INTRODUCCIÓN

En el Área Metropolitana de Tucumán (AMeT) se encuentra la capital de la provincia homónima que está ubicada en la región del Noroeste Argentino (NOA). Se trata de una ciudad intermedia en la jerarquía urbana nacional que alcanza una población de 952.485,2 habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010), lo que implica casi el 64% de la población total de la provincia (1.448.188 habitantes).

Desde la época de la colonia, la ciudad de Tucumán (hoy AMeT) es la metrópolis del NOA, siendo su primigenia función la de enclave del transporte al ser la ciudad más septentrional del país a la que llega el ferrocarril de trocha ancha. Con posterioridad y debido al desarrollo y consolidación del sistema ferroviario nacional, fue adquiriendo la función de lugar central llegando a ocupar el rol de metrópolis regional debido a la oferta de servicios que polariza hacia toda la región y parte de los países limítrofes, sobre todo en materia de salud y educación (grado y posgrado).

Desde el punto de vista jurídico administrativo, el AMeT ocupa 5 de los 17 departamentos provinciales: Capital, Yerba Buena, Cruz Alta, Lules y Tafí Viejo que se encuentran administrados por municipios y/o Comunas rurales. Participan actualmente del conglomerado metropolitano 6 municipios (San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes) y 10 Comunas Rurales (Cevil Redondo, San Javier; La Florida y Luisiana; Colombres; San Andrés; Delfín Gallo; Los Nogales; El Manantial; San Felipe y Santa Bárbara; San Pablo) (Figura 1).

Temporalmente, la investigación analiza los conjuntos de promoción pública construidos desde 1950 a 1998. El objeto de ese recorte es el de evaluar cómo dichas actuaciones, tipificadas según su proceso de urbanización (SOLÀ MORALES, 1993; GÓMEZ LÓPEZ, 2001) se relacionan con la conformación actual de la ciudad en cuanto al acceso a servicios. La justificación temporal, actuaciones de más de 20 años, viene dada al considerase un plazo razonable para la integración de los barrios a la ciudad consolidada. Por otro lado, dicho plazo supone que los habitantes originales de esos conjuntos tuvieron un desarrollo familiar, desde la conformación de su núcleo básico (padres y jóvenes con niños pequeños) hasta su estadio posterior en el que los hijos crecen, maduran y constituyen nuevos hogares.

Se inicia la investigación a partir de una conceptualización crítica, previa al análisis del caso, que incluye un repaso respecto al cambio epistemológico sobre la concepción de la vivienda y de lo urbano, las cuales centran la atención hoy en valoraciones distintas a las que sustentaron las actuaciones públicas estudiadas. Dicho giro epistemológico supone el cambio de visión y concepción del mundo y de la ciencia de la modernidad2 a la posmodernidad3 (Figura 1).

FIGURA 1
División Jurídica Administrativa del área Metropolitana de Tucumán.
Fuente: Elaborada por las Autoras (2018), sobre la base de datos del Instituto Geográfico Nacional (2009), Gobierno de Tucumán (c2017) y la base de la trama urbana del Área Metropolitana de Tucumán, 2018.

En los últimos años se pueden observar diversos intentos que buscan romper con el conocimiento dominante, basado en una epistemología que se diferencia en el sentido cultural del mundo moderno cristiano occidental y en el político del colonialismo y el capitalismo (SOUSA SANTOS & MENESES, 2014). Este giro epistemológico en el conocimiento impactó en la concepción de las políticas públicas residenciales basadas en una visión cuantitativa de la vivienda entendida como producto, en la cual eran indicadores claves para la formulación de programas cuestiones tales como el número de unidades a producir, la estimación del déficit del parque habitacional, las ventajas de una economía de escala en la producción de grandes conjuntos, la estandarización y sistematización de prototipos, entre otros, a una visión cualitativa del hábitat como proceso. A partir de la crítica y la experiencia de actuaciones inspiradas en los principios anteriores, en las últimas décadas la conceptualización sobre la vivienda social o de promoción pública evolucionó hacia una visión más cualitativa, poniendo el acento en la producción del hábitat como proceso, siendo las dimensiones para tener en cuenta la participación ciudadana, la accesibilidad a servicios y la mejora de la calidad de vida (PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO, 2004; CARDOSO SILVA, 2008).

El paradigma anterior, el moderno, en el que surgen las políticas públicas de vivienda estudiadas en el presente artículo, conciben a esta como un producto acabado, es decir, desde la vivienda llave en mano en un contexto urbano comprendido como contenedor saludable y apropiado para sanear la vida humana. El objetivo que alumbran estas políticas implementadas, incluso hasta en la actualidad, es el de la visión de la realidad fundamentada en informaciones cuantitativas. El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (2004) plantea que la mayoría de las propuestas orientadas en esta tendencia han carecido de una plataforma conceptual y de un enfoque metodológico que busque responder a las demandas de la población, basándose en un enfoque descriptivo de la realidad, con la finalidad de establecer pautas para su control. Por lo tanto, este tipo de aproximación al problema habitacional tiene grandes limitaciones, ya que genera respuestas a partir de enfoques parciales de la realidad, por ende carecen de una concepción integral del hábitat.

La noción actual, en cambio, aboga por un “hábitat digno” entendido como producto de una construcción colectiva, en el que la vivienda debe ser entendida como un conjunto de servicios habitacionales y como espacio o contenedor, constructo colectivo que habilita la vida familiar y social de los individuos. Esta concepción contemporánea se enfoca más en el estudio del conjunto de interrelaciones y servicios que ofrece el hábitat, que el anterior producto, en el cual el barrio es el soporte o facilitador de tales servicios. Este es el espíritu que alumbra a la Ley n° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, Argentina, aprobada en noviembre de 2012.

La Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (2017) plantea que los logros internacionales en materia de derechos humanos promueven una visión más integral en la concepción de las políticas públicas sustentados en los principios de universalidad e interdependencia. Es así como se suman a la reivindicación del derecho a la vivienda otros derechos vinculados al hábitat tales como el derecho al agua, la promoción del reconocimiento del derecho al suelo, los derechos al disfrute de un medio ambiente sano y a participar organizadamente en su promoción entre otros. Esto llevó a promover el derecho a la ciudad como un derecho articulador del conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos y, por tanto, como un derecho colectivo y complejo.

El objetivo claramente cambia desde la visión de reducir el déficit a la visión cualitativa del problema de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de optimizar la accesibilidad a “la oferta urbana”. Esta nueva concepción de la problemática de la vivienda y, por lo tanto, de la manera “o política” apropiada para mejorar “su estado de situación”, está nutrida por el aporte de numerosos autores sociólogos y arquitectos, que han teorizado sobre la ciudad desde una visión crítica del paradigma anterior.

Temporalmente, la mayor parte de las actuaciones estudiadas en el presente artículo se encuadran en el pensamiento del paradigma moderno puesto que es a partir de 1950, cuando el estado comienza con una activa política de vivienda (YUJNOVSKY, 1984; GÓMEZ LÓPEZ, 2001) en pleno auge de las teorías modernas. En el caso particular de la ciudad de Tucumán, la influencia del pensamiento moderno llega y se difunde desde la facultad de Arquitectura que inicia sus actividades en 1939 bajo la figura de Escuela de Arquitectura pasando, en 1946, a la categoría de instituto y obteniendo en 1952 la categoría de facultad. El plantel docente representado por célebres figuras de la escena nacional, como el arquitecto Sacriste, Vivanco, Salva, entre otros, adhieren al ideario moderno y participan activamente en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM).

Las instituciones a través de las cuales el estado concreta la obra de promoción pública de vivienda son el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Caja Popular de Ahorro (CPA) y el Instituto Provincial de Vivienda (IPV). Son las actuaciones financiadas y/o ejecutadas por estas instituciones las responsables de alentar y orientar el crecimiento del AMeT (GÓMEZ LÓPEZ, 2001; GÓMEZ LÓPEZ; CUOZZO; BOLDRINI, 2015).

La manera en que este crecimiento se produce va cambiando con el tiempo. En la década de los sesenta y setenta el crecimiento se direcciona hacia el norte y sur destinado a sectores medios y bajos, mientras que en los ochenta y noventa principalmente hacia el oeste, en contacto con la sierra de San Javier, a través de la modalidad privada segregada del tejido existente y destinada a una población de mayores recursos (MANSILLA & SORIA, 2004). En estas últimas décadas, en paralelo al crecimiento residencial, aparecen islas de consumo comercial de uso restringido a determinados sectores socioeconómicos, acentuando la fragmentación por la pérdida del espacio colectivo de encuentro social (ABBA, 2010).

Desde la década del noventa, Argentina transita por distintas situaciones donde la inestabilidad institucional y económica, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, la fragmentación urbana y la segregación social (SADER, 2008; ABBA, 2010) se ven expresados en el acceso desigual a la vivienda y servicios urbanos (GÓMEZ LÓPEZ, 2001) y, en consecuencia, en los menores niveles de calidad de vida de la población (VELÁZQUEZ, 2001; SADER, 2008; ABBA, 2010).

Tucumán no es ajena a dichas transformaciones, evidenciando la coexistencia de asentamientos informales, viviendas de promoción pública inconexas y carentes de servicios, contiguos a urbanizaciones cerradas dotadas de estos; mostrando contraste y segregación residencial generada por los distintos sectores socioeconómicos (GÓMEZ LÓPEZ; CUOZZO; BOLDRINI, 2015). En este contexto, el crecimiento periférico del AMeT presenta varios inconvenientes para la población, tales como falta de equidad, inaccesibilidad, déficit (y en la mayoría de los casos ausencia) de servicios como agua potable, cordón cuneta, pavimento, transporte público y recolección de residuos. Situación que genera un crecimiento desordenado, aumento de la brecha social, insostenibilidad urbana y deterioro de las condiciones de vida, a través de la exclusión de la población de las políticas habitacionales públicas y privadas (GÓMEZ LÓPEZ, 2001; MANSILLA & SORIA, 2004).

De lo anteriormente expuesto, referido tanto a la evolución del caso de estudio como al cambio epistemológico o filosófico respecto a los criterios para evaluar actuaciones de promoción pública, es que resulta muy útil realizar una revisión de cómo se comportan, desde el punto de vista del acceso a servicios, distintos conjuntos habitacionales construidos en el AMeT desde la década de los 50. Un criterio a la hora de tal revisión es la evaluación de la cobertura de los servicios con que cuenta hoy cada conjunto seleccionado y, por lo tanto, cuál es el nivel de acceso que posee la población que los habita.

El fundamento en la consideración de los servicios urbanos es que los mismos inciden directamente en la calidad de vida de la población y su ausencia o deficiencia tiene un peso muy importante en las economías familiares. Se parte de la premisa que, a mayor accesibilidad a la ciudad, mayor acceso a los servicios que la misma ofrece. Por ello, desde el diseño y definición de criterios de políticas públicas de vivienda, interesa responder interrogantes sobre cómo estas actuaciones, que se fueron anexando e introduciendo a la trama urbana, han evolucionado con relación a la propia ciudad. Surgen así preguntas tales como: ¿Cuál es el nivel de acceso a servicios en el AMeT? ¿Cómo es la accesibilidad de los distintos tipos (tipologías de casos) con relación a la ciudad? ¿Cuáles son los casos más críticos? ¿Qué tipología evolucionó mejor? ¿Por qué?

En consecuencia, el objetivo de la investigación consiste en evaluar la accesibilidad de las promociones públicas de vivienda realizadas en el AMeT entre 1950 y 1998.

APORTES TEÓRICOS

Con relación al giro o cambio epistemológico anteriormente planteado y el impacto en las políticas de vivienda, se hace referencia a dos cuestiones: por un lado el cambio operado respecto a la mirada de “lo urbano” y en la consideración del “usuario” o destinatario de dichas políticas y, por otro lado, la concepción actual respecto a la ciudad como soporte de lo urbano y como prestadora de bienes y servicios.

La visión crítica de la ciudad moderna, entendiendo como tal a la resultante de un proceso de gestión y planificación operado hasta la posguerra llegando hasta entrados los 1960, sustentada sobre un ideario de crecimiento y desarrollo ilimitado, fue acunándose sobre la base de dos premisas centrales: por un lado la cada vez más poderosa “conciencia ambiental” que se va gestando desde los 1970 y que pone límites al crecimiento4 y, por otro, la comprensión de lo urbano como una obra colectiva y no como la creación del técnico urbanista proyectista (ALEXANDER, 1980; ROSSI, 1971).

Rossi (1971) en su libro “La arquitectura de la ciudad” entiende a la ciudad como arquitectura, es decir, como un conjunto de construcciones en el tiempo, producto de la vida y de una sociedad. Desde su perspectiva, la arquitectura es connatural a la formación de la civilización y es un hecho permanente, universal y necesario. Se rescata de Rossi el énfasis en lo “cultural arquitectónico”. Son importantes también, los aportes de Lefebvre (1968), considerado el fundador de la “Sociología urbana” con su contribución crítica al urbanismo racionalista. Lefebvre entiende la organización del espacio como un aspecto de la morfología social, reivindica el derecho a la ciudad y apuesta por el derecho a la construcción de una “sociedad urbana”.

En el mismo sentido que Lefebvre (1968), y desde una perspectiva disciplinaria de la arquitectura, Panerai y Castex (1988) reflexiona sobre lo “social arquitectónico”. Entiende a la arquitectura, diferenciándose de Rossi (lo cultural arquitectónico) como lo social arquitectónico. Es decir, reflexiona sobre la arquitectura como práctica social desde la mirada crítica de lo tipológico, sentando posición contra la concepción consumista de la ciudad que convierte el espacio urbano en una mercancía y provoca de manera insalvable la segmentación social.

De la misma manera que el cambio epistemológico altera la comprensión de la ciudad y sus fenómenos, la consideración del usuario en el marco de los procesos sociales y de conformación de la ciudad también modificará la consideración del mismo en la concepción de las políticas de vivienda pública.

La crítica a la ciudad moderna y a las políticas de construcción de vivienda social desarrollada a principios del siglo XX sobre la base de la estandarización y la construcción masiva que acompaña el desarrollo industrial de la construcción aboga, cada vez con más fuerza, la necesidad de abandonar la visión simplista del usuario universal reducido a un estándar que se traduce, morfológicamente, en la adopción de un tipo adecuado para la solución universal.

El arquitecto inglés Turner (1972) es uno de los primeros en plantear disciplinalmente (desde la arquitectura) la necesidad de incorporar al usuario en la concepción de las políticas de vivienda. En su libro “Freedom to build: deweller control of the housing process” plantea la necesidad de reconducir las políticas públicas de vivienda hacia procesos “autónomos” versus procesos “heterónomos” (ALEXANDER, 1980) en los que el usuario o destinatario tenga un rol determinante en la concepción de las propuestas. Sin duda, estas ideas fueron las que sostuvieron el emblemático concurso de vivienda social denominado “Programa Experimental de Vivienda” (PREV) I en Lima en 1974, ejecutado por el gobierno de Perú y el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUB).

Otro teórico importante es Alexander (1980), el cual en su libro “Lenguaje de Patrones” plantea la necesidad de recuperar la arquitectura como lenguaje, constituida por patrones que intervienen en los procesos y combinaciones, planteando cómo su manejo devuelve al usuario la posibilidad de reconducir el proceso de construcción de lo urbano y superar el estado de crisis actual. Alexander plantea, en definitiva, lo sustancial que resulta devolver a los habitantes la capacidad para construir su propio entorno, como única salida para revitalizar y habitalizar lo urbano. En sintonía con lo que plantea Alexander, Caniggia y Maffei (1995) resaltan, en el mismo tenor, la “pérdida de la conciencia espontanea”, es decir, de los comportamientos sociales y culturalmente heredados, fundamentales para vitalizar la ciudad.

Otro hito significativo en el cambio de paradigma que acompañó a la crítica proyectual y urbana fue el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible que aparece por primera vez de forma oficial en 1987 en el Informe Brundtland por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo. Este nuevo concepto articula el futuro del planeta y la relación entre medio ambiente y desarrollo, y se entiende como tal aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (ARTARAZ, 2002). En este sentido, cabe destacar su mención en el 2001 por Fontaine, presidenta del Consejo Europeo de Gotemburgo quien recalca la intención de la Unión Europea de mantener el foco en el desarrollo sostenible y resalta el carácter indisociable de las dimensiones social, medioambiental y económica que lo integran (ARTARAZ, 2002).

El reconocimiento del componente social como factor imprescindible para el desarrollo supone un fuerte respaldo a las críticas y un abordaje respecto a la necesidad de participación y consideración del usuario en el proceso de diseño y planeamiento. También en relación a la conceptualización sobre los servicios y su relación con los procesos de desarrollo urbano.

El segundo aspecto en referencia al giro epistemológico está asociado con la superación del enfoque sectorial, referido a las políticas públicas de vivienda como provisión de servicios habitacionales, la cual debe entenderse desde la dotación de acceso a la población destinataria, a la mayor variedad y calidad de estos, procurando la mejora de las condiciones de vida urbanas.

Según Cerda Troncoso y Marmolejo Duarte (2010) el crecimiento de las áreas metropolitanas latinoamericanas se ve caracterizado por una gran desigualdad en cuanto a los bajos niveles de dotación de infraestructuras y distribución de la riqueza. En este sentido, según Magrinyá (2005), la causa de la urbanización se sitúa en la concreción de servicios a partir de las relaciones comunitarias, aunque en un contexto de desarrollo, la misma se convierte en instrumento para que sectores de la ciudad dispongan de distintos servicios, convirtiendo las parcelas en áreas con acceso físico a redes de infraestructuras (HERCE & MAGRINYÀ, 2002). Sin embargo, la realidad urbana evidencia lo contrario, en tanto primero se formalizan los tejidos urbanos y luego, de modo progresivo, los servicios (GÓMEZ LÓPEZ, 2001; MAGRINYÁ, 2005).

Solá Morales (1993) y Gómez López (2001) distinguen tres formas de crecimiento urbano con relación a cómo se produce la urbanización: edificación o construcción del módulo habitacional (E), parcelación (P) y urbanización o dotación de servicios (U). Para Magrinyá (2005) la secuencia ideal sería igual a U ➝ P ➝ E, aunque según la evolución espacial y temporal, en países con mayor grado de desarrollo (a los que hace referencia como los del Norte) se produce P ➝ U ➝ E o P ➝ E ➝ U y en los de menor desarrollo (a los que hace referencia como los del Sur) distintos grados y niveles de P, E y U, y no de una sola vez sino parcializado en etapas (GÓMEZ LÓPEZ, 2001). En relación a esto, un área para desarrollarse urbanísticamente debe tener como precondición la accesibilidad, siendo clave para los sistemas urbanos discontinuos (CERDA TRONCOSO & MARMOLEJO DUARTE, 2010).

El acceso a los servicios urbanos posee gran complejidad dado su gradual y lento proceso de adaptabilidad al espacio/tiempo y, en este sentido, es indispensable incorporar redes de servicios a los asentamientos urbanos (MAGRINYÁ, 2005), teniendo en cuenta que los grupos sociales más vulnerables poseen condiciones más desfavorables en tanto las diferencias culturales impactan en el acceso al servicio y sus beneficios. Se plantea la accesibilidad5, de esta forma, como la relación negociada o conflictiva entre las características del sistema de servicios y las de las necesidades de la población para generar un impacto positivo en su bienestar (LANDINI; GONZALEZ COWES; D`AMORE, 2014).

Para Magrinyá (2005) los usos y prácticas de dotación de servicios siguen siendo propias de una sociedad rural donde las aglomeraciones se localizan en ausencia de redes de servicios, con gran precariedad en los niveles de calidad de acceso. Con relación a esto, si bien la población evoluciona en la mejora de sus condiciones de vida, esta se ve influida por las características del uso de los servicios. Se trata entonces, para este autor, de la incapacidad y precariedad que posee la gestión comunitaria y la administración pública, razón por la cual cree conveniente situar las intervenciones de acceso a servicios urbanos en la perspectiva temporal y espacial.

Valdés et al. (2017) hacen alusión a la importancia de la identificación del entorno barrial a partir de las estrategias de acceso a servicios y vivienda, desde la inversión afectiva y distinción de clases, esto es la tipificación de grupos según condiciones de existencia homogénea (posiciones, condicionantes, intereses y prácticas semejantes).

El impacto de la satisfacción social a través de las políticas públicas está relacionado a la satisfacción familiar y cuestiones sociales a tenerse en cuenta, al nivel de respuesta de las decisiones del estado a las necesidades de la población (planes asistenciales, seguridad ciudadana y financiera, situación económica y libertad política) y garantías de transparencia (TONON & CASTRO SOLANO, 2012).

Los servicios dan sentido a la urbanización, ya que los tejidos urbanos por sí mismos solo generan condiciones precarias de habitabilidad, es decir, que son los que asientan la parcelación introduciendo la noción de servicio y espacio público relacionados a la urbanización (MAGRINYÁ, 2005). Otorgan calidad de vida6 desde un bienestar emocional y material, ya que integran actividades productivas, de seguridad, autoestima social, integración con la comunidad y relaciones armónicas familiares, sociales y con el ambiente (VELÁZQUEZ, 2001; HERNÁNDEZ AJA, 2009; TONON & CASTRO SOLANO, 2012). Es por ello que se comprende a los servicios como elementos de acceso urbano que se traducen en distintos tipos de bienestar (físico, psicológico, social, material y ambiental) y que vinculan las condiciones existentes con niveles de satisfacción o carencia (VELÁZQUEZ, 2001; LONGHI et al., 2015).

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

La realización de esta investigación es la integración de estudios realizados por sus autoras en sus respectivas tesis doctorales. La primera, respecto a la incidencia de las políticas públicas en el crecimiento metropolitano (GÓMEZ LÓPEZ, 2001) y la segunda, respecto a la accesibilidad a servicios urbanos (CASTAÑEDA NORDMANN, 2018), ambas tesis referidas al AMeT.

La metodología se lleva a cabo sobre una base de Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante la aplicación de un análisis multicriterio a partir de las siguientes fases:

1. 1. En primera medida se definen los criterios y variables de análisis:

   • De la tesis sobre el acceso a servicios urbanos, se tiene en cuenta los modelos realizados sobre centralidad7 y accesibilidad8. Con una metodología multicriterio se vinculan ambos otorgándole el 50% del total a cada uno para obtener un modelo de condiciones de acceso clasificado, diferenciando tres rangos según niveles de cobertura aceptable, regular y deficiente. Con esta información se define la cobertura que se denomina acceso a servicios.

   • En el caso de la tesis sobre políticas públicas, se consideran 515 conjuntos de vivienda relevados desde 1950 (primeras operatorias de promoción pública) hasta 1998, año de corte de la tesis en cuestión, ejecutados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el Banco Hipotecario Nacional (BHN) y la Caja Popular de Ahorro (CPA). Para cada caso se consigna el modo en que se urbanizan, institución promotora, año de construcción, cantidad de unidades y tipología de urbanización9 (polígono, densificación y marginal). Con esto se define la cobertura que se denomina barrios de promoción pública.

2. 2. Se cruzan ambas coberturas.
3. 3. Se caracterizan los casos a partir de una evaluación crítica de su estado actual.

RESULTADOS

NIVELES DE ACCESO A SERVICIOS URBANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE TUCUMÁN

En los estudios realizados, la superficie total del sector de estudio abarca 500 Km², siendo aproximadamente la mitad suelo urbanizado (226 Km²), discriminado en tres niveles de condiciones de acceso: aceptable (33%), regular (43%) y deficiente (24%)10 (Figura 2).

FIGURA 2
Niveles de acceso a servicios en el Área Metropolitana de Tucumán.
Fuente: Elaborada por las autoras (2018), sobre la base de datos de Castañeda Nordmann (2018).

Del AMeT, San Miguel de Tucumán es la localidad que posee las mejores condiciones de acceso, con mayor superficie de suelo aceptable con relación a los demás niveles y localidades. Los municipios de Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas poseen un menor porcentaje de acceso deficiente, a pesar de contar con mayor proporción de suelo regular. El resto de localidades tiene menor cantidad de suelo con calidad aceptable. San Pablo, y San Felipe y Santa Bárbara cuentan con mayor proporción de suelo con accesibilidad regular. El resto, Banda de Río Salí, Alderetes, Cevil Redondo, El Manantial, San Javier, San Andrés y La Florida y Luisana tienen las peores condiciones de acceso del AMeT.

BARRIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE TUCUMÁN

De la cobertura barrios de promoción pública (Figura 3) se observa que el 36% corresponde a marginal, el 32% a polígonos medianos, el 10% a marginal de mejora, el 9% a densificación en bloque, el 8% a densificación en altura, el 3% a densificación en dúplex y el 2% a polígonos grandes. Un tercio de la superficie corresponde a la tipología urbanización marginal, el resto se distribuye entre las siguientes instituciones promotoras: IPV (49%), BHN (43%) y CPAP (8%).

FIGURA 3
Barrios de Promoción pública 1950-80 y 1980-98 en el Área Metropolitana de Tucumán.
Fuente: Elaborada por las autoras (2018) sobre la base de datos Gómez López (2001).

ACCESIBILIDAD EN LOS BARRIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

A continuación, se muestra una imagen en la que se consigna la accesibilidad de los barrios de promoción pública según su clasificación tipológica. Del total de casos estudiados, el 54% se encuentra en suelo con acceso aceptable a servicios, el 44% con suelo regular y el 2% con cobertura deficiente.

La mitad de las actuaciones con acceso aceptable corresponde a tipologías de densificación (altura, bloques o dúplex), un 40% de los casos a polígonos y el 10% restante a asentamientos marginales que han recibido alguna intervención por parte del Estado.

De los que se encuentran con acceso regular, la mayor cantidad de casos corresponde a la tipología de polígonos (70%), una quinta parte a barrios marginales mejorados por el Estado y sólo un 10% a alguna de las tipologías de densificación.

En el caso de la accesibilidad deficiente, el 75% de los casos corresponde a actuaciones de polígonos y el resto a la urbanización marginal de mejora (Figura 4).

FIGURA 4
Barrios de Promoción pública según niveles de acceso en el Área Metropolitana de Tucumán.
Fuente: Elaborada por las autoras (2018) sobre la base de datos de Gómez López (2001) y Castañeda Nordmann (2018).

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CASOS CRÍTICOS

De los 321 casos de promoción pública estudiados, aproximadamente la mitad (152) poseen niveles de accesibilidad regular o deficiente (Figura 5), caracterizados en la Tabla 1 en función de las siguientes variables: año de construcción, tipología, nivel de acceso, localidad, número de conjuntos y cantidad de unidades, para poder explicar las situaciones más críticas.

FIGURA 5
Barrios de Promoción pública del AMeT con nivel de acceso deficiente. Nota: Izquierda: Barrio 200 Viviendas en Comuna de Cevil Redondo y Derecha: Barrio 75 Viviendas en Municipio de Alderetes.
Fuente: Acervo personal de las autoras (2018).

Más del 50% de las actuaciones (88 de 152 casos) se encuentran en el municipio Capital y en el de Yerba Buena, que son los que mejores condiciones presentan respecto a la accesibilidad a servicios. Las zonas con peor cobertura son en las que se encuentran los conjuntos de promoción pública.

Todos los casos estudiados poseen más de 20 años de antigüedad (anteriores a 1998). Cabe destacar que existe 1 caso con 63 años de antigüedad, 2 con más de 58 años y 4 con 53 años de antigüedad cuya situación sigue siendo crítica.

En relación con las tipologías de urbanización y las condiciones de acceso, se observa que casi el 75% de los casos corresponde a actuaciones tipificadas como pequeños polígonos, es decir, barrios con menos de 250 unidades, cuya operatoria no financiaba la construcción de infraestructura y equipamiento, razón por la cual esta tipología optaba por localizaciones mejor servidas.

CONCLUSIONES

Evaluar el estado de situación con relación al de acceso a servicios de los conjuntos de promoción pública construidos en la ciudad hace más de 20 años permite concluir algunas cuestiones sustanciales con relación al grado de urbanización de los mismos.

La mitad de los casos estudiados revela que después de 20 años de realizados presentan una condición crítica (regular y deficiente) en relación a la accesibilidad a los servicios. Esta consideración temporal se entiende como una situación crítica porque este lapso supera el tiempo de desarrollo y vida de una familia. Las personas que habitaron una vivienda pasaron por las distintas instancias de desarrollo familiar como la asistencia a la escuela primaria y secundaria, o a la universidad, desplazamientos laborales, acceso periódico a un servicio de salud, acceso diario a un servicio de comercio y frecuentemente acceso a otros servicios especializados.

El estudio realizado revela que las tipologías que mejor condición de acceso a servicios alcanzan son las que corresponden a densificación (altura, bloques o dúplex). Esto se explica ya que dichas actuaciones se localizan en terrenos urbanizados con procesos de renovación urbana bajo la modalidad de vivienda en propiedad horizontal.

Las tipologías que menor nivel de desarrollo alcanzan son las correspondientes a polígonos chicos (menor a 250 unidades). Esto se explica en que estos conjuntos se localizan en terrenos periféricos a la mancha urbana, como parches aislados, sin lograr conformar una centralidad capaz de sostener el acceso a los servicios de mayor jerarquía.

Los grandes conjuntos (más de 500 unidades), cuyas operatorias incluían el financiamiento de la construcción de ciertos equipamientos básicos, por su magnitud y escala, han operado como atractores del crecimiento urbano, alcanzando mejores condiciones de provisión de servicios.

Un objetivo básico y fundamental en las políticas públicas de vivienda es el de mejorar las condiciones de vida de su población. Esta mejora no solo se refiere (como se desarrolló en el aporte teórico) a la provisión de la vivienda (contenedor) sino que está íntimamente vinculada a la accesibilidad a los bienes y servicios. Se puede aseverar que este objetivo no ha sido logrado en las políticas implementadas en Tucumán, puesto que más del 30% de los casos, con más de 20 años de construcción, persisten en situaciones críticas.

La explicación de esta situación se debe a que el estado como urbanizador opera según criterios de mercado, priorizando la economía en la adquisición de suelo más barato que no siempre posee aptitud para urbanizar.

Se construye y ocupan terrenos aislados, con barreras físicas difíciles de superar, en condiciones de salubridad deficiente, discontinuos de la trama urbana. Desde el análisis del hábitat como prestador y facilitador de “urbanidad”, para garantizar la accesibilidad a los servicios hay que disponer de accesibilidad física. Para ello es necesario la continuidad y contigüidad de las actuaciones de promoción con lo urbano. Los conjuntos concebidos desde esta lógica garantizarían un crecimiento urbano en el que la conurbación de un barrio con otro fuera conformando un conjunto armónico, único, capaz de superar barreras y discontinuidades urbanas.

Las barreras urbanas conforman barreras sociales que de no mediar una actuación del estado no logran superarse. La administración del AMeT, municipios y comunas, no pueden especular con que la accesibilidad y la centralidad se expandan y derramen sobre el territorio espontáneamente. Los tiempos, según el análisis realizado, superan las expectativas de la vida familiar atentando contra la economía de hogares que solo pueden acceder a la vivienda propia a través de la ayuda estatal.

REFERENCIAS

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ALEXANDER, C. Un lenguaje de patrones. Barcelona: Editorial GG, 1980.

ARTARAZ, M. Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Revista Ecosistemas, n.3, p.1-6, 2002.

CASTAÑEDA NORDMANN, A.L. Metodología de detección de umbrales ambientales en base a los servicios urbanos: un aporte a la evaluación del área metropolitana de Tucumán. 2018. 300f. Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Geografía) - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 2018.

CANIGGIA, G.; MAFFEI, G.L. Tipología de la edificación: estructura del espacio antrópico. Madrid: Editorial Celeste, 1995.

CARDOSO SILVA, S. Definidores del hábitat: desde el usuario hacia una arquitectura sostenible. 2008. 58f. Tesis (Maestría en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente) - Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, 2008.

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NOTAS

Notas de autor

* Correspondencia a nombre de/Correspondence to: C.F. GÓMEZ LÓPEZ | E-mail: <claugolo@gmail.com>.