Cómo citar:

Orozco Macías, A. F. (2021). Estado dual en Colombia: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Tecnologías de la información y espionaje. Ánfora, 28(51), 194-215. https://doi.org/10.30854/anf.v28.n51.2021.756

Universidad Autónoma de Manizales. L-ISSN 0121-6538. E-ISSN 2248-6941. CC BY-NC-SA 4.0

Introducción

Los Estados del mundo no dudaron en aprovechar los cambios y avances tecnológicos desarrollados en la última mitad del siglo XX para dotar sus órganos administrativos de seguridad. En Colombia, desde el año 2002, la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe renovó los sectores militares y tecnológicos, para contrarrestar el avance de los grupos al margen de la ley, reforzado con el Plan Colombia que se acompañó de un discurso anti-insurgente que se alineaba con la lucha internacional contra el terrorismo y los intereses estratégicos de los Estados Unidos en Colombia.

En ese ámbito, organismos administrativos del Estado como el DAS, terminaron asumiendo cargos de policía política, es decir; una policía secreta de un partido político y no de órgano integral de defensa del Estado, con el escándalo de las chuzadas del DAS a políticos, magistrados de oposición, periodistas, artistas, intelectuales, académicos y profesores universitarios durante el gobierno Uribe, reduciendo la política de seguridad nacional al usar mecanismos de defensa civil para la protección de intereses particulares.

En ese mismo espacio, el avance paramilitar impulsó, en diferentes territorios de Colombia, candidatos políticos para el Senado y la Cámara de representantes, que obligó a poblaciones y ciudadanos a votar por determinados políticos para llenar las bancadas del Congreso, de las alcaldías y las gobernaciones (López, 2010).

Estos dos acontecimientos permitieron indagar, desde una perspectiva analítico-reflexiva, ¿Qué tipo de modelo de Estado surgió para permitir tales acciones? Desde el análisis teórico se encontró autores como Max Weber (2012) y Schmitt (2016), quienes establecen las claras diferencias entre el ámbito del Estado y el del gobierno, así como el de los políticos y su diferencia con la función jurídico-administrativa como parte integral del Estado, permitiendo un contexto de unidad en el que no deben existir rupturas.

Al analizar la situación del DAS en Colombia se observó que esa integridad administrativa se rompió, por lo que autores como Fraenkel (2010) y Bobbio (2016), brindaron herramientas conceptuales para entender esas dualidades de los Estados cuando un organismo como el DAS se politiza, dejando de cumplir las funciones civiles que le confiere la constitución política.

Metodología

La investigación aplicó una reflexión teórica a partir de los acontecimientos en el ámbito político colombiano en los últimos 20 años, de donde surgió el cuestionamiento: ¿A qué tipo de fenómenos sociológicos y politológicos corresponden acontecimientos como las chuzadas del DAS y la parapolítica? A este contenido se sumó la aparición y la adaptación de las nuevas tecnologías de la información que complejizaron el campo de análisis.

En el espacio de análisis teórico para comprender fenómenos que se desligaban de la actuación unificada del Estado, se revisaron conceptos poco tratados en temas de Estados fallidos o Estados dobles. Autores como Ernst Fraenkel (2010) quien, desde la mirada histórica del nacionalsocialismo, propone una alternativa que denominó Prerogative State y Normative State, permitiendo establecer las diferencias que dan la aparición de un Estado dual.

Esos conceptos permitieron analizar, desde los acontecimientos en el DAS y algunos aspectos de la parapolítica, el desarrollo de la realidad política colombiana. Así mismo, análisis de bases en el estudio de los Estados, como el de Weber (2012), permitieron comprender la estructura histórica de lo que fomenta la formación de un Estado, conllevando a realizar contrastes fundamentales para demostrar la dualidad en ese periodo de gobierno de Álvaro Uribe.

La investigación tuvo acceso a fuentes primarias como los informes del DAS e informes de prensa de los últimos 15 años en Colombia como la revista Semana y el informativo Verdad Abierta. Los documentos del DAS permitieron un examen directo del recurso teórico, y los documentos de prensa un análisis de los procesos interpretativos de esa realidad política del momento; con ello, se logró un contraste de los documentos primarios, la interpretación de prensa investigativa y las fuentes teóricas, para encontrar las rupturas de la unicidad del Estado desde el aspecto teórico que lleva a un análisis de la dualidad.

Marco teórico

Estado dual: de Weber a Fraenkel y Bobbio

Pareciera que la dualidad en los entramados sociales y culturales de la humanidad siempre ha Estado presente. La iglesia católica llamó endemoniados a aquellos que no establecían pautas de comportamientos adecuadas a la cristiandad, casi un milenio más adelante la psiquiatría los etiquetó de «esquizofrénicos» o «múltiple personalidad». La literatura no se quedó atrás; Allan Poe (González, 2019), con su cuento «William Wilson», describe la vida de dos hombres con el mismo antecedente histórico, el mismo nombre y una similar personalidad, que se odian, se repelan y se detestan, al punto de que uno de ellos asesinó al otro, sin saber que se asesinó a sí mismo.

Estas dualidades humanas están presentes en la aparición de los Estados modernos, que se suponía debían ser una estructura sólida y unificada, con instituciones burocráticamente organizadas y legitimadas que trabajaran en un orden sistemático; ya fuera a través de la dominación legal, tradicional o carismática (Weber, 2012). Pero en su estructura interna parece perder control administrativo para desembocar en el de los intereses de los individuos y los partidos políticos, creando una especie de William Wilson (González, 2019) que quiere mantenerse vigente como poder absoluto, pero se asesina a sí mismo con los poderes políticos que actúan sin vigencia en el orden constitucional.

Weber (2012) reconoce el Estado como una unidad permanente para el mantenimiento del poder por medio de los diferentes tipos de dominación que, a su vez, se integran por medio de aparatos administrativos-burocráticos que sostienen el Estado como unidad funcional. Pero para que la unidad sea soportada, los funcionarios de estas estructuras del Estado deben:

1. 1. Ser libres desde el punto de vista personal y solo están sometidos a obediencia en sus obligaciones oficiales impersonales.
2. 2. Están organizados en una jerarquía de cargos claramente definida.
3. 3. Existe una clara delimitación de las competencias oficiales.
4. 4. El funcionario está sometido a una disciplina estricta y sistemática, y a un control de su comportamiento en el cargo. (Weber, 2012, p. 83).

Para Weber estas acciones de los funcionarios son las que permiten la unidad histórica del Estado moderno, lo que evita cualquier fractura en su proceso de formación, al igual que la aparición de los Estados fallidos. En ese mismo espacio, la estructura de la ley y las constituciones son esenciales para impersonalizar el poder jurídico como esencia administrativa de los Estados.

Por ello, Carl Schmitt (2016) en El concepto de lo político, analiza la mobile politique francesa, con el objetivo de distinguir entre los actos gubernamentales que son esencialmente políticos y los actos administrativos que son «no políticos», y poder llevar los primeros al control de la justicia administrativa. Es allí donde la acción política e ideológica de los programas políticos adquiere un límite gracias a la práctica jurídica.

La política para Schmitt se funda en la práctica intensa de amigos-enemigos, como dialéctica suprema de la discusión política, pero no desde un odio personalizado, «[…] enemigo no es, pues, cualquier competidor o adversario. Tampoco es el adversario privado al que se detesta por cuestión de sentimiento o antipatía. […] Sólo es enemigo público» (Schmitt, 2016, p. 61).

Schmitt hace clara referencia al enemigo como contrincante y opositor extremo en el debate político, incluso ideológico, pero identifica la necesidad del Estado unificado para generar el espacio de estas oposiciones políticas, sin afectar la estructura administrativa y jurídica que lo sostiene:

Sin embargo, también en estos casos el concepto de lo político se sigue construyendo a partir de una oposición antagónica dentro del Estado, aunque eso sí, relativizada por la mera existencia de la unidad política del Estado que encierra en sí todas las demás oposiciones. (Schmitt, 2016, p. 62).

Deja claro que las diferencias políticas deben mantener la vigencia del Estado, evitando el uso personal de los órganos administrativos de este. Por más fuerte que sea la oposición, la organización burocrática como acto administrativo debe mantenerse para garantizar la oposición de ideas como principal acto político y democrático.

Las ideas de Schmitt (2016) llegan en un momento coyuntural para las crecientes democracias de la primera y segunda mitad del siglo XX. La toma del poder de algunos órganos administrativos por parte de los nacionalsocialistas en Alemania, comenzaba a evidenciar que las ideologías se sobreponían a los actos y tareas administrativas de los Estados, que comenzaron a usar sus instituciones administrativas para personalizar el poder de una ideología.

Ernst Fraenkel (2010), plasma en un texto publicado por Oxford University en 1941, titulado The Dual State, el modo como el partido nazi desliga la unidad del Estado administrativo-burocrático planteado por Weber (2012), a un Estado de decisiones personalizadas, de vigencia ideológica y decadencia de derechos civiles, identificando esta división en dos momentos: The Prerogative State y The Normative State.

Mientras The Normative State quiere mantener la vigencia de la constitución y las leyes para garantizar la participación política, The Prerogative State suprime la vigencia de estas y las reemplaza por la necesidad de una «seguridad nacional» para rebasar los límites de los actos administrativos y jurídicos:

[The Prerogative State] No delimitation of jurisdiction is provided for. Political officials may be instrumens of the state or the party. The jurisdiction of party and state officials is not subjected to general regulations and in practice is flexible. (Fraenkel, 2010, p. 7).

Los funcionarios y las instituciones administrativas del Estado quedan a disposición no del acto administrativo, regido por la constitución y la ley, sino de los programas del partido y las necesidades ideológicas que allí se deseen impartir. En el caso de la Alemania nazi, Hitler expone el decreto del 28 de febrero de 1933, cuando suspendió los derechos constitucionales y creó un Estado de emergencia en el que podía promulgar cualquier decreto sin regulación institucional ni aprobación del Congreso.

Fraenkel (2010) establece de manera contundente, el modo en que The Prerogative State rompe su relación con los actos administrativos y jurídicos, evitando la vigencia del Estado de derecho, estableciendo así una contribución teórica al desarrollo de las dictaduras en el marco de las nacientes democracias occidentales del siglo XX.

La dualidad de los Estados nace en ese momento en que los derechos civiles y las instituciones administrativas desaparecen, para dejar en plena actuación las acciones de los partidos gobiernistas del momento. Pero en el siglo XXI, la vigencia de esas dualidades se sostiene de una manera más sofisticada, manteniendo en apariencia mediática los derechos civiles y el Estado de derecho, en medio de partidos políticos que toman el poder del Estado para usar los órganos administrativos de este a favor de sus agendas políticas (Weber, 2012).

Estas formas sofisticadas de dualidad, donde hay un aparente respeto a la constitución y las leyes por parte de los partidos y sus miembros, tejen túneles contra la democracia y las oposiciones políticas de los partidos que no gobiernan a partir de los mismos órganos administrativos del Estado. Bobbio (2016) reconoció que los orígenes de la división del Estado de derecho y democrático, se oculta tras las fachadas de las instituciones estatales que usan la constitución, las leyes y, ahora, los medios de comunicación como un principio de oportunidad.

Hay decisiones de partido que vulneran acciones democráticas; por eso la actuación de poderes invisibles bajo la capa del Estado terminan cubriendo las mismas acciones que se harían en una dictadura, solo que la aplicabilidad constitucional del concepto de democracia obliga a evitar tales acciones en la visibilidad pública.

Bobbio (2016) conoce tres modalidades en las que se puede dividir el Estado, incluso al punto de destruirlo. La primera tiene que ver con fuerzas invisibles, en su mayoría de veces clandestinas como organizaciones ilegales, mafias y organizaciones terroristas; la segunda forma, son las sectas políticas que pactan alianzas corruptas con sectores privados dando molde a la corrupción; la tercera modalidad, la analiza a partir de los mismos funcionarios que actúan como poder invisible dentro de las mismas estructuras del Estado:

Se trata de los servicios secretos, cuya degeneración puede dar origen a una forma de gobierno no oculta propiamente dicha. El servicio secreto con que cuenta cada Estado es, se dice, un mal necesario. Sin embargo, esto es compatible con la democracia con una sola condición, que se encuentren bajo el control del gobierno. (Bobbio, 2015, p. 32).

Lo problemático es cuando estas organizaciones secretas para la defensa de los Estados se convierten en organismos para la protección del partido político dueño del gobierno de turno, confundiendo la defensa del Estado con la defensa de las ideas políticas del partido que dirige, tal y como sostiene Fraenkel (2010) con The Prerogative State, donde toda oposición se convierte en criminal.

Precisamente el aspecto sofisticado de los actuales Estados duales que gobiernan incluso con fuerzas ilegales, es que convierten al opositor en criminal, cerrando las vías democráticas de participación y legitimando acciones de violencia contra los opositores, ampliando los campos de acción violenta entre los diferentes pensamientos políticos que deberían componer la unidad total de un Estado.

Otro aspecto de esta sofisticación, es que los Estados han comenzado a utilizar los medios de comunicación para legitimar las acciones violentas contra la oposición, no solo etiquetándolos, sino utilizando fake news y espionaje cibernético. Esto está ligado a dos aspectos: la proliferación de las TIC y el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos; que justificó nuevas formas de espionaje y vigilancia global contra el terrorismo.

Septiembre 11 de 2001 y el terrorismo como justificación de espionaje

La paradoja del poder parece estar en dar más libertades arriesgando la integridad del Estado, o vigilar constantemente para proteger su integridad, denigrando los principios de igualdad e intimidad. Tal como lo expone Orwell (2018) en 1984, un Estado vigilante en constante control de las acciones e incluso pensamientos de sus ciudadanos, no existían opositores, solo enemigos públicos del Estado:

La amalgama entre la delincuencia política (nombrado terrorismo) y la criminalidad se usan como argumento para justificar el esfuerzo de políticas represivas, así como para generar un nuevo modo de consenso basado en la sospecha y en el miedo. La figura del terrorista, tanto interior como exterior, ha permitido sintetizar las amenazas de carácter internacional, a la vez que social y político. (Mattelart y Vitalis, 2015, p. 111).

Ese concepto de 'terrorismo' dio espacio para que los gobiernos de los Estados del mundo incrementaran sus acciones de persecución y vigilancia tanto nacional como internacionalmente. El principal acontecimiento que llevó a la mediatización y ampliación del concepto como medida preventiva de los Estados, fue el hecho del 11 de septiembre de 2011 con la caída de las Torres Gemelas en New York, que según David Lyon (2008) permitió la intensificación del espionaje y la vigilancia, ya no solo de los enemigos, sino también, de los opositores:

Civil liberties have fallen on hard times since 9/11. New laws and technologies disregard or deny them. They are easy to demolish, difficult to repair. The much-cherished belief in the fairness of a society in which opportunities are reputedly open to all has also been tarnished since 9/11. New York's other famous symbol, the Statue of Liberty, must weep on her stand. True, the USA never has managed to live up to its noble claim to be a society of equality. But since the events of 2001, already existing inequalities and disadvantage are set to be reinforced. In wartime, hostile defenses are raised against the other, the enemy, and a culture of suspicion emerges, from whic no one is exempt. This "war" is no exception. (Lyon, 2008, p. 42).

Para Lyon el 9/11 significó el acontecimiento clave en los cambios trascendentales de la seguridad interna de los Estados Unidos, también renovó el modelo de relación diplomática con los grupos extremistas. El presidente George Bush por medio de los diferentes medios de comunicación, impulsó la política exterior del Eje del Mal y señaló el concepto de terrorismo como clave contra todo aquel que atentara contra la seguridad de los Estados Unidos.

El antecedente anterior fue justificación para que los organismos de seguridad estadounidenses, al igual que sus países aliados en todo el mundo, usaran los organismos de inteligencia del Estado para espiar y perseguir a todo aquel que representara una amenaza contra la seguridad nacional, para ello, las nuevas tecnologías estaban a disposición. A esto se sumó que una gran parte de la población mundial comenzó a usar correos electrónicos e Internet para sus búsquedas, por ello, el ciberespacio, un lugar inhóspito «también necesitaba seguridad», los cibernautas comenzaron a asimilar la vigilancia del Estado sobre Internet como un mal necesario:

Alongside the more familiar state and societal surveillance, a surveillance culture is quietly appearing in which it is hard if not impossible not to participate. It is a fluid form of surveillance, constantly melting, morphing and merging, in ways that reflect the liquidity of data flows that characterizes what happens both in security intelligence agencies like the NSA and internet companies such as Amazon. But to focus on the cultural, our perspective must pull round from the panoptic to the performative, and to the roles people play across the spectrum from supporting to subverting surveillance. To grasp all this means delving more deeply into the culture of surveillance in all its variety and variation. (Lyon, 2018, p. 54).

El avance de las redes sociales digitales contribuyó de forma creciente a que Silicon Valley, con apoyo del Estado, incrementara mucho más su base de datos sobre los países y sus ciudadanos; para Lyon, Después del 9/11, Estados Unidos introdujo una cultura de vigilancia y de aproximación a los datos de una manera efectiva y veloz. Tanto Lyon (2018) como el actual filósofo Byung-Chul Han (2016), consideran que las personas han implementado un panóptico en sí mismas, que les obliga a plasmar a diario sus datos y actividades diarias en red, que incrementan no solo el poder del Estado sobre ellos, sino también, el poder de los mercados.

Resultados

El Estado colombiano y el DAS como instrumento político

La mirada investigativa en el espacio específico de Colombia en la construcción de una dualidad, a partir de la captación de las instituciones y los estamentos del Estado, es recogida por Claudia López (2010) en una amplia investigación que da cuenta del modo como «[…] alcaldes, gobernadores y congresistas de Colombia de la última década pudieron haber sido promovidos por el narco paramilitarismo y que cogobernaron con ellos, y otros con las guerrillas» (p. 30). Al igual que otras investigaciones, la de López consolida a través de cifras de campañas políticas compulsadas por paramilitares, cómo estos nuevos funcionarios públicos no eran tan ilegales y clandestinos, sino que terminaron asumiendo el poder legal del Estado colombiano (Álvaro, 2007; Rodríguez, 2017).

Factores como la expansión y el repliegue paramilitar en el territorio nacional de Colombia, terminaron configurando unos factores específicos de poder territorial en las zonas habitadas por insurgencias como las FARC, configuró hegemonías políticas que impulsaron la toma del poder fortalecidos por un discurso de construcción del enemigo y la seguridad como necesidad prioritaria para Colombia (Cardona, 2016; Ávila, 2019).

El discurso de lucha contra el terrorismo en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en política nacional a partir del 2002 con el programa de Política de Defensa de Seguridad Democrática, que pretendió a través de la vía militar, eliminar definitivamente a las organizaciones guerrilleras que operaban en diferentes puntos del territorio nacional colombiano.

Para lo anterior, se optimizaron todos los organismos de seguridad y defensa del Estado, con el fin de cerrarle las vías militares a las organizaciones que de insurgentes, pasaron a terroristas, según el discurso de Bush y su política internacional, aplicado y aceptado en Colombia por el presidente Álvaro Uribe.

El 21 de febrero del año 2009, la revista Semana (2009) reveló que varias personas de la oposición política del gobierno de ese momento, estaban siendo interceptadas telefónicamente, al igual que sus correos electrónicos. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) era el protagonista de este acontecimiento que develaba al país una nueva forma de desintegrar la oposición y la participación política.

El DAS tenía la potestad de proteger la seguridad nacional, pero no de perseguir a la oposición política. El desarrollo de este entramado se avista desde 1989 con el asesinato del vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia y diputado por la Unión Patriótica: Gabriel Jaime Santamaría, que aparecía registrado en el informe del DAS Antioquia Nº 0215, en el que se describía brevemente su hoja de vida y sus acciones políticas, designado en el informe como un peligro nacional y no como un opositor político.

Esta tarea sistemática del DAS por perseguir a líderes políticos de izquierda, infiltrarse en movimientos sociales y demás organizaciones en contra del régimen, demostraba a esta institución del Estado no como un órgano de defensa, sino de protección de intereses políticos muy determinados.

El 13 de abril del año 2010, el periodista colombiano Juan Gossaín reveló al país documentos incautados en el DAS por parte de la Fiscalía de Colombia, en los cuales se describían los procedimientos que los funcionarios del DAS elaboraron contra la oposición política que consistió en tres niveles:

1. 1. Desprestigio a los opositores políticos a través de montajes en redes sociales y medios de comunicación.
2. 2. Persecución.
3. 3. Interceptación de información personal y entrega de documentos e información a organizaciones paramilitares.

Esta última quedó confirmada cuando el DAS entregó al paramilitar Jorge 40 información sobre activistas y líderes sociales en la costa atlántica, en la que se concretó el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis a través de un montaje del DAS (Verdad Abierta, 2011), similar a los presentados a continuación.

Figura 3. Documento incautado por la Fiscalía General de la Nación en Colombia en los archivos del DAS, obtenido por el reportero José Antonio Caballero y publicado por el periodista Juan Gossain el 13/04/2010.

Los documentos expuestos, al igual que la declaración del paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, declaró que «[…] agentes del Estado apoyaron a las AUC en los asesinatos de Mario Calderón y Elsa Alvarado, y de Jaime Garzón» (Verdad Abierta, 2011).

Lo enunciado por Weber (2012) en los principios básicos para la unidad y conformación de los Estados, se ve vulnerado en estas acciones. En principio porque una de las actividades vigentes de los organismos secreto-administrativos del Estado es proteger la soberanía y la seguridad nacional, no atacar ni criminalizar a los sectores de oposición, como por ejemplo sucedió con el asambleísta de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría, con Correa de Andreis y otros líderes políticos que desde los años de 1980 fueron sistemáticamente perseguidos, desaparecidos y asesinados por el DAS.

Allí se rompieron las delimitaciones de las competencias oficiales de los funcionarios que hacían parte de este organismo del Estado, provocando que dejen a un lado sus funciones oficiales para asumir el cargo de mercenarios de partidos y sumar a un sector gobiernista con carencia de independencia jurídica y administrativa; es decir, desaparece su función de Estado dejando desprotegida a la población civil como parte integral de este.

La otra parte, desde la perspectiva weberiana, es que los funcionarios van en dirección a las órdenes dictaminadas por el partido y no a las necesidades del Estado, al igual que las demás organizaciones como factores de control de los debidos procesos administrativos terminan sumidas en el factor de corrupción para proteger los intereses de los funcionarios que actúan de acuerdo con los requerimientos del partido que gobierna.

Cuando los funcionarios no reconocen los principios administrativos y jurídicos, es el primer desgarro para que el Estado asuma una dualidad que en apariencia es normativa, pero que en el otro aspecto usan sus organismos para desequilibrar a la oposición, no a través del debate parlamentario, sino con las amenazas, la desaparición y el crimen organizados con los recursos del Estado.

Desde este ámbito, Bobbio (2016) abre el debate de un modo más específico y concreto, al desdibujar la idea que los enemigos del Estado con todos sus actos constitucionales y jurídicos son externos, como por ejemplo las guerrillas y las organizaciones criminales.

Lo que ilustra Bobbio es que estos sectores oscuros han logrado penetrar las esferas de los Estados, como pasó con la relación entre un alto sector del DAS con los paramilitares, al igual que la aparición de la parapolítica como hegemonía de parlamentarios y gobiernos locales impulsados por una organización criminal:

Al momento de escribir este balance, la prensa nacional reporta que 34 de 102 Senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 Representantes a la Cámara, el 15%. Esas cifras ponen de presente que el narcoparamilitarismo superó con creces la capacidad de infiltración que previamente había tenido el narcotráfico. Cuando Pablo Escobar, se hizo elegir a la Cámara de Representantes en 1982 su votación y la de su fórmula equivalían a menos del 1% de la votación de Senado. Cuando se descubrió́ que el Cartel de Cali infiltró masivamente las campañas en 1994, los condenados representaron el equivalente a 8% de la votación de Senado y si se suman otros involucrados en el proceso 8.000 equivaldrían al 12% de la votación del Senado. Los investigados por narcoparamilitarismo equivalen al 35% de las curules y al 25% de la votación de Senado en el 2006. Ese crecimiento constante, indica que el narcotráfico ha ido refinando los métodos de infiltración del poder político e incrementado su nivel de «éxito». (López y Sevillano, 2008, p. 1).

Los sectores más representativos de las democracias como son los representantes del Congreso, para el año 2006 fueron elegidos en influencia de sectores paramilitares donde se amenazó a los votantes, se provocó la participación democrática a partir del miedo, es decir, una organización terrorista como las AUC terminó configurando el panorama político de Colombia en ese periodo; en términos de Fraenkel (2010), The Prerogative State anuló en sí mismo el acto constitucional del derecho al voto libre y secreto y usó este como mecanismo para desgarrar al Estado en su unicidad democrática.

A este nivel terminan interviniendo algunos factores, analizados por Bobbio (2016), como aquellas organizaciones que quieren destruir el Estado para establecer un orden político e ideológico a través de este y los funcionarios, también instituciones que usan los órganos y medios del Estado para la protección de sus agendas políticas. El DAS como órgano secreto y protector del Estado colombiano, terminó otorgando instrumentos y medios administrativos a las organizaciones criminales, dejando desprotegido a un sector de la población.

Esta infiltración de representantes del paramilitarismo y sus ideas, demuestra una instrumentalización del Estado, una dualidad entre gobiernistas y opositores del gobierno, donde los únicos que pueden usar los instrumentos de protección del Estado termina siendo el partido político que gobernó para ese momento. Como la metáfora del cuento de Allan Poe con William Wilson, este entorno procuró la división y el asesinato del Estado mismo como garantista de la participación de la oposición, como se ilustra a continuación.

Figura 4. Desarrollo, conexiones y acciones del DAS y el paramilitarismo.

Como lo sustenta el diagrama, las acciones del DAS se estructuran en dos momentos:

1. 1. El desprestigio de la oposición con la información obtenida a través de las interceptaciones ilegales.
2. 2. La criminalización de la oposición para cauterizar e incluso justificar el asesinato en manos de organizaciones paraestatales.

Este antecedente de división entre un ámbito administrativo del Estado como el DAS y su unión con los paramilitares, demuestra la fragmentación del Estado como poder autónomo planteado por los teóricos Weber (2010) y Schmitt (2016).

La parapolítica demostró que la desintegración del Estado de derecho consumó finalmente las alternativas jurídicas y constitucionales que lo mantienen vivo, para dar paso a un sector politizado que no tiene el factor constitucional como acto vigente para la participación política, sino que instrumentalizó las armas como factor de movilización para el acto democrático del voto. Allí desaparece el Estado de derecho, como también los órganos administrativos que lo protegen, quedando un amplio vacío estatal para la defensa de la constitución y las leyes que protegen los pensamientos políticos y el libre derecho al debate y la participación democrática.

El concepto de terrorismo también fue usado por las organizaciones paramilitares para intensificar su accionar armado; por ello, la relación entre funcionarios del DAS con los paramilitares siempre fue la eliminación de la insurgencia, dando a las organizaciones ilegales del Estado, lo que, a su vez, destruyó las estructuras administrativas del mismo (Bobbio, 2016), logrando así la captación de sus instrumentos administrativos.

Todos los acontecimientos con el DAS, hasta su cierre definitivo en octubre de 2011, llevaron finalmente a un debate político sobre la responsabilidad que tiene el Estado con la protección de los datos personales de cada ciudadano (Martínez, 2016); de allí surgió el Decreto 1704 de 2012 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012) que derogó el Decreto 075 de 2006 en el que se daba permisividad a la interceptación de llamadas o cualquier otro tipo de comunicación tecnológica, sin previa orden judicial. Esto no significaba un avance en materia de derechos humanos en Colombia, sino un constreñimiento del debido proceso que requiere permiso judicial para tal ejercicio.

Sin embargo, los procesos tecnológicos siguieron avanzando, lo mismo que la adaptación de estos a la seguridad del Estado. Así, en el año 2013, después de implementado el Decreto 1704 de 2012, la Policía Nacional de Colombia puso en funcionamiento la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), en la que se pueden interceptar todo tipo de contenido expuesto en las redes sociales que operan en internet (Facebook, Twitter, etc.) (Cortés, 2014). Después de adaptada la plataforma, al año siguiente la revista Semana (2014) publicó una investigación donde reveló que las conversaciones con la Guerrilla de las FARC en La Habana estaban siendo espiadas.

Esto solo demostraba que los mecanismos políticos del DAS habían sido trasladados a otro organismo de control del Estado como era la policía. De nuevo otra etapa de vulneración en la cual la privacidad y la participación política se ven amenazadas por la inyección de los medios tecnológicos en la vida de los ciudadanos.

La necesidad de estar conectados para estas nuevas formas de socialización, llevan consigo no la infiltración de agentes del Estado como sucedió con el asambleísta de Antioquia Gabriel Jaime Saldarriaga, sino como enuncia el mismo Assange (2013):

Cuando te comunicas a través de internet, cuando te comunicas usando teléfonos celulares, que ahora están fusionados con Internet, tus comunicaciones están siendo interceptadas por organizaciones de inteligencia militar. Es como tener un tanque en tu habitación. O un soldado entre tu esposa y tú mientras duermes. (p. 39).

Conclusiones

El origen del Estado se permite en los ámbitos sociales como un modo de protección en las relaciones de poder (Hobbes, 2017), al igual que un factor dominante que regule estas relaciones a través del acto administrativo de mantener la justicia. El factor de justicia es determinante en el mantenimiento de la paz y el orden social; sin justicia comienzan factores de desviación que desembocan en violencia armada.

Hasta hoy día, no se conocen factores más poderosos para el orden social como son los Estados (Tilly, 1992); ellos concentran en sí mismos el monopolio de las armas y la fuerza legítima que permite la violencia hacia los que no se adaptan al orden social establecido. Es a partir de la desobediencia civil, donde nace la insurgencia que llevan a los Estados a buscar mecanismos de defensa interna y externa para su propio mantenimiento y vigencia en la sociedad.

Como se analizó en el corpus teórico, los Estados deben funcionar como una unidad administrativa que garantice todos los procesos de orden social y político. Es por ello que el mismo Schmitt (2016), que participó del movimiento nacionalsocialista en Alemania, reconoció la diferencia entre el ámbito administrativo y político, y que la confusión entre las funciones de ambos puede llevar a la aparición de las dictaduras, Estados fallidos, captación del poder público o Estados con función de dualidad.

Esas dualidades aparecen cuando otra entidad en el mismo corpus estatal desarrolla otras funciones diferentes a procesos de control administrativo y jurídico; allí se reconoce la importancia del desarrollo teórico de Fraenkel (2010) que identificó en las estructuras sociales del nacionalsocialismo, un Prerogative State que no tiene en cuenta la constitución ni las leyes en el momento de tomar decisiones políticas. Y es que toda decisión política tiene una carga de oposición de amigo-enemigo como lo caracterizó el Schmitt (2016), por lo que necesita una regulación jurídica.

En el caso colombiano, el DAS demostró cómo se cauteriza el Estado garantista de participación política y externaliza al otro como enemigo potencial. En un primer lugar se persigue como peligro latente, no para el ámbito social de los ciudadanos, sino para el partido político que gobierna en ese momento. El DAS provocó una fractura en el concepto de 'confianza legítima' que los ciudadanos depositan en las entidades administrativas del Estado, y un desgarro en la unidad de Estado provocando una dualidad de origen político.

Cuando no existe unidad administrativa la función anárquica toma poder en el espacio de participación, como el caso analizado brevemente con la parapolítica. Y en cuanto al uso de armas y de organizaciones al margen de la ley para promover representantes políticos, demostró que estas organizaciones contra-estatales y para-estatales no pueden garantizar derechos civiles ni constitucionales porque no están en el orden de la ley, sino de una ideología o un interés particular como el narcotráfico.

Agradecimientos

Investigación asociada al grupo «Historia, trabajo, sociedad y cultura», en la línea de tecnología y sociedad, avalado por Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El autor declara que no hubo conflicto de intereses en la ejecución del proyecto de investigación.

Referencias

Álvaro, M. (2007). La parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 1-15. http://journals.openedition.org/nuevomundo/4636

Assange, J. (2013). Criptopunks. Trilce.

Ávila, A. (2019). Detrás de la guerra en Colombia. Planeta.

Bobbio, N. (2016). Democracia y secreto. Fondo de Cultura Económica.

Cardona, M. (2016). La culebra sigue viva: miedo y política. Centro Editorial FCHE.

Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz (2010). Documentos clasificados del DAS. https://www.justiciaypazcolombia.com/wp-content/uploads/2010/04/DOCUMENTOSDAS.pdf

Cortés, C. (2014). Vigilancia de las comunicaciones en Colombia. Dejusticia.

Fraenkel, E. (2010). The dual State. Oxford University Press.

González Salazar, A. (2019). Edgar Allan Poe es William Wilson. https://www.lacoladerata.co/cultura/laboratorio/ensayo/edgar-allan-poe-es-william-wilson/

Han, B. (2016). Psicopolítica. Herder.

Hobbes, T. (2017). Leviatán. Fondo de Cultura Económica.

López, C. (2010). Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. Random House Mondadori.

López, C. y Sevillano, Ó. (2008). Balance político de la parapolítica. IdeasPaz, Fundación Ideas para la Paz.

Lyon, D. (2008). Surveillance after september 11. Polity Press.

Lyon, D. (2018). The culture of surveillance. Polity Press.

Martínez, J. (2016). ChuzaDAS. Ediciones B.

Mattelart, A., Vitalis, A. (2015). De Orwell al cibercontrol. Gedisa.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012). Decreto 1704 de 2012. Por medio del cual se reglamenta el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, se deroga el Decreto 075 de 2006 y se dictan otras disposiciones. DO: 48523. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48863

Orwell, G. (2018). 1984. Penguin Random House.

Restrepo, J. (2018). El fin de un hombre bajo observación. Verdad Abierta. https://verdadabierta.com/fin-hombre-observacion/

Rodríguez, M. (2017). La parapolítica: La infiltración paramilitar en la clase política colombiana. Ánfora, 15(24), 287-305. https://doi.org/10.30854/anf.v15.n24.2008.214

Schmitt, C. (2016). El concepto de lo político. Alianza.

Semana. (2009, 20 de febrero). El DAS sigue chuzando. https://www.semana.com/nacion/articulo/el-das-sigue-grabando/100370-3/

Semana. (2014, 3 de febrero). Comienzan los allanamientos. https://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-equipo-negociador-en-la-habana/376085-3/

Tilly, C. (1992). Coerción, capital y los Estados europeos. Alianza.

Verdad Abierta. (2011. 14 de septiembre). La lista negra del DAS. https://verdadabierta.com/la-lista-negra-del-das/

Weber, M. (2012). Sociología del poder. Alianza.