INTRODUCCIÓN

Este artículo está informado en el seguimiento de los procesos de conformación y las transformaciones que fueron atravesando los asentamientos informales en la ciudad de Resistencia, en el nordeste de Argentina. Investigación que inicié cuando los asentamientos adquirieron un patrón de producción novedoso, como estrategia de resolución del hábitat de los pobres urbanos en la ciudad de Resistencia¹ .

Un estudio de casos de ocupaciones ilegales de tierra permitió describirlos como una configuración socio espacial específica, a partir del análisis de las formas de disposición espacial, aspectos socio organizativos, y discursos respecto de los asentamientos y sus residentes. Este estudio tuvo como caso más significativo la ocupación de un predio denominado La Rubita, en 1997, protagonizada por aproximadamente 500 familias, que alcanzó gran repercusión en los medios y constituyó un punto de inflexión que diferenciaría las sucesivas tomas de tierra urbana, de las tradicionales villas de la ciudad (villas miseria, o villas de emergencia) (BENÍTEZ, 2000).

Los asentamientos constituyen una de las diferentes estrategias de resolución del hábitat desplegadas por los estratos sociales más pobres en la ciudad, que no pueden acceder a la resolución de sus condiciones de hábitat a través del mercado, y se movilizan para construir una interlocución con el Estado, y otros agentes del campo urbano, para resolver sus condiciones de hábitat y supervivencia. Su principal rasgo es la organización de los colectivos sociales que producen la ocupación de tierra. Estas organizaciones buscan una solución habitacional y reconocimiento de su existencia social.

Más allá de los diferentes perfiles y trayectorias, la organización de los grupos de familias que ocupan la tierra y reclaman luego la regularización dominial a su favor, expresan un proceso de politización de la pobreza urbana producto de una conflictividad social a un nivel político más amplio, que involucra a otros agentes y fracciones sociales y que expresa una crisis de integración social.

En coincidencia con otros autores, como Svampa y Pereyra (2003) Merklen (2005) entendemos que los asentamientos constituyeron - a fines de los 90 y en los primeros años de la década del 2000 -, un elemento del repertorio de una nueva politicidad de los sectores pobres urbanos (junto al piquete, los saqueos, y los estallidos populares) y una expresión de la voluntad popular de reconstruir los lazos perdidos con los procesos de desafiliación que produjeron las políticas de los 90.

Por esos años, los indicadores sociales mostraban condiciones sociales regresivas para el área metropolitana del Gran Resistencia. En 2001 la tasa de desocupación alcanzó el 16%, el índice de necesidades básicas insatisfechas midió el 18,4%, los hogares con hacinamiento crítico alcanzaban el 7,4%, las viviendas particulares deficitarias alcanzaron el 37,1% y los hogares con régimen de tenencia irregular de la vivienda midieron el 23,1% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2001).

Para 2010 la tasa de desocupación alcanzó el 6,4%, el índice de necesidades básicas insatisfechas midió el 11,3%, los hogares con hacinamiento crítico alcanzaban el 5,2%, las viviendas particulares deficitarias alcanzaron el 21,3% y los hogares con régimen de tenencia irregular de la vivienda midieron el 18,6% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2010).

Pese a una mejora en las condiciones generales de vida entre 2004 y 2015, aproximadamente, persisten núcleos de pobreza que aún no se han podido revertir. De manera que las ocupaciones informales continúan siendo desde hace 20 años la estrategia que adoptan las clases desfavorecidas para reivindicar su derecho a la ciudad.

Las estrategias de resolución habitacional de los distintos grupos sociales deben comprenderse en su mutua vinculación. Estas estrategias se han ido reconfigurando con el paso del tiempo en consonancia con procesos políticos y económicos y de implementación de políticas sociales económicas y habitacionales diversas en la última década. Muchas de estas estrategias expresan resistencias a las desigualdades, y reclamos de restitución de derechos, como es el caso de los asentamientos originados en ocupaciones informales.

A fines de los 90, se detectó un nuevo patrón de producción de la urbanización informal que se diferenciaba de las “villas” más tradicionales que conformaban la periferia de la ciudad de Resistencia, producidas en forma paulatina (a lo largo de muchos años), y con una organización espacial irregular.

Las villas de emergencia se caracterizaban por la ocupación de tierras fiscales, principalmente, los ocupantes no realizaban reivindicaciones por la regularización dominial de los terrenos, por otra parte, la organización territorial es aleatoria, por agregación de lotes irregulares.

En cambio, los “asentamientos” presentaban rasgos de organización espacial y socio organizativas específicas² (BENITEZ, 2003; PRATESI, 2009). Por esa época, también es posible situar el inicio de un proceso de generación masiva de asentamientos que reconfiguró la periferia de la ciudad (BARRETO et al., 2014).

En el aspecto físico espacial, los asentamientos se caracterizaron por haberse instalado en terrenos mayoritariamente de propietarios privados (terrenos privados en desuso), áreas intersticiales localizadas en cercanía a infraestructura urbana; pero, lo más distintivo, (a diferencia de las antiguas villas) fue que la ocupación de los predios se realizó subdiviendo los terrenos ocupados con tendencia a una organización territorial regular; es decir, las familias ocupantes se organizaron en el espacio, distribuyendo el terreno en lotes de dimensiones aproximadamente iguales para todos. Rudimentariamente, reprodujeron una lógica de parcela demarcada con un trazado regular, propia de un loteo planificado, en un intento explícito de diferenciación de la tradicional imagen de la “villa miseria” para constituir un “barrio” (BENÍTEZ, 2000; CRAVINO, 2009), por un lado, para quitarse los estigmas vinculados con la informalidad (GUBER, 1984) y por otro, para facilitar las intervenciones de regularización física (trazado de calles, instalación de infraestructura básica).

Otro rasgo peculiar de estos asentamientos es la instalación en el terreno en forma masiva y repentina de las familias³ . y su organización para impedir el desalojo, demandar la expropiación del terreno ocupado y posterior regularización dominial y consolidar así el asentamiento en términos de infraestructura, servicios y equipamiento etc.; es decir, la organización de los ocupantes.

Este proceso de generación de ocupaciones ilegales y formación de asentamientos se ha mantenido hasta el presente, y según la capacidad organizativa y reivindicativa de los ocupantes, y la relación de sus referentes con el poder político, ha logrado imponer en la agenda urbana sus demandas, además de ser objeto de implementación de intervenciones de regularización física, dominial etc., con distintos niveles de concreción y eficacia en su integración urbana.

Las villas tenían como contexto un modelo económico de industrialización (en los 60 y 70) y sus ocupantes, la ilusión de precariedad habitacional transitoria por la expectativa de inserción plena; en cambio, los “asentamientos” proliferaron en un contexto de exclusión laboral y social que dejaron como saldo las políticas neoliberales de los 90.

Villas y asentamientos constituyen la expresión más crítica de la precariedad habitacional: incluyendo aspectos de dominio irregular, escasa o nula infraestructura urbana, deficitario acceso a equipamiento urbano y social y sede de hogares con precaria inserción en el mercado laboral. Pero el rasgo organizativo y la politicidad implicada en la producción de los asentamientos producidos en los últimos veinte años es el aspecto que los tornan un objeto privilegiado de investigación urbana, y que nos conducen a comprender los asentamientos como territorios de reivindicación.

Su producción importa una particular articulación entre agentes sociales: entre ocupantes, y de los ocupantes con los propietarios de los terrenos ocupados, habitantes de los barrios vecinos al asentamiento, organizaciones sociales y políticas, técnicos, gobernantes, políticos etc.

A pesar de la dificultad para cuantificar la población que vive en la informalidad, por la gran dinámica de cambios de residencia que tienen las familias que residen en los asentamientos, estimaciones realizadas por métodos indirectos de medición⁴ , indican que los hogares que residen en villas y asentamientos en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, alcanza el 25% (BARRETO et al., 2014).

DISTINTOS ABORDAJES DE UNA PROBLEMÁTICA QUE PERSISTE

El hábitat informal fue abordado como un fenómeno vinculado con el crecimiento de las grandes metrópolis desde los años 60 y 80, y han sido estudiadas tanto desde las distintas miradas sobre el desarrollo, la pobreza / marginalidad (PORTES, 1964; QUIJANO, 1973; GERMANI, 1976; NUN, 2001), como desde la perspectiva del crecimiento urbano (HARDOY & SATTERWAITE, 1987; CASTELLS, 1988; DUHAU, 1998; CLICHEVSKY, 2003).

En América Latina, en los años 60 y 70 se tematizó la pobreza urbana, centrando los estudios en la marginalidad desde distintas perspectivas y escalas en el marco del intenso crecimiento de las ciudades, sede de industrias y la generación de las “villas miseria”, “callampas”, “favelas”, “pobladas”, “campamentos”, “barrios de rancho” etc. Esta categorización contribuyó a dar cuenta de los efectos negativos de los procesos de industrialización que se habían consolidado en las grandes ciudades (NUN, 2001). En la mayoría de los estudios las causas de la formación de los asentamientos precarios estaban asociadas con la migración de la población rural.

En Argentina, Germani (1976) desde una posición culturalista, describió la marginalidad como “la falta de participación en la vida económica y cultural” debido a “percepción de inferioridad” vinculada con condición étnica, de sobreexplotación o de carencia de acceso a derechos. Por su parte, la línea denominada situacionista⁵ postulaba que los valores y prácticas de los pobres son respuestas racionales de los individuos a las oportunidades objetivas que caracterizan su contexto existencial. Estos posicionamientos marcaron fuertemente la perspectiva de abordaje analítico del hábitat informal y las acciones al respecto.

Para el marxismo, en cambio, la marginalidad (concepto que surge para explicar las condiciones de vida de los pobres urbanos) debe analizarse incorporando la lógica de acumulación capitalista y su especificidad en América Latina. Dentro de esta perspectiva, una línea explicaba la marginalidad como funcional al modo de acumulación (CARDOSO & FALETTO, 2003). Otra línea señalaba que el capitalismo periférico (desigual y combinado) produciría sectores no funcionales que fueron denominados masa marginal (NUN, 2001) o polo marginal (QUIJANO, 1973), y que constituye población sobrante.

En los 70 aparecen concepciones opuestas a la visión culturalista de la pobreza como apatía y pasividad, que enfatizan la creatividad de los pobres para resolver sus problemas de supervivencia (LOMNITZ, 1978), y otra vinculada con el potencial transformador de la situación de pobreza (FEIJOÓ, 1990).

En la misma época, pero con un enfoque económico, surge el concepto de informalidad para designar las actividades residuales o fuera de las leyes laborales o formas de producción no enteramente capitalistas, por oposición a un sector formal. No se asocia a la cultura sino al trabajo, se encuadra en los análisis de la política macroeconómica y de regulación del mercado. Desde el marxismo se enfatizaban en las relaciones de producción y la informalidad incluía actividades diferentes a la acumulación capitalista o semi asalariada (PORTES, 1964). Otros autores como De Soto (1986) enfatizaban el exceso de regulaciones estatales.

La agudización de las condiciones de pobreza de la mayoría de la población en América Latina - producto de la implementación de las políticas neoliberales y los ajustes estructurales⁶ -, puso nuevamente en el centro de la escena intelectual y política a la pobreza, pero en los primeros años 2000, es la noción de exclusión (CASTEL, 1997) la que se adopta para describir las condiciones de quienes quedan afuera del mercado laboral, por las devastadoras consecuencias sociales de la implementación de las políticas sugeridas por el consenso Washington (TORRADO, 2004).

Un poco más avanzada la primera década del 2000, se consolidaron las críticas a ese modelo neoliberal y se prefiguró la orientación hacia un nuevo desarrollismo, y el retorno a políticas de redistribución, que debió reparar aquellas consecuencias. Desde el ámbito activista e intelectual, se tematizó la desigualdad, concepto que incluye las asimetrías materiales, de clase, y las diferencias identitarias, proveyendo una forma de interpretación del doble carácter de lo social: las relaciones estructurales y las construcciones subjetivas (FRASER, 1996; RAPISARDI, 2003).

En el campo urbano, el modelo tradicional “centro-periferia” para describir la ciudad latinoamericana varió por la crisis del fordismo periférico y el pasaje a la economía financiera; se detectan nuevas formas de segregación urbana en la ciudad consolidada (SANTOS, 1993). Se desarrolla una mirada ya no centrada en enclaves de pobreza (villas y asentamientos informales, guetos, favelas) o enclaves de riqueza (barrios cerrados), explicados como procesos de segregación espacial de las clases en el espacio urbano, sino considerando la dualidad (BORJA & CASTELLS, 1998) y sus consecuencias de fragmentación: desintegración social y desarticulación urbana (PREVOT-SHAPIRA & CATTANEO PINEDO, 2008).

Según Sassen (2010), a principios del siglo XX la ciudad era el acercamiento a la industria, mercados, sindicalización, vida política, ampliación de derechos, pero devino espacio burocrático y rutinario (expresado en la implementación del zooning) y, sobre el fin del siglo XX, adquirió una dinámica signada por la economía global y sus consecuencias: exclusiones y crisis sociales.

Ello se expresa en una transformación de las formas de integración en la ciudad y en el territorio, caracterizada por apropiaciones disgregantes, consecuencia de economías urbanas y redes y flujos, a la cual contribuyen un accionar público segmentado y desarticulado (PREVOT-SHAPIRA & CATTANEO PINEDO, 2008).

La noción de la fragmentación urbana describe procesos de diferenciación de las clases sociales en el espacio urbano, así como la ruptura de las relaciones entre los grupos de diferente nivel socioeconómico, ocurridos con mucha intensidad en el contexto latinoamericano durante el predominio de las políticas neoliberales y que continuaron en la etapa desarrollista reciente. Expresa en distintas dimensiones la progresiva emergencia de procesos de diferenciación espacial de las clases y grupos sociales, así como la ruptura de las relaciones entre los grupos de diferente nivel socioeconómico (BARRETO et al., 2014).

Asistimos a una fase del desarrollo de las ciudades latinoamericanas, marcada por la diferenciación de las zonas pobres y de las zonas acomodadas, con fronteras muy marcadas, percibiéndose procesos de micro-fragmentación en la escala de la manzana, del barrio y el municipio. La fragmentación se impone como la forma en que se gestiona la desigualdad de clase y la diferencia identitaria.

La ciudad fragmentada tiene una base económica igualmente desarticulada que contiene economías locales ancladas a la informalidad y flujos financieros globales. Acción pública desarticulada en respuesta a la demanda social y presión corporativa y escasamente orientada por procesos de planificación integral, una dinámica de mercado de suelo débilmente regulada por el poder del Estado, y las prácticas de la acción colectiva de las clases populares, han configurado una ciudad de discontinuidades que se refuerzan con fronteras materiales y simbólicas, bajo la influencia de un sistema político con marcado sesgo clientelar, en el marco del cual el control de las cuestiones urbanas constituye un recurso político.

Estas condiciones inciden y retroalimentan la construcción de sentidos, en los significados otorgados por las personas a las relaciones y la cotidianidad, ya que la configuración del territorio que se materializa físicamente, resulta de complejos procesos de contiendas entre actores sociales asimétricos, en donde generalmente el enfoque sobre los problemas urbano-habitacionales y su estrategia de solución - legitimados por la intervención estatal -, están sesgadas a favor de las auto-interpretaciones y los intereses de los grupos sociales dominantes, en detrimento de los grupos subordinados.

Los estudios de base de este artículo asumen una concepción estructural que concibe la ciudad como una construcción social, adscribiendo la teoría social crítica, tradición de estudios de análisis urbano de base marxista, tributarios de la escuela estructuralista francesa desde los años 60 y que se han continuado en la geografía social, el urbanismo y la sociología urbana (CASTELLS, 1988). El estudio de los asentamientos que aquí se presenta se inscribe en esta línea: reconoce las condiciones objetivas externas y la forma como los sujetos sociales incorporan estas condiciones y son atravesados por ellas (BOURDIEU, 2001; WAQUANT, 2002). Así mismo, se parte del reconocimiento de la necesidad de incorporar la dimensión histórica al análisis de las relaciones sociales. Como lo señala Signorelli (1999), la antropología de la ciudad parte de interrogarse acerca de cómo participan las ciudades en los procesos de producción y reproducción de la condición humana.

Para comprender cómo impactó en la vida urbana de Resistencia la expansión de las ocupaciones de tierra y la emergencia del ocupante como sujeto productor y emergente de estos procesos, las transformaciones que sufrieron los procesos de ocupación de tierra, fue necesario recurrir principalmente a la observación densa de la vida urbana (procesos de residencia, trabajo, consumo, políticos, festivos) y los conflictos que la recorren, y las relaciones de poder que estructuran la apropiación del espacio y la vida social como así también censos y estadísticas.

CARACTERIZACIÓN DE RESISTENCIA

Resistencia es la ciudad capital de la provincia del Chaco y está localizada al NE argentino. Fundada en 1878, fue poblada en gran medida por las corrientes inmigratorias promovidas por las políticas nacionales de población del territorio de principios de siglo XX, combina descendientes de población originaria (qom), inmigrantes europeos y criollos. Junto a los municipios de Fontana, Puerto Vilelas, y Puerto Barranqueras, conforma el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), conglomerado urbano que alcanza una población de 385.726 habitantes. Resistencia concentra la mayor parte de la población del AMGR; en 2010 (último censo oficial) tenía 290.723 habitantes, equivalentes al 75,4% del total de la población de esta área metropolitana.

El crecimiento de esta Área Metropolitana se dio primero en forma lineal entre los cauces (interfluvio) del río Negro y el riacho Arazá en sus desembocaduras al río Paraná, ocupando esta planicie de inundación. A medida que el crecimiento urbano se extendió - también a lo ancho -, avanzó sobre su sistema lacustre, hasta cubrir y ocupar numerosas lagunas, meandros y parte del cauce del riacho Arazá, el cual fue parcialmente canalizado.

El AMGR se encuentra protegido desde hace algunos años por un sistema de defensa contra las inundaciones, compuesto por terraplenes, canales, diques y estaciones de bombeo, conformando un recinto de seguridad que defiende a la ciudad del crecimiento de los ríos y permite que se evacúe el agua que se acumula por lluvia dentro del mismo. Pero la urbanización fue progresivamente desbordando el área defendida.

El crecimiento de esta ciudad fue consecuencia, en las primeras décadas del siglo XX, de la expansión de la producción y la incorporación exitosa de los productos en el mercado internacional. A partir de la década del 40, la crisis en la producción de tanino que se profundiza desde mediados de los 50, revirtió la situación y la expansión urbana del Área Metropolitana del Gran Resistencia fue producto de la migración de población rural expulsada de la producción agrícola. Al principio, esta población se incorporó a la economía urbana: en parte a la producción industrial y comercial mayorista⁷ y en parte a la actividad terciaria - administrativa y servicios -, por ser Resistencia sede del gobierno provincial.

En el período 1946-1955 se generó un proceso de transformación de la materia prima (con la instalación de aceiteras, hilanderías etc.) y la creación del Banco Hipotecario Nacional que opera estimulando crediticiamente el uso residencial del loteo privado (BENITEZ & SOBOL, 2010). De manera que en esta época es predominante la consolidación de la trama más regular de la ciudad, característica de la zona céntrica, en torno de la plaza central. Desde entonces el crecimiento del AMGR es producto de las sucesivas crisis económicas, muy asociadas a la crisis y las trasformaciones de la producción agrícola (mecanización del agro), que determinaron una fuerte expulsión de población rural hacia los centros urbanos y agravadas periódicamente por las crisis derivadas de las inundaciones por crecida de los ríos Paraná y Paraguay y, con más frecuencia, por lluvias. Hasta 1960, la urbanización de Resistencia se caracterizó por un crecimiento poblacional lento, la implantación de las vías del ferrocarril en conexión con la infraestructura portuaria en forma lineal en el sentido NO-SE. En este contexto, Resistencia se extendió más hacia los cuatro puntos cardinales, pero fuertemente condicionada por los límites naturales: el río Negro y su sistema lacustre, al norte y el río Arazá, al sur (ALCALÁ PALLINI, 2007).

En la década del 70 y 80 se fue consolidando la conurbación entre municipios del AMGR. Comenzó la expansión de Resistencia hacia el suroeste con la construcción de grandes conjuntos habitacionales públicos de media densidad (de hasta 1.000 viviendas cada uno) impulsados por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Estos conjuntos fueron ubicados por entonces alejados del área urbanizada al sur y suroeste del municipio de Resistencia, dejando tierras vacantes intersticiales, sobre las que se extendieron nexos de infraestructuras que favorecieron luego el loteo privado de tierras aptas y la ocupación informal de tierras no aptas (ALCALÁ PALLINI, 2007; BARRETO et al., 2014).

En esta época se consolidó la convivencia de las tres formas predominantes de ocupación del suelo: la promovida por la construcción de viviendas estatales, la promoción de loteos a través del mercado y el hábitat informal y la conformación de villas y asentamientos. Entre 1977 y 1980 se inició un conjunto de obras infraestructurales - el trazado del terraplén de defensas sobre el rio Negro, un dique regulador del río Negro y un puente sobre el río Negro -, que contribuyeron a la expansión hacia el Norte. Por otra parte, el entubamiento del río Arazá para la radicación de uno de los conjuntos habitacionales estatales más grandes favoreció la expansión hacia el sur.

Desde 1990, la concurrencia de crisis económicas traccionadas por la implementación de políticas de ajuste neoliberal (TORRADO, 2004), la reversión del sistema de inversión pública en desmedro de infraestructura y énfasis en la producción de vivienda, o partes de vivienda, redundaron en el incremento de las ocupaciones informales y formación de asentamientos precarios y la profundización de la segregación socio espacial, consolidando el área norte como sede de residencia de los sectores medio alto y el sur como sede residencial de los sectores más bajos.

Según Alcalá Pallini (2007), en esta época se observa una gran dispersión en las localizaciones y tendencias de crecimiento urbano del AMGR (Figura 1).

FIGURA 1
Crecimiento de la mancha urbana de Resistencia.
Fuente: Alberto (2014).

Una inundación muy grave en 1998 generó una norma de restricción al uso de suelo por vulnerabilidad hídrica. Esta norma tuvo efectos sobre la expansión en el sentido de que al priorizar niveles (cotas) y no infraestructura y urbanización, profundizó la tendencia a la urbanización en sitios alejados y muchas veces con escasos nexos de conectividad.

Sobre todo, el período comprendido entre finales de los 90 y los primeros años 2000 se caracterizó por conflictos por ocupaciones informales de terrenos privados y la conformación de asentamientos (con un patrón de instalación caracterizado por la masividad de familias, la regularidad en la distribución de las porciones de tierra entre los ocupantes y la organización de los ocupantes para la demanda de regularización dominial). Una de las formas de resolver la conflictividad social que significaba este reclamo - ineficaces por la dificultad para concretarlas -, fue la aprobación de leyes de expropiación de los predios ocupados a sus propietarios para su posterior traspaso a los ocupantes, previo pago por parte del Estado a los propietarios⁸ .

En 2004 la conclusión del sistema de defensas definitivo habilitó la tendencia de urbanización hacia el norte. En el período intercensal, los años 2001 y 2010 se evidenciaron cambios demográficos y socioeconómicos que se sostuvieron hasta 2015. Composición de los hogares hacia grupos más pequeños (3,6% miembros por hogar), reducción de la pobreza, un mejoramiento de los ingresos de la clase media, crearon un escenario de crecimiento económico más estable y sostenido. En esta época, a nivel país, el coeficiente de Gini se redujo el 16,0%, y el Índice de Bienestar de Sen mostró una mejora del 70,0% (CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES SCALABRINI ORTIZ, 2014). En el área metropolitana del Gran Resistencia el coeficiente de Gini se redujo el 22,0% entre 2005 y 2011 (GOBIERNO DEL PUEBLO DEL CHACO, 2013).

Estas mejoras sociales tuvieron consecuencias en el mejoramiento de la calidad constructiva de las viviendas en la población de menores recursos, pero existen dificultades para acceder a suelo urbanizado y esto impide la construcción de una ciudad con mejor calidad de vida y crea las condiciones para las prácticas a sectores más pobres de la población, con distintos grados de organización, que resuelven sus problemas de hábitat mediante distintas estrategias de ocupación informal de terrenos vacantes.

Se distingue entonces: la proliferación de “asentamientos” originados en ocupaciones de terrenos, predominantemente localizados en el área Sur de la ciudad; la acción del mercado, con la consolidación de “urbanizaciones” localizadas en el área Norte de la ciudad; y la acción estatal como respuesta al problema habitacional mayoritariamente en el Sur de Resistencia, desde una concepción que entiende que proveer viviendas es resolver el hábitat, sin considerar integralmente condiciones de infraestructura, conectividad, a veces proveyendo viviendas en conjuntos habitacionales sin equipamiento ni servicios urbanos, o consolidando asentamientos en localizaciones reñidas con las normas y restricciones ambientales⁹ (Figura 2).

FIGURA 2
Localización de villas y asentamientos en Resistencia.
Fuente: Cazorla (2018).

Es decir, que la segregación espacial combina el aislamiento al que se ven sometidos los pobres urbanos por deficiente accesibilidad y transporte urbano, esto alcanza a los asentamientos informales y también a algunos barrios construidos por el Estado (BARRETO et al., 2014) y en el otro extremo, la auto exclusión residencial de los sectores de alto nivel adquisitivo, como garantía de seguridad y/o exclusividad.

LOS ASENTAMIENTOS: ESTRATEGIA HABITACIONAL Y REIVINDICATIVA

Los asentamientos constituyen una de las diferentes estrategias de resolución del hábitat desplegadas por los estratos sociales más pobres en la ciudad, no pueden acceder a la resolución de sus condiciones de hábitat a través del mercado y se movilizan para construir una interlocución con el Estado para la resolución de sus condiciones de hábitat y supervivencia.

Constituyen una especificidad socio-histórica, producto de las condiciones sociales creadas por los procesos de concentración y centralización del capital, la implementación de las políticas neoliberales y los ajustes estructurales que configuró una matriz social caracterizada por la creciente polarización, la agudización de las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, en la que una creciente cantidad de personas quedan excluidas del empleo y del ejercicio de los derechos más elementales.

Para algunos autores, los asentamientos constituyeron en los primeros años 2000 un elemento del repertorio de una nueva politicidad de los sectores pobres urbanos populares (junto al piquete, los saqueos y los estallidos) para lograr reconstruir los lazos perdidos con los procesos de desafiliación (MERKLEN, 2005). Su principal rasgo es la organización de los colectivos sociales que producen la ocupación de tierra. Estas organizaciones buscan, mediante la ocupación de tierras, una solución habitacional, y reconocimiento de su existencia social. Más allá de los diferentes perfiles y trayectorias¹⁰ , la organización de los grupos de familias que ocupan la tierra y reclaman luego la regularización dominial a su favor, expresan un proceso de politización de la pobreza urbana producto de una conflictividad social a un nivel político más amplio que involucra otros agentes y fracciones sociales y que expresa una crisis de integración.

Pese a una mejora en las condiciones generales de vida entre 2003 y 2015¹¹ , aproximadamente, persisten núcleos de pobreza que no lograron revertirse. De manera que las ocupaciones informales continúan siendo desde hace veinte años la estrategia que adoptan las clases desfavorecidas para reivindicar su derecho a la ciudad.

Existe una enorme dificultad para cuantificar la población que vive en la informalidad. Por la dinámica de movilidad que tienen las familias, se estima que los hogares que residen en villas y asentamientos en el Área Metropolitana del Gran Resistencia, alcanzan el 25% (BARRETO et al., 2014). A fines de 2015, a través de una metodología de estimación indirecta - foto interpretación -, se identificaron 1.332 polígonos dominiales que contienen las 280 villas y asentamientos del AMGR, de acuerdo con el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH)¹² , que alcanzan una superficie total de 1.216 hectáreas. El dato más contundente de estimación indica que en el transcurso de los últimos siete años se formaron 177 polígonos nuevos, es decir, que estas ocupaciones informales aumentaron (CAZORLA, 2018).

Los asentamientos informales están habitados por familias constituidas por asalariados de baja calificación, cuentapropistas de oficios pocos calificados, de trabajos esporádicos y changas, y también jubilados, pensionados y destinatarios de planes sociales, que tienen ingresos bajos y que en muchos casos también los complementan con actividades comerciales de pequeña escala y de servicios informales (BENITEZ, 2003; BENITEZ & QUINTANA, 2010)¹³ .

Entre los jefes de hogar predomina la instrucción primaria y sus hijos asisten a escuelas públicas primarias cercanas, la atención de la salud mayormente es pública en centros de salud cercanos y en los hospitales de la ciudad y no cuentan con obra social como tampoco con ningún equipamiento social, a excepción de los religiosos. Los chicos y jóvenes practican deportes y juegan en las canchas (potreros) del barrio. No denuncian problemas de seguridad y las viviendas no cuentan con dispositivos de seguridad. Tiene alto recambio de población. Mantienen con los barrios vecinos solo relación de trabajo y de servicios y relaciones funcionales por el uso de equipamientos sociales. Tienen mala calidad ambiental por falta de limpieza y de desagües adecuados. La informalidad/ precariedad en la propiedad de la tierra los deja fuera de algunos servicios que brinda el municipio, tales como la recolección de residuos.

Respecto de la atención estatal a las demandas de infraestructura, regularización dominial y asistencia social y vivienda, en la mayoría de los casos, éstas prácticas estatales, combinadas, redundan en un efecto regresivo sobre las prácticas sociales de demanda colectiva (Figuras 3, 4, 5, 6 e 7).

FIGURA 3
Ocupación de La Rubita en octubre de 2007. Terreno demarcado rudimentariamente.
Fuente: Acervo personal de la autora (2017).

FIGURA 4
Ocupación de La Rubita en octubre de 2007. Ocupantes organizando la resistencia al desalojo.
Fuente: Acervo personal de la autora (2017).

FIGURA 5
Ocupación de La Rubita en octubre de 2007. Familias ocupantes organizando la instalación.
Fuente: Acervo personal de la autora (2017).

FIGURA 6
Asientamiento La Rubita en Julio de 2008.
Fuente: Acervo personal de la autora (2008).

FIGURA 7
Asientamento La Rubita en Julio de 2008.
Fuente: Acervo personal de la autora (2008).

Un estudio realizado de la construcción de viviendas en dos asentamientos nos permitió detectar la transformación del posicionamiento comunitario frente a las prestaciones sociales y habitacionales: el pasaje de una actitud proactiva (promotora de las acciones socio habitacionales) a pasiva (esperar que se efectúen las “soluciones habitacionales”) y el efecto disciplinador y fragmentador de las intervenciones estatales sobre los asentamientos¹⁴ .

Ello es así en virtud de que las organizaciones de los asentamientos (formalizadas como movimientos o Organizaciones no Gubernamentales diversas) disputan entre ellas por obtener el reconocimiento estatal de su demanda y la asistencia que ofrecen los diferentes programas habitacionales. El impacto negativo se manifiesta en la atomización de la demanda, y el desplazamiento de la contienda a realizarse entre sujetos que participan de una problemática, en muchos aspectos, semejante.

Un tratamiento aparte merece el impacto de las intervenciones estatales descriptas más arriba en las trayectorias habitacionales de los adjudicatarios de las casas nuevas construidas por los programas habitacionales. Específicamente en las condiciones de vida de los residentes de los asentamientos durante el proceso de construcción de las soluciones habitacionales. Si bien son apreciadas las soluciones habitacionales (provisión de agua, trámites de leyes de expropiación, certificado de ocupación y hasta vivienda) y consideradas estas asistencias un logro de las organizaciones, el proceso de la provisión de asistencia habitacional es muchas veces traumático: no reciben compensación por la edificación demolida cuando les proveen edificación de vivienda nueva, ni apoyo económico para alquiler en el tiempo que deben retirarse mientras dure la edificación, o unidades transitorias de vivienda, lo cual dificulta las condiciones de vida de los destinatarios de las soluciones habitacionales para los asentamientos (BENITEZ, 2008).

CONSIDERACIONES FINALES

Estas reflexiones pretenden contribuir a pensar sobre los asentamientos informales como territorios de reivindicación, como procesos de autogestión del hábitat por parte de los sectores sociales populares urbanos. Un giro en las acciones vinculadas con los predios urbanos en desuso, desde el punto de vista de la gestión urbana y en las soluciones socio habitacionales debería incluir un esfuerzo de comprensión de los patrones de producción de los asentamientos, considerando a la población como colectivos organizados, en distintos grados de organización, institucionalización etc., y en consecuencia implementar acciones que tiendan a fortalecer esta condición.

El reconocimiento del Estado y la posterior integración de las organizaciones a la gestión de las políticas socio habitacionales impacta, las más de las veces, fracturando las organizaciones hasta entonces unificadas y, consecuentemente, debilitando los mecanismos de demanda colectiva.

La política habitacional debe pensarse en términos de su integralidad, teniendo como premisa fundamental la participación directa de las organizaciones sociales en el delineamiento de las acciones a llevarse a cabo como mejoramiento de su condición habitacional.

La integración social plena de los asentamientos a la ciudad y de los residentes de los asentamientos a la vida urbana, sin estigmas, solo será posible mediante intervenciones respetuosas de las organizaciones de base, la implementación de espacios de interlocución más igualitaria y que tengan como destinatarios a los residentes de los asentamientos en forma prioritaria, pero que incluyan destinatarios residentes en barrios formales, abordando problemáticas urbanas similares, propiciando mixturas y heterogeneidades que creen las condiciones para erradicar las representaciones mutuas negativas, la estigmatización y la reproducción de las desigualdades.

AGRADECIMIENTOS

A mis colegas del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en el trabajo compartido en proyectos de Investigación, he podido desarrollar estas reflexiones.

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NOTAS