En 2013, Paula Milana empezó a participar de los encuentros entre diferentes organizaciones indígenas de la provincia de Salta en el marco de su tesis de Licenciatura en Antropología. La investigación refería a un análisis de las políticas sociales y prácticas del «trabajo» en el entorno del Consejo Indígena Kolla de Iruya¹³ (Milana, 2014Milana et al., 2016; et al.). Producto del trabajo de campo en las asambleas, aconteció un giro hacia otra dimensión que trascendía la del trabajo. Se trataba del “tema tierra y territorio”, un conjunto de problemáticas que abarcaban la exigencia de los títulos comunitarios de las tierras y otras demandas relativas a su control. En relación a esta lucha, a través del Consejo se propició una articulación con el Qullamarka, la Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Kollas Autónomas de Salta¹⁴.

En 2014, obtuvo una beca de investigación doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cuyo proyecto pretendía indagar en la lucha por el territorio del Qullamarka desde su presente histórico. A la par de diferentes contribuciones o tareas que incluían la escritura de actas, asistencia a capacitaciones, redacción de notas durante las asambleas y posterior entrega en los despachos del gobierno provincial; el trabajo de campo se fue realizando con base en las dinámicas organizativas y los encuentros «Qullamarka Tinkunakuy», que se realizan cada tres meses en distintas localidades de los Valles interandinos.

El problema de investigación se fue modificando a la par de las agendas del Qullamarka, que le asignó una posición de «aliada». Esto implicó involucrarse con el campo de la Comunicación social, dado que a raíz de los debates y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009, los integrantes de la Coordinadora se encontraban trabajando por el acceso a frecuencias radioeléctricas propias¹⁵. Así, mediante un proyecto de extensión¹⁶ se realizó la revista «Qullamarka-Tinkunakuy», con un tiraje de cuatrocientos ejemplares, cuyo objetivo era visibilizar la relación entre procesos organizativos y proyectos de comunicación indígena.

Por su parte, Emilia Villagra inició su investigación en 2014 en el marco del cursado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Allí se incorporó a las cátedras Práctica en Comunicación Comunitaria e Institucional y Comunicación Popular y Alternativa, y se integró a diferentes proyectos de investigación¹⁷ y extensión universitaria¹⁸. Estos tenían como objetivo reflexionar, sistematizar y acompañar a organizaciones indígenas que se encontraban trabajando en la gestión y producción de contenidos radiofónicos durante la aplicación de la LSCA. Este recorrido dio lugar a su tesis de grado (Villagra, 2016), donde abordó la construcción de la radio comunitaria FM OCAN y su apuesta por una «comunicación autónoma» y con «identidad» en el periodo 2014-2016.

Posteriormente, en 2017, Emilia obtuvo una beca doctoral financiada también por el CONICET, inicialmente destinada a analizar el rol de los medios comunitarios a partir de la implementación de la emisora en Nazareno. En sintonía con el trabajo de campo realizado en el periodo 2014-2019, el proyecto fue delimitándose a comprender los procesos político-comunicacionales de la OCAN en articulación con la demanda por las tierras.

Durante ese periodo ambas trabajamos en la formulación de proyectos de «comunicación con identidad», financiados por el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca)¹⁹ y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Estas convocatorias constituyeron los primeros espacios de presentación de proyectos desde los cuales colaboramos conjuntamente para que la organización obtuviera financiamiento para la sostenibilidad económica, institucional y productiva del proyecto radial.

A partir de allí, una parte considerable de nuestras prácticas de investigación se ensambló con el desarrollo de proyectos de extensión universitaria como de otros financiamientos estatales. De esta manera, la extensión universitaria se constituyó como una práctica que priorizó nuestra formación como estudiantes de grado y permitió establecer vínculos entre el territorio y la universidad pública. Asimismo, enriqueció nuestras tesis de licenciatura y doctorado, ampliando las perspectivas epistemológicas de acuerdo al compromiso político de construir, sistematizar y articular el conocimiento social con los intereses y demandas de la OCAN.

Al confluir en el «tema comunicación», la indagación conjunta en las demandas indígenas con perspectiva de derechos humanos constituyó el marco de diversas instancias de encuentro con referentes de la OCAN. En Nazareno, además, participamos en festividades religiosas y actividades planificadas por la organización, como la feria de «trueque cambalache» (2016 y 2017), reuniones articuladas con la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación (SsAF), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y talleres radiofónicos de «comunicación con identidad». Por otra parte, accedimos a archivos de la organización, entre ellas, actas de las asambleas (1999-2018) y registros de inspecciones escolares que pertenecen al libro histórico de la escuela primaria de Nazareno (1909-2009).

De tal forma, luego de involucrarnos en los proyectos de extensión que cada una llevaba adelante, en 2016 presentamos el primer proyecto de extensión en conjunto²⁰. Su objetivo inicial era aportar a la gestión y producción de contenidos de su emisora llamada FM OCAN. Desde un trabajo colaborativo con la organización pretendíamos confeccionar una revista cuyos contenidos versaran sobre la búsqueda de una «radio propia», el contenido audiovisual generado, y la discusión de cómo sostener el medio. Al mismo tiempo, buscábamos construir una herramienta de sistematización de los procesos políticos y comunicacionales indígenas respetando perspectivas y saberes locales.

A raíz de las consecuencias del vaciamiento financiero de la Universidad Pública durante el gobierno de Mauricio Macri desde fines del 2015, el proyecto fue pagado en el año 2018. Esto frenó su desarrollo, no solo por limitaciones económicas, sino porque los objetivos e intereses de la organización para ese entonces eran otros. Por ello, durante una reunión organizada con referentes de la OCAN, se sugirió realizar un taller que fortaleciera los lazos organizativos e institucionales, además de fomentar la reflexión y difusión del trabajo que realiza la organización respecto al «tema tierra y territorio». Así se generó un espacio de socialización de historias y saberes de Nazareno, en pos de conversar sobre las diferentes nociones de «territorio» que coexisten y así reconstruir la historia del municipio desde las voces y recuerdos de los habitantes.

A la par de estos proyectos, íntimamente vinculados a nuestras tesis doctorales, continuamos participando del trabajo de la organización. En 2018 elaboramos propuestas socio-productivas financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la construcción de un sistema de riego en la comunidad de Santa Cruz del Aguilar y la cimentación de un galpón de acopio en Nazareno. Además, participamos de talleres a cargo de la Defensoría del Público en Nazareno para la tramitación del registro FOMECA de la OCAN exigido en 2019 para presentar nuevos proyectos, de los cuales uno resultó ganador (sus fondos fueron depositados en 2021). Nuestro rol consistió en colaborar con la redacción de los proyectos, luego de participar en reuniones para redefinir objetivos y su posterior rendición.

En 2020, la pandemia por el COVID-19 impactó en nuestras investigaciones y en los proyectos que llevaba adelante la OCAN, y debimos recurrir a nuevas formas de relacionamiento tales como asambleas virtuales y comunicación por redes. Desde este lugar continuamos acompañando algunas actividades, participando en asambleas y en la reformulación y ejecución de diversos proyectos gestionados entre 2019 y 2021.

Finalmente, a principios del 2021 y en conjunto con un grupo de mujeres de Nazareno, presentamos un proyecto al Fondo de Mujeres del Sur, denominado «Warmis de Nazareno por un Buen Vivir: fortaleciendo nuestras voces y prácticas»²¹. En este contexto, donde si bien la situación epidemiológica continúa siendo afectada por la pandemia del COVID-19, apuntamos a incidir en algunos aspectos económicos y sociales desde el apoyo a espacios de articulación entre mujeres.

Como mencionamos, el abordaje antropológico y comunicacional nos permitió delinear un mapa teórico y analítico en el cual la perspectiva etnográfica fue central, no solo para reformular los objetivos de las investigaciones de acuerdo a las dinámicas de la organización, sino también para incorporar el lugar teórico y protagónico de los interlocutores. De esta manera, nuestro bagaje teórico-metodológico se fue modificando y construyendo en función de un trabajo de campo realizado mediante estadías breves y periódicas, cuyos registros sobre diversas actividades nos permitieron llevar a primer plano los puntos de vista nativos. Esta aproximación también nos permitió conocer en profundidad el montaje de las radios indígenas del Qullamarka. Además de presenciar la construcción de estos espacios en sus aspectos políticos y simbólicos, especialmente de la FM OCAN, colaboramos con su gestión institucional²².

Si bien durante nuestras trayectorias disciplinares analizamos aspectos específicos de las demandas de organizaciones de los Valles interandinos, cuando comenzamos a trabajar conjuntamente avanzamos en una nueva aproximación. A continuación, señalamos algunas características de esta perspectiva y su vinculación con nuestras investigaciones.

En primer lugar, el enfoque analítico de los Estudios Culturales resultó fructífero en términos epistemológicos para trabajar con procesos organizativos indígenas, ya que su propuesta consiste en construir conocimiento sobre lugares de enunciación y acciones políticas desde un intercambio interdisciplinario que, sin restringirse a una labor académica convencional, exige una práctica comprometida (Castro Gómez, 2003). Esto es traducible a lo que Stuart Hall (2010) denomina «vocación política», lo cual implica «comprender e intervenir» produciendo un «conocimiento-herramienta» que explore condiciones concretas de explotación y dominación (Restrepo, 2012, p. 157).

En segundo lugar, problematizamos procesos de subjetivación política desde una aproximación antropológica a la política colectiva indígena. Este campo puede ser abordado a partir de prácticas de representación y participación de comunidades u organizaciones, y requiere prestar atención a trayectorias individuales y colectivas, la manera en que se forjan alianzas y se dirimen negociaciones entre distintos actores, sin descuidar las confrontaciones y disputas internas que se libran en esos contextos (Lenton, 2015; Ramos, 2011). En diálogo con las propuestas sobre «formaciones nacionales y provinciales de alteridad» como configuraciones de organización social de la diferencia (Briones, 2004), también indagamos en formas históricas de relacionamiento de colectivos indígenas con el Estado, de gobierno y resistencia, negociación y articulación (Milana, 2019; Milana y Villagra, 2020).

En esta dirección, nuestra aproximación al campo de fuerza en que se entrama el proyecto político tanto de la OCAN como de la coordinadora Qullamarka, se asocia a la apuesta genealógica por dar cuenta de saberes y prácticas que, previamente relegados, han emergido en la visibilidad de las luchas actuales (Foucault, 1996). Esta lente fue lograda mediante una etnografía de la política colectiva de las organizaciones: registrando su labor creativa, singular e inédita de reconstrucción histórica, que además propone nuevos derechos y políticas cuestionando las narrativas hegemónicas propiciadas por ámbitos académicos y/o estatales.

Finalmente, otro campo propicio para llevar a cabo prácticas de intervención en el territorio y producir conocimiento es el de los Estudios sobre Comunicación Popular, que nos permitió poner el acento en los procesos comunicacionales y en la construcción de sentidos tejidos en lo cotidiano concibiendo a los medios desde las mediaciones (Martín-Barbero, 1987). Conjugamos este abordaje con el de la «comunicación indígena», campo más reciente cuyo análisis se centra en los usos y apropiaciones de los medios audiovisuales por parte de sujetos indígenas, las características, posibilidades y límites inscriptos en los marcos regulatorios y sus articulaciones respecto a la lucha por los territorios (Lizondo, 2015; Doyle, 2018). Estos abordajes nos permitieron relacionar los procesos comunicacionales con las acciones políticas de la OCAN comprendiendo en profundidad las distintas aristas que constituyen su proyecto (Milana y Villagra, 2018; Villagra, 2020).

Las articulaciones entre los tres enfoques conllevaron elecciones teórico-metodológicas y recortes analíticos orientados a comprender procesos de larga duración en contextos locales. En esta dirección, otra lente ensayada con miras a identificar y explicar las condiciones que posibilitaron la formación de las organizaciones indígenas kollas en los Valles interandinos consistió en una particular cronología de sus luchas. El discernimiento de los alcances del proceso organizativo indígena desde los años ochenta permitió contextualizar histórica y espacialmente un conjunto de eventos significativos²³.

A partir de este bagaje teórico-metodológico y epistemológico, la demanda por el «tema comunicación» implicó un abordaje desde el campo de la Comunicación que se articuló con un análisis antropológico de los procesos históricos asociados al tema «tierra y territorio».

En particular, la investigación doctoral de Emilia se centró en analizar la experiencia comunicacional de la OCAN desde un enfoque etnográfico, identificando prácticas políticas y desentramando el modo de construir redes y alianzas entre distintos actores, más allá de lo que sucedía estrictamente en términos de producción audiovisual. En el caso de María Paula, la tesis doctoral reconstruyó y analizó procesos de corta y mediana duración asociados a la formación de organizaciones kollas en los Valles interandinos, prestando atención a formas clasificatorias de alteridad provenientes del campo académico y estatal, así como a sentidos de pertenencia indígena que interpelan dichas marcaciones.

En conjunto, ambas investigaciones nos permitieron comprender el alcance histórico y político de la lucha por el territorio emprendida por la OCAN junto a otras organizaciones de los Valles interandinos salteños. De igual forma, las preocupaciones compartidas por registrar y analizar la labor de las organizaciones nos condujeron a complejizar la mirada sobre los procesos comunicacionales y comprender, desde el punto de vista de los actores, construcciones identitarias contemporáneas y disputas territoriales en contextos particulares. Esto fue posibilitado por un ejercicio etnográfico constitutivo de investigaciones entramadas con intereses académicos y dinámicas organizativas²⁴.

A continuación, nos detenemos en cómo estas indagaciones derivaron en «investigaciones comprometidas» atadas a la gestión y ejecución de proyectos en el marco de las demandas de la OCAN.

Como señalamos, las prácticas de investigación y extensión se fueron tejiendo junto a las propuestas colectivas que articulamos con la OCAN, en un contexto marcado por coyunturas específicas y periodos de gobierno que incidieron en las acciones en campo, además de procesos de largo alcance que también las condicionaron.

De acuerdo a la periodicidad variable con la que realizamos trabajo de campo, en ocasiones asistiendo para «estar ahí» (Guber, 2001), de acuerdo al imperativo etnográfico sobre la observación directa, sin ninguna actividad en particular, y en otras con un cronograma de trabajo premeditado, nuestro rol fue visto por los integrantes de la organización de diversas maneras. Algunas veces como docentes y otras como técnicas, pero generalmente nuestra presencia fue asociada con una figura de «aliadas», en sus propias palabras. Esto provocó un giro en los horizontes de nuestra práctica profesional, comprometiéndose con las demandas de la organización.

Por otra parte, la presentación y ejecución de proyectos de extensión fue central, ya que permitió que las investigaciones tuvieran un sustento práctico y territorial que, además de contar con un aporte económico para financiar actividades, respaldaron el diseño de talleres que potenciaban otros modos de dialogar y mapear el presente.

En la búsqueda por comprender esta compleja trama, nos interesa destacar varios aspectos que contornean límites y posibilidades de la investigación colaborativa. En este sentido, si bien el hecho de reconfigurar los objetivos de las investigaciones permite hilvanar intereses académicos con dinámicas organizativas, la relación de reciprocidad jerárquica que acontece en las múltiples negociaciones en campo define distintas posiciones. En nuestro caso, solventamos nuestra economía desde el trabajo en marcado en Conicet como becarias, lo que se traduce en textos científicos y en la participación de proyectos y programas de investigación. Esto también remite a lógicas de reproducción asimétricas del conocimiento, en tanto nuestro privilegio está dado por la autonomía de investigaciones sobre cuyas producciones no se alzan controles por parte de las organizaciones indígenas. En el caso de la OCAN, su saber y experiencia constituyen herramientas claves para defender, demandar y crear nuevos derechos. Entre ambos polos, con la intención de orientar las investigaciones en función de las narrativas, intereses y preocupaciones de la organización, buscamos atenuar aquellas asimetrías entre el trabajo académico y la posibilidad de comprometernos con los procesos políticos colaborando en la elaboración de diversos materiales como, por ejemplo, los proyectos gestionados junto a distintos referentes y lideresas indígenas.

Por otra parte, destacamos que tanto los proyectos académicos como colaborativos, se articularon en vinculación con financiamientos que tanto el Estado como las ONG’s brindaban en ese entonces. En cierto modo, es notable cómo, más allá de las agendas organizativas, la potencia de articular proyectos depende de gestionar subsidios considerados relevantes según criterios formulados por los organismos de financiamiento. También depende de las coyunturas y de la inversión en políticas públicas que permitan la ejecución de programas, tanto en materia de derechos humanos de pueblos indígenas como de ciencia y técnica.

Como mencionamos, nuestras investigaciones devinieron insuficientes en determinados momentos a raíz de los escasos recursos con los que contábamos para desarrollar nuestro trabajo que, si bien contaba con el apoyo de becas doctorales y proyectos de extensión, resultaban exiguos para costear el trabajo de campo (el dinero se devaluaba rápidamente o demoraba en pagarse). Asimismo, el contexto de pandemia también impactó en las indagaciones e implicó recurrir a plataformas virtuales para continuar vinculándonos.

En el derrotero empleamos distintas estrategias que nos permitieron conjugar las prácticas de investigación, extensión y colaboración. La periodicidad de los viajes fue posibilitada por la Secretaría de Agricultura Familiar (SsAF) y sus «técnicos idóneos»²⁵; institución estatal que desde principios de los años noventa articula aspectos técnicos y productivos de la agricultura familiar, campesina e indígena. Así sostuvimos estadías de entre tres y cinco días, al menos hasta 2019.

De igual manera, durante 2015-2017, asistimos a las capacitaciones radiofónicas dictadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en Nazareno, conjugando actividades y propuestas para fortalecer la FM OCAN. Sin embargo, no siempre las articulaciones institucionales se presentaron armoniosamente. Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, la SsAF sufrió un brutal recorte presupuestario y el gobierno nacional despidió a casi 400 trabajadores de todo el país, 26 de ellos pertenecientes a la provincia de Salta. Esto impactó en el trabajo territorial y, en Nazareno, repercutió en una disminución de la asistencia técnica y de la ejecución de proyectos productivos. Lo mismo sucedió con la Defensoría, afectada por la interrupción en su labor respecto a audiencias públicas, capacitaciones y promoción del derecho a la comunicación.

A su vez, identificamos ciertas limitaciones relacionadas con el trabajo académico. Nos referimos al modelo de ciencia y técnica de Argentina que, si bien cuenta con numerosos organismos e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, históricamente destina un menor presupuesto al área de las Ciencias Sociales y Humanas. En concordancia con el desmantelamiento en la SsAF y la Defensoría, el sistema científico no fue la excepción. Desde 2016 al presente, la reducción presupuestaria paralizó proyectos de investigación y deterioró los salarios de sus investigadores. Respecto a esta área en el Conicet, un informe elaborado en 2019 (Instituto de investigaciones en ciencias sociales y humanidades, 2019) por becarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Nacional de Salta, indica que de los 450 investigadores que ingresaron a la Carrera de Investigador, un 17,7 % de un total de 2595 de los postulantes, solo 38 corresponden al área social: el 8,44 % de los investigadores que efectivamente ingresaron.

Además, la matriz productiva del Conicet promueve una lógica meritocrática y productivista, considerando que las investigaciones resultan satisfactorias según el número de publicaciones realizadas en libros o revistas científicas indizadas. Poco se evalúa el trabajo territorial o las condiciones en que se realiza. Esto impacta no solo en los trabajos académicos, sino también en las posibilidades de ampliar diálogos reflexivos que promuevan una «ecología de los saberes» (De Sousa, 2012).

Estas son algunas limitaciones que encontramos al momento de construir puentes entre investigaciones académicas y proyectos colaborativos. En nuestro caso, las estrategias y alianzas descritas a lo largo del texto fueron construidas mediante articulaciones institucionales y organizativas, lo cual permitió que los procesos de investigación no se desligaran de prácticas de extensión y colaboración comprometidas con las luchas indígenas.