Manifiesto de Mérida- Venezuela, al cumplirse cien añosde la Reforma de Córdoba

Declaration of Mérida-Venezuela, during the centennial of the Argentinian University Reform

La Reforma Universitaria de Córdoba hace cien años, abrió caminos aún inacabados, para una profunda reforma política y jurídica de las universidades y para una alianza con la sociedad contra los residuos monásticos y monárquicos que prevalecían. Hoy tanto la sociedad como las universidades venezolanas padecen nuevos autoritarismos externos y pasividades internas equivalentes a los que provocaron esa reforma, expresados por otras personas, ambientes y tiempos.

Por ello, la Seccional de Profesores Jubilados de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes convocó a los integrantes de los gremios universitarios, incluidos los estudiantes, el 20 y 21 de junio pasado para un análisis histórico de esa Reforma, sus consecuencias en los cien años transcurridos y su futuro, que recomienda su revalidación.

Las universidades venezolanas han cumplido funciones sumamente valiosas para el progreso nacional y de los venezolanos; sin embargo, últimamente los postulados cordobeses sobre una universidad autónoma, democrática, inclusiva y vinculada política y académicamente con la sociedad, que traspase sus muros hacia la nación y el mundo globalizado, han tenido un proceso de deterioro paulatino porque el gobierno nacional las ha sometido a continuas agresiones para inhabilitarlas con el acoso político, el presupuesto crónicamente insuficiente y los salarios indignos, a la vez que las autoridades universitarias, por su pasividad salvo lo declarativo, la han sometido a un aislamiento tanto de la sociedad como de la propia comunidad universitaria que se sienten inermes, desprotegidas y en orfandad.

La Reforma Universitaria de Córdoba, iniciada en 1918, basó los radicales cambios políticos y jurídicos de la institución en el sufragio universal para instaurar, además de un clima de convivencia y confraternidad, la elección de un cogobierno responsable, participativo y periódico. Esto ha saltado por los aires sin termino de tiempo por una responsabilidad del gobierno nacional y por una actitud pasiva de las autoridades universitarias, salvo los reclamos judiciales que no se responderán, y que han paralizado las elecciones universitarias sin fecha, provocando de manera inerte, un deterioro paulatino del ejercicio de la autoridad, una ausencia del claustro universitario como asiento de la soberanía universitaria y una esclerosis institucional, lo que ha conducido por un camino desafortunado al deterioro de la “comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad”. A esto se agregó el desánimo general provocado por la pérdida de las condiciones de vida acelerada por el gobierno nacional, que ha inducido la migración profesoral, estudiantil y laboral por no disponer de posibilidades socio económicas ni intelectuales dignas y vivir en el desconcierto en que está el país y la universidad, lo que afecta también a los que no se van.

Hasta el presente, las estimaciones más conservadoras señalan que casi dos mil profesores, miles de estudiantes y centenares de trabajadores que han emigrado, representan la nómina total de cualquiera de nuestras universidades intermedias. Ante esta terrible realidad, quienes gobiernan la institución han respondido con soberbia, abriendo expedientes y sancionando a su personal, sin reparar en el necesario vínculo que debe mantenerse con el mismo, que tanto costó a la universidad formar en las mejores instituciones académicas del mundo. Quien se va de la institución y del país lo hace por la imperiosa necesidad de vivir, y su mayor anhelo es regresar, de allí que nos rebelamos ante esa injusta actitud de las autoridades, quienes pretenden, por la vía inquisitorial, resolver un problema que afecta a toda la nación, y causa daño a esta bicentenaria institución.

Los gobiernos universitarios actuales, con la contribución y complacencia del gobierno nacional, se han deslegitimado en su ejercicio y han congelado nuestra soberanía asentada en el claustro, al mantener sin solución una pugna legal con el gobierno nacional, quien convenientemente la sostiene, provocando así una fatiga anímica e institucional que obviamente los favorece, y cuya solución depende de la contribución que en esta hora deben hacer los profesores, los estudiantes, el personal técnico, administrativo y obrero y los egresados como integrantes del órgano soberano de la universidad, el Claustro que tampoco debe permanecer impasible ante esta calamidad.

No se puede analizar la problemática ni plantear las soluciones basados en el dilema de si primero debe cambiar el gobierno para luego hacerlo la universidad. Este dilema se presentó para los dirigentes de la Reforma Universitaria de Córdoba, y la experiencia demostró la conveniencia de actuar sobre los dos escenarios de manera simultánea y sistemática, aun con grandes sacrificios, incluida la muerte de estudiantes, el cierre de instituciones y la persecución.

Al igual que los jóvenes que impulsaron la Reforma de Córdoba, “creemos no equivocarnos al llamar las cosas por el nombre que tienen”, y vamos al rescate universitario porque no hay otra alternativa a la mano ya que las autoridades nacionales y los gobiernos universitarios, estos por su pasividad, han prolongado más allá de lo tolerable esta situación.

La Reforma Universitaria de Córdoba creó un “pueblo universitario”, el Claustro plenamente soberano conformado por profesores, estudiantes y egresados. Los avances históricos, institucionales, humanos y democráticos, hacen conveniente que al Claustro Universitario se integren otros miembros de ese “pueblo soberano”, representantes del personal administrativo, técnico y obrero, con plenos derechos tanto en el Claustro como en el cogobierno, y no con una simple representación gremial.

A fin de destrabar la situación inerte e inconveniente en que están las universidades autónomas venezolanas, y como una forma de dar respuesta clara y decidida frente al gobierno nacional y a la dirigencia universitaria deslegitimada en su ejercicio, proponemos que los miembros de sus comunidades analicen la posibilidad de convocar o auto convocar al Claustro Universitario, asiento de la soberanía universitaria para que analice y decida la suerte de la institución, que es también la de sus integrantes y del país, reestructure el claustro con una adecuada proporción en él y en el cogobierno del personal ATO, elabore y apruebe en tiempo perentorio un Reglamento Electoral, designe una Comisión Electoral Extraordinaria y Temporal y convoque a elecciones de los integrantes del Consejo Universitario, todo fundamentado en una concatenación del artículo 109 de la CRBV, la Ley Orgánica de Educación y la vigente Ley de Universidades.

Creemos firmemente, que dado que estos problemas son similares en todas las universidades autónomas, y que sus soluciones deben ser mancomunadas, saludamos con beneplácito la incorporación de universidades hermanas a esta lucha que ahora se inicia. Un esfuerzo unitario sería la mayor contribución que se pudiera dar a la universidad a cien años de la gesta de Córdoba.

De otro lado, las universidades del siglo XXI deben buscar formas para modernizar los postulados cordobeses de hace cien años: proteger la autonomía también de factores internos, para el logro de una auto regeneración, la dignificación de la vida académica, el fortalecimiento ético, la preservación de la libertad del pensamiento y la protección de los universitarios, la garantía de trasparencia, el compromiso social y la acreditación externa. Representar la conciencia crítica de la sociedad y conectar la formación de los jóvenes con las nuevas realidades del trabajo de hoy y del futuro, en un entorno digital más exigente, desafiante y demandante, conviviendo con la inteligencia artificial y la necesidad de un desarrollo social, económico y ambientalmente sustentable, que propicie la igualdad de los ciudadanos.

Por ello, a cien años de la Reforma de Córdoba y a sesenta de la Ley de Universidades, su continuación gira en torno a la modernización política de la Universidad, que deben propiciar los universitarios venezolanos, ya que las experiencias externas han fracasado. A este fin proponemos la designación, en cada universidad autónoma, de una Comisión de Profesores, Estudiantes, Egresados y Personal ATO, para elaborar un anteproyecto de Ley Marco, tomando en consideración propuestas ya hechas, en el que se fijen los criterios políticos y estratégicos para las Universidades, y se delegue su funcionamiento en Estatutos Orgánicos Internos, para dar cabida a las distintas historias, entornos geopolíticos, recursos, programas en el que se desenvuelven las universidades dentro de un criterio de unidad política y estratégica pero diversidad funcional.

La elaboración del ante proyecto de Ley debe ser mancomunada, expresión de la gran comunidad universitaria nacional, que también así se presentará a la Asamblea Nacional, y no de manera dispersa y hasta competitiva como ha sido hasta ahora.

Los retos de la universidad venezolana son inmensos también en el desarrollo de la ciencia, la tarea de socializar la Universidad y volcarla a la nación entera, para reordenar y enfatizar su participación en el desarrollo del país; formar a los universitarios al más alto nivel posible científico, técnico y humano, con una conciencia social y crítica que entiendan las causas de nuestro profundo retroceso como nación; una mayor eficacia en los servicios universitarios para el bienestar de los estudiantes y el personal de la institución; un justo presupuesto para la Universidad y la dignificación de la profesión docente y de investigador, pero también de promotor social.

Estos son los retos que nos deja para el futuro la Reforma Universitaria de Córdoba