PRESENTACIÓN

En este artículo se reflexiona sobre cómo el silencio y el olvido han sido utilizados por el Estado mexicano para edificar una narrativa oficial que desvanece y suprime el periodo de lucha armada de los grupos de autodefensa guerrillera¹ de los años sesenta y setenta del siglo xx en Guerrero; dicha narración difumina y encubre la represión y el terrorismo al que fueron sometidos no sólo sus militantes sino comunidades enteras.² Para revertir esta situación prevaleciente, que prolonga un proceso de continua omisión de justicia e indefensión y vulnerabilidad hacia las víctimas, así como la ofensa y el agravio que sufren sus familiares, se instituyó la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia³ de los años sesenta y setenta del estado de Guerrero (Comverdad).

La Comverdad se constituyó como un instrumento jurídico alternativo para poder construir justicia transicional⁴ y romper el cerco continuado de la no procuración y la no aplicación de los marcos legales institucionales e internacionales.⁵ Pero no sólo eso, a sus objetivos subyace el afán de dilucidar el laberinto de la desmemoria impuesto desde el Estado, dentro del cual ha permanecido atrapada durante varias décadas esa historia diluida, desplazada y anulada que sólo recientemente comienza “a revelarse para decirnos lo que somos, lo que a través de nuestras luchas hemos querido ser, y deseamos aún llegar a ser”,⁶ y como parte del historial de nuestra propia identidad política.

El texto, por ende, se enfoca en la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero para explicarla como una lucha memorística contra hegemónica en resistencia contra los grupos de poder y con capacidad decisoria cuyas estrategias de dominación marginan, silencian y desplazan las historias alternativas de la conflictividad del periodo de la guerrilla y la represión en la historia guerrerense. Para ello se hace un recuento somero de cómo se creó la Comisión y con qué fines, y a partir de qué contexto histórico.

Además se valoran y se esclarecen sus objetivos y corolarios luego de las indagaciones realizadas expresados en su Informe Final de Actividades, del 15 de octubre de 2014, a la luz de la construcción de la memoria colectiva como historias de vida abierta.

Elaboro el concepto de historias de vida abierta para explicar cómo desde la memoria se desprende la representación de mujeres y hombres vivos y actuantes. Las historias de vida abierta nutren el imaginario como creación social mediante el cual el pasado se instituye y se proyecta en el presente como una forma de reconstrucción colectiva. Las historias de vida abierta traen al presente la dignidad y la subjetividad de las víctimas, y reposiciona aquellas que fueron integrantes de organizaciones armadas, es decir, les restituye su memoria militante,⁷ rearmando la historicidad de las colectividades y revirtiendo décadas de supresión y enmudecimiento. La memoria se convierte así en campo de tensión y lucha contra el Estado en sus acciones de ocultamiento, a la vez que se instituye en una barrera de contención contra la cultura del olvido social,⁸ porque “atrás del olvido intencionado […] se hallan sustratos perdidos de la memoria […], de igual manera presentes y actuantes”,⁹ aunque se les haya insistentemente marginado, sumergido, obliterado, cercenado y diluido.

Al establecer que memoria e historia “son representaciones del pasado”, corroboramos que la historia revela “las formas del pasado” y “la memoria las modela” con la pasión y emoción colectivas. Por ende, reivindicamos el papel fundacional de la memoria,¹⁰ que se niega a doblegar y a desaparecer. Además, su reemergencia puede y debe coadyuvar a la hechura de una historia reivindicativa y desde abajo para otorgar visibilidad a los numerosos grupos de la sociedad guerrerense sometidos a la represión gubernamental. A este proceso complejo contribuye la Comverdad mediante una tarea nemotécnica, de recuerdo, análisis y apertura a la opinión pública exponiendo numerosas piezas histórico-testimoniales de un rompecabezas de los sótanos del poder, convertido en un fragmento de la historia mexicana reiteradamente silenciado, distorsionado, postergado y tergiversado por el Estado como una manifestación de desprecio a la disidencia política e ideológica, a las garantías fundamentales, a los derechos humanos y a la vida misma. Por tanto, no queda más que delinear a la historia como el factor nutriente de la memoria para rescatar esa experiencia política de su negación, su olvido y su silencio.

También la Comverdad se insertó en un trabajo de construcción social de la memoria con la intención de crear puentes “entre el imaginario personal y sus memorias sueltas, por un lado, y el imaginario colectivo y sus memorias emblemáticas, por otro”. El informe final de la Comverdad de alguna manera expresa “el proceso de crear memoria colectiva en la sociedad en su conjunto”,¹¹ apelando a su poder colectivo transformador desde la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. A diferencia de la memoria secuestrada desde una visión oficialista del pasado, pues actualmente se sabe el papel que jugó el Estado y su aparato de seguridad en la manipulación masiva de la memoria que ha acarreado una situación de permanente y continuada impunidad, y el acrecentamiento de la violencia política desde las esferas del poder, induciendo de distintas maneras “la dimisión de la memoria”, es decir, promoviendo el olvido forzado, impuesto y convertido en censura y reprensión. La mutilación de la historia ha sido grave porque se acompaña de un continuo silencio que ha supuesto “caer en el vacío, en un agujero negro, en un sueño donde no acontece la realidad”,¹² o se muestra parcelada, dispersa y desarticulada negando la estrategia represiva del Estado.

No podemos permitir que la omisión, la postergación y el abandono continúen como una política inflexible de la desmemoria -como olvido socialmente organizado- que pretende aplicar el control y la vigilancia de la sociedad y, sobre todo, la clausura del pasado.¹³

LA INTEGRACIÓN DE LA COMVERDAD

La Ley número 932 -aprobada por la LIX Legislatura del Congreso de Guerrero- instituyó el 19 de diciembre de 2011 la “Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta del estado de Guerrero”,¹⁴ periodo que la propia Comisión considera se prolongó de 1969 a 1979. Por decreto número 1081, y con base en la Ley número 932, la Comisión se creó el 20 de marzo de 2012, integrada por José Enrique González Ruiz, como comisionado presidente, y Nicomedes Fuentes García, Apolinar Arquímedes Morales Carranza, Hilda Navarrete Gorjón y Pilar Noriega García. Todos especialistas con experiencia en derecho penal, criminalística, justicia y derechos humanos.

Las tareas de la Comverdad se establecieron a partir de la definición de sus propósitos:

Investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos y hechos probablemente constitutivos de delitos, y delitos de lesa humanidad, contra ciudadanos guerrerenses o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio guerrerense. Crear un registro veraz y certificado de víctimas, por asesinato o desaparición en el periodo llamado guerra sucia, así como recomendar medidas de reparación o resarcimiento para las víctimas y/o familiares. Y proponer un mecanismo compensatorio integral a manera de reparación de daño sufrido por las víctimas, sus familiares y la sociedad guerrerense en general, basados en los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹⁵

Para cumplir con dichos objetivos, la Comverdad se apegó a normas estatales, nacionales e internacionales¹⁶ en vigor interpretándolas en favor de las víctimas, en tanto a su derecho a la verdad,¹⁷ traducido como la facultad “de demandar y obtener del Estado, de forma directa o por medio de organismos defensores de derechos humanos o de la sociedad civil, información veraz y sin restricciones ni reserva alguna acerca de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se perpetraron dichas violaciones”, según el artículo 5 de la ley.¹⁸

Además, como un elemento muy relevante, entre las atribuciones de la Comverdad se estipuló en el artículo 7 de la ley “realizar las investigaciones y hacer acopio de pruebas que sirvan de base para rescatar la verdad y memoria histórica de los movimientos político-sociales en el Estado, vinculados con el objeto de la Comisión”.¹⁹

En el desarrollo de sus funciones -acotadas al periodo comprendido entre mayo 2012 y octubre de 2014-,²⁰ la Comverdad se encontró con numerosos obstáculos de parte del Estado mexicano que de distintas maneras trabaron el esclarecimiento de cientos de crímenes cometidos contra la población civil por parte del Ejército y los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno durante la ofensiva contrainsurgente en Guerrero en la década comprendida entre finales de los años sesenta y hasta los setenta.

Distintos hechos ejemplifican la postura del Estado. El primero de ellos, un atentado sufrido por los comisionados Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes García, como “probable intento de impedir los avances de sus investigaciones”, el cual tuvo lugar el 28 de enero de 2014 en el tramo carretero entre Mezcala y Chilpancingo.²¹ Por su parte, la comisionada Hilda Navarrete fue amenazada de muerte vía telefónica luego de que la Comisión anunció la realización de un nuevo operativo de exhumación en espacios sin explorar y señalados por familiares y víctimas sobrevivientes, “en busca de fosas clandestinas donde, presumiblemente, elementos del Ejército mexicano y de las distintas policías enterraron a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tanto a combatientes de las organizaciones rebeldes como a opositores civiles”.²²

Con evidente retraso y tortuguismo burocrático, poniendo escollos y trabas a la Comverdad, la Procuraduría General de la República (PGR) aprobó hasta el 24 de marzo de 2014 el acceso a la documentación que se encontraba reservada y cuyos expedientes se refieren a la contrainsurgencia en Guerrero:

De gran importancia para la reconstrucción histórica del pasado y para ubicar responsabilidades en los diversos hechos producidos, como fueron varios de los planes militares de 1974 implementados para cercar y eliminar la lucha guerrillera en la sierra; para comprobar el uso del mortero sobre los cerros y cañadas; el reconocimiento interno de los guerrilleros como gavilleros; las detenciones de “paquetes”; los movimientos rutinarios de la tropa a partir del secuestro del senador Rubén Figueroa, y muchas otras actividades, personajes y sucesos […].²³

No obstante, no fue un ingreso completo a los documentos debido a que previamente tanto la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constataron en el transcurso de sus propias investigaciones que los legajos documentales no estaban completos e, inclusive, sufrieron mutilaciones y alteraciones con la intención de borrar, dispersar y ocultar información. Y no sólo eso, también la propia Femospp retiró documentos de sus expedientes originales. Además, en el Archivo General de la Nación (AGN) se presentaron irregularidades en el traslado interno de los documentos. Ambas instancias no dieron una cabal explicación a las dudas de la Comverdad en relación con el extravío de documentación histórica importante, lo cual implicaría manejos irregulares de la información con la finalidad de menoscabar la memoria histórica. Estas acciones esbozan cómo se ha construido la desmemoria desde las esferas del poder.

Por la gravedad de estos hechos, la Comverdad se pronunció en voz de Pilar Noriega, quien adujo que: “El Estado podría faltar a su deber de preservar la memoria que es parte del patrimonio de los pueblos, a la vez que se mermaría la posibilidad de una investigación completa de los hechos”.²⁴ Aunado a todo lo anterior, también la Comverdad luchó a contracorriente de las instancias gubernamentales para integrar un registro confiable de víctimas con la garantía de acceso a las medidas de reparación del daño.²⁵ Dicho registro coadyuva en la construcción de memoria alternativa independiente.

Sin embargo, los alcances de la Comisión se vieron frenados por presupuesto, pues en el último semestre de su actuación -entre mayo y octubre de 2014- el Congreso estatal le retiró la partida presupuestal para su operatividad en el periodo final. Como consecuencia de ello “muchas líneas de investigación quedaron pendientes. No se pudo llegar a fondo”, según acotó el comisionado Nicomedes Fuentes García.²⁶

EL CONTEXTO HISTÓRICO

El proceso guerrillero en Guerrero (1967-1974) estuvo marcado por las condiciones regionales y como producto de “la lucha de los pueblos guerrerenses por la defensa de sus derechos elementales”, es decir, “las condiciones en cada región le imprimieron un sello característico a la lucha de los pueblos y, por tal razón, es entendible el desarrollo” de la guerrilla “en las regiones de la Sierra, Tierra Caliente y Costa Grande” y, en menor medida, “en las regiones Norte, Costa Chica y Montaña”,²⁷ y como una respuesta popular de autodefensa armada.

Las organizaciones político militares (OPM) constituidas en el territorio guerrerense tuvieron un origen común, provenían de lustros de luchas previas de movimientos populares de carácter social en favor de vías democráticas, inmersos en el contexto más amplio de feroz anticomunismo del periodo de la Guerra Fría, y de una intromisión férrea impuesta por el autoritarismo del Estado mexicano. Las OPM fueron consecuencia “de la radicalización provocada por la continuada represión” por parte de los distintos gobiernos locales y el control ejercido por caciques e intermediarios políticos ligados al partido oficial, “que asfixiaban demandas agrarias de la Costa Grande guerrerense y de la sierra de Atoyac”, enarboladas por distintas asociaciones a través de “movilizaciones de copreros y campesinos” en defensa de sus tierras, aguas, bosques, aserraderos, etc., y por una comercialización independiente de sus productos en beneficio de sus propias comunidades.²⁸

Las acciones insurgentes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR),²⁹ el Partido de los Pobres (PDLP),³⁰ las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) -escisión del PDLP-³¹ y el Partido Proletario Unido de América (PPUA)³² tienen correspondencia con “la existencia de un sistema político local que no fue capaz de abrir espacios de expresión política a los diversos sectores de la población y, sobre todo, por el fortalecimiento de los cacicazgos locales y regionales que no sólo no desaparecieron con la Revolución Mexicana, sino que lograron reconvertirse” y hacerse del control político y económico bajo un marcado cariz autoritario y represivo,³³ y en el contexto geopolítico latinoamericano convulso de la época. Las organizaciones armadas utilizaron las tácticas de guerra de guerrillas bajo la influencia del foquismo guevarista revolucionario -aunque ideológicamente configuraron un abanico con posiciones diversas-, lo cual es importante para entender por qué los grupos guerrilleros no operaron como uno solo. Pero sobre todo se debe rescatar su imaginario local de rebeldía asimilado desde las luchas liberales del siglo XIX y la gesta revolucionaria de 1910.³⁴

Las guerrillas rurales en Guerrero, por su naturaleza regional, tuvieron una base social de apoyo proveniente de las propias comunidades de las que fueron oriundos sus militantes. Esto se tradujo en una limitación localista debido a que los grupos armados no se extendieron más allá de su contorno guerrerense. Sin embargo, desarrollaron su fuerza en la región y a la vez interactuaron con otras organizaciones armadas constituidas en distintos puntos del país. Aunque diversos factores internos y externos impidieron una alianza duradera en su lucha contra el Estado.³⁵

En última instancia, el elemento detonante de la insurgencia revolucionaria en Guerrero fue “la certeza de que no había ninguna posibilidad legal de solucionar [añejos] problemas, ni puertas abiertas en el gobierno para discutirlos”, es decir, el único canal para hacer oír su voz y enfrentar al Estado fue la vía armada.³⁶

Más de una decena de campañas militares fueron instrumentadas en Guerrero entre 1968 y 1978.³⁷ Todas basadas en la estrategia formulada en Estados Unidos denominada Guerra de Baja Intensidad (GBI), como elemento clave de seguridad nacional consistente en todas “aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas realizadas por el gobierno para vencer la ‘insurgencia subversiva’”.³⁸

En abril de 1969, en el quinto año de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, hizo un análisis de la situación en el estado de Guerrero:

En el criterio del general García Barragán los grupos que operan en Atoyac y Coyuca de Catalán pueden tipificarse como guerrillas rurales por su ideología radical, armamento que poseen, adiestramiento y el adoctrinamiento que en la conciencia de los campesinos tratan de imbuir, sobre ideas de extrema izquierda, contando para este fin con el apoyo incondicional de numerosos profesores egresados de las escuelas normales rurales.³⁹

A principios de 1968, un año antes del diagnóstico⁴⁰ de García Barragán, se iniciaron incursiones del ejército en Guerrero encubiertas bajo campañas de asistencia social, para pasar a acciones militares de mayor envergadura y acompañadas de cuerpos paramilitares entre 1968 y 1969.⁴¹ Posteriormente, en el sexenio de Luis Echeverría el esquema estratégico fue formulado por su secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, a partir de diciembre de 1970 con operativos cada vez más agresivos⁴² para el arrasamiento del territorio y la represión generalizada hasta lograr su cometido: la destrucción y desintegración de los grupos armados guerrerenses, bajo el esquema y el perfil de un verdadero estado de guerra.

En este tenor, los miembros de la Comverdad apelaron a la reconstrucción histórica, porque entre las comunidades afectadas y los sobrevivientes “fue más fuerte la necesidad de saber qué fue lo que pasó, dónde quedaron sus padres, sus esposos y hermanos”. En palabras del comisionado Nicomedes Fuentes García se podría visualizar la geografía del horror guerrerense en la medida en que “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decidiera a contar la verdad, que diga qué pasó y precise lo que seguramente sabe: dónde quedaron las personas de las que nunca se volvió a saber nada”.⁴³

EL INFORME FINAL DE LA COMVERDAD

El Informe Final de la Comisión puede caracterizarse, siguiendo a Félix Reátegui, como una narrativa de la violencia, y es una noción que “resulta en sí misma un elemento caracterizador y diferenciador de lo que produce una comisión de la verdad cuando envuelve el resultado de sus trabajos en un texto típicamente denominado informe final”.⁴⁴

El Informe avala un trabajo de investigación realizado a través de la recopilación documental en el AGN; la recepción y el acopio de declaraciones de víctimas, familiares o testigos, produjo 409 testimonios referidos a 512 casos; el acercamiento con “todos los grupos de familiares y víctimas”, y la excavación y localización de restos humanos correspondientes a dos integrantes del PDLP.⁴⁵

Como producto de esta rigurosa indagación, la Comverdad acreditó la represión generalizada y sistemática contra la población,⁴⁶ violatoria de las garantías individuales tipificadas en la Constitución, lo cual produjo un estado de excepción en el territorio guerrerense. En este marco, la Comverdad advirtió en su investigación la violación masiva a los derechos humanos e investigó prioritariamente la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos), la detención arbitraria y desplazamientos forzados. De los testimonios recabados se obtuvo información principalmente sobre ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias y desplazamientos. Fueron raros los casos de detenciones arbitrarias o tortura que no estuvieran relacionadas con desaparición forzada, pues la casi totalidad de las personas que señalaron haber sufrido detención arbitraria o tortura fueron víctimas de desaparición forzada transitoria.⁴⁷

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, la Comverdad explica que el relator especial de Naciones Unidas asentó la imprescriptibilidad de dichas ejecuciones “de la época de la guerra sucia”, exhortando a su investigación y proceso para llevar a juicio a los responsables, así como de dotar a los familiares de la reparación integral apropiada.⁴⁸ Por lo que toca a la desaparición forzada, la Comverdad asegura:

Existen los elementos de convicción para asegurar que el Estado mexicano, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocen el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la guerra sucia en el estado de Guerrero, puesto que tanto de los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos de los hechos, como de los documentos consultados en el AGN, se sabe que el ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares.⁴⁹

Mediante la desaparición forzada transitoria numerosos individuos fueron privados de su libertad por agentes del Estado durante días, semanas, meses o años. De la indagatoria de la Comverdad se desprende que “muchas de las personas que fueron sometidas a proceso, primeramente sufrieron detención arbitraria, tortura, desaparición forzada transitoria y posteriormente se violaron sus derechos a un debido proceso”.⁵⁰

En resumidas cuentas, a partir del examen llevado a cabo por la Comverdad, se estableció y definió que:

Existió un contexto de represión generalizada y sistemática durante la guerra sucia, donde la política tanto del gobierno de Guerrero como del Estado mexicano fue la de exterminar a la guerrilla, para lo cual las autoridades tuvieron facultades “prácticamente ilimitadas” a fin de contrarrestar las actividades de la guerrilla y lograr el control de la población civil que simplemente se sospechara que simpatizaba con la guerrilla o sus propuestas, ya fuera en el medio rural o urbano. Lo que resultó en abuso de poder por un actuar ilegal de los organismos subversivos.⁵¹

Esas acciones abusivas y arbitrarias del poder configuraron delitos de lesa humanidad, con carácter de imprescriptibles de acuerdo con la legislación internacional.⁵² Por su parte, la Comverdad, siguiendo los instrumentos y resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “considera que la violación a los derechos humanos es un crimen de lesa humanidad cuando se trata de actos realizados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”.⁵³

La no reparación del daño a las víctimas y a sus familiares, y la ausencia de la garantía de no repetición extienden hasta ahora la impunidad con la que se condujeron las fuerzas militares y los cuerpos policiacos⁵⁴ en su actuación generalizada de represión masiva y sistemática, configurada como una política de Estado. Un solo ejemplo de ello son los llamados vuelos de la muerte, pues existen testimonios que refrendan las operaciones de aeronaves militares para trasladar a numerosas personas muertas y algunas todavía con vida desde la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco lanzándolos hacia el mar abierto. De tal manera que “en Guerrero, la impunidad e inseguridad ocasionaron que la población tuviera el temor fundado sobre hacer cualquier denuncia, ya que se tienen testimonios que dan cuenta de familiares de personas detenidas que al tratar de localizarlos fueron a su vez detenidas”.⁵⁵

LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA COLECTIVA

La Comverdad no sólo dio cuenta de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo de la guerra sucia en el estado de Guerrero,⁵⁶ también reunió testimonios acerca de víctimas sometidas a la desaparición forzada, así como de supervivientes. En este tenor Reátegui confirma que:

La toma de testimonios no es nada más un acto de producción textual, sino una relación social particular: dar voz a las víctimas equivale por lo general, en virtud de la tradicional demografía de la violencia, a dar voz a los excluidos, a los despojados de voz incluso en tiempos de normalidad. Así, la producción de la narrativa de la violencia implica una relación social de reconocimiento y, desde la mirada de las víctimas, de constitución o fortalecimiento de sus cualidades de sujetos políticos y sociales […]. El objeto textual que denominamos narrativa se ve complementado, expandido y activado por un objeto social -una práctica- que llamamos memoria.⁵⁷

Un extenso apartado del Informe Final muestra los testimonios, que exhiben la barbarie instrumentada por el Estado,⁵⁸ “a fin de hacer presente a cada persona”⁵⁹ de manera específica. La decisión de “hacer presente a cada persona” tiene relación con la generación de una memoria colectiva pública retrotrayendo el pasado muerto, donde subyacen individuos sin identidad alguna -cosificados y excluidos de la historia-, a un presente que representa un continuum dotado de rememoración para dar rostro, voz,⁶⁰ filiación y personalidad a las víctimas transmutadas en historias de vida abierta, es decir, un imaginario simbólico donde aparecen actuantes, activas y pensantes, con un aliento y una existencia propia y perviviendo en el tiempo histórico. La memoria-historia-presente, campo de relación con el pasado, como sinónimo de vida.⁶¹

En este trance de recreación de memoria y de reapropiación de su propio pasado, también son relevantes las evocaciones⁶² de los familiares de las víctimas, en una acción reminiscente, de recuerdo, de invocación, de revivir, “en particular los hijos, quienes brindan lo evocado en las pláticas con el padre, la madre, el tío, los abuelos, los amigos”.⁶³ Así se restablece el vínculo, el enlace y la conexión entre las memorias perdidas a nivel individual con cada una de sus propias narrativas personales, como piezas valiosas de una reemergencia y reactualización del proceso memorístico. No en balde se confirma que “los familiares de las personas desaparecidas recuerdan a sus seres queridos como si los hechos que los arrancaron de sus hogares hubieran ocurrido ayer”,⁶⁴ creando un imaginario de memoria indeleble, viva y regenerada, y hacen del pasado un presente incesantemente continuo, que no deviene en un pretérito, si acaso sólo del día de ayer.

Igualmente a esta transmutación contribuyen varios de los objetivos sobre los cuales se erige el trabajo de la Comverdad, es decir, la extracción y recopilación de información relevante -con indicios fehacientes de detenciones, ejecuciones y desapariciones- a partir del examen de las fuentes documentales resguardadas en el AGN y las entregadas por la PGR; el diálogo establecido con los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia e, inclusive, con representantes gubernamentales; la configuración del registro de personas y comunidades que fueron objeto de la represión; la exploración de terrenos, las excavaciones y el rescate de restos humanos, y la configuración de las historias de vida como semblanzas biográficas de algunas de las víctimas.

Para fortalecer su tarea memorística e insertarla en una lucha memorial por el pasado reciente, en las llamadas batallas por la memoria,⁶⁵ la Comverdad exige que, a pesar de los muchos años transcurridos, el Estado mexicano reconozca su plena responsabilidad en las atrocidades y violaciones masivas a los derechos humanos en Guerrero, y que dicho reconocimiento no quede restringido a la esfera política local, pues “solamente con voluntad del Estado mexicano, a través del conocimiento de la verdad y la recuperación de la memoria histórica, será posible la consolidación de la democracia, la paz y la superación de la impunidad que, en el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ‘propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos’”.⁶⁶

Además, la Comverdad devuelve la identidad a los cientos de ejecutados y desaparecidos de Guerrero, no sólo por el hecho de nombrarlos y rememorarlos sino porque en esa acción está creando refugios o albergues de memoria, cuya función es elaborar una cobertura pública de remembranza social y, a la vez, revestir de humanidad a las víctimas, pues en los informes de inteligencia militar los detenidos aparecen con el apelativo degradante de “paquetes”, en una grave e insidiosa decisión de ocultamiento deshumanizante.

La audiencia temática que se realizó en la CIDH el 27 de marzo de 2014 evidenció los fuertes desafíos a los que se enfrenta la Comverdad “para la conservación y recuperación de la memoria histórica”. Aunque en la retórica gubernamental se afirme que “el Estado mexicano reconoció su responsabilidad sobre los hechos de la guerra sucia al aceptar la Recomendación 26/2001 de la CNDH, y ‘no tendrá ninguna resistencia en volverlo a hacer derivado del Informe de la Comverdad’”.⁶⁷

También en correspondencia con el resguardo de la memoria pública, las funciones de rescate y preservación de las reminiscencias colectivas se pueden fortalecer en la medida en que se logre la reparación integral del daño como ha propuesto y definido la Comverdad, pues forman parte de “la recomposición del tejido social, la educación, la salud, el derecho a una vivienda digna, la recuperación de sus bienes a quienes los perdieron y sobre todo el derecho a la verdad en relación con el destino final de sus familiares desaparecidos”.⁶⁸

Memoria y verdad implican para la Comverdad el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, y para ello hace una serie de propuestas que también tienen relación con los lugares y prácticas de la memoria con un sentido de permanencia: la edificación del Museo de la Memoria Histórica en la cabecera municipal de Atoyac, en un terreno aledaño al excuartel militar; la creación de una sala permanente sobre la guerra sucia en el Museo Memoria y Tolerancia ubicado en la Ciudad de México; la construcción de un albergue en Atoyac, para apoyar las estancias transitorias de quienes fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos durante ese periodo, y que actualmente se desplazan desde distintos puntos de la sierra a la ciudad de Atoyac para atender asuntos personales y de sus comunidades; la instauración del día de las víctimas de desaparición forzada en Guerrero en el calendario cívico estatal; el levantamiento de estelas para la preservación de los nombres de las víctimas en cada sitio o lugar donde se llevaron a cabo los crímenes; la eliminación de los nombres y las imágenes de los perpetradores de los delitos graves que actualmente se ubican en los espacios públicos, como calles, avenidas, plazas, monumentos y escuelas⁶⁹ y, por último, el cumplimiento cabal de las recomendaciones estipuladas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas e involuntarias al Estado mexicano en su informe sobre su Misión a México.⁷⁰

CONSIDERACIONES FINALES

Al establecer que “la memoria es una narración de la experiencia del pasado que se realiza desde el presente”,⁷¹ no podemos dejar de reconocer que “la relación memoria-olvido da cuenta de la manera cómo se edifica la sociedad en términos de su pasado y de su presente”.⁷²

En esta tesitura, la Comverdad, con su trabajo de esclarecimiento histórico de un pasado violento y represivo, pone en la mesa de discusión pública de qué manera la historia oficial propende a borrar u ocultar sucesos abominables cometidos por los órganos del Estado mexicano. Y no sólo eso, también la Comverdad, como productora de memoria, nos descubre cómo desde el poder, en pleno siglo XXI, se incita y se alienta de distintas maneras el laberinto de la desmemoria y de la amnesia social en relación con el periodo de la guerra sucia. La colectividad no hace conciencia de lo acontecido y tampoco de la represión masiva en Guerrero, así como en otras partes del país, es decir, se apuesta a la pulverización de la memoria.⁷³

En sus “palabras finales” el Informe de la Comverdad acota que “el argumento esgrimido por los perpetradores para justificar sus acciones fue lo que Maquiavelo denominó ‘razón de Estado’ o lo que actualmente se denomina ‘doctrina de la seguridad nacional’, es decir [que], la supervivencia de un Estado es superior a los valores individuales o colectivos, y por esa supervivencia está permitido todo, incluso matar”.⁷⁴

Ante el pasado oprobioso guerrerense no puede imperar en pleno siglo XXI el miedo y la indiferencia social, que desde el punto de vista de la Comverdad “son algunos de los enemigos a vencer”, ya no sólo para evidenciar los crímenes cometidos durante la guerra sucia y ofrecer justicia para las víctimas, sino para dejar atrás las memorias del horror -como signo ominoso de nuestra época- y construir una memoria histórica que destierre “para siempre toda la infamia que se ha cometido contra pueblos enteros, todos los humanos tenemos una historia y una identidad que deben ser respetados, olvidarlo nos condena a repetir la historia”,⁷⁵ como pareciera ser el sino actual de nuestra historia reciente.

Traspasar el olvido impuesto y ejercer colectivamente el recuerdo es tarea de nuestra sociedad como un deber moral y político, porque implica el fin de la impunidad generalizada, la dislocación del orden social opresor y la refundación de la patria mexicana con nuevos paradigmas democráticos e incluyentes. Un primer paso en esta ruta compleja y azarosa es elevar la demanda social en favor de una Comisión de la Verdad que, a escala nacional y de forma independiente, se constituya como el instrumento político y social de gran alcance que aporte verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición como los elementos de una justicia transicional que nos devuelva con la fuerza de la memoria -a través de contiendas memoriales intensas-⁷⁶ las historias de vida abierta de las numerosas víctimas de ayer y de hoy, de nuestro pasado y de nuestro presente.

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Notas