Introducción

Según el Censo de 2018, Colombia cuenta con 48 258 494 de habitantes, el 77,1 % ubicados en áreas urbanas o cabeceras municipales; el 7,1 %, en centros poblados, y el 15,8 %, en zonas rurales dispersas (véase tabla 2). Ahora existe mejor información estadística para las zonas rurales desde un enfoque productivo y poblacional, pero hay pocos datos de acceso a bienes y servicios públicos rurales.¹ Sin embargo, la dicotomía urbano-rural, construida a partir de las definiciones censales y plasmada en los instrumentos de ordenamiento territorial, no explica adecuadamente la compleja realidad del territorio, en la que se entrelazan las formas de vida del campo y de la ciudad, en espacios con límites difusos y mixturas culturales e históricas, que limitan estrategias efectivas de acceso a agua.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, de "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", se orienta a visibilizar la brecha urbano-rural (Organización Mundial de la Salud & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021). En Colombia, a 2022, se calculaba una cobertura del acueducto del 98 % en zonas urbanas y del 73 % en zonas rurales -incluyendo soluciones mejoradas-, y se habían definido "esquemas diferenciales" para zonas urbanas y rurales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021). Las estadísticas nacionales no dan cuenta de numerosos asentamientos urbanos y rurales de desarrollo precario, y se estima que existen más de 21 000 comunidades que suministran agua para consumo humano y usos múltiples.

El artículo explica brevemente los fundamentos legales y estadísticos de la diferenciación urbano-rural en Colombia, presenta cifras de desarrollo rural y acceso a agua, y aborda conceptos e imaginarios relacionados con la dicotomía urbano-rural, como resultado de la revisión de documentos oficiales y literatura. Posteriormente, se sintetizan las transformaciones del espacio rural con mayor impacto en la gestión comunitaria del agua, a partir de observaciones de campo y percepciones de líderes comunitarios en los departamentos de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca, entre noviembre de 2021 y mayo de 2022.

Método

Este artículo presenta resultados parciales de la investigación Agua y buen vivir, las organizaciones comunitarias y la normatividad en Colombia, adelantada entre 2021 y 2022 desde la Universidad Nacional de Colombia, con el liderazgo del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas (sede Bogotá), y el acompañamiento del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión (sede Manizales).

En la fase descriptiva, se revisaron documentos oficiales para identificar el marco normativo, las políticas públicas y estadísticas sobre acceso a agua y saneamiento en zonas rurales y de periferia urbana en Colombia; además, se consultó literatura académica e institucional sobre la dicotomía urbano-rural y sus cuestio-namientos, conceptos e imaginarios.

En la fase de investigación participativa, se realizaron varios encuentros con líderes y lideresas de acueductos comunitarios afiliados a las organizaciones de segundo nivel, como AMAC, Aquacol, Asatecundi y Facoris (tabla 1), a fin de escuchar las vivencias de personas de origen campesino que previamente han participado en otros espacios de diálogo sobre la gestión comunitaria del agua y provienen de los departamentos de Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Tabla 1

Encuentros presenciales y talleres con las organizaciones comunitarias de agua

Fuente: elaboración propia.

Los testimonios y las observaciones de campo llevados a cabo durante las visitas se conservan en registro audiovisual, y también se exploran desde la perspectiva histórica y organizativa en otros resultados de esta investigación (Quintana Ramírez & Bernal Pedraza, 2023; Bernal Pedraza et al., 2022; Universidad Nacional de Colombia, 2022).

Resultados

La diferencia urbano-rural en Colombia desde las definiciones legales y las estadísticas

En América Latina se diferencia lo urbano y lo rural a partir de las definiciones censales o "definiciones político-administrativas, conceptuales y/u organizativas para llevar a cabo los censos de población" (Dirven, 2019, p. 22) que incluyen criterios para dividir o delimitar el territorio. Algunos países han creado otras categorías o segmentos para afinar normas y políticas públicas (por ejemplo, usos permitidos del suelo, identificación de comunidades o asentamientos y diferenciación de lo nucleado y lo disperso). La división del territorio determina: 1) el ejercicio de las competencias y la jurisdicción de las autoridades; 2) la estructura, organización y presentación de la información cartográfica y estadística; 3) las limitaciones o cargas a la propiedad, y 4) la oferta diferenciada de bienes y servicios públicos.

En Colombia, la diferencia urbano-rural orienta el trato diferencial en agua y saneamiento. Las definiciones censales se incluyen en las normas de ordenamiento territorial; las políticas públicas se formulan a partir de las categorías normativas; la planeación de los municipios se plasma en los planes de ordenamiento territorial (POT), y las estadísticas se agrupan conforme a la diferencia entre cabecera municipal, centro poblado rural y rural disperso.

Las normas colombianas privilegian el desarrollo urbano y promueven la urbanización o edificación, la ocupación planeada del suelo urbano y el acceso a servicios públicos centralizados (artículo 31 y 32, Ley 388 de 1997). Las definiciones de suelo suburbano, rural y de protección se fundan principalmente en las actividades económicas permitidas según la aptitud ambiental, con subordinación de los usos del suelo rural a las necesidades urbanas (artículos 33, 34 y 35, Ley 388 de 1997). El centro poblado rural, como conjunto de 20 viviendas o más, responde a una definición ambigua con efectos estadísticos (artículo 1, parágrafo, Ley 505 de 1999). El "núcleo de población" se define a partir de la distancia y circulación común entre edificaciones (artículo 2.2.1.1, Decreto 1077 de 2015) y la "vivienda rural dispersa" es aquella que se encuentra aislada o separada de otra (artículo 279, Ley 1955 de 2019). Los asentamientos humanos en consolidación y precarios se caracterizan según el grado de desarrollo de las edificaciones y su entorno, y las dinámicas de ocupación de los terrenos (artículo 2, Ley 2044 de 2020).

Los municipios cuentan con autonomía territorial para definir los usos del suelo en sus pot, incluyendo un componente urbano con perímetro delimitado y un componente rural en el que se identifican los centros poblados rurales; las zonas de producción agropecuaria, forestal o mineras; las áreas de conservación y protección, y las zonas suburbanas de ocupación en baja densidad. Sin embargo, las definiciones empleadas para el ordenamiento territorial han sido deficientes para orientar políticas públicas en zonas rurales y de periferia urbana (Departamento Nacional de Planeación, 2014), con consecuencias en el empobrecimiento, el rezago y la vulnerabilidad de la población rural (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). Además, los municipios no tienen capacidades suficientes para adoptar o modificar su ordenamiento territorial, y el 97 % de los pot no incluye un componente rural (Departamento Nacional de Planeación, 2016).

En las zonas visitadas, es evidente que los pot han sido insuficientes para orientar la ocupación del suelo rural y la provisión de bienes públicos rurales. El desordenado crecimiento de los centros poblados rurales y de asentamientos en los corredores viales; la proliferación de parcelaciones de vivienda campestre y de otros servicios de alojamiento rural sin una oferta adecuada de agua y saneamiento, y las actividades de alto impacto ambiental en zonas de vocación agropecuaria o en suelo de protección (algunas legales y autorizadas, y otras no) también dan cuenta de los pocos instrumentos jurídicos e institucionales y de la escasa voluntad política de las administraciones locales para hacer cumplir los pot y contener el deterioro ambiental.

El suministro de agua en Colombia para lo urbano y lo rural responde a los denominados esquemas diferenciales. En las zonas de "difícil gestión" del suelo urbano se permite el suministro provisional de agua con medios alternos por prestadores de servicios. En el suelo rural, se promueve el servicio de acueducto en los centros poblados y el aprovisionamiento con soluciones alternativas para la población dispersa (decretos 1898 de 2016, 1272 de 2017 y 1688 de 2020, incluidos en el Decreto 1077 de 2015). La estrategia se funda en las "condiciones particulares" del territorio con diferentes niveles de servicio de agua según la ubicación de las familias atendidas, empleando diversas opciones tecnológicas aceptadas para el suministro exclusivo de agua potable, o para el suministro de agua no tratada para múltiples usos que incluyen el consumo humano y doméstico y atención de otras necesidades de subsistencia de la familia rural (Resolución MVCT 844 de 2016 del Reglamento Técnico del Sector de Agua y Saneamiento).

Los esquemas diferenciales constituyen un cambio de paradigma frente a los servicios centralizados, porque facilitan inversiones en infraestructura y apoyo en zonas desatendidas, con políticas públicas más adecuadas a las realidades del territorio y a las necesidades y expectativas de la población rural. Sin embargo, el desarrollo actual no aborda realidades socioculturales y conflictos socioambientales del difuso límite urbano-rural, y aún subsisten brechas significativas en el marco normativo derivadas de 1) la débil regulación diferencial en materia ambiental, sanitaria y de ordenamiento territorial; 2) el enfoque técnico y de gestión empresarial que se impone a las formas de gestión comunitaria, y 3) el escaso conocimiento e implementación de esta política en los departamentos y municipios.

Estimaciones sobre el suministro de agua en zona rural de Colombia

En ausencia de datos oficiales consolidados y de estudios sectoriales sobre las formas de suministro de agua para consumo humano y doméstico en zonas rurales de Colombia, vale analizar las estadísticas nacionales y los registros administrativos disponibles:

El Censo de 2018 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares se emplean para calcular la cobertura de agua y saneamiento, identificando la brecha urbano-rural en armonía con el ODS 6. Las estadísticas nacionales de las tablas 2 y 3 evidencian que la población colombiana se concentra en las áreas urbanas, pero la brecha de acceso a agua subsiste en las zonas rurales. En los centros poblados predominan las viviendas para el uso habitacional, mientras que en lo rural disperso predominan las unidades productivas agrícolas con procesos de transformación de productos agropecuarios.

Tabla 2

Datos de población y vivienda por ubicación

Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2018b).

Tabla 3

Cobertura de acueducto (en porcentajes)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2022), con cálculos del Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019.

De acuerdo con el Inventario de Comunidades y Sistemas Rurales (informa sobre el suministro de agua en zona rural en 912 de los 1113 municipios y 33 000 veredas del país) predomina el suministro colectivo y autoabastecimiento familiar con agua no tratada (tabla 4 y figura 1). Con mayor precisión, el inventario informa que el 72,7 % de las comunidades rurales, es decir, 21 410 tienen alguna solución colectiva de agua, y de estas, el 9,4 % o 2741 tienen planta de tratamiento para potabilizar.

Tabla 4

Información general del Inventario de Comunidades y Sistemas (agregado de 912 municipios)

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2022).

Figura 1
Infraestructura abastecimiento de agua según el Inventario Rural (agregado de 912 municipios)
Fuente: Ministerio de Vivienda, Cudad y Territorio (2022).

El Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (Siasar) es alimentado por diagnósticos realizados desde los departamentos, da cuenta de 10 903 comunidades rurales visitadas, con datos para 4692 sistemas de agua y 4392 proveedores de servicio (figura 2).

Figura 2
Ubicación de comunidades y sistemas de suministro de agua en zonas
Fuente: Siasar (s. f.). Datos consultados el 30 de abril de 2023.

Según el Registro Único de Prestadores de Servicio, las organizaciones autorizadas (es decir, las comunidades organizadas que están formalizadas e inscritas) son el 50,7 % (o 1078 de un total de 2127 prestadores del servicio de acueducto), sin que se haya desagregado su ubicación urbana o rural (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2023).

Al analizar estos registros administrativos, puede verse que el cálculo de cobertura y el inventario rural coinciden en que aproximadamente el 23 % de la población rural o no tiene acceso a agua mejorada, o no tiene infraestructura alguna para el suministro del agua. Ahora bien, los resultados del inventario rural dan cuenta de 21 410 sistemas colectivos de suministro de agua, con certeza sobre 4692 que fueron diagnosticados en campo con Siasar. Solo 1078 están formalizados para la prestación del servicio de acueducto. Sin embargo, estos datos no están desagregados para áreas periur-banas, centros poblados u otros asentamientos humanos.

Nuevas categorías para entender el territorio urbano-rural

En América Latina, la intervención del Estado se rige por definiciones censales ambiguas y mapas que son una representación abstracta del espacio urbano y rural, y la información rural es imprecisa, por la extensión territorial, las dificultades para el recaudo y la actualización de datos. En consecuencia, la enorme diversidad ambiental, socioeconómica y cultural local no alcanza a ser capturada en las estadísticas. Los estimativos constantes subestiman a la población rural desde definiciones ambiguas que simplifican excesivamente los patrones de ocupación del espacio y, por ende, no capturan su diversidad en rápida transformación.

Varios autores destacan que "los imaginarios territoriales impactan a los territorios desde las epistemes mismas involucradas en la búsqueda de comprensión de las realidades territoriales hasta las prácticas de diseño e implementación de intervenciones materiales que afectan a estos territorios" (Marín & Sepúlveda Cerda, 2023, p. 6). Hoy, el modelo de sociedad agraria de actividades primarias al servicio de la ciudad se contrasta con la emergencia rápida e imperceptible de una sociedad rural diversificada, conectada globalmente y adaptada a los mercados urbanos (Mejía et al., 2016).

Otros estudios ilustran cambios de la vida rural, como la alta movilidad de la población, las interconexiones entre productos y servicios del campo y la ciudad, las actividades no agropecuarias y "los cambios en el patrón de asentamientos humanos y las demandas de servicios públicos básicos, salud y educación" (Fernández et al., 2019). Desde la nueva ruralidad (Rosas-Baños, 2013), se invita a superar el enfoque en la economía campesina tradicional, para incluir otras transformaciones que explican las dinámicas territoriales en términos de vínculos urbano-rurales y ambientales. "Detrás de esta idea está el reconocimiento de que ya no es posible clasificar a las áreas como 'urbanas' y 'rurales', en razón del flujo permanente, espontáneo y continuo de personas" (Villegas del Castillo, 2021, p. 8), lo que afecta la oferta de bienes públicos rurales, las estrategias de asistencia técnica, de protección de los ecosistemas y de promoción de la gobernanza. También hay críticas al enfoque sectorial y el sesgo urbano de las políticas públicas:

La persistencia de visiones convencionales sobre lo rural, la arraigada mirada sectorial agrícola, las dificultades permanentes para la coordinación institucional y la tradicional acción "de arriba hacia abajo" de los Estados, sin dar espacio a la participación y al protagonismo de los propios actores territoriales, suponen barreras significativas para conseguir la cohesión territorial. (Fernández et al., 2019, p. 5)

Puede afirmarse que las políticas y programas de desarrollo rural de sucesivos gobiernos de Colombia,² que se fundan en el campo como espacio productivo, no han transformado positivamente la vida campesina por la falta de una mirada integral de lo rural en el largo plazo; por la descontextualización de las normas con la realidad rural; por la poca información local; por la debilidad organizativa y gremial de pequeños y medianos productores; por el persistente conflicto armado, y por la fragmentación de la cadena de valor (propiedad, producción, distribución, consumo, inversión), entre otras causas.

Los estudios de ecología política, justicia hídrica y territorios hidrosociales ilustran conflictos relacionados con la gestión del agua y también cuestionan la dicotomía urbano-rural, que reivindican otras formas de comprensión del mundo más ajustadas a las tradiciones históricas y los constructos socioculturales de las comunidades desde sus formas de vida y su relación con la naturaleza. La comprensión del agua como flujo o corriente, y su discurrir por el paisaje como elemento esencial para la vida humana y natural, enriquece el enfoque territorial, haciendo evidente la conexión urbano-rural a través de los cursos del agua.

Gradientes de ruralidad para el suministro de agua

En la práctica, la ocupación del suelo y el ejercicio de la autoridad siguen ordenándose a partir de la división político-administrativa tradicional que se funda en la dicotomía urbano-rural. Boelens et al. (2019) denotan que los académicos (y los expertos sectoriales) también tienden a homogeneizar analíticamente las áreas rurales y urbanas, dejando de lado la diversidad de estrategias gubernamentales, subjetividades y enfoques que surgen de las relaciones sociales construidas a partir del contacto con el agua:

Las maneras en que los actores urbanos y rurales y las entidades llegan a conectarse o desconectarse de los flujos de agua desde diferentes fuentes a través de la selección de equipamientos e infraestructura, fundamentalmente forman los nuevos territorios hidrosociales urbano-rurales: Ellos cambian los espacios existentes y habitados y sus límites y transforman las jerarquías políticas sociales, produciendo nuevas formas de colaboración y conflictos. (Hommes et al., 2020, p. 417)

En la intención de mejorar la información disponible sobre el espacio rural, algunos autores presentan indicadores o gradientes de ruralidad, agrupando territorios que comparten dinámicas socioeconómicas, aplicando métodos estadísticos mejorados: agregación de datos disponibles, identificando ciudades y aglomeraciones, áreas intermedias, rural nucleado y rural disperso (Departamento Nacional de Planeación, 2014); inclusión de nuevas variables, como usos del suelo, equipamientos disponibles o distancia a núcleos de población (Dirven & Candia, 2020), o patrones de concentración de viviendas en el territorio (Ramírez & De Aguas, 2019), con tecnologías de información geoespacial, captura de datos en tiempo real con drones y aplicaciones digitales. En Colombia, el catastro multipropósito en construcción caracterizará a la población y el territorio desde el nivel predial (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2022).

Desde la vista sociotécnica, la dispersión o concentración relativa de las edificaciones (distancia, densidad de ocupación o patrones de aglomeración) orienta la selección de tecnologías adecuadas para el agua (Álvarez, 2019), dados los altos costos de inversión y de operación de redes extensas, y las dificultades para armonizar la gestión entre comunidades. Esto hace necesario identificar asentamientos humanos, caracterizar su demanda de agua y promover inversiones adecuadas a las capacidades operativas y de gestión de las comunidades, con métodos como: 1) la selección de tecnologías apropiadas, a partir de la dispersión relativa de las viviendas (Martínez et al., 2017); 2) la diferenciación de "segmentos de servicio", que asocian una solución tecnológica con una forma de gestión adecuada a las capacidades de una comunidad (The World Bank, 2017), y 3) diferentes tipologías de asentamientos humanos con recomendaciones sobre el sistema de suministro de agua más adecuado (Carrasco Mantilla, 2011).

Así, los indicadores continuos o de gradiente rural visibilizan niveles intermedios en municipios y territorios, mi-metizando la diferencia urbano-rural; además, la identificación de asentamientos humanos facilita la respuesta a comunidades afectadas por el desplazamiento y la migración, ubicados en zonas de riesgo, con pobre oferta de bienes o servicios públicos y graves carencias en el acceso a agua y saneamiento.

Enfoques, conceptos e imaginarios de lo urbano y lo rural

Para Saquet:

El territorio significa naturaleza y sociedad; economía, política y cultura; idea y materia; identidades y representaciones, apropiación, dominación y control; discontinuidades; conexión y redes; dominio y subordinación; degradación y protección ambiental; tierra, formaciones espaciales y relaciones de poder; diversidad y unidad. (2019, p. 29)

Y para Ford:

La jurisdicción fue desarrollada para los propósitos de construcción de nación, para la coordinación de proyectos gubernamentales en áreas separadas geográficamente, para la recolección y organización de datos y para la legitimación de las políticas públicas: aunque los gobiernos necesitan más que jurisdicciones, ellos también necesitan ciudadanos; personas que se entiendan a sí mismos como conectados a las instituciones gubernamentales de maneras específicas. (1999, pp. 898 y 899)

Desde estos enfoques de territorio y jurisdicción, lo urbano, lo periurbano y lo rural son conceptos e imaginarios histórica y culturalmente construidos, que hoy se integran a las políticas públicas, en la intención de representar realidades y relaciones entre la población y su hábi-tat, y de organizar el ejercicio del poder en el territorio.

Lo urbano se entiende en relación con la ciudad, como conglomerado de edificaciones en las que habita una comunidad numerosa. Además "para constituir una ciudad un núcleo habitado debía contar también con unas determinadas características funcionales, básicamente la diversificación productiva y la interdependencia económica, es decir, el recurso al intercambio comercial o a la exacción fiscal para su sostenimiento" (Colom, 2017, p. 8). El privilegio de pertenecer a la ciudad, sea nativo o por adopción, está en la esencia de los procesos civilizatorios. "En consecuencia, la ciudadanía o mejor entendido el derecho de ciudad, traspasaría los muros urbanos y terminaría por instituirse en un conjunto de derechos subjetivos atribuibles a todos los miembros de un Estado" (p. 9).

Lo periurbano se relaciona con las áreas contiguas a las ciudades que sufren rápidas transformaciones territoriales y se caracterizan por deficiencias en servicios públicos, desigualdades socioambientales, ocupación informal y títulos precarios de propiedad (Vieyra et al., 2018). Las zonas periurbanas suelen ser habitadas por poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema, pero también existen asentamientos con población de mayores ingresos y edificaciones para uso comercial o industrial, alentados por la mayor disponibilidad de suelo y menores restricciones de uso. Lo periurbano carece de definición legal en el ordenamiento colombiano, porque no responde a una delimitación geográfica establecida, sino a una realidad territorial con múltiples matices.

Desde la olvidada memoria histórica, lo rural ha sido considerado lo feudal, y Colombia ha evolucionado bajo un "capitalismo tardío" de conflicto de clases con crisis permanentes y larvadas que impulsan transformaciones de la sociedad y el territorio (Habermas, 1997). Esto se manifiesta, en lo urbano, en el rápido crecimiento poblacional y de infraestructuras de servicios, con restricciones para atender los asentamientos humanos de su periferia; y en lo rural, en la ocupación desordenada concentrada o dispersa, con diferentes patrones de tenencia de la tierra y de ineficiente uso del suelo (minifundio, latifundio o vivienda campestre) que tiene impactos en términos económicos (productividad), sociales (inclusión-servicios), políticos (decisiones) y culturales (promoción de expresiones e identidades).

Estos conflictos sociales determinan patrones de ocupación del suelo rural. Las estructuras de gran propiedad (latifundios con ganadería extensiva, cultivos agroindustriales y tierras improductivas) marginan la pequeña propiedad, donde subsisten comunidades con medios de vida limitados y servicios precarios. Por otra parte, el ejercicio del poder entraña conflictos derivados de prácticas clientelistas de tradición partidista, de subordinación y restricción ideológica, y de la presencia de los grupos armados (guerrilla, para-militarismo y narcotráfico) que vulneran derechos fundamentales y coartan la organización comunitaria y las expresiones identitarias propias de la población rural. Además, la poca valoración de la riqueza ambiental y cultural y las escasas oportunidades para el desarrollo rural han perpetuado la pobreza y motivan migraciones del campo a la ciudad. A diferencia del reconocimiento a los citadinos:

A los campesinos, se les ha considerado más desde sus manifestaciones, que a partir del proceso estructural en el cual están involucrados y sus características como sujetos sociales de derecho. Lo mismo ha sucedido con las comunidades indígenas y los afrodescendientes. (Machado Cartagena, 2021, p. 95)

Por otra parte,

[...] se entiende por "campesino" toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. (Resolución de la Asamblea de Naciones Unidas 73/165 de 2019, aún no ratificada por Colombia)

El privilegio de la ciudad y la subordinación de lo rural a lo urbano (Machado Cartagena, 2021), así como el sesgo urbano de las políticas públicas (López Muñoz, 2019), han consolidado un imaginario de exclusión que trata lo rural como marginal, y descarta las diferencias entre regiones o localidades. Machado Cartagena señala que:

[...] observamos que Colombia presenta muchos contrastes. Se debate entre el atraso y una modernidad incompleta e insatisfactoria, la cual llegó a los grandes centros urbanos, más no a la ruralidad. La urbanización y la modernización han ido invadiendo lo rural, no para darle oportunidad de avanzar hacia su propio desarrollo, sino para imponerle un modo de vida diferente, dejándolo sin oxígeno para sobrevivir con dignidad e identidad. (2021, p. 25)

Así, las transformaciones del territorio tienden a la urbanización de lo rural, más que a la ruralización de lo urbano, bajo condiciones inequitativas que desconocen las formas de vida del campo y las dinámicas de los asentamientos rurales.

Desde un enfoque constitucional, se protegen las formas de vida campesinas, especialmente las asociadas con la producción de alimentos (fallo de la Corte Constitucional de Colombia C-165 de 2015), lo que permite el uso de agua para consumo humano y doméstico en las actividades "agrícola, pecuaria y acuíco-la para la subsistencia de quienes habitan la vivienda rural dispersa" (artículo 2.2.3.4.1.1., Decreto 1076 de 2015). Las "formas de vida del campo" se mencionan en la norma sin definirlas (artículo 34 de la Ley 388 de 1997), ya que estas cobran sentido desde lo cultural, y son resultado de configuraciones históricas.

La lógica del progreso ha dado lugar a profundas asimetrías que terminan por configurar identidades en contraste y conflicto. Así, la vida campesina se asocia con actividades productivas y de explotación del suelo rural con un sentido de utilidad, acumulación y rentabilidad del campo, bajo la influencia de imaginarios de desarrollo consumista, desigual y dependiente, como resultado de los procesos históricos fragmentados, marginales y mutantes que han estructurado formas y modos del habitar. Las tradiciones del campo se expresan en la memoria, los saberes, la vida familiar y vecinal, en las prácticas agrícolas para el uso de la tierra, la producción social de cultivos y en formas de organización no pecuniaria del trabajo (por ejemplo, la minga, la mano vuelta, el convite). Hechos culturales como las prácticas religiosas y creencias mágicas con ofrendas, curanderismo y medicina tradicional, romerías y fiestas agrorreligiosas aún subsisten con fuerza y fragilidad comunicativa.

Las formas de vida del campo colombiano entreveran tradición y modernismo tardío, y no son solo un fenómeno poblacional o económico, por cuanto

Los movimientos de población considerados como migraciones temporales, intercambios comerciales o migraciones permanentes, no son exclusivamente procesos demográficos; la adaptación de los migrantes a su nuevo hábitat y la redefinición de sus modos de vida generan procesos complejos de mestizaje con la población nativa: la reapropiación de elementos en su alimentación, en la vivienda, en el uso del tiempo, en el habla, en las formas de creación, en fin, cambios culturales en las formas expresivas y creativas de la vida social. (Mora Calderón & Guerrero Rincón, 1989, p. 13)

Así, las profundas transformaciones del territorio rural en su interacción con las formas de vida de la ciudad en la que prevalecen las lógicas de individualismo, consumo, inmediatez e industrialización, generan identidad campesina multicultural e imaginarios en transformación (Marín & Sepúlveda Cerda, 2023).

Estos conceptos y enfoques contrastan con el sentido de lo "popular" en Colombia, y prevalece en las comunidades que enfrentan carencias y limitaciones en la satisfacción de sus necesidades para alcanzar un bienestar pleno, equiparable al de las élites. Se expresa a través de prácticas socioculturales discursivas y no discursivas, muchas veces transgresoras (Zubieta, 2004) que configuran diversas formas de existir y convivir con patrones múltiples y diferenciados de comportamientos, creencias, sentimientos, fantasías y aspiraciones que expresan la mixtura urbano-rural de nuestros territorios.

Transformaciones del espacio urbano-rural en Colombia y su impacto en el suministro de agua

A partir de observaciones de campo en zonas rurales de Colombia y del testimonio de líderes y lideresas entre 2021 y 2022 (véase tabla 1), se sintetizaron tendencias o transformaciones de la vida rural con mayor impacto en el suministro de agua y en la gestión de los acueductos comunitarios urbano-populares y rurales de los departamentos del Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Así, las áreas caracterizadas en este estudio se ubican en la región Andina de Colombia, son próximas a grandes y medianos centros urbanos y cuentan con posibilidades de oferta turística y de cultivos de alimentos de alta demanda. Por ello, los cambios identificados no reflejan realidades de otras regiones del país, o de las zonas más apartadas de estos departamentos (tabla 5).

Tabla 5

Cambios demográficos-alta movilidad de la población

Fuente: elaboración propia.

Los cambios en el entorno natural de las zonas visitadas se evidencian principalmente en los cambios del uso del suelo, la variabilidad climática y la contaminación creciente. Se destaca el malestar de las comunidades por la falta de intervención de las autoridades ambientales; sin embargo, las comunidades son reacias a admitir que su propia acción hace parte de las presiones sobre el entorno natural (tabla 6).

Tabla 6

Cambios en el entorno natural: vulnerabilidad climática, contaminación y débil control ambiental

Fuente: elaboración propia.

Los cambios demográficos más sentidos en las zonas visitadas guardan relación con la migración de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, y la alta movilidad permanente o estacional de los habitantes del campo; se nota que los adultos mayores tienden a permanecer en la ruralidad, y los jóvenes prefieren el hábitat urbano. La poca participación de los jóvenes es una barrera para enfrentar los retos técnicos crecientes del suministro del agua (tabla 7).

Tabla 7

Cambios en las actividades económicas y en las formas de vida del campo

Fuente: elaboración propia.

Los cambios en las actividades económicas parecen ser la principal causa de la transformación del espacio rural en las zonas visitadas. Aunque todavía perviven las actividades agropecuarias, es creciente el número de viviendas usadas para dormitorio, turismo y recreación, que densifican la población de manera estacional (tabla 8).

Tabla 8

Cambios en la oferta y demanda de bienes y servicios públicos

Fuente: elaboración propia.

Las transformaciones en la demografía y en las actividades económicas han cambiado la demanda de servicios públicos y hacen necesario incrementar el suministro de agua tratada, con mayores exigencias técnicas y administrativas. Sin embargo, las comunidades se resisten a ello, principalmente por los costos del tratamiento del agua y la obligación de la micromedición (tabla 9).

Tabla 9

Cambios socioculturales

Tabla 9

Cambios socioculturales

Fuente: elaboración propia.

Los cambios socioculturales ilustran la complejidad de las transformaciones en las formas de vida del campo, que tienen su origen en los cambios de comportamiento desde el individuo y su núcleo familiar, y terminan por convertirse en tendencias del conglomerado social en un horizonte generacional.

Este estudio no prioriza entre los cambios ilustrados de las tabla 5 a la 9, porque ello varía de acuerdo con la realidad que vive cada comunidad, integrada por predios de diferente tamaño y destinación económica, y conformada por familias de diferentes niveles de ingreso, múltiples procedencias y variadas prácticas de uso y ahorro de agua que llegan a acuerdos entre sí. Los cambios hacen que cada acueducto comunitario evolucione en su conformación técnica y organizacional.

Conclusiones

La literatura sobre el tema coincide en que se ha subestimado lo rural y se han simplificado los patrones de ocupación del suelo; en consecuencia, las respuestas del Estado son insuficientes o inadecuadas para enfrentar los conflictos y transformaciones del territorio. Así, es urgente proponer nuevos conceptos y categorías de análisis para lo urbano-rural, en especial para identificar aglomeraciones o asentamientos humanos, a fin de mejorar el ordenamiento territorial y el acceso a los bienes públicos para la población marginada, y permitir diferencias desde un enfoque regional y local. Esto, además, crearía un ambiente propicio para las iniciativas populares y comunitarias y para el desarrollo local.

Los conceptos e imaginarios construidos históricamente para diferenciar lo urbano y lo rural están arraigados en la cultura, en especial los sentidos de subordinación de lo rural a lo urbano y las formas de vida del campo, transformados hoy por las dinámicas de migración del campo a la ciudad, y de la ciudad al campo. Estas percepciones ameritan un cuestionamiento profundo, no para abolir la diferencia, sino para cerrar las brechas y crear espacios de inclusión y equidad, con respeto a los lenguajes y prácticas tradicionales y populares de las comunidades rurales.

En este artículo, las transformaciones de la vida urbano-rural identificadas se expresan en los cambios en el paisaje y desde las voces del territorio andino, especialmente en las zonas con vocación cafetera y rápida densificación de población urbana y rural. Esta sistematización es útil para comprender mejor los conflictos hidrosociales y formular políticas públicas más pertinentes en territorios afines, pero no alcanza a representar la diversidad urbano-rural de otras zonas de Colombia.

En suma, las comunidades rurales deben observarse como espacios de diálogo sociocultural, con intereses diversos que se expresan en los conflictos por el uso y dominio del agua disponible y en los arreglos -no exentos de conflictos- que surgen en el entramado comunitario para procurarse mejores medios de vida. Así mismo, las respuestas desde la vista de infraestructura y de gestión, y la gobernanza del agua, son de construcción local, de acuerdo con las necesidades de cada territorio y según las posibilidades de colaboración entre el Estado, los particulares y la sociedad civil.

Referencias

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Notas