sociedad ‘hipermóvil’ actual. En este marco, segregarse y agruparse a través de sus prácticas, discursos, rutinas en el espacio barrial les permiten resistir contra el cambio. La segregación les sirve como dispositivo para sentirse parte del barrio y revalorizar su auto-estima frente a otros.

En suma, interrogar la resistencia barrial como forma segregativa devela ambigüedades y límites en el concepto de segregación y sus vínculos con la justicia. La inexistencia de segregación urbana desde los criterios clasistas, ‘espacialistas’ y materiales no significa que no exista discriminación, exclusión o marginación social. Limitar la reflexión a los aspectos visuales conduce a olvidar o negar una parte de las realidades sociales vinculadas con la idea de segregación. Por otro lado, el cambio de enfoque significa también una modificación de la pauta de análisis. Muchas veces, los autores cuestionan o denuncian la segregación a partir de una visión clasista de la sociedad. La discriminación o el rechazo del otro es un fenómeno que se encuentra vinculado con lo subjetivo de los individuos. Para superar estas ambigüedades o límites presentes en la literatura actual sobre la segregación en Chile, parece indispensable desarrollar análisis de corte cualitativo a escala micro-social y micro-espacial para complementar los estudios cuantitativos y de corte espacial existentes.

Agradecimientos

El autor agradece al Centro por el desarrollo urbano sustentable (FONDAP/ CONICYT 15110020) por su apoyo en la realización del trabajo de terreno, así como a Sandra Iturrieta por su ayuda en la revisión del artículo.

Referencias

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